Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-07000-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-07000-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-07000-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-07000-01
Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño
9 de abril de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07000-01
Demandante: Luis Eduardo Pérez Marín
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07000-01
Demandante: LUIS EDUARDO PÉREZ MARÍN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y EL
JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI
Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo en el que se
rechazó la demanda por configurarse la caducidad. Requisito general
de relevancia constitucional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por el demandante, quien actúa a través de apoderado judicial,
contra la sentencia de 30 de enero de 2024, dictada por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 18 de diciembre de 2024, el señor Luis Eduardo Pérez Marín, quien actúa a
través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Once Administrativo del Circuito de
Cali, con el fin de que el juez constitucional accediera a la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, seguridad social y mínimo vital.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRETENSIÓN PRINCIPAL
PRIMERO: TUTELAR en favor del señor LUIS EDUARDO PEREZ MARIN los
derechos fundamentales de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
SEGURIDAD SOCIAL y DEBIDO PROCESO CONEXO AL MINIMO VITAL
que le están siendo vulnerados.
SEGUNDO: ORDENAR al JUZGADO PRIMERO ONCE ADMINISTRATIVO
DEL CIRCUITO DE LA CIUDAD DE CALI, dejar sin efecto Auto del 09 de
noviembre de 2023 por medio del cual se rechaza la demanda ejecutiva y, en
su lugar, emitir uno nuevo librando mandamiento de pago ejecutivo en los
términos solicitados.
PRETENSIÓN SUBSIDIARIA
De no acceder a la pretensión principal, esto es, iniciar el proceso ejecutivo,
teniendo en cuenta que el señor LUIS EDUARDO PEREZ MARIN no tiene
ningún otro medio proteccionista diferente la a acción de tutela para que sus
derechos no se vean vulnerados, a razón del incumplimiento de la sentencia
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07000-01
Demandante: Luis Eduardo Pérez Marín
No 144 del 13 de noviembre de 2007, por parte de la Universidad del Valle,
solicito muy respetuosamente:
PRIMERO: TUTELAR en favor del señor LUIS EDUARDO PEREZ MARIN los
derechos fundamentales de ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
SEGURIDAD SOCIAL y DEBIDO PROCESO CONEXO AL MINIMO VITAL
que le están siendo vulnerados.
SEGUNDO: ORDENAR a la UNIVERSIDAD DEL VALLE cumplir a cabalidad
la Sentencia No 144 del 13 de noviembre de 2007 proferida por el Juzgado
Once Administrativo de Cali, liquidando la pensión por valor de ($3.498.995),
valor actualizado al año 2003, cálculo real de la liquidación de la mesada
pensional, dando cumplimiento al fallo de sentencia donde menciona que el
señor devengo, salario básico, gasto de representación, prima de exclusividad
bonificación y prima legal, lo cual se detalla a continuación:
TERCERO: ORDENAR a la UNIVERSIDAD DEL VALLE pagar por concepto
de retroactivo por la diferencia generada entre el valor liquidado por la
accionada, y el valor que debe liquidar, desde el momento en que se disminuyó
la pensión, y hasta que se liquide conforme a lo ordenado en el fallo judicial.
CUARTO: ORDENAR a la UNIVERSIDAD DEL VALLE dar cumplimiento en
debida forma a la sentencia No 144 del 13 de noviembre de 2007 proferida por
el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali, en consecuencia, liquidar
la mesada pensional para el año 2022 en la suma de $7.822.260,50”.
2. Hechos
El accionante narró que presentó demanda ejecutiva contra la Universidad del Valle,
por el incumplimiento de la obligación contenida en la sentencia de 29 de agosto de
2008, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el número interno 2003-
1595.
Aseveró que el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali, por auto de 9 de
noviembre de 2023 rechazó la demanda, al considerar que operó la caducidad.
