Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07012-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07012-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-07012-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
8 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-07012-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: MIREYA JOSEFA GÓMEZ NEIRA
TESIS: SE MODIFICA LA SENTENCIA IMPUGNADA QUE DENEGÓ EL
AMPARO SOLICITADO Y, EN SU LUGAR, SE DECLARA
IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LO PRETENDIDO POR LA ACTORA
ES QUE EL JUEZ DE TUTELA HAGA UN NUEVO EXAMEN INTEGRAL A
LAS PRUEBAS QUE FUERON ALLEGADAS AL PROCESO ORDINARIO,
ASÍ COMO DE CADA UNO DE LOS ARGUMENTOS QUE PROPUSO EN
ESTE, CON LA FINALIDAD DE QUE SE CORRIJA EL ANÁLISIS QUE
HIZO LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y SE ACOJA LA
INTERPRETACIÓN QUE PROPONE.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
IGUALDAD Y A LA SEGURIDAD SOCIAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la
sentencia de 12 de febrero de 2025, mediante la cual la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
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En adelante la Sección Segunda
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-07012-01
Actora: MIREYA JOSEFA GÓMEZ NEIRA
denegó la solicitud de amparo de la referencia.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La señora MIREYA JOSEFA GÓMEZ NEIRA, actuando a través de
apoderada judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el
artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la
seguridad social, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “D”- DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2 al haber proferido la
sentencia de 26 de septiembre de 2024, dentro del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número
único de radicación 11001-33-35-016-2019-00359-00/03.
I.2.- Hechos
Comentó que fue compañera permanente del señor JULIO
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En adelante el Tribunal
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Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-07012-01
Actora: MIREYA JOSEFA GÓMEZ NEIRA
OTÁLORA MERCHÁN desde el mes de junio de 1977 hasta la fecha
de su fallecimiento, esto es, el 17 de enero de 2016, fruto de cuya
relación nació su hijo, JUAN DAVID OTÁLORA GÓMEZ, el 2 de
noviembre de 1994.
Manifestó que conoció al causante en el año 1976, cuando aquel
ejercía como director general del Club de la FUERZA AÉREA, lugar
en el que laboraba como secretaria.
Explicó que, durante el tiempo de convivencia, residieron en diversos
inmuebles ubicados tanto en Bogotá como en los municipios de Tabio
y Cajicá y que, durante dicho período, tanto ella como su hijo
dependieron económicamente del causante.
Indicó que mediante Resolución núm. 2891 de 22 de abril de 2016,
la asignación de retiro del causante fue sustituida en un 50% a favor
de la señora JUDITH CECILIA CANO DE OTÁLORA en calidad de
cónyuge supérstite y el porcentaje restante fue reconocido a su hijo
JUAN DAVID OTÁLORA GÓMEZ.
Aseguró que, a raíz del fallecimiento del causante, en su calidad de
compañera permanente del señor OTÁLORA MERCHÁN, el 14 de
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noviembre de 2018 presentó solicitud de reconocimiento y pago de
la sustitución de la asignación de retiro y de los haberes dejados de
cobrar por el causante, petición que fue denegada mediante
resoluciones núms. 21350 de 3 de enero y 521 de 12 de febrero de
2019.
Manifestó que, inconforme con lo anterior, promovió medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - CAJA DE RETIRO DE
LAS FUERZAS MILITARES3 con la finalidad de discutir la legalidad
de la decisión en la que le fue negada la prestación y obtener el
reconocimiento de esta.
Adujo que la demanda fue identificada con el número único de
radicación 11001-33-35-016-2019-00359-00 y atribuida para su
trámite en primera instancia al JUZGADO DIECISÉIS
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ4 que,
mediante sentencia de 21 de noviembre de 2023, negó las
pretensiones de la demanda.
3
En adelante CREMIL
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En adelante el JUZGADO.
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Sostuvo que, en la medida que sus pretensiones fueron denegadas,
interpuso el recurso de apelación respectivo ante el TRIBUNAL que,
mediante sentencia de 26 de septiembre de 2024, confirmó la
decisión del a quo, al estimar que no había demostrado haber
convivido efectivamente con el causante durante los últimos 5 años
anteriores a su muerte.
Argumentó que, en su sentir, no existía claridad si se tuvo en cuenta
la totalidad de las pruebas testimoniales a las que hizo alusión en el
recurso de apelación, por lo cual presentó solicitud de aclaración que
fue denegada por el TRIBUNAL mediante providencia de 31 de
octubre de 2024.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Afirmó que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales, pues incurrió en defecto fáctico, toda vez que
omitió valorar las declaraciones extra juicio y el registro fotográfico
aportado, los cuales acreditaban la convivencia permanente con el
señor OTÁLORA MERCHÁN desde el año 1976, incluyendo los
últimos cinco años de su vida, con la correspondiente cronología de
las distintas residencias en las que compartieron y que dichos
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elementos probatorios demostraban la coexistencia real y simultánea
de ambos hogares.
Adujo que la autoridad judicial, además, estableció límites
temporales para el ejercicio del medio de control que no tienen
sustento en la ley ni en la jurisprudencia, al reprocharle el hecho de
haber reclamado la sustitución pensional tres años después del
fallecimiento del causante.
