Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07037-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07037-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-07037-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
4 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07037-00
Accionante: Julieta Margarita Franco Daza
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07037-00
Accionante: Julieta Margarita Franco Daza
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Subtema 2: reintegro al cargo en
provisionalidad/prepensionados. Subtema 3: defectos sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y fáctico.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud interpuesta por la señora Julieta Margarita Franco Daza en ejercicio de la
acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Julieta Margarita Franco Daza presentó escrito de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al
trabajo, a la dignidad humana, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, los cuales consideró vulnerados por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, con ocasión de la sentencia de segunda instancia del 21 de
agosto de 2024 dictada dentro del proceso con radicado núm. 25000-23-42-000-2017-
01264-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2. La señora Julieta Margarita Franco Daza se desempeñó en forma provisional como
procuradora 28 judicial penal II, cargo del cual fue desvinculada a través del Decreto
núm. 3710 del 8 de agosto de 2016, al ser nombrado en periodo de prueba el señor
René Lemus Ospina.
3. La señora Franco Daza interpuso acción de tutela contra la Procuraduría General
de la Nación, en la que solicitó la protección de sus derechos fundamentales a la
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estabilidad laboral reforzada, el reconocimiento de la condición de prepensionada, la
seguridad social, el mínimo vital, la salud y el derecho de petición. Esta acción fue
resuelta de manera favorable, pues se concedió el amparo y se ordenó a la autoridad
accionada el reintegro de la tutelante al cargo que desempeñaba antes de su
desvinculación.
4. Como consecuencia de ello, la Procuraduría General de la Nación profirió Decreto
núm. 3080 el 3 de mayo de 2017, en el cual dio cumplimiento a una decisión judicial y
«revocó un nombramiento en provisionalidad». Con posterioridad, expidió el Decreto
núm. 4329 el 28 de agosto siguiente, en el que nombró a la parte actora en el cargo
de procuradora 135 judicial II para asuntos penales de Montería.
5. La señora Franco Daza presentó demanda ante la jurisdicción contencioso-
administrativa con la pretensión de nulidad del Decreto núm. 3710 del 8 de agosto de
2016 que ordenó la terminación de su nombramiento en provisionalidad y, como
restablecimiento del derecho, el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir
hasta su reintegro. En primera instancia, la Subsección E de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 28 de abril de 2023, negó las
pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada el 21 de agosto de 2024,
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
6. La señora Julieta Margarita Franco Daza solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
PRIMERO: Declarar que las providencias de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, del 21 de agosto de 2024, proferida dentro de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho instaurada por la señora JULIETA MARGARITA
FRANCO DAZA en contra de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN,
constituye una VIA DE HECHO violatoria de los DERECHOS FUNDAMENTALES A LA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, AL TRABAJO, A LA DIGNIDAD HUMANA, AL
DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA JUSTICIA de la actora.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene revocar la
providencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, del 21 de agosto de 2024,
proferida dentro de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada
por la señora JULIETA MARGARITA FRANCO DAZA en contra de la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por las irregularidades y arbitrariedades
que se señalaran a lo largo del presente escrito.
TERCERO: Que, se ORDENE proferir la sentencia que en derecho corresponda,
accediendo favorablemente a las pretensiones de la demanda.
CUARTO. OTRAS MEDIDAS. Se tomen las demás providencias necesarias para hacer
efectiva la protección de los derechos fundamentales invocados en favor de la señora
JULIETA MARGARITA FRANCO DAZA en su condición de mujer víctima de violencia
intrafamiliar1.
7. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora consideró que la sentencia
del 21 de agosto de 2024 incurrió en el defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial al no aplicar las sentencias T-186 de 2003, T-729 de 2010, T-017
de 2012, SU-897 de 2012 y SU-446 de 2011, las cuales hacen referencia a la
seguridad social, a las personas prepensionadas que ocupen cargos en
1 Se transcribe incluso con errores de texto.
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provisionalidad y a las estrategias que deben implementar las entidades públicas para
no desvincular a este grupo de personas.
