Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07013-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07013-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-07013-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
13 de febrero de 2025
Demandantes: Magda Viviana Garrido Pinzón y otros
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07013-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07013-00
Demandantes: MAGDA VIVIANA GARRIDO PINZÓN Y OTROS
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE
ARAUCA (UESA)
TEMA: Tutela de fondo. Derecho fundamental de petición. Acción de
tutela para obtener el pago de una sentencia judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por la señora Magda
Viviana Garrido Pinzón y otros, contra la Unidad Administrativa Especial de Salud
de Arauca (UESA), de conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena
de esta Corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud
Los señores Magda Viviana Garrido Pinzón, Phanor Francisco Parada, Dwyver
Carolina Medina Wilches, Elkin Mario Anchicoque Calderón, Nancy Eneida
Camacho Laica, Marilyn Alzate Garrido, Ana María Sepúlveda Mendivelso, José
Armando Franco Parales, Myriam Acevedo Jauregui, Abel Antonio Hernández
Benítez, Obdulia Paz Mosquera, Esther Cristina Sepúlveda Mendivelso, Ciro
Alfonso Vargas Mijares, Jorge Antonio Gómez García, Carlos Alfredo Barrios Ardila
y Dreyza Martínez Guadasmo, a través de apoderado judicial, presentaron acción
de tutela1 contra la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA), con
el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad, de petición, al
debido proceso, a la dignidad humana, al trabajo, al mínimo vital, a la vida en
condiciones dignas y de acceso a la administración de justicia.
Las referidas garantías constitucionales las estimaron vulneradas con ocasión de la
omisión de la autoridad accionada en cumplir con las órdenes de pago dictadas en
los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho que presentaron los actores
en contra de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA).
1 Mediante escrito asignado por reparto el 18 de diciembre de 2024 al Juzgado Cuarto Penal
Municipal con Funciones Mixtas de Arauca; autoridad judicial que mediante auto de la misma fecha
ordenó la remisión del expediente al Consejo de Estado, en atención a lo previsto en los numerales
5° y 11° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del decreto
333 de 2021.
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Demandantes: Magda Viviana Garrido Pinzón y otros
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA)
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Así mismo, consideraron vulnerados sus derechos constitucionales ante la ausencia
de respuesta de fondo a las peticiones que han elevado con el fin de conocer las
razones por las cuales no se han gestionado los recursos para el pago de las
sentencias.
1.2. Pretensiones
La parte actora pidió lo siguiente:
1.- Que se protejan constitucionalmente los derechos fundamentales anteriormente
relacionados en favor de los Tutelantes, con ocasión del no pago oportuno de las
sentencias condenatorias proferidas por la jurisdicción contencioso administrativa
competente en favor de cada uno de los tutelantes, y en contra de LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA-UAESA y CONSEJO
DIRECTIVO DE LA UAESA, en los expedientes relacionados y con las pruebas
aportadas en esta pretensión ciudadana.
2.- Que se amparen los demás derechos fundamentales eventualmente vulnerados
por LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA- UAESA
y EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UAESA, especialmente el de petición, por las
razones expuestas en esta solicitud de amparo constitucional y en las diferentes
solicitudes realizadas a cada una de ellas, desde el 03 de enero de 2024.
3.- ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ARAUCA y a
los JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO ADMINISTRATIVOS DE ARAUCA, parar
que, en atención a sus competencias, realicen un seguimiento efectivo e integral a
las distintas órdenes judiciales impartidas particularmente en favor de cada tutelante,
hasta tanto sea garantizado el goce material y efectivo de los derechos
fundamentales reconocidos.
4.- ORDENAR al PROCURADOR REGIONAL DE ARAUCA, imparta la orden
concreta en favor de cada tutelante para que la UAESA y su CONSEJO DIRECTIVO,
realicen todos los procedimientos para el cumplimiento de las sentencias, según lo
estipulado en el decreto 262 de 2000, especialmente, sus artículos 28, 44 N° 3, 75B
N° 5 y complementarios.
5.- Que como consecuencia de la protección de los derechos fundamentales
amparados, LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA-
UAESA y EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UAESA, adelanten prioritariamente en
el plazo perentorio conferido por el JUZGADO CONSTITUCIONAL, todos los
trámites administrativos, presupuestales y financieros para pagar el valor del capital
y los intereses causados a cada Tutelante, con ocasión de las sentencias
condenatorias recaídas en su favor, a través de las pretensiones de nulidad y
restablecimiento del derecho y de los posteriores procesos de ejecución de
sentencias condenatorias, interpuestos por cada uno de ellos.
1.3. Hechos
Los accionantes fundaron su escrito de tutela en los siguientes:
Explicaron que estuvieron vinculados a la Unidad Administrativa Especial de Salud
de Arauca (UESA), a través de contratos de prestación de servicios.
Señalaron que radicaron demandas de nulidad y restablecimiento del derecho con
el fin de obtener el reconocimiento de una verdadera relación laboral con la
mencionada unidad; procesos que culminaron favorablemente a sus pretensiones2.
