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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06995-00

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-06995-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR la excepción de cosa juzgada constitucional frente a los reparos propuestos contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó la actora contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el 31 Núm. único de radicación: 110010315000202406995-00 Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-06995-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202406995-00
Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca y otros1

Temas: Cosa juzgada constitucional y temeridad/alcance

Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del requisito
general consistente en que la solicitud de tutela no controvierta una sentencia de
tutela

Derechos Fundamentales Invocados: i) Seguridad social y ii) mínimo vital

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra la Subsección E
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado
Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, la Nación – Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado

en forma digital.

2

Núm. único de radicación: 110010315000202406995-00
Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Subsección
E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado
Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, la Nación – Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A., porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir la sentencia de 9 de febrero
de 2023; ii) el Juzgado, al proferir la sentencia de 16 de diciembre de 2022, en el
proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación
110013336031202200352-01; y iii) el Ministerio y Porvenir S.A., al negar su solicitud
de devolución de aportes: vulneraron sus derechos fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:

3. Sostuvo que, el 17 de diciembre de 2019, solicitó a la Administradora de
Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. la pensión o la devolución de los
aportes, al cumplir con la edad de 57 años. Sin embargo, la entidad negó la solicitud,
argumentando que el bono pensional se redimía a los 60 años en el caso de las
mujeres.

4. Indicó que, “[…] en vista de la posición del fondo y su renuencia a iniciar la
solicitud de pensión para reconocer o negar derechos pensionales, el
incumplimiento de obligaciones contractuales y sus consecuencias, para el
02/10/2022 se genera carta o resolucion (sic) donde se niega el Derecho a la
Devolución de aportes ya que no contaba con el capital necesario para pensión
cuando lo que estoy solicitando es la devolución de los aportes, acudí a la accion
(sic) constitucional en protección al […]”.2

2 Transcripción literal del texto.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202406995-00
Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

5. Señaló que, presentó acción de tutela contra la Sociedad Administradora de
Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, con el fin de solicitar la devolución de aportes, la emisión del bono pensional
y el pago de los intereses causados.

6. Manifestó que, el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá
conoció en primera instancia y, mediante sentencia de 16 de diciembre de 2022,
declaró improcedente la acción de tutela.

7. Expuso que, la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 9 de febrero de 2023,
confirmó la decisión del A quo.

7.1. Como fundamento de su decisión consideró que:

“[…] En el presente asunto, la señora Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar a través de
la acción constitucional solicita el amparo de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad y
al libre desarrollo de la personalidad, por lo que a través de esta acción pretende que
se ordene a la parte accionada realizar el pago de la devolución de aportes y emitir
el bono pensional, junto con el pago de los intereses que se le hayan causado, al
considerar que tiene derecho al haber cumplido la edad para acceder a su derecho
pensional.

De las pruebas aportadas observa la Sala que la señora Gladys Cecilia Lasprilla
Villamizar nació el 17 de diciembre de 1962, y que le solicitó a Porvenir la devolución
de sus aportes, ante lo cual la entidad le dio respuesta en los siguientes términos:
[…]”.

[…]

“[…] En respuesta a lo anterior, la accionante el 6 de mayo de 2022 reiteró la petición,
al considerar que le asiste el derecho desde el momento en que cumplió 57 años.

En criterio de la Sala, la presente acción constitucional se torna improcedente, pues
la accionante cuenta con los mecanismos idóneos ante la administración, y en caso
de estar en desacuerdo ante la jurisdicción ordinaria, para que le sea resuelta su
solicitud. […]”.

[…]

“[…] En este caso, para la Sala no se cumple con ninguno de los requisitos, toda vez
que lo solicitado es la devolución de saldos para lo cual se requiere la
correspondiente emisión del bono pensional, lo cual ya se encuentra en trámite, y en
gracia de discusión, dentro del escrito de tutela no logró probar que ostenta alguna
condición de vulnerabilidad que requiera de la intervención del juez de tutela para el
amparo inmediato de sus derechos fundamentales y que logre desplazar los
mecanismos de defensa ordinarios con los que cuenta.

4

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Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

Así las cosas, como quiera que la señora Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar no es
una persona de especial protección y no logró acreditar que existe un perjuicio
irremediable, no se encuentran razones para que proceda en este caso la acción de
tutela, por lo cual, la accionante debe acudir a los mecanismos judiciales que se
encuentran dispuestos para tal fin, razones suficientes para que la presente solicitud
de amparo resulte improcedente a la luz de lo establecido en el artículo 6º del Decreto
2591 de 1991, que establece: […]”.

[…]

“[…] V. Conclusión

Expuesto lo anterior, habrá confirmarse la sentencia impugnada que resolvió declarar
la improcedencia de la acción constitucional teniendo en cuenta que, analizadas sus
condiciones particulares, no es posible proceder de forma subsidiaria con el estudio
de fondo de la acción, pues no se logró demostrar la configuración de un perjuicio
irremediable que amerite la intervención del juez constitucional para amparar de
forma transitoria los derechos presuntamente vulnerados por la entidad. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

8. La actora solicitó en su escrito de tutela:3

“[…] 1) Derechos Fundamentales a la seguridad social y al minimo vital.

2) DEVOLUCION DE SALDOS EN EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN PENSIONES-Vulneración del derecho a la libertad de elección, ante
negativa de Administradora de fondos en acceder a la devolución de aportes regulada
en el artículo 66 de la ley 100 de 1993 y la ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR
DEVOLUCION DE SALDOS-Procedencia excepcional y la faculta del honorable sr
JUEZ DE TUTELA-Facultad de fallar extra y ultra petita.

3) DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Libertad in nuce
PENSION DE VEJEZ-Potestad del trabajador de solicitar devolución de saldos o
indemnización sustitutiva o de continuar cotizando hasta cumplir el requisito […]”.

8.1. Como fundamento de su solicitud, la actora manifestó lo siguiente:4

“[…] La accion impetrada como lo ordena la constitución politica de Colombia y el
Derecho a todo ciudadano acudir a las autoridades judiciales en busca de una orden
que impida el acto amenazante o lo suspenda el artículo 86 inciso primero de la
Constitución Política establece que la acción de tutela procede por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública. Esta norma ha sido desarrollada por el artículo
13 inciso 1 oración 1 del Decreto 2591 de 1991, el cual consagra que la acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente
violó o amenazó el derecho fundamental estos enunciados los ha denominado la
Corte Constitucional como legitimación por pasiva (o destinatarios de la acción), la

3 Transcripción literal del texto.
4 Transcripción literal del texto.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202406995-00
Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

cual ha definido como la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la
acción de tutela y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental, por lo que acudo al juez constitucional ya que como lo he
manifestado resido en el exterior y como se puede verificar en certificado de salud
desde hace mas de seis años no cotizo salud ya que no me beneficio del servicio y
como se evidencias en certificado de historia clinica me encuentro padeciendo de
patologías que afectan mi estado de salud y los cuales estan siendo tratados en el
país de residencia, bajo estos nuevos hechos es evidente que requiero que no se siga
reteniendo el dinero de mi pensión.

para asegurar la subsistencia en condiciones dignas, En este último caso la
naturaleza de la pensión siempre estará ligada a la protección del derecho
fundamental al minimo vital y, por tanto, adquiere el carácter de fundamental y de
inmediatez.

