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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-07031-00

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-07031-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor Roberto Bolaños Caicedo y otros en lo concerniente al posible desconocimiento del derecho a la igualdad en decisiones judiciales y, deniégase, respecto de los demás cargos. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-07031-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

6 de febrero de 2025

Demandantes: Roberto Bolaños Caicedo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07031-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07031-00
Demandantes: ROBERTO BOLAÑOS CAICEDO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Violación directa de la
Constitución, desconocimiento del precedente y derecho a
la igualdad en decisiones judiciales. Caducidad del medio
de control de reparación directa en delitos de lesa
humanidad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Los señores Roberto Bolaños Caicedo, Olivia Bolaños Caicedo, María del
Carmen Rangel Bolaños, Blanca Ligia Bolaños Caicedo, Jhon Alex Bolaños
Vargas, Elvira Vargas Hurtado, Pablo Emilio Bolaños Caicedo, María de la Paz
Bolaños, Edith Bolaños Caicedo y Blanca Cecilia Bolaños Caicedo, por
conducto de apoderada judicial, presentaron acción de tutela1 contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

Consideraron vulnerados sus derechos fundamentales a la vida e integridad
personal, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, así como al
bloque de constitucionalidad, el principio de confianza legítima y «la prohibición
de contradicción contra los actos propios implícita en el derecho a la buena fe».

Lo anterior, con ocasión de la providencia de 20 de junio de 2024 proferida por
la autoridad judicial accionada, en la cual confirmó el auto de 11 de abril del
mismo año dictado por el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial

1
Mediante escrito enviado el 19 de diciembre de 2024.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Roberto Bolaños Caicedo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07031-00

de Bogotá, en el que se rechazó por caducidad la demanda de reparación
directa que promovieron contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional -
Ejército Nacional, proceso que se identificó con radicado 11001-33-43-060-
2024-00064-00/01.

1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor solicitó:

Se sirve amparar los derechos fundamentales al Acceso a la Administración de
Justicia (Art. 229 C.Po.l); Igualdad (Art. 13 C. Pol.), al Bloque de
Constitucionalidad (Art. 13 C. Pol.), así como los garantías de la Confianza
Legítima y La Prohibición de Contradicción contra los Actos Propios implícitas en
el derecho a la Buena Fe (Art. 83 C. Pol.) del señor ROBERTO BOLAÑOS
CAICEDO Y OTROS que se vieron afectados en la actualidad por la vulneración
de los Derechos Fundamentales y Constitucionales en el pronunciamiento de la
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN “A” DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DE CUNDINAMARCA – MAGISTRTADO PONENTE DRA. BEATRIZ TERESA
GALVIS BUSTOS, con ocasión a la presencia de CAUSALES GENERICAS DE
PROCEDIBILIDAD, que tienen lugar por la “VULNERACIÓN DIRECTA DE LA
CONSTITUCIÓN” y “DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL HIRIZONTAL”, al ser la misma inconstitucional y
desconocer la línea jurisprudencial que había trasado la misma corporación.

En tal sentido, respetuosamente solicito a su señoría, ordene a la SECCIÓN
TERCERA – SUBSECCIÓN “A” DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA – MAGISTRTADO PONENTE DRA. BEATRIZ TERESA
GALVIS BUSTOS, profiera una decisión al interior del citado proceso ordinario,
en la que se adopte una valoración de fondo al caso puesto de presente, y
consecuencialmente se imprima la orden a esa Corporación Judicial que, en lo
sucesivo, por una parte, evite la adopción de decisiones judiciales que sacrifican
los derechos fundamentales enlistados.

Y por otro lado, se usanza a los principios de igualdad, seguridad jurídica, debido
proceso, buena fe, confianza legítima y la prohibición de contrariar a los actos
propios, se le ordene sea coherente en sus providencias judiciales, evitándose
que frente a situaciones fáctica y jurídicamente similares, se produzcan
soluciones diiiles.2

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

La parte actora relató que el 7 de agosto de 1994 en el municipio de Puerto
Guzmán (Putumayo) integrantes del Frente 32 de las FARC se llevaron a sus
familiares, los señores Argemiro Bolaños Caicedo, Nelson Bolaños Caicedo,
Eliseo Bolaños Caicedo y Luis Adrián Rangel Bolaños a una casa y «(...) les
dispararon con tiros de gracia en la cabeza (...)», debido a que el señor
Argemiro estuvo vinculado al Ejército Nacional.

