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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07012-00

Fecha
11 de marzo de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07012-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Mireya Josefa Gómez Neira, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 13 Radicado: 11001-03-15-000-2024-07012-00 Demandante: Mireya Josefa Gómez Neira Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-07012-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

11 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07012-00
Demandante: Mireya Josefa Gómez Neira
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento
del derecho contra acto que negó sustitución de la asignación
de retiro / No acreditó la convivencia de los últimos cinco años
de vida del causante / Defecto fáctico y desconocimiento del
precedente judicial
Decisión: Negar el amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
_______________________________________________________________
_

La Sala decide la solicitud formulada por Mireya Josefa Gómez Neira, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de
2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

Mireya Josefa Gómez Neira promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad
social, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el
26 de septiembre de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado
11001333501620190035900/03.

Como fundamento de la solicitud de amparo expuso:

i) Presentó, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, demanda en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Caja

1 Ver índice 2 de Samai. Actuación denominada «2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2»

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07012-00
Demandante: Mireya Josefa Gómez Neira

de Retiro de las Fuerzas Militares2, con el fin de cuestionar la legalidad de los
actos administrativos por medio de los cuales se le negó la sustitución de la
asignación de retiro en calidad de compañera permanente del causante Mayor
Julio Otálora Merchán.

ii) El Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá en
sentencia del 21 de noviembre de 2023 negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que no se acreditó el requisito de convivencia en los últimos cinco
años de vida del causante. En contra de esta decisión la demandante interpuso
recurso de apelación.

iii) El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D en sentencia del 27 de junio 2024 confirmó lo resuelto por el a quo, al
considerar que, si bien si existió una relación sentimental entre el causante y la
demandante, de la cual nació un hijo, lo cierto es que no perduró hasta el
fallecimiento. Respecto de esta decisión, la parte demandante solicitó aclaración.

iv) Se vulneró sus derechos fundamentales, al incurrir en defecto fáctico toda vez
que se dejaron de valorar los testimonios extra juicio y el registro fotográfico, que
daban cuenta de la convivencia desde 1976, incluidos los últimos 5 años de vida
de Otálora Merchán, con la cronología exacta en todas las ubicaciones donde
convivieron, por lo que no se trataba de la exclusión entre uno y otro hogar, sino
de la existencia real de simultaneidad entre ambos.

Asimismo, fijó unos límites temporales para ejercer la acción judicial, que no
existen en la ley, ni en la jurisprudencia, al reprochar que haya reclamado la
sustitución tres años después al deceso del causante, con lo que se evidenció
que se dejaron de lado los testimonios rendidos por la demandante y su hijo, los
cuales daban cuenta que no lo hizo porque atravesó una profunda depresión.

Frente a dicha valoración probatoria se observó un trato desigual entre las
partes, esto es, frente a la cónyuge vinculada al proceso, pues, se les dio
credibilidad a afirmaciones de sus testigos, pese a que no estuviesen soportadas
por prueba alguna.

En desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado3 frente a la
existencia de simultaneidad de convivencia, entre la cónyuge y la compañera
permanente y el derecho a la sustitución pensional proporcional al tiempo de
convivencia con el fallecido. Asimismo, la jurisprudencia también permitió excluir
legalmente de la convivencia que se debe acreditar, los días que el causante
estuvo hospitalizado.

2 En adelante CREMIL
3 Al respecto citó: i) Sección Segunda, sentencia 2010-00236/1974-2010 de febrero 12 de 2015,

C.P. Gerardo Arenas Monsalve; ii) Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de
noviembre de 2017. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-07012-00
Demandante: Mireya Josefa Gómez Neira

1.1.1. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO por INDEBIDA
VALORACIÓN PROBATORIA, AL PRINCIPIO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y
EQUIDAD, A LA SEGURIDAD JURÍDICA y SEGURIDAD SOCIAL de mi
representada, conforme a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos.

2. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN “D” revoque la
sentencia de segunda instancia del 26 de septiembre de 2024, notificada por estado
el 2 de octubre de 2024, con ponencia del Magistrado Dr. ISRAEL SOLER
PEDROZA, y el fallo que resolvió la aclaración de fecha 31 de octubre de 2024,
notificada por estado el 6 de noviembre de 2024.

3. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN “D”, despacho del
Magistrado Dr. ISRAEL SOLER PEDROZA que profiera sentencia de Segunda
Instancia dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con
radicado No. 11001333501620190035901, acatando los derechos fundamentales de
la accionante Mireya Gómez Neira, al Debido Proceso por indebida valoración
probatoria, al principio de Igualdad, Justicia y Equidad, a la Seguridad Jurídica y
Seguridad Social.

4. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN “D”, despacho del
Magistrado Dr. ISRAEL SOLER PEDROZA que profiera sentencia de Segunda
Instancia dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con
radicado No. 11001333501620190035901, revocando la proferida en primera
instancia, por el JUZGADO DIECISEIS (16) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C- SECCIÓN SEGUNDA, el 21 de noviembre de 2023,
notificada el 22 de noviembre de 2023, en el proceso radicado No.
11001333501620190035900.

5. En el auto admisorio de la Acción de Tutela, DECRETE la medida provisional
solicitada, mientras dura el trámite de la presente acción constitucional en todas sus
instancias, conforme con lo expuesto […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D4 solicitó se negara el amparo pretendido ante la inexistencia de
vulneración a derecho fundamental alguno, toda vez que sí se valoraron los
testimonios, declaraciones extra juicio y registros fotográficos allegados al
plenario, de los cuales se logró concluir que, en efecto, el causante y la
demandante sostuvieron una relación desde 1976 hasta los primeros años de
vida de su hijo común, nacido en 1994.

De las fotografías allegadas, no se tuvo certeza de las fechas en que fueron
tomadas, ya que solo de tres de ellas se podían establecer que datan de 2011,

4 Ver índice 11 de Samai. Actuación denominada «19_MemorialWeb_Respuesta
OK20247012OKConte(.pdf) NroActua 11»

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Demandante: Mireya Josefa Gómez Neira

y, otras de 2014 y 2015 que mostraban la graduación de bachiller de su hijo en
común, de esto, junto con las declaraciones rendidas, no se infiere que hubiera
perdurado hasta el deceso del causante.

Si bien en el interrogatorio se le mencionó que resultaba extraño que hubiese
reclamado la sustitución hasta tres años después del fallecimiento del causante,
lo cierto es que también se le indicó que no dio detalles de su vida en relación
respecto de los últimos años de vida del causante.

1.2.2. El Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá5,
luego de realizar un reencuentro de la situación jurídico-procedimental surtida al
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó se
declarara improcedente la tutela, o en su defecto, se negara lo pretendido ante
la inexistencia de vulneración a los derechos fundamentales invocados por el
demandante, pues, el proceso se surtió de conformidad con las normas
aplicables.

1.2.3. CREMIL6 pretendió se declarara improcedente la solicitud de amparo, por
cuanto no es competencia del juez de tutela examinar las actuaciones procesales
surtidas en procesos ordinarios, además, no existió vulneración de derechos
fundamentales, toda vez que la demandante ha tenido a su disposición los
medios judiciales de defensa necesarios, de los cuales se ha beneficiado y
donde se garantizó la legalidad de las actuaciones de esta entidad.

1.2.4. Los demás terceros con interés guardaron silencio.

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) aclaración preliminar; iii) cuestión
previa; iv) procedencia de la tutela contra providencia judicial; v) determinación
del problema jurídico; y vi) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el numeral 5 del artículo 1
del Decreto 333 del 6 de abril de 20217 esta Sala es competente para conocer

5 Ver índice 15 de Samai. Actuación denominada «25_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-

RespuestaTutelaCE(.pdf) NroActua 15»
6 Ver índice 19 de Samai. Actuación denominada «34_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-

CONTESTACIONDETUTE(.pdf) NroActua 19»
7 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de

2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de
la acción de tutela.

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Demandante: Mireya Josefa Gómez Neira

de la solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D y otro.

2.2. Aclaración preliminar

Si bien se observó una solicitud de medida cautelar en el escrito de tutela, lo
cierto es que, en su momento, el despacho ponente no consideró pertinente
pronunciarse hasta tanto se contaran con las pruebas necesarias, esto es, los
informes de las entidades implicadas, para así identificar con certeza las
circunstancias particulares y relevantes del caso.

2.3. Cuestión previa

Se advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestiona la legalidad de las
decisiones proferidas por el Juzgado Dieciséis Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá, Sección Segunda y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D, se observa que los argumentos que sustentan
sus pretensiones son similares respecto a una y otra.

