Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-07041-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-07041-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-07041-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
17 de febrero de 2025
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07041-00
Accionantes: Ana Luisa Ardila de Pinilla
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07041-00
Accionante: Ana Luisa Ardila de Pinilla
Accionado: Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca
Tema: tutela por vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia. Subtema 1: mora judicial.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve la solicitud
interpuesta por la señora Ana Luisa Ardila de Pinilla en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada en los decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Ana Luisa Ardila de Pinilla presentó una acción de tutela con la pretensión
de amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, que consideró vulnerados por la Subsección B de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por no pronunciarse
sobre la reforma de la demanda que presentó el 31 de enero de 2024.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en el
trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos:
2. El señor Hernando Pinilla Pacheco, en el año 1999, presentó demanda contra el
Instituto Nacional de Vías (INVIAS), con ocasión de una ocupación en su inmueble; el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en fallo del 25 de abril de 2018, condenó a
la demandada a pagar unas sumas de dinero1.
3. La señora Ana Luisa Ardila de Pinilla, como sucesora procesal, presentó demanda
ejecutiva el 11 de agosto de 2023; el tribunal accionado libró mandamiento de pago y
decretó las medidas cautelares el 11 de noviembre de ese mismo año; el 31 de enero
de 2024 la actora presentó reforma de la demanda; el proceso ingresó al despacho el
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-07041-00, índice 2, certificado 4D334CA03BDC6233 06D4127B90E2C814
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9 de febrero de 2024 y, hasta la fecha, no existe pronunciamiento por parte del tribunal
accionado.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
4. La parte actora, en el escrito de tutela, pidió que se amparen sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, y que se conmine a la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca a dar trámite a su memorial.
5. Como fundamento de sus pretensiones, citó el artículo 86 de la Constitución
Política de 1991, los «decretos reglamentarios 2591 y 306 de 1992», el artículo 8 de
la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 39 del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos y el artículo 25 de la Convención Interamericana de los Derechos
Humanos.
2.3. Trámite procesal
6. El despacho ponente, mediante auto del 14 de enero de 20252, admitió la solicitud
de tutela; vinculó al Instituto Nacional de Vías; requirió a las partes para que rindieran
el informe correspondiente, y ordenó las notificaciones de rigor.
2.4. Intervenciones
7. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca3 aportó el proceso de reparación directa.
8. El Instituto Nacional de Vías (INVIAS)4 se pronunció sobre los hechos, solicitó que
se declare improcedente la acción de tutela, ya que manifestó que las solicitudes e
impulsos procesales deben tramitarse al interior del proceso y a través de los recursos
legales y que este se encuentra vigente.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer la
presente solicitud de amparo interpuesta en contra de la Subsección B de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-07041-00, índice 4, certificado F85DF2021DB0FADE 831B573C3D2D5AB0
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3 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-07041-00, índice 8, certificado 438FB8E18B712887 E4E75D648A7ED681
D6E86B96B4DE9172 84F99F360E5DF7C0.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2024-07041-00, índice 11, certificado E0D0C7177B629447 614DF1EB4051DF6E
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3.2. Legitimación en la causa
10. La legitimación en la causa por activa de Ana Luisa Ardila de Pinilla se encuentra
acreditada, por cuanto es la demandante en el proceso ejecutivo; lo que, a su vez, la
hace titular de los derechos fundamentales que adujo, le fueron vulnerados.
11. También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Subsección B
de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la medida en
que es la autoridad que tiene a cargo el proceso ejecutivo y de quien se predica la
mora judicial.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
12. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la
acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la
ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez5.
13. El primero exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable6; y el segundo consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»7.
3.4. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
14. En el presente asunto, el presupuesto de subsidiariedad se encuentra satisfecho,
dado que la parte actora no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para
discutir la vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia, ante la inactividad por parte de la autoridad
accionada.
