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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-07003-01

Fecha
24 de julio de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-07003-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA Primero. REVOCAR la sentencia del 19 de marzo de 2025 proferida por la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación, y en su lugar, NEGAR el amparo solicitado. Segundo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-07003-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

24 de julio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07003-01
Accionante: Municipio de Yopal
Accionados: Consejo de Estado, Sección Cuarta

Tema: Tutela contra providencia judicial. Tarifa del Impuesto de Industria y Comercio
para entidades financieras establecida en Acuerdo municipal. REVOCA
SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado y por el vicepresidente de Asuntos Corporativos de la Asociación Bancaria
y de Entidades Financieras de Colombia (ASOBANCARIA) en contra de la sentencia
proferida el 19 de marzo de 2025 por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado; al haber sido derrotada la ponencia presentada por el Doctor
Juan Camilo Morales Trujillo.

ANTECEDENTES

El municipio de Yopal, a través de apoderado, presentó acción de tutela para que
se proteja su derecho fundamental al debido proceso que considera vulnerado por
la Sección cuarta del Consejo de Estado al proferir la sentencia del 4 de julio de
2024, en el proceso de nulidad con radicado 85001233300020220013802

HECHOS

La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:

Expresó que la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia
presentó demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad, contra el artículo
18 del Acuerdo 022 del 29 de noviembre de 2021 expedido por el Concejo Municipal
de Yopal, que estableció en el 20 x mil la tarifa del impuesto de industria y comercio
correspondiente a las entidades financieras. así:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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(…)

La demanda de nulidad se fundamentó en que la tarifa establecida fue superior a la
de Bogotá D.C., sin que se sustentara en las necesidades del ente municipal, lo cual
desconoció la Constitución Política y la ley.

El Tribunal Administrativo del Casanare en sentencia del 7 de septiembre de 2023
negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el municipio de Yopal al
actualizar la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio para los bancos comerciales
e instituciones financieras se ajustó a los parámetros de competencias de los entes
territoriales fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-353 de 2021 y que
no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de la disposición demandada.

Asobancaria interpuso recurso de apelación contra la decisión y el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, en sentencia del 4 de julio de 2024 la revocó y en su lugar,
declaró la nulidad de la norma.

Afirma el Municipio que la providencia incurrió en defectos, fáctico y sustantivo
porque desconoció el artículo 154 del Decreto Ley 1421 de 1993 que establece el
umbral «del dos por mil por ciento (2/oo) al 30 por mil por ciento (30/oo)» a aplicar
en la tarifa única del Impuesto de Industria y Comercio, el cual no fue superado, y
en su lugar, otorgar prevalencia al Acuerdo Distrital 816 de 2021.

Que el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021 creó la categoría municipal de ciudades
capitales, y dispuso que los concejos “podrán” adoptar las normas que rigen al
Distrito Capital de Bogotá en materia del impuesto predial unificado y del impuesto
de industria y comercio, lo cual evidencia su carácter potestativo y no se refirió al
Acuerdo 816 de 2021, pero sí al Decreto Ley 1421 de 1993.

Afirma también que incurrió en el error de decisión sin motivación, al ignorar los
fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios esbozados por el municipio, en el
sentido de que la modificación de la tarifa fue sustentada en las necesidades de la
ciudad capital, como se lee en la exposición de motivos del acuerdo demandado,
por lo que se satisfacen los requisitos de la Ley 2082 de 2021.

Que pasó por alto que el artículo 322 de la Constitución Política separa el régimen
político, fiscal y administrativo de Bogotá D.C.; que este solo puede ser modificado
por actos legislativos y no por leyes ordinarias; que la norma demandada superaba
el test de proporcionalidad de la Corte Constitucional, en el sentido de que su
finalidad (obtención de recursos para mejorar la calidad de vida de la población),
prima sobre los derechos de los sujetos pasivos del tributo.

Adicionalmente, expresó que la decisión censurada violenta el principio de razón
suficiente, en tanto no ofreció un argumento válido para privilegiar el acuerdo 816

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de 2021 sobre el Decreto 1421 del 21 de julio de 1993, en la que se basó el ente
municipal para “gravar” a las entidades financieras.

