Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-07005-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-07005-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2024-07005-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
4 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07005-00
Accionante: Industrias Electromecánicas Magnetron S.A.S
Accionado: Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda y la Sección Cuarta del Consejo de Estado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., cuatro (04) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07005-00
Accionante: Industrias Electromecánicas Magnetron S.A.S
Accionado: Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda
y la Sección Cuarta del Consejo de Estado
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: indebida notificación del acto
administrativo. Subtema 3: resolución de excepciones previas en el proceso.
Subtema 4: defecto procedimental absoluto.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por Industrias Electromecánicas Magnetron S.A.S. en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada
en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Industrias Electromecánicas Magnetron S.A.S. presentó escrito de tutela con la
pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al acceso a la administración
de justicia, al debido proceso, a la defensa y a la contradicción, que consideró
vulnerados por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda y
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con ocasión de las sentencias proferidas,
respectivamente, el 17 de mayo de 2023 y el 25 de julio de 2024, dentro del proceso
identificado con el radicado núm. 66001-23-33-000-2020-00430-01, al declarar
probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por falta de requisitos
formales.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1.
A partir del escrito de tutela y de los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
1
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Accionante: Industrias Electromecánicas Magnetron S.A.S
Accionado: Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda y la Sección Cuarta del Consejo de Estado
2.
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social, en adelante UGPP, expidió la Resolución n.° RDO-2019-00397 del
13 de febrero de 2019, mediante la cual sancionó a Industrias Electromecánicas
Magnetron S.A.S. por no suministrar la información solicitada dentro del plazo
establecido para presentarla.
3.
La parte accionante radicó demanda ante la jurisdicción contencioso-
administrativa con la pretensión de nulidad de la resolución mencionada en el párrafo
anterior, por indebida notificación y falsa motivación, y como restablecimiento del
derecho, solicitó se ordenara a la UGPP devolver los títulos que haya cobrado.
4.
La UGPP contestó la demanda y propuso la excepción de ineptitud sustantiva de
la demanda por falta de requisitos formales; afirmó que la parte demandante no
interpuso el recurso de reconsideración contra la resolución demandada. El Tribunal
Administrativo de Risaralda, mediante auto del 7 de marzo de 2022, declaró «no
probada la excepción de falta de requisito procedimental de agotamiento de la vía
gubernativa-interposición del recurso de reconsideración».
5.
En sentencia de primera instancia, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda, el 17 de mayo de 2023, declaró probada la excepción por
falta de acreditación o agotamiento del requisito de procedibilidad, decisión que fue
confirmada el 25 de julio de 2024 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
6.
Industrias Electromecánicas Magnetron S.A.S. solicitó en el escrito de tutela lo
siguiente:
«5.1. Que sea concedida a INDUSTRIAS ELECTROMECÁNICAS MAGNETRON
S.A.S., identificada con NIT #891401711-2, la TUTELA de sus derechos
constitucionales fundamentales al acceso a la administración de justicia y al debido
proceso, consagrados por los artículos 229 y 29 de la Constitución, y vulnerados por
el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA y la
SECCIÓN CUARTA de la SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO del
CONSEJO DE ESTADO.
Que ORDENE a la SECCIÓN CUARTA de la SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO del CONSEJO DE ESTADO que, dentro del perentorio término
judicial que se le conceda, DEJE SIN EFECTOS los fallos adoptados dentro del
Proceso Contencioso Administrativo de Medio de Control de Nulidad y
Restablecimiento del Derecho #660012333000-2020-00430-00; y al TRIBUNAL DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE RISARALDA que emita una sentencia
ajustada a los lineamientos jurídicos que en el fallo de Tutela especifique el Juez
Constitucional, en especial: (i) respetando los principios de preclusión y congruencia; y
(ii) procurando el mejor proveer para la adopción de una decisión que consulte el valor
supremo de la justicia1».
7.
Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora consideró que las
sentencias del 17 de mayo de 2023 y del 25 de julio de 2024 incurrieron en el defecto
procedimental absoluto al retroceder a la primera etapa del proceso y revocar
decisiones debidamente ejecutoriadas sin que existieran nuevas evidencias.
1 Se transcribe incluso con errores de texto.
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8.
