Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07035-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-07035-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07035-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-07035-00
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
20 de febrero de 2025
Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07035-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07035-00
Demandante: NACIÓN, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, POLICÍA
NACIONAL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ, SALA DE
DECISIÓN CUARTA
Temas: Tutela contra providencia judicial – Improcedencia por no
superar el requisito de subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela presentada por la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional contra el Tribunal Administrativo
de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta, de conformidad con los Decretos 2591 de
1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El 19 de diciembre de 20241, la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía
Nacional, a través de apoderada judicial2, ejerció acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta con la que se pretende el
amparo de a los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales con
1 Acción de tutela promovida a través de la ventanilla virtual del Consejo de Estado, a la cual se le
asignó el número de solicitud 14931.
2
Índice 2 de Samai de primera instancia. Por medio de mandato autenticado, se le confirió poder
a la abogada Andrea del Pilar Otálora Gómez.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07035-00
ocasión de la sentencia del 10 de julio de 2024, proferida por la autoridad judicial
accionada, que revocó los numerales 3, 4, 5 y 6 de la providencia del 22 de agosto
de 2019, dictada por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja3 y confirmó los demás numerales contenidos en la resolutiva.
La demanda fue impetrada por el señor John Alexander Fajardo Manrique contra
el ahora accionante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, identificado con el radicado 15001-33-33-002-2017-00116-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
SEGUNDO: Dejar sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión Cuarta, con ponencia del Doctor Diego Mauricio Higuera Jiménez
del día 10 de julio de 2024, notificada por correo electrónico a los 15 días del mismo
mes y año dentro de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho No
15001333300220170011600, siendo demandante el señor Jhon Alexander
Fajardo Manrique y, en consecuencia, se ordene a esa Autoridad judicial que en
el término de un (1) mes siguiente a la notificación de esta providencia, dicte un
nuevo fallo que tenga en cuenta las consideraciones aquí expuestas4.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:
El señor John Alexander Fajardo Manrique fue retirado de la Policía Nacional
mediante la Resolución 00477 del 17 de febrero de 2017, por la disminución de su
capacidad psicofísica en un 27.94%, con ocasión de la prestación del servicio,
3 En la que se: 1). declaró no probada la excepción propuesta por la entidad demanda en «acto
administrativo ajustado a la Constitución y la ley»; 2). declaró la nulidad de la Resolución 477 del
17 de febrero de 2017; 3). ordenó al Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía que
analizara de nuevo al demandante «[…] y, en el evento de calificarlo como NO APTO para la prestación
del servicio como patrullero, determine si médicamente el accionante está o no capacitado para desarrollar
labores administrativas, docentes o de instrucción en la policía nacional, y si es viable su reubicación, con la
advertencia de que esta conclusión debe estar soportada exclusivamente en sus condiciones de salud físicas
y mentales»; 4). indicó que, si era posible la reubicación del demandante, la parte demandada debía
realizar una evaluación objetiva para definir la labor a asignar; 5). ordenó reintegrar y reubicar al
demandante y pagar las prestaciones y salarios dejados de percibir; 6). señaló que, si no era
posible la reubicación por pérdida de capacidad superior al 50%, de acuerdo con el estudio
subjetivo y objetivo realizado, le fuera reconocido al accionante la pensión de invalidez; 7). ordenó
que el demandante fuera reincorporado al servicio al último cargo que ocupó o a otro cuyas
funciones fueran acordes con sus condiciones.
4 Transcripción literal que puede contener errores.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07035-00
determinada por el Tribunal Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía en acta
TML 16-2-615 del 21 de diciembre de 2016.
Por lo tanto, el señor Fajardo Manrique instauró demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio
de Defensa Nacional, Policía Nacional con el fin de que fuera estudiada la legalidad
del acto administrativo de retiro y, a título de restablecimiento, solicitó su reintegro
a la institución, al pago de los salarios, prestaciones y demás emolumentos
dejados de percibir desde la fecha de la desvinculación, debidamente indexados,
así como de intereses moratorios y de los perjuicios morales.