PRETENSIONES

«desestimar la sentencia proferida por el honorable Consejo de Estado y por el
contrario dar prevalencia a la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare en
fecha del 07-SEP-23». (sic)

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

El 11 de febrero de 2025, el magistrado sustanciador del Consejo de Estado,
Segunda Subsección B admitió la demanda; vinculó al Tribunal Administrativo de
Casanare y a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia
(Asobancaria), como terceros con interés, y corrió el respectivo traslado.

POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS

El Consejo de Estado, Sección Cuarta por conducto de la consejera ponente de
la decisión cuestionada, solicitó declarar la improcedencia de la tutela por no cumplir
con el requisito de la relevancia constitucional o, en su lugar, negar las pretensiones
de amparo, considerando que la discusión planteada sobre la norma aplicable por
el municipio de Yopal para fijar la tarifa del impuesto de industria y comercio, en
virtud de la autorización de adopción de normas del Distrito Capital prevista en el
artículo 14 de la Ley 2082 de 2021, fue objeto de pronunciamiento expreso en la
sentencia cuestionada.

Que allí se precisaron los fundamentos jurídicos y probatorios por los cuales no era
procedente establecer la tarifa a partir del Decreto Ley 1421 de 1993, sino del
Acuerdo Distrital 816 de 2021, en ejercicio de la independencia y autonomía judicial
y con base en la competencia funcional especializada en materia administrativa, sin
que la decisión sea arbitraria o caprichosa.

POSICIÓN DE LOS VINCULADOS

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia solicitó
declarar la improcedencia de la tutela, al no satisfacer el requisito general de la
relevancia constitucional, toda vez que la discusión desarrollada por el Consejo de
Estado se limitó a determinar acerca de la legalidad de la norma acusada; respecto
de lo cual, el municipio demandante pretende «demostrar una diferencia de criterio
en la interpretación de una disposición contenida en la Ley 2082 de 2021».

El Tribunal Administrativo de Casanare allegó el link de consulta del proceso
contencioso-administrativo requerido y guardó silencio respecto de la solicitud de
amparo.

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SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante Sentencia del 29 de marzo de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, decidió amparar el derecho fundamental al debido
proceso, dejar sin efectos la sentencia y ordenar a la Sección Cuarta proferir
sentencia de reemplazo.

Como fundamento de su decisión expresó que, contrario a lo decidido por la Sección
Cuarta, ni el municipio de Yopal ni cualquier otra ciudad capital, debiera fijar una
tarifa similar a la fijada por el Distrito Capital de Bogotá, pues la aparente tensión
normativa entre la aplicación del Decreto Ley 1421 de 1993 y el Acuerdo 065 de
2002, modificado por el Acuerdo 816 de 2021, no existe «pues, se está ante
disposiciones de rango constitucional y distrital», pero lo más relevante del asunto
es que este último fijó la tarifa del ICA en Bogotá DC bajo los lineamientos
establecidos en aquel y de acuerdo con su realidad tributaria.

Que en tratándose de ciudades capitales, la Ley 2082 de 2021 les reconoció la
potestad de «adoptar, a iniciativa del alcalde y acorde con las realidades
tributarias de la ciudad capital, las normas que rigen para el Distrito Capital de
Bogotá» en materia del ICA; por lo que dijo no compartir la conclusión a la que llegó
la autoridad judicial demandada. (Negrillas textuales)

IMPUGNACIÓN

La autoridad accionada impugnó la sentencia expresando que:

En el Acuerdo Nro. 022 de 2021 el Concejo Municipal de Yopal estableció la tarifa
del impuesto de industria y comercio para las entidades financieras en el 20 por mil
y citó como fundamento i) el artículo 14 de la Ley 2082 de 2021, que permite a las
ciudades capitales que adopten las normas de ICA que rigen en el Distrito Capital,
y ii) el Decreto 1421 de 1993, que establece una tarifa del 2 al 30 por mil.

Que la tarifa no debió aplicarse a partir del artículo 154 del Decreto Ley 1421 de
1993, sino observar la tarifa vigente en Bogotá que es la prevista en el Acuerdo 816
de 2021 que fija el porcentaje aplicable del 14 por mil para la actividad financiera,
siendo entonces la que efectivamente se aplica para la determinación del tributo en
dicho Distrito Capital.

Que debido a que la adopción normativa, dispuesta en la Ley Orgánica 2082 de
2021 no recae sobre parámetros, límites, o regulaciones generales, sino respecto
de las normas que “rigen” en Bogotá (que son las que fijan los contenidos concretos
sobre los cuales se cobra el tributo), es que la sentencia cuestionada decidió que la
norma aplicable para determinar la tarifa era el artículo 4 del Acuerdo Distrital 816
de 2021.