Por lo anterior y en atención a que la sentencia del 21 de noviembre de 2023,
proferida en primera instancia fue apelada y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, desató el recurso a través de
la sentencia del 27 de junio de 2024, al confirmar lo resuelto por el a quo, el
reclamo constitucional formulado será estudiado solo respecto a esta última, en
tanto fue la que puso fin al proceso.

2.4. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado 8 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 9 Al
respecto señaló lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de
29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]». [Resalta la Sala].

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-

2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
9 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena

antes reseñada.

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Demandante: Mireya Josefa Gómez Neira

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo10 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se
consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de
las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional 11 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que
sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que
se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando
ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice
vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a
tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo
del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos12, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de
alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio
o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de
derechos fundamentales13.

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir
el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

10 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto

de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
11 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de

2004 y C-590 de 2005.
12 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
13 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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2.5. Problema jurídico

La Sala deberá definir si: ¿el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección D vulneró los derechos fundamentales de Mireya Josefa
Gómez Neira con ocasión de la sentencia del 27 de junio de 2024, a través de la
cual confirmó la decisión de negar la sustitución de la asignación de retiro por no
acreditar la convivencia con el causante durante los últimos 5 años de vida, con
lo cual incurrió, presuntamente, en defecto fáctico y desconocimiento del
precedente jurisprudencial?

2.6. Análisis de la Sala

2.6.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo
actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.6.2. Desconocimiento del precedente judicial

En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover
la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de
las normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos
idénticos o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que
debe resolver el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del
principio de igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la
obligación de seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o
varias sentencias previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente
poderosas que impongan modificarlo.

Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese
a la existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias

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Demandante: Mireya Josefa Gómez Neira

de mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de
estudio. Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el
sentido de decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en
términos prácticos, no existe un precedente claro que lo vincule.

En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en
su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de
ello reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la
igualdad que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.6.3. Defecto fáctico

El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional14, tiene una
dimensión negativa y otra positiva.

La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los
hechos analizados por el juez»15, «o cuando sin razón valedera da por no probado el
hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente». 16 La
segunda, se acredita cuando el operador judicial « aprecia pruebas que no ha
debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»17.

Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.6.4. Caso concreto

Mireya Josefa Gómez Neira acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin
efectos la sentencia proferida el 27 de junio de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D que confirmó
la decisión de negar la sustitución de la asignación de retiro por no encontrar
acreditada la convivencia con el causante durante sus últimos 5 años de vida.

Lo anterior al considerar que la decisión judicial acusada incurrió en defecto
fáctico toda vez que se dejó de valorar los testimonios extrajuicio y el registro
fotográfico, que daban cuenta de la convivencia desde 1976, junto con los

14 Corte Constitucional. Sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de

2015, T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
15 Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
16 Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,

Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
17 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994.

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Demandante: Mireya Josefa Gómez Neira

últimos 5 años de vida de Otálora Merchán, con la cronología exacta en todas
las ubicaciones donde convivieron, por lo que no se trataba de la exclusión entre
uno y otro hogar, sino de la existencia real de simultaneidad entre ambos.

En desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado 18 frente a la
existencia de simultaneidad de convivencia entre la cónyuge y la compañera
permanente y el derecho a la sustitución pensional proporcional al tiempo de
convivencia con el fallecido. Asimismo, la jurisprudencia también permite excluir
legalmente de la convivencia que se debe acreditar, los días que el causante
estuvo hospitalizado.

Ahora bien, para la Sala es importante aclarar que, los mencionados defectos
serán estudiados en conjunto, toda vez que ambos van dirigidos a controvertir la
decisión de la autoridad judicial demandada respecto de negar la sustitución
pensional con fundamento en que no se demostró la convivencia en los últimos
cinco años de vida del causante, cuando esto si se acreditó.

Al respecto, para mayor claridad se recuerda el análisis probatorio efectuado por
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D a
efectos de negar el derecho pensional pretendido, así:

«[…] Como pruebas de dicha convivencia, se allegaron:

[…]

declaraciones extraprocesales rendidas por las siguientes personas: María Jeannette
Ojeda de Mariño, Zoraida Constanza Pardo, María del Pilar Scarpetta Gómez, Camilo
Eduardo Gómez Neira, Camila Andrea Scarpetta Gómez, María Fernanda Urrego
Gómez, Gabriel Fernando Constantino Andrés Gómez Valderrama, Rosalba Cristina
Gómez Neira, Rafael de Jesús Saldarriaga Linares ante notarios.