no se trata de derechos inciertos o discutibles, pero, como lo ha señalado la
jurisprudencia, "se mantiene la práctica de trasladar las cargas administrativas,
contrario a lo ordenado por la jurisprudencia constitucional, de tal manera que se
impide el goce efectivo del derecho. Por consiguiente, resulta ineludible proteger las
garantías constitucionales conculcadas al debido proceso y seguridad social ahora,
tratándose de la protección al minimo vital, la Corte Constitucional lo ha abordado asi:
El mínimo vital es un derecho que tiene un carácter móvil y multidimensional que no
depende exclusivamente del análisis cuantitativo de ingresos y egresos de la persona;
como herramienta de movilidad social, el minimo vital debe ser entendido de manera
dual, ya que además de ser una garantia frente a la preservación de la vida digna, se
convierte en una medida de la justa aspiración T-165 de 2020 T-585 de 2023.que
tienen todos los ciudadanos de vivir en mejores condiciones y de la manera más
cómoda en ese sentido, se reitera, además de evidenciarse la violación de garantias
constitucionales en el trámite, el hecho de que, actualmente, como convocante lo
manifestado de una afectación de salud que es atendida en mi sitio de residencia que
como es natural genera dificultad de naturaleza económica que afecta el mínimo vital,
no hay lugar a imponerle la carga de acudir a otros instrumentos legales para que las
entidades responsables ejecuten los trámites a su cargo y resuelvan de fondo su
pretensión de manera que, se acredita que la transgresión al minimo vital deriva de la
omisión y falta de diligencia de las accionadas, generadora de la vulneración a los
derechos fundamentales el pretender que acuda al juez natural es evidente que el
ahorro pensional se verla afectado con los costos que implica un proceso ordinario
laboral y el tiempo que podría durar por eso, y a propósito de lo que viene
pretendiendo el fondo de pensiones, en cuanto a radicar una nueva solicitud de
pensión cuando ya habia sido resuelto y estableciendo que no contaba con el capital
ni las semanas para la garantía de pensión mínima, la no acreditación del perjuicio
irremediable y la existencia de otros mecanismos, queda claro que el no pago de las
prestaciones mencionadas no es una simple expectativa. En realidad, se trata de un
derecho reconocido por ellos que, luego de ser estudiado, permite solicitar el
reconocimiento del derecho a la devolución de aportes, asegurando asi la
manutención propia. Esa situación, de paso, desvirtúa que, por el postulado de
subsidiariedad, la tutela se torne improcedente, según se ha dejado indicado en la
extensa reseña jurisprudencial Son esas las razones por las cuales la intervención
judicial por vía de la tutela es necesaria para proteger los derechos fundamentales a
la seguridad social y al mínimo vital ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR
DEVOLUCION DE SALDOS-Procedencia excepcional y la faculta del honorable sr
JUEZ DE TUTELA-Facultad de fallar extra y ultra petita. […]”.

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Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 16 de enero de 2025; i)
inadmitió la acción de tutela; y ii) requirió a la actora para que indicara las
demandadas, los hechos y las razones por las cuales considera desconocieron sus
derechos fundamentales, concediéndole el término de tres (3) días, so pena de
rechazar de plano la demanda.

10. El Despacho sustanciador, mediante auto de 30 de enero de 2025; i) admitió
la acción de tutela; y ii) ordenó notificar a los magistrados de la Subsección E de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Juez Treinta y
Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, al Ministro de Hacienda y Crédito Público
y al Representante Legal de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones
y Cesantías Porvenir S.A; concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.

Intervenciones de las demandadas

11. La Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela, o en su
defecto, negar las pretensiones, al considerar que:

“[…] 1. En primer lugar, debe indicarse que la sentencia de tutela de segunda
instancia que se cuestiona con la acción de tutela fue proferida el 9 de febrero de
2023 y se notificó de forma electrónica a las partes el 10 del mismo mes y año.

2. Ahora la accionante acude en ejercicio de la acción de tutela el 18 de diciembre de
2024, es decir, después de más de un (1) año y diez (10) meses de su debida
notificación y ejecutoria.

3. Es decir, se encuentra que la acción de tutela que aquí nos ocupa es improcedente
al no cumplir con el requisito de inmediatez.

4. Además de lo anterior, manifiesto respecto de la decisión proferida por esta
Corporación dentro del proceso de acción de tutela adelantada en esta Subsección
con el radicado 11001-33-36-031-2022-00352-01, en el que obra como accionante la
señora Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar, que en la decisión de segunda instancia
dictada el 9 de febrero de 2023 se plasmaron todos y cada uno de los argumentos
acerca de los motivos por los cuales se confirmó la sentencia del 16 de diciembre de
2022 proferida por el Juzgado Treinta y Uno (31) Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, que negó por improcedente las pretensiones de la solicitud de amparo de
tutela invocada, relacionadas con devolución de saldos (bono pensional).

5. Ahora bien, este Tribunal en la decisión que ahora se censura, señaló entre otras
cosas: […]”.

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Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

[…]

“[…] 6. Como se ve de la transcripción anterior, en la sentencia de tutela de segunda
instancia proferida por esta Corporación se justificó plenamente el porqué de la
decisión de confirmar la decisión de primera instancia y proceder a negar la solicitud
de amparo constitucional invocada por la accionante.

7. Por lo anterior, considero que en el proceso ya mencionado no se vulneró derecho
alguno ni se incurrió en ninguna irregularidad procesal.

8. Considero que la acción de tutela en este caso es del todo improcedente, toda vez
que la parte accionante ejerció todos y cada uno de los mecanismos judiciales que
tenía a su disposición en la situación planteada, y teniendo en cuenta el carácter
residual de la misma, no puede utilizarse como una tercera instancia como se
pretende en verdad en el presente asunto y de allí su improcedencia.

9. Por otro lado, es claro que no procede la acción de tutela contra una sentencia que
a su vez decidió otra acción de tutela.

10. Por último, en el evento de llegar a establecer que la presente acción
constitucional es procedente, se deben negar las pretensiones de esta de
conformidad con los argumentos aquí expuestos. […]”.

12. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó desestimar la acción de
tutela, por las siguientes razones:

“[…] • La accionante a la fecha, NO ha tramitado Derecho de Petición alguno ante la
Oficina de Bonos Pensionales - OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ni
en forma directa, ni por interpuesta persona, en relación con los Hechos que
fundamentan las pretensiones de la presente acción constitucional.

• De acuerdo con lo narrado en el escrito de la tutela, la solicitud de amparo que nos
convoca tiene su génesis en que la AFP PORVENIR S.A. “presuntamente” NO se ha
pronunciado de fondo en relación con la solicitud de reconocimiento y pago de la
Devolución de Saldos elevada por la accionante, de lo cual se puede concluir que a
quien le corresponde dar las explicaciones del caso, es a la AFP PORVENIR S.A.,
quien fue la DESTINATARIA de la solicitud en mención, y NO a la OBP del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.

• Esta Oficina debe hacer énfasis en el hecho que la entidad responsable de
determinar la prestación a la cual “podría” llegar a tener derecho la accionante
(pensión de vejez, garantía de pensión mínima o devolución de saldos), así como la
forma de su financiación, de acuerdo con la Ley, es la AFP PORVENIR S.A., a la que
está afiliada, trámite en el que la OBP del Ministerio de Hacienda y Crédito Público
NO TIENE NINGUNA INJERENCIA.

