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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07015-00

Fecha
4 de febrero de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07015-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONCEDER el amparo de tutela de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del señor Jaime Edilberto Cortés Oquendo, por los motivos expuestos en esta providencia. SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el fallo del 17 de julio de 2024, emitido dentro del expediente con radicado núm. 05001-33-33-020-2016-00273-01, en atención a las razones expuestas en esta providencia. 41 Samai, exp. núm. 05001-33-33-020-2016-00273-01, índices 17 y 21. 16 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-07015-00 Accionante: Jaime Cortés Oquendo Accionado: Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia TERCERO: ORDENAR a la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia que, en el término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-07015-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

4 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07015-00
Accionante: Jaime Cortés Oquendo
Accionado: Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07015-00
Accionante: Jaime Edilberto Cortés Oquendo
Accionado: Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: terminación de funciones en encargo en la
Fiscalía General de la Nación. Subtema 3: defecto por desconocimiento del
precedente/derecho a la igualdad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por el señor Jaime Edilberto Cortés Oquendo en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Jaime Edilberto Cortés Oquendo presentó escrito de tutela, por conducto de
apoderado judicial, con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la defensa y al trabajo, que consideró vulnerados por la
Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia con ocasión de la
sentencia de segunda instancia proferida el 17 de julio de 2024 dentro del proceso con
radicado núm. 05001-33-33-020-2016-00273-01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2. El director Seccional Administrativo y Financiero de la Fiscalía General de la
Nación -Medellín- profirió la Resolución 002004 del 11 de octubre de 20121, en la que,
resolvió realizar, entre otros, los siguientes encargos:

1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-07015-00, índice 2, certificado AD348356AF115012
1A7BFD95DF918942 50DAD60A26FC3746 70BA1D00689F07F0, páginas 49 a 51.

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Accionante: Jaime Cortés Oquendo
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Tribunal Administrativo de Antioquia

Cargo en ejercicio antes Empleo por ejercer en
Nombre del empleado
del encargo encargo
Eduard Parra Suárez Investigador criminalístico I Investigador criminalístico VII
Julio César Bueno Asistente de investigación Investigador criminalístico VII
Mendoza criminalístico IV
Jimmy Andrés Quiroga Asistente de investigación Investigador criminalístico VII
Quiroga criminalístico V
Jaime Edilberto Cortés Asistente de investigación Investigador criminalístico VII
Oquendo criminalístico IV

3. Posteriormente, mediante el Decreto 017 del 9 de enero de 20142 se modificó la
nomenclatura y se establecieron las equivalencias de los empleos de la Fiscalía
General de la Nación. En particular, el artículo 9 previó que el cargo de investigador
criminalístico VII tendría la nueva denominación de técnico investigador IV, y en su
parágrafo 2 se dispuso lo siguiente:

Los servidores que desempeñen los empleos cuya nomenclatura cambió de acuerdo con
lo señalado en el presente decreto ley será incorporados directamente en los empleos
equivalentes de conformidad con la tabla señalada en el presente artículo en la planta
de personal que se adopte. Para efectos de la incorporación no se les exigirá requisitos
adicionales a los acreditados al momento de su posesión y devengarán la remuneración
que se establezca para el empleo equivalente3.

4. Además, el Decreto 018 del 9 de enero de 20144, que modificó la planta de cargos
de la Fiscalía General de la Nación, suprimió 1671 cargos de investigador criminalístico
VII y creó 1702 empleos de técnico investigador IV. Por último, la Resolución 0469 del
1 de abril de ese año5 reguló en su artículo 3 lo que se cita a continuación:

Los servidores que por necesidad del servicio se encuentren desempeñando funciones
en encargos, continuarán en esa situación administrativa. salvo que por la masificación
de la nomenclatura establecida en el Decreto Ley 017 de 2014 se presenta equivalencia
de empleos entre el empleo en el cual ejercen funciones en encargo y el empleo en el
que se incorporaran. Para los efectos no será necesaria la expedición de un nuevo acto
administrativo6.

5. Ahora bien, la Subdirección Seccional de Apoyo a la Gestión de la Fiscalía General
de la Nación emitió la Resolución 001676 el 4 de noviembre de 20157, en la que
resolvió terminar, entre otros, los encargos realizados a los señores Eduard Parra
Suárez, Julio César Bueno Mendoza, Jimmy Andrés Quiroga Quiroga y a Jaime
Edilberto Cortés Oquendo en el cargo de técnico investigador IV.

6. Por lo anterior, el señor Jaime Edilberto Cortés Oquendo presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho8 en contra de
la Nación, Fiscalía General de la Nación, con la pretensión de que el juez administrativo

2 Ibidem, páginas 53 a 66.
3 Ibidem, página 57.
4 Ibidem, páginas 70 a 76.
5 Por medio de la cual se hace incorporación automática de los servidores de la Fiscalía General de la Nación a la

nueva planta de cargos y se dictan otras disposiciones.
6 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-07015-00, índice 2, certificado AD348356AF115012

1A7BFD95DF918942 50DAD60A26FC3746 70BA1D00689F07F0, página 74.
7 Ibidem, páginas 85 y 86.
8 Ibidem, páginas 90 a 107.