Los declarantes quienes son amigos, hermanos y sobrinas de la demandante
coinciden en afirmar, que el causante y la actora se conocieron, cuando ambos
trabajaban en el Club de la Fuerza Aérea, él como Director del club y ella como
Secretaria, lo cual ocurrió en el año 1977; que posteriormente iniciaron una relación
como novios y luego como compañeros permanentes, de la cual nació su hijo Juan
David Otálora Gómez; que el causante era el que se encargaba de los gastos del
hogar y del colegio y la universidad del hijo, y que la relación se prolongó hasta el
fallecimiento del causante.

De igual forma obra la declaración extrajuicio de Juan David Otálora Gómez, hijo de
la pareja, ya mencionado, en la cual afirmó, que el causante convivió con ellos todo
el tiempo hasta su fallecimiento y que ambos dependían económicamente de él.

Las declaraciones allegadas por la parte actora fueron rendidas de conformidad con
el Decreto No. 1557 de 1989, es decir, para fines extraprocesales, luego fueron
recibidas sin citación y asistencia de la parte contra la cual se aduce, no obstante,
requieren ser ratificadas en los eventos previstos en el artículo 222 del Código
General del Proceso, porque de lo contrario serán valoradas “otorgándoles el

18 Al respecto citó: i) Sección Segunda, sentencia 2010-00236/1974-2010 de febrero 12 de 2015,

C.P. Gerardo Arenas Monsalve; ii) Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de
noviembre de 2017. C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez

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Demandante: Mireya Josefa Gómez Neira

carácter de documentos declarativos de terceros”.

Ahora bien, se observa que la parte actora solicitó que se decretaran los testimonios
de las personas que declararon extrapoceso, por lo cual el Despacho sustanciador
en audiencia inicial los decretó, no obstante, en la audiencia de pruebas limitó el
número de testigos y solo recibió cuatro de los diez testimonios decretados a solicitud
de la demandante. Se advierte igualmente, que recibió cuatro testimonios de los
nueve decretados a solicitud de la vinculada (cónyuge) […]» [sic].

Pruebas respecto de las cuales, entre otras, concluyó:

«[…] De lo anterior se colige que las pruebas no indican que la demandante
efectivamente hubiera convivido con el occiso durante los últimos cinco años
anteriores al fallecimiento, porque, los testigos solicitados por la actora, aun cuando
manifestaron que existió convivencia hasta el fallecimiento del causante, no
precisaron aspectos sobre la convivencia en ese lapso de tiempo, sino de la época
en la que se conocieron y el nacimiento del hijo en común, pero no dejan ver el apoyo
mutuo y el factor volitivo de la pareja de mantener un hogar.

Además, como se indicó, de las fotografías allegadas por la actora se ve que existió
la relación sentimental, pero no dan cuenta que fuera hasta el deceso ocurrido el 17
de enero de 2016, y que se hubiera extendido a los cinco años anteriores, en tanto
las que abarcan este periodo solo reflejan la graduación de bachiller del hijo en
común y por el contrario, se colige es que la relación en sus últimos años de vida, se
limitó básicamente a la manutención del hijo en común.

Lo anterior guarda relación con las testimoniales solicitadas por la actora, quienes
dieron cuenta que el causante aportaba para los gastos de su hijo, como igualmente
lo corroboró él, quien aseveró que le pagaba sus estudios, sumado a que afirmó que
veía a su padre en fechas especiales como cumpleaños.

Además, no se infiere una convivencia de la demandante con el de cujus, sino que
se reunían para fechas importantes del hijo en común, como lo dejan ver los registros
fotográficos donde se ve al causante asistir a la primera comunión de su hijo Juan
David y posteriormente al grado de bachiller, resultando natural que él como padre
estuviera presente en esos eventos, sin embargo, no se advierte de esas fotografías
y de la valoración integral de las demás pruebas, la relación de pareja entre la
demandante y el cónyuge.