2 En el escrito de tutela se indicó que estos fueron los radicados que se les asignaron a los procesos,
así como las autoridades judiciales que conocieron del respectivo trámite en primera y segunda
instancia:
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Señalaron que le reclamaron a la Unidad Administrativa Especial de Salud de
Arauca (UESA) el pago de los dineros reconocidos a través de las sentencias
judiciales. No obstante, reprocharon que la fecha de radicación de esta acción de
tutela la autoridad accionada no ha realizado algún tipo de trámite presupuestal o
financiero para cancelar los valores adeudados.
Explicaron que iniciaron las correspondientes demandas ejecutivas para obtener el
cumplimiento de las órdenes impartidas en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho.
1. Magda Viviana Garrido Pinzón: expediente 81-001-23-39-000-2018-00083-00/01. Primera
instancia: Tribunal Administrativo de Arauca. Segunda instancia: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B.
2. Phanor Francisco Parada: expediente 81-001-23-39-000-2018-00087-00/01. Primera instancia:
Tribunal Administrativo de Arauca. Segunda instancia: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
3. Dwyver Carolina Medina Wilches: expediente 81-001-23-39-000-2022-00050-00/01. Primera
instancia: Tribunal Administrativo de Arauca. Segunda instancia: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.
4. Elkin Mario Anchicoque Calderón: expediente 81-001-23-33-000-2018-00109-00/01. Primera
instancia: Tribunal Administrativo de Arauca. Segunda instancia: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B.
5. Nancy Eneida Camacho Laica: expediente 81-001-23-39-000-2019-00044-00/01. Primera
instancia: Tribunal Administrativo de Arauca. Segunda instancia: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A.
6. Marilyn Alzate Garrido: expediente 81-001-23-39-000-2019-00042-00/01. Primera instancia:
Tribunal Administrativo de Arauca. Segunda instancia: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
7. Ana María Sepúlveda Mendivelso: expediente 81-001-33-33-002-2015-00006-00. Juzgado
Segundo Administrativo de Arauca.
8. José Armando Franco Parales: expediente 81-001-33-33-002-2014-00156-00. Juzgado Segundo
Administrativo de Arauca.
9. Myriam Acevedo Jauregui: expediente 81-001-33-33-002-2015-00290-00. Juzgado Segundo
Administrativo de Arauca.
10. Abel Antonio Hernández Benítez: expediente 81-001-33-33-002-2017-00338-00. Juzgado
Primero Administrativo de Arauca.
11. Obdulia Paz Mosquera: expediente 81-001-33-31-001-2014-00009-00. Juzgado Primero
Administrativo de Arauca.
12. Esther Cristina Sepúlveda Mendivelso: expediente 81-001-33-31-001-2016-00325-00. Primera
instancia: Juzgado Primero Administrativo de Arauca. Segunda instancia: Tribunal Administrativo de
Arauca.
13. Ciro Alfonso Vargas Mijares: expediente 81-001-33-33-001-2018-00287-00. Juzgado Primero
Administrativo de Arauca.
14. Jorge Antonio Gómez García: expediente 81-001-33-31-001-2017-00136-00. Primera instancia:
Juzgado Primero Administrativo de Arauca. Segunda instancia: Tribunal Administrativo de Arauca.
15. Carlos Alfredo Barrios Ardila: expediente 81-001-33-31-001-2017-00143-00. Juzgado Primero
Administrativo de Arauca.
16. Dreyza Martínez Guadasmo: expediente número 81-001-33-31-001-2016-00239-00. Juzgado
Primero Administrativo de Arauca.
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Destacaron que en tales procesos se han dictado los respectivos mandamientos de
pago. Sin embargo, alegaron que la Unidad Administrativa Especial de Salud de
Arauca (UESA) no solo presenta diversas excepciones para abstenerse de realizar
el pago de los dineros, sino que, además, con el fin de dilatar el proceso, interpone
recursos y nulidades, entre otros.
Manifestaron que desde el 3 de enero de 2024, a través de su apoderado, han
radicado diferentes escritos3 con el fin de que la entidad demandada les defina su
situación, sin que hasta el momento se tenga una respuesta congruente, motivada
y objetiva.
Expusieron que la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA) les
entregó las copias de las actas del Consejo Directivo de la entidad, de las cuales se
pudo extraer: (i) que en ninguna de esas reuniones se ha hecho alguna mención
sobre la grave situación financiera de la entidad, y (ii) que el gobernador del Arauca
no ha asistido a esas reuniones ni ha dado otorgado delegación para ser
representado.
Comentaron que en las demandas ejecutivas también se han emitido medidas
cautelares para retener las sumas de dinero adeudadas, pero que la demandada
elude su obligación al argumentar que sus recursos son inembargables por estar
destinados a la salud.
1.4. Fundamentos de la solicitud
Los accionantes consideraron vulnerados sus derechos fundamentales, al señalar
que la autoridad accionada no les ha pagado las sumas de dinero que les fueron
reconocidas en el trámite de unos procesos de nulidad y restablecimiento del
derecho que se iniciaron con el fin de obtener el reconocimiento de una verdadera
relación laboral con la unidad demandada.
Así mismo, refutaron la omisión de la entidad en resolver de fondo unas solicitudes
que elevaron con el objeto de conocer las razones por las cuales no se han
gestionado los recursos para el pago de las sentencias.
