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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07045-00

Fecha
21 de febrero de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07045-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE 14 En ese sentido, ver sentencia del 4 de noviembre de 2021, exp.11001-03- 15-000-2021-05637-01, CP. Gabriel Valbuena Hernández. 12 Radicación: 11001-03-15-000-2024-07045-00 Demandante: Manuel Tiburcio González González y otros Demandado: Presidencia de la República y otros Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia) PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas en el trámite de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional solicitado en lo relacionado con la Auditoría General de la República, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPP-, la Presidencia de la República y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -CREMIL-. TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela frente a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -Casur- ante la carencia actual de objeto por hecho superado. CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de los accionantes respecto al Ministerio de Defensa Nacional y a la Contraloría General de la República. En consecuencia, ORDENAR a ambas entidades que, en un término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, otorguen una respuesta de fondo frente a la petición presentada por los accionantes el 23 de agosto de 2024. QUINTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-07045-00

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07045-00
Demandante: Manuel Tiburcio González González y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / Derecho de petición.

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del proceso de amparo constitucional de la referencia.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1. Los señores Manuel Tiburcio González González; José María Álvarez Morelo;
Jesús Bienvenido López Morelo; Grimaldo Pérez Gastelbondo; Emel de Jesús Pérez
Terán; Leoncio Peroza Santos; Lázaro Román Martínez; Julia Morales de Álvarez2;
Abel Antonio Benítez; Adalberto Olascoaga Tarra; José de la Cruz Zúñiga Díaz;
Diego Raúl López Surita; José Julio Vidal; Cesar Tulio Ruiz Galindo; Pedro Pablo
Mercado Ladeutt; Gabriel Atencia Julio; Diana Fernández Márquez 3; Edith Navarro
Polo4 y José Vicente Ortega Tuiran presentaron acción de tutela en contra de la
Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, la Caja de Sueldos
de la Policía Nacional -CASUR-, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPP-, la Contraloría y la Auditoría
General de la República, en busca de obtener la protección de sus derechos
fundamentales de petición, debido proceso, acceso a la administración de justicia,
seguridad social, mínimo vital e igualdad. Consideran que estos fueron vulnerados
por la falta de respuesta de fondo a la solicitud que elevaron el 23 de agosto de 2024.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del

Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Quien adujo obrar en calidad de cónyuge sobreviviente del señor Osvaldo Álvarez Calao.
3 Quien manifestó actuar en condición de madre de Fermín Burgos Fernández (Q.E.P.D.)
4 Quien afirmó obrar como cónyuge sobreviviente del señor Lacides Enrique Álvarez Revuelta.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07045-00
Demandante: Manuel Tiburcio González González y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

2. De acuerdo con su relato, en la referida fecha, a través de correo electrónico,

dirigieron una petición a las entidades accionadas, en los siguientes términos:

<< (…) 1°. Se solicita al señor Contralor de la República y Auditor General de la
República de Colombia, ejercer el control fiscal posterior y selectivo, en relación al
dinero dejado de reconocer y pagar por la entidad pública empleadora MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA, a nosotros los
peticionarios, por concepto de seguridad social en pensión, salud y riesgo, según el
certificado de tiempos laborados CETIL (…)

Por consiguiente, se ordene ejercer el derecho de acción de cobro coactivo, por la
mora en el pago de seguridad social en pensión, salud y riesgo, para que sea liquidado
según las planillas PILA, y calculo actuarial, desde la fecha generadora de mora en el
pago, y se obligue al empleador MINISTERIO DE DEFENSA, a pagarlos con el
derecho más favorable al trabajador, por el empleado mencionado. ( con los intereses
moratorios a la tasa más alta establecida por la Superintendencia Financiera) y se
ordene recaudarlos al fondo de pensión público o privado que estime pertinente.

2°.- Se solicita a la Unidad Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales — UGPP- ejercer el derecho de acción de cobro coactivo, contra el
empleador publico MINISTERIO DE DEFENSA- EJERCITO NACIONAL DE
COLOMB1A, en relación al dinero dejado de reconocer y pagar por la entidad pública
empleadora MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL- EJERCITO NACIONAL DE
COLOMBIA, a nosotros los peticionarios, por concepto de seguridad social en pensión,
salud y riesgo, según el certificado de tiempos laborados CETIL (…).