8. Además, afirmó que la decisión atacada incurrió en el defecto fáctico por
interpretación inadecuada de los hechos expuestos y de las pruebas, pues aseguró
que el ad quem los valoró de forma arbitraria al no tener en cuenta que la parte
demandada en el proceso ordinario manifestó que existían más cargos que aspirantes,
y que al dar cumplimiento al fallo de tutela, esta última demostró que sí tenía un margen
de maniobra para no vulnerar el derecho a la estabilidad laboral reforzada de la
accionante.
2.3. Trámite procesal
9. El despacho ponente, mediante auto del 14 de enero de 20252 admitió la solicitud
de amparo; vinculó, como terceros con interés, a la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y a la Procuraduría General de
la Nación; requirió al tribunal de primera instancia para que aportara, en medio digital,
el expediente ordinario; tuvo como pruebas los documentos adjuntados con la
demanda de tutela; y reconoció personería al abogado de la parte accionante.
2.4. Intervenciones
10. La Procuraduría General de la Nación solicitó que se nieguen las pretensiones
de amparo y se declare improcedente la tutela, pues la accionante no demostró
ninguna causal que habilite lo requerido. En igual sentido, aseguró que no ha iniciado
el proceso de cobro de los salarios y emolumentos por los medios y mecanismos
idóneos3.
11. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado pidió que se
declare improcedente la acción de tutela, ya que no cumplió con el requisito de
relevancia constitucional, pues lo pretendido por la parte actora es de carácter
económico, al intentar reabrir el debate legal sobre el reclamo de salarios y
prestaciones sociales, discusión que ya se resolvió con las normas que regulan la
materia y la jurisprudencia vigente4.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado.
2 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-07037-00, índice 4, certificado 567678B36FA491AE
17D7193C76DEF5C4 EE847E303F076947 85BACBE86699AC0F.
3 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-07037-00, índice 9, certificado DB4E6E7C2D475168
848C3C6D2456479E 545A74FED06DF7E7 73A4B32F025DFE26.
4 Samai, exp. núm. 11001-03-15-000-2024-07037-00, índice 10, certificado 1C183250D3F6F0C1
DBA9670CD74D454D 014CEBFF87F1925E 88437742684700DC.
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3.2. Legitimación en la causa
13. La legitimación en la causa por activa de la señora Julieta Margarita Franco
Daza se encuentra acreditada, por cuanto fue la demandante en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho que finalizó con la sentencia de segunda instancia del
21 de agosto de 2024 objeto de tutela, y, por lo tanto, es la titular de los derechos que
consideró fueron vulnerados.
14. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado porque fue la autoridad que profirió
la sentencia del 21 de agosto de 2024 que, afirmó la tutelante, vulneró sus derechos
fundamentales.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
15. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado5 y de la Corte Constitucional ha
destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura de
evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este mecanismo
constitucional6.
16. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte
un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
17. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del recurso de
amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen incompatible
una providencia judicial con los mandatos constitucionales7 y, por tanto, constituyen
fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En otras palabras, estos
requisitos hacen referencia a escenarios específicos que afectan la integridad de la
decisión judicial y justifican la intervención del juez constitucional para salvaguardar
los derechos fundamentales.
18. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial, se requiere
que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
6 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
7 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
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autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución8.
3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
19. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la Corte Constitucional ha
sentado jurisprudencia en torno al deber que le asiste al juez de tutela de pronunciarse
de forma expresa y con claridad sobre las razones por las cuales el asunto que entra
a resolver supera este presupuesto, de acuerdo con los lineamientos impartidos por el
órgano de cierre sobre la materia9.