Indicó que la valoración probatoria desconoció las pruebas
testimoniales rendidas por ella y por su hijo, quienes explicaron que
la tardanza en la interposición del medio de control obedeció a un
cuadro de profunda depresión que atravesó tras la muerte de su
compañero permanente.
Sostuvo que, en el análisis probatorio, se configuró un trato desigual
entre las partes procesales, pues mientras a los testigos presentados
por la cónyuge supérstite se les otorgó plena credibilidad pese a la
ausencia de soporte probatorio de sus afirmaciones, en su caso y en
el de su hijo, las declaraciones fueron desestimadas sin justificación
razonable, afectando así los principios de igualdad y debido proceso.
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Agregó que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado,
en relación con la posibilidad de reconocer la coexistencia de
simultaneidad de dos vínculos de convivencia, -el de la cónyuge y el
de la compañera permanente-, así como el derecho de esta última a
acceder a la sustitución pensional en proporción al tiempo efectivo
de convivencia acreditado con el causante. Asimismo, señaló que la
jurisprudencia también permitió excluir legalmente del tiempo de
convivencia que se debe acreditar, los días que el causante estuvo
hospitalizado.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la actora pretende lo siguiente:
“[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO por INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA, AL
PRINCIPIO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y EQUIDAD, A LA
SEGURIDAD JURÍDICA y SEGURIDAD SOCIAL de mi
representada, conforme a los fundamentos de hecho y de
derecho expuestos.
2. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN “D” revoque la sentencia de segunda instancia del
26 de septiembre de 2024, notificada por estado el 2 de octubre
de 2024, con ponencia del Magistrado Dr. ISRAEL SOLER
PEDROZA, y el fallo que resolvió la aclaración de fecha 31 de
octubre de 2024, notificada por estado el 6 de noviembre de
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2024.
3. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN “D”, despacho del Magistrado Dr. ISRAEL SOLER
PEDROZA que profiera sentencia de Segunda Instancia dentro
del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con
radicado No. 11001333501620190035901, acatando los
derechos fundamentales de la accionante Mireya Gómez Neira,
al Debido Proceso por indebida valoración probatoria, al principio
de Igualdad, Justicia y Equidad, a la Seguridad Jurídica y
Seguridad Social.
4. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA- SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN “D”, despacho del Magistrado Dr. ISRAEL SOLER
PEDROZA que profiera sentencia de Segunda Instancia dentro
del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, con
radicado No. 11001333501620190035901, revocando la
proferida en primera instancia, por el JUZGADO DIECISEIS (16)
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
D.C- SECCIÓN SEGUNDA, el 21 de noviembre de 2023,
notificada el 22 de noviembre de 2023, en el proceso radicado
No. 11001333501620190035900.
5. En el auto admisorio de la Acción de Tutela, DECRETE la
medida provisional solicitada, mientras dura el trámite de la
presente acción constitucional en todas sus instancias, conforme
con lo expuesto […]”.
I.5.- Defensa
I.5.- El TRIBUNAL solicitó denegar el amparo constitucional
pretendido, al considerar que no se configuró vulneración de derecho
fundamental alguno, toda vez que las pruebas aportadas al proceso
-entre ellas los testimonios, las declaraciones extra juicio y los
registros fotográficos- sí fueron objeto de valoración y,
precisamente, a partir de su análisis, se concluyó que el causante y
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la demandante mantuvieron una relación desde el año 1976 hasta
los primeros años de vida de su hijo común, nacido en 1994.
Expuso que, en relación con las fotografías allegadas, no se obtuvo
plena certeza sobre las fechas en que fueron tomadas, puesto que
únicamente en tres de ellas fue posible establecer su
correspondencia temporal con el año 2011 y en otras se evidenció su
relación con eventos ocurridos en 2014 y 2015, particularmente, la
graduación de bachillerato de su hijo; sin embargo, de estas piezas
probatorias, así como de las declaraciones rendidas, no se
desprendió la permanencia ininterrumpida de la convivencia hasta el
fallecimiento del señor Otálora Merchán.
Indicó que, si bien durante el interrogatorio formulado a la actora se
le advirtió sobre lo inusual que resultaba que la solicitud de
sustitución pensional se hubiera presentado tres años después del
deceso del causante, también se destacó que en sus manifestaciones
no aportó detalles precisos acerca de la relación que sostuvo con él
en los últimos años de su vida, lo cual afectó la credibilidad de sus
afirmaciones.
I.5.2.- El JUZGADO realizó un recuento de la situación jurídico-
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procesal desarrollada en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, detallando las actuaciones surtidas en
cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.
Solicitó, en consecuencia, declarar improcedente la acción de tutela
o, en su defecto, denegar el amparo solicitado, al considerar que no
se configuró la vulneración de los derechos fundamentales invocados
por la parte demandante, dado que el trámite judicial se llevó a cabo
con estricta sujeción a las normas jurídicas aplicables.
I.5.3.- CREMIL solicitó declarar improcedente la solicitud de
amparo, en la medida en que no corresponde al juez de tutela revisar
ni cuestionar las actuaciones procesales adelantadas dentro de un
proceso ordinario.
Adujo que, además, no se configuró vulneración de derecho
fundamental alguno, toda vez que la parte demandante ha contado
con los medios judiciales idóneos para la defensa de sus intereses,
los cuales ha utilizado efectivamente, en garantía del debido proceso.