[…]

• De acuerdo con la Liquidación provisional del Bono Pensional generada por el
sistema interactivo en respuesta a la petición ingresada por la AFP PORVENIR S.A.
el día 25/08/2021 y de conformidad con la Historia Laboral actual reportada tanto por
COLPENSIONES, como por la AFP en mención, la accionante tiene derecho a un
Bono Pensional Tipo A Modalidad 2, en el que funge como EMISOR y ÚNICO

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Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

CONTRIBUYENTE la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
– OFICINA DE BONOS PENSIONALES.

• La fecha de REDENCIÓN NORMAL (momento en el cual surge la obligación de
pago para el Emisor) del bono pensional de la accionante tuvo lugar el día 17 de
diciembre de 2022, fecha en la cual la afiliada cumplió los sesenta (60) años de edad.
Lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 2.2.16.2.1.1. del Decreto 1833
de 2016 compilatorio de las normas del Sistema General de Pensiones.

• El bono pensional fue EMITIDO por esta Oficina en representación de la NACIÓN –
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO mediante Resolución No. 25464
de fecha 28 de septiembre de 2021, en atención a la solicitud que efectuó en ese
sentido la AFP PORVENIR S.A. a través del sistema de bonos pensionales el día 26
de agosto de 2021.

• El bono pensional al cual tiene derecho la accionante fue REDIMIDO (PAGADO)
por esta Oficina en representación de la NACIÓN – MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO mediante Resolución No. 28516 de fecha 21 de diciembre de
2022, por lo cual es pertinente señalar que a la fecha (10 de febrero de 2025) esta
Oficina NO TIENE TRÁMITE PENDIENTE POR ATENDER respecto de la EMISIÓN
Y REDENCIÓN (PAGO) DEL BONO PENSIONAL DE LA ACCIONANTE.

• La AFP PORVENIR S.A. a la cual se encuentra afiliada la accionante, debe definir
la PRESTACIÓN QUE LE CORRESPONDE EN DERECHO a su afiliada, y en el
evento que se encuentren satisfechos los requisitos establecidos en la Ley, proceder
al reconocimiento y pago respectivo, trámite en el que esta Oficina NO TIENE
NINGUNA INJERENCIA.

• Actualmente carece de objeto la tutela en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público – OBP, PORQUE EL ÚNICO HECHO QUE LA PODRÍA HABER ORIGINADO,
QUE SERÍA UNA EVENTUAL DEMORA EN EL PROCESO DE EMISIÓN Y
REDENCIÓN (PAGO) DEL BONO PENSIONAL DE LA ACCIONANTE, HOY ESTA
SUPERADO, dado que esta Oficina en representación de la NACIÓN - MINISTERIO
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO atendió de manera oportuna la solicitud de
Emisión del bono pensional que efectuó la AFP PORVENIR S.A. en su
representación. […]”.

13. La Dirección de Acciones Constitucionales de la Sociedad Administradora de
Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. solicitó declarar la improcedencia
de la acción de tutela, o en su defecto desvincular a la entidad, al considerar lo
siguiente:

“[…] Es necesario indicar que la obligación de los fondos de pensiones de tramitar y
decidir solicitudes pensionales el ordenamiento jurídico establece que se requiere la
radicación de documentos y de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.8.1.1
del Decreto 1833 de 2016: […]”.

[…]

“[…] Se enuncia lo anterior toda vez que no se evidencia una radicación formal de
prestación económica que comprenda los documentos mínimos necesarios para un
estudio pensional, esto es el diligenciamiento en oficina de los formularios
establecidos para cada prestación, la validación personal con el afiliado o su

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Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

apoderado de beneficiarios de ley y demás documentación que deba requerirse en el
trámite de radicación y tampoco de halla ello en los soportes del escrito de tutela.

Por lo tanto, su Señoría, a PORVENIR S.A en la actualidad no le asiste la obligación
de estudiar ni mucho menos aprobar un (sic) solicitud pensional.

En lo que al Bono Pensional respecta, el emisor y único cuota-partista LA NACIÓN-
MINISTERIO DE HACIENDA, procedió con la emisión y redención del bono pensional
y ya se encuentra acreditado en la cuenta de ahorro individual de la afiliada: […]”.

[…]

“[…] El bono pensional fue redimido a fecha de redención normal, es decir el 17 de
diciembre de 2022 cuando la actora cumplió 60 años, de acuerdo con lo señalado en
el artículo 20 los literales b y c del Decreto 1748 de 1995: […]”.

[…]

“[…] Su Señoría, uno de los requisitos esenciales de la acción de tutela que es el de
inmediatez en el ejercicio de la acción. La parte actora reclama por esta vía respuesta
dejar sin efecto sentencias de tutela expedidas hace aproximadamente 2 años y que
en su tiempo fueron debidamente notificadas a la parte actora. La tutela no es el medio
para reclamar lo que se pretende, máxime cuando es evidente que, por el transcurso
del tiempo, no se configuró ninguna vulneración a los derechos fundamentales,
brillando por su ausencia en el plenario del escrito de tutela, elementos que permitan
si quiera (sic) de manera sumaria inferir que durante el tiempo transcurrido de
inactividad concurriesen condiciones que imposibilitaren la interposición temprana de
este amparo constitucional.

Al respecto debe tenerse en cuenta lo señalado por la Corte Constitucional en
Sentencia T-016 del 15 de enero de 2006, en la cual se indicó que los requisitos
mínimos para la interposición de la tutela: es la urgencia, la razonabilidad, y la
oportunidad en el tiempo para su interposición: […]”.

[…]

“[…] En el caso que nos ocupa es palmario indicar que el accionante no allega una
sola prueba tendiente a demostrar que se encuentra ad portas de sufrir un perjuicio
de naturaleza irremediable; pues tal como se expresa en la jurisprudencia en cita,
deben aportarse los elementos fácticos que indiquen el cumplimiento de cada uno de
los requisitos señalados, por cuya razón la acción debe ser desestimada. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto 333 de 6 de

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

abril de 20216 y el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión Previa

Falta de legitimación en la causa por pasiva

16. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.

17. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:

“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen
actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o
con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin
perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad
pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.

6 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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18. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en los
siguientes términos:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[9].
(Negrilla fuera de texto).

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.

19. La Sala advierte que la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías Porvenir S.A. solicitó su desvinculación, por cuanto, a su juicio, es ajena
a cualquier vulneración o amenaza de los derechos fundamentales citados por la
actora.

8 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
9 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562

de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.

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Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

20. Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad obra como parte demandada
en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único de radicación
110013336031202200352-01.

21. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que la Sociedad Administradora de Fondos
de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., le asiste interés en la decisión de tutela que
esta Sala profiera.

22. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada por la Sociedad Administradora de Fondos de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

Problemas Jurídicos

23. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) establecer si existe cosa juzgada y temeridad respecto a esta acción
constitucional; y ii) corresponde establecer si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con
el requisito general consistente en que la solicitud de tutela no controvierta una
sentencia de tutela.

24. Para resolver estos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) la cosa juzgada constitucional; ii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial de la figura de la temeridad; iii) procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, iv) requisitos generales de procedibilidad de la acción
de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; v) marco normativo y
desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad social; vi) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital; vii)
análisis del caso en concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales de procedibilidad y, finalmente viii)
las conclusiones de la Sala.

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La cosa juzgada constitucional

25. La Corte Constitucional, mediante sentencia SU-055 de 31 de mayo de 201810,
señaló que la cosa juzgada constitucional se configura cuando dos o más acciones
de tutela reúnen triángulos procesales idénticos de partes, causa petendi y objeto.