Asimismo, el tribunal accionado asimiló la digitación de información obligatoria
como la aceptación para ser notificado a través de medios electrónicos y por intermedio
de un e-mail específico. Violó el principio de preclusión frente a las decisiones
adoptadas previamente y el principio de congruencia respecto a la fijación del litigio y
la sentencia.
9.
Además, afirmó que la decisión atacada no evaluó correctamente las pruebas
aportadas en el proceso al legitimar la notificación ejecutada a través de un correo
electrónico no indicado expresamente como canal oficial de notificaciones, lo cual
favoreció a la parte demandada y violó sus derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, a la defensa y a la contradicción.
2.3. Trámite procesal
10.
El despacho ponente, mediante auto del 13 de enero de 20252, admitió la solicitud
de amparo; vinculó, como tercero con interés, a la UGPP; requirió al tribunal en primera
instancia para que aportara, en medio digital, el expediente ordinario; tuvo como
pruebas los documentos adjuntados con la demanda de tutela; y reconoció personería
al abogado de la parte accionante.
2.4. Intervenciones
11.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado solicitó que se declare improcedente
la acción de tutela, pues la parte accionante no demostró que se configurara el defecto
procedimental absoluto. Aunque en un auto previo a la sentencia decidió sobre las
excepciones previas, esto no impide que se estudien al momento de proferir sentencia.
En igual sentido, aseguró que el hecho de que no haya quedado plasmado en la
fijación del litigio el estudio de la excepción de inepta demanda no impedía que el juez,
de manera oficiosa, lo resolviera3.
12.
El Tribunal Administrativo de Risaralda pidió que se declare improcedente la
acción de tutela porque no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable y no
puede utilizarse como una tercera instancia. Agregó que no se incurrió en defecto
procedimental absoluto porque, al valorar la prueba aportada, se hizo evidente que no
existía una indebida notificación del acto administrativo sancionatorio, lo que a su vez
generó la falta del agotamiento de todos los recursos procedentes contra el acto
administrativo demandado4.
13.
La UGPP requirió que se le desvinculara de la presente acción constitucional. En
igual sentido, pidió que se niegue la acción de tutela o se declare improcedente, ya
que la parte actora tuvo la oportunidad de manifestar sus inconformidades en el
recurso de apelación las cuales fueron resueltas con el respeto de los criterios de
igualdad y el acervo probatorio aportado al proceso.
2 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-07005-00, índice 4, certificado 6A62AD4D56892213
1449E2CC38847587 AC36A257BEF3CAC9 734D8BF703BE8C0C.
3
Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-07005-00, índice 8, certificado 40EF4FE16175CE91
448E282C45344D4B FE72F6417D2BF350 C746D95F3C2AB6E6.
4 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-07005-00, índice 10, certificado 0DA48B6E5CA9CFF6
CDAD1145B04D0BA7 C5821E667FBB23E7 443F75B59483F633.
3
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Risaralda y la Sección Cuarta del Consejo de Estado
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
14.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Sala Tercera de Decisión
del Tribunal Administrativo de Risaralda y de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.
3.2. Legitimación en la causa
15.
La legitimación en la causa por activa de Industrias Electromecánicas
Magnetron S.A.S. se encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la sentencia de
segunda instancia del 25 de julio de 2024, objeto de tutela, y, por lo tanto, es la titular
de los derechos que consideró vulnerados.
16.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda y de la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, porque fueron las autoridades que profirieron las sentencias del
17 de mayo de 2023 y del 25 de julio de 2024, que, según afirmó la tutelante,
vulneraron sus derechos fundamentales.
17.
La UGPP solicitó su desvinculación al considerar que no está llamada a responder
por la alegada vulneración de los derechos fundamentales de la parte accionante.
18.
Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad de
tercera con interés, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción. En
ese orden, al no acudir a este trámite constitucional como autoridad accionada, no es
posible declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva. Por los motivos
expuestos, no se accederá a su desvinculación.
3.3. Cuestión preliminar
19.
La Subsección advierte que, aunque en el escrito inicial se cuestionaron las
decisiones proferidas por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo
de Risaralda y la Sección Cuarta del Consejo de Estado, los argumentos que
sustentan sus pretensiones son los mismos respecto a una y otra.
20.