Consideraron que las omisiones de la Unidad Administrativa Especial de Salud de
Arauca (UESA) lesionan no solo su derecho de petición, sino también lo establecido
en el artículo 53 de la Constitución, en relación con la primacía de la realidad sobre
las formalidades.
Además, trajeron a colación sentencias de la Corte Constitucional (T-120 de 2024 y
C-348 de 2024) y del Consejo de Estado (Sala Especial de Decisión 26, sentencia
de 26 de febrero de 2024, en el expediente 202-01909), para sustentar el deber de
cumplimiento de las decisiones judiciales.
3 Los accionantes trajeron a colación las siguientes solicitudes: FFR-01/24 y 00/24 de 3 de enero de
2024, FFR-174/24 de 7 de mayo, FFR-276/24 de 19 de julio y FFR-278/24 de 22 de julio, FFR-278/24
y FFR-369/24 de 24 de septiembre, FFR-460/24 de 15 de noviembre y FFR-459/24 de 14 de
noviembre de 2024.
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De otro lado, citaron los numerales 12 y 13 del artículo 9 de la Ley 1437 de 2011, el
artículo 57 y los numerales 1, 7 y 20 del artículo 39 de la Ley 1952 de 2019, para
destacar la obligación de los funcionarios públicos de respetar las decisiones de los
jueces.
Reprocharon que en el Decreto 1068 de 2015 se determinó que en caso de que la
entidad no cuente con la disponibilidad presupuestal para el pago de la sentencia,
no debe expedir la resolución de pago, pero debe dejar constancia de esa situación
en el expediente y realizar las correspondientes apropiaciones de los recursos,
situación que en el presente caso no se ha dado.
Alegaron que el mecanismo de defensa con el que cuentan para obtener el pago de
las sentencias, esto es, las demandas ejecutivas, ha sido infructuoso; circunstancia
que afecta sus necesidades básicas, así como su situación psicológica.
1.5. Trámite de la acción
Con auto de 15 de enero de 2025, el magistrado ponente de esta decisión admitió
la acción de tutela y ordenó notificar a la parte actora, así como al Consejo Directivo
de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA), en calidad de
autoridad accionada.
Además, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2951 de
1991, vinculó como terceros interesados al Tribunal Administrativo de Arauca, al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Arauca, al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Arauca, al Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A y al Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B [autoridades que conocieron el primera y segunda instancia los procesos de nulidad
y restablecimiento del derecho donde los tutelantes fungieron como accionantes], al gobernador
del Departamento de Arauca [autoridad ante la cual la parte actora radicó diferentes peticiones]
y al procurador regional de Arauca [con fundamento en que una de las pretensiones de la
tutela va dirigida contra él].
Así mismo, hizo los siguientes requerimientos:
• Al abogado Freddy Forero Requiniva para que allegara el poder especial
otorgado por las señoras Obdulia Paz Mosquera y Esther Cristina Sepúlveda
Mendivelso, que lo faculte para actuar en su nombre y representación.
• A la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA) para que (a)
certificara el valor actual de cada sentencia condenatoria en su contra, incluyendo
el capital y los intereses causados en cada una de ellas; (ii) aportara cada partida
presupuestal para el rubro de sentencias y conciliaciones desde el año 2009 al año
2024; (iii) aportara las acta del Consejo Directivo para verificar si ha estudiado
fórmulas de pago y alternativas de cumplimiento frente a las referidas sentencias
condenatorias; (iv) aportara el acto administrativo que regula el trámite de pago de
las sentencias judiciales y conciliaciones, así como las constancias de falta de pago
en cada uno de los expedientes de los actores de la presente acción, y (v) certificara
los turnos internos para cumplir con el pago cronológico de cada sentencia.
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• Al Tribunal Administrativo de Arauca, al Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Arauca, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial
de Arauca, al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y al Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, para que remitieran de manera inmediata
los expedientes del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
relacionados en el numeral 1.5. de ese auto.
1.6. Contestaciones
Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se recibieron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Arauca
Las magistradas4 de esa corporación indicaron que en las demandas ejecutivas
adelantadas por los actores se han proferido las decisiones encaminadas a que la
demandada pague los conceptos por los cuales fue condenada en los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho, tales como el auto que libra mandamiento
de pago y el que decreta medidas cauteles de embargo y retención de dineros.
Recordaron que cada proceso está sujeto al turno que le corresponda según vaya
ingresando al despacho, lo cual varia de manera significativa, teniendo en cuenta el
alto volumen de procesos que llegan a esa corporación. En ese sentido, recordaron
que no se configura una mora judicial, dado el alto grado de congestión judicial que
se presenta en la Rama Judicial.
Señalaron que no se han vulnerado los derechos fundamentales de los actores y
que, en todo caso, en el escrito de tutela en ningún momento se hizo algún
señalamiento en contra del Tribunal Administrativo de Arauca, sino que su
vinculación se hizo por ser quien profirió las sentencias judiciales.