26. En ese sentido, i) la identidad de partes hace referencia a que las acciones de
tutela se dirijan contra el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el
mismo sujeto bien sea en su condición de persona natural o jurídica; ii) la identidad
de causa petendi se relaciona con la idea de que el ejercicio simultáneo o sucesivo
de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirven de causa y; iii) la
identidad de objeto, parte de que las demandas busquen la satisfacción de una
misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental11.

27. Al respecto, es preciso indicar que “[…] sólo de manera excepcional, la emisión
de una sentencia judicial puede constituirse como hecho nuevo, susceptible de ser
valorado por el juez de tutela como justificante para la interposición de una segunda
solicitud de amparo constitucional frente a unos mismos hechos […]”12. Estos casos
han sido definidos por la Corte de manera restrictiva, pues sólo se han considerado
como hechos nuevos, es decir los que justificarían la interposición de una segunda
acción sin desdibujar la cosa juzgada, aquellos pronunciamientos con efectos erga
omnes que tienen vocación de universalidad.

28. De igual manera, esta Sección frente al tema ha indicado que13:

“[…] Pues bien, en cuanto al fenómeno de la cosa juzgada14, cabe advertir que se le
ha asimilado al principio del non bis in ídem y tiene por objeto que los hechos y
conductas que han sido resueltos a través de cualquiera de los medios aceptados por
la ley, no vuelvan a ser debatidos en otro juicio posterior. Tal cualidad de lo resuelto
obliga a las partes por cuanto lo decidido tiene carácter vinculante y obligatorio y, por

10 Corte Constitucional, sentencia SU 055 de 31 de mayo de 2018, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez,
Referencia: Expedientes T-5.445.666, T-5.448.252, T-5.451.035, T-5.456.222 y T-5.685.087.
11 Corte Constitucional, Sentencia T – 975 de 16 de diciembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo,

Referencia: expediente T-3168779.
12 Corte Constitucional, Sentencia T – 975 de 16 de diciembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo,

Referencia: expediente T-3168779.
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28 de septiembre

de 2017. C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-24-000-2010-00512-00.
14 Se reiteran en este punto las consideraciones efectuadas por la Subsección, mediante sentencias de 18 de

julio de 2012, expedientes 20.079 y 19.205 y de 16 de agosto de 2012, expediente 21.985, entre otras
providencias.

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lo tanto, goza de plena eficacia jurídica, por ello la cosa juzgada comprende todo lo
que se ha disputado. […]”.15

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial de la figura de la temeridad

29. Visto el artículo 38 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 199116 sobre
la actuación temeraria cuando se presenta la misma acción de tutela ante varios
jueces. La referida norma jurídica señala:

“[…] ARTÍCULO 38. ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo expresamente
justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su
representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán
desfavorablemente todas las solicitudes.

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto
de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta
profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su
tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar. […]”.

30. Sobre la figura de la temeridad, la Corte Constitucional, en reiterados
pronunciamientos, ha sostenido lo siguiente:

“[…] En Sentencia T-502 de 2008, la Corte Constitucional, al analizar la situación
que surge, cuando, en relación con una misma materia, se presentan dos o más
acciones de tutela, distinguió entre los fenómenos de la cosa juzgada constitucional,
por un lado, y la tutela temeraria, por otro.

En ese contexto, encuentra la Corte que a partir de lo dispuesto en el artículo 38 del
Decreto 2591 de 1991, es posible distinguir dos escenarios y dos órdenes distintos
de consecuencias, así: En primer lugar, la presentación de una tutela de manera
repetida puede hacerse de manera simultánea, cuando la persona interpone la
acción ante varios jueces, o sucesiva, evento que se presenta cuando,
después de haberse decidido una acción de tutela, la misma es nuevamente
presentada. Desde el punto de vista de la decisión que debe adoptar el juez, para
el primer caso, la ley ha previsto que todas las solicitudes deben resolverse
desfavorablemente; en el segundo caso, como desarrollo del principio de cosa
juzgada, las tutelas subsiguientes a la primera deben rechazarse. Si, en cualquiera
de los dos escenarios anteriores, no se acredita la presencia de un motivo
expresamente justificado, debe declararse la temeridad y proceden las sanciones
previstas en la ley para esa eventualidad.

[…]

La Corte ha precisado que el juez de tutela, para establecer si, en razón de una
tutela anterior, existe cosa juzgada constitucional respecto de un asunto puesto en
su conocimiento, debe verificar si convergen los siguientes elementos: (i) Identidad
de partes; (ii) identidad de hechos; e (iii) identidad de pretensiones17. La

15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, sentencia de 22

de marzo de 2018, C.P Mauricio Fajardo Gómez, radicación número: 520012331000199708582 01 (26.611).
16 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
17 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-184 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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verificación de esta triple identidad, prima facie18, torna improcedente la nueva
acción de tutela como quiera que sobre el asunto objeto de análisis existe una
decisión judicial definitiva e inmutable19. Para la Corte, la necesidad de esa
verificación se deriva de la prohibición general, contenida en el artículo 332 del
Código de Procedimiento Civil20, de que se dé un nuevo pronunciamiento por parte
del juez, sobre un proceso que guarde identidad jurídica -en el sentido explicado-
con uno anteriormente decidido.21

Por otro lado, en cuanto hace a la temeridad en la interposición de acciones de
tutela simultáneas o sucesivas, la jurisprudencia constitucional22 ha puntualizado
que en los casos en que se formule más de una acción de tutela entre las mismas
partes, por los mismos hechos y con idénticas pretensiones, el juez puede tenerla
por temeraria siempre que considere que dicha actuación (i) resulta amañada, en la
medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas
que convalidan sus pretensiones23; (ii) denote el propósito desleal de “obtener la
satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una
interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable”24; (iii) deje al
descubierto el “abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de
mala fe se instaura la acción”25; o finalmente (iv) se pretenda a través de personas
inescrupulosas asaltar la “buena fe de los administradores de justicia”26.

De este modo, de acuerdo con la jurisprudencia, ‘[…] de la simple comprobación de
la coincidencia en partes, hechos y pretensiones, no puede colegirse la existencia
de temeridad como quiera que ésta comporta una actuación dolosa y torticera, de
manera que para su declaración, el juez de tutela debe analizar con especial cuidado
si la nueva acción de amparo constitucional viene orientada por dichos criterios o si,
por el contrario, atiende a otras motivaciones circunscritas dentro del principio de
buena fe que cobija al actor.’