3°.- Se solicita Al Ministerio de Defensa Nacional — Ejercito Nacional de Colombia,
nuevamente, expedir el certificado CETIL, en tiempos completos de dos años
aproximados a los señores JOSE MARIA ALVAREZ MORELOS Y JESUS
BIENVENIDO LOPEZ MORELOS, conforme al material probatorio que éstos le han
hecho llegar en peticiones anteriores, y decidan la solicitud de reconstrucción del
expediente administrativo, para tal fin, y tener en cuenta para ello, la prueba
documental y testimonial pedida recaudada por esa oficina empleadora, corno
también, la obtenida directamente vía telefónica con estos dos suscritos peticionarios,
donde le dejaron claro, haber adquirir conocimiento de que efectivamente prestaron el
servicio militar obligatorio en el tiempo y batallón relacionados, dejándolos con esa
conformidad de hacerles creer que habían encontrado solución a nuestros problemas.

En consecuencia, expidiéndoles el CETIL pedido, también se solicita a las instituciones
referenciadas en los numerales 1 y 2 de esta petición, actuar de conformidad a lo allí
pedido.

4°.- Se solicita al señor Presidente de la República de Colombia (…) intervenir, para
que se atienda por las entidades e instituciones a su cargo identificadas en los
numerales 1 y 2, atiendan esta solicitud de petición, a fin de que no se violen nuestros
derechos fundamentales Constitucionales a LA IGUALDAD y DERECHOS
HUMANOS, ADULTO MAYOR, lNDEFENSION, DEBILIDAD MANIFIESTA, ADULTO
MAYOR, AGRESION POR VIOLENCIA POR ENFOQUE DE GENERO, OMISION (
daño moral y perjuicio patrimonial), para que no sea el Estado convertido por
desatención de lo pedido en SEGUNDO AGRESOR. Por enfoque de género- violencia
de género- Y VIOLACION DE Derechos Constitucionales y convencionales.

4.1.- Por consiguiente, se solicita al MINISTERIO DE DEFENSA- EJERCITO
NACIONAL DE COLOMBIA, indemnizar a nosotros los peticionarios por daños
2

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07045-00
Demandante: Manuel Tiburcio González González y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

morales y perjuicio patrimoniales, daño a los derechos Constitucionales y
Convencionales, causados por omisión a las reiteradas peticiones que en tal sentido
se han invocado, algunas con amparo Constitucional de tutela, para la expedición del
CETIL, al empleado quien prestó el servicio militar obligatorio, a quien no se le ha
expedido por ningún medio o expedido incompleto. Caso - José María Alvarez Mórelo
y Jesús Bienvenido López Mórelo. Y, conforme a lo dispuesto en los artículos 6 y 90
de la Constitución Política de Colombia; de lo cual deberá responder por competencia
el Ministerio de Defensa- Ejército Nacional de Colombia, en el derecho interno como
en el internacional, porque la guarda, conservación, cuidado, previsibilidad del archivo
10 tiene esa institución, conforme a la ley general de archivo y no podía alegar el
principio de que a nadie se le puede obligar a 10 imposible; porque no cabe.

Es dable solicitar, ordene reconocer y pagar directamente el empleador Ministerio de
Defensa Nacional, la devolución de saldos, por pensión dejadas de pagar y cotizar en
pensión, salud y riesgo.>>

3. Esgrimieronque algunas de las accionadas contestaron la solicitud de forma
incompleta, evasiva e incongruente, en desconocimiento de la sentencia T-230 de
2020 proferida por la Corte Constitucional, así como del principio de colaboración
armónica previsto en la Constitución.

4. Particularmente, en lo que respecta a una de las respuestas que les fue otorgada

por la UGPP, reprocharon que se les haya pedido una información individualizada
en formato Excel para impartirle trámite a la misma y que, una vez esta fue allegada,
se haya negado la reclamación. Contra esa decisión se interpuso recurso de
reposición y, en subsidio, apelación, los cuales a la fecha de presentación de la
acción constitucional, señala, todavía no se habían resuelto.