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declarara la nulidad de la Resolución 01676 de 2015 y, en consecuencia, ordenara
su reintegro al empleo que desempeñaba en encargo y al pago de la diferencia salarial
y prestacional que dejó de recibir por la terminación de dicho encargo.

7. Como concepto de violación, el señor Cortés Oquendo indicó que el acto
demandado vulneró el principio constitucional y administrativo del debido proceso y los
derechos a la audiencia y a la defensa. Argumentó que el encargo era una situación
jurídica a su favor y que la revocatoria no podía proceder sin que fuera solicitada
previamente una autorización, como lo dispone el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011.
Adujo que se materializó la terminación del encargo sin la debida notificación, pues
conoció la decisión luego de que presentó una petición y de que vio disminuido el pago
salarial desde noviembre de 2015.

8. El demandante afirmó que el acto acusado estaba viciado de falsa motivación toda
vez que su sustento fue «suspender» los encargos, pero en la parte resolutiva resolvió
«terminar[los]», es decir, resultó incoherente y mostró desorganización y falta de
previsión en la toma de decisiones.

9. Resaltó que el acto demandado estaba sustentado en que el cargo desempeñado
no contaba con ID9, pese a que llevaba años ejerciendo las funciones de este, asunto
que es un formalismo meramente administrativo que no compete al funcionario que
ejerce las labores del empleo y que no constituye alguna de las causales establecidas
en la ley para revocar el encargo.

10. Alegó que en la resolución acusada no se fijó un plazo de duración de esa
situación, lo que implicaba que el encargo regía hasta que se realizara un
nombramiento de la respectiva lista de elegibles, en los términos previstos en el
artículo 8 del Decreto 021 de 2014. También, que la Resolución 002004 de 2012 se
fundamentó en necesidades del servicio, las cuales no han desaparecido.

11. El asunto correspondió conocerlo al Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de
Medellín bajo radicado núm. 05001-33-33-020-2016-00273-01, autoridad que dictó
sentencia el 25 de septiembre de 2019 en la que negó las pretensiones de la
demanda. Consideró que la Fiscalía General de la Nación incurrió en falsa motivación
al expedir el acto acusado, pues estuvo justificado en la inexistencia de ID pese a que
transcurrió más de año y medio desde la modificación de la planta de personal sin que
se presentara un impedimento, además de que posteriormente fue nombrada otra
persona en el cargo.

12. Agregó que no es cierto que la terminación del encargo sea una facultad
discrecional del nominador, ya que solo puede darse por el nombramiento del titular
de carrera o por razones del servicio; y que el acto demandado no fue debidamente
notificado, irregularidad que fue saneada con la respuesta a la petición que presentó
el interesado. No obstante, lo anterior, el juez de primera instancia no accedió a las
pretensiones, porque el señor Cortés Oquendo no cumplía los requisitos exigidos para
el cargo de técnico investigador IV.

13. Apelada la decisión de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia
profirió sentencia el 17 de julio de 2024, en la que confirmó el fallo del 25 de

9 Identificación del cargo.

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septiembre de 2019, pero por razones distintas a las del Juzgado Veinte Administrativo
del Circuito de Medellín10.

14. Explicó la falta de motivación como causal de nulidad del acto administrativo y que
el Decreto 017 del 9 de enero de 2014 modificó la nomenclatura y denominación de
los empleos de la planta de la Fiscalía General de la Nación. Estableció que el empleo
de investigador criminalístico VII pasaría a llamarse técnico investigador IV y que el
Decreto 018 suprimió los empleos de investigador criminalístico VII.

15. En ese orden, el Tribunal encontró que la Resolución 01676 de 2015, según la cual
el encargo del señor Cortés Oquendo terminó en virtud de que el empleo que
desempeñaba ya no contaba con ID, corresponde con la realidad jurídica de la entidad,
toda vez que el cargo de investigador criminalístico VII fue suprimido de la planta de la
entidad, de manera que no era dable que un servidor desempeñara un cargo
inexistente.

16. En cuanto a la mora en que incurrió la Fiscalía General de la Nación para
materializar la modificación de la planta de cargos y que llevó a que el demandante
continuara desempeñando un empleo que fue suprimido, es una irregularidad que no
fue objeto de discusión en el proceso y que no puede implicar que el acto demandado
esté falsamente motivado. En tal sentido, el Tribunal indicó lo siguiente11:

Adicionalmente, no se desconoce que el artículo 3° del Decreto 018 de 2014 estableció
que los servidores que ocupen los cargos suprimidos serán incorporados sin mayores
exigencias a los nuevos cargos creados, cuando estos últimos sean iguales o resulten
equivalentes a los anteriores; no obstante, es claro que ello es una medida para
salvaguardar los derechos laborales de aquellas personas que tienen una relación legal
y reglamentaria con la entidad en virtud de su inscripción en el escalafón de carrera
administrativa, pues con dicha medida se garantiza la continuidad de la vinculación
laboral; situación que, en efecto, se aplicó en el caso del actor, pues de los antecedentes
administrativos se evidencia que, tras la supresión del DAS, el demandante fue
incorporado a la Fiscalía General de la Nación en el cargo de “Asistente de Investigación
Criminalística IV” (fl. 218 cuaderno antecedentes) y que, con posterior a la modificación
de la planta de personal, a través de la Resolución No. 0-0469 fue incorporado en el
cargo “Técnico Investigador I” (fl. 236 cuaderno antecedentes) que correspondió, en
equivalencia, al empleo anterior. No obstante, ello no puede ser aplicado para sostener
en el tiempo una situación administrativa de encargo, puesto que la finalidad de dicha
figura es proveer temporalmente un empleo específico que se encuentra vacante pero
que, al ser suprimido, trae consigo un decaimiento del acto administrativo que dispuso
el encargo, pues desaparece su fundamento fáctico que era la existencia del cargo
“Investigador Criminalístico VII” y su estado de vacancia12.

17. De lo expuesto, el Tribunal concluyó que no compartía las razones de la decisión
del juez de primera instancia, pues quedó demostrado que el acto demandado no fue
falsamente motivado y mantuvo incólume su legalidad. Por lo tanto, por sustracción de
materia no resultaba procedente abordar los cargos de apelación.

10 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-07015-00, índice 2, certificado AD348356AF115012
1A7BFD95DF918942 50DAD60A26FC3746 70BA1D00689F07F0, páginas 175 a 193.
11 Ibidem, páginas 190 y 191.
12 Se transcribe incluso con errores de texto.

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Accionante: Jaime Cortés Oquendo
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Tribunal Administrativo de Antioquia

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

18. El señor Jaime Edilberto Cortés Oquendo solicitó en el escrito de tutela13 lo
siguiente:

3.1 Que se TUTELEN los derechos fundamentales al Derecho a la Igualdad, al Debido
Proceso, al Trabajo.
3.2 En consecuencia de lo anterior, que se deje sin efecto la sentencia del 17 de julio de
2024 Proferida por el Honorable Tribunal Administrativo de Antioquia, en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, radicado bajo el Nro. 2016 0273 y por tanto se
ordene a la autoridad judicial se emita nuevamente sentencia en la que se declare la
nulidad del acto demandado y en consecuencia se ordene el restablecimiento solicitado
por el señor JAIME EDILBERTO CORTES OQUENDO14.

19. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora transcribió los hechos y el
concepto de violación formulados en la demanda ordinaria de nulidad y
restablecimiento del derecho, y expuso que los señores Julio César Bueno Mendoza,
Jimmy Andrés Quiroga Quiroga y Eduard Parra Suárez, a quienes también se les
revocó el encargo que desempeñaban mediante la Resolución 01676 de 2015,
iniciaron procesos judiciales por las mismas razones que el señor Cortés Oquendo y
obtuvieron decisiones judiciales favorables a sus intereses. Al respecto, adujo lo
siguiente:

Honorable Consejo de Estado, en honor a la verdad. cómo es posible que respecto de
un mismo acto administrativo se reconozca judicialmente que ostenta un vicio de nulidad,
y luego otro juez no lo declare nulo tratándose del mismo. Y tampoco se encuentra
justificación, que se revisen situaciones que no fueron expuestas, como es el caso de
llegarse a considerar que el accionante no cumple los requisitos pues además de no
indicar el fallo este motivo, no puede obviarse que los requisitos que han señalado que
no se cumplen se encuentran citados en un acto posterior a aquel en el que se le nombro,
pues mal haría exigírsele a una persona que ha sido reincorporada y encargada con
vigencia de unos requisitos e indicársele que precisamente su encargo se hace por el
cumplimiento de los mismos, pero luego actualizarlos e indicar que se hace esta
exigencia retroactiva a quienes ya se encuentran nombrados,
Conforme a lo anterior, se puede concluir que el Honorable Tribunal Administrativo de
Antioquia desconoció no solo EL DERECHO A LA IGUALDAD sino también EL
DERECHO DE AUDIENCIA Y DEFENSA Y por ende EL DERECHO AL TRABAJO, pues
está reconocido judicialmente que el acto demandado se encuentra viciado de nulidad y
se probó la falsa motivación en la medida que la Fiscalía revocó el encargo del
accionante no para corregir el error de no ostentar ID, pues de lo contrario procede a
asignar ID y lo vuelve a nombrar en encargo, situación que no ocurrió15.

20. El accionante indicó que la sentencia del 17 de julio de 2024 incurrió en un defecto
fáctico porque desconoció las pruebas aportadas al proceso ordinario, con las que
demostró que ejerció con idoneidad el empleo en encargo, y que fue desvinculado por
un motivo que no está previsto en la Ley 909 de 2004. Agregó que, frente a los señores
Bueno, Parra y Quiroga no fue necesario verificar el cumplimiento de requisitos para
ejercer el encargo, incluso luego de las sentencias emitidas a favor de estos.

13 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-07015-00, índice 2, certificado AD348356AF115012
1A7BFD95DF918942 50DAD60A26FC3746 70BA1D00689F07F0, páginas 1 a 30.
14 Se transcribe incluso con errores de texto.
15 Se transcribe incluso con errores de texto.