15. Ahora bien, la Sala tendrá por cumplido el requisito de inmediatez, en la medida
en que la parte accionada no se ha pronunciado respecto de la reforma de la demanda;
por lo que, en principio, es una vulneración que continúa en el tiempo8.
3.5. Problema jurídico
16.La Sala debe decidir si la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia; en particular, si incurrió en
mora judicial al no pronunciarse respecto de la reforma de la demanda presentada por
5 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
6 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
7 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en sentencia SU-084 de 2019.
8 Corte Constitucional, sentencia T-032 de 2023.
«La Corte Constitucional ha señalado que en aquellos casos en los que se demuestre que la vulneración del
derecho es permanente en el tiempo y el hecho que la originó por primera vez es muy antiguo respecto de la
presentación de la tutela, pero la situación es continua y actual, el principio de inmediatez en la interposición de la
tutela no es exigible de manera estricta».
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la parte accionante dentro del proceso ejecutivo con radicado n.° 25000-23-26-000-
1999-02008-02.
17. Para el efecto, se estudiarán los siguientes supuestos: (i) generalidades de los
derechos a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia;
(ii) reglas de procedibilidad formal de la acción de tutela en casos de mora judicial, y
(iii) análisis del caso concreto.
3.5.1 Generalidades de los derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia
18. Ahora bien, el artículo 13 de la Constitución Política dispone que toda persona
nace libre e igual ante la ley; por ende, deberá recibir un trato igual de las autoridades,
gozará de derechos, libertades y oportunidades sin ningún tipo de discriminación. En
lo que refiere a este derecho, la Corte Constitucional ha establecido que9:
La Constitución Política consagra este derecho fundamental en su artículo 13. A partir
del contenido de esta norma superior, la Corte Constitucional ha determinado que el
concepto de igualdad tiene tres dimensiones: (i) igualdad formal, “lo que implica que la
legalidad debe ser aplicada en condiciones de igualdad a todos los sujetos contra
quienes se dirige” ; (ii) igualdad material, según la cual se debe “garantizar la paridad
de oportunidades entre los individuos”; y (iii) prohibición de discriminación, lo que
significa que “el Estado y los particulares no pued[e]n aplicar un trato diferente a partir
de criterios sospechosos construidos con fundamento en razones de sexo, raza, origen
étnico, identidad de género, religión y opinión política, entre otras.”
40. Esta corporación también tiene precisado que las dos facetas de la igualdad -formal
y material- no son excluyentes sino complementarias. La Carta reconoce que no todas
las personas se encuentran en las mismas condiciones, lo que implica que el Estado
tiene el deber de adoptar medidas para que la igualdad sea real y efectiva. Esto se
logra mediante la aplicación de alguno de los siguientes mandatos: “(a) trato igual a
personas en circunstancias idénticas; (b) trato paritario a personas que no están en
circunstancias idénticas, pero cuyas similitudes son más relevantes que sus
diferencias; (c) trato diferenciado a personas que no están en circunstancias idénticas,
pero cuyas diferencias son más relevantes; y (d) trato desigual a personas en
circunstancias desiguales y disímiles”
19. El artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso es un
derecho que se aplica a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. La
Corte Constitucional se ha pronunciado sobre este derecho de la siguiente manera10:
Con todo, el derecho al debido proceso es una garantía fundamental que debe ser
respetada en cualquier trámite judicial y administrativo en el cual se vaya a crear,
extinguir o modificar una situación jurídica para una persona.
66. Por su parte, en la Sentencia T-010 de 2017, la Corte afirmó que las garantías
mínimas del derecho al debido proceso administrativo eran: (i) ser oído durante la
actuación; (ii) la notificación oportuna y de acuerdo a la Ley; (iii) la actuación sea surtida
sin dilaciones injustificadas; (iv) se permita participación en lo actuado desde su inicio
hasta el fin; (v) la actuación se adelante por una autoridad competente y con pleno
respeto de las formas previstas en la Ley; (vi) se goce de la presunción de inocencia;
9 Corte Constitucional, sentencia T-470 de 2022.
10 Corte Constitucional, sentencia T-413 de 2024.
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(vii) se permita el ejercicio efecto de la defensa y la contradicción; (viii) poder aportar y
controvertir las pruebas; y, (ix) poder impugnar las decisiones y a promover la nulidad
de aquellas obtenidas con violación al debido proceso.