5. Adujeron que la solicitud de amparo resulta procedente como mecanismo
transitorio, ya que ninguna de las respuestas brindadas por las accionadas tiene el
potencial de producir efectos jurídicos y, en esa medida, no son pasibles de ser
enjuiciadas ante la jurisdicción ordinaria laboral o la contencioso administrativa.

6. Por lo tanto, no tienen a su alcance otro medio idóneo y eficaz para evitar la

ocurrencia de un perjuicio irremediable. Relataron que son adultos mayores, que se
encuentran en condición de pobreza extrema, pues no cuentan con ninguna clase
de ingresos económicos para satisfacer sus necesidades básicas, por lo que
dependen de la ayuda de algunos familiares y “el rebusque callejero sano”.

7. Aseveraron que la desatención frente a sus reclamos les ha ocasionado
dificultades económicas, que no les permiten solventar su subsistencia, servicios de
salud, ni los servicios públicos domiciliarios, pese a que tienen derecho a que les
sean reconocidos y pagados los dineros por concepto de las prestaciones sociales
que no fueron canceladas por su empleador durante su vinculación al Ejército
Nacional.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07045-00
Demandante: Manuel Tiburcio González González y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

8. Con la demanda de tutela pretenden que se ordene: (i) a las accionadas brindar

una respuesta de fondo frente a la solicitud radicada el 23 de agosto de 2024; (ii) a
la Ugpp expedir el acto administrativo por medio del cual se reconozca y pague a
favor de los accionantes la indemnización sustitutiva y/o la devolución de los saldos
objeto de reclamo o, en su defecto, adelantar las gestiones de cobro coactivo en
contra del Ministerio de Defensa y; (iii) a la cartera ministerial reconocer y pagar a
su favor los dineros dejados de cancelar por concepto de aportes a seguridad social
mientras estuvieron vinculados a la entidad, así como reconstruir el expediente
administrativo de los señores Jesús Bienvenido López Morelo y José María Álvarez
Morelos.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

9. Mediante auto del 16 de enero de 2025, se dispuso admitir la demanda, notificar

de su presentación a las entidades accionadas, vincular a la Caja de Retiro de las
Fuerzas Militares -Cremil-, negar las demás solicitudes de vinculación y el decreto
de las pruebas deprecadas por la parte actora, así como comunicar la decisión a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

(i) Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales -UGPP-5

10. Informó que, revisadas las bases de datos de la entidad, encontró que el 30 de

agosto de 2024 los accionantes elevaron una solicitud para que la entidad efectuara
las gestiones de cobro coactivo contra el Ministerio de Defensa por los periodos
dejados de pagar en aportes a seguridad social.

11. Sostuvo que dicha petición fue atendida de forma oportuna por medio del oficio

20240151004774311 del 20 de septiembre de 2024. Allí les indicó a los peticionarios
que la información suministrada no era suficiente para resolver de fondo la solicitud,
así como la información que debían allegar para el efecto, en un término no mayor a
un mes, de lo contrario se entendería desistida la solicitud. Aunado a ello, les informó
que la entidad carecía de competencia para adelantar las gestiones de cobro
respecto a las vigencias anteriores a octubre de 2019, conforme lo previsto en el
parágrafo 2° del artículo 178 de la Ley 1607 de 2012.

12. Aseveró que si bien en el escrito de tutela se afirmó que la información requerida

fue remitida a la entidad, lo cierto es que a la fecha de contestación de la demanda
todavía no se había allegado tal documentación.

13. Esgrimió que a través del oficio 20240151005299991 del 8 de octubre de 2024,

reiteró la falta de competencia de la Unidad para efectuar las gestiones de cobro

5 Intervención visible a índice 16 del expediente digital.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07045-00
Demandante: Manuel Tiburcio González González y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

pretendidas. Aunque la accionante aseguró haber interpuso recurso de reposición y,
en subsidio, apelación contra esta última respuesta, expuso que en las bases de
datos de la entidad no se encontró registro alguno de dicho recurso. A lo que se
suma que la parte actora no aportó constancia de su radicación.

14. Precisó que no le corresponde realizar la devolución de saldos como los
reclamados, por lo que es claro que no ha vulnerado los derechos fundamentales
invocados por la parte actora. En razón a ello, solicitó su desvinculación del trámite
de tutela. De forma subsidiaria, pidió negar o declarar la improcedencia de la solicitud
de amparo.