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II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 12 de febrero de 2025, luego de determinar
que la presente acción de tutela cumplía con los requisitos generales
de procedibilidad, la SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación
efectuó el estudio del fondo del asunto, para concluir que no había
lugar a conceder el amparo pretendido.
Para tal efecto, indicó que el TRIBUNAL sustentó la decisión en un
análisis integral del material probatorio aportado al proceso, del cual
estableció que no se cumplían los requisitos para que la demandante
tuviera derecho a la sustitución pensional reclamada, pues no
acreditó la convivencia efectiva en los últimos cinco años de vida del
causante.
Sostuvo que el TRIBUNAL no excluyó de su análisis las
declaraciones aludidas por la actora, sino que, por el contrario,
analizó detalladamente el contenido de las mismas para concluir que
tales testimonios no permitían establecer con claridad la existencia
del tiempo de convivencia exigido legalmente para acceder al
reconocimiento de la sustitución pensional solicitada.
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Explicó que el TRIBUNAL efectuó la valoración de las pruebas bajo
las reglas de la sana crítica y a la luz de las pautas jurisprudenciales
vigentes para el momento en que fue proferida la sentencia
cuestionada, lo que le permitía colegir que el reproche que plantea
la accionante tiene origen en que “[…] nunca ha estado conforme con
la valoración que se le ha dado al material probatorio recaudado
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual
desvirtúa la vulneración de los derechos fundamentales invocados
[…]”.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia,
manifestando que el a quo no resolvió de manera adecuada los
planteamientos constitucionales invocados, ni garantizó la protección
efectiva de sus derechos fundamentales.
Insistió en que el TRIBUNAL efectuó una valoración probatoria
indebida, al restar importancia a los testimonios y documentos
allegados por la parte demandante, mientras se otorgó credibilidad
sin respaldo probatorio a las afirmaciones hechas por los testigos
promovidos por la cónyuge del causante, generando un evidente
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trato desigual y una vulneración al principio de imparcialidad judicial.
Indicó que el juez de tutela desestimó de forma errónea la existencia
de prueba suficiente, conducente y pertinente que demostraba la
convivencia efectiva, la ayuda mutua, el acompañamiento en la
enfermedad y la dependencia económica con el causante, por lo que
se configura una vulneración al derecho fundamental al debido
proceso.
Aseveró que, contrario a lo señalado en la decisión impugnada, el
acervo probatorio demostraba una cronología precisa de convivencia
en distintos lugares, confirmada de manera uniforme por varios
testigos y soportada en registros fotográficos, lo que evidencia una
convivencia simultánea que debió ser reconocida para efectos del
reconocimiento del derecho a la sustitución pensional.
Reiteró la indebida prevalencia otorgada a testimonios de la familia
Otálora Cano -en particular, de subalternos o personas cercanas a
esa familia-, cuyos dichos no fueron corroborados con pruebas
independientes, vulnerándose así los principios de imparcialidad y de
valoración razonada de la prueba.
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Afirmó que en la sentencia T-278 de 2013, la Corte Constitucional
señaló que tanto el cónyuge como el compañero permanente
merecen igual protección constitucional en materia de pensiones de
sobrevivientes, prohibiéndose cualquier discriminación entre ellos.
Señaló que, la jurisprudencia ha sostenido que, en casos de
convivencia simultánea entre cónyuge y compañera permanente,
ambos tienen derecho a la pensión en proporción al tiempo de
convivencia, criterio que no fue aplicado correctamente por los
despachos accionados, ni por el juez de tutela.
Reiteró que la acción de tutela no busca erigirse en una tercera
instancia, sino corregir las violaciones flagrantes a derechos
fundamentales derivadas de una indebida valoración probatoria y del
desconocimiento de precedentes judiciales obligatorios.
Solicitó finalmente revocar el fallo de tutela de primera instancia y,
en su lugar, amparar sus derechos fundamentales de conformidad
con el material probatorio aportado.
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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
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observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.
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b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber
del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración [6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada
en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave
lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos
de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de
lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a
la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y
que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
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sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala
respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
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Actora: MIREYA JOSEFA GÓMEZ NEIRA
En el presente caso, la actora pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 26 de septiembre de 2024, mediante la cual, en
segunda instancia, el TRIBUNAL confirmó la decisión de denegar
sus pretensiones tendientes a que se le reconociera la sustitución de
la asignación de retiro, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 11001-33-35-016-2019-00359-00/03.
La controversia tiene origen en el derecho a la sustitución pensional
que surgió con el fallecimiento del señor JULIO OTÁLORA
MERCHÁN, quien era su compañero permanente, pero estaba
casado con la señora JUDITH CECILIA CANO DE OTÁLORA,
conviviendo de forma simultánea con ambas; no obstante, le
negaron la sustitución de la asignación de retiro por no acreditar la
convivencia con el causante durante los últimos cinco años de vida.
El disenso de la actora radica en el hecho de que, en su sentir, el
TRIBUNAL incurrió en el defecto fáctico por haber dejado de valorar
las declaraciones que evidenciaban que también conformó una unión
marital de hecho con el causante, de forma simultánea al vínculo que
sostenía aquel con su cónyuge.