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Tribunal Administrativo de Antioquia

21. Por otra parte, aseguró que el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en un
defecto por error inducido, toda vez que en el fallo objeto de controversia existe un
error en la apreciación de los «hechos o situaciones jurídicas» que le produce un
perjuicio ius fundamental. Arguyó que la igualdad exige una misma valoración judicial
respecto de un solo acto administrativo, y que no puede suceder que para un juez una
resolución esté viciada de nulidad por falsa motivación y para otro juez no exista tal
vicio.

2.3. Trámite procesal

22. El despacho ponente, mediante auto del 14 de enero de 202416, admitió la
solicitud de amparo; vinculó, como terceros con interés, a la Fiscalía General de la
Nación y al Juzgado Veinte Administrativo Oral del Circuito de Medellín; requirió al
despacho de primera instancia para que aportara, en medio digital, el expediente
ordinario; tuvo como pruebas los documentos adjuntados con la demanda de tutela; y
ordenó las notificaciones de rigor.

2.4. Intervenciones

23. El Juzgado Veinte Administrativo Oral del Circuito de Medellín remitió el
expediente ordinario con radicado núm. 05001-33-33-020-2016-00273-01 en medio
digital y guardó silencio en relación con los cargos de la tutela17.

24. La Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia expresó
que la tutela contra providencia judicial no procede y que en el caso concreto no se
configuró un defecto porque la sentencia controvertida fue proferida con observancia
del debido proceso. Indicó que no encontró demostrada la falsa motivación en el acto
administrativo demandado, puesto que el fundamento de la terminación del encargo
correspondió con la realidad de la supresión de cargos18. Además, manifestó lo
siguiente:

Ahora, se considera que no es posible indicarse vulneración al derecho a la igualdad
respecto de casos similares, pues se trata de procesos distintos, en los cuales la
valoración probatoria y el análisis fáctico se realiza de manera individual, sin que los
elementos en otros casos aportados hayan sido arrimados al proceso que hoy nos
convoca19.

25. Consideró que la parte actora pretende usar la acción de tutela para debatir
argumentos agotados en el proceso ordinario; indicó que no vulneró derechos
fundamentales; y sostuvo que la decisión objeto de reparos tuvo fundamento legal y
jurisprudencial y correspondió con una interpretación válida dentro del principio de
autonomía judicial sin que pueda predicarse arbitrariedad.

16 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-07015-00, índice 4, certificado 55929A9B90E4165C
06842E9DA3654DFB FF3B38179AAD275E 1ABD54FB20F82CA3.
17 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-07015-00, índice 8, certificado 61404890580C2E03
494990C51FCCE15C 281F2432F2BE5A01 3076566ACB7E5B56.
18 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-07015-00, índice 10, certificado 550121F240F8EA58

2A4A748C350E8E3C CC7274B41284CFA7 DB704414444DB2AB.
19 Ibidem.

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra del Tribunal Administrativo de
Antioquia.

3.2. Legitimación en la causa

27. La legitimación en la causa por activa del señor Jaime Edilberto Cortés
Oquendo se encuentra acreditada, por cuanto fue la parte demandante dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que finalizó con la sentencia de
segunda instancia del 17 de julio de 2024 objeto de tutela, y, por lo tanto, es el titular
de los derechos que consideró fueron vulnerados.

28. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sala Séptima
de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia porque fue la autoridad que
profirió la sentencia del 17 de julio de 2024 que, según afirmó el tutelante, vulneró sus
derechos fundamentales.

3.3. Cuestión preliminar

29. Antes de analizar el cumplimiento de los requisitos generales en el caso concreto,
para la Sala es preciso aclarar que, si bien el tutelante afirmó la configuración de los
defectos fáctico y de error inducido, lo cierto es que los cargos de amparo se reducen
a la vulneración del derecho fundamental a la igualdad.

30. En particular, argumentó que la autoridad accionada desconoció que esa
corporación resolvió, en segunda instancia, los procesos judiciales iniciados por los
señores Eduard Parra Suárez, Julio César Bueno Mendoza y Jimmy Andrés Quiroga
Quiroga, en los que declaró la nulidad parcial de la Resolución 001676 del 4 de
noviembre de 2015 en relación con lo atinente a cada funcionario y accedió al
restablecimiento del derecho. En ese orden, la Sala estudiará la posible configuración
del defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

31. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado20 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional21.

32.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

20 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
21 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

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i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

33. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales22 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a determinados escenarios que afectan la integridad de la
decisión judicial y que justifican la intervención del juez constitucional para la
salvaguarda de los derechos fundamentales.

34. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución23.

Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

35. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el asunto que entra
a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos que ha impartido el
órgano de cierre sobre la materia24.

36. La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de
encontrarse configurado el defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial expuesto en el escrito de tutela, prosperaría la pretensión de amparo de
ordenar al Tribunal accionado que emita una nueva sentencia en la que tenga en
cuenta los fallos emitidos por esa misma corporación, que decidieron asuntos con

22 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
23 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.

