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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07016-01

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07016-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del requisito general de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-07016-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

27 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-07016-01
Referencia: Acción de tutela
Actores: WILSON DAIRO RÍOS RAMÍREZ Y OTROS.

TESIS: SE MODIFICA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU
LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO
POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO GENERAL DE LA
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LOS ACTORES PRETENDEN
CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE MECANISMO
SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA ADICIONAL AL
PROCESO ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y PRINCIPIO DE
LEGALIDAD.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 7 de febrero de 2025, mediante la cual la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1

declaró improcedente la solicitud de amparo con relación al defecto

1
En adelante la Sección Tercera.

2

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2024-07016-01
Actores: WILSON DAIRO RÍOS RAMÍREZ Y OTROS.

por desconocimiento del precedente y denegó el amparo frente al

defecto fáctico.

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

Los señores WILSON DAIRO RÍOS RAMÍREZ, DENIS ANDREA

PANIAGUA FERNÁNDEZ y VALENTÍN RÍOS PANIAGUA actuando

a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

igualdad, al acceso a la administración de justicia y al principio de

legalidad, los cuales estima vulnerados por la SALA PRIMERA DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA2 al haber

proferido la providencia de 19 de junio de 2024, dentro del medio de

control de reparación directa identificado con el número único de

radicación 05001-33-33-020-2016-00445-01.

I.2.- Hechos

2
En adelante el Tribunal.

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Señalaron que han sido vendedores ambulantes durante más de 15

años y, debido a dicha actividad, el señor WILSON DAIRO RÍOS

RAMÍREZ fue censado para ocupar un local comercial en el centro

comercial “Bazar los puentes” en la ciudad de Medellín, como solución

a las ventas informales.

Mencionaron que el 29 de septiembre de 2000 el señor WILSON

DAIRO RÍOS RAMÍREZ suscribió una promesa de compraventa con

el DISTRITO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE

MEDELLÍN3 con el fin de adquirir el local comercial ubicado en la

plataforma B en el centro comercial “Bazar los puentes”, allí iniciaron

la actividad económica en el establecimiento denominado

“Restaurante y Helados GUNGUI”.

Aseguraron que la administración del centro comercial “Bazar los

puentes” creó la Asociación de Comerciantes de los Puentes-

ASOCOMPUENTES4- y nombró como representante legal al señor

WILSON DAIRO RÍOS RAMÍREZ para los períodos 2005-2006 y

2010-2011, quien suscribió un contrato de comodato con el

3
En adelante el Distrito de Medellín.
4
En adelante Asocompuentes.

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DISTRITO DE MEDELLÍN para la entrega de la plataforma “B” del

centro comercial.

Aseveraron que desde la creación del centro comercial se

presentaron diversos problemas sociales, de seguridad y ambientales

que conllevaron que grupos delincuenciales se apoderaran del lugar,

lo que ocasionó la intervención de las autoridades policiales y

administrativas, quienes en virtud de un operativo policial efectuaron

unas capturas e incautaron elementos ilícitos.

Asimismo, señalaron que el DISTRITO DE MEDELLÍN ordenó el

cierre de un gran número de locales comerciales y, además, expidió

la Resolución núm. 413 de 2014 mediante la cual dispuso la

restitución del espacio público en el área que conformaba el centro

comercial “Bazar los puentes” plataformas A y B, lo que conllevó la

pérdida de su local comercial.

Aseguraron que presentaron demanda en ejercicio del medio de

control de reparación directa contra el DISTRITO DE MEDELLÍN

con el propósito de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios

materiales ocasionados por el desalojo del local comercial que

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adquirieron en el centro comercial “Bazar los puentes”.

Aseveraron que a la demanda le fue asignado el número único de

radicación 05001-33-33-020-2016-00445-00 y le correspondió por

reparto al JUZGADO 20 ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN5 que,

mediante sentencia de 20 de septiembre de 2019, accedió

parcialmente a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia,

condenó al DISTRITO DE MEDELLÍN a reconocer y pagar a los

demandantes los perjuicios de orden material.