Narró que con ocasión del recurso de apelación que formuló, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en providencia de 18 de julio de 2024, confirmó
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07000-01
Demandante: Luis Eduardo Pérez Marín
la decisión de primera instancia, en tanto consideró que la sentencia objeto de
recaudo quedó ejecutoriada el 23 de febrero de 2009, la Universidad del Valle tenía
18 meses para cumplir con la condena, es decir, hasta el 26 de agosto de 2010, la
obligación se hizo exigible el 24 de agosto de 2010, por lo que los términos para
que el demandante presentara la demanda ejecutiva finalizaron el 24 de agosto de
2015, sin embargo, la radicó hasta el 24 de agosto de 2022, cuando ya había
operado la caducidad.
3. Fundamentos de la acción
El accionante manifestó que las decisiones que rechazaron la demanda ejecutiva
por presuntamente configurarse la caducidad vulneran el estado social de derecho
e incurre en un defecto sustantivo por la interpretación incorrecta de los artículos
164 y 297 del Código de Procedimiento Administrativo y del Contencioso
Administrativo, relacionados con el término de caducidad de la acción ejecutiva.
Manifestó que en la decisión que se cuestiona, el Tribunal consideró que el término
para contabilizar la demanda ejecutiva empezó a correr desde el momento del
incumplimiento de la sentencia en el año 2010 hasta el año 2015; no obstante, no
tuvo en cuenta que el acto administrativo posterior -Resolución 0170 de 18 de
febrero de 2021, constituyó otro título ejecutivo que debe generar un nuevo término
de caducidad, en la medida que ese acto administrativo implicaba una obligación
clara, expresa y exigible.
Bajo ese contexto, aseveró que las autoridades judiciales accionadas ignoraron que
la Resolución 0170 de 18 de febrero de 2021 constituye un título autónomo y
complejo, sobre el cual podía reclamar el cumplimiento de la sentencia mediante la
acción ejecutiva, de conformidad con el artículo 297 del Código de Procedimiento
Administrativo y del Contencioso Administrativo.
Agregó que no es cierto que la sentencia constituya un título ejecutivo simple,
teniendo en cuenta que el Consejo de Estado ha establecido que “(…) Así las cosas,
la Sala deduce que el título es simple cuando la administración no ha cumplido la decisión
judicial, en cuyo caso, aquel está conformado solamente con la sentencia ejecutoriada. Por
el contrario, cuando el fundamento del proceso ejecutivo sea una sentencia judicial
acatada de manera imperfecta, el título ejecutivo es complejo, pues está conformado
por el fallo, su constancia de ejecutoria y el acto que expide la administración para
cumplirlo. (…)” – Tomado de CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B Consejera ponente: SANDRA
LISSET IBARRA VÉLEZ radicado 76001-23-33-000-2015-00265-02(3660-19)”.
En ese orden, aseveró que la sentencia es un título ejecutivo complejo, en tanto fue
acatada pero de manera imperfecta, y por ese motivo se debe conformar por el fallo,
la constancia de ejecutoria y el acto administrativo expedido por la Universidad del
Valle en el presunto cumplimiento de la condena.
Para finalizar, indicó que al recibir la Resolución 0170 de 2021, confió legítimamente
en que reflejaba el cumplimiento de la sentencia expedida por el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Cali, por lo que no resulta razonable que se le exija
asumir desde un principio que la Universidad del Valle va a incumplir parcialmente
la condena, en tanto dicho acto administrativo fue proferido con la “presunción de que
se ajustaba a los términos de la Sentencia”.
4. Oposición
4.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, por cuanto, sostuvo, el actor pretende crear una
tercera instancia para beneficiar sus intereses. En ese orden, aseguró que el auto que
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07000-01
Demandante: Luis Eduardo Pérez Marín
se cuestiona se encuentra respaldado por las normas y los criterios jurisprudenciales
aplicables.
Agregó que no se cumple con el requisito de inmediatez, teniendo en cuenta que el
auto de 18 de julio de 2024 fue notificado por estado el 22 de julio de 2024 y la tutela
fue radicada hasta el 18 de diciembre de 2024, lo que desvirtúa su urgencia y
necesidad.