De igual forma resulta extraño que la actora, en su interrogatorio no hubiera dado
detalles de la relación, e incluso relatara que no le interesaba saber dónde estaría su
presunta pareja, cuando se iba por varios días de la casa, aun cuando manifestara
que era porque él trabajaba o estaba en la finca, extrañeza que también se refleja en
que teniendo conocimiento que el causante contaba con pensión, no la reclamara en
un tiempo cercano a su deceso, sino casi tres años después y que cuando se le
interrogó sobre ello, contestó simplemente indicando, que no se encontraba en
condiciones de atender esa situación, sin dar más detalles.

Tampoco demuestran las pruebas el apoyo y ayuda mutua, pues se reitera que los
testigos señalaron que el causante se encargaba de los gastos del hogar que incluida
los cuidados de su hijo, pero no manifestaron sobre la convivencia y apoyo de la
pareja, lo cual concuerda con lo manifestado por la actora, quien de manera genérica
afirmó que lo acompañó a alguna cita, pero no dio detalles de la enfermedad o
padecimiento que llevó al señor Otálora al Hospital Militar, donde falleció, o los
cuidados que pudo haber proporcionado en esos últimos años de vida u otros eventos
particulares que compartieran juntos.

En ese orden de ideas, de acuerdo con lo relatado por los testigos, los interrogatorios

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-07012-00
Demandante: Mireya Josefa Gómez Neira

de parte y demás pruebas documentales aportadas al plenario, considera la Sala que
no se cumplen los requisitos para que la demandante tenga derecho a la sustitución
pensional reclamada, pues no se acreditó la convivencia efectiva en los últimos cinco
años de vida del causante […]» [sic].

Como se observa, la autoridad judicial demandada, hizo un análisis explícito de
las declaraciones extraprocesales en cuestión y las fotográficas allegadas al
plenario, lo cual le permitió concluir que, en efecto, entre el causante y Mireya
Josefa Gómez Neira existió una relación amorosa, pues, fruto de ella tuvieron un
hijo en común, caso distinto es que no se lograra acreditar que la misma perduró,
y, mucho menos la convivencia respecto de los últimos cinco años de vida de
Fac Julio Otalora Merchán.

Ahora bien, la Sala entiende que el reproche principal de la demandante de
acuerdo con su decir, en el escrito de tutela, es que, de conformidad con las
declaraciones rendidas y las fotografías allegadas, se podía establecer que, en
efecto, existió una convivencia simultánea entre las dos familias, la cual perduró
hasta los últimos días de vida del causante.

Sin perjuicio de lo anterior, lo cierto es que dicho argumento tiene que ver con la
valoración imparcial realizada por el ad quem, más no porque se hayan dejado
de valorar las pruebas, argumento que se refuerza si se tiene en cuenta lo
dispuesto en el auto del 31 de octubre de 2024, mediante el cual resolvió la
solicitud de aclaración de la demandante, pues, según su sentir no existía
claridad si se tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas testimoniales a las que
hizo alusión en el recurso de apelación. Al respecto el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca precisó:

«[…] Como quedó plasmado en la providencia emitida por la Subsección, se
relacionaron las pruebas allegadas por la demandante, así como la valoración de la
prueba testimonial, incluidos los testimonios de los señores Rafael de Jesús
Saldarriaga Linares y Juan David Otálora y de la valoración en conjunto de las
pruebas se concluyó que entre la demandante y el causante existió una relación de
pareja desde 1976 y por lo menos hasta los primeros años de la infancia del hijo en
común, quien nació en 1994, como lo dejaban también varias de las fotografías
allegadas por la actora.

Así, se destaca que respecto al testigo Rafael de Jesús Saldarriaga Linares, se
señaló que el deponente dijo que fungió como copiloto del causante en aeronaves,
por casi dos años; que conoció al causante y a la demandante en 1966 y se enteró
que el Mayor Otálora estaba casado y tenía hijos, pero comenzó una relación con la
señora Mireya Gómez desde 1976, la cual se prolongó hasta el fallecimiento de él;
que la pareja vivió en varios municipios; que no compartió con la cónyuge, por lo cual
no se atrevía a decir nada sobre esa relación, aunque la conoció porque al Director
del Club de Oficiales se le asignaba una casa fiscal dentro de las dependencias del
Club de la Fuerza Aérea y la vio, sin embargo, si podía afirmar que el causante
llevaba relaciones paralelas; que luego del retiro, cuando se encontraban en
ceremonias o actividades de la Fuerza Aérea, él iba solo o en compañía de los hijos,
entre otras, afirmaciones.