En desarrollo de ese criterio, la Corte ha identificado algunos supuestos en los que,
de manera excepcional, a partir de un análisis de los casos concretos desde una
perspectiva distinta a la meramente procedimental, puede concluirse que no se
configura temeridad. Ello puede ocurrir, ha dicho la Corporación, cuando el
ejercicio simultáneo o repetido de la acción de tutela se origina en: (i) una
condición de ignorancia27 o indefensión, del actor, que lo lleva a actuar por
miedo insuperable o por la necesidad extrema de defender un derecho y no
por mala fe28; (ii) el asesoramiento errado de los profesionales del derecho29, o, (iii)
la consideración de eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la
interposición de la acción o que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier
otra situación que no se haya tomado como base para decidir la(s) tutela(s)

18 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-362 de 2007, M.P. Jaime Araujo Rentería. “[…] En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que aunque dos o más solicitudes de amparo guarden identidad de
partes, identidad de hechos o de causa, e identidad de pretensiones, antes de declarar la improcedencia de la
acción, el juez de tutela debe examinar cuidadosamente las circunstancias particulares del caso y las
condiciones especiales del actor. Ello por cuanto, la verificación y aplicación formal de los supuestos de la
actuación temeraria por parte del juez de tutela, sin un adecuado análisis de los fundamentos fácticos del caso,
así como de la situación particular del accionante, puede derivar en la vulneración de sus derechos
fundamentales […]”.
19 Cfr. Sentencia T-502 de 2008.
20 Ese artículo dispone que “[…] la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de

cosa juzgada […]”.
21 Cfr. Sentencia T-1104 de 2008.
22 Cfr. Sentencia T-502 de 2008.
23 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-149 de 1995.
24 Corte Constitucional, Sentencia T-308 de 1995.
25 Corte Constitucional, Sentencia T-443 de 1995.
26 Sentencia T-001 de 1997.
27 Sentencia T-184 de 2005.
28 Sentencias T-1215/03, T-721/03, T-184/05. También las sentencias T-308 de 1995, T-145 de 1995, T-091 de

1996, T-001 de 1997.
29 Sentencia T-721/03.

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anterior(es) que implique la necesidad de proteger los derechos fundamentales del
demandante30. Adicionalmente, la Corporación se ha referido a la posibilidad de
interponer una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una
sentencia de unificación, cuyos efectos hace explícitamente extensivos a un grupo
de personas que se consideran en igualdad de condiciones, incluso si con
anterioridad a dicha sentencia presentaron acción de tutela por los mismos hechos
y con la misma pretensión31.

En ese contexto, advierte la Sala que un criterio relevante para determinar la
existencia de temeridad es el hecho de si se manifiesta o no la existencia de tutelas
anteriores que puedan relacionarse con el mismo asunto. Sobre el particular hay un
mandamiento legal expreso, conforme al cual “[e]l que interponga una acción de
tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha presentado otra
respecto de los mismos hechos y derechos”32. En general, quienes acuden a los
jueces para solicitar amparo constitucional, no pueden escudarse en matices que
puedan diferenciar las distintas acciones de tutela para eludir su deber de informar
al juez acerca de la existencia de una tutela anterior, sobre la misma materia, así
presente elementos que la diferencian en cierta medida. Ello no solo resultaría
contrario a la lealtad procesal, a la transparencia y la economía en la actividad
judicial, sino que, además, desde el punto de vista del interés mismo del accionante,
resulta útil para advertir al juez sobre la arista del problema en torno al cual ahora
se hace girar la solicitud de amparo constitucional, descartando aquellos elementos
que ya fueron objeto de decisión judicial.

Así, quien considere que, no obstante haber presentado una acción de tutela en
relación con un asunto determinado, existen elementos nuevos que le permiten
acudir de nuevo al juez constitucional, debe, en desarrollo de la obligación prevista
en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y de criterios de elemental lealtad
procesal, expresarlo así al juez, para que sea el quien decida si sobre la materia
existe cosa juzgada, o si cabe una nueva solicitud debido a circunstancias que
impiden que el caso concreto opere dicho fenómeno.

En este sentido, reitera la Sala, no cabe que los accionantes, en particular cuando
son asistidos por profesionales del derecho, a partir de una reformulación de los
argumentos, o de la inclusión de nuevos sujetos demandados, o de la
fundamentación de las pretensiones en hechos que se consideran nuevos o
sobrevinientes, omitan el deber de manifestar la existencia de una tutela previa, sin
que, por otra parte, dicha manifestación implique, per se, la improcedencia de la
nueva solicitud de amparo, porque, como se ha dicho, el juez, en cada caso
concreto, debe valorar si se presentan tanto la cosa juzgada como la temeridad.

A partir de las anteriores consideraciones, concluye la Sala que, en los procesos de
tutela, cuando en un mismo asunto se han presentado sucesivas solicitudes de
amparo, se pueden presentar situaciones en las que hay cosa juzgada y temeridad,
como cuando se presenta una acción de tutela sobre un asunto ya decidido
previamente en otro proceso de tutela, sin que existan razones que justifiquen la
nueva solicitud; otras en las que hay cosa juzgada, pero no temeridad, lo cual
puede ocurrir, por ejemplo, cuando, de buena fe y, usualmente, con expresa
manifestación de estar acudiendo al amparo por segunda vez, se interpone
una segunda tutela debido a la convicción fundada de que sobre la materia no
ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, y, finalmente, casos en los cuales
hay temeridad, pero no cosa juzgada, lo que acontece cuando se presenta
simultaneidad entre dos o más solicitudes de amparo que presentan la triple
identidad a la que se ha aludido.

30 Sentencias T-149/95, T-566/01, T-458 de 2003, T-919/03 y T-707/03.
31 Sentencia SU-388/05.
32 Decreto 2591 de 1991, artículo 37.

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En todo caso, como se ha dicho, la apreciación de ambos fenómenos debe hacerse
a la luz de las circunstancias de cada caso en concreto, puesto que, en atención a
que lo que está de por medio es la afectación de derechos fundamentales, el juez
constitucional tiene un amplio margen de apreciación de las circunstancias en orden
a disponer la operancia de tales fenómenos [...]”33. (Resaltado de la Sala)

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

31. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena34, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

32. Esta Sección adoptó35 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200536, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

33. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un
perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia
de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de
inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y
su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

33 Sentencia T-560 de 2009
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.

María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
36 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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34. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”37 que encaje en dichos parámetros.

35. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

36. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201438.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad en el
caso concreto

37. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento del requisito general de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales consistente en que la solicitud de tutela no controvierta una
sentencia de tutela, dispuesto por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte
Constitucional.

Procedencia excepcional de la acción de tutela contra una sentencia de tutela

38. Por regla general, este mecanismo judicial de origen constitucional resulta
improcedente en el evento en que se le atribuya la vulneración de los derechos
fundamentales a las decisiones adoptadas por los jueces de tutela.

37 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo.
38 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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39. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional, mediante sentencia de
unificación SU – 627 de 1 de octubre de 201539, fijó la excepción de la precitada
regla jurisprudencia, recopilando, para tal efecto, una serie de criterios de
procedibilidad que dependen del objeto del amparo. Esto es, si el mismo se enfoca
en la sentencia proferida dentro del proceso de tutela o respecto de una actuación
previa o posterior a la mencionada providencia.

40. En el primer escenario, la solicitud de amparo constitucional procede si: i) la
sentencia de tutela es proferida por un juez o tribunal diferente a la Corte
Constitucional; ii) se presenta la cosa juzgada fraudulenta; iii) se cumplen con los
requisitos genéricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales; iv)
la acción de tutela presentada no comparte identidad procesal con la solicitud de
amparo cuestionada; v) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión
adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus
omnia corrumpit); y, vi) no existe otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para
resolver la situación.

41. En el segundo escenario la Corte Constitucional contempló dos eventos de
procedibilidad, estos son:

“[…] 4.6.3.2. Si la actuación acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de
lograr el cumplimiento de las órdenes impartidas en dicha sentencia, la acción de
tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protección de un derecho fundamental
que habría sido vulnerado en el trámite del incidente de desacato, y se cumplen los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales, la acción de tutela puede proceder de manera excepcional […]”40.