Narró que la familia Bolaños Caicedo sufrió de desplazamiento forzado como
consecuencia de tal suceso y el 23 de febrero de 2011 la señora María de la
Paz Bolaños presentó denuncia en la Seccional de Fiscalías de Florencia
(Caquetá) por el delito de homicidio, la cual fue trasladada a la Fiscalía 39

2
Trascripción literal del original con posibles errores.

2
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Demandantes: Roberto Bolaños Caicedo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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Seccional de Mocoa (Putumayo), autoridad que decretó resolución inhibitoria el
21 de diciembre de 2015.

Señaló que el 9 de febrero de 2024 promovió3 el medio de control de
reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Ejército
Nacional, con el propósito de obtener el reconocimiento de los perjuicios
originados con la desaparición forzada, la tortura y el homicidio de sus
parientes por el aludido grupo al margen de la ley.

Indicó que del asunto conoció el Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá que, en auto de 11 de abril de 2024, rechazó la demanda al
considerar que en los casos de delitos de lesa humanidad sí opera la
caducidad, lo que ocurrió en el asunto analizado debido a que el hecho dañoso
ocurrió en el año 1994, pero la parte demandante acudió a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo 30 años después.

Afirmó que interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión,
con respaldo en que los actores se vieron imposibilitados para poner en
conocimiento de las autoridades lo sucedido por temor a que el grupo al
margen de la ley que cometió los homicidios de sus familiares tomara
represalias en su contra.

Explicó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, confirmó el fallo de primera instancia mediante proveído de 20
de junio de 2024. Esto, al coincidir con el a quo en que el medio de control no
se ejerció de manera oportuna, incluso si se tenía como punto de partida para
calcular el término de caducidad la fecha en que se radicó la denuncia, es
decir, el 23 de febrero de 2011.

Hizo alusión a que dicha autoridad judicial argumentó que los accionantes
debían promover la demanda dentro de los dos años previstos en el artículo
164 de la Ley 1437 de 20114, plazo que venció el 24 de febrero de 2013. No
obstante, esta se radicó el 9 de febrero de 2024, sin que el trámite de
conciliación prejudicial pudiera suspender la caducidad, dado que la solicitud
se radicó el 21 de noviembre de 2023, es decir cuando finalizó el término.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio de la parte accionante, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A, incurrió en violación directa de la Constitución
tras realizar una interpretación que desconoció los alcances de los tratados
internacionales ratificados por Colombia y aplicar de manera exegética la regla
de la caducidad, lo que transgredió su derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia.

3
Quienes integraron la parte demandada en el proceso de reparación directa fueron los
señores Roberto Bolaños Caicedo, Olivia Bolaños Caicedo, María del Carmen Rangel Bolaños,
Blanca Ligia Bolaños Caicedo, Jhon Alex Bolaños Vargas, Elvira Vargas Hurtado, Pablo Emilio
Bolaños Caicedo, María de la Paz Bolaños, Edith Bolaños Caicedo y Blanca Cecilia Bolaños
Caicedo.
4
En adelante, CPACA.

3
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Demandantes: Roberto Bolaños Caicedo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
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En ese sentido, recalcó que la decisión objeto de controversia no se ajusta a
derecho, pues estableció una pauta uniforme para casos que no son iguales,
por lo que no es dable aplicar las normas estrictas de caducidad cuando el
daño se deriva de un crimen de lesa humanidad.

En criterio de los actores, la judicatura cuestionada «(...) desconoció la fuerza
vinculante de una sentencia de la Corte Interamericana mediante la aplicación
de una especie de margen de apreciación nacional estricto, que es ajeno al
sistema interamericano de derechos humanos».

Al respecto, indicó que se podía consultar la sentencia de 20 de octubre de
2016 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso trabajadores de
la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil.