«La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»
lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia
para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga
argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales».

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similares contextos fácticos y jurídicos a los resueltos en la decisión objeto de
controversia.

37. El accionante no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios
para la protección de los derechos fundamentales que consideró vulnerados, pues
agotó las instancias respectivas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado núm. 05001-33-33-020-2016-00273-01 en el que se profirió la
decisión objeto de tutela.

38. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la sentencia que
profirió la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia el 17 de
julio de 2024 fue notificada el 18 de julio siguiente, y el escrito de tutela se presentó el
19 de diciembre de ese año, esto es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos
por la jurisprudencia constitucional25 y del Consejo de Estado26 como razonable.

39. La parte actora, en el escrito de amparo, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerados sus derechos
fundamentales, y estos no exponen una posible irregularidad procedimental.
Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela.

40. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad y continúa con el estudio de la causal específica en los
términos planteados por la parte actora.

3.5. Problema jurídico

41. Corresponde a esta Subsección decidir si la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial en la sentencia del 17 de julio de 2024 y, por ende, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad del señor Jaime Edilberto
Cortés Oquendo.

42. Para ello, es necesario analizar si la autoridad accionada, al momento de resolver
el recurso de apelación interpuesto en contra del fallo proferido el 25 de septiembre de
2019 por el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Medellín, debió tener en
cuenta las sentencias que finalizaron los procesos judiciales iniciados por los señores
Eduard Parra Suárez, Julio César Bueno Mendoza y Jimmy Andrés Quiroga Quiroga,
que declararon la nulidad parcial de la Resolución 001676 del 4 de noviembre de 2015
en relación con lo atinente a cada funcionario y accedieron al restablecimiento del
derecho.

3.6. Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

43. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los

25 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
26 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente

núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas27.

44. Al respecto, la Corte Constitucional28 ha considerado que el precedente se define
como la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con anterioridad a un caso
determinado que, por su semejanza en los hechos analizados y en los problemas
jurídicos resueltos, debe ser necesariamente considerado por las autoridades
judiciales al momento de emitir un fallo posterior. Frente a la obligatoriedad del
precedente, la Corte ha dicho:

90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para fallar,
pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley. Particularmente, el
concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Corte desde un sentido
amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el legislador, sino además
comprende todas las fuentes del derecho incluidas las sentencias que interpretan la
Constitución como norma de normas, el bloque de constitucionalidad y la jurisprudencia
de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales.

45. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo funcionario;
y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la
autoridad encargada de unificar la jurisprudencia29.

46. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «determinar si él mismo
o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en relación con
casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por autoridades judiciales
funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de la jurisprudencia»30.

27 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:

«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el
ordenamiento constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la
vigencia de un orden justo, lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en
estos principios, una autoridad judicial tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma
manera, y los casos diferentes de manera distinta”. El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un
asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y, en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio
decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo contrario desconoce el precedente
horizontal».
28 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
29 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
30 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.

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47. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de manera
razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del principio de
autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente, pues la
interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en caso de
que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación a
los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela31.

48. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de la
función judicial, pues se trata de una sola corporación32.

49. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora de este
derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de criterio» de
manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarden las exigencias de la
autonomía judicial.

3.7. Caso concreto

50. En el asunto bajo estudio, el señor Jaime Edilberto Cortés Oquendo consideró
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad por parte
de la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia, toda vez que,
con la sentencia del 17 de julio de 2024, desconoció que esa corporación, en los
procesos judiciales iniciados por los señores Eduard Parra Suárez, Julio César Bueno
Mendoza y Jimmy Andrés Quiroga Quiroga, emitió sentencias que declararon la
nulidad parcial de la Resolución 001676 del 4 de noviembre de 2015 respecto de cada
funcionario y ordenaron el reintegro al empleo ejercido en encargo.

51. Para determinar si la autoridad accionada incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial horizontal, es preciso establecer la identidad
fáctica y jurídica entre el caso del tutelante y los resueltos en los fallos alegados como
desconocidos.

52. Revisadas las pruebas aportadas al expediente de tutela, la Sala observa en
relación con los hechos que sustentaron cada demanda, que los señores Eduard Parra
Suárez, Julio César Bueno Mendoza, Jimmy Andrés Quiroga Quiroga y Jaime
Edilberto Cortés Oquendo, con la Resolución 002004 del 11 de octubre de 201233,

31 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente

horizontal o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero
exige que el juez enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca
expresamente el precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su
existencia”. El segundo requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los
supuestos fácticos del nuevo caso que justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica
demostrar que el precedente no es válido, correcto o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial.
Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades
como la autonomía e independencia de los operadores judiciales».
32 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
33 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-07015-00, índice 2, certificado AD348356AF115012

1A7BFD95DF918942 50DAD60A26FC3746 70BA1D00689F07F0, páginas 49 a 51.