Indicaron que, inconformes con lo anterior, junto con el DISTRITO

DE MEDELLÍN formularon los respectivos recursos de apelación ante

el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 19 de junio de 2024,

revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pretensiones

de la demanda.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de los actores, la autoridad judicial accionada incurrió en el

desconocimiento del precedente establecido en la sentencia T-

5
En adelante el Juzgado.

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1179 de 2008 proferida por la Corte Constitucional, en la que, a su

juicio, fue consistente en afirmar que el Estado no puede aplicar

políticas de desalojo repentino a las personas que laboran en el

comercio informal, sin antes ofrecerles alternativas económicas o de

reubicación, esto, con el fin de garantizar su mínimo vital y preservar

el principio de la confianza legítima.

Resaltaron que el TRIBUNAL al estudiar el daño antijurídico derivado

del acto administrativo que ordenó el desalojo de su establecimiento

de comercio, omitió considerar la jurisprudencia en comento, pues,

se limitó a efectuar un análisis restrictivo y perjudicial para sus

derechos, ya que la resolución cuestionada determinó unos

parámetros de restitución y reubicación, pero no garantizó una

solución concreta para los comerciantes informales afectados.

Mencionaron que la autoridad judicial accionada incurrió en el

defecto fáctico, toda vez que efectuó una indebida valoración

probatoria al atribuirle al señor WILSON DAIRO RÍOS RAMÍREZ la

calidad de representante legal de la asociación ASOCOMPUENTES,

representación que ejerció hasta el año 2011, es decir, dos años

antes de que se produjera el desalojo de los vendedores informales.

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Argumentaron que dicha calificación resultó determinante en la

decisión adoptada, pues se fundamentó en hechos que no

correspondían a la realidad probatoria.

Asimismo, afirmaron que la decisión cuestionada incurrió en

violación directa de la Constitución, ya que la decisión

cuestionada vulneró sus derechos al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la igualdad y al principio de legalidad.

I.4.- Pretensiones

Los actores solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERO: Que se DECLARE que el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, trasgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, AL
ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, Y AL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD de WILSON DARIO RIOS RAMIREZ,
DENIS ANDREA PANIAGUA FERNANDEZ Y VALENTIN RIOS
PANIAGUA.

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 19 junio
de 2024, proferida por TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA-SALA PRIMERA dentro del proceso de reparación
directa. RAD. 05001333302020160044501.

TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA SALA PRIMERA, que, en el término de esta
providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso de

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reparación directa teniendo en cuenta los lineamientos establecidos
por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la presente Litis […]”.
(Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que los fundamentos jurídicos y fácticos

que se analizaron en la decisión cuestionada, se encuentran

contenidos en el texto de la providencia.

Igualmente, mencionó que la decisión se encuentra ajustada a

derecho y, por lo tanto, consideró que no se vulneraron los derechos

fundamentales invocados por los actores, ni se acreditó en debida

forma los requisitos exigidos para la procedencia de la acción

constitucional.

I.6.- Intervinientes

I.6.1 El JUZGADO se limitó a remitir el expediente digital del medio

de control de reparación directa objeto de análisis, sin realizar

pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.

I.6.2.- El DISTRITO DE MEDELLÍN, vinculado en calidad de tercero

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con interés directo en las resultas del proceso, señaló que la acción

de tutela es improcedente, por cuanto no cumple el requisito general

de relevancia constitucional, pues, a su juicio, los actores pretenden

desnaturalizar el ejercicio de la acción de tutela al trasladar la

controversia ya agotada en el trámite ordinario a una instancia

constitucional.