Por lo anterior, y en atención a que la sentencia del 17 de mayo de 2023 fue
recurrida y el Consejo de Estado resolvió lo pertinente mediante fallo del 25 de julio de
2024, el reclamo constitucional formulado será estudiado solo frente a esta última, en
tanto fue la que puso fin al asunto.
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3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
21.
La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado5 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional6.
22.
En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes puntos:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
23.
Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales7 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a escenarios específicos que afectan la integridad de la
decisión judicial y justifican la intervención del juez constitucional para salvaguardar
los derechos fundamentales.
24.
En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial, se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución8.
3.5 Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
25.
Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el asunto que entra
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
8 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
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a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el
órgano de cierre sobre la materia9.
26.
La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de
encontrarse configurado el defecto procedimental absoluto expuesto en el escrito de
tutela, prosperaría la pretensión de amparo de ordenar al tribunal accionado que emita
una nueva sentencia en la que estudie de fondo las pretensiones de la parte actora.
En este escenario, estarían afectados los derechos fundamentales de Industrias
Electromecánicas Magnetron S.A.S. de acceso a la administración de justicia, al
debido proceso, a la defensa y a la contradicción para cuyo amparo acudió a esta
acción constitucional.
27.
Respecto de los cargos atinentes al defecto procedimental absoluto, la parte
accionante no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para
la protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirieron
las decisiones objeto de tutela.
28.
El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la sentencia que
profirió la Sección Cuarta del Consejo de Estado data del 25 de julio de 2024, y el
escrito de tutela se presentó el 18 de diciembre de ese año, esto es, dentro del plazo
de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia constitucional10 y por el Consejo
de Estado11 como razonable.
29.
La parte actora, en el escrito de amparo, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y estos no exponen una posible irregularidad procedimental.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela.
30.
De acuerdo con lo expuesto, esta Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas en
los términos planteados por la parte actora.
3.5. Problema jurídico
31.
La Sala debe decidir si la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en el
defecto procedimental absoluto en la sentencia del 25 de julio de 2024 y, por ende,
vulneró los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia, al debido
9 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»
lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia
para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga
argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.
10 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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proceso, a la defensa y a la contradicción de Industrias Electromecánicas Magnetron
S.A.S.
32.
Para ello, es necesario analizar si la autoridad accionada, al momento de proferir
sentencia, en efecto, vulneró el debido proceso y no tuvo en cuenta la ejecutoria de
las decisiones proferidas previamente.
3.6.2 Defecto procedimental – reiteración jurisprudencial
33.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 29 y 228 de la Constitución Política,
los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y el principio
de prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal constituyen prerrogativas de
connotación ius fundamental para el adecuado funcionamiento de la actividad judicial.
34.
En este sentido, las circunstancias que puedan perturbar el correcto desarrollo
de los procesos judiciales y que terminan afectando los derechos fundamentales de
las partes constituyen una causal específica de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, que la jurisprudencia constitucional nominó como defecto procedimental.
35.
Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido en forma reiterada que el
defecto procedimental puede ocurrir bajo dos modalidades: «(i) el absoluto, que se
presenta cuando la autoridad judicial desconoce o se aparta del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) el exceso ritual manifiesto, el cual tiene lugar cuando el
goce efectivo de los derechos de los individuos se obstaculiza por un extremo rigor en
la aplicación de las normas procesales»12.
36.
Frente al defecto procedimental absoluto, la Corte ha dicho que se puede
configurar porque el funcionario judicial: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto
sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento
establecido; o (iii) no realiza el debate probatorio»13.
37.
De esta manera, le compete a quien acude en ejercicio de la acción de tutela
demostrar que el juez ante quien tramitó el proceso ordinario de su interés actuó
completamente por fuera del procedimiento establecido en la ley, y que ello generó
una vulneración grave a su derecho al debido proceso, pues le impidió el ejercicio
adecuado y oportuno de su derecho a la defensa y a la contradicción.
38.