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Además, la actora reprochó que dicha autoridad incurrió en defecto
fáctico, toda vez que dejó de valorar los testimonios extrajuicio y el
registro fotográfico aportado que daban cuenta de la convivencia
desde 1976 y que se extendió hasta los últimos cinco años de vida
del señor OTÁLORA MERCHÁN, con la cronología exacta en todas
las ubicaciones donde convivieron, por lo que no se trataba de la
exclusión entre uno y otro hogar, sino de la existencia real de
simultaneidad entre ambos.
Igualmente, sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial del Consejo de Estado5
conforme al cual resulta admisible reconocer la existencia de
convivencia simultánea entre la cónyuge y la compañera permanente
y, en consecuencia, otorgar el derecho a la sustitución pensional en
proporción al tiempo efectivo de convivencia con el causante.
Adujo que, adicionalmente, la jurisprudencia ha admitido que para
efectos de acreditar la convivencia exigida legalmente, deben
excluirse aquellos períodos en los cuales el causante estuvo
5
Al respecto citó: i) Sección Segunda, sentencia 2010-00236/1974-2010 de febrero 12 de 2015, C.P.
Gerardo Arenas Monsalve; ii) Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 9 de noviembre de 2017.
C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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hospitalizado, puesto que tales ausencias no afectan la continuidad
de la relación, ni interrumpen el vínculo afectivo y de apoyo mutuo
entre los compañeros permanentes.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN SEGUNDA de esta Corporación que denegó la solicitud de
amparo, al estimar que el TRIBUNAL valoró todas las pruebas
obrantes en el plenario y, en particular, porque sus conclusiones eran
razonables.
En la impugnación la actora manifestó que el a quo no se refirió a
todos los defectos que alegó en el escrito introductorio y, en síntesis,
iteró los argumentos iniciales.
Asimismo, reiteró que se otorgó credibilidad sin sustento probatorio
a los testigos de la cónyuge supérstite y se cuestionó que se
desestimaran las razones personales que justificaban la tardanza en
presentar la reclamación pensional y reprochó que el fallo de primera
instancia omitiera pronunciarse sobre la afectación a sus derechos
fundamentales y, en consecuencia, debía ser revocado.
Por lo anterior, la Sala debe estudiar si el caso cumple con los
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presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL
vulneró los derechos deprecados e incurrió en las irregularidades
indicadas por la actora, al haber proferido la sentencia de 26 de
septiembre de 2024, aquí cuestionada.
Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en
especial, el requisito de la relevancia constitucional.
De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando
la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una
cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta
expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción
de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una
tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios
de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede
encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario
que se ponga de presente el desconocimiento de garantías
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esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal
que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos
constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser
examinadas en sede de tutela».7
Acerca de la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la
Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014, sostuvo:
“[…] Relevancia constitucional
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”
[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
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La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
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la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]
Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).
Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU- 215 de 2022,
precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las
siguientes:
“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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legal […]”. (Destacado fuera de texto)
En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de
validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
circunstancia que excluye su formulación para la discusión de
asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia
judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de
tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia
constitucional debía analizarse:
“[…] (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]” (Destacado fuera de texto).
En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene
como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente
económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
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instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones
judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez
ordinario.
Ahora bien, la Sala observa que en la sentencia de 26 de septiembre
de 2024 el TRIBUNAL hizo un análisis jurídico y fáctico del caso
propuesto por la actora, para concluir que debía confirmar en su
totalidad la decisión mediante la cual el JUZGADO denegó las
pretensiones, así:
“[…] Bajo ese contexto se analizará si existió la convivencia
entre la demandante en calidad de compañera permanente y el
causante, durante los últimos cinco años de vida del Oficial.
Como pruebas de dicha convivencia, se allegaron:
• Copia de la cedula de ciudadanía del causante y de la actora19.
• Copia del Registro civil de defunción del causante20 y copia del
registro civil de nacimiento de Juan David Otálora Gómez, en el
que se observa que el causante y la demandante son sus
padres21.
-Copia de una certificación expedida por el Colegio Cumbres
Bogotá, en la cual se certificó que el causante realizó los pagos
educativos del alumno Juan David Otálora Gómez desde el año
2001 hasta el 2014, con excepción del año 2012-201322.
• Certificado de Tradición de la Matricula Inmobiliaria N° 50N-
187771 del inmueble ubicado en la Transversal 58 # 104-38 TE
19 Manzana E ubicado en el barrio Pontevedra de la ciudad de
Bogotá, del que se evidencia que el señor Otálora Merchán y la
demandante fueron copropietarios, entre el 19 de mayo de 1986
y el 21 de diciembre de 199223.
• Fotografías, en las que se observa a la demandante y al
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causante celebrando la primera comunión y graduación de
bachiller del hijo en común y otros eventos. Asimismo, se
observan 2 fotografías tomadas en el año 2011, donde figuran
la demandante y el causante24.
Asimismo, se allegaron declaraciones extraprocesales rendidas
por las siguientes personas: María Jeannette Ojeda de Mariño,
Zoraida Constanza Pardo, María del Pilar Scarpetta Gómez,
Camilo Eduardo Gómez Neira, Camila Andrea Scarpetta Gómez,
María Fernanda Urrego Gómez, Gabriel Fernando Constantino
Andrés Gómez Valderrama, Rosalba Cristina Gómez Neira,
Rafael de Jesús Saldarriaga Linares ante notarios25.