Aseguró que de la lectura de las providencias cuestionadas, no puede

predicarse la configuración de las causales de procedibilidad, pues la

sentencia del TRIBUNAL analizó detalladamente todas las pruebas

aportadas al expediente.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA mediante sentencia de 7 de febrero de 2025,

declaró improcedente la solicitud de amparo con relación al defecto

por desconocimiento del precedente, al considerar que la

interpretación contenida en la sentencia cuestionada se enmarcó

dentro de la autonomía e independencia judicial.

Aseguró que, el TRIBUNAL constató el rol del señor Wilson Dairo

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Ríos dentro de la asociación de vendedores informales al suscribir

contratos de comodato y, además, consideró que la decisión

cuestionada fue suficientemente clara, pues, el actor por varios

motivos tuvo conocimiento de las circunstancias que motivaron el

desalojo y, por lo tanto, tuvo la oportunidad de acudir a las

autoridades y vincularse al proceso de reubicación.

Igualmente, denegó el amparo frente al defecto fáctico, al concluir

que los argumentos formulados en la solicitud de amparo

desconocieron la libre formación de la convicción y no tienen el

alcance para constituir un yerro de validez.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Los actores impugnaron la sentencia proferida por la SECCIÓN

TERCERA, manifestando su desacuerdo con la motivación de la

decisión, pues, a su juicio, la solicitud de amparo no estaba dirigida

contra la legalidad del acto administrativo, sino contra la

interpretación y aplicación de la resolución por parte del TRIBUNAL,

sin tener en cuenta el precedente constitucional aplicable a la

confianza legítima, a la buena fe y a la asimetría de poder.

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Asimismo, señalaron que los argumentos presentados respecto del

defecto fáctico, no se reducen a una mera aseveración genérica y,

por el contrario, lo cuestionado es el error sustancial en el que

incurrió el TRIBUNAL al omitir la valoración de las pruebas que

pretendían demostrar la permanencia legítima en el local comercial

y la certeza jurídica generada con la expedición del acto

administrativo.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada carece,
absolutamente, de competencia para ello.

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b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera
del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que

se deje sin efecto la providencia de 19 de junio de 2024, proferida

por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de reparación directa

identificado con el número único de radicación 05001-33-33-020-

2016-00445-01.

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A la citada providencia la parte actora le atribuye la vulneración de

sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al

acceso a la administración de justicia y al principio de legalidad,

habida cuenta que, a su juicio, la autoridad judicial accionada

incurrió en los defectos fáctico, desconocimiento del precedente y

violación directa de la Constitución.

Los disensos de los actores radican en que la autoridad judicial

accionada incurrió en desconocimiento del precedente

establecido en la sentencia T-1179 de 2008 proferida por la Corte

Constitucional, ya que el TRIBUNAL se limitó a efectuar un análisis

restrictivo y perjudicial para sus derechos, pues la resolución

cuestionada determinó unos parámetros de restitución y reubicación,

pero no garantizó una solución concreta para los comerciantes

informales afectados.

Mencionaron que la autoridad judicial accionada incurrió en el

defecto fáctico, toda vez que efectuó una indebida valoración

probatoria al atribuirle al señor WILSON DAIRO RÍOS RAMÍREZ la

calidad de representante legal de la asociación ASOCOMPUENTES,

representación que ejerció hasta el año 2011, es decir, dos años

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antes de que se produjera el desalojo de los vendedores informales.

Asimismo, afirmaron que la decisión cuestionada incurrió en

violación directa de la Constitución, ya que la decisión

cuestionada vulneró sus derechos al debido proceso, al acceso a la

administración de justicia, a la igualdad y al principio de legalidad.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la

SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 7 de febrero de

2025, declaró improcedente la solicitud de amparo con relación al

defecto por desconocimiento del precedente y denegó el amparo

frente al defecto fáctico.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión

proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la

motivación de la decisión, pues, a su juicio, la solicitud de amparo no

estaba dirigida contra la legalidad del acto administrativo, sino contra

la interpretación y aplicación de la resolución por parte del

TRIBUNAL sin tener en cuenta el precedente constitucional aplicable

a la confianza legítima, a la buena fe y a la asimetría de poder.