Seguidamente, insistió en que la acción no cumple con el requisito de relevancia
constitucional y que tampoco la providencia incurrió en error sustantivo; sino que

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realizó una interpretación razonable del artículo 14 de la Ley 2082 de 2021, frente
a las normas que aplican en el Distrito Capital a las cuales deben sujetarse las
demás capitales del país, por ello la interpretación desarrollada por la Sección
Cuarta es la más jurídica y lógica frente al contexto y finalidad de la norma, y se
encuentra en armonía con el resto del ordenamiento jurídico.

La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, vinculada en
el trámite tutelar, presentó recurso reiterando los argumentos expuestos en su
intervención inicial.

CONSIDERACIONES

Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales y iii) caso concreto.

Generalidades de la acción de tutela

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales

La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:

«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. (...).

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar
la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del
hecho que originó la vulneración. (...)

1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2
M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado
tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible.

f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»

Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que
haber incurrido en al menos una de las siguientes causales:

«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
(…)

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional. (…)

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental
y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución.»3

En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:

«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la tutela
se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como órganos de
cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser especialmente
exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere de una
argumentación cualificada4.

(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado

3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
4
Sentencia SU-074 de 2022.

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adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5. Esto
implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a los
argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata alguna
irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal que amerite
la intervención urgente del juez de tutela6»

En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.

Caso concreto

Se trata de resolver en segunda instancia, si la Sección Cuarta de esta Corporación
incurrió en defecto sustantivo al expedir la sentencia del 4 de julio de 2024. Se
discute el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional y la incursión en la
causal específica mencionada. Los demás requisitos generales de procedencia de
la acción se tienen por superados, en tanto ya no son objeto de discusión.

La Sala encuentra también superado el requisito de relevancia constitucional, en la
medida que, con la acción de tutela el municipio actor pretendió la protección de su
derecho fundamental al debido proceso, alegando que la autoridad judicial incurrió
en error sustantivo al aplicar una norma desconociendo la jerarquía normativa y
vulnerando su derecho.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado fundamentó la sentencia cuestionada
expresando que la Ley 14 de 1983 «Por la cual se fortalecen los fiscos de las
entidades territoriales y se dictan otras disposiciones» en sus artículos 32 a 39
autorizó a los municipios la aplicación del impuesto de industria y comercio en sus
jurisdicciones y el Decreto Ley 1333 de 1986 “Por el cual se expide el Código de
Régimen Municipal compiló la mencionada regulación legal en sus artículos 195 a
205.

Que para el Distrito Capital de Bogotá, el presidente de la República expidió el
Decreto Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito
Capital de Santafé de Bogotá”, que incluye la normativa tributaria relativa a la
determinación del Impuesto de Industria y Comercio. Este decreto tiene fuerza de
ley, y en ese entendido, constituye el marco legal especial del Distrito Capital para
el establecimiento de dicho tributo.

Que entre otros parámetros para la determinación del Impuesto de Industria y
Comercio, el artículo 154 ibidem estableció que «6. Sobre la base gravable definida
en la ley, el Concejo aplicará una tarifa única del dos por mil (0.2%) al treinta por mil
(3.0%)”, limitación general dentro de la cual el concejo distrital debe fijar la tarifa del
tributo.»

5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-072 de 2018.

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Que en acatamiento de dicha normativa, el concejo distrital expidió el Acuerdo 65
de 2002 «Por el cual se adoptan modificaciones al impuesto de industria y comercio,
Avisos y Tableros y se dictan otras disposiciones», que fijó la tarifa aplicable en
Bogotá D.C., que fue parcialmente modificada por el Acuerdo 780 de 2020 en su
artículo 6, y en el artículo 4 del Acuerdo 816 de 2021 adoptó la tarifa del 14 por mil
para las actividades financieras.

Determinó luego de analizar dicha normatividad que:

«…no es procedente la adopción normativa del artículo 154 del Decreto
1421 de 1993, en tanto la misma es una disposición que establece un
parámetro o un marco legal, expedido con las facultades otorgadas por
el artículo transitorio 41 de la Constitución Política, pero no corresponde
a la norma que se aplica en el Distrito Capital para fijar la tarifa del
Impuesto de Industria y Comercio.