Igualmente, consideraron que en la providencia en cuestión se estableció una
analogía entre dos normas procesales cuyos presupuestos y fundamentos son
disímiles, para derivar una regla jurisprudencial en la que eliminó la diferencia
entre las víctimas de crímenes atroces como sujetos de especial protección
constitucional.

Por lo anterior, señalaron que no comparten que hoy en día se aplique de
forma retroactiva o ultractiva la regla unificada en relación con el conocimiento
del daño o la posibilidad de reclamar, siempre que se hubieran expuesto las
razones que los llevaron a no incoar la demanda dentro del término de
caducidad.

En su sentir, el juez de la reparación debió acudir al control de
convencionalidad para inaplicar la regla de la caducidad, comoquiera que los
contenidos sustanciales de los derechos a las víctimas a la verdad, justicia y
reparación regulados en diversas fuentes del derecho internacional y
constitucional prevalecen sobre la regla procesal.

De otro lado, la parte actora afirmó que el tribunal accionado no tuvo en cuenta
«varios pronunciamientos» que profirió en otros asuntos con una problemática
semejante a la que nos ocupa la atención, inclusive, por Salas de Decisión
conformadas por los mismos magistrados.

Además, trajo a colación que en el proveído debatido se prescindió del
precedente fijado por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
en las providencias de 26 de julio de 20115, 17 de septiembre de 20136 y 5 de
septiembre de 20167, según el cual, es viable inaplicar el término de caducidad
en los eventos en que el daño se produje por crímenes de lesa humanidad.

Para finalizar, en el escrito de tutela se hizo referencia a la sentencia T-352 de
2016 y la proferida el 20 de junio de 2019 dentro del expediente T-6.404.115,
decisiones en las cuales la Corte Constitucional puntualizó que la caducidad
del medio de control de reparación directa no tiene el mismo tratamiento en los

5
Con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, «radicado 41037».
6
M.P. Orlando Santofimio Gamboa, «exp. 45092».
7
M.P. Orlando Santofimio Gamboa, «exp. 57625».

4
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pleitos en los que están involucradas graves violaciones de derechos humanos,
pues su connotación es distinta y merece un trato especial.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 14 de enero de 2025, se admitió la solicitud de tutela y se
ordenó notificar esta decisión a la parte actora y como demandados a los
magistrados que integran la Sección Tercera, Subsección A del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

Además, se vinculó al juez Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, al ministro de Defensa Nacional y al comandante del Ejército Nacional,
en calidad de terceros con interés en las resultas del presente trámite.

Remitidas las respectivas comunicaciones8, se presentó la siguiente
intervención:

1.5.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A

La magistrada ponente de la decisión cuestionada se opuso al amparo
solicitado por los accionantes, por cuanto en el asunto sometido a su
consideración se analizaron las circunstancias fácticas del caso, valoraron los
documentos aportados al expediente y aplicaron las reglas fijadas por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, en la sentencia de unificación de 29 de
enero de 2020 y la providencia de 13 de agosto de 20219.

Puso de presente que no calculó el término de caducidad del medio de control
desde el 7 de agosto de 1994, fecha en la que ocurrió el homicidio de los
familiares de la parte actora, pues los demandantes se vieron obligados a
desplazarse a otro lugar, así que no podía desconocerse que se vieron
imposibilitados para acudir a la administración de justicia oportunamente.

Es así, como encontró acreditado que solo hasta el 23 de febrero de 2011 los
actores pudieron reasentarse en Florencia (Caquetá) y tuvieron la posibilidad
de acudir a la administración de justicia. Sin embargo, al contabilizar el término
a partir de ese momento evidenció que el plazo de los 2 años previsto en el
artículo 164 del CPACA transcurrió entre el 24 de febrero de 2011 y el 24 de
febrero de 2013, pero la demanda se presentó el 9 de febrero de 2024.

Por lo anterior, solicitó que se denieguen las pretensiones de la tutela debido a
que no incurrió en los defectos planteados y mucho menos afectó los derechos
fundamentales de los accionantes, sin que este mecanismo constitucional
puede ser utilizado como una instancia adicional a las establecidas por el
legislador.

