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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-07042-00

Improcedente: no cumple con el requisito general de procedencia de

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-07042-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría Distrital de Gobierno – Alcaldía Local de Chapinero - Fondo de Desarrollo Local de Chapinero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2024-07042-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-07042-00
Accionante: CONSTRUCCIONES AR & S S.A.S.
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE– No cumple con el requisito general de procedencia de
relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el accionante contra la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Construcciones AR & S S.A.S. solicitó el amparo de su derecho fundamental
al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 8 de noviembre
de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de controversias
contractuales con el número de radicación 11001-33-43-065-2019-00075- 00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

2.1. Manifestó que promovió demanda de controversias contractuales núm. 11001-
33-43-065-2019-00075- 00/01 contra el Distrito Capital – Secretaría de Gobierno -
Fondo de Desarrollo Local de Chapinero para que se declarara la nulidad de la

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07042-00
Accionante: Construcciones AR & S S.A.S.

adjudicación de la licitación pública que suscribió con Contrusan Ingenieros Civiles
Ltda.

2.2. Refirió
que la demanda le correspondió al Juzgado Sesenta y Cinco
Administrativo del Circuito de Bogotá, autoridad judicial que, mediante sentencia
de 19 de diciembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda al considerar
que no existió violación del principio de transparencia, ni falsa motivación.

2.3. Relato que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que la
Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
confirmó, mediante sentencia de 8 de noviembre de 2024, la decisión de primera
instancia.

2.4. Precisó que la providencia antes mencionada vulneró su derecho fundamental
al debido proceso por haber confirmado la decisión de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda, olvidando pronunciarse sobre los hechos
probados y sobre las pruebas documentales que demostraban la falta de
experiencia requerida por parte del proponente Contrusan Ingenieros Civiles Ltda.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales AL DERECHO
DEL DEBIDO PROCESO vulnerados por la TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B.

SEGUNDO: Que se declare la violación al debido proceso por parte
del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
TERCERA SUBSECCIÓN B en contra del accionante Consorcio
Obras chapinero cuyos integrantes son Construcciones AR&S SAS
y Rómulo Tobo Uscátegui, en consecuencia, se declare la
inconstitucionalidad de la sentencia 11001334306520190007501.

TERCERO: Como consecuencia de la declaratoria violación al
debido proceso se ordene al Tribunal a proceder en lo que en
derecho corresponda.

CUARTO: Advertir al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN B de la
acción de tutela referida, su decisión y la obligación de cumplir con
la decisión de su honorable despacho.
[…]”. [Negrilla del texto].

3

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IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 3 de febrero de 2025, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés directo en el resultado del proceso
al señor Rómulo Tobo Uscátegui, al Consorcio Obras Chapinero, a Construsan
Ingenieros Civiles LTDA., al Distrito Capital de Bogotá - Secretaría Distrital de
Gobierno, al Fondo de Desarrollo Local de Chapinero y al Juzgado Sesenta y
Cinco Administrativo del Circuito de Bogotá.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los
vinculados, se allegaron los siguientes informes:

5.1. La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca señaló que si se realizó un estudio de los hechos probados en
el proceso y se analizaron todos los elementos aportados, realizando además un
pronunciamiento frente a cada uno de los motivos de inconformidad plasmados
en su recurso de apelación.

5.2. Puso de presente que no hubo vulneración de ningún derecho fundamental,
ni violación alguna a las garantías que deben observarse en toda actuación
judicial y que lo pretendido es reabrir el debate legal.

5.3. Por lo que solicitó se declare la improcedencia de la acción de tutela.

5.4. La Secretaría Distrital de Gobierno – Alcaldía Local de Chapinero - Fondo
de Desarrollo Local de Chapinero solicitó se declare la improcedencia de la
acción constitucional en razón a que no se observa derecho fundamental
vulnerado o en amenaza de serlo.

5.5. Finalmente solicitan su desvinculación.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto
núm. 1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.

4

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núm. 333 de 6 de abril de 20213, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de
marzo de 20194, modificado por el Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de
20245.

VI.2. Cuestión Previa

7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de
desvinculación procesal presentada por la Secretaría Distrital de Gobierno –
Alcaldía Local de Chapinero - Fondo de Desarrollo Local de Chapinero.

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
6
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 2006 , señaló lo siguiente:

“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en
la Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de
fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie
sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición
por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En
resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes
en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. […].

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso
preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento
judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y
celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de
las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como
en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin
vulnerar los principios de legalidad y contradicción […]”. [Negrilla fuera
del texto].

9. Teniendo en cuenta que la Secretaría Distrital de Gobierno – Alcaldía Local de
Chapinero - Fondo de Desarrollo Local de Chapinero fue parte dentro del medio
de control de controversias contractuales en el que se profirió la providencia que
es objeto del presente mecanismo de amparo, la Sala considera que le asiste el
interés jurídico para ser vinculada a esta acción constitucional.

10. Por lo anterior, se denegará la solicitud de desvinculación elevada como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
5 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos

83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
6
Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.