15. Dando alcance a la contestación inicial de la demanda, en memorial allegado el

31 de enero de 20256, la Unidad resaltó que aun cuando solo tuvo conocimiento de
la reposición que alegó haber presentado la actora con ocasión de la interposición
de la acción de tutela, en aplicación de los principios de economía, celeridad, eficacia
y transparencia, mediante oficio 20250151000110201 del 29 de enero de 2025 dio
respuesta a dicho recurso.

16. Por otra parte, resaltó que la información requerida a la parte actora para impartirle

trámite a su solicitud solo fue allegada después de haber presentado la demanda de
tutela y luego de haber rendido el informe respectivo. En todo caso, no aportó la
respectiva constancia de envío o radicación de dicha documentación ante la entidad,
que evidenciara que la misma fue remitida oportunamente, por lo que entendería
desistida la solicitud en comento.

(ii) Presidencia de la República7

17. Indicó que, verificado el sistema de gestión documental de la entidad, encontró

que la solicitud referida en los hechos de la acción de tutela fue radicada dos veces
ante la entidad el 26 de julio de 2024. Petición que remitió por competencia al
Ministerio de Defensa Nacional en los términos del artículo 21 de la Ley 1437 de
2011, mediante oficio OFI24-00151839 del 30 de julio siguiente. Lo cual fue
comunicado al peticionario en esa misma fecha a través del oficio OFI24-00151837.

18. Con fundamento en lo expuesto, solicitó su desvinculación del proceso,
comoquiera que carece de competencia para resolver de fondo la petición
presentada por la actora.

(iii) Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil-8

19. Señaló que la solicitud presentada por la parte actora fue recepcionada en la

6 Visible a índice 19 del expediente digital.
7 Intervención visible a índice 15 del expediente digital.
8 Intervención visible a índice 14 del expediente digital.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07045-00
Demandante: Manuel Tiburcio González González y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

entidad el 29 de julio de 2024. Tras advertir que no tenía competencia para resolverla
de fondo, a través del oficio 2024050083 del 31 julio de siguiente, la remitió a la
Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa
Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015.
Lo cual fue comunicado al peticionario en esa misma fecha por medio del oficio
radicado 2024050081.

20. Destacó que dio una respuesta clara, completa y de fondo a lo peticionado por la

parte actora, pues le indicó por qué la entidad carecía de competencia para atender
lo pretendido. En consideración a lo anterior, pidió ser desvinculada de la acción de
tutela al estimar que no se encuentra legitimada en la causa por pasiva.

(iv) Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -Casur-9

21. Informó que el 29 de enero de 2025 remitió por competencia al Ministerio de

Defensa la solicitud presentada por la parte actora. En razón a ello, solicitó la
desvinculación del proceso, pues a quien le corresponde dar una respuesta de fondo
frente a la petición en cuestión es a esa cartera ministerial, en tanto es la encargada
del reconocimiento y liquidación del bono pensional a favor de los militares que
prestaron sus servicios al Ejército Nacional.

22. Conposterioridad a la admisión de la demanda, la parte actora allegó dos
memoriales. En el primero de ellos10 se aportó copia de la trazabilidad de un correo
enviado a la UGPP el 30 de enero de 2025 en los siguientes términos:

<< (…) Respetuosamente me dirijo a usted, manifestándole que usted ha notificado a
mi correo electrónico una respuesta de petición de los accionantes. donde indica que
la prueba en formato Excel de datos de los peticionarios, como antecedentemente fue
pedida por usted, y, por el conocimiento que tengo del asunto, confiado por los
peticionarios y ahora tutelantes, y en solidaridad social con ellos, me permito
comunicarle que en su oportunidad le fueron enviados los datos por usted pedidos en
formato Excel; formato que también se anexó en prueba separada y oportuna a la
Acción de tutela, enviada al correo de la Secretaria del Honorable Consejo de Estado,
donde aparece ingresada al link del expediente, con fecha 16-01-2025, fuente de la
cual, usted también pudo adquirir conocimiento. prueba que de nuevo se remite, para
lo pertinente.

se remite y adjunta prueba de formato Excel, desde éste correo a donde usted se dirige
(…)>>.