En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja, por medio de providencia del 22 de agosto de 2019 resolvió:
PRIMERO: Declarar no probada la excepción propuesta por la entidad
demandada en “ACTO ADMINISTRATIVO AJUSTADO A LA CONSTITUCIÓN Y
LA LEY”.
SEGUNDO: Declarar la nulidad de la resolución No. 477 del 17 de febrero de
2017 expedida por el Director General de la Policía Nacional, con la que se dispuso
retirar del servicio al señor PT JOHN ALEXANDER FAJARDO MANRIQUE por
disminución de la capacidad sicofísica.
TERCERO: ORDENAR al MINISTERIO DE DEFENSA- POLÍCIA NACIONAL que
disponga lo necesario para que dentro del término de treinta (30) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia (inciso 1° del artículo 192 del CPACA), el Tribunal
Médico Laboral de Revisión Militar y de Policía analice nuevamente al demandante
y, en el evento de calificarlo como NO APTO para la prestación del servicio como
patrullero, determine si médicamente el accionante está o no capacitado para
desarrollar labores administrativas, docentes o de instrucción en la policía
nacional, y si es viable su reubicación, con la advertencia de que esta conclusión
debe estar soportada exclusivamente en sus condiciones de salud físicas y
mentales.
Se advierte, que la determinación del porcentaje de pérdida de capacidad
realizada por el Tribunal Médico debe ser congruente con su recomendación
de reubicación; por lo que si se concluye que el actor no tiene capacidad
psicofísica suficiente para desempeñar ninguna actividad, se deberá
proceder a recalificar su pérdida de capacidad, con el fin de determinar si
puede acceder a la pensión de invalidez.
CUARTO: En caso de resultar que el análisis subjetivo realizado por el Tribunal
Médico de Revisión Militar y de Policía, determine la posibilidad de reubicación del
demandante en atención a sus condiciones de salud físicas y mentales, el
MINISTERIO DE DEFENSA-POLICÍA NACIONAL, a través de las jefaturas o
direcciones de personal de la institución Policial, dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha en que es emitido el respectivo concepto (inciso 1° del artículo
192 del CPACA) deberá realizar una EVALUACIÓN OBJETIVA, con el fin de
definir la labor que efectivamente pueda ser asignada, teniendo en cuenta las
habilidades y experiencia del demandante, así como la disponibilidad de un cargo
que corresponda a los estudios, preparación y capacitación
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07035-00
QUINTO: Efectuada la evaluación, y de ser viable la reubicación del demandante,
a título de restablecimiento del derecho, se ORDENA al MINISTERIO DE
DEFENSA- POLICÍA NACIONAL lo siguiente:
5.1.- Reintegrarlo y reubicarlo de manera inmediata.
5.2.- Pagar en su favor, dentro del término establecido en el inciso 2° del artículo
192 del CPACA, los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir,
correspondientes al cargo que venía desempeñando, desde la fecha en que fue
retirado del servicio y hasta la fecha en que se produzca su reintegro.
SEXTO: Si de los estudios subjetivo y objetivo se concluye que no es viable la
reubicación por pérdida de capacidad laboral superior al 50% ORDENAR al
MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL que de trámite al
reconocimiento de la PENSIÓN DE INVALIDEZ del actor, dentro del término
previsto en el inciso 1° del artículo 192 del CPACA.
SÉPTIMO: ORDENAR al MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL que,
de manera inmediata, el demandante sea reincorporado al servicio, bien sea en el
último cargo que ocupó antes de ser retirado de la institución, o, de no ser ello
posible, a otro cuyas funciones sean acordes con sus condiciones actuales y con
sus habilidades y destrezas. Esa reincorporación, por supuesto, deberá traer
aparejada la afiliación inmediata a los servicios médicos que presta la institución.
Esta reincorporación al servicio debe prologarse hasta tanto no se determine por
la accionada que no tiene capacidad laboral para realizar actividades
administrativas, docentes e instrucción, y le sea notificada en tal sentido la decisión
correspondiente, en los términos señalados en esta providencia.