En este contexto, la Corte ha considerado que la procedibilidad de la acción de
tutela en los asuntos en los que se discute la existencia de un defecto procedimental
exige verificar que la solicitud de amparo cumple con los siguientes presupuestos:«(i)
que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo
con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la ocurrencia
de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una
incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulnerador de los derechos
fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el proceso ordinario,
salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las especificidades del caso
concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y finalmente, (v)
12 Corte Constitucional, sentencias T-388 de 2015, T-025 de 2018, T-008 de 2019 y T-367 de 2018.
13 Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022.
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que, como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los derechos
fundamentales»14.
3.6. Caso concreto
39.
En el asunto bajo estudio, Industrias Electromecánicas Magnetron S.A.S. presentó
una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la UGPP, con la pretensión de que se declarara la nulidad de la
Resolución núm. RDO-2019-00397, que la sancionó por no suministrar la información
solicitada dentro del plazo establecido, con fecha 13 de febrero de 2019, por un valor
de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS
PESOS ($182.500.400). En primera instancia, la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Risaralda declaró probada la excepción de falta de agotamiento del
requisito de procedibilidad en fallo del 17 de mayo de 2023.
40.
Apelada la anterior decisión, la Sección Cuarta del Consejo de Estado emitió
sentencia el 25 de julio de 2024 en la que confirmó la decisión proferida por el a quo.
41.
Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto, que
la Sección Cuarta del Consejo de Estado incurrió en el defecto procedimental absoluto
en la sentencia del 25 de julio de 2024 porque:
En el fallo aquí censurado el Tribunal retrocedió a la primera etapa del Proceso
Contencioso Administrativo que consagra el artículo 179 del C.P.A.C.A., al examinar
aspectos formales de la demanda; revocó tácitamente decisiones debidamente
ejecutoriadas sin existir nuevas evidencias -la falta de necesidad de recaudo probatorio
permitió prescindir de la Audiencia Inicial-; asimiló la digitación de información
obligatoria en un formato digital, con la aceptación libre y expresa para ser notificado a
través de medios electrónicos, y por intermedio de un e-mail específico; y basó su
sentencia en el expediente administrativo aunque evidentemente estaba incompleto,
pues no contenía evidencias que ambas partes aceptaban como allegadas al proceso.
En consecuencia, el Tribunal (i) contravino el principio de preclusión frente a
decisiones adoptadas en una fase primaria del proceso; (ii) infringió el principio de
congruencia que vincula la fijación del litigio y la sentencia; (iii) efectuó una errónea
apreciación probatoria al colegir la legitimidad de la notificación ejecutada a través
de un e-mail no indicado expresamente como canal oficial para comunicaciones con la
Administración; (iv) eximió al demandado del cumplimiento efectivo del deber legal de
allegar el expediente administrativo en condiciones de garantizar la autenticidad y
completitud de la evidencia documental que compilaba; y (v) favoreció a ese
demandando al interpretar a su favor las falencias de dicha foliatura; todo lo cual
confluye en la sistemática violación del derecho fundamental constitucional al acceso
a la administración de justicia en un escenario que garantizara la plenitud del dogma
complejo del Debido Proceso en sus aristas de las formas propias del Juicio y los
derechos de defensa y contradicción, principios con estirpe constitucional que
también resultaron transgredidos.15
42.
Con base en lo expuesto, la Sala observa que, contrario a lo que sostuvo la
tutelante, la Sección Cuarta del Consejo de Estado no vulneró el derecho al debido
proceso ni los principios invocados, pues sobre el recurso de alzada se pronunció así:
14 Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019.
15 Se transcribe incluso con errores de texto.
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Risaralda y la Sección Cuarta del Consejo de Estado
Sobre la cosa juzgada, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte
Constitucional la ha considerado como una institución jurídico-procesal mediante la
cual se concede a las decisiones tomadas en una providencia el carácter de
inmutables, vinculantes y definitivas. Esta figura tiene como finalidad obtener la
terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica,
motivo por el cual, no permite pronunciamientos futuros sobre el mismo asunto, dada
su previa definición o juzgamiento.
Al respecto, se precisa que de conformidad con el artículo 189 de la Ley 1437 de 2011,
en materia contencioso-administrativa la cosa juzgada se predica de las sentencias que
resuelvan sobre la nulidad de los actos administrativos, además de los autos que
expresamente disponga la ley.