42. De conformidad con lo anterior, la Sección Primera de esta Corporación,
mediante sentencia proferida el 14 de marzo de 201941, consideró que al efectuar el
análisis de procedibilidad de la acción de tutela en contra de una providencia judicial
cuyo origen emana de un proceso de tutela, al juez constitucional le corresponde
identificar, en primer momento, en qué escenario se profirió la providencia judicial
cuestionada, para así cerciorarse del cumplimiento de los parámetros excepcionales
previstos en cada escenario.

39 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. Actor: Dirección Nacional de
Estupefacientes en liquidación. M.P. Mauricio González Cuervo.
40 Corte Constitucional. Sentencia SU-627 de 1° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.

Referencia Expediente T- 4.496.402. Actor: Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación.
41 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. M.P. Dr. Roberto Augusto

Serrato Valdés. Sentencia de 14 de marzo de 2019. Núm. único de radicación: 52001 23 33 000 2018 00550
01.

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43. Ahora bien, la Corte Constitucional en la sentencia SU- 627 de 2015 frente a la
cosa juzgada fraudulenta consideró que:

“[…] 4.4.1. En la Sentencia T-218 de 2012, este tribunal reconoció que la regla de que
la tutela no procede contra sentencias de tutela no puede ser absoluta. El principio
de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos, pues en ciertas
circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus omnia
corrumpit, puede entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir
del cual es posible desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que tiene la
decisión del juez. En el fallo de tutela, valga decir, en su parte resolutiva, es posible
distinguir dos partes constitutivas: “(i) la decisión de amparo y (ii) la orden específica
y necesaria para garantizar el goce del derecho protegido”. Respecto de la decisión,
“el principio de cosa juzgada se aplica en términos absolutos conforme a la
inimpugnabilidad que la caracteriza”, mientras que respecto de la orden, “se ha dicho
que puede ser complementada para lograr el cabal cumplimiento del fallo”. En este
contexto, es posible que se configure el fenómeno de la cosa juzgada
fraudulenta, que “se predica de un proceso que ha cumplido formalmente con
todos los requisitos procesales y que materializa en esencia un negocio
fraudulento a través de medios procesales, que implica un perjuicio ilícito a
terceros y a la comunidad”. Este fenómeno es más grave cuando el fraude es
cometido directamente por el juez o con su anuencia. Con este fundamento, al
constatar la existencia de fraude en una sentencia de tutela que no fue objeto de
revisión, para evitar que esta se materialice, este tribunal advirtió que si bien “no
puede revocar esa providencia, lo que implicaría hacer un análisis de fondo de la
misma y transgredir las consecuencias que emanan una vez finiquitado el trámite de
revisión en esta Corporación”, si puede, como ya lo hizo en la Sentencia T-104 de
2007, “hacer que esa decisión, por consecuencia, quede sin ningún valor jurídico,
respetando la prohibición del non bis in ídem, fundamentando su actuación en el
precepto fraus omnia corrumpit”, pues

Esta medida – dejar sin efecto la sentencia del dos mil seis (2006) -, para este caso
particular, no supondría una afectación desproporcionada a la cosa juzgada, pues la
decisión disciplinaria adoptada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico,
data del diecisiete (17) de noviembre de dos mil diez (2010). Así, han pasado menos
de cinco años entre esa resolución y la presente decisión. Igualmente, pasaron menos
de cinco años entre el momento de exclusión de revisión de la sentencia proferida por
el juzgado de Magangué y la fecha de selección para revisión de la acción de tutela
instaurada en el dos mil nueve (2009). En efecto, el auto de exclusión fue proferido el
diez (10) de abril de dos mil siete (2007), mientras que esta causa fue seleccionada
el once (11) de junio de dos mil diez (2010). Como se observa, ambos términos son
muy inferiores al máximo que la legislación permite para el recurso extraordinario de
revisión en materia civil. Por lo mismo, a juicio de esta Sala, no existe fundamento
para considerar que esta medida, que protege al erario y a la dignidad de justicia de
un evidente fraude, sea excesiva frente a la cosa juzgada. Finalmente, la Sala no se
está refiriendo a si les asiste o no derecho a recibir la pensión gracia a los
demandantes, solo se pronuncia sobre una causa específica en la cual se evidencia
la necesidad de aplicar el precepto que establece que el fraude lo corrompe todo.

4.4.2. En la Sentencias T-951 de 2013 y T-373 de 2014 este tribunal reiteró la
procedencia excepcional de la tutela cuando se trata de “revertir o de detener
situaciones fraudulentas y graves, suscitadas por el cumplimiento de una orden
proferida en un proceso de amparo”. En la primera de ellas precisó que la cosa
juzgada, incluso la constitucional, “no es un fin en sí mismo, sino un medio para
alcanzar el valor de la justicia”, de tal suerte que “las instituciones del Estado
Social de Derecho, establecidas para la promoción de los valores democráticos,
basados en la solidaridad y en la vigencia de un orden justo, no pueden permitir

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Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

que se consoliden situaciones espurias42, bajo el argumento de la obediencia
ciega a las situaciones juzgadas, cuando las mismas son producto de la cosa
juzgada fraudulenta […]”. (Resaltado por la Sala).

44. En ese orden de ideas, para que proceda excepcionalmente la acción de tutela
contra una sentencia de tutela debe acreditarse de manera clara y suficiente, que la
providencia adoptada en una anterior acción de tutela fue producto de una situación
de fraude, que afecta el ideal de justicia presente en el derecho.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
seguridad social

45. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.

46. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:43

“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado44.

42 Entiéndase como situaciones ilegales, fraudulentas, carentes de autenticidad.
43 Corte Constitucional, sentencia T-281 de 23 de julio de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
44 Artículo 48. “La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la

dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y
solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable

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Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”45. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos”46 […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
mínimo vital

47. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.

48. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado al
mínimo vital, ha dicho47:

“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".

99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.

a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura
de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la Ley”.
45 Sentencia T-173 de 2016.
46 Ibídem.
47 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

Análisis del caso en concreto

49. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Subsección
E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Juzgado
Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones
y Cesantías Porvenir S.A., porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir la sentencia
de 9 de febrero de 2023; ii) el Juzgado, al proferir la sentencia de 16 de diciembre
de 2022, en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único de
radicación 110013336031202200352-01; y iii) el Ministerio y Porvenir S.A., al negar
su solicitud de devolución de aportes: vulneraron sus derechos fundamentales
invocados supra.

50. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.

51. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y aportadas,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en la
acción de tutela.