Finalmente, allegaron copia de los expedientes 81001-23-39-000-2018-00083-00,
81001-23-39-000-2018-00087-00, 81001-23-39-000-2022-00050-00, 81001-23-39-
000-2018-00109-00, 81001-23-39-000-2019-00044-00, 81001-23-39-000-2019-
00042-00, 81001-33-33-002-2015-00006-01, 81001-33-33-002-2014-00156-01,
81001-33-33-002-2014-00290-02, 81001-33-31-001-2017-00338-01, 81001-33-33-
002-2014-00009-01, 81001-33-31-001-2016-00325-01, 81001-33-31-001-2017-
00136-01 y 81001-33-31-001-2017-00143-01.
1.6.2. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
El secretario del juzgado allegó la copia digital de los expedientes 81001-33-33-002-
2014-00156-00, 81001-33-33-002-2014-00290-00 y 81001-33-33-002-2015-00006-
00.
4 Doctoras Lida Yannette Manrique Alonso, Gladys Teresa Herrera Monsalve y Yenitza Mariana
López Blanco.
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1.6.3. Departamento de Arauca
El apoderado de la entidad solicitó su desvinculación de la acción de tutela por falta
de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que la Unidad Administrativa
Especial de Salud de Arauca es una persona jurídica diferente al departamento de
Arauca y, en ese sentido, el gobernador de ese ente territorial no es el superior de
la mencionada unidad.
Así mismo, destacó que la «competencia en el campo de la Salud se encuentra
radicada de manera exclusiva en la Unidad de Salud, como descentralizado, dotado
de personería jurídica, patrimonio propio, autonomía, administrativa y financiera,
encargado de las funciones referentes al sector salud en el Departamento».
1.6.4. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Arauca
La secretaria del juzgado remitió los enlaces de Samai en los que se pueden
consultar los procesos 81001-33-331-001-2017-00338-00, 81001-33-33-002-2014
-00009-00, 81001-33-31-001-2016-00325-00, 81001-33-31-001-2018-00287-00,
81001-33-31-001-2017-00136-00, 81001-33-31-001-2017-00143-00 y 81001-33-
31- 001-2016-00293-00.
1.6.5. Obdulia Paz Mosquera y Esther Cristina Sepúlveda Mendivelso
Allegaron el poder otorgado al apoderado Freddy Forero Requiniva.
1.6.6. Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca
El jefe de la Oficina Jurídica de la entidad solicitó que se declare improcedente la
acción de tutela de la referencia, toda vez que este no es el mecanismo procesal
adecuado para resolver las disputas relacionadas con la ejecución de sentencias
condenatorias.
Al respecto, precisó que la acción de tutela procede excepcionalmente en estos
casos, cuando los derechos fundamentales no puedan ser protegidos por otro medio
de defensa, lo cual consideró que no ocurre en este caso, dado que existe el
proceso ejecutivo para obtener el cumplimiento de las providencias judiciales. Para
sustentar su dicho citó las sentencias T-1272 de 2005, T-211 de 2012 y T-326 de
2013 de la Corte Constitucional.
Finalmente, allegó unas certificaciones con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado
en el ordinal sexto del auto admisorio de 15 de enero de 2025.
1.6.7. Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca
El apoderado de esta entidad solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional. Luego de hacer un recuento sobre las funciones preventiva, de
intervención y disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, informó que al
revisar el archivo SIGDEA-DOCUS no encontró alguna queja relacionada con los
hechos y presuntos actores que dieron origen a este proceso.
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1.6.8. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B
1.6.8.1. La magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, luego de hacer un recuento sobre
los hechos de la demanda, consideró que en el presente caso la acción de tutela es
improcedente por ausencia del requisito de subsidiariedad.
Para tal efecto, citó los artículos 192, 297 y 298 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establecen el trámite para
obtener el pago de una sentencia.
De esa manera, concluyó que esta pretensión puede ser reclamada a través de un
proceso ejecutivo, el cual resulta ser efectivo y eficaz para la defensa de los
derechos de los actores presuntamente vulnerados.
1.6.8.2. El magistrado Jorge Edison Portocarrero Banguera5 solicitó su
desvinculación del asunto de la referencia, al señalar que el objeto de la demanda
es obtener el pago de las sentencias judiciales que fueron favorables a los actores,
por lo que, en consecuencia, la acción de tutela no se dirige contra alguna actuación
de su despacho.
1.6.9. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
El magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves6 pidió que se declare la improcedencia de
la acción constitucional y que se le desvincule de este trámite.
Destacó que la providencia frente a la cual se reclama su cumplimiento contempla
una obligación de dar, por lo que la parte accionante cuenta con el proceso ejecutivo
para la defensa de sus derechos, el cual resulta ser el mecanismo judicial idóneo.
Así mismo, puso de presente la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha
establecido «la importancia del cumplimiento de los fallos judiciales dentro de un
Estado Social y Democrático de Derecho, catalogándolo como un derecho
fundamental de aquellas personas que han sido beneficiarias de tales decisiones y
como una muestra de la vigencia del principio democrático y de los valores de
justicia y equidad que deben imperar en nuestra sociedad».