4.2. Respuesta de la Universidad del Valle
El apoderado de la Universidad rindió informe en el que solicitó denegar las
pretensiones de la tutela, en tanto propone la discusión de elementos diferentes a los
expuesto en el proceso ejecutivo, debido a que pretende la inclusión de factores
salariales en su pensión, situación que escapa de la órbita constitucional.
Así mismo, indicó que la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez,
debido a que transcurrieron 5 meses y 27 días desde la decisión del Tribunal que se
encuentra debidamente fundamentada.
4.3. El Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali, aun cuando fue debidamente
notificado, guardó silencio.
5. Sentencia de tutela impugnada
La Sección Quinta del Consejo de Estado, mediante sentencia del 30 de enero de
2025, declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no cumplió
con el requisito de relevancia constitucional y resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la tutela formulada por el señor
Luis Eduardo Pérez Marín contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
por no superar el requisito de la relevancia constitucional.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión”.
Indicó que la parte accionante pretende utilizar este mecanismo como una tercera
instancia y busca reabrir la discusión que fue interpretada y resuelta por el juez
natural, por lo que consideró que lejos de proponerse un debate ius fundamental, lo
que se advierte es la inconformidad del demandante frente a la forma en cómo se
contabilizó el término de caducidad.
6. Escrito de impugnación
Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el accionante
impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se revocara, en tanto indicó que
la solicitud cumple con la relevancia constitucional necesaria para su estudio de
fondo, debido a que se involucra el derecho a la seguridad social y pone en
evidencia una denegación de justicia que implica la vulneración de los principios
esenciales del estado social del derecho y se encuentra en una situación de
indefensión absoluta y no cuenta con un mecanismo efectivo que garantice el
cumplimiento de la sentencia judicial.
Finalmente, reiteró los argumentos que fundamentaron la solicitud de amparo.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07000-01
Demandante: Luis Eduardo Pérez Marín
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si debe revocar la sentencia de 30 de enero de
2025, mediante la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional, y de encontrar cumplidos los restantes generales de procedencia de
la tutela contra providencia judicial, si la autoridad accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados por el actor.
3. El presupuesto de la relevancia constitucional
Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales,
tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que
el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras
jurisdicciones1.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a
definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho
que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible
vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la
sentencia T-310 de 20052, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de
amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que
se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente
a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia
de la tutela.
En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005
sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las
condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción
de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional3.
Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio
de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de
procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de
amparo se convierta en una instancia adicional.
Esta Sala4, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de
procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:
i. Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear
1 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
2 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria
Calle Correa.
3 la Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01.
4 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07000-01
Demandante: Luis Eduardo Pérez Marín
situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera
legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.
ii. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es
necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que
la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.
iii. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a
las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.
iv. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
v. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado
está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar
las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos
reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario.
Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso
ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si
en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en
últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la
autonomía judicial.
4. Estudio y solución del caso concreto
El señor Luis Eduardo Pérez Marín, quien actúa por conducto de apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el
Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali, con el fin de que el juez
constitucional accediera a la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital,
vulnerados, supuestamente con los autos de 18 de julio de 2024 y 9 de noviembre
de 2023, en su orden, que declararon la caducidad del proceso ejecutivo que
presentó contra la Universidad del Valle.
La Sala aclara que efectuara el análisis de los cargos únicamente respecto del auto
de 18 de julio de 2024, proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
por tratarse de la última providencia proferida en el trámite judicial que originó la
controversia, y aquella que resolvió la situación jurídica particular.
Del análisis de los argumentos que soportan el defecto alegado, la Sala confirmará
la decisión que declaró la improcedencia de la acción de tutela, en tanto observa
que son los mismos en los que se sustentó el actor desde que presentó la demanda
ejecutiva y luego en el recurso de reposición en subsidio de apelación que formuló
contra el auto de 9 de noviembre de 2023, mediante el cual el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Cali rechazó por caducidad la demanda ejecutiva
presentada por el señor Luis Eduardo Pérez Marín.