8
Mediante oficios enviados el 16 de enero de 2025 visibles en el índice 8 de SAMAI.
9
Con ponencia de la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico, radicado 73001-23-33-000-
2015-00652-02.

5
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1.5.2. El Juzgado Sesenta Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá remitió
el expediente digital del proceso objeto de la tutela y los demás vinculados,
pese a que fueron debidamente vinculados el presente asunto, no rindieron
informe.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 201510, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora, por
presuntamente incurrir en violación directa de la Constitución, el
desconocimiento del precedente y del derecho a la igualdad en decisiones
judiciales en las que se resolvieron casos similares.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201211, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(...) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones
que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos

10
Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
11
M.P. María Elizabeth García González., rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que
las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez
de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada.»

En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un
juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se
puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se
zanjaron por el juez natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates

7
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meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.12

En tales condiciones, se advierte que en el caso en estudio la parte accionante
sugirió la configuración de tres cargos, a saber, la violación directa de la
Constitución, el desconocimiento del precedente y la trasgresión al derecho a
la igualdad de las decisiones en las que se resolvieron casos similares.

En criterio de la Sala, este presupuesto de procedibilidad de la tutela no se
cumple en lo concerniente al último de los reproches formulados, por cuanto no
se expuso la carga ius fundamental requerida para superar el requisito en
estudio, pues los accionantes no identificaron cuáles fueron las providencias en
las que presuntamente el tribunal accionado resolvió casos similares al suyo en
un sentido diferente.

Nótese que la parte accionante indicó que tal yerro se presentó en «varios
pronunciamientos» proferidos por Salas de Decisión conformadas por los
mismos magistrados de la corporación cuestionada. No obstante, a reglón
seguido hizo referencia fue a proveídos dictados por el Consejo de Estado y de
la Corte Constitucional.

En este orden de ideas, se encuentra que los actores no presentaron
argumentos que permitan considerar, prima facie, que su caso amerita un
estudio en lo que atañe al posible desconocimiento del derecho a la igualdad
en decisiones judiciales. Por lo tanto, se declarará improcedente la acción de
tutela en lo atinente a dicho cuestionamiento.

No ocurre lo mismo en cuanto a los demás defectos propuestos, pues se
considera que sí se cumple este requisito, en atención a lo siguiente:

i) Se planteó un debate que implica determinar si se configuró la posible
transgresión de los derechos fundamentales a la vida e integridad personal, a
la igualdad, de acceso a la administración de justicia, así como al bloque de
constitucionalidad, el principio de confianza legítima y «la prohibición de
contradicción contra los actos propios implícita en el derecho a la buena fe».

ii) La controversia no es exclusivamente legal o de contenido estrictamente
económico, por cuanto la parte accionante enfocó desde una perspectiva
constitucional por qué resulta necesario verificar si se configuran los defectos
planteados, los cuales giran en torno a la forma en la que se debe calcular la
caducidad en los casos relacionados con delitos de lesa humanidad.

12
Destacado por la Sala.

8
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iii) Los demandantes expusieron argumentos suficientes que permiten entender
que la afectación originada a los referidos derechos se produjo debido a que no
era acertado aplicar a su caso el término de caducidad y, con todo, esto debió
hacerse teniendo en cuenta los obstáculos que tuvieron para acudir a la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Cabe señalar que la Corte Constitucional13 estableció que los asuntos
relacionados con derechos de las víctimas al interior de procesos de reparación
directa que involucren graves violaciones a derechos humanos revisten de
relevancia constitucional por la naturaleza misma de la controversia, así como
las garantías fundamentales involucradas. Además, en lo concerniente al tema
de la caducidad del aludido medio de control, la misma Corporación indicó en
la sentencia SU-312 de 202014, lo siguiente:

(i) El asunto es de relevancia constitucional, comoquiera que se debate sobre la
posible vulneración de los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia de una víctima de la violencia en un proceso
contencioso administrativo, con ocasión de la existencia de diferentes
interpretaciones en torno al término de caducidad del medio de control de
reparación directa cuando el hecho dañoso constituye un delito de lesa
humanidad.