[…]

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-07012-00
Demandante: Mireya Josefa Gómez Neira

En este orden de ideas se precisó, que aunque se allegaron varios registros
fotográficos donde aparece la demandante con el causante en compañía de su hijo,
no se tenía certeza en qué fecha fueron tomadas, en tanto las únicas que tenían
fecha son tres fotografías del año 2011, donde se ve al causante y a la actora, y que
del lapso que comprende los últimos años de vida del causante, solo aportaron esas
y s unas fotos de los años 2014 y 2015 que mostraban la graduación de bachiller del
entonces menor de edad, Juan David Otálora, hijo de la pareja, y una foto donde se
vía al causante en un vehículo, pero no se podía establecer quién la tomó o quién iba
con él en el carro, fotografías que en contexto con las demás pruebas no acreditaban
la convivencia.

Por lo tanto se concluyó que las documentales arrimadas al proceso por la
demandante y valorados en conjunto los testimonios recibidos, se podía evidenciar
que no se logró demostrar la convivencia efectiva durante los últimos cinco años
anteriores al fallecimiento del causante, ocurrida el 17 de enero de 2016, toda vez
que los testimonios solicitados por la actora dieron cuenta en detalle de los inicios de
la relación, sin embargo, de las declaraciones no se infiere que esta haya perdurado
hasta el deceso del causante, y en el interrogatorio de parte tampoco narró en detalle
aspectos de su relación con el causante, ni cómo fueron sus últimos años de vida
con él y si brindó o no apoyo moral o auxilio a su presunta pareja […]» [sic].

Respecto de lo anterior, la Sala observa que la demandante nunca ha estado
conforme con la valoración que se le ha dado al material probatorio recaudado
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual desvirtúa
la vulneración de los derechos fundamentales invocados, pues, es claro que se
han respetado las reglas de la sana critica, así como se ha hecho uso de las
normas y jurisprudencia aplicables al caso, estas son, las referentes a temas
como el orden de beneficiarios de pensiones por muerte, la convivencia
simultánea y los requisitos y beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, entre
otros.

En cuanto al desconocimiento del precedente alegado, se resalta que el tribunal
demandado acudió a pronunciamientos del Consejo de Estado 19 de cara a
establecer lo pertinente respecto al requisito de la convivencia para acceder a
una pensión de sobreviviente, sin perjuicio de que pueda existir o no
simultaneidad de aquel entre la cónyuge y compañera permanente; diferente es,
el análisis probatorio que haya que realizarse para establecer su configuración,
cuya conclusión dependerá de las particularidades de cada caso.

De acuerdo con lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca explicó
de forma clara y contundente por qué pese a que en años anteriores era posible
establecer una relación de pareja, ello no se logró respecto de los últimos cinco
años de vida del causante, por cuanto los testimonios analizados no relataron
hechos que así lo acreditaran, como la existencia de un apoyo mutuo entre una
pareja, además, de que la demandante tampoco dio detalles de la enfermedad
del causante, los cuidados que pudo haberle proporcionado u otras
particularidades que desvirtuaran el hecho de solo compartir en celebraciones
importantes de su hijo, como fue su graduación.

19 Consejo deEstado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 26 de julio de 2018.
Radicado 47001-23-33-000-2016-00099-01 (0042-17), M.P. Dr. William Hernández Gómez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-07012-00
Demandante: Mireya Josefa Gómez Neira

A juicio de la Sala, la autoridad judicial enjuiciada efectuó el estudio del caso en
concreto en el marco de la normativa aplicable al asunto, por lo que no observa
una valoración caprichosa o arbitraria en perjuicio de los intereses de la parte
demandante que pudiere configurar un desconocimiento del precedente o un
defecto fáctico, en contraste, en la sentencia enjuiciada y la providencia mediante
la cual se resolvió la solicitud de aclaración, se dio respuesta al reproche
formulado en el escrito de tutela en relación con la decisión de concluir que la
demandante no tenía el derecho pensional.

Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se
encontró probado.

En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la
medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por
lo que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera
instancia.

3. Conclusión

En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
de los derechos fundamentales invocados por Mireya Josefa Gómez Neira, en la
solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Dieciséis Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Mireya Josefa
Gómez Neira, en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Dieciséis
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, de conformidad con la parte
motiva de esta providencia.

Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-07012-00
Demandante: Mireya Josefa Gómez Neira

Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

LVLQ/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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