23. En el segundo memorial, los accionantes Manuel Tiburcio González González,

José María Álvarez Morelo, Jesús Bienvenido López Morelo, Grimaldo Pérez
Gastelbondo y Julia Morales de Álvarez solicitaron que, previo adoptar una decisión
de primera instancia, se oficiara al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional para

9 Intervención visible a índice 18 del expediente digital.
10 Visible a índice 17 del expediente digital.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07045-00
Demandante: Manuel Tiburcio González González y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

que aportaran “el valor de las semanas validas para bono, que ellos como
empleados, le han reconocido a los señores GILBERTO LUNA ACUÑA (…) AUDON
DORADO MENESES (…) JOSE RAFAEL MONTERROSA (…) y LUIS FERNANDO
MORELO BUELVAS”.

24. Alegaron que la entidad está en mejor posición para probar ese hecho, por tener

cercanía con la prueba. En caso contrario, adujeron que podían aportarla, pero con
autorización del ponente, dado que son documentos privados que pueden estar bajo
reserva.

25. Pese a haber sido notificados, el Ministerio de Defensa Nacional, la Contraloría y

la Auditoría General de la República guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestiones previas

Las solicitudes de desvinculación

26. LaSala no accederá a las solicitudes de desvinculación formuladas por la
Presidencia de la República, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil- y la
Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -Casur-, toda vez que se acreditó
que todas ellas conocieron de la solicitud frente a la cual se reprocha una falta de
respuesta de fondo. Por lo tanto, serían las llamadas a responder por la vulneración
que se alega en caso de ser constatada.

La solicitud de pruebas

27. En virtud de su carácter preferente y sumario, el trámite de la acción de tutela no

contempla una etapa probatoria formal como en los procesos ordinarios, pues fue
concebida como un mecanismo judicial expedito para la protección inmediata de los
derechos fundamentales. Por ello, el momento oportuno para que la parte accionante
aporte o solicite el decreto de pruebas es junto a la presentación de la demanda.

28. En consecuencia, no hay lugar a pronunciarse sobre la solicitud probatoria que

elevaron los actores con posterioridad a que se admitiera la acción constitucional.
Admitir lo contrario desnaturalizaría la celeridad propia del mecanismo de amparo.

D. Caso concreto

29. Corresponde a la Sala determinar si las entidades demandadas vulneraron el

derecho fundamental de petición de los accionantes ante la falta de una respuesta
de fondo a la solicitud elevada el 23 de agosto de 2024.

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-07045-00
Demandante: Manuel Tiburcio González González y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

30. De conformidad con el artículo 23 de la Constitución Política, las personas tienen

derecho a dirigir peticiones respetuosas a las autoridades, ya sea por motivo de
interés general o particular, así como a obtener una respuesta oportuna. Así, el
derecho de petición tiene una finalidad doble. Por un lado, permite que los
interesados presenten peticiones respetuosas ante las autoridades y, por otro,
garantiza una contestación oportuna, de fondo y congruente con los requerimientos
que plantea el peticionario.

31. En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que el núcleo esencial de

dicha prerrogativa conlleva los siguientes elementos: (i) la posibilidad real, cierta y
efectiva de presentar peticiones respetuosas; (ii) el otorgamiento de una respuesta
de fondo, esto es, clara, precisa y de acuerdo a lo solicitado; (iii) contestar
oportunamente, es decir, dentro del término legalmente establecido para tal efecto y;
(iv) la comunicación pronta de la contestación al peticionario. Lo anterior, sin perjuicio
de que el contenido de la respuesta sea favorable o desfavorable a lo solicitado11.

32. De los elementos de juicio obrantes en el expediente, se observa que el 23 de

agosto de 2024, por medio de correo electrónico, los accionantes radicaron una
petición ante la Presidencia de la República, el Ministerio de Defensa Nacional, la
Caja de Sueldos de la Policía Nacional -CASUR-, la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPP- y la Contraloría General
de la República.

33. No sucede lo mismo respecto a la Auditoría General de la República, la cual

también fue accionada en el presente asunto. Si bien el escrito contentivo de la
petición está dirigido a dicha entidad, no se acreditó que la solicitud se haya radicado
efectivamente ante ese organismo.