2.4.2. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso de
reparación directa que promovió contra la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Ejército Nacional, identificado con el radicado 11001-33-43-060-
2024-00064-00/01.

2.4.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de
inmediatez pues la sentencia en cuestión se profirió el 20 de junio de 2024, la
cual fue notificada mediante estado el 24 del mismo mes y año, por lo que
quedó ejecutoriada el 2 de julio de 202415, por lo que se puede concluir que la
parte actora acudió en un término razonable ante el juez de tutela en defensa
de sus derechos fundamentales, comoquiera que la acción de tutela se radicó
el 19 de diciembre siguiente, es decir que transcurrieron menos de 6 meses.16

2.4.4. En lo referente al requisito de subsidiariedad, se observa que la parte
accionante no dispone de otros medios de defensa judicial, ordinarios o
extraordinarios, para censurar la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, comoquiera
que las inconformidades señaladas en la tutela no se adecúan a las causales
establecidas para que procedan los recursos extraordinarios de revisión y de
unificación de jurisprudencia.

13
Corte Constitucional, Sala Sexta de Revisión, sentencia T-113 de 2019. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado; Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia SU-272 de 2021. M.P. Alberto Rojas
Ríos.
14
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
15
Teniendo en cuenta que el 1º de julio de 2024 fue festivo.
16
Tiempo que esta Sala consideró razonable para ejercicio de este mecanismo constitucional
bajo los parámetros fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

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Demandantes: Roberto Bolaños Caicedo y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07031-00

Superadas dichas exigencias, la Sala abordará el fondo de la solicitud en lo
que concierne al defecto por violación directa de la Constitución y el
desconocimiento del precedente, sin perjuicio de resaltar el carácter
excepcional de la tutela, que tiene como fin garantizar la intangibilidad de la
cosa juzgada, el respeto de la autonomía judicial, la protección de derechos de
terceros de buena fe, la seguridad jurídica y la confianza en los fallos judiciales

2.5. Caso concreto

La parte actora controvierte la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, dentro del medio de control
que promovió con el propósito de obtener la reparación de los perjuicios
ocasionados con la muerte de sus familiares propiciada por un grupo al margen
de la ley, toda vez que se confirmó la decisión del a quo que rechazó la
demanda por caducidad.

Es así, como invocó la configuración de la violación directa de la Constitución,
por cuanto no se tuvieron en cuenta los tratados internacionales ratificados por
Colombia y la sentencia de 20 de octubre de 2016 de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos17, así como el desconocimiento del precedente fijado
por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el cual exigía verificar el
contexto que rodeaba el caso y los obstáculos que tuvieron los afectados para
acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Precisado lo anterior, se analizarán los defectos invocados de manera conjunta
en atención a que los argumentos expuestos para respaldar su configuración
se encuentran estrechamente relacionados, pues éstos radican en la forma en
que la autoridad judicial accionada calculó el término previsto en el artículo 164
del CPACA para efectos de presentar la demanda de reparación directa, al
considerar que se aplicó de manera rígida y sin tener en cuenta que se trataba
de un daño derivado de un delito de lesa humanidad.

Según se tiene, la colegiatura enjuiciada puntualizó en el proveído de 20 de
junio de 2024 que la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en providencia de 29 de enero del 202018, unificó su criterio relacionado con el
fenómeno de la caducidad del medio de control de reparación directa en cuanto
a los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto
en el que se tuvieran pretensiones indemnizatorias.

De este modo, hizo referencia a que en tales casos de responsabilidad
patrimonial del Estado es exigible el término de dos años para demandar
establecido por el legislador en el literal i) del artículo 164 del CPACA19, salvo
cuando se observan situaciones que hubiesen impedido materialmente el
ejercicio del derecho de acción, así como en los casos de desaparición

17
Caso trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil.
18
M.P. Martha Nubia Velásquez Rico, rad. 85001-33-33-002-2014-00144-01 (61.033).
19
«(...) dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u
omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del
mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en
la fecha de su ocurrencia».

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forzada, dado que tiene regulación expresa y, una vez superadas, empezará a
correr el plazo de ley.