20. La cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, toda vez que, de
encontrarse configurados los defectos fáctico y sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, expuestos en el escrito de tutela, prosperaría la pretensión de
amparo de ordenar al tribunal accionado que emita una nueva sentencia en la que
tenga en cuenta la calidad de prepensionada de la parte actora y reconozca las
prestaciones sociales dejadas de percibir. En este escenario, estaría afectado el
derecho fundamental de la señora Julieta Margarita Franco Daza a la estabilidad
laboral reforzada y al debido proceso, para cuyo amparo acudió a esta acción
constitucional.
21. Respecto de los cargos atinentes a los defectos sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial y fáctico, la accionante no cuenta con otros mecanismos
ordinarios y/o extraordinarios para la protección de sus derechos fundamentales a
la estabilidad laboral reforzada y al debido proceso, pues agotó las instancias
respectivas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
22. Si bien la Procuraduría General de la Nación afirmó que no se habían agotado
todos los mecanismos ordinarios dado que la parte actora no solicitó mediante cobro
el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales ante la entidad, lo cierto es que,
sí lo hizo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en
el que se negó lo pedido.
23. El requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, porque la sentencia que
profirió la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado data del 21 de
agosto de 2024 y el escrito de tutela se presentó el 19 de diciembre de ese año, esto
es, dentro del plazo de seis (6) meses establecidos por la jurisprudencia
constitucional10 y del Consejo de Estado11 como razonable.
8 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018 y SU-215 de 2022.
9 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022:
La Corte Constitucional ha fijado unos criterios que deben ser acatados con el fin de tener por superado el requisito
de relevancia constitucional en un caso en concreto, los cuales son: i) que esté inmiscuido «el contenido, alcance
y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico»
lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental» ; ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no
tenga únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute la forma de interpretar o aplicar
una norma o en los eventos en que la controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta incidencia
para los particulares más no para el interés general; y iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga
argumentativa mínima que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial incurrió en una
afectación grave de derechos fundamentales.
10 Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente
núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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24. La parte actora, en el escrito de amparo, expuso de forma clara y concreta los
hechos y argumentos por los cuales consideró vulnerado su derecho fundamental, y
estos no exponen una posible irregularidad procedimental. Finalmente, la
providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de tutela.
25. De acuerdo con lo expuesto, esta Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad y continúa con el estudio de las causales específicas en
los términos planteados en el escrito de tutela.
3.5. Problema jurídico
26. La Sala debe decidir si la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado incurrió en los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
y fáctico en la sentencia del 21 de agosto de 2024 y, por ende, vulneró los derechos
fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y al debido proceso de la señora
Julieta Margarita Franco Daza.
27. Para ello, es necesario analizar si la autoridad accionada, al momento de proferir
la sentencia, desconoció los precedentes aplicables al caso y no tuvo en cuenta todas
las pruebas aportadas en el proceso.
3.5.1 El defecto sustantivo
28. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto sustantivo
se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en una norma
claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia, porque su
aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada inexequible, fue
derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación de conexidad
material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado 12.
29. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable interpretación
de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son autónomos para
escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal, la que consideren
más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo dispuesto en el artículo 230
de la Constitución Política.
30. La Corte Constitucional se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios
judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e
interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio
de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra
sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello,
“pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes
al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la
manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es
dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia
12 Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
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se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios
constitucionales que son de forzosa aplicación […]13.
31. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de los
jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso sometido a
su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse dentro del
parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes establecidos en la
Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación de una norma, con
su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
32. En este sentido, la Corte ha precisado que la interpretación que hace el juez de
las normas que aplica a un caso concreto encuentra límite en el carácter normativo de
la Constitución (artículo 4º de la CP), en la obligación de dar eficacia a los derechos
fundamentales (artículo 2º superior), en la primacía de los derechos humanos (artículo
5º de la Constitución), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al
debido proceso (artículo 29 de la CP) y en la garantía al acceso a la administración de
justicia (artículo 228 superior).
3.5.2 El desconocimiento del precedente judicial
33. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la República
tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales vinculantes y
relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la efectividad de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima, y la unificación
de la interpretación de las normas jurídicas.