Por último, indicó que esa subsección no tiene habilitado algún mecanismo judicial
para lograr el cumplimiento efectivo de la orden, por lo cual solicitó que declare la
improcedencia de la acción.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer en primera instancia de la acción de tutela
presentada por los actores contra la Unidad Administrativa Especial de Salud de
Arauca (UESA), de conformidad con lo establecido por el artículo 2.2.3.1.2.1., del
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019, artículo 25, de la Sala Plena de esta Corporación.
5 El magistrado informó que le correspondió el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado 81001-23-33-000-2012-00022-01.
6 El consejero explicó que esa sección resolvió el recurso de apelación dentro del proceso
identificado con el radicado 81001-23-33-000-2013-00087-01.
8
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2.2. Cuestión previa
El departamento de Arauca, la Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca y
las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitaron
su desvinculación del presente trámite constitucional al considerar que carecen de
legitimación en la causa por pasiva. Sin embargo, no se accederá a estas
pretensiones, teniendo en cuenta que su vinculación a esta instancia se hizo en
calidad de terceros con interés directo en las resultas de este proceso.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se presenta una
vulneración a los derechos fundamentales de los accionantes ante la omisión de la
Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA) en pagar las sumas de
dinero que fueron ordenadas en los procesos de nulidad y establecimiento del
derecho que los actores presentaron en contra de la mencionada unidad. Así
mismo, por las respuestas evasivas a las peticiones que han radicado ante dicha
unidad.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i)
generalidades de la acción de tutela, (ii) el derecho fundamental de petición, (iii) la
naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, y (iv) el caso concreto.
2.4. Generalidades de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.
La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable7.
2.5. Derecho fundamental de petición
Sobre esta garantía constitución, se tiene que la Constitución Política de 1991
consagró en su artículo 23 el derecho fundamental de petición, en virtud del cual,
toda persona tiene la posibilidad de «presentar peticiones respetuosas a las
autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta
resolución». El mismo artículo superior precisa que el legislador podrá reglamentar
su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.
7 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
9
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La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de
la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no
resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».
Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 20158, que señala 15 días para resolver la misma, de
no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá
explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para
este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que
deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud.
Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:
[...] la respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por la
persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la petición.
Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe encontrarse libre de
evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el propósito esencial de la
solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo solicitado.
Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente, no impide que la
autoridad suministre información adicional relacionada con los intereses del
peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una aclaración plena de la
respuesta dada9.
Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios
disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello
[...] la notificación [...] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el
propósito de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el
solicitante»10
8 «ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal
especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15)
días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes
peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días
siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá,
para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la
administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como
consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del
término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo
razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente
previsto».
9 Sentencia T-149 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
10 Ibídem.
10
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En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la Corte
Constitucional ha explicado que:
i) es un derecho fundamental determinante para la efectividad de los mecanismos de
la democracia participativa. En este sentido ha precisado que mediante él se
garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la
participación política y a la libertad de expresión11; ii) su contenido esencial
comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en
términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a
recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna, es decir, dentro de
los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o
contestación material, lo que supone que la autoridad entre en la materia propia de
la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a
todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la
respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de
lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o
negativo12.13
Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en la solicitud y, además
incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario, condición
fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.
Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional ha
sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el derecho
a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la respuesta,
cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del derecho subjetivo.
2.6. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de subsidiariedad
como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que «[e]sta
acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591
de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia14.
11 Sentencia T-377 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. En el mismo sentido ver la sentencia
T-796/01 M.P. Jaime Araujo Rentería.
12 Sentencia T-94/99 M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
13 Sentencia C-510 2004. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
14 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución
y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
11
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Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
Por tanto, debe haber claridad en que la jurisdicción de lo contencioso administrativo
es la que tiene la competencia para conocer de las controversias que se puedan
suscitar con la administración, frente al cual se pueden pedir medidas cautelares en
los términos de la Ley 1437 de 2011 (CPACA).
2.7. Caso concreto
En el sub examine los accionantes alegaron que la Unidad Administrativa Especial
de Salud de Arauca (UESA) vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, de
petición, al debido proceso, a la dignidad humana, al trabajo, al mínimo vital, a la
vida en condiciones dignas y de acceso a la administración de justicia, comoquiera
que a la fecha de radicación de esta acción constitucional no ha pagado las sumas
de dinero que adeuda con ocasión a las condenas impuestas en unos procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Así mismo, los actores señalaron que sus garantías fundamentales han sido
lesionadas con ocasión a las respuestas evasivas que ha otorgado la entidad a las
diferentes peticiones que han presentado con el fin de conocer las razones por las
cuales no ha gestionado los recursos para el pago de las sentencias judiciales.
Por lo tanto, por efectos de practicidad, el estudio de los cargos se dividirá en dos.
En primera medida, se analizará lo relacionado con el pago de las condenas que
pretenden los actores y, en segundo lugar, se examinará lo ateniente a la presunta
vulneración del derecho fundamental de petición.
2.7.1. Procedencia de la solicitud de amparo para ordenar el pago de las
sumas de dinero reclamadas por los actores
Al respecto, la Sala considera que la presente acción de tutela es improcedente
para atender a la referida pretensión, comoquiera que no es el mecanismo idóneo
ni eficaz para obtener el pago de las condenas judiciales.