En este caso, se tiene que la providencia invocada por la demandante es el auto que
negó la excepción propuesta por la demandada, de ahí que no se trate de una
sentencia o de un auto del cual el legislador, expresamente, consagre ese efecto, por
lo que no opera la figura de la cosa juzgada. A esto se suma el hecho de que, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 187 ibidem en la sentencia, el juez debe decidir
“sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada”.
Por lo anterior, era procedente que Tribunal se refiriera a la excepción en la sentencia,
pues en dicha etapa la encontró probada16.
43.
Ahora, el Consejo de Estado, respecto a la notificación a través de correo
electrónico y su presunta autorización, argumentó lo siguiente:
De conformidad con el anterior recuento, considera la Sala que la Resolución Sanción
fue debidamente enviada y recibida al correo electrónico de la apoderada de la
sociedad (vmcasesoriaslegales@gmail.com) el 15 de febrero de 2019.
Esto por cuanto al momento de responder el pliego de cargos y radicar los documentos
anexos a esa actuación, la sociedad, en el acápite de dirección para notificaciones o
comunicaciones, indicó que sería el correo electrónico
vmcasesoriaslegales@gmail.com, así como se lee en la prueba referenciada. Este
actuar constituye una manifestación expresa de la demandante del medio de
notificación que autorizaba.
Ahora bien, conviene aclarar que, contrario a lo estimado en la sentencia apelada, si
bien en el formulario de recepción de solicitudes y documentos generado por la entidad
el 24 de abril de 2018, la sociedad señaló el correo electrónico
vmcasesoriaslegales@gmail.com, lo cierto es que de una valoración integral se
desprende que corresponde a una constancia de respuesta virtual a un requerimiento,
con el cual se aportaron una serie de documentos. Por tanto, es improcedente afirmar
que la interesada manifestó en ese momento su voluntad de ser notificada a ese buzón
electrónico.
De manera que, lo que distingue entre uno y otro documento, es precisamente que, en
el formato de acuse de recibido de la contestación al pliego de cargos, en la casilla
denominada “DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN” la sociedad expresamente seleccionó
la opción de correo electrónico y seguidamente informó la cuenta
vmcasesoriaslegales@gmail.com.
[…]
Al respecto encuentra la Sala que en la captura de pantalla aquí transcrita se lee que
el correo fue entregado y recibido el 15 de febrero de 2019, por otro lado, según el
citado artículo 312 de la Ley 1819 de 2016, la notificación electrónica se entenderá
surtida al “octavo día hábil siguiente a aquel en que se reciba el acto administrativo en
16
Se transcribe incluso con errores de texto.
9
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Risaralda y la Sección Cuarta del Consejo de Estado
la dirección electrónica informada por el aportante, de acuerdo con lo certificado por la
UGPP”.
De manera que, el día 27 de febrero de 2019 quedó debidamente notificada la
resolución sanción, siendo improcedente alegar simplemente que el correo no fue
abierto, pues la norma no consagra ese supuesto17.
44.
La Sala encuentra que, en la providencia del 25 de julio de 2024, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado no incurrió en el defecto procedimental absoluto, pues se afirmó
claramente que el juez, según lo establece el artículo 187 de la Ley 1437 de 2011,
debe resolver las excepciones propuestas y cualquier otra que encuentre probada en
sentencia, es decir, que se ajustó al proceso señalado para hacerlo.
45.
El proceso contencioso-administrativo permite varias oportunidades para la
resolución de las excepciones. Este despacho judicial no desconoce que lo hizo en
primer lugar en el auto admisorio de la demanda que data del 1 de octubre de 2020,
en el que se afirmó que cumplía con los requisitos dispuestos en el artículo 162 del
CPACA; no obstante, es claro advertir que, para esta etapa procesal, el tribunal
accionado aún no contaba con las pruebas de la contraparte para verificar realmente
si existió o no autorización expresa al correo electrónico, por lo cual no podía
pronunciarse de manera diferente.
46.
Acto seguido, en auto del 7 de marzo de 2022, se pronunció sobre la excepción
previa de ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales, al no agotar los
recursos pertinentes contra el acto administrativo demandado. En esa ocasión,
consideró que la misma no se configuraba, pues no encontró prueba de que la entidad
demandante autorizara de forma expresa las notificaciones de las actuaciones
administrativas al correo electrónico vmcasesoriaslegales@gmail.com, por lo que
concluyó que no tuvo la oportunidad de presentar los recursos pertinentes.
