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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07027-00

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07027-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 6 Radicación: 11001-03-15-000-2024-07027-00 Demandante: Leidy Dayana Delgado Feria Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-07027-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07027-00
Demandante: Leidy Dayana Delgado Feria
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Improcedencia – inexistencia de acción u omisión con
la potencialidad de vulnerar los derechos fundamentales invocados

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. Leidy Dayana Delgado Feria instauró demanda de tutela en contra de la Unidad de

Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura, en busca de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
igualdad y trabajo.

2. La parte actora relató que inició la carrera de Derecho en la Universidad Santo

Tomás en el primer semestre de 2017. Por razones de índole económico, tuvo que
suspender sus estudios y retomarlos con posterioridad a la promulgación de la Ley
1905 de 20182 en otra institución de educación superior.

3. El 17 de abril de 2024, por correo electrónico, radicó una petición dirigida a la

Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, en los
siguientes términos:

<< 1. ¿Cuál es la fecha de inicio de la carrera de derecho y quien la determina?;

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado.”

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07027-00
Demandante: Leidy Dayana Delgado Feria
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

2. ¿Cuál es la fecha de inicio si curse el pregrado en mas de una Institución de
Educación Superior?
3. ¿Si inicié mis estudios de derecho previo a la promulgación de la ley 1905 de 2018
(28 de junio de 2018) y, por temas personales tuve que suspender y retomar posterior
a esta, debo presentar el examen como requisito?>>.

4. Previo a formular las preguntas, la peticionaria señaló que teniendo en cuenta que

en la Ley 1905 de 2018 no se indicó de forma expresa que los estudios allí referidos
debían ser de carácter ininterrumpido o en la misma institución de educación
superior, debía entenderse que aquellos estudiantes que han iniciado la carrera de
derecho con anterioridad a la promulgación de la norma y la hayan retomado con
posterioridad a esa fecha no están sujetos al requisito de presentar y aprobar el
Examen de Estado para ejercer la profesión de abogado.

5. En respuesta a dicha solicitud, el 19 de abril de 2024, la Unidad le indicó que a

partir de la expedición de la Ley 1905 de 2018, además de los requisitos legales
vigentes, para ejercer la profesión de abogado se requiere presentar y aprobar el
Examen de Estado; requisito que resulta exigible para quienes hayan iniciado la
carrera de derecho con posterioridad a la promulgación de la norma.

6. Precisó que el trámite de inscripción y expedición de la tarjeta profesional de
abogado se lleva a cabo con los documentos que aporta el solicitante y las fechas
de inicio de la carrera de derecho y de grado que informan directamente las
instituciones de educación superior.

7. Explicó que para identificar la procedencia de la anotación de provisionalidad en

las tarjetas profesionales de abogado en los casos en que el profesional haya
cursado la carrera en más de una universidad, se toma como fecha de inicio de
estudios aquella en la que ingresó por primera vez al programa de derecho, siempre
que dicho tiempo hubiera sido homologado por la institución de educación superior
que emitió el acta de grado. Aclaró que si el periodo homologado o cursado se realizó
estando vinculado a una carrera diferente, la primera fecha no se tiene en cuenta
como fecha de inicio de estudios. Resaltó que no le corresponde revisar el pénsum,
ni la historia académica de los usuarios. Tampoco valorar si los estudios que
realizaron pertenecen a la carrera de derecho o determinar fechas relevantes para
el trámite de expedición de la tarjeta profesional de abogado. Asimismo, carece de
competencia para exonerar del Examen de Estado a quienes hayan iniciado la
carrera con posterioridad a la promulgación de la Ley 1905 de 2018.

8. En ese sentido, expuso que las instituciones de educación superior son las
encargadas de reportar la información administrativa-académica necesaria para
verificar la veracidad de los documentos aportados por los usuarios y el cumplimiento
de los requisitos de los trámites que se adelanten ante esa Unidad. Para tales
efectos, la Unidad requiere a las instituciones educativas para que informen la fecha

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07027-00
Demandante: Leidy Dayana Delgado Feria
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

de inicio de la carrera de derecho y de grado de sus egresados, la existencia de
procesos de homologación o transferencia interna o externa o cualquier situación
administrativa que tenga incidencia en la fecha de inicio del programa académico de
Derecho.