En efecto, si en virtud de la adopción normativa, el municipio pretendía
aumentar la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio de las
entidades financieras, era necesario que atendiera la tarifa fijada en el
Distrito Capital, por lo que le correspondía adoptar la dispuesta en el
artículo 4 del Acuerdo 816 de 2021, en concordancia con lo previsto en
el Decreto 352 de 2002, en tanto esta normativa es la que rige la tarifa
del tributo en la ciudad de Bogotá D.C., pues corresponde a la que
efectivamente se cobra para la determinación del gravamen.

De ahí que no sea procedente que, en el acuerdo acusado, el municipio
establezca una tarifa mayor (20 por mil) a la prevista en el Distrito
Capital (14 por mil), sustentándose en una normativa distrital que se
limita a establecer un parámetro que puede ser aplicado por el Concejo
Distrital, y no, en la que la fija la tarifa que deben aplicar los
contribuyentes en sus declaraciones tributarias.

Súmese a lo dicho que, en el presente caso no se encuentra
demostrado que la tarifa del 20 por mil dispuesta en la norma acusada,
se encuentre acorde a la realidad tributaria del municipio de Yopal,
porque supera la establecida en el Distrito Capital sin tener fundamento
normativo alguno, y en tanto justifica la modificación normativa en datos
y estudios realizados a nivel nacional, sin atender a las circunstancias
propias de la ciudad capital, entre estas, las de carácter social,
económico, jurídico y fiscal.»

Para la Sala, la interpretación realizada por la Sección Cuarta resulta razonable a la
luz de las normas aplicables; teniendo en cuenta que la Ley 2082 de 2021 (artículo
14) otorgó a los municipios – ciudades capitales- la facultad de adoptar la normativa
que “rige” en el Distrito Capital, lo cual puede entenderse, como la posibilidad que
tienen esas entidades territoriales de acoger la norma que regula el elemento del
tributo de manera concreta, en este caso, la tarifa y la exposición de motivos de la
Ley, que se citó en la sentencia cuestionada, en la cual se indica que lo que se
busca es aplicar en las demás ciudades capitales las normas que han resultado
eficientes para la administración tributaria en Bogotá.

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De esa manera, la sentencia determinó que la norma que genera indicador de
eficiencia tributaria en Bogotá es la que fija puntualmente la tarifa del 14 por mil
(Acuerdo 816 de 2021) y no la Ley 1421 de 1993 que se limita a establecer un rango.
Y adicionalmente tuvo en cuenta que, la motivación del Acuerdo se refirió a unos
indicadores del DANE del nivel nacional y a los potenciales aportantes vinculados a
la actividad financiera pero no cumplió con la exigencia normativa de fundamentar
el porcentaje de la tarifa en la identificación de las necesidades económicas o
sociales de recaudo en el municipio, para ese sector.

Adicionalmente, la providencia que se revisa destacó que si bien el Acuerdo 022 del
29 de noviembre de 2021 expedido por el Concejo Municipal de Yopal, se refirió a
unos indicadores del DANE del nivel nacional y a los sujetos pasivos potenciales
vinculados a la actividad financiera; ese acto no cumplió con la exigencia normativa
de señalar los fundamentos que justificaran el porcentaje de la tarifa, adoptado
conforme la realidad territorial. Es decir que se omitió motivar el acto, en lo
pertinente al aparte demandado, a partir de las necesidades económicas o sociales
de recaudo en el municipio, específicamente relacionadas con el sector que se
grava con la tarifa del 20%.

Conforme a lo expresado, la Sala no encuentra que se hubieran configurado los
defectos sustantivo y fáctico alegados; pues la autoridad judicial no solo realizó un
análisis plausible de la normatividad aplicable al asunto, sino que también tuvo en
cuenta la motivación del Acuerdo municipal, de manera que, la sola inconformidad
del actor con la decisión no es suficiente para tacharla de errónea o arbitraria. En
consecuencia, se revocará la sentencia impugnada y en su lugar, se negará el
amparo solicitado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. REVOCAR la sentencia del 19 de marzo de 2025 proferida por la Sección
Segunda, Subsección B de esta Corporación, y en su lugar, NEGAR el amparo
solicitado.

Segundo. Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

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Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

Con salvamento de voto
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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