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fueron encargados en la Fiscalía General de la Nación, por necesidades del servicio,
en los siguientes empleos:

Cargo en ejercicio antes del Empleo por ejercer en
Nombre del empleado
encargo encargo
Eduard Parra Suárez Investigador criminalístico I Investigador criminalístico
VII
Julio César Bueno Asistente de investigación Investigador criminalístico
Mendoza criminalístico IV VII
Jimmy Andrés Quiroga Asistente de investigación Investigador criminalístico
Quiroga criminalístico V VII
Jaime Edilberto Cortés Asistente de investigación Investigador criminalístico
Oquendo criminalístico IV VII

53. Además, debido a que los mencionados funcionarios se encontraban ejerciendo
en igual empleo con ocasión de lo previsto en la Resolución 002004 de 2012, todos
fueron sujetos del mismo cambio en la nomenclatura de la planta de personal de la
Fiscalía y de la supresión de cargos realizada con los decretos 017 y 018 de 2014,
esto es, que el empleo de investigador criminalístico VII que ejercían en encargo
desapareció y tuvo como nueva denominación la de técnico investigador IV.

54. Por último, la Resolución 001676 del 4 de noviembre de 201534 resolvió terminar
los encargos realizados con la Resolución 002004 de 2012, entre otros funcionarios, a
los señores Eduard Parra Suárez, Julio César Bueno Mendoza, Jimmy Andrés Quiroga
Quiroga y Jaime Edilberto Cortés Oquendo en el empleo de técnico investigador IV.

55. En atención a lo anterior, la Sala destaca que existe identidad en todos los casos
analizados, en relación con la parte accionada, los hechos, el acto demandado y las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el
siguiente orden:

Radicado 2016-00428-01 2016-0453-01 2016-00472-01 2016-00273-01
Accionante Jimmy Andrés Eduard Parra Julio César Jaime Edilberto
Quiroga Suárez Bueno Mendoza Cortés Oquendo
Entidad Nación, Fiscalía General de la Nación.
accionada
Hechos que La Resolución 002004 de 2012 encargó a cada demandante en el empleo
sustentan la de investigador criminalístico VII que, con ocasión de los decretos 017 y
demanda 018 de 2014, fue suprimido y denominado en la nueva planta de personal
como técnico investigador IV. Además, con la Resolución 001676 de
2015, la entidad demandada resolvió finalizar el encargo a cada uno de
estos.
Acto Resolución 001676 del 4 de noviembre de 2015.
demandado
Pretensiones de i) Que se declare la nulidad de la Resolución 01676 de 2015.
nulidad y ii) Que se ordene el reintegro del demandante al encargo que
restablecimiento desempeñaba en encargo como técnico investigador IV.
del derecho iii) Que se reconozca y pague la diferencia salarial resultante de la
terminación del encargo.

34 Ibidem, páginas 85 y 86.

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56. En relación con el sustento jurídico de cada demanda, la Sala encontró que, de
manera idéntica, se expusieron como concepto de violación, los argumentos que se
resumen a continuación:

i) De acuerdo con el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, la revocatoria del encargo
se produjo sin la anuencia de cada demandante.

ii) Falsa motivación en la Resolución 001676 de 2015, debido a que la
fundamentación del acto no obedece a la realidad. El ID del empleo desempeñado
en encargo es un formalismo que no afecta las funciones que son ejercidas por
cada demandante. Además, no es una causal establecida en la ley para revocar
el encargo, según el artículo 24 de la Ley 909 de 2004.

iii) El acto demandado no fue notificado de manera personal a cada demandante.

57. Ahora bien, revisadas las sentencias objeto de análisis, la Subsección observa que
fueron planteados como problemas jurídicos a resolver, los siguientes:

Casos Problema jurídico planteado en segunda instancia35

Radicado «Corresponde a la Sala de Decisión establecer si hay lugar a declarar la
2016-00428-01 nulidad de la Resolución 001676 del 04 de noviembre de 2015,
mediante la cual se dispuso terminar el encargo del señor JIMMY ANDRÉS
Accionante: QUIROGA QUIROGA y en consecuencia ordenar el reintegro del
Jimmy Andrés demandante sin solución de continuidad al cargo que venía
Quiroga desempeñando o a otro de similar o superior categoría; así como disponer
el pago de los salarios, prestaciones legales y extralegales, y aportes al
Sentencia del 11 sistema de seguridad social que este dejó de percibir desde la fecha de su
de junio de desvinculación hasta cuando se -produzca el reintegro efectivo».
2021 36

Radicado: «El problema jurídico que convoca la atención de la Sala, en concordancia
2016-0453-01 con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, se
circunscribe en determinar si es procedente confirmar o revocar la
Accionante: sentencia de primera instancia, que concedió parcialmente las
Eduard Parra pretensiones de la demanda, orientadas a declarar la nulidad de la
Suárez Resolución N° 001676 del 04 de noviembre de 2015 mediante la cual se
terminó el encargo de que trata la Resolución N° 002004 del 11 de octubre
Sentencia del 11 de 2012, efectuado al señor Eduard Parra Suárez para ejercer el cargo de
de septiembre Investigador Criminalístico VII de la Unidad Nacional de Fiscalías para los
de 202337 Desmovilizados, hoy Técnico Investigador IV, debido al proceso de
reestructuración de la planta de personal adelantado en 2014 al interior de
la entidad.
De prosperar lo anterior, si procede ordenar a título de restablecimiento del
derecho, el reintegro del señor Eduard Parra Suárez a su situación de
encargo, así como el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y
prestacional dejada de percibir entre el mes de noviembre de 2015 y hasta