Además, en la providencia debatida se trajeron a colación las reglas definidas
en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, relacionadas con la
interpretación para contabilizar el término de caducidad previsto en el artículo
164 del CPACA, las cuales son:

i) En los eventos de responsabilidad patrimonial del Estado derivada de delitos
de lesa humanidad, crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se
pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado resulta
exigible el término para demandar establecido por el legislador.

ii) El plazo de los dos años para presentar la demanda se computa desde
cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por
acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle
responsabilidad patrimonial.

iii) Además, el término pertinente no se aplica cuando se observan situaciones
que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción y, una
vez superadas, empezará a correr el plazo de ley.

En lo referente a la discusión sugerida por la parte actora, en el fallo de
unificación se indicó que «(...) en aquellos eventos en los que se adviertan
circunstancias que hubiesen impedido, desde el punto de vista material, el
ejercicio del derecho de acción» el término de caducidad para solicitar al
Estado la indemnización de un daño es inaplicable, «(...) pues para tales
efectos no resulta determinante la situación causante del daño, sino la
condición particular de quien acude a la administración de justicia.»

Sobre este punto, es importante señalar que de la lectura de las
consideraciones de la providencia en cuestión en lo que atañe al extremo
temporal inicial del término de caducidad, se explicó que los demandantes
tuvieron conocimiento de los hechos de homicidio y desplazamiento forzado
desde el mismo momento en que ocurrió –7 de agosto de 1994-, además de la
posibilidad de saber que le eran imputables al Estado, según lo afirmado en la
demanda.

No obstante, se advirtió que los actores se vieron obligados a desplazarse a
otro lugar con ocasión de lo sucedido, por lo que no podía desconocerse que
no tuvieron la posibilidad de acudir a la administración de justicia
oportunamente, otra cosa es que el tribunal accionado encontrara demostrado
que el 23 de febrero de 2011 la demandante María de la Paz Bolaños Caicedo
presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación de Florencia
(Caquetá).

Lo anterior, por el homicidio de sus familiares ocurrido el 7 de agosto de 1994
a manos del Frente 32 de las FARC, oportunidad en la cual se indicó que su
dirección de domicilio era en la aludida ciudad, la cual coincidía con aquella
que se mencionó en una declaración extraprocesal del 1º de septiembre de

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2021, razón por la cual se concluyó que los actores ya se encontraban
asentados en un lugar determinado y tuvieron la posibilidad de acudir a la
administración de justicia el 23 de febrero de 2011.

Ahora bien, la parte actora considera que es viable inaplicar el término de
caducidad en los eventos en que el daño se produje por crímenes de lesa
humanidad y como respaldo trajo a colación las providencias dictadas el:

i) 20 de octubre de 2016 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; ii)
26 de julio de 201120, 17 de septiembre de 201321 y 5 de septiembre de 201622
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; iii) 6 de julio de
2016 por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional y iv) el 20 de
junio de 2019 dentro del expediente T-6.404.115 por la alta Corte antes
mencionada.

No obstante, se advierte que la colegiatura enjuiciada no desatendió los
pronunciamientos referenciados en la acción de tutela, por cuanto fueron
proferidos antes de que se unificara el tema de la caducidad en casos como el
que nos ocupa, por lo que la sentencia de 29 de enero de 2020 recogió las
tesis divergentes que existían.

De otro lado, no es de recibo el argumento de la parte accionante relativo a que
el juez de la reparación debió acudir al control de convencionalidad para
inaplicar la regla de la caducidad, debido a que los contenidos sustanciales de
los derechos a las víctimas a la verdad, justicia y reparación regulados en
diversas fuentes del derecho internacional y constitucional prevalecen sobre la
regla procesal.

La razón de ello obedece a que la tesis unificada de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, también acogida por la Sala Plena de la Corte
Constitucional, es compatible desde un punto de vista convencional, ya que se
trata de una armonización del bloque de constitucionalidad con el derecho
interno.