20. Por consiguiente, el derecho fundamental al debido proceso trae consigo el deber
por parte de las entidades públicas y autoridades judiciales de dar trámite a las
actuaciones de forma célere y sin dilaciones injustificadas, sin que los retrasos deban
ser soportados por el administrado o usuario de justicia.
21. Respecto del derecho de acceso a la administración de justicia, el artículo 229 de
la Constitución Política prevé que toda persona tiene acceso a la administración de
justicia y que la ley dispondrá cuando no sea necesario ser representado a través de
un abogado. A su vez, la Corte Constitucional11, respecto del mencionado derecho,
expuso lo siguiente:
131. A partir de ese lineamiento, este derecho ha sido definido como “la posibilidad
reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en
condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la
integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus
derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente
establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales
previstas en las leyes”.
132. El derecho de acceso a la administración de justicia tiene una significación múltiple
y compleja, en tanto (i) funge como pilar esencial del Estado social de derecho; (ii) goza
de la naturaleza de ser un derecho fundamental de aplicación inmediata que, a su vez,
hace parte del núcleo esencial del debido proceso por cuanto el proceso judicial es el
medio para la concreción del derecho a la jurisdicción; (iii) está directamente
relacionado con la justicia como valor fundamental de la Carta Política, otorgando a los
individuos una garantía real y efectiva para asegurar su realización material, y (iv)
contribuye activamente a la realización de los fines esenciales del Estado, dentro de
los que se destacan el garantizar el orden político, económico y social justo, promover
la convivencia pacífica, velar por el respeto de la legalidad y asegurar la protección a
los asociados en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades
públicas.
133. Aunado a ello, la administración de justicia, al ser una función pública dispuesta
al servicio de las personas, tiene como firme propósito hacer efectivos los derechos,
las obligaciones y las garantías consagradas en la Constitución y en la ley. Tal
protección impone que el Estado garantice el funcionamiento de los recursos
jurisdiccionales de forma real y efectiva, y no simplemente nominal. Esto supone que,
bajo los parámetros de diseño que estableció el legislador para los mecanismos
judiciales, todas las personas puedan acceder a la administración de justicia para lograr
materializar sus derechos.
3.5.2 Reglas de procedibilidad formal de la acción de tutela en casos de mora
judicial
22.La Corte Constitucional ha dispuesto en su jurisprudencia que el debido proceso
es una garantía para obtener una decisión de fondo sin dilaciones injustificadas y
dentro de plazos razonables:
En particular, la jurisprudencia constitucional ha planteado la clara relación existente
entre la mora judicial y la afectación al derecho fundamental de acceso a la
11 Conte Constitucional, sentencia SU-81 de 2024.
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administración de justicia y al debido proceso, consagrados en los artículos 29, 228 y
229 Superiores. Si bien es claro que los contenidos de los derechos antes mencionados
no pueden confundirse, su relación es intrínseca tanto para aquellos que pretenden
acceder a la administración de justicia como para quienes están investidos de la función
jurisdiccional. Ellos suponen la determinación de reglas como la consagración de vías
procesales adecuadas, oportunidades para ejercer el derecho de acción, personas
habilitadas para demandar, etapas dentro del procedimiento, términos, etc., los cuales
serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su
violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a
que haya lugar. En esta medida, dilatar injustificadamente las actuaciones judiciales,
además de constituir una vulneración al debido proceso, puede representar una
negación del derecho de acceso a la justicia12.