9. Refirióque en cuanto a su caso particular, el 14 de noviembre de 2023 la
Universidad de Santander reportó como fecha de inicio de carrera el 4 de febrero de
2019 y no certificó una fecha de grado. Le aclaró que si el periodo cursado en la
primera institución de educación superior donde inició sus estudios en derecho fue
homologado por la Universidad de Santander o por la entidad educativa donde
culmine sus estudios, ello debía ser certificado por la respectiva institución, caso en
el cual no estaba obligada a presentar el Examen de Estado. En caso contrario,
estaría sujeta a dicha exigencia.

10. Por último, recalcó que en caso de existir alguna inconformidad con la información

reportada a la Unidad por la Universidad de Santander, esta debía ser resuelta
directamente con la institución educativa.

11. Posteriormente, el 28 de noviembre de 2024 la demandante se graduó como
abogada en la Universidad de Santander.

12. En el escrito de tutela, sostuvo que la respuesta otorgada por la accionada frente

a la petición que radicó el 17 de abril de 2024, comporta una vulneración a sus
derechos fundamentales a la igualdad y al trabajo, toda vez que para expedir la
tarjeta profesional de abogado impuso un requisito adicional a quienes iniciaron la
carrera de derecho con anterioridad a la promulgación de la Ley 1905 de 2018 y
retomaron los estudios con posterioridad a esa fecha en una institución educativa
diferente, esto es, la homologación, el cual no fue establecido por el legislador.

13. Aseveró que dicha exigencia afecta su inclusión en el mercado laboral, pues se

ve limitada por no contar con la habilitación para requerir la expedición de la tarjeta
profesional.

14. Esgrimió que no se inscribió en la última convocatoria para realizar el Examen de

Estado, pues considera fehacientemente que le “asiste el derecho a la igualdad para
todos aquellos profesionales de derecho que iniciaron sus estudios previos a la
promulgación de la norma en comento”.

15. De esta manera, con la demanda de tutela pretende que se ordene a la entidad

demandada eximirla de la obligación de presentar y aprobar dicha prueba para
efectos de expedir su tarjeta profesional.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-07027-00
Demandante: Leidy Dayana Delgado Feria
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

16. Mediante auto del 16 de enero de 2024, se dispuso admitir la demanda, notificar

de su presentación a la parte demandada y comunicar la decisión a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

17. La Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia 3 adujo

que la acción de tutela se torna improcedente por no satisfacer el requisito de
subsidiariedad. Señaló que en la solicitud del 17 de abril de 2024, la actora
únicamente requirió información respecto a la determinación de las fechas de inicio
de la carrera de derecho y la aplicación del Examen de Estado contemplado en la
Ley 1905 de 2018, pero no solicitó que se le exonerara de presentar y aprobar dicha
prueba para obtener su tarjeta profesional de abogado.

18. Sin perjuicio de lo anterior, aseveró que no ha vulnerado en forma alguna los

derechos fundamentales de la accionante, pues la petición fue resuelta de fondo,
conforme al marco normativo y jurisprudencial que resultaba aplicable al asunto.

19. Resaltó que el 6 de diciembre de 2024 la Universidad de Santander reportó a esa

Unidad como fecha de inicio de la carrera de Derecho de la actora el 4 de febrero de
2019 y no se informó acerca de algún proceso de homologación. Por ende, se
encuentra cobijada por la Ley 1905 de 2018 y, en esa medida, debe cumplir con el
requisito de idoneidad consagrado en dicha norma.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Caso concreto

20. Esta Sala de Subsección declarará la improcedencia de la solicitud de amparo por

no acreditar la existencia de algún actuar por parte de la autoridad demandada que
tenga la potencialidad de vulnerar los derechos fundamentales que se invocan, los
que por demás, no están comprometidos, pues la discusión que plantea la solicitante,
involucra de manera directa un debate de legalidad.

21. De conformidad con el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991 4, el mecanismo de

amparo constitucional procede contra toda acción u omisión de las autoridades
públicas y, excepcionalmente de particulares, que haya conculcado o amenace algún
derecho fundamental.

22. Parte la Sala por indicar que para que se habilite la procedencia de la acción de

tutela no basta con señalar un actuar, ya sea por acción u omisión, por parte de
alguna autoridad, sino que es necesario que se acredite que dicho proceder tiene la
potencialidad de lesionar los derechos fundamentales cuyo amparo se reclama, lo

3 Intervención visible a índice 8 del expediente digital.
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07027-00
Demandante: Leidy Dayana Delgado Feria
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

que se echa de menos en esta oportunidad.

23. La parte accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a

la igualdad y al trabajo a la respuesta otorgada por la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia, frente a la solicitud que presentó el 17 de
abril de 2024, en tanto considera que le impuso un requisito no establecido por el
legislador para expedir su tarjeta profesional de abogado.