34. Al respecto, la Corte Constitucional14 ha considerado que el precedente se define
como «la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado que, por
su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente
considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo».
35. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases, a saber: «(i) el precedente horizontal, el cual hace referencia
a las decisiones proferidas por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por
el mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical, que se refiere a las decisiones
adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia»15.
36. Así, el precedente horizontal supone que, en principio, un juez individual o
colegiado no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias. Su
carácter vinculante se deriva del respeto por la línea argumentativa y decisoria que ha
establecido previamente en sus providencias, en atención a los principios de buena fe,
seguridad jurídica, confianza legítima e igualdad16, lo cual no impide que los jueces,
según el asunto sometido a su conocimiento, puedan exponer de forma clara,
suficiente y razonable los argumentos que justifican separarse del sentido de sus
decisiones previamente proferidas.
13 Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015.
15 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
16 Corte Constitucional, sentencia T-489 de 2013.
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37. Por su parte, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de
unificar la jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía
judicial del juez, comoquiera que debe respetar la postura del superior, ya sea de las
altas cortes o de los tribunales.
38. En este orden, toda decisión adoptada por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que se dirija a resolver una controversia originada en similares
circunstancias fácticas y jurídicas al asunto sometido a consideración del juez debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad,
especialmente el contenido de la ratio decidendi, «ya que además de ser el
fundamento normativo de la decisión judicial, define, frente a una situación fáctica
determinada, la correcta interpretación y, por ende, la correcta aplicación de una
norma»17, salvo si existan razones jurídicas particulares que impongan modificarlo.
39. Conforme lo expuesto, la jurisprudencia constitucional18 ha precisado que el
desconocimiento del precedente consiste en aquella circunstancia en virtud de la cual
una autoridad judicial modifica su posición frente a determinado asunto, o se separa
del criterio establecido por su superior jerárquico, sin cumplir con la carga
argumentativa que le corresponde en esos casos, toda vez que con ese proceder se
desconocen principios de relevancia constitucional como la igualdad, la seguridad
jurídica, la confianza legítima, entre otros, que están directamente relacionados con el
respeto del precedente.
40. Por ello, la Corte Constitucional19 permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Y en caso
de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una violación
a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de tutela.
3.5.3. Generalidades del defecto fáctico
41. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial presenta defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»20. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia directa
en la decisión»21 objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos dimensiones:
una positiva y otra negativa.
42. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…] aprecia
y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados o, efectúa
una valoración por “completo equivocada”»22. Por su parte, la dimensión negativa se
presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no valoran los
medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan la solución del
17 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
18 Corte Constitucional, sentencia SU-113 de 2018.
19 Corte Constitucional, sentencia de 11 de julio de 2013.
20 Corte Constitucional, sentencia SU-062 de 2018.
21 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
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caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas suficientes que
sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de oficio en aquellos
casos que las normas procesales y constitucionales así lo determinan»23.
43. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) Cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide
separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio
el asunto jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene
de excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis
de incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso24.
44. Ahora bien, la Corte Constitucional ha manifestado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
independencia judicial25, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma concreta,
por qué el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez que este «no puede convertirse
en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que
ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia»26.
45. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado de manera genérica, por
lo menos, cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas en
cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios.
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]27.
3.6. Caso concreto
46. En el asunto bajo estudio, la señora Franco Daza presentó demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
23 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
24 Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
25 Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
26 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010.
27 Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
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Procuraduría General de la Nación, con la pretensión de que se declarara nulo el
Decreto núm. 3710 del 8 de agosto de 2016, por el cual fue retirada del servicio y,
como consecuencia de lo anterior, se le pagaran los salarios y prestaciones sociales
dejados de percibir desde la fecha en que fue desvinculada del servicio hasta la fecha
de su reintegro.
47. En primera instancia, la Subsección E de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, en fallo del 28 de abril de 2023, no accedió a las
súplicas de la demanda. Apelada la anterior decisión, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado emitió sentencia el 21 de agosto de 2024, en la que
la confirmó.
48. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, específicamente,
que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado incurrió en el
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial en la sentencia del 21
de agosto de 2024. En relación con la sentencia T-186 de 2013, adujo lo siguiente:
La Corte ha insistido que la interpretación mecánica y aislada de las normas de la
carrera administrativa no es acertada, en cuanto puede llegar a afectar derechos
constitucionales, que a su vez tienen la misma fundamentación superior que el mérito
como mecanismo para el acceso a los empleos del Estado. Esa interpretación
razonable implica, necesariamente, que la autoridad debe incluir entre su análisis de la
regla legal de carrera administrativa, todas aquellas variables relacionadas con la
vigencia de los derechos fundamentales del aspirante y de quien ejerce el cargo en
condición de provisionalidad
[…]
En esta premisa se funda el segundo argumento que ha permitido a la Corte adelantar
la ponderación entre derechos antes explicada. De tal modo, se ha considerado que la
definición acerca del acceso del ganador del concurso de méritos al empleo público,
que en todo caso es un derecho constitucionalmente prevalente, debe definirse de
forma que consulte condiciones objetivas y no de manera aleatoria. Esto significa, en
concreto que en aquellas circunstancias en que sea posible garantizar correlativamente
los derechos de carrera y la estabilidad laboral reforzada, particularmente porque se
está ante la pluralidad de cargos, sin que todos ellos se hayan proveído por el concurso,
la autoridad administrativa estará obligada a proferir una solución razonable, basada
en la protección simultanea de los derechos constitucionales del aspirante y del pre
pensionado28.
49. Frente a las sentencias T-729 de 2010 y T-017 de 2012, argumentó lo siguiente:
En aquella oportunidad, se estudió el caso de un ciudadano que se desempeña en
provisionalidad en el cargo de Delegado Departamental en la Registraduría Nacional
del Estado Civil y quien había sido desvinculado del mismo porque el empleo que
ocupaba se proveyó en propiedad mediante concurso, Esto a pesar de que, con
acompañamiento de la propia entidad, había radicado la solicitud de pensión de
jubilación ante Cajanal. La Corte constató que se conformó una lista de elegibles de 43
personas para la provisión de 64 cargos de Delegados Departamentales que habían
sido ofertados a través del concurso de méritos, por lo que al no haberse proveído en
propiedad todos los empleos, la Administración no podía decidir al azar qué personas
iban a ser removidas, ni tampoco desvincular a todas las personas que encontraran en
provisionalidad, pues debía considerar las circunstancias particulares de cada caso,
como el del accionante, quien por tener en trámite su solicitud de reconocimiento de la
28 Se transcribe incluso con errores de texto.
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pensión de jubilación hacía parte de un grupo vulnerable, en tanto la desvinculación de
su trabajo podía implicar la solución de continuidad entre sus ingresos recibidos como
contraprestación al trabajo y al goce efectivo de sus mesadas pensionales29.
50. Por otra parte, citó las sentencias SU-897 de 2012 y SU-446 de 2011, y afirmó que
en las mismas se estudió la calidad de prepensionado y las maneras en que la
administración puede actuar para no despedir a los empleados que ocupan cargos en
provisionalidad cuando se encuentran dentro de este grupo con especial protección
constitucional. Al respecto, dijo que:
De acuerdo con la Jurisprudencia constitucional, era deber de la PROCURADURIA
GENERAL DE LA NACIÓN diseñar mecanismos que garantizaran que, en el proceso
de convocatoria y asignación de cargos, ordenada por la Corte Constitucional, no
resultaran vulnerados los derechos constitucionales de los funcionarios en condición
de pre pensionados.