Ambos extremos procesales presentaron recurso de apelación. La Policía
Nacional adujo que el acto administrativo demandado era de ejecución, ya que
fueron las autoridades médico-laborales quienes declararon al señor Fajardo
Manrique como «no apto» y profirieron la recomendación de no reubicación,
correspondiendo a la Policía Nacional ejecutar tal decisión.
Igualmente, argumentó que la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico Laboral
de Revisión Militar no formaban parte de la estructura orgánica de la Policía
Nacional, por lo cual debieron vincularse al medio de control. Asimismo, destacó
que el señor Fajardo Manrique no cumplía con el requisito previsto en el Decreto
1157 de 2014 para proceder con el reconocimiento de la pensión de invalidez, ni
reunía las condiciones especiales para desempeñar algún otro cargo al interior de
la institución.
Por su parte, el entonces demandante solicitó la revocatoria de los numerales
tercero al séptimo, en atención a que el juez había ordenado una nueva valoración
médica para determinar la pérdida de capacidad laboral, cuando ello no había sido
pedido o excepcionado por los extremos procesales, por lo que consideró que se
profirió un fallo ultra petita, pues lo único peticionado por él era el reintegro laboral.
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07035-00
Cuarta, en sentencia del 10 de julio de 2024 revocó los numerales tercero al
séptimo de la decisión del a quo, y en su lugar, dispuso:
TERCERO: ORDENAR al MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL que,
de manera inmediata proceda a REINTEGRAR al señor JOHN ALEXANDER
FAJARDO MANRIQUE al cargo que desempeñaba anteriormente o, de no ser
posible, a uno que pueda desempeñar teniendo en cuenta su grado de escolaridad,
así como sus habilidades y destrezas tanto físicas como académicas.
CUARTO: DECLARAR que no ha habido solución de continuidad desde la fecha
en que el señor JOHN ALEXANDER FAJARDO MANRIQUE fue retirado del
servicio y hasta que se haga efectivo su reintegro.
QUINTO: CONDENAR al MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL a
PAGAR al señor JOHN ALEXANDER FAJARDO MANRIQUE los salarios y
prestaciones sociales dejados de percibir, correspondientes al cargo que venía
desempeñando, desde la fecha en que fue retirado del servicio y hasta que se
produzca su reintegro. Las sumas de la condena deberán indexarse conforme a la
siguiente fórmula:
R= Rh x Índice final
Índice inicial
En el que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh), que
corresponde a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia
certificado por el DANE, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió
realizarse el pago correspondiente. Es claro que por tratarse de pagos de tracto
sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, respecto de cada
obligación teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la
causación de cada uno de ello.
SEXTO: Ordenar a la entidad demandada que de las sumas que resulten a favor
del actor deberán hacerse los descuentos legales correspondientes por concepto
de aportes pensionales en el porcentaje que corresponde, los cuales deberán ser
consignados en el fondo de pensiones al que estaba afiliado el actor.”
SEGUNDO.- Confirmar en lo demás la sentencia del 22 de agosto de 2019,
proferida por el Juzgado Tercero Administrativo de Tunja.
Como fundamento de la providencia, el tribunal sostuvo que la decisión de retirar
del servicio al señor Fajardo Manrique se encontraba falsamente motivada, dado
que:
[…] una vez conocido el porcentaje de disminución de la capacidad laboral del
demandante, realizó el estudio objetivo a que ha hecho referencia la jurisprudencia
constitucional, sobre las capacidades del policial de desarrollar actividades
diferentes a las de vigilancia o patrullaje. Ahora, tal ausencia desconoció la
estabilidad reforzada de la que es titular el demandante y en virtud del cual la
decisión de retiro por disminución de la capacidad psicofísica procede una vez
agotada la posibilidad de reubicación laboral, puesto que, tal como lo ha dicho la
Corte Constitucional ante un porcentaje de disminución de la capacidad laboral
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07035-00
inferior al 50% lo primero es intentar la reubicación.