Los declarantes quienes son amigos, hermanos y sobrinas de la
demandante coinciden en afirmar, que el causante y la actora se
conocieron, cuando ambos trabajaban en el Club de la Fuerza
Aérea, él como Director del club y ella como Secretaria, lo cual
ocurrió en el año 1977; que posteriormente iniciaron una
relación como novios y luego como compañeros permanentes,
de la cual nació su hijo Juan David Otálora Gómez; que el
causante era el que se encargaba de los gastos del hogar y del
colegio y la universidad del hijo, y que la relación se prolongó
hasta el fallecimiento del causante.
De igual forma obra la declaración extrajuicio de Juan David
Otálora Gómez, hijo de la pareja, ya mencionado, en la cual
afirmó, que el causante convivió con ellos todo el tiempo hasta
su fallecimiento y que ambos dependían económicamente de
él26.
Las declaraciones allegadas por la parte actora fueron rendidas
de conformidad con el Decreto No. 1557 de 1989, es decir, para
fines extraprocesales, luego fueron recibidas sin citación y
asistencia de la parte contra la cual se aduce, no obstante,
requieren ser ratificadas en los eventos previstos en el artículo
222 del Código General del Proceso, porque de lo contrario serán
valoradas “otorgándoles el carácter de documentos declarativos
de terceros”
Ahora bien, se observa que la parte actora solicitó que se
decretaran los testimonios de las personas que declararon
extrapoceso, por lo cual el Despacho sustanciador en audiencia
inicial los decretó, no obstante, en la audiencia de pruebas limitó
el número de testigos y solo recibió cuatro de los diez
testimonios decretados a solicitud de la demandante. Se
advierte igualmente, que recibió cuatro testimonios de los nueve
decretados a solicitud de la vinculada (cónyuge).
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[…]
En efecto, de lo narrado por los testigos mencionados y lo
expuesto en sus respectivas declaraciones, se colige que entre
el demandante y la causante existió una relación de pareja desde
1976 y por lo menos hasta los primeros años de la infancia del
hijo en común, quien nació en 1994, como lo dejan ver varias
de las fotografías allegadas por la demandante, donde se puede
ver un paseo familiar en el año 1998, fecha señalada por la
propia actora, quien relacionó varias fotografías por años, pese
a que la mayoría no contiene fechas, como se extrae de la
subcarpeta “Fotos” de la carpeta “A CarpetaPruebasDte”.
En este punto, coincide la Sala con el A quo, que si bien es cierto
se allegaron varios registros fotográficos donde aparece la
demandante con el causante en compañía de su hijo, no se tiene
certeza en qué fecha fueron tomadas, en tanto las únicas que
tienen fecha son tres fotografías del año 2011, donde se ve al
causante y a la actora.
[…]
Además, se destaca, que entre el año 2006 y 2011, no reposa
fotografía alguna y que luego se registran fotos de los años 2014
y 2015 que muestran la graduación de bachiller del entonces
menor de edad, Juan David Otálora, hijo de la pareja, y una foto
donde se ve al causante en un vehículo, pero no se puede
establecer quién la tomó o quién iba con él en el carro.
Ahora bien, de las documentales arrimadas al proceso por la
demandante y valorados en conjunto los testimonios recibidos,
se puede evidenciar que no se logra demostrar la convivencia
efectiva durante los últimos cinco años anteriores al
fallecimiento del causante, ocurrida el 17 de enero de 2016, toda
vez que los testimonios solicitados por la actora dan cuenta en
detalle de los inicios de la relación, sin embargo, de las
declaraciones no se infiere que esta haya perdurado hasta el
deceso del causante.
[…]
Coinciden los testimonios de los señores Rafel Saldarriaga y
María Ojeda, en que el causante era quien proveía los gastos del
hogar y con la manutención del hijo, en tanto pagaba sus
estudios, no obstante, no dan detalles de dicha presunta relación
entre la actora y el causante, solo de manera genérica afirman
que la convivencia se dio hasta la muerte, pero no indican
circunstancias de modo, tiempo y lugar, más allá de afirmar que
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vivieron en diferentes barrios de Bogotá y otros municipios.
Si bien es cierto algunos de los testigos afirmaron que la pareja
vivió en el barrio Pontevedra, como lo sostuvo el señor Juan
Bernardo Infante, quien fue plomero de la demandante y conoció
varios lugares de residencia, entre ellos, el mencionado y que
obra Certificado de Tradición de la Matricula de ese inmueble
donde figuraban como propietarios el causante y la demandante
entre 1986 y 1992, lo cierto es que de tales circunstancias se
puede inferir una relación de la pareja por esa época, pero no
circunstancias de la convivencia por lo menos en los últimos
cinco años anteriores al deceso del causante.
[…]
Es cierto que la demandante y su hijo manifestaron que el
causante era amoroso con ella y que la convivencia fue hasta el
fallecimiento del causante, sin embargo, de sus relatos lo que se
colige es que él proveía los gastos del hogar y le pagaba los
estudios a su hijo, pero no precisan detalles de la mencionada
convivencia, incluso expresaron que no compartían en época de
navidad o año nuevo.
Tampoco relató la actora en detalle sobre las enfermedades del
causante y de su fallecimiento, solo que falleció en el Hospital
Militar y no supo quien corrió con los gastos funerarios.
[…]
Se advierte de las fotografías allegadas por la cónyuge, que
algunas tienen fecha de cuando fueron tomadas (1999, 2002.