5

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VI.3. Problemas jurídicos

11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:

b) Si la providencia aquí enjuiciada vulneró el derecho fundamental invocado
por la parte accionante.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del
asunto, siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20127, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de
los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la
acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.

7
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de
julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07042-00
Accionante: Construcciones AR & S S.A.S.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial8, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución9.

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole
de esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”10 que encaje en
dichos parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

20. Construcciones AR & S S.A.S. solicitó el amparo de su derecho fundamental
al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 8 de noviembre
de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal

8
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
9
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales,
o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de
la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta
Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política.
10
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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Administrativo de Cundinamarca, dentro del medio de control de controversias
contractuales con el número de radicación 11001-33-43-065-2019-00075- 00/01.

21. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial el de relevancia constitucional.

VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

22. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental11 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido
económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones12.

23. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales13, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia
o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces14.

24. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación15, sostuvo que:

“[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión
eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales
para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor
para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No
basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se
11
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr.
Jaime Córdoba Triviño.
12
Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de agosto de
2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
13
Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para efectos de
atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
14
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
15
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.

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cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional […]”. [Negrilla fuera del texto].

25. La Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202216 precisó, en relación
con el alcance del requisito de la relevancia constitucional, cuáles eran los
deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
[…]

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia.
[…]

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y
al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud
de amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una
mejor interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular,
sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención
definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
[…]

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia
es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general
sino uno estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está,
que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza
económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a
comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de
tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia

16
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

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constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
[…]

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y
explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los
derechos fundamentales […]”. [Negrilla original del texto y subrayado
fuera del texto].

26. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
202317.

27. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo
de Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la
mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales18.

28. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte actora invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o
varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

29. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que, en el caso objeto de
estudio la parte accionante alega que se vulneró su derecho fundamental al
debido proceso por haber confirmado la decisión de primera instancia que negó
las pretensiones de la demanda, olvidando pronunciarse sobre los hechos
probados y sobre las pruebas documentales que demostraban la falta de
experiencia requerida por parte del proponente Contrusan Ingenieros Civiles Ltda.

30. Precisado el argumento que sustenta la presente acción de amparo, la Sala
estima que no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional
porque el escrito de tutela carece de la carga argumentativa mínima. En efecto,
se destaca que, aunque se infiere que la accionante considera que la providencia

17
Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera; 22
de marzo de 2023.
18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01, C.P. Guillermo
Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre
de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P.
Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Primera. Rad. núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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incurrió en un defecto fáctico, lo cierto es que no hizo un desarrollo argumentativo
tendiente a demostrar la configuración de esta causal específica.

31. Ello en razón a que, si bien el accionante aduce que no se valoraron las
pruebas obrantes en el expediente, lo cierto es que no identificó los medios de
convicción que, a su juicio, fueron valorados equivocadamente o dejados de
analizar por la autoridad accionada.

32. Se resalta que cuando se alega la configuración del defecto fáctico es deber
de la parte actora, a efectos de superar la carga mínima argumentativa, cumplir
con los siguientes requerimientos: i) identificar las pruebas que fueron dejadas
de valorar o indebidamente valoradas por la autoridad judicial, ii) explicar e
identificar las reglas de la lógica, de la experiencia y de la sana crítica que fueron
omitidas por el juez; iii) exponer por qué la omisión de la autoridad judicial fue
determinante en decisión adoptada, y iv) indicar las razones por las que la
omisión de la autoridad judicial constituye una actuación grosera, arbitraria e
irrazonable19.

33. Adicionalmente,el accionante no está poniendo de relieve que en la
providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad judicial, sino que
lo que se observa es una inconformidad con la decisión.

34. En este punto, resulta necesario resaltar que la simple enunciación de una
inconformidad respecto de la decisión adoptada no conduce a que el juez de
tutela pueda abordar el fondo del asunto, ya que esta autoridad no actúa como
instancia adicional o de revisión del proceso.

35. La falencia argumentativa advertida no puede ser subsanada por el juez de
tutela, dado que la presente acción constitucional se dirige contra una
providencia judicial que ha hecho tránsito a cosa juzgada; por lo cual es exigible
el cumplimiento de una carga mínima argumentativa que habilite un examen de
fondo del caso. En armonía con lo anterior, la Corte Constitucional en la
sentencia SU-215 de 2022 señaló lo siguiente:

“[…] [D]ado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada,
“el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene
‘vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia
reprochada”20. Esto implica que el juez de tutela debe restringir su
análisis únicamente a los argumentos propuestos por el accionante,
además de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos de procedencia […]”. [Negrilla fuera del texto].

19
Al respecto, ver sentencia de 28 de febrero de 2020, proferida por esta Sala de Decisión dentro de la acción de tutela
promovida por la sociedad SOLLA S.A. en contra de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, con radicado número
11001-03-15-000-2020-00342-00.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07042-00
Accionante: Construcciones AR & S S.A.S.