Dicha decisión fue notificada electrónicamente el 15 de julio de 2024.
1.4. Fundamentos de la vulneración
La parte accionante alegó que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión Cuarta incurrió en un defecto por desconocimiento del precedente, al
interior del fallo del 10 de julio de 2024:
Al respecto, manifestó que no se tuvo en cuenta la regla de derecho contenida en
la sentencia SU-556 de 2014, en la cual se unificaron criterios acerca de los topes
indemnizatorios, en los casos en que, a través de un acto administrativo sin
motivación, se desvincula a empleados nombrados de manera provisional en
cargos de carrera administrativa. Específicamente mencionó que:
[…] la indemnización a pagar por salarios y prestaciones dejados de percibir está
limitada a un máximo de 24 meses y al descuento de las sumas que por cualquier
concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya recibido la
persona retirada, ello, en aplicación del principio de igualdad entre los servidores
públicos que han sido desvinculados de sus cargos, estableciendo que conforme
con la constitución política, la persona no solo tiene derecho al trabajo, sino
también la carga de procurarse los medios económicos para su auto-sostenimiento
y, de ese modo, para asumir la responsabilidad de su propio destino […] es decir,
que la persona desvinculada debe asumir la carga de su propio sostenimiento por
la totalidad del periodo que permanezca desvinculado.
Asimismo, sostuvo que la sentencia SU-053 de 2015 trasladó las reglas fijadas en
la SU-556 de 2014, a los miembros de las Fuerzas Militares, por lo que también
resultaba desconocida.
De igual forma, explicó que, en un caso similar el Consejo de Estado, Sección
Cuarta5 aplicó la subregla jurisprudencial cuando discutió sobre los límites
indemnizatorios a un funcionario de la Policía Nacional que fue retirado por
disminución de la capacidad psicofísica.
En consecuencia, consideró que resultaba excesivo ordenar el pago de los salarios
dejados de percibir por el señor Fajardo Manrique hasta el momento en que sus
derechos fueron reconocidos judicialmente, pues ello daba lugar a un
enriquecimiento sin causa.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto, Sentencia 24.03.19, Rad. 11001-03-15-000-2018-04648-00.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07035-00
1.5. Trámite de la acción de tutela
Mediante auto del 27 de enero de 2025, la magistrada ponente admitió la demanda
de tutela, ordenó notificar a la parte demandante6 y, como parte demandada, al
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta7.
Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al señor Jhon Alexander Fajardo Manrique [demandante
dentro del proceso ordinario8] y al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja9 [juez de primera instancia].
Además, se le reconoció personería jurídica a la abogada Andrea del Pilar Otálora
Gómez para actuar en representación de la Nación, Ministerio de Defensa
Nacional, Policía Nacional10.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta
En documento allegado el 3 de febrero de 2025, el magistrado ponente de la
decisión enjuiciada adujo que la acción tutelar no cumplía con los requisitos de
inmediatez, ni agotamiento de los medios ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
Frente al primero, mencionó que la providencia objeto de amparo fue notificada a
las partes el 15 de julio de 2024 y el mecanismo constitucional interpuesto el 19
de diciembre de 2024, es decir, 5 meses después de la ejecutoria.
Respecto al segundo punto, explicó que, de advertirse un pronunciamiento
incompleto, pudo haber solicitado la adición o aclaración del fallo, toda vez que en
la resolutiva se indicó que sobre las sumas que resultaran a favor del entonces
demandante, se debían realizar los descuentos a los que hubiera lugar.
6 Índice 9 de Samai. La notificación se realizó a los correos electrónicos:
deboy.notificacion@policia.gov.co y andrea.otalora1010@correo.policia.goc.co.
7 Índice 9 de Samai. Fue notificado en el buzón web: sectradmboy@cendoj.ramajudicial.gov.co.
8 Índice 10 de Samai. La notificación se realizó a la dirección física indicada por la parte accionante
en el escrito de tutela.