[…]
Al descender al caso que nos ocupa, debemos advertir que también la Sección
Segunda del Consejo de Estado ha debido valorar la conducta omisiva de la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN de darle el más estricto acatamiento a
la sentencia de tutela proferida por la Subsección A, de la Sección Segunda, del
Consejo de Estado, de fecha 17 de abril de 2017, que le protegió sus derechos a
fundamentales al trabajo, la estabilidad laboral reforzada, la seguridad social y el
mínimo vital, y ordenó el reintegro de la señora JULIETA MARGARITA FRANCO
DAZA. Porque, si bien es cierto que la PROCURADURÍA expidió el Decreto 3080 del
3 de mayo de 2017, "por medio de la cual se da cumplimiento a una decisión judicial y
se revoca un nombramiento en provisionalidad," ese acto administrativo, sin embargo,
no produjo efectos jurídicos, toda vez que fue revocado por la misma entidad, por el
Decreto 4329 del 28 de agosto de 2017, mediante el cual la señora JULIETA
MARGARITA FRANCO DAZA fue nombrada en el cargo de PROCURADOR 135
JUDICIAL II PARA ASUNTOS PENALES DE MONTERÍA y, además, en un claro
desacato a la sentencia de tutela y una grave vulneración de sus derechos, la
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN no pagó a la demandante los salarios;
primas; prestaciones sociales; bonificaciones; aumentos de sueldo; ajustes en la
liquidación de primas, prestaciones sociales y bonificaciones originadas en dichos
aumentos, y demás emolumentos que la demandante dejó de percibir, desde la fecha
de su ilegal desvinculación y hasta que sea realizó su nuevo nombramiento30.
51. Sumado a lo anterior, la parte actora afirmó que la autoridad accionada incurrió en
el defecto fáctico, debido a una interpretación inadecuada de los hechos expuestos en
el proceso y de las pruebas. Sobre este punto, expuso los siguientes argumentos:
Si bien es cierto que para el cargo de Procurador Judicial 11, código 3PJ EC, en la
dependencia Procuraduría Delegada para Ministerio Público en Asuntos Penales, que
ocupaba la demandante, fueron ofertados 208 empleos y la lista de elegibles fue
integrada con 366 personas, de la información proporcionada por la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN dentro de la acción de tutela que ordenó el reintegro de la
actora y que fue aportada como prueba dentro de esta asunto, manifestó que en las
convocatorias 001-2015, 002-2015 y 005-2015 el número de cargos ofertados era
superior al número de elegibles, así como el hecho de que existían cargos vacantes en
los niveles asesor, directivo o profesional de la planta administrativa de la entidad, con
un salario equivalente o similar al que devengaba la señora JULIETA MARGARITA
FRANCO DAZA y cuyos perfiles eran acordes con su condición de abogado, su
29 Se transcribe incluso con errores de texto.
30 Se transcribe incluso con errores de texto.
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especialidad y, la labor que realizaba31.
52.De lo expuesto, la Sala observa que, contrario a lo que sostuvo la tutelante, la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado sí tuvo en cuenta la
condición de prepensionada. Al respecto se pronunció así:
Desde ya, anticipa la Sala que con la sentencia de primer grado no se desconocieron
los derechos fundamentales de la actora, derechos que fueron amparados en sede de
tutela.
Se arriba a esta conclusión pues, como se estudió en acápite anterior, la condición de
prepensionada de una persona que ocupa un empleo público en calidad de provisional,
no le otorga un fuero de estabilidad absoluto o permanente y, por tal razón, sus
derechos deben ceder ante las prerrogativas de aquél que superó el respectivo proceso
de selección.
Ahora bien, como se recordará, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha previsto
una serie de acciones afirmativas en favor de estas personas siempre y cuando se
acredite que la entidad nominadora contaba con un margen de maniobra para ello,
estas acciones se concretan en:
i) Tomar las medidas para que esos servidores sean los últimos en ser desvinculados
de sus cargos y;
ii) De existir cargos en vacancia definitiva similares o equivalentes a los que venían
ocupando, nombrarlos en esos cargos mientras se proveen a través del concurso de
méritos y hasta que logren cumplir los requisitos para obtener su pensión de vejez32.