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Asimismo, señaló que los argumentos presentados respecto del

defecto fáctico no se reducen a una mera aseveración genérica y, por

el contrario, lo cuestionado es el error sustancial en el que incurrió el

TRIBUNAL al omitir la valoración de las pruebas que pretendían

demostrar la permanencia legítima en el local comercial como la

certeza jurídica generada con la expedición del acto administrativo.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

de la acción de tutela contra providencia judicial; y, de ser así, se

establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

deprecados e incurrió en los defectos alegados.

Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias

judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el

[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero

[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)

[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que: “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no

un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que

excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación

que dieron origen a la controversia judicial [...]”, por lo que indicó

que para determinar si la acción de tutela en concreto cumplía con el

requisito de relevancia constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela
se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se
exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales […]”.

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

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discutir asuntos de mera legalidad, (ii) impedir que la acción de tutela

se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir

las decisiones judiciales, y (iii) preservar la competencia y la

independencia del juez ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la presente

acción de tutela no cumple con el requisito general de la relevancia

constitucional, en la medida en que lo pretendido por la parte actora

es que se realice un nuevo análisis del asunto puesto a consideración

del juez natural, como si este mecanismo constitucional se tratara de

una instancia adicional al proceso ordinario.

En efecto, la divergencia recae sobre un asunto de mera legalidad,

porque los motivos que fundamentan la inconformidad de los actores

se sustentan, básicamente, en que la autoridad judicial accionada

omitió la valoración del material probatorio a partir del cual se

lograría inferir la responsabilidad de la entidad territorial accionada,

al expedir el acto administrativo mediante el cual dispuso la

restitución del espacio público en el área que conformaba el centro

comercial “Bazar los puentes”, plataformas A y B, lo que ocasionó la

pérdida de su local comercial.

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Dicho aspecto, además de que carece de una perspectiva

constitucional, se limita a una discusión que gira en torno a la

inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del

asunto, el cual fue resuelto por el TRIBUNAL de forma admisible,

así:

“[…] Conforme con los argumentos planteados en el recurso de
apelación, corresponde en esta ocasión establecer si es posible
imputar responsabilidad al Municipio de Medellín por no haber
reubicado a los demandantes, quienes fueron desalojados por
razones de orden público de un local comercial, entregado en
Comodato de uso, en cumplimiento de un acto administrativo.

En esta materia y como quiera que el daño que presuntamente se
causó se deriva de un acto administrativo que se indica por la
propia demandante se encuentra ajustado a la ley, esto es la
Resolución 413 de junio 12 de 2014, se ha de entender que
corresponde a la reclamación de un perjuicio causado por la
omisión del cumplimiento de la reubicación de quienes ocuparan
los espacios de las plataformas A y B del Bazar Los Puentes de
manera legítima, según lo ordenado en el artículo segundo del
mismo.

En este orden ideas, se encuentra acreditada y no ha sido discutida
la legalidad de la resolución 413 de junio 12 de 2014, publicada en
la Gaceta Oficial No. 4236, por medio de la cual se ordena el cierre
del Centro Comercial Bazar Los Puentes - Plataformas A y B, que
en sus consideraciones y motivos explica el deber de proteger el
espacio público conforme los mandatos constitucionales y las
sentencias de la Corte Constitucional, en el que se advierte de
su uso temporal reconocido como una concesión transitoria,
en consideración a la comprobada precariedad o falta de
recursos económicos para la subsistencia de quienes lo ocupan o
de su familia.

Adicionalmente, se incluye en la motivación de este acto
administrativo, el operativo realizado por la Fiscalía en el que se
encontraron entre otras situaciones, venta de alucinógenos,
personas retenidas en flagrancia, personas con órdenes de captura,
y entre otros, todo lo que generó la intervención y la restitución del
espacio público.