Acervo y análisis probatorios

52. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

52.1. Copia en medio digital del expediente del proceso de la acción de tutela
identificado con el número único de radicación 110013336031202200352-01

52.2. Documentos aportados con la solicitud de amparo.

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Solución del caso concreto

Análisis de la cosa juzgada constitucional y la temeridad en el caso concreto

53. Antes de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y abordar el estudio
del caso concreto, la Sala advierte que resulta necesario verificar si en efecto se
configuró la cosa juzgada frente a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir
S.A., en relación con la acción de tutela identificada con el número único de radicación
110013336031202200352-01. Para tal efecto, se analizará la identidad entre ambas
acciones de tutela, cómo se observa a continuación:

Tutela 1. núm. único de radicación Tutela 2. núm. único de radicación
110013336031202200352-01 110010315000202406995-00
(Proceso actual)

Partes Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar
Villamizar
Demandados: Tribunal Administrativo de
Demandados: Administradora del Fondo Cundinamarca, Juzgado Treinta y Uno
de Pensiones y Cesantías “Porvenir” Administrativo del Circuito de Bogotá,
S.A. y el Ministerio de Hacienda y Crédito Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
Público la Sociedad Administradora de Fondos de
Pensiones y Cesantías Porvenir S.A

Causa La solicitud de tutela se fundamentó en La solicitud de tutela se fundamentó en que,
que, a juicio de la actora, la a juicio de la actora, i) el Tribunal, al proferir
Administradora del Fondo de Pensiones y la sentencia de 9 de febrero de 2023; ii) el
Cesantías “Porvenir” S.A. y el Ministerio Juzgado, al proferir la sentencia de 16 de
de Hacienda y Crédito Público, vulneraron diciembre de 2022, en el proceso de la
sus derechos fundamentales al negarle acción de tutela identificado con el número
“[…] la devolución de aportes, bono único de radicación
pensional, intereses acumulados, 110013336031202200352-01; y iii) el
intereses moratorios […]”. Ministerio y Porvenir S.A., al negar su
solicitud de devolución de aportes:
vulneraron sus derechos fundamentales.

Objeto La solicitud de tutela pretendió el amparo La solicitud de tutela pretende el amparo de
de los derechos fundamentales al debido los derechos fundamentales a la seguridad
proceso, a la dignidad humana, al social y al mínimo vital y, en consecuencia,
mínimo vital, a la seguridad social, a la ordenar a Porvenir S.A. la devolución de
igualdad y al libre desarrollo de aportes.
personalidad con el fin de solicitar la
devolución de aportes, la emisión del
bono pensional y el pago de los intereses
causados.

54. En ese orden de ideas, la Sala advierte que, frente a los reparos propuestos por
la actora contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Sociedad
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., existe identidad

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Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

de partes, puesto que coincide la actora en ambas acciones de tutela y la parte
accionada, tal cual se observa en el cuadro expuesto supra.

55. Igualmente, la Sala observa que, en relación con las demandadas
mencionadas supra, coincide la causa entre las solicitudes de amparo, toda vez que
en ambas acciones de tutela la inconformidad de la actora gira en torno a la solicitud
devolución de aportes que le fue resuelta de manera negativa.

56. Finalmente, la Sala encuentra que existe identidad de objeto, en tanto que en
ambas acciones de tutela se alegó la presunta vulneración de los derechos
fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital y, además, la pretensión es la
misma frente a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Sociedad
Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.

57. Por otra parte, la Sala advierte que el expediente del proceso de la acción de
tutela identificado con el número único de radicación 110013336031202200352-01
no fue seleccionado por la Corte Constitucional para una eventual revisión48.

58. En ese orden de ideas, la Sala advierte que, atendiendo a que se encuentra
demostrada la triple identidad y que la acción de tutela identificada con el número
único de radicación 110013336031202200352-01 no fue seleccionado por la Corte
Constitucional para una eventual revisión, habrá lugar a declarar la excepción de
cosa juzgada constitucional frente a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito
Público y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir
S.A.

59. Ahora bien, corresponderá a la Sala determinar si la conducta de la actora
puede ser calificada como temeraria.

60. Al respecto, según la jurisprudencia citada con anterioridad, una actuación es
considerada como temeraria en los eventos en que, además de advertirse la
identidad estudiada en precedencia, el juez en el caso concreto observa mala fe de
la actora, que puede entenderse en los siguientes eventos: i) cuando su proceder es

48Cfr. https://www.corteconstitucional.gov.co/secretaria/consultat/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2021-

01-01&date4=2025-02-
24&radi=Radicados&palabra=LASPRILLA+VILLAMIZAR+GLADYS&radi=radicados&todos=%25

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Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

amañado, en la medida en que la actora se reserva para cada demanda los
argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones; ii) se advierta un propósito
desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la
eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar
favorable; iii) deje al descubierto el “[…] abuso del derecho porque deliberadamente
y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción […]”; o iv) se pretenda a través de
personas inescrupulosas asaltar la buena fe de los administradores de justicia.

61. En el caso concreto, en primera medida, tal cual como se expuso previamente,
frente a los reparos que la actora propuso contra la Nación – Ministerio de Hacienda
y Crédito Público y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías
Porvenir S.A. se configuró la identidad de partes, causa y objeto entre la acción de
tutela identificada con el número único de radicación 110013336031202200352-01
y la presente acción de tutela.

62. Respecto de la actuación temeraria, la Sala considera que la actuación de la
actora no resulta temeraria, si se tiene en cuenta que en el escrito de tutela indicó
haber presentado una acción de tutela previa contra la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones
y Cesantías Porvenir S.A.; y del contenido de la solicitud de amparo se advierte que
la actora en razón a sus condiciones de salud y económicas49 obra “[…] por la
necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe […]” y enfatiza en “[…]
la consideración de eventos nuevos […]”.

Análisis del cumplimiento del requisito general consistente en que la solicitud
de tutela no controvierta una sentencia de tutela

63. La Sala advierte que, la actora presentó solicitud de tutela contra la Subsección
E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado
Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, la Nación – Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones
y Cesantías Porvenir S.A., porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir la sentencia de

49 La actora manifestó que “[…] resido en el exterior […] como se evidencias (sic) en certificado de historia

Clínica me encuentro padeciendo patologías que afectan mi estado de salud y los cuales están siendo tratados
en el país de residencia, bajo estos nuevos hechos es evidente que requiero que no se siga reteniendo el dinero
de mi pensión […] para asegurar la subsistencia en condiciones dignas […] En conclusión, por cuanto en este
caso es perentorio el amparo de los derechos fundamentales y la intervención del sr juez frente a los nuevos
hechos en especial por mi estado de salud […]”.

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Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

9 de febrero de 2023; y ii) el Juzgado, al proferir la sentencia de 16 de diciembre de
2022, en el proceso de la acción de tutela identificado con el número único de
radicación 110013336031202200352-01: vulneraron sus derechos fundamentales.

64. Como fundamento de su solicitud, la actora manifestó lo siguiente:50

“[…] La accion impetrada como lo ordena la constitución politica de Colombia y el
Derecho a todo ciudadano acudir a las autoridades judiciales en busca de una orden
que impida el acto amenazante o lo suspenda el artículo 86 inciso primero de la
Constitución Política establece que la acción de tutela procede por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública. Esta norma ha sido desarrollada por el artículo
13 inciso 1 oración 1 del Decreto 2591 de 1991, el cual consagra que la acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente
violó o amenazó el derecho fundamental estos enunciados los ha denominado la
Corte Constitucional como legitimación por pasiva (o destinatarios de la acción), la
cual ha definido como la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la
acción de tutela y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del
derecho fundamental, por lo que acudo al juez constitucional ya que como lo he
manifestado resido en el exterior y como se puede verificar en certificado de salud
desde hace mas de seis años no cotizo salud ya que no me beneficio del servicio y
como se evidencias en certificado de historia clinica me encuentro padeciendo de
patologías que afectan mi estado de salud y los cuales estan siendo tratados en el
país de residencia, bajo estos nuevos hechos es evidente que requiero que no se siga
reteniendo el dinero de mi pensión.

para asegurar la subsistencia en condiciones dignas, En este último caso la
naturaleza de la pensión siempre estará ligada a la protección del derecho
fundamental al minimo vital y, por tanto, adquiere el carácter de fundamental y de
inmediatez.