En efecto, luego de que el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali
mediante auto de 9 de noviembre de 2023 rechazara la demanda por configurarse
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07000-01
Demandante: Luis Eduardo Pérez Marín
el fenómeno de la caducidad, el accionante presentó recurso de reposición y en
subsidio de apelación en el que sostuvo que la decisión debía ser revocada, con
fundamento en lo siguiente:
“(…) CUARTO: Mediante sentencia dictada por el Honorable Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del cauca, el 29 de agosto de 2008, este confirma la sentencia
proferida por el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali.
QUINTO: LA UNIVERSIDAD DEL VALLE expidió la Resolución 0170 del 18 de febrero
de 2021, mediante la cual da cumplimiento de manera parcial al fallo judicial y procede
a liquidar la pensión de jubilación estableciendo una primera mesada por valor de
$2.854.072, sin tener en cuenta, varios factores salariales que habían sido ordenados en
la sentencia.
SEXTO: En la resolución 0170 del 18 de febrero de 2021, solo se tuvo en cuenta la
asignación básica para la liquidación de la pensión.
(…)
OCTAVO: Si bien es cierto que la sentencia presta mérito ejecutivo, en mi entender, para
adelantar el proceso ejecutivo de la referencia, el término de caducidad debe
contabilizarse desde la fecha de expedición de la Resolución No. 0170 del 18 de febrero
de 2021 ya que en ese momento donde se determina una obligación clara, expresa y
exigible tal como lo consagra el articulo 297 N ° 4 del CPACA.
DÉCIMO: Se debe dar la validez de título ejecutivo a la Resolución No. 0170 del 18 de
febrero de 2021 ya que fue plenamente reconocida la obligación por la entidad
demandada, haciendo de la misma una obligación clara expresa y exigible”.
Lo anterior permite concluir que, en el presente caso, se utilizan como fundamento
del amparo pretendido los mismos argumentos de hecho y de derecho a los que
acudió en la demanda ejecutiva, el recurso reposición y en subsidio de apelación
presentado contra la providencia que rechazó la demanda ejecutiva por configurarse
la caducidad, solo que esta vez se presentan como defecto sustantivo por la
supuesta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso
a la administración de justicia, seguridad social y mínimo vital.
Aunado a lo anterior, del expediente del proceso ejecutivo se observa que frente al
recurso de reposición, el Juzgado Once Administrativo del Circuito de Cali resolvió
no reponer el auto de 19 de noviembre de 2023, en tanto reiteró que el título
ejecutivo lo conforma la sentencia de primera instancia de 13 de noviembre de 2007
y la de segunda instancia de 29 de agosto de 2008, debido a que contienen una
decisión judicial que genera una obligación expresa y clara a cargo de la universidad
demandada y, por tanto, los actos administrativos de ejecución o cumplimiento no
hacen parte de dicho título. En ese orden, afirmó que la caducidad de la acción
ejecutiva no puede estar ligada a las actuaciones del Estado “tendientes a cumplir
la condena”.
Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por medio de auto del
18 de julio de 2024, en el que confirmó la decisión de rechazar la demanda ejecutiva
por caducidad, se refirió de la siguiente manera:
“(…) Frente a el argumento dado por la parte ejecutante en el recurso de
apelación, referente a que la caducidad se debía contar a partir de la expedición
de la Resolución No. 0170 del 18 de febrero del 2021, mediante la cual la entidad
demandada pretendió cumplir la condena, esta Sala se encuentra de acuerdo
con lo esgrimido por el juzgado de primera instancia, pues la Sección Tercera,
Subsección B del Consejo de Estado, ha manifestado frente a este asunto que.