34. Según la trazabilidad del correo electrónico aportada por los accionantes, la
petición antes referida se remitió a los siguientes buzones: cgr@contraloria.gov.co;
comunicacioneselectronicas.ugg@mindefensa.gov.co; sac@buzonejercito.mil.co;
usuarios@mindefensa.gov.co; contactenos@ugpp.gov.co; citse@casur.gov.co;
atencionalciudadanopqrs@casur.gov.co; atenusuario@cremil.gov.co;
contacto@presidencia.gov.co y obstransparencia@presidencia.gov.co. Sin
embargo, ninguno de ellos pertenece a una cuenta de dominio de la Auditoría
General de la República.

35. Por lo tanto, de entrada, se descarta alguna afectación de derechos
fundamentales por parte de dicha entidad, pues es claro que no conoció de la
solicitud cuya respuesta se reclama en esta oportunidad y, en esa medida, no se
encontraba en la obligación de impartirle trámite alguno.

11 Corte Constitucional, Sentencia T-610 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En ese mismo sentido, ver
sentencias T-430 de 2017, T-206 de 2018, T-217 de 2018, T-397 de 2018 y T-007 de 2019 y T-230 de 2020.
8

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07045-00
Demandante: Manuel Tiburcio González González y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

36. Por el contrario, como ya se anotó, la parte actora demostró haber radicado la

petición ante las demás entidades accionadas. Por consiguiente, la Sala procederá
a examinar el proceder de cada una de ellas, una vez tuvieron conocimiento de la
solicitud en cuestión.

37. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones

Parafiscales -UGPP-, por medio del oficio 1510 del 20 de septiembre de 2024,
contestó la petición, indicando a los peticionarios que la información suministrada no
era suficiente para resolverla de fondo, motivo por el cual requería que se remitiera
un documento en formato Excel en el que se relacionara cada uno de los afectados
por la falta de pago de los parafiscales, detallando su nombre, documento de
identificación, salario devengado, el tipo de vinculación, la fecha de ingreso y de
retiro, así como los datos de ubicación. Precisó que la información solicitada debía
ser allegada en un plazo de un (1) mes. En caso contrario, se entendería desistida
la solicitud.

38. Igualmenteresaltó que la entidad carecía de competencia para adelantar las
gestiones de cobro reclamadas respecto a las vigencias anteriores a octubre de
2019, conforme lo previsto en el parágrafo 2°12 del artículo 178 de la Ley 1607 de
2012.

39. Posteriormente, dando alcance a esa respuesta, por medio del oficio 1120 del 8

de octubre de 2024, la UGPP explicó a los peticionarios que cuando un trabajador
dependiente o independiente pertenece a alguno de los regímenes de excepción,
como las Fuerzas Militares, está excluido del Sistema General de Seguridad Social
regulado en la Ley 100 de 1993.

40. Aclaró que, de conformidad con el literal (ii) del artículo 156 de la Ley 1151 de

2007, la entidad tiene a su cargo realizar las tareas de seguimiento, colaboración y
determinación de la completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones
parafiscales de la protección social que se rigen por la Ley 100 de 1993; normas que
no cobijan el régimen especial de las fuerzas militares. Razón por la cual no le
corresponde efectuar alguna gestión de cobro en contra del Ministerio de Defensa.

41. En tales condiciones, se evidencia que aunque inicialmente se requirió una
información para impartirle trámite a la solicitud y no se acreditó que esta hubiera
sido remitida oportunamente por los peticionarios, la UGPP revaluó su criterio y
finalmente emitió una respuesta de fondo, clara y de acuerdo a lo peticionado por los
actores el 23 de agosto de 2024.

12 “La UGPP podrá iniciar las acciones sancionatorias y de determinación de las Contribuciones Parafiscales de

la Protección Social, con la notificación del Requerimiento de Información o del pliego de cargos, dentro de los
cinco (5) años siguientes contados a partir de la fecha en que el aportante debió declarar y no declaró, declaró
por valores inferiores a los legalmente establecidos o se configuró el hecho sancionable. En los casos en que se
presente la declaración de manera extemporánea o se corrija la declaración inicialmente presentada, el término
de caducidad se contará desde el momento de la presentación de la declaración extemporánea o corregida.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-07045-00
Demandante: Manuel Tiburcio González González y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

42. Aun cuando la entidad no accedió a lo pedido, explicó de forma suficiente las

razones que impedían adelantar las gestiones de cobro pretendidas, con fundamento
en el marco normativo que regía el asunto.