47.
Aunque en esta oportunidad procesal el a quo ya contaba con todas las pruebas
necesarias, pues así lo hizo saber en un auto que prescindió de la audiencia inicial
para dictar sentencia anticipada, lo cierto es que en ese primer momento no evaluó las
pruebas completamente; por eso llegó a dicha conclusión. Esta decisión, como bien
advierte la accionante, quedó ejecutoriada al no interponerse recursos contra el auto
referido en el párrafo anterior.
48.
Sin embargo, no debe desconocerse que existe otra etapa procesal diferente a la
audiencia inicial para la resolución de excepciones, que es la sentencia, en la que una
vez más las que no hayan sido resueltas pueden estudiarse o declararse de manera
oficiosa cuando se encuentren probadas. Como lo advirtió el ad quem, el auto del 7 de
marzo de 2022 no hace tránsito a cosa juzgada, pues no terminó de manera definitiva
el proceso y tampoco es una sentencia. Por lo tanto, puede ser revocado con
posterioridad, ya que una decisión contraria no ata al juez18.
17
Se transcribe incluso con errores de texto.
18 Sentencia T-1274 de 2005, reiterada por la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC 14594 de 2014 y
STC13863 de 2022: «Cabe reseñar que el carácter vinculante no sólo se predica de las sentencias y de las
providencias que ponen fin a una controversia, sino también de las decisiones judiciales, en general, una vez cobran
ejecutoria. El alcance de este carácter, sin embargo, no es el de excluir la posibilidad de que las providencias
puedan ser controvertidas y modificadas a través del ejercicio de los medios de impugnación que se han previsto
en el ordenamiento jurídico, entre los cuales se encuentran los recursos y las nulidades que pueden ser declaradas
de oficio o a petición de parte. Así mismo, el carácter vinculante tampoco conduce a que las decisiones
ejecutoriadas aten al juez “cuando quedan desligadas del conjunto totalitario del procedimiento, en cuanto a los
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49.
Ahora, cabe resaltar que la sentencia es la oportunidad en la cual se estudian todas
las pruebas aportadas en el proceso y que el ad quem llegó a la conclusión de que,
frente a la notificación a través del correo dispuesto por la parte actora, esta sí la
autorizó por medios electrónicos al radicar su respuesta en la plataforma dispuesta por
la UGPP para dar cumplimiento al pliego de cargos, pues seleccionó la opción de
correo electrónico y manifestó que el canal digital era
vmcasesoriaslegales@gmail.com.
50.
Es por ello por lo que, aunque el a quo omitió en un primer momento hacer la
valoración probatoria debida, posteriormente, en el fallo, resolvió la excepción con el
soporte probatorio que lo respalda, lo que le está permitido y no actuó fuera del
procedimiento establecido ni pretermitió etapas sustanciales del mismo.
51.
En los anteriores términos, la Sala concluye que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado no incurrió en el defecto procedimental absoluto alegado en el escrito de tutela,
toda vez que la sentencia del 25 de julio de 2024 resolvió la excepción propuesta,
como el proceso contencioso-administrativo se lo permite, al tener el debido respaldo
probatorio.
IV. CONCLUSIONES
52.
En consecuencia, en la medida en que la Sección Cuarta del Consejo de Estado
no incurrió en el defecto procedimental absoluto y, por lo tanto, no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte tutelante, la Sala negará la solicitud de amparo.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por Industrias
Electromecánicas Magnetron S.A.S en contra de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la Protección Social,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
efectos de ellas mal pueden tender a la consecución del acto jurisdiccional que ha de constituir el fin del proceso,
rompiendo, por lo tanto, su unidad”. En síntesis, de lo anterior se desprende que el juez sólo puede apartarse de
lo decidido en un auto interlocutorio si es la ley la que establece un mecanismo para ello o si la conclusión del
proceso que ha de consignarse en la sentencia no armoniza con la decisión previa.»
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Accionante: Industrias Electromecánicas Magnetron S.A.S
Accionado: Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de
Risaralda y la Sección Cuarta del Consejo de Estado
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
AC/SEJV
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