Recuérdese que el inciso 3 del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito
de subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1. ° del artículo
6 del Decreto 2591 de 1991.
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones».
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En efecto, tanto la jurisprudencia de la Corte Constitucional como la de esta
corporación ha sostenido que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción
de tutela, en principio, este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando:
i) el accionante dejó de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a
su alcance para confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos
fundamentales; ii) el accionante acude directamente a la acción de tutela a pesar de
existir otro mecanismo de defensa judicial a su disposición o; iii) el proceso o
asunto se encuentra en trámite.
En el presente caso, se evidencia que a la fecha de interposición de esta acción
constitucional se encuentran en curso unos procesos ejecutivos en contra de la
entidad demandada que tienen como finalidad precisamente obtener el pago de las
condenas impuestas en las sentencias judiciales aludidas, por lo que la acción de
tutela no puede ser utilizada como un medio judicial paralelo o adicional al proceso
principal.
Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que la acción de tutela procede
solo excepcionalmente y como mecanismo transitorio de protección de los derechos
fundamentales, siempre y cuando se trate de conjurar la posible ocurrencia de un
perjuicio irremediable y las circunstancias que invoca, se acrediten al menos
sumariamente.
Sobre el punto, se evidencia que la parte actora no demostró la configuración de un
perjuicio irremediable que conlleve a la Sala a estudiar de fondo el asunto. De
hecho, esta carece de los elementos necesarios para deducir que existe una grave
e inminente afectación o detrimento de sus derechos fundamentales.
Si bien los accionantes allegaron unos memoriales en los que expresan que la
omisión en el pago de los dineros reclamados les causa un perjuicio irremediable,
entre otras razones, porque poseen obligaciones crediticias o para el sostenimiento
del hogar, lo cierto es que en el expediente no existe prueba siquiera sumaria que
respalde estas afirmaciones.
En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela respecto de
todas las pretensiones tendientes a que se ordene el pago de las sumas adeudadas,
ante la existencia de otro medio de defensa judicial en curso para la protección de
los derechos fundamentales de los actores, y, tampoco procede, en este caso, de
manera transitoria para evitar un perjuicio irremediable, pues de las simples
manifestaciones realizadas en el escrito de tutela no es posible tener por acreditada
una situación de tal connotación.
2.7.2. Derecho fundamental de petición
La parte actora alegó que su derecho de petición se encuentra vulnerado, toda vez
que la entidad accionada no resuelve de fondo sus solicitudes y emite respuestas
evasivas.
Por lo tanto, procede la Sala a estudiar cada uno de los escritos y determinar si se
encuentra lesionado el derecho constitucional en mención.
13
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2.7.2.1. Gobernación de Arauca
La parte actora allegó copia de las siguientes peticiones con su respectiva
constancia de radicación:
Fecha Solicitud
3 de enero de 2024 Realizar las gestiones administrativas necesarias para
el cumplimiento de las decisiones judiciales.
7 de mayo de 2024 Intervención en la Junta Directiva de la entidad para el
pago de los dineros y para que se informe la actuación
administrativa adelantada para el cumplimiento de las
órdenes.
Informe sobre los «análisis económicos, financiero y
de sustentabilidad adelantados para determinar la
inviabilidad financiera de la UAESA, encaminados a
escoger la alternativa legal de la liquidación de esa
entidad descentralizada departamental» y de las
«medidas tomadas como [p]residente de la Junta
Directiva durante este año, para que se tomen las
previsiones legales y presupuestales
correspondientes, por parte de la UAESA para el
cumplimiento y pago de sentencia condenatorias en
contra de esa entidad estatal».
19 de julio de 2024 Dar respuesta a las solicitudes de 3 de enero de 2024.
24 de septiembre de 2024 Reitera los peticionado el 3 de enero de 2024.
14 de noviembre de 2024 Dar trámite a sus solicitudes y que se le entregue las
«[a]ctas [de la] Junta Directiva UAESA, año 2024» y
de las «[g]estiones presupuestales y financieras
adelantadas por la Junta Directiva de la UAESA, para
cumplir con el pago tardío de todas esas sentencias
condenatorias».
Así mismo, aportó el oficio de 22 de enero de 2024, a través del cual la entidad
resuelve la petición de 3 de enero de 2024, en el sentido de indicarle que, en su
condición de gobernador del departamento de Arauca y presidente de la Junta
Directiva, «pondrá en contexto de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
SALUD DE ARAUCA – UAESA su solicitud a efecto de que se tomen las medias
que legal y presupuestalmente corresponden por parte de dicho Ente
descentralizado, quien ostenta la competencia legal y funcional para tales efectos».
No obstante, dentro del expediente no obra prueba de las contestaciones otorgadas
a las solicitudes de 7 de mayo y 14 de noviembre de 2024. Por lo tanto, la Sala
encuentra configurada la vulneración del derecho fundamental de petición,
comoquiera que en el expediente no existe prueba de que la Gobernación de Arauca
haya resuelto las mencionadas peticiones.