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Finalmente, en lo que corresponde al contenido de la resolución
citada, cabe resaltar que el artículo segundo ordena reubicar a los
comerciantes informales que ocupan de manera legítima las
plataformas, en su contenido expresa con absoluta claridad la
condición de ocupar legítimamente las plataformas, para efectos
de la reubicación.

Comprendida la necesidad de examinar el contenido del acto, para
efectos de determinar si del mismo o de su incumplimiento puede
derivarse el perjuicio reclamado por los demandantes, lo primero
que se ha de destacar, es que fueron razones de orden público las
que llevaron a que se ordenara el restablecimiento del espacio
público y consiguiente desalojo de quienes ocupaban el mismo.

En segundo lugar, ha de señalarse, en relación con los bienes de
usos público, entre ellos el espacio público, que tal y como lo indica
la propia resolución, solamente podrán otorgarse concesiones
temporales, acreditadas determinadas condiciones.

En tercer lugar, para hacerse acreedor al beneficio de ser
reubicado, también se exigía en la misma resolución 314 de junio
12 de 2014, la condición de acreditar tener la ocupación legítima
en alguna de las plataformas.

Siendo ello así, correspondía a los demandantes haber acreditado
ante las instancias municipales el cumplimiento de esas
condiciones, para obtener la reubicación, y así demostrar que el
rechazo de la solicitud o el incumplimiento arbitrario de la misma,
no obstante, el haberla solicitado y acreditar los requisitos exigido,
les había causado un perjuicio.

Un examen y valoración completa de la prueba obrante no permite
afirmar que la parte demandante haya acreditado el cumplimiento
de los requisitos para ser acreedor o merecedor del beneficio de la
reubicación.

Por el contrario, de las pruebas aportadas con la demanda se
evidencia que existe un documento en el que el demandante
WILSON DAIRO RIOS RAMIREZ funge como representante legal de
la asociación denominada “ASOCIACION DE COMERCIANTES DEL
CENTRO COMERCIAL LOS PUENTES (ASOCOMPUENTES)”, Entidad
sin ánimo de lucro que impulsa programas como la reubicación de
venteros informales , y el contrato de COMODATO número 037 de
2005, en el cual la Subsecretaría del Espacio Público entrega 198
locales en la Plataforma del Centro Comercial Los Puentes, que

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entre otras obligaciones incluye la de administrar la plataforma con
diligencia y cuidado, acatando entre otras las directrices de Espacio
Público.

Es de anotar que, como Representante legal de La citada
asociación, y de conformidad con el contrato de comodato, asumió
las obligaciones contenidas en el mismo, tales como tomar medidas
concernientes a la seguridad, y dentro de ellas el cumplir y hacer
cumplir el reglamento o y los estatutos.

De lo anterior se deduce que el demandante conocía la situación
de los locales entregados en comodato, así como las acciones que
tomó la administración para conjurar las graves perturbaciones al
orden público y a la seguridad que allí se generaron, las propuestas
de reubicación realizadas a los titulares legítimos de aquellos.

No obstante, no resulta creíble que no hubiera conocido tales
ofertas de reubicación, no sólo porque también se encuentra
demostrado que muchas fueron aceptadas, y su posición de
firmante del contrato de Comodato la hacía responsable
precisamente de conocer y colaborar en la solución de la situación
que allí se generó.

Por otra parte, no existe prueba que el demandante haya solicitado
ser reubicado o se haya manifestado positivamente en cuanto a la
oferta de reubicación contenida en la resolución 414 de junio 12 de
2014, de tal manera que, atendiendo su posición de representante
legal de la asociación, no le es excusable que no lo haya hecho.

En síntesis, no se demostró que la resolución 413 de junio 12 de
2014, que además de gozar de presunción de legalidad, es
aceptada como conforme con el ordenamiento jurídico por el propio
demandante, haya generado un perjuicio, en la medida que no se
acreditó que se hubiera realizado la solicitud de reubicación, como
tampoco que hubiera satisfecho los requisitos señalados
claramente en la misma para acceder a este beneficio.