35 La Sala aclara que el problema jurídico corresponde al definido en cada sentencia, para lo cual son citados de

manera textual, incluso con errores.
36 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-07015-00, índice 2, certificado AD348356AF115012

1A7BFD95DF918942 50DAD60A26FC3746 70BA1D00689F07F0, páginas 113 a 128.
37 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-07015-00, índice 2, certificado AD348356AF115012

1A7BFD95DF918942 50DAD60A26FC3746 70BA1D00689F07F0, páginas 225 a 247.

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su reintegro al cargo en que fue nombrado en encargo».

Radicado. «El problema jurídico que convoca la atención de la Sala, en concordancia
2016-00472-01 con el recurso de apelación interpuesto por la demandante, se circunscribe
en determinar si es procedente confirmar o revocar la sentencia de primera
Accionante: instancia, que negó las pretensiones de la demanda, orientadas a declarar
Julio César la nulidad de la Resolución N° 001676 del 04 de noviembre de 2015
Bueno Mendoza mediante la cual se terminó el encargo de que trata la Resolución N°
002004 del 11 de octubre de 2012, efectuado al señor Julio César Bueno
Sentencia del 11 Mendoza para ejercer el cargo de Investigador Criminalístico VII de la
de septiembre Unidad Nacional de Fiscalías para los Desmovilizados, hoy Técnico
de 202338 Investigador IV, debido al proceso de reestructuración de la planta de
personal adelantado en 2014 al interior de la entidad».

Radicado: «En los términos del recurso de apelación, corresponde a la Sala
2016-00273-01 determinar si acertó el Juez de Primera Instancia al concluir que el acto
administrativo demandado adolece de falsa motivación y, a pesar de ello,
Accionante negar al demandante el reintegro al cargo de Técnico Investigador IV de la
Jaime Edilberto Fiscalía General de la Nación, por considerar que no cumple con los
Cortés Oquendo requisitos exigidos para ser encargado en el mismo; o si, por el contrario,
como lo afirma el recurrente, al A quo no le es dable servirse de motivos
Sentencia del 17 que no fueron discutidos dentro del proceso para negar las pretensiones
de julio de de la demanda, ni tampoco puede abstenerse de declarar la configuración
202439 de un vicio de nulidad que quedó probado, por lo que, en virtud de la falsa
motivación deprecada en la providencia, debe ordenarse el reintegro».

58. De lo expuesto, la Sala observa que, en efecto, todos los casos antes mencionados
tuvieron identidad en los problemas jurídicos formulados, en cuanto a que debían
definir si procedía declarar la nulidad de la Resolución 001676 de 2015, mediante la
cual se terminó el encargo a cada demandante en el empleo de técnico investigador
IV, en particular, por el cargo de falsa motivación.

59. En este punto, es pertinente indicar que, de acuerdo con el artículo 138 de la Ley
1437 de 2011, en concordancia con el 137 ibidem, los actos administrativos
particulares pueden ser controvertidos en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuando hayan sido expedidos mediante falsa
motivación. Esta causal, de acuerdo con el Consejo de Estado, se configura cuando
las razones que fundamentan la decisión son contrarias a la realidad 40, lo cual puede
ocurrir, por un lado, porque los motivos determinantes de la administración están
basados en hechos que no están acreditados, o, por otro lado, si fueron considerados
hechos que habrían podido llevar a un resultado sustancialmente distinto.

60. Finalmente, conviene advertir que la Fiscalía General de la Nación, para
fundamentar la decisión de la Resolución 001676 de 2015, mencionó la Resolución
002004 de 2012 que realizó los encargos, expuso la modificación en la nomenclatura

38 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-07015-00, índice 2, certificado AD348356AF115012
1A7BFD95DF918942 50DAD60A26FC3746 70BA1D00689F07F0, páginas 194 a 223.
39 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2024-07015-00, índice 2, certificado AD348356AF115012

1A7BFD95DF918942 50DAD60A26FC3746 70BA1D00689F07F0, páginas 175 a 193.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 25 de noviembre de 2021, expediente núm.

11001-03-25-000-2019-00763 00.

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efectuada en el Decreto 017 de 2014, y agregó lo siguiente:

Que mediante Resolución 0-0467 del 1 de abril de 2014 se adoptó la estructura orgánica
de la Fiscalía General de la Nación quedando la Dirección Seccional del Cuerpo Técnico
de Investigación de Medellín como Subdirección Seccional de la Policía Judicial – CTI
Medellín, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz sede Medellín y la
Unidad Nacional de Fiscalías para los Desmovilizados Medellín como Dirección de
Fiscalías Nacional Especializada de Justicia Transicional

Que se hace necesario suspender estos encargos ya que no cuentan con el ID para el
mismo.