23. De acuerdo con lo anterior, para que se configure la mora judicial y pueda
estudiarse en las acciones de tutela, es prerrequisito haber sido diligente dentro del
proceso ordinario y demostrar que existe arbitrariedad o falta de diligencia de los
funcionarios judiciales. En ese orden, la Corte Constitucional indicó que no todo
incumplimiento de los términos procesales vulnera derechos fundamentales, por
cuanto dicha vulneración solo es el resultado de la inexistencia de un motivo válido
que justifique la mora.
24. Por último, el alto tribunal expuso que la mora judicial que no es imputable a la
autoridad judicial accionada es aquella que está justificada en las siguientes razones:
[C]uando “(i) es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra
la diligencia razonable del operador judicial; (ii) se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga
laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras circunstancias imprevisibles o
ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley”13.
3.6. Caso concreto
25. En el asunto bajo estudio, la accionante, a través de apoderado, manifestó que
radicó demanda ejecutiva el 11 de agosto de 2023, como sucesora procesal del señor
Hernando Pinilla Pacheco. El tribunal accionado libró mandamiento de pago el 11 de
noviembre de 2023 y el 14 de ese mismo mes y año se decretaron las medidas
cautelares solicitadas; la ejecutante, el 31 de enero de 2024, radicó reforma de la
demanda; el proceso ingresó al despacho desde el 9 de febrero de 2024 y a la fecha
no se ha pronunciado sobre dicha solicitud.
26. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca omitió rendir el informe ordenado por el despacho ponente en auto del
14 de enero de 2025.
27. La Sala, al revisar el proceso radicado núm. 25000-23-26-000-1999-02008-02 en
el aplicativo Samai, encuentra que la parte actora radicó memorial el 31 de enero de
2024 en el que manifestó que reformaba la demanda, que el proceso ingresó al
despacho el 9 de febrero de 2024, para resolver una solicitud de pruebas, un recurso
de reposición y la reforma de la demanda. En esa misma fecha también ingresó el
cuaderno de medidas cautelares, como se muestra a continuación:
12 SU-453 de 2020.
13 Corte Constitucional, sentencia T-183 de 2024.
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28. Verificado lo anterior, es claro entonces que, aunque existe una mora en el proceso
de la referencia. Lo cierto es que la reforma de la demanda no es la única pretensión
que debe resolver la autoridad accionada, pues al despacho también se encuentra un
recurso de reposición y el cuaderno de medidas cautelares. Por lo que, aunque el
tiempo ha sido prolongado en obtener una respuesta por parte del tribunal accionado,
no se configura una mora injustificada que dé como resultado la protección de los
derechos fundamentales de la parte accionante.
29. Sumado a lo anterior, al revisar las estadísticas judiciales de la Jurisdicción de lo
Contencioso-Administrativo14, se encontró que para la fecha que ingresó el proceso al
despacho, esto es, entre el mes de enero y marzo de 2024, el despacho del magistrado
Franklin Pérez Camargo cerró el inventario con un total de 234 procesos activos, tal
como pasa a verse:
30. Es claro entonces que la mora en este proceso se ha presentado por la congestión
judicial y no por negligencia de la parte accionada, por lo que no se vulneraron los
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia
de la señora Ana Luisa Ardila de Pinilla.
14 https://www.ramajudicial.gov.co/web/estadisticas-judiciales/a%C3%B1o-2024.
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31. Finalmente, en lo que hace relación al derecho fundamental a la igualdad,
encuentra esta corporación que no se demostró o configuró en el caso en concreto su
transgresión, pues la parte actora no indicó un punto de comparación que habilite el
estudio del test integrado de igualdad, por lo que se negará su protección.
IV. CONCLUSIONES
32. En consecuencia, en la medida en que la Subsección B de la Sección Tercera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca no incurrió en una mora injustificada, no
vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte tutelante, por lo que la Sala
negará la solicitud de amparo.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada de la señora
Ana Luisa Ardila de Pinilla, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta a través del siguiente enlace https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
AC/SEJV
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