9 Índice 9 de Samai. Se notificó personalmente al correo: j03admintun@cendoj.ramajudicial.gov.co.
10 Índice 2 de Samai.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07035-00
De igual forma, puso de presente que la sentencia SU-556 de 2014 alegada como
desconocida, no constituía un precedente aplicable, ya que contenía supuestos
fácticos sustancialmente diferentes al caso del señor Fajardo Manrique. No
obstante, señaló que:
[…] un mínimo de 6 meses y un máximo de 24 meses para efectos del
reconocimiento de la indemnización por el retiro del servicio y el eventual reintegro
sin solución de continuidad, obedeció justamente a las particularidades de los
empleos de carrera ocupados por personal en provisionalidad, luego no puede ser
una regla aplicable de pleno derecho al personal que se desempeña en propiedad
en un cargo de carrera administrativa, toda vez que los primeros cuentan con una
estabilidad laboral intermedia o precaria, frente a los empleados de carrera que
cuentan con estabilidad laboral reforzada.
Adicionalmente, no puede perderse de vista que el señor Fajardo Manrique
presenta una disminución de su capacidad laboral, circunstancia que constituye
otro aspecto que diferencia a este, de los casos analizados por la Corte
Constitucional en el supuesto precedente desconocido. Por lo demás, téngase en
cuenta que la desvinculación del servicio tuvo lugar en febrero de 2017 y la
demanda fue interpuesta en julio del mismo, es decir, el demandante acudió
prontamente a la administración de justicia a efectos de obtener el restablecimiento
oportuno de sus derechos.
Por lo tanto, solicitó que no se accediera a la solicitud de amparo.
1.6.2. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja
Por medio de correo electrónico remitido el 30 de enero de 2025, la jueza advirtió
que no le asistía interés alguno en el resultado de la acción de tutela, en la medida
que el fallo dictado por su Despacho no era objeto de reproche, no obstante,
respetaría y acataría lo decidido por la autoridad constitucional.
Adicionalmente, expuso que no observó que se cumplieran los requisitos
generales exigidos en las tutelas contra providencia judicial, por lo que este
mecanismo se tornaba improcedente.
1.6.3. Pese a que el señor Jhon Alexander Fajardo Manrique11 fue notificado en
debida forma, guardó silencio.
11 Índice 10 de Samai. Se observa la orden de servicio 17642852 de la empresa de mensajería 4-
72, en la que no existe observación de no entregado o devolución.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07035-00
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional, de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley
2591 de 1991 y el numeral 5. ° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1. º del Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige
contra la Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta.
2.2. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la Sala analizará lo siguiente:
• ¿El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta,
desconoció el precedente contenido en las sentencias SU-556 de 2014 y
SU-053 de 2015, referente a los límites indemnizatorios?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y si es
procedente; (iii) el estudio del caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201212
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema13 y declaró su
procedencia14.
12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P. María Elizabeth García
González, Sentencia 31.07.12, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
14 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07035-00
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Subsidiariedad
La parte actora cuestionó la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión Cuarta del 10 de julio de 2024, porque a su juicio, se
desconocieron las reglas de decisión plasmadas en las sentencias SU-556 de
2014 y SU-053 de 2015.
En la primera se unificaron criterios acerca de los topes indemnizatorios, en los
casos en que, a través de un acto administrativo sin motivación, resultaban
desvinculados empleados nombrados de manera provisional en cargos de carrera
administrativa. Por su parte, en la segunda, se asimilaron los criterios para los
miembros de las Fuerzas Militares.
En el proceso ordinario, se observa que el a quo accedió a las pretensiones de la
demanda en el sentido de declarar la nulidad de la resolución en disputa y ordenó
entre otras cosas, la reincorporación del señor Jhon Alexander Fajardo Manrique
a la institución y el pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir
«[…] correspondientes al cargo que venía desempeñando, desde la fecha en que fue
retirado del servicio y hasta la fecha en que se produzca su reintegro».