En consecuencia, se amparará esta garantía constitucional y se ordenará a la
Gobernación de Arauca que, si no lo hubiere hecho, en el término de cuarenta y
ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente de la notificación de la presente
providencia, dé una respuesta a las peticiones de 7 de mayo y 14 de noviembre de
2024, formuladas por los accionantes.
14
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Finalmente, en cuanto al contenido de los escritos de 19 de julio y 24 de septiembre
de 2024, la Sala no efectuará algún pronunciamiento, teniendo en cuenta que estos
se limitan a reitera lo peticionado en el memorial de 3 de enero de 2024.
(ii) Ante la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA):
Fecha Solicitud
3 de enero de 2024 Dar una solución efectiva para el pago de los dineros.
6 de febrero de 2024 Responder la solicitud de 3 de enero de 2024.
21 de febrero de 2024 Responder las peticiones de 3 de enero y 6 de febrero
de 2024.
7 de mayo de 2024 Remisión del «[d]ocumento en donde se refleje el
resultado de la socialización del pasivo judicial ante el
Consejo Directivo de la UAESA, el cual sería
adelantado para el mes de marzo de este año» y las
«[d]irectices conclusivas provenientes del anterior
análisis».
22 de julio de 2024 Dar respuesta a las peticiones de 3 de enero y 7 de
mayo de 2024.
24 de septiembre de 2024 Reitera la petición de intervención para consolidar los
pagos que adeuda la UAESA.
15 de noviembre de 2024 Insiste en que se otorgue una contestación a su
solicitud de pago y pide que se le entregue copia de
las «[a]ctas de la Junta Directiva UAESA 2024», de las
«[g]estiones presupuestales adelantadas
indistintamente por la UAESA en el año 2024,
direccionados al pago de sentencias condenatorias en
contra de la UAESA», de la «[c]onstancia de no contar
con disponibilidad presupuestal para pagar sentencias
condenatorias […]», «del rubro presupuestal de la
UAESA, destinado al pago de sentencias y
conciliaciones desde el año 2009 hasta 2024» y del
«[a]cto administrativo mediante el cual se regula el
trámite interno para reconocimiento contable y pago
de sentencias, conciliaciones, etc».
De otro lado, aportó las siguientes respuestas dadas por la entidad:
(i) Oficio de 22 de enero de 2024: en el que la Unidad Administrativa Especial de
Salud de Arauca (UESA) contesta la solicitud de 3 de enero de 2024 y le explica al
apoderado del actor lo que se transcribe a continuación:
Teniendo en cuenta las solicitudes relacionadas anteriormente y en especial la
efectuada el 03 de enero de 2024, donde se solicita intervención para dar
cumplimiento al pago de las sentencias condenatorias relacionadas en el Oficio FFR
001/24 radicado ante al Gobernador del Departamento de Arauca, me permito
informar que para esta nueva administración es de vital importancia conocer la
situación real y administrativa de la UAESA, por lo tanto en el mes de enero y lo
corrido del mes de febrero, el personal directivo y/o administrativo ha estado activo
en la presentación de informes ante la Supersalud, control político ante la Asamblea
Departamental y participación de la elaboración del Plan de Desarrollo 2024-2028,
situaciones que han impedido socializar el tema del pasivo de la sentencias judiciales
adeudadas a ud como apoderado judicial.
15
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Por tanto se insta para que de forma paciente, espere las resultas de la socialización
del pasiva judicial que tiene la UAESA ante el Consejo Directivo de la entidad, el cual
se estima será realizado en el mes de marzo a fin de trasmitirle las directrices que de
allí se concluyan.
Ahora frente a la solicitud FFR-30/24, la contadora el día martes 27 de febrero
realizará la entrega de la liquidación a favor de la señora Dreyza Martínez Gaudasmo.
(iii) Oficio de 20 de noviembre de 2024: con el que se resuelve la solicitud de los
accionantes de 15 de noviembre de 2024, así:
En relación con su petición descrita en el numeral primero, me permito con toda
deferencia, adjuntar ACTAS DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UAE DE SALUD DE
ARAUCA, atinente a la vigencia fiscal 2024 según consecutivo No. 001 al 007, en 68
folios.
Seguidamente procedo a dar respuesta a su solicitud identificada bajo el numeral
segundo:
Para la vigencia fiscal 2024, se presupuestó el valor de $60.000.000 y del cual se
efectuó el pago de una sentencia dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho por la suma de $56.800.415 al señor JIMMY PAZ MOSQUERA, el día
20 de marzo del año en curso, y el proceso 81001-3333 003-2013-00009-00 por el
valor $477.676,43.