43. El hecho de no haber concedido lo solicitado no supone que la respuesta otorgada

no constituya una contestación de fondo. Independientemente del sentido de la
respuesta, siempre que se abarque la materia objeto de consulta, de forma
congruente, clara y oportuna, se entiende que el pronunciamiento de la autoridad
satisface materialmente el derecho fundamental de petición, tal como se vislumbra
de la contestación otorgada por la UGPP el 8 de octubre de 2024.

44. Si bien la parte actora atribuyó una presunta morapor la resolución de unos
recursos que adujo haber interpuesto contra esa última respuesta, no probó su
radicación. Como soporte de sus afirmaciones, aportó un documento contentivo de
los recursos, pero no allegó ningún elemento que diera cuenta de su efectiva
radicación o envío.

45. De acuerdo con lo anterior, no se advierte que la UGPP haya incurrido en algún

actuar que derive en una vulneración del derecho fundamental de petición de los
accionantes, por lo que habrá de negarse el amparo frente a esa entidad.

46. La misma conclusión se predica respecto a la Presidencia de la República y la

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -Cremil-. Aunque no emitieron propiamente
una respuesta a la solicitud presentada por los demandantes el 23 de agosto de
2024, se advierte que previamente ya habían radicado un escrito idéntico ante dichas
entidades, frente al cual cada una impartió el trámite que correspondía, en los
términos del artículo 2113 de la Ley 1755 de 2015.

47. A través del oficio OFI24-00151839 del 30 de julio de 2024, la Presidencia, tras

estimar que carecía de competencia para resolver la solicitud, la remitió al Ministerio
de Defensa Nacional. Lo cual fue comunicado al peticionario en esa misma fecha por
medio del oficio OFI24-00151837.

48. Por su parte CREMIL, mediante oficio 2024050083 del 31 julio de 2024, la trasladó

por competencia a la Dirección de Veteranos y Rehabilitación Inclusiva del Ministerio
de Defensa Nacional. Remisión que fue puesta en conocimiento de los solicitantes
el 1º de agosto siguiente por correo electrónico.

49. Bajo ese escenario, la Sala no encuentra que las respuestas otorgadas por la

13 “Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si

este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro
del término señalado remitirá la petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en
caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se
contarán a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.”
10

Radicación: 11001-03-15-000-2024-07045-00
Demandante: Manuel Tiburcio González González y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Presidencia de la República y CREMIL transgredan el derecho fundamental de
petición de la parte actora. Dada su falta de competencia, la contestación no podía
ser otra más que comunicarle al peticionario al respecto e informarle sobre el
consecuente traslado de forma oportuna, exigencia que se cumplió.

50. Por ende, en lo que respecta a la Presidencia de la República y a la Caja de Retiro

de las Fuerzas Militares también se negará el amparo deprecado en la demanda.

51. Mediante correo electrónico enviado el 29 de enero de 2025, la Caja de Sueldos

de Retiro de la Policía Nacional -Casur- también dio traslado de la petición
formulada por los actores al Ministerio de Defensa, en aplicación del artículo 21 de
la Ley 1437 de 2011. Sin embargo, teniendo en cuenta que la solicitud fue atendida
durante el curso de la acción de tutela, frente a dicha entidad se declarará la carencia
actual de objeto por hecho superado.

52. Ahora bien, debe recalcarse que el traslado de la solicitud no implica que el deber

de otorgar una respuesta de fondo desaparezca. En este caso, dicho mandato se
trasladó al Ministerio de Defensa Nacional en virtud de las remisiones por
competencia.

53. Sin embargo, la cartera ministerial no rindió informe en el trámite de tutela y en el

expediente tampoco obra evidencia de que haya atendido la solicitud que dio origen
a la acción constitucional, aun cuando se encontraba en la obligación de emitir un
pronunciamiento al respecto, pues se acreditó que tuvo conocimiento de la misma,
no solo con ocasión de los traslados, sino además porque la petición también se
radicó ante dicha entidad.