De hecho, la Corte Constitucional en la sentencia SU-312 de 13 de agosto de
2020 se pronunció respecto de la constitucionalidad y convencionalidad de la
sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, pues en dicha corporación
también existían criterios diferentes para contabilizar el inicio de la caducidad
por delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, bajo la
siguiente línea argumentativa:

(…) Para empezar, este Tribunal observa que en la jurisprudencia contencioso
administrativa, de conformidad con el literal i) del numeral 2° del artículo 164 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se
ha señalado que el término de caducidad de dos años del medio de control de
reparación directa sólo inicia a contabilizarse: (i) desde el momento en el cual los
interesados tienen conocimiento de que el daño es imputable al Estado, y (ii)
siempre que se encuentren materialmente en posibilidad de acudir al aparato

20
Con ponencia del magistrado Enrique Gil Botero, «radicado 41037».
21
M.P. Orlando Santofimio Gamboa, «exp. 45092».
22
M.P. Orlando Santofimio Gamboa, «exp. 57625».

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judicial para interponer la demanda correspondiente.

6.27. En esta oportunidad, a fin de unificar la jurisprudencia, esta
Corporación estima que dicho entendimiento del término de caducidad del
medio de control de reparación directa es razonable y proporcional desde
una perspectiva constitucional y convencional, incluso en casos en los que
el daño que se pretenda reparar sea causado por un delito de lesa
humanidad, un crimen de guerra o genocidio. (Destacado por la Sala)

Vale la pena resaltar que la Sala Plena del Consejo de Estado23 precisó que,
por regla general, el precedente se aplica en forma retrospectiva cuando las
reglas o subreglas de derecho fijadas cobijan trámites cuya solución está
pendiente, tanto en vía administrativa como judicial «salvo los casos en los que
ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad jurídica,
resultan inmodificables».

A su vez, la Sección Tercera de esta Corporación24 aludió que las sentencias
de unificación cuentan con dicho carácter vinculante, así que los jueces «(…)
deben aplicar los criterios de unificación vigentes al momento de proferir sus
providencias, pues, como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ello redunda
en una mayor coherencia del sistema jurídico y garantiza de mejor manera la
vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos».

Entonces, resulta acertado que el tribunal demandado analizara si se había
configurado la caducidad del medio de control, pues justamente ello obedeció
a la regla de unificación fijada por la Sección Tercera del Consejo de Estado
relativa a que en las acciones derivadas de delitos de lesa humanidad sí opera
tal figura.

Es oportuno indicar que la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 ya
se encontraba vigente para el momento en que los actores presentaron la
demanda de reparación directa, de modo que era vinculante para los jueces
que conocieron del proceso y, por lo tanto, su aplicación resultaba obligatoria.

Situación diferente, es que en la providencia objeto de reproche se encontrara
demostrado que desde el 23 de febrero de 2011 la parte demandante contaba
con elementos para demandar al Estado, además de no estar impedida para
acudir ante la jurisdicción. Así que el término de 2 años previsto en el artículo
164 del CPACA para acudir en reparación directa transcurrió entre el 24 de
febrero de 2011 y el 24 de febrero de 2013. Sin embargo, la demanda se
promovió hasta el 9 de febrero de 2024.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no tiene vocación de prosperidad
los cargos analizados líneas atrás, por cuanto la decisión proferida por el
tribunal cuestionado se encuentra en consonancia con la tesis fijada por la

23
Consejo de Estado, sentencia de 28 de agosto de 2018, M.P. César Palomino Cortés, rad.
52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ).
24
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 30 de julio de 2021, M.P.
Marta Nubia Velázquez Rico, rad. 05001-23-33-000-2018-01831-01(66941).

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Sección Tercera del Consejo de Estado en torno a la aplicación de la figura de
la caducidad en los eventos derivados de delitos de lesa humanidad.

En consecuencia, se declarará la improcedencia de la acción de tutela en lo
que atañe al posible desconocimiento del derecho a la igualdad en decisiones
judiciales y se denegará en lo referente a los defectos por violación directa de
la Constitución y el desconocimiento del precedente planteados.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Roberto Bolaños Caicedo y otros en lo concerniente al posible
desconocimiento del derecho a la igualdad en decisiones judiciales y,
deniégase, respecto de los demás cargos.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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