36. Igualmente, se observa que la decisión objeto de esta acción resolvió en forma
razonable el caso. Al respecto se indicó:

“[…] Del análisis de este material probatorio se concluye que, contrario a
lo afirmado por el recurrente, la Alcaldía Local de Chapinero sí dio traslado
de las propuestas económicas y del informe de las propuestas
económicas, esto por solicitud de la Veeduría Distrital y un asistente a esa
diligencia, para que los interesados pudieran presentar observaciones que
consideraran pertinentes.

Así, se demostró que ese traslado ocurrió en la audiencia de adjudicación
del 16 de agosto de 2018, que fue suspendida atendiendo esa solicitud; y
que fue reanudada el 17 de agosto de 2018, en la que se emitió respuesta
a las observaciones formuladas por los interesados.

Se destaca que, el señor Rómulo Tobo, integrante del demandante
Consorcio Obras Chapinero realizó observaciones, pero ninguna relativa
al traslado de las propuestas económicas ni del informe de las propuestas
económicas.

Ahora bien, la Sala encuentra que la normativa que gobierna el
procedimiento de licitación pública, no establece un término durante el cual
la entidad pública deba dar traslado de las ofertas económicas, por lo que
la duración de ese término es de su discrecionalidad.

En este caso, las ofertas económicas debían permanecer cerradas hasta
la audiencia de adjudicación que se celebró el 16 de agosto de 2018, en la
que la Alcaldía Local de Chapinero realizó la apertura de los sobres
contentivos de las ofertas económicas y dio traslado a los interesados, para
lo cual suspendió esa audiencia y la reanudó el 17 de agosto de 2018.

Así las cosas, no se advierte vulneración alguna al principio de
transparencia en el procedimiento de apertura de sobres de ofertas
económica ni en su traslado a los interesados, por lo que este cargo no
prospera.

2.8.2. De otra parte, el recurrente argumentó que el acto administrativo
acusado se profirió con infracción del principio de transparencia también
porque la apertura de los sobres económico debió haberse hecho
directamente del link del SECOP I, pero la entidad escaneó las propuestas
económicas directamente.

[…]

En consecuencia, que el Distrito Capital – Secretaría de Gobierno - Fondo
de Desarrollo Local de Chapinero haya abierto las propuestas las ofertas
económicas de los proponentes habilitados y luego las haya escaneado, o
que no las haya abierto desde la plataforma Secop I, no comporta violación
alguna del principio de transparencia ni configura causal de nulidad del acto
de adjudicación; por el contrario, es una actuación de denota el
cumplimiento del procedimiento previsto en el pliego de condiciones, por
ello, este cargo tampoco prospera.

[…]

12

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07042-00
Accionante: Construcciones AR & S S.A.S.

En suma, aseveró que el proponente que resultó ganador no demostró la
experiencia requerida en la intervención en la estructura del pavimento
flexible, rígido o articulado, por lo que debió haber sido declarado como no
hábil en la evaluación técnica del sobre No. 1.

[…]

En este asunto, la parte actora no aportó elemento alguno que permita
inferir que la la Resolución No. 502 del 17 de agosto de 2018, fue proferida
con violación del principio de selección objetiva, ni que la oferta del
proponente CONSORCIO IJ hubiera sido alterada, tampoco que el Distrito
Capital – Secretaría de Gobierno - Fondo de Desarrollo Local de Chapinero
en la audiencia de adjudicación haya dado lectura señalando unos valores
distintos a los contenidos en esa oferta; situación que implica que debe
asumir las consecuencias de tal omisión, es decir, una sentencia adversa
a su pretensión.

En consecuencia, este argumento de la parte recurrente tampoco
prospera. […]”.

37. La transcripción anterior permite evidenciar que el debate planteado en esta
sede constitucional fue analizado por el juez natural y no se observa que la
decisión proferida hubiese sido arbitraria o, se hubiesen desconocido los
derechos fundamentales de la parte accionante en el trámite del proceso de
controversias contractuales.

38. De hecho, lo que se aprecia es que el juez explicó las razones por las cuales
se confirmó la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda, consintieron en que la parte actora no aportó elemento alguno que
permita inferir que la Resolución núm. 502 de 17 de agosto de 2018 había sido
proferida con violación del principio de selección objetiva, ni que la oferta del
proponente CONSORCIO IJ hubiera sido alterada, tampoco que el Distrito
Capital – Secretaría de Gobierno - Fondo de Desarrollo Local de Chapinero en
la audiencia de adjudicación haya dado lectura señalando unos valores distintos
a los contenidos en esa oferta.

39. En tal virtud, vale la pena señalar que la acción de “[…] tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección
del fallo cuestionado […]”20.

40. Así las cosas, la Sala declarará improcedente la presente acción de tutela por
carecer de relevancia constitucional, como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta decisión.

20
Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de 2022.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07042-00
Accionante: Construcciones AR & S S.A.S.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Secretaría
Distrital de Gobierno – Alcaldía Local de Chapinero - Fondo de Desarrollo Local
de Chapinero, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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