no se trata de derechos inciertos o discutibles, pero, como lo ha señalado la
jurisprudencia, "se mantiene la práctica de trasladar las cargas administrativas,
contrario a lo ordenado por la jurisprudencia constitucional, de tal manera que se
impide el goce efectivo del derecho. Por consiguiente, resulta ineludible proteger las
garantías constitucionales conculcadas al debido proceso y seguridad social ahora,
tratándose de la protección al minimo vital, la Corte Constitucional lo ha abordado asi:
El mínimo vital es un derecho que tiene un carácter móvil y multidimensional que no
depende exclusivamente del análisis cuantitativo de ingresos y egresos de la persona;
como herramienta de movilidad social, el minimo vital debe ser entendido de manera
dual, ya que además de ser una garantia frente a la preservación de la vida digna, se
convierte en una medida de la justa aspiración T-165 de 2020 T-585 de 2023.que
tienen todos los ciudadanos de vivir en mejores condiciones y de la manera más
cómoda en ese sentido, se reitera, además de evidenciarse la violación de garantias
constitucionales en el trámite, el hecho de que, actualmente, como convocante lo
manifestado de una afectación de salud que es atendida en mi sitio de residencia que
como es natural genera dificultad de naturaleza económica que afecta el mínimo vital,
no hay lugar a imponerle la carga de acudir a otros instrumentos legales para que las
entidades responsables ejecuten los trámites a su cargo y resuelvan de fondo su
pretensión de manera que, se acredita que la transgresión al minimo vital deriva de la
omisión y falta de diligencia de las accionadas, generadora de la vulneración a los
derechos fundamentales el pretender que acuda al juez natural es evidente que el
ahorro pensional se verla afectado con los costos que implica un proceso ordinario
laboral y el tiempo que podría durar por eso, y a propósito de lo que viene

50 Transcripción literal del texto.

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Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

pretendiendo el fondo de pensiones, en cuanto a radicar una nueva solicitud de
pensión cuando ya habia sido resuelto y estableciendo que no contaba con el capital
ni las semanas para la garantía de pensión mínima, la no acreditación del perjuicio
irremediable y la existencia de otros mecanismos, queda claro que el no pago de las
prestaciones mencionadas no es una simple expectativa. En realidad, se trata de un
derecho reconocido por ellos que, luego de ser estudiado, permite solicitar el
reconocimiento del derecho a la devolución de aportes, asegurando asi la
manutención propia. Esa situación, de paso, desvirtúa que, por el postulado de
subsidiariedad, la tutela se torne improcedente, según se ha dejado indicado en la
extensa reseña jurisprudencial Son esas las razones por las cuales la intervención
judicial por vía de la tutela es necesaria para proteger los derechos fundamentales a
la seguridad social y al mínimo vital ACCION DE TUTELA PARA SOLICITAR
DEVOLUCION DE SALDOS-Procedencia excepcional y la faculta del honorable sr
JUEZ DE TUTELA-Facultad de fallar extra y ultra petita. […]”.

65. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la acción de tutela de
la referencia no cumple con el requisito general de procedibilidad de que no se trate
de una acción de tutela contra sentencia de tutela, en la medida en que, sus
reparos están dirigidos contra la sentencia de primera y segunda instancia
proferidas dentro del proceso de la acción de tutela identificado con el número
único de radicación 110013336031202200352-01, sin que cumpla con los
requisitos de procedencia excepcional establecidos por la Corte Constitucional en
la sentencia SU-627 de 1.° de octubre de 201551.

66. En ese orden de ideas, la Sala considera que la actora tenía el deber de
acreditar que las decisiones adoptadas por la Subsección E de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá fueron producto de una situación de fraude
y, en consecuencia, que hubo cosa juzgada fraudulenta, esto es, “[…] un proceso
que ha cumplido formalmente con todos los requisitos procesales y que materializa
en esencia un negocio fraudulento a través de medios procesales, que implica un
perjuicio ilícito a terceros y a la comunidad […]”52, circunstancia que no aparece
acreditada dentro de la presente acción de tutela.

67. La Sala advierte que la actora se limitó a manifestar las razones por las
cuales no se encuentra de acuerdo con las consideraciones y las valoraciones
probatorias realizadas en la sentencia de 9 de febrero de 2023 y la sentencia de 16
de diciembre de 2022, argumentaciones que, de conformidad con lo que ha

51 Corte Constitucional, sentencia SU-627 de 1.° de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
52 Corte Constitucional, sentencia T-218 de 20 de marzo de 2012, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

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Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

considerado la Corte Constitucional53, no son suficientes para demostrar una
decisión fraudulenta.

68. Frente a la necesidad de acreditar la existencia de una situación fraudulenta
para que proceda la acción de tutela contra sentencias proferidas dentro de una
acción de la misma naturaleza, la Corte Constitucional54 ha considerado lo
siguiente:

“[…] En este sentido la parte interesada debe demostrar, con base en
fundamentos claros, ciertos, serios y coherentes la situación de fraude
alegada, la incidencia en la decisión adoptada, la evidente violación de un
derecho fundamental y que la afectación sea significativa y trascendental
(trasgredir de manera grave el patrimonio público). En este sentido, no serán
de recibo razones o interpretaciones que obedezcan al disgusto o
inconformismo del solicitante por la sentencia atacada. Ese presupuesto
tiene fundamento en el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada
constitucional […]”. (Resaltado por la Sala)

69. En ese sentido, resulta preciso indicar que, en los términos de la sentencia
SU – 627 de 201555, la presente solicitud de amparo cuestiona las sentencias
proferidas dentro de la acción de tutela identificada con el núm. único de radicación
110013336031202200352-01. Al respecto, se advierte que, aun cuando la
providencia la profirió un juez o tribunal diferente a la Corte Constitucional, no se
acreditó el requisito de procedibilidad excepcional de la solicitud de tutela contra
sentencia de tutela consistente en que se presente el fenómeno de cosa juzgada
fraudulenta, por cuanto, como se indicó supra, no se acreditó de manera clara y
suficiente que la decisión adoptada en la anterior acción de tutela fuera producto de
una situación de fraude, en tanto que, contrario a lo señalado por la actora, las
autoridades judiciales accionadas realizaron una interpretación razonable de la
respectiva solicitud de tutela.

70. En ese orden de ideas, se evidencia que la actora interpuso la acción de
tutela contra las sentencias proferidas por la Subsección E de la Sección Segunda
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá dentro del marco de una solicitud de tutela, sin
que se configure el requisito para su procedencia excepcional, por lo que, con
fundamento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional se debe declarar

53 Corte Constitucional, sentencia T-322 de 19 de julio de 2019, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
54 Ibidem.
55 Corte Constitucional, Sentencia SU-627 del 1. ° de octubre de 2015. M.P. Mauricio González Cuervo.

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Núm. único de radicación: 110010315000202406995-00
Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

improcedente.

Conclusiones de la Sala

71. En suma, la Sala i) declarará la excepción de cosa juzgada constitucional frente
a la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Sociedad Administradora
de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A.; y ii) declarará la improcedencia
de la acción de tutela que presentó la actora contra la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Treinta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y
Cesantías Porvenir S.A., por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: DECLARAR la excepción de cosa juzgada constitucional frente a los
reparos propuestos contra la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A., por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela que presentó la
actora contra la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y el Juzgado Treinta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos
de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el

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Actora: Gladys Cecilia Lasprilla Villamizar

artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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