Siendo ello así, no se cumplió con la carga de la prueba, ni se
demostró que haya habido una verdadera omisión por parte de la
administración de la que pueda derivarse válidamente una
declaración de responsabilidad y consecuente condena, por lo que
corresponde revocar la sentencia objeto de apelación y en su lugar
negar las pretensiones de la demanda […]” (Destacado fuera de
texto).

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De los apartes transcritos de la providencia objeto de tutela, se

evidencia que al resolver el problema jurídico el TRIBUNAL efectuó

un recuento de los hechos probados y, a partir de dicho análisis,

determinó que el daño antijuridico consistió en la omisión del

cumplimiento de reubicación de los comerciantes que ocupaban los

espacios de las plataformas A y B del “Bazar los puentes” de manera

legítima, con ocasión a la orden de protección del espacio público

impuesta en la Resolución núm. 413 de 2014.

Asimismo, luego de verificar el contenido del material probatorio

advirtió que las razones que motivaron el restablecimiento del

espacio público y el desalojo de quienes ocupaban legítimamente las

plataformas obedeció a motivos de orden público.

Igualmente, señaló que de acuerdo con la Resolución núm. 413 de

2014, para poder ser acreedor del beneficio de la reubicación los

actores debieron acreditar la ocupación legítima de alguna de las

plataformas. En ese orden, el TRIBUNAL concluyó que los actores

no lograron acreditar el cumplimiento de los presupuestos exigidos

para ser acreedores o merecedores del beneficio de la reubicación,

contrario a ello, evidenció que los actores no lograron probar el

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agotamiento de la solicitud de reubicación y tampoco el acatamiento

de los requisitos señalados para acceder al beneficio.

Asimismo, la autoridad judicial accionada observó que el señor

WILSON DAIRO RÍOS RAMÍREZ fungió como representante legal

de la asociación ASOCOMPUENTES, entidad que impulsó programas

de reubicación de los vendedores informales y, además, suscribió el

contrato de Comodato núm. 037 de 2005, en el cual la Subsecretaría

del espacio público entregó 198 locales en la plataforma del centro

comercial “Bazar los puentes” y, entre otras obligaciones, incluyó la

administración de la plataforma con diligencia y cuidado, acatando

entre otras las directrices de espacio público.

Así las cosas, la autoridad judicial accionada logró inferir que debido

a su actividad como representante legal de la asociación no resultaba

creíble que el señor WILSON DAIRO RÍOS RAMÍREZ no hubiese

tenido conocimiento del proceso de reubicación, no solo porque

muchas de las ofertas planteadas por la entidad territorial fueron

aceptadas, sino porque dada su posición era responsable de

colaborar y conocer las alternativas presentadas ante la situación del

desalojo.

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Finalmente, resaltó que los actores no cumplieron con la carga de la

prueba, pues, no lograron demostrar una verdadera omisión por

parte de la administración de la que se pudiera inferir la declaración

de responsabilidad y, por lo tanto, el TRIBUNAL concluyó que había

lugar a revocar la decisión apelada y, en su lugar, denegar las

pretensiones de la demanda.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que el TRIBUNAL se

pronunció frente a todos los aspectos que los actores aluden como

desconocidos, sin que se vislumbre que pudo haber actuado de forma

abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la

autonomía judicial, por lo que el asunto carece del requisito

general de la relevancia constitucional.

Situación distinta es que los actores no compartan la tesis allí

dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que

de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de

conocimiento, el TRIBUNAL decidió el asunto sometido a su

consideración.

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

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que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la actora,

sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como

si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, se modificará la decisión de primera instancia y, en

su lugar, se declarará improcedente la acción de tutela de la

referencia por no cumplir el requisito general de la relevancia

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constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada y, en su lugar,

DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por carecer del

requisito general de la relevancia constitucional, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 27 de marzo de 2025.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Ausente con excusa

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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