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 y 2013) y otras no,
sin embargo, de algunas se destaca que son de los últimos años
de vida del causante, en tanto tiene bastante parecido la
apariencia física de esas fotografías con la foto del pasaporte y
visas estadounidenses que fueron expedidos en el año 2014. De
las mencionadas fotos se sigue que el causante estuvo
compartiendo con su cónyuge y otros familiares en celebración
de fin de año y viaje a Canadá y otro país.
[…]
Además, como se indicó, de las fotografías allegadas por la
actora se ve que existió la relación sentimental, pero no dan
cuenta que fuera hasta el deceso ocurrido el 17 de enero de
2016, y que se hubiera extendido a los cinco años anteriores, en
tanto las que abarcan este periodo solo reflejan la graduación de
bachiller del hijo en común y, por el contrario, se colige es que
la relación en sus últimos años de vida se limitó básicamente a
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la manutención del hijo en común.
Lo anterior guarda relación con las testimoniales solicitadas por
la actora, quienes dieron cuenta que el causante aportaba para
los gastos de su hijo, como igualmente lo corroboró él, quien
aseveró que le pagaba sus estudios, sumado a que afirmó que
veía a su padre en fechas especiales como cumpleaños
Además, no se infiere una convivencia de la demandante con el
de cujus, sino que se reunían para fechas importantes del hijo
en común, como lo dejan ver los registros fotográficos donde se
ve al causante asistir a la primera comunión de su hijo Juan
David y posteriormente al grado de bachiller, resultando natural
que él como padre estuviera presente en esos eventos, sin
embargo, no se advierte de esas fotografías y de la valoración
integral de las demás pruebas, la relación de pareja entre la
demandante y el cónyuge.
[…]
Tampoco demuestran las pruebas el apoyo y ayuda mutua, pues
se reitera que los testigos señalaron que el causante se
encargaba de los gastos del hogar que incluida los cuidados de
su hijo, pero no manifestaron sobre la convivencia y apoyo de la
pareja, lo cual concuerda con lo manifestado por la actora, quien
de manera genérica afirmó que lo acompañó a alguna cita, pero
no dio detalles de la enfermedad o padecimiento que llevó al
señor Otálora al Hospital Militar, donde falleció, o los cuidados
que pudo haber proporcionado en esos últimos años de vida u
otros eventos particulares que compartieran juntos […]”.
Asimismo, la Sala advierte que la actora solicitó la aclaración y/o
adición de la sentencia proferida por el TRIBUNAL, toda vez que, a
su juicio, no existía claridad si dicha autoridad judicial tuvo en cuenta
la totalidad de las pruebas testimoniales a que se hizo alusión en el
recurso de apelación, pues en el fallo se indicó que no se encontró
acreditada la convivencia simultanea de aquella con el causante.
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Actora: MIREYA JOSEFA GÓMEZ NEIRA
Dicha solicitud fue resuelta mediante providencia de 31 de octubre
de 2024, así:
[…]
II. SOLICITUD DE ACLARACIÓN2
La apoderada de la parte actora solicita que se aclare y/o
adicione la sentencia, toda vez que no existe claridad si la
subsección tuvo en cuenta la totalidad de las pruebas
testimoniales a que se hizo alusión en el recurso de apelación.
Lo anterior, por cuanto surge duda de las argumentaciones
realizadas en el fallo, cuando indica que no se encuentra
acreditada la convivencia simultanea entre la demandante y el
causante hasta su fallecimiento, pero sí reconoce la convivencia
con la cónyuge.
Señaló que, de las pruebas documentales y testimoniales
allegadas por la demandante, se puede deducir con claridad las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, respecto de la
convivencia y el apoyo mutuo entre el causante y la
demandante, incluso hasta el 17 de enero del 2016, fecha de la
muerte y que causa duda y confusión que a pesar de la
existencia de suficientes elementos de juicio se haya indicado
que no se encuentra acreditada la convivencia en los últimos
cinco años.
Agregó, que los testimonios no se encuentran valorados en su
integridad, como es el caso del señor Rafael de Jesús Saldarriaga
Linares, quien es Oficial retirado de la Fuerza Aérea Colombiana
y fue copiloto del causante y dio cuenta que conoció a la pareja,
y adicionalmente, de la convivencia hasta la muerte del
causante; y el del señor Juan David Otálora, hijo de la pareja,
quien también narró sobre la convivencia, y que existe duda si
fueron o no valorados. Sostuvo igualmente, que en el fallo objeto
de aclaración, se tuvo en cuenta el registro fotográfico allegado
por la cónyuge, pero se desconoció el allegado por la
demandante, como son las fotos de fecha 2011, donde figuran
el causante y la actora, puesto que si se tiene en cuenta la fecha
del deceso (17 de enero de 2016), corresponden al lapso de los
últimos cinco años.
Por lo anterior expresó, que es necesaria la aclaración “con la
finalidad de establecer con claridad y precisión las circunstancias
de tiempo, modo, y lugar que realmente se desprende de las
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pruebas allegadas por mi mandante en este proceso, y así
solicitó respetuosamente sea declarado”.