Con base en lo anterior

RESUELVE

Art.-1° TERMINAR EL ENCARGO al señor […]

61. Pues bien, al tener en cuenta los motivos que fundamentaron la Resolución
001676 de 2015 y los argumentos que sustentaron el concepto de violación en los
procesos iniciados en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, la Sala comprende que el juicio de legalidad del acto demandado que debía
realizar el respectivo juez de cada caso consistía en estudiar criterios objetivos y
transversales que no variaban según los demandantes, ya que estos ejercían el mismo
cargo con ocasión de una sola resolución.

62. En concreto, al resolver el problema jurídico, cada juez debía decidir si la
Resolución 001676 de 2015 incurrió en falsa motivación, esto es, si resultaba acorde
con la realidad fáctica y jurídica que los cargos proveídos en encargo carecían de ID,
esto es, identificación del cargo.

63. Lo expuesto permite a esta Sala afirmar que, en efecto, las sentencias que
resolvieron los procesos judiciales iniciados por los señores Eduard Parra Suárez, Julio
César Bueno Mendoza y Jimmy Andrés Quiroga Quiroga constituían precedente
vinculante para la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia
al momento de resolver el caso del señor Jaime Edilberto Cortés Oquendo.

64. Lo anterior, toda vez que, se reitera, dichos procesos estaban sustentados en los
mismos hechos, buscaban la nulidad de una misma resolución y expusieron los
mismos argumentos de derecho que imponían decidir idéntico problema jurídico.
Además, correspondía ser resueltos por una misma corporación judicial, al margen de
que se tratara de distintas salas de conocimiento. Respecto a este último punto, es
pertinente recordar que la Corte Constitucional, en la sentencia T-531 de 2023,
expresó lo siguiente:

54. Cabe precisar que si bien es cierto que las decisiones judiciales referidas fueron
proferidas por Salas de Decisión diferentes al interior del Tribunal Administrativo del
Caquetá, ello no lo eximía de garantizar el principio de igualdad en el marco de la función
judicial, pues se trata de una sola Corporación y, en este caso, además, es evidente que
el asunto previo era conocido por la autoridad judicial tutelada porque (i) solicitó copia
del trámite anterior; (ii) en la sentencia hizo mención a dicho asunto y, finalmente, (iii) el
motivo por el cual se presentó un voto disidente en la providencia cuestionada recayó,
precisamente, en la decisión adoptada por la mayoría sin atender a la regla de decisión

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fijada en el caso fallado del señor Felipe, lo que da cuenta sin duda alguna de que este
aspecto sí fue objeto de discusión.

65. Por último, cabe resaltar que, antes de que la Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia emitiera el fallo del 17 de julio de 2024, objeto de
tutela, la apoderada del señor Cortés Oquendo presentó memoriales41 en el proceso
ordinario con los que aportó las sentencias emitidas dentro de los expedientes núms.
05001-33-33-017-2016-00428-01, 05001-33-33-018-2016-00453-01, 05001-33-33-
006-2016-00472-01, de manera que puso en conocimiento de la autoridad judicial la
existencia del precedente, no obstante, guardó silencio.

66. En los anteriores términos, la Sala concluye que la Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos fundamentales a la igualdad
y al debido proceso del señor Jaime Edilberto Cortés Oquendo, por cuanto incurrió en
la sentencia del 17 de julio de 2024 en el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial (horizontal).

IV. CONCLUSIONES

67. En consecuencia, la Sala amparará los derechos fundamentales vulnerados;
dejará sin efecto la sentencia del 17 de julio de 2024 y ordenará a la Sala Séptima de
Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia que emita una nueva decisión en la
que tenga en cuenta el precedente judicial contenido en las sentencias proferidas
dentro de los expedientes núms. 05001-33-33-017-2016-00428-01, 05001-33-33-018-
2016-00453-01, 05001-33-33-006-2016-00472-01.

68. En todo caso, resulta pertinente aclarar que las consideraciones expuestas en esta
sentencia de ninguna manera pueden ser interpretadas como una orden de fallar en
un determinado sentido, puesto que se deben garantizar los principios de
independencia y autonomía judicial. En ese marco, la Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia podrá acoger el precedente horizontal antes
mencionado o apartarse de este, para lo cual deberá exponer los argumentos que
sustenten su decisión.

V. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad
de la ley,
FALLA:

PRIMERO: CONCEDER el amparo de tutela de los derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad del señor Jaime Edilberto Cortés Oquendo, por los motivos
expuestos en esta providencia.

SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el fallo del 17 de julio de 2024, emitido dentro del
expediente con radicado núm. 05001-33-33-020-2016-00273-01, en atención a las
razones expuestas en esta providencia.

41 Samai, exp. núm. 05001-33-33-020-2016-00273-01, índices 17 y 21.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-07015-00
Accionante: Jaime Cortés Oquendo
Accionado: Sala Séptima de Oralidad del
Tribunal Administrativo de Antioquia

TERCERO: ORDENAR a la Sala Séptima de Oralidad del Tribunal Administrativo de
Antioquia que, en el término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la
notificación de esta providencia, profiera una nueva decisión en la que atienda lo
indicado en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia,
conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta a
través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

DACJ/SEJV

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