24. En términos objetivos, la respuesta no revela alguna conducta con la potencialidad

de transgredir los derechos fundamentales que invoca la parte actora, en la medida
en que este se limita a dar un concepto frente a una petición de consulta, pero no
define una situación jurídica particular de la peticionaria, a partir de la cual pudiera
derivarse una discusión en torno a sus derechos.

25. La actuación que se reprocha corresponde a un concepto, que no contiene una

decisión orientada a crear, modificar o extinguir alguna situación jurídica particular
de la actora. Esta se circunscribe a absolver una consulta formulada por la
demandante en ejercicio del derecho de petición, relacionada con las materias a
cargo de la entidad que lo expidió.

26. En consonancia con el artículo 285 de la Ley 1437 de 2011, la Corte
Constitucional6 y el Consejo de Estado7 han señalado que, por regla general, los
conceptos emitidos como respuesta a peticiones ejercidas en la modalidad de
consulta no están orientados a crear situaciones jurídicas y, por tanto, no
comprometen la responsabilidad de las entidades que los expiden en lo que respecta
al sentido y a la fundamentación del concepto, ni los obliga a su cumplimiento o su
ejecución. Solo en el evento en que estos involucren la resolución de alguna
situación jurídica general o particular pueden ser considerados como actos
administrativos definitivos, caso en el cual serán susceptibles de ser enjuiciados a
través de los mecanismos correspondientes, en tanto pueden afectar la esfera
jurídica de los administrados.

27. En el caso concreto, la actora requirió información relacionada con los requisitos

exigidos para llevar a cabo el trámite de expedición de la tarjeta profesional de
abogado, sin solicitar puntualmente que se le otorgara dicho documento, ni que se
le eximiera de algún requisito para su obtención. Esto es, no agotó el trámite
dispuesto en el Acuerdo PCSJA24-12162 del 9 de abril de 2024 para la expedición
de la referida licencia, y por ende no se ha provocado un pronunciamiento de la
administración, respecto a ese asunto.

5 “Salvo disposición legal en contrario, los conceptos emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones

realizadas en ejercicio del derecho a formular consultas no serán de obligatorio cumplimiento o ejecución”.
6 Al respecto, ver sentencia C-542 de 2005 y C-951 del 2014, entre otras.
7 Al respecto, ver auto del 21 de noviembre de 2023, proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo

de Estado, dentro del expediente 11001-03-06-000-2023-00202-00.
5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07027-00
Demandante: Leidy Dayana Delgado Feria
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

28. Por lo tanto, no cabe endilgarle a la accionada alguna conducta lesiva que
comprometa un derecho fundamental, por la emisión de ese concepto, bajo el
argumento de que ha impuesto un requisito no establecido por el legislador para
expedir la tarjeta profesional de la actora, pues lo es cierto es que no se ha adoptado
una decisión concreta sobre ese asunto, porque la demandante ni siquiera lo ha
solicitado, lo que, de entrada, desvirtúa la existencia de una conducta que pueda
afectar los derechos fundamentales objeto de reclamo.

29. En las condiciones anotadas, la Sala advierte que la improcedencia de la solicitud

de amparo no solo está dada por la omisión en la acreditación de un actuar que
implique una vulneración a los derechos fundamentales que se invocan, sino también
por su falta de subsidiariedad, comoquiera que la actora no ha reclamado ante la
autoridad enjuiciada lo que ahora pretende sea ordenado en sede de tutela.

30. Según lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política, previo acudir al juez

constitucional, y sin perjuicio de que el asunto sea de orden constitucional, es
necesario que la parte accionante haya agotados todos los instrumentos idóneos y
eficaces que ha puesto a su disposición el ordenamiento jurídico para lograr lo
pretendido, salvo que la acción de tutela se utilice como mecanismo transitorio para
evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

31. Carga que no se cumplió en el caso bajo estudio, pues la demandante no
demostró haber solicitado previamente a la autoridad accionada que la exonerara
del requisito de presentar y aprobar el Examen de Estado para expedir su tarjeta
profesional. Tampoco alegó ni probó la ocurrencia de un perjuicio irremediable que
habilitara el ejercicio de la acción constitucional como mecanismo transitorio, lo que
impide la intervención del juez de tutela.

32. Por lo expuesto anteriormente, la Sala declarará la improcedencia del amparo

deprecado en la demanda.

33. Enmérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado, por
las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07027-00
Demandante: Leidy Dayana Delgado Feria
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura - Unidad de Registro Nacional de Abogados y
Auxiliares de la Justicia
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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