[…]
2. Al revisar el expediente, se evidencia que la Sala mediante
sentencia de 26 de septiembre de 20244 , confirmó el fallo que
negó pretensiones encaminadas a obtener la sustitución de la
pensión que en vida devengaba el señor Julio Otálora Merchán,
solicitada por la demandante en calidad de compañera
permanente, toda vez que se concluyó que de acuerdo con lo
relatado por los testigos, los interrogatorios de parte y demás
pruebas documentales aportadas al plenario, se consideró que
no se cumplían los requisitos para que la demandante tuviera
derecho a la sustitución pensional reclamada, pues no acreditó
la convivencia efectiva en los últimos cinco años de vida del
causante.
Como quedó plasmado en la providencia emitida por la
Subsección, se relacionaron las pruebas allegadas por la
demandante, así como la valoración de la prueba testimonial,
incluidos los testimonios de los señores Rafael de Jesús
Saldarriaga Linares y Juan David Otálora y de la valoración en
conjunto de las pruebas se concluyó que entre la demandante y
el causante existió una relación de pareja desde 1976 y por lo
menos hasta los primeros años de la infancia del hijo en común,
quien nació en 1994, como lo dejaban también varias de las
fotografías allegadas por la actora.
Así, se destaca que respecto al testigo Rafael de Jesús
Saldarriaga Linares, se señaló que el deponente dijo que fungió
como copiloto del causante en aeronaves, por casi dos años; que
conoció al causante y a la demandante en 1966 y se enteró que
el Mayor Otálora estaba casado y tenía hijos, pero comenzó una
relación con la señora Mireya Gómez desde 1976, la cual se
prolongó hasta el fallecimiento de él; que la pareja vivió en
varios municipios; que no compartió con la cónyuge, por lo cual
no se atrevía a decir nada sobre esa relación, aunque la conoció
porque al Director del Club de Oficiales se le asignaba una casa
fiscal dentro de las dependencias del Club de la Fuerza Aérea y
la vio, sin embargo, si podía afirmar que el causante llevaba
relaciones paralelas; que luego del retiro, cuando se
encontraban en ceremonias o actividades de la Fuerza Aérea, él
iba solo o en compañía de los hijos, entre otras, afirmaciones.
[…]
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De igual forma sucede con el testimonio del señor Juan David
Otálora Gómez hijo del causante y la demandante, quien
manifestó que su progenitor era quien se encargaba de los
gastos del hogar porque su mamá no tenía la solvencia
económica, y fue quien le pagó la universidad hasta el tercer
semestre luego de lo cual la continuó pagando con lo que
ahorraba de la pensión de su papá; que a los 16 años se enteró
que su papá tenía otra familia, pero que dos de sus hermanos
los conoció cuando su papá entro a la UCI, a los demás y a la
señora Judith en el entierro; que su papá iba constantemente a
la finca que tenía, y luego compartía 4 o 5 días con él y su mamá;
que la relación de sus papás era cariñosa. Sostuvo que en su
casa era lo que dijera su papá y por eso no compartían en
navidad o año nuevo, porque él decía me voy y ya, entre otras
aseveraciones.
El mencionado testimonio también fue valorado en contexto con
las otras pruebas, incluidas las fotografías aportadas por la
actora, pruebas respecto de las cuales se señaló lo siguiente:
[…]
En este orden de ideas se precisó, que aunque se allegaron
varios registros fotográficos donde aparece la demandante con
el causante en compañía de su hijo, no se tenía certeza en qué
fecha fueron tomadas, en tanto las únicas que tenían fecha son
tres fotografías del año 2011, donde se ve al causante y a la
actora, y que del lapso que comprende los últimos años de vida
del causante, solo aportaron esas y s unas fotos de los años
2014 y 2015 que mostraban la graduación de bachiller del
entonces menor de edad, Juan David Otálora, hijo de la pareja,
y una foto donde se vía al causante en un vehículo, pero no se
podía establecer quién la tomó o quién iba con él en el carro,
fotografías que en contexto con las demás pruebas no
acreditaban la convivencia.
Por lo tanto se concluyó que las documentales arrimadas al
proceso por la demandante y valorados en conjunto los
testimonios recibidos, se podía evidenciar que no se logró
demostrar la convivencia efectiva durante los últimos cinco años
anteriores al fallecimiento del causante, ocurrida el 17 de enero
de 2016, toda vez que los testimonios solicitados por la actora
dieron cuenta en detalle de los inicios de la relación, sin
embargo, de las declaraciones no se infiere que esta haya
perdurado hasta el deceso del causante, y en el interrogatorio
de parte tampoco narró en detalle aspectos de su relación con
el causante, ni cómo fueron sus últimos años de vida con él y si
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brindó o no apoyo moral o auxilio a su presunta pareja.
Asimismo, se valoró material probatorio allegado por la cónyuge,
partiendo de la base que esta convivencia no fue cuestionada
por la actora, al contrario, la aceptó, sin embargo, su valoración
se enfocó en establecer que si existió la convivencia simultánea
que reclamaba la actora, la cual no fue acreditada.
Teniendo lo anterior, y que los argumentos expuestos por la
parte actora constituyen más un reproche a la decisión emitida
en segunda instancia y que su propósito es que se revise
nuevamente el material probatorio analizado, es claro que lo
alegado no se enmarca en los supuestos del artículo 285 del CGP
[…]”.