53. La Sala encuentra que, en la providencia del 21 de agosto de 2024, la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado sí valoró su condición de
prepensionada; no obstante, aclaró que dicha calidad no le otorgaba un fuero de
estabilidad absoluto, pues sus derechos ceden ante los de aquel que superó el
respectivo proceso de selección.
54. Además, tuvo en cuenta, precisamente, las sentencias citadas por la parte actora
y destacó que la Corte Constitucional previó una serie de acciones afirmativas en favor
de las personas prepensionadas, siempre y cuando la entidad nominadora contara con
un margen de maniobra, lo que en el proceso no se probó. Por lo tanto, no se configura
el defecto en mención, pues el ad quem no desconoció la jurisprudencia vigente y
aplicable al caso concreto.
55.Ahora, cabe resaltar que, frente al defecto fáctico, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado indicó que, de acuerdo con lo probado en el proceso,
encontró lo siguiente:
Se acreditó que la Procuraduría General de la Nación no contaba con un margen de
maniobra para activar las referidas acciones afirmativas «pues fueron ofertados 208
vacantes en el empleo de la actora, mientras que la lista de elegibles estaba
conformada por 366 aspirantes», es dable concluir que la negativa censurada se ajustó
a derecho.
Ahora bien, para esta Sala de decisión no es falsa la argumentación que en este
escenario fue invocada por el a quo dado que, al cumplir la orden tutelar, la entidad
accionada garantizó a la demandante los derechos a la estabilidad laboral reforzada y
a la seguridad social en pensiones. Sin embargo, se desconoce cómo pudo tener lugar
esa acción afirmativa en favor de la actora, cuando aquí ha quedado evidenciado que
31 Se transcribe incluso con errores de texto.
32 Se transcribe incluso con errores de texto.
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los elegibles al cargo procurador judicial II para asuntos penales superaron con creces
el número de vacantes a proveer.
En otras palabras, con las pruebas arrimadas a este proceso se concluye que, para la
fecha de expedición del acto demandado, la Procuraduría General de la Nación no
tenía ningún margen de maniobra que le permitiera accionar las medidas de protección
laboral en pro de la reclamante33.
56. Con base en lo anterior, esta corporación no encuentra que se configure el defecto
fáctico mencionado, porque la prueba que la parte actora adujo que no se tuvo en
cuenta, es decir, la sentencia de tutela dentro del proceso con radicado núm. «2016-
01738-01», sí se encuentra enlistada dentro de las pruebas que relacionó el a quo para
fallar, y transcribió su parte resolutiva, situación que no fue objeto de discusión ni se
puso en duda por el ad quem.
57. Ahora, frente a la valoración probatoria, este despacho encuentra que de las
pruebas presentadas en el proceso ordinario no era posible concluir que la entidad
accionada contaba con cargos vacantes homologables al de la señora Franco Daza,
en particular, porque a dicho proceso no se aportó el expediente completo de la acción
de tutela, por lo cual el juez no tuvo la oportunidad de conocer los informes rendidos
en esa oportunidad por las partes.
58. En los anteriores términos, la Sala considera que la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado no incurrió en los defectos sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial y fáctico alegados en el escrito de tutela, ya
que la sentencia del 21 de agosto de 2024 abordó y analizó la jurisprudencia y las
pruebas obrantes, bajo los principios de autonomía judicial y sana crítica, lo que le
permitió concluir que la entidad demandada no tenía un margen de maniobra para
mantener vinculada a la señora Julieta Franco a la Procuraduría General de la Nación.
IV. CONCLUSIONES
59. En consecuencia, en la medida en que la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado no incurrió en los defectos sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial y fáctico y, por lo tanto, no vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte tutelante, la Sala negará la solicitud de amparo.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora
Julieta Margarita Franco Daza en contra de la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
33 Se transcribe incluso con errores de texto.
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Accionante: Julieta Margarita Franco Daza
Accionado: Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
AC/SEJV
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