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07035-00
Frente a dicha decisión, la Policía Nacional interpuso recurso de apelación
alegando que el acto administrativo demandado era un acto de ejecución, en tanto
los documentos en los que se declaró al entonces demandante como «no apto» y
se recomendó no reubicarlo, había sido dictado por las autoridades médico-
laborales y no ejecutado por la entidad.
Asimismo, expresó que la Junta Médico Laboral y el Tribunal Médico Laboral de
Revisión Militar no formaban parte de la estructura orgánica de la Policía Nacional,
por lo que debieron vincularse al medio de control.
Aunado a ello, reprochó que el señor Fajardo Manrique no cumplía con los
requisitos establecidos en el Decreto 1157 de 2014 para que le fuera reconocida
la pensión de invalidez ni reunía las condiciones especiales para desempeñar
algún cargo dentro de la institución, de acuerdo con las evaluaciones de la Junta
Médico Laboral y el Tribunal Médico Laboral.
Adicionalmente, se evidenció que los alegatos de conclusión de segunda instancia
presentados por la ahora parte actora versaron sobre la legalidad del acto
administrativo, argumentando su ajuste al ordenamiento jurídico, en tanto la
reubicación no era facultativa, sino que dependía de lo dictaminado por las
autoridades médico-laborales que, para el caso concreto había sido negativa al
declararlo no apto para el servicio.
Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta pese a
que revocó los numerales 3 al 6 de la decisión de primera instancia, resolvió, entre
otros, condenar al Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional al pago de los
salarios y prestaciones sociales dejados de percibir correspondientes al cargo que
venía desempeñando el señor Fajardo Manrique, de la siguiente manera:
[…] desde la fecha en que fue retirado del servicio y hasta que se produzca su
reintegro. Las sumas de la condena deberán indexarse conforme a la siguiente
fórmula:
R= Rh x Índice final
Índice inicial
En el que el valor presente (R) resulta de multiplicar el valor histórico (Rh), que
corresponde a la suma adeudada, por el guarismo que resulte de dividir el índice
final de precios al consumidor, vigente a la fecha de ejecutoria de esta sentencia
certificado por el DANE, por el índice inicial vigente a la fecha en que debió
realizarse el pago correspondiente. Es claro que por tratarse de pagos de tracto
sucesivo la fórmula se aplicará separadamente, mes por mes, respecto de cada
obligación teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la
causación de cada uno de ello.
SEXTO: Ordenar a la entidad demandada que de las sumas que resulten a favor
del actor deberán hacerse los descuentos legales correspondientes por concepto
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07035-00
de aportes pensionales en el porcentaje que corresponde, los cuales deberán ser
consignados en el fondo de pensiones al que estaba afiliado el actor.
Así las cosas, no se observa que la parte accionada hubiese expuesto los
argumentos presentados en el escrito tutelar referentes al desconocimiento de la
aplicación de las reglas de decisión contenidas en las sentencias SU-556 de 2014
y SU-053 de 2015, en los momentos procesales correspondientes al interior del
proceso ordinario.
Por lo tanto, esta Sala de Decisión estima que la acción de tutela es improcedente,
por no superar el requisito de subsidiariedad, pues la aplicación del precedente
debió haberse planteado en aquel escenario, más aún cuando el fallo de primera
instancia ordenó el pago de los salarios y prestaciones sociales dejados de
percibir, sin topes indemnizatorios.
Así mismo, se debe destacar que una de las obligaciones propias de los abogados
que actúan como apoderados en un proceso judicial es estar al tanto de las
actuaciones judiciales que se surtan en el mismo para así poder intervenir de
manera oportuna en defensa de los intereses de sus representados, a través de
los mecanismos legales dispuestos para el efecto en forma oportuna e idónea.
Por ello, el apoderado judicial del accionante tenía el deber de diligencia y cuidado
de estar al tanto del proceso en el que actuaba, así como el deber de hacer uso
de los mecanismos de defensa en debida forma y en la oportunidad precisa.
Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito de subsidiariedad.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión Cuarta
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07035-00
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclaración de voto
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Aclaración de voto
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.