Valga la pena mencionar, que frente a las sentencias condenatorias que adeuda la
Entidad el recurso presupuestado no alcanza a cubrir la totalidad de las obligaciones
existentes, razón por la cual, la entidad no ha podido sufragar las obligaciones
derivadas de sentencias judiciales, dado que el rubro presupuestal de Sentencias,
Providencias, Conciliaciones y Transacciones, se alimenta con recursos de
funcionamiento, a toda luz con recursos denominados como propios, y solían
financiarse de la venta de servicios. En la actualidad estos fueron disminuidos con
ocasión a la directriz dada por el Ministerio de Salud y Protección Social a partir del
Decreto 2323 de 2006, que estableció la prohibición de la venta de servicios del
laboratorio de salud pública a las entidades sobre las cuales la UAE DE SALUD DE
ARAUCA, ejerce funciones de Inspección, Vigilancia y Control, hecho que en la
actualidad ha imposibilitado el ingresos de recursos cuya fuente de financiación
pertenece a propios. No obstante lo anterior, la UAE DE SALUD DE ARAUCA,
cumpliendo con sus cometidos legales en la próxima vigencia fiscal correspondiente
2025 adelantará todas las acciones necesarias con el concurso del Consejo Directivo
encaminadas a la apropiación de recursos en el RUBRO 2.1.3.13.01.001 sentencias
y embargos judiciales. RUBRO 2.1.3.13.01.002 conciliaciones – embargos judiciales
rentas cedidas de acuerdo a la proyección pertinente, que permita dar cumplimiento
al pago Sentencias condenatorias en contra de la Entidad.15
De lo transcrito se advierte que la accionada resolvió la petición de 3 de enero de
2024, en el sentido de informar que con ocasión al cambio de administración no se
había podido socializar lo relacionado con el pago de sentencias condenatorias,
dado que entidad se encontraba enfocada en presentar informes ante la
Superintendencia de Salud, en el control político realizado por parte de la Asamblea
Departamental y en la participación para la elaboración del Plan de Desarrollo 2024-
2028.
No obstante, se advierte que respecto de la solicitud de 7 de mayo de 2024 se
configurada la vulneración del derecho fundamental de petición, teniendo en cuenta
que no existe prueba en el expediente que permita colegir que esta fue contestada
por la entidad accionada.
15 Transcripción literal del texto original con posibles errores.
16
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Ahora bien, en relación con la solicitud de 15 de noviembre de 2024, se observa
que esta fue resuelta parcialmente, toda vez que, si bien le entregó copias de las
actas del Consejo Directivo de la entidad16 y le explicó las razones por las cuales
solo fue posible efectuar el pago de una sola condena en el periodo fiscal 2024, lo
cierto es que no se pronunció respecto de los demás pedimentos de los actores,
relacionados con la «[c]onstancia de no contar con disponibilidad presupuestal para
pagar sentencias condenatorias […]», «del rubro presupuestal de la UAESA,
destinado al pago de sentencias y conciliaciones desde el año 2009 hasta 2024» y
del «[a]cto administrativo mediante el cual se regula el trámite interno para
reconocimiento contable y pago de sentencias, conciliaciones, etc».
En consecuencia, teniendo en cuenta que no se comprobó que la respuesta
otorgada por la entidad cumpla con los lineamientos básicos para encontrar
satisfecho lo invocado en la solicitud, la Sala amparará la mencionada garantía
constitucional y ordenará a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca
(UESA) que, si no lo hubiere hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir del día siguiente de la notificación de la presente providencia, dé
una respuesta a las peticiones de 7 de mayo y 15 de noviembre de 2024, formuladas
por los accionantes.
Por último, la Sala no se pronunciará respecto de los memoriales de 6 y 21 de
febrero, 22 de julio y 24 de septiembre de 2024, toda vez que en estos se reitera el
contenido del escrito de 3 de febrero de 2024.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el departamento
de Arauca, la Procuraduría Regional de Instrucción de Arauca y las Subsecciones
A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto las
pretensiones tendientes a que se ordene el pago de las sumas pretendidas por los
actores.
TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de los señores Magda
Viviana Garrido Pinzón, Phanor Francisco Parada, Dwyver Carolina Medina
Wilches, Elkin Mario Anchicoque Calderón, Nancy Eneida Camacho Laica, Marilyn
Alzate Garrido, Ana María Sepúlveda Mendivelso, José Armando Franco Parales,
Myriam Acevedo Jauregui, Abel Antonio Hernández Benítez, Obdulia Paz
Mosquera, Esther Cristina Sepúlveda Mendivelso, Ciro Alfonso Vargas Mijares,
Jorge Antonio Gómez García, Carlos Alfredo Barrios Ardila y Dreyza Martínez
Guadasmo.
16 Este hecho es confirmado con la afirmación realizada en el escrito de tutela en el que se señaló:
«Anoto también, que en esta respuesta se me entregaron copias de las actas del Consejo Directivo
de la UAESA».
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Demandantes: Magda Viviana Garrido Pinzón y otros
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UESA)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07013-00
CUARTO: ORDENAR a la Gobernación de Arauca que, si no lo hubiere hecho, en
el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del día siguiente de la
notificación de la presente providencia, dé una respuesta a las peticiones de 7 de
mayo y 14 de noviembre de 2024, formuladas por los accionantes a través de su
apoderado.
QUINTO: ORDENAR a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca
(UESA) que, si no lo hubiere hecho, en el término de cuarenta y ocho (48) horas
contadas a partir del día siguiente de la notificación de la presente providencia, dé
una respuesta a las peticiones de 7 de mayo y 15 de noviembre de 2024, formuladas
por los accionantes a través de su apoderado.
SEXTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.
SÉPTIMO: Si no fuere impugnada dentro de los 3 días siguientes a su notificación,
REMITIR el presente asunto a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta providencia fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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