(…)
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07000-01
Demandante: Luis Eduardo Pérez Marín
“A partir de lo establecido por el legislador, no hay duda de que los
actos de ejecución o cumplimiento de las condenas emitidos por
las entidades públicas no hacen parte de los títulos ejecutivos que
se tramitan ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
Los tres requisitos sustanciales de los títulos de recaudo forzoso (que
la obligación sea clara, expresa y exigible) se extraen directamente
de la decisión jurisdiccional y de la prueba de su firmeza, sin que
las actuaciones de ejecución o cumplimiento de las entidades afecten
dichos requisitos” (…) (Negrita resaltada por la Sala)
Basado en el anterior argumento, se puede inferir que, en la litis que nos ocupa,
el título ejecutivo está compuesto únicamente por la sentencia de primera y de
segunda instancia, esta última dictada por esta Corporación el 29 de agosto de
2008, independientemente de que la Universidad del Valle haya emitido un acto
de ejecución para el cumplimiento de dicha providencia; pues de ésta se
desprende una obligación clara, expresa y exigible, por ende, a partir de la
firmeza de dicha sentencia se contó el periodo de 18 meses que establece el
artículo 177 del CCA y posteriormente, como bien lo realizó el juzgado de
instancia el término de caducidad.
A su vez, es importante tener en cuenta que, si se admitieran los argumentos
dados por la parte actora en el recurso bajo estudio, se estaría desestimando la
naturaleza de la caducidad de la acción ejecutiva, lo cual, le otorgaría el poder a
la entidad ejecutada para que controlara el cómputo del término de caducidad, y
no tendría sentido la existencia de este fenómeno en procesos de esta
naturaleza.
Finalmente, una vez revisado el expediente en lo que respecta a la caducidad,
se tiene que, la sentencia base de recaudo quedó ejecutoriada el 23 de febrero
de 2009, es decir, que según el artículo 177 del CCA la Universidad del Valle
tenía 18 meses para cumplir con la condena, esto es, hasta el 23 de agosto de
2010, por tal razón, se hizo exigible la mentada obligación el 24 de agosto de
2010, así pues, los 5 años con los que contaba el accionante para presentar la
demanda ejecutiva vencían el 24 de agosto de 2015. Sin embargo, la presente
demanda fue radicada hasta el 24 de agosto de 2022, por lo cual, como lo
mencionó la Juez, es evidente que operó para esta litis el fenómeno de
caducidad”.
Conforme a lo anterior, la Sala advierte que en la providencia cuestionada, el
Tribunal sí resolvió lo planteado por el accionante en el recurso de apelación,
consistente en que los términos de caducidad debían la contabilizarse a partir de la
expedición de la Resolución 0170 de 18 de febrero de 2021, en tanto le indicó que
el título ejecutivo únicamente está compuesto por las sentencias de primera y
segunda instancia, debido a que son las que contienen una obligación clara expresa
y exigible y no por el acto administrativo emitido por la entidad demandada, en razón
a que se trata de un acto de cumplimiento.
Es decir, los argumentos planteados por el accionante en la solicitud de amparo
constitucional, además de que fueron los mismos que propuso en la demanda
ejecutiva, junto con el recurso de reposición en subsidio de apelación que presentó
contra el auto de 9 de noviembre de 2023, proferido por el Juzgado Once
Administrativo del Circuito de Cali, corresponden a un debate que fue superado en
el proceso ejecutivo por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional sostuvo que la exigencia de
relevancia constitucional cumple cuatro finalidades principales; a saber: “(i) el
respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía
e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07000-01
Demandante: Luis Eduardo Pérez Marín
adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal5”.
En ese sentido, entrar a resolver los cuestionamientos en los términos que fueron
propuestos por la parte demandante supondría darle continuidad a la misma
discusión, es decir, convirtiendo la acción de tutela en una verdadera tercera
instancia, lo que desnaturalizaría su carácter residual y subsidiario en los términos
previstos en el artículo 86 superior.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará el fallo objeto de impugnación,
proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 30 de enero de 2025, que
declaró la improcedencia de la solicitud por desatender el requisito de relevancia
constitucional.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
Primero.- Confirmar la sentencia 30 de enero de 2025, dictada por la Sección
Quinta del Consejo de Estado.
Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo del Consejo.
Cuarto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Presidente
Este documento fue firmado electrónicamente. Su validez e integridad puede comprobarse a través de la
siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx
5
Sentencia SU-573 de 2019.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.