De las transcripciones en cita la Sala advierte que el TRIBUNAL sí
analizó los medios de prueba obrantes en el expediente, para concluir
que la actora no logró acreditar la convivencia efectiva con el
causante durante los últimos cinco años previos a su fallecimiento,
ocurrido el 17 de enero de 2016, comoquiera que los testimonios
aportados por aquella describieron con detalle los inicios de la
relación, pero del contenido de los mismos no se infería con claridad
que dicha convivencia se hubiese mantenido hasta la fecha del
deceso.
En efecto, se observa que las pruebas testimoniales fueron valoradas
de manera integral junto con los demás elementos probatorios
allegados por la actora, incluidas las fotografías que esta misma
aportó y que alega fueron desestimadas; no obstante, de dicha
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valoración conjunta del acervo probatorio, la autoridad judicial
accionada concluyó que ciertamente si existió una relación de pareja
entre la demandante y el causante y que la misma habría iniciado en
el año 1976 y se mantuvo, por lo menos, hasta los primeros años de
vida del hijo en común, nacido en 1994, conclusión que fue
respaldada también por algunas de las fotografías allegadas por la
demandante, que daban cuenta de momentos compartidos durante
ese período inicial de la convivencia.
Sin perjuicio de lo anterior, la accionada también estableció que no
se logró acreditar la convivencia efectiva entre la demandante y el
causante durante los últimos cinco años anteriores a su fallecimiento,
que tuvo lugar el 17 de enero de 2016, precisando que aunque los
testimonios aportados por la actora ofrecieron una descripción
detallada del inicio de la relación, de los mismos no se desprendió
evidencia suficiente que permitiera concluir que dicha convivencia
perduró hasta el deceso del causante.
Aunado a lo anterior, aclaró que habían sido aportados unos registros
fotográficos en los que aparecía la demandante junto al causante y
al hijo en común; no obstante, de los mismos no era posible
establecer que existiera una relación de pareja en el período
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correspondiente a los últimos años de vida de aquel.
Lo anterior, teniendo en cuenta que las únicas fotografías allegadas
correspondientes a los años 2014 y 2015 estaban relacionadas con
la ceremonia de graduación de bachillerato del hijo en común, JUAN
DAVID OTÁLORA, lo cual permitía evidenciar el compromiso del
causante como padre presente y responsable en momentos
significativos de la vida del menor, más no acreditaban la existencia
de convivencia entre los padres, ni permitían inferir que la relación
de pareja hubiese permanecido de forma ininterrumpida hasta el
fallecimiento del señor OTÁLORA MERCHÁN.
Además, señaló que, en el interrogatorio de parte, la accionante no
suministró información precisa sobre los aspectos cotidianos y
relevantes de su relación con el causante en los últimos años de vida,
ni explicó si existió entre ellos acompañamiento moral, apoyo
emocional o auxilio mutuo propios de una relación de pareja estable
y permanente.
Por lo anterior, la accionada concluyó que, una vez fueron valorados
en conjunto los medios de prueba, los mismos no acreditaban de
manera suficiente la convivencia permanente y efectiva entre la
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actora y el causante durante los cinco años inmediatamente
anteriores a su fallecimiento.
Ahora bien, el precedente jurisprudencial, que la actora invocó en su
escrito introductorio como desconocido, referente al reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes en casos de convivencia simultánea
entre cónyuge y compañera permanente -bajo el criterio de
proporcionalidad en el tiempo de convivencia-, no resultaba aplicable
al caso concreto, comoquiera que los supuestos fácticos que lo
sustentan difieren sustancialmente del presente asunto, en tanto que
en este no se acreditaron las condiciones exigidas por la ley y la
jurisprudencia para el reconocimiento del derecho, particularmente,
la convivencia efectiva y permanente con el causante durante los
cinco años anteriores a su fallecimiento, requisito esencial para
acceder a la sustitución pensional reclamada.
Lo anterior significa que lo pretendido por la actora es que el juez de
tutela haga un nuevo examen integral a las pruebas que fueron
allegadas al proceso ordinario, así como de cada uno de los
argumentos que propuso en este, con la finalidad de que se corrija
el análisis que hicieron las autoridades judiciales accionadas y se
acoja la interpretación que propone.
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Lo anterior pone de manifiesto que el TRIBUNAL fundamentó sus
decisiones de forma admisible y razonable y, en particular, que lo
pretendido por la actora con la presente acción de tutela es
cuestionar esas determinaciones como si este mecanismo se tratase
de un recurso o instancia adicional al proceso ordinario sin que, en
todo caso, se vislumbre que la autoridad accionada pudo haber
actuado de forma abiertamente arbitraria o desbordado los límites
del principio de la autonomía judicial.
La Sala reitera que la tutela contra providencias judiciales implica un
juicio de validez, más no un juicio de corrección del fallo cuestionado,
lo que excluye el estudio de situaciones como las planteadas por la
actora, al no advertirse una actuación arbitraria por parte de la
autoridad accionada.
En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión
que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,
sino una divergencia dirigida a cuestionar unas decisiones judiciales
como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia
adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma
admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no
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puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de
tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso
invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.
En consecuencia, la Sala modificará la decisión de primer grado que
denegó el amparo constitucional de la referencia y, en su lugar,
declarará improcedente la presente acción de tutela por carencia del
requisito general de la relevancia constitucional, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la decisión de primera instancia que
denegó la solicitud de amparo constitucional de la referencia y, en su
lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE por falta del requisito general
de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta sentencia.
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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 8 de mayo de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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