54. Lo propio ocurre con la Contraloría General de la Nación, que tampoco contestó

la tutela y por ende no aportó prueba que diera cuenta de haber emitido alguna
respuesta frente a la petición elevada por los actores el 23 de agosto de 2024, muy
a pesar de que allí se formuló un requerimiento concreto a dicha entidad.

55. De acuerdo con lo anterior, la Sala dispondrá la protección del derecho
fundamental de petición de los accionantes, para lo cual se ordenará al Ministerio de
Defensa Nacional y a la Contraloría General de la Nación que, en un término de
cuarenta y ocho (48) horas, brinden una respuesta de fondo, clara y congruente
frente a lo peticionado por los demandantes el 23 de agosto de 2024.

56. Cabe aclarar que el amparo de dicha prerrogativa no supone la concesión de lo

requerido en la solicitud. El ámbito de protección constitucional del derecho
fundamental de petición se circunscribe a la posibilidad de ejercerlo y a obtener una
respuesta, sin perjuicio de que el contenido de la misma sea favorable o desfavorable
a lo solicitado, en tanto este es de competencia exclusiva del sujeto pasivo de la

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Radicación: 11001-03-15-000-2024-07045-00
Demandante: Manuel Tiburcio González González y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

petición14.

57. Por ende, no están llamadas a prosperar las pretensiones encaminadas a que se

ordene al Ministerio de Defensa Nacional y a la UGPP expedir el acto administrativo
de reconocimiento y pago a favor de los accionantes de la devolución de los saldos
y/o indemnización sustitutiva por los dineros dejados de pagar por conceptos de
aportes a seguridad social durante el tiempo en que estuvieron vinculados al Ejército
Nacional o, en su defecto, que se adelanten las acciones de cobro respectivas.

58. Se precisa que el hecho de que el Ministerio de Defensa no haya emitido alguna

respuesta no quiere decir que los accionantes no cuenten con algún otro mecanismo
judicial para hacer valer la protección de los demás derechos que estiman vulnerados
por la omisión en el reconocimiento y pago de los dineros que buscan obtener.

59. De conformidad con el artículo 83 de la Ley 1437 de 2011, la ausencia de
pronunciamiento por parte de una autoridad frente a una petición, una vez
transcurrido cierto plazo, puede dar lugar a la configuración del silencio
administrativo negativo, el cual se materializa en un acto ficto o presunto susceptible
de ser enjuiciado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

60. Por ende, si los accionantes formularon la solicitud de reconocimiento de derechos

en la forma que correspondía y su petición no es atendida por las autoridades
competentes para ello en el término legalmente previsto, el ordenamiento jurídico les
ofrece la posibilidad de acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
con el propósito de que se declare la nulidad del acto ficto o presunto y obtener el
restablecimiento de los derechos que se estiman vulnerados a causa de dicha
omisión.

61. Finalmente, se advierte que si bien los actores alegaron una afectación al mínimo

vital que, a su juicio, justificaría la intervención del juez de tutela, no aportaron
ninguna prueba que acredite las condiciones expuestas, que permitiera habilitar la
procedencia del mecanismo de amparo de forma transitoria. Por ello, le está vedado
a esta Sala inmiscuirse en un asunto de reconocimiento de derechos que le
corresponde definir a las entidades competentes, y eventualmente al juez natural.

62. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

14 En ese sentido, ver sentencia del 4 de noviembre de 2021, exp.11001-03- 15-000-2021-05637-01, CP. Gabriel

Valbuena Hernández.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-07045-00
Demandante: Manuel Tiburcio González González y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación propuestas en el trámite de
tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NEGAR el amparo constitucional solicitado en lo relacionado con la
Auditoría General de la República, la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales -UGPP-, la Presidencia de la República y la
Caja de Retiro de las Fuerzas Militares -CREMIL-.

TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela frente a la Caja de
Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -Casur- ante la carencia actual de objeto
por hecho superado.

CUARTO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de los accionantes
respecto al Ministerio de Defensa Nacional y a la Contraloría General de la
República. En consecuencia, ORDENAR a ambas entidades que, en un término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia,
otorguen una respuesta de fondo frente a la petición presentada por los accionantes
el 23 de agosto de 2024.

QUINTO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE15
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

15 VF

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