Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-07052-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2024-07052-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2024-07052-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
14 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07052-00
Accionante: José Jadel Flórez Serrato
Se concede el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07052-00
Accionante: José Jadel Flórez Serrato
Accionado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad electoral de alcalde / Defecto
sustantivo / Violación directa de la Constitución / Desconocimiento del precedente
jurisprudencial / Se concede el amparo.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La sala resuelve la acción de tutela presentada por José Jadel Flórez Serrato contra
la sentencia del 17 de octubre de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, dentro del proceso de nulidad electoral adelantado en su contra.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 19 de diciembre de 2024 José Jadel Flórez Serrato presentó, mediante
apoderado judicial, una acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, participación política, acceso a cargos públicos,
trabajo y mínimo vital. Según el accionante, esas garantías constitucionales fueron
vulneradas por la sentencia proferida el 17 de octubre de 2024 por la Sección Quinta
del Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad electoral con radicado 73001-
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Accionante: José Jadel Flórez Serrato
Se concede el amparo
23-33-000-2023-00464-00/02 adelantado por Carlos Andrés Navarro Basto y Wilson
Hoyos Bermúdez en su contra. En dicha decisión se revocó la decisión de primera
instancia que había negado las pretensiones de la demanda y, en su lugar, se
declaró la nulidad de la elección del actor como alcalde de Prado, Tolima, para el
periodo 2024-2027.
2.- El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
<<En virtud de las consideraciones expuestas, solicito respetuosamente al juez
constitucional que tutele los derechos fundamentales de JOSÉ JADEL FLÓREZ
SERRATO, tales como: (i) derecho político de acceder a cargos públicos; (ii) derecho
al debido proceso – doble conformidad; (iii) derecho a la igualdad en el trato jurídico;
(iv) al trabajo; (v) al mínimo vital, así como la aplicación efectiva de los principios
democráticos; (vi) pro homine; (vii) pro libertate; (viii) buena fe y (ix) confianza
legítima.
Deje sin efectos la sentencia del 17 de octubre de 2024 proferida por la Sección
Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que declaró
la nulidad de mi poderdante como alcalde del municipio de Prado – Tolima para el
período 2024-2027 y, en consecuencia, en su lugar, se ordene a la Sección Quinta
del Consejo de Estado expedir una nueva sentencia en la que en todo caso, quede
claro que JOSÉ JADEL FLÓREZ SERRATO no está incurso en la INHABILIDAD
enrostrada, por cuanto ni CUMPLIÓ ni EJECUTÓ, ni debió cumplir y/o ejecutar
contrato alguno en el municipio de Prado y por ende, no existió situación fáctica
alguna que le concediera ventaja en la competencia por la Alcaldía de dicho
municipio, disponiéndose su reintegro al cargo de alcalde para que termine su periodo
hasta el 31 de diciembre de 2027, restableciéndose de paso todos sus derechos>>.
2.1.- Como medida provisional, solicitó:
1) La suspensión de los efectos de la Sentencia del diecisiete (17) de Octubre de
2024 proferida por la Sección Quinta del honorable Consejo de Estado, recaída dentro
del Expediente: 73001-23-33-000-2023-00464-02, que declaró la nulidad del acto de
elección de JOSÉ JADEL FLÓREZ SERRATO como Alcalde del Municipio de Prado
• Tolima para el periodo 2024-2027, dentro del trámite del medio de control de nulidad
electoral105, hasta tanto se tome una medida definitiva.
2) Como consecuencia de lo anterior, se solicita respetuosamente al Juez de Tutela,
considerar la posibilidad de tomar algunas de las siguientes medidas, a efectos de
que el amparo a los derechos fundamentales de mi representado, de llegar a
producirse, tenga el alcance, la potencialidad y la efectividad real y material de
salvaguardarlos, para lo cual se deben tomar medidas como las siguientes, que de
no decretarse, pueden llevar a que se consume el perjuicio irremediable, que aún se
puede evitar:
a) Oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para advertirle que se abstenga
de iniciar cualquier proceso electoral atípico conducente a elegir Alcalde en el
Municipio de Prado-Tolima, como consecuencia de la vacancia definitiva del cargo de
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-07052-00
Accionante: José Jadel Flórez Serrato
Se concede el amparo
Alcalde Municipal, generada a partir de la Sentencia del 17 de Octubre de 2024,
Expediente: 73001-23-33-000-2023-00464-02, que declaro la nulidad del acto de
elección de JOS EJADEL FLOREZ SERRATO, como Alcalde de Prado, para el
periodo 2024-2027.
b) Oficiar a la Gobernación del Tolima, para advertirle que se abstenga de iniciar
cualquier procedimiento tendiente a suplir la vacancia del cargo de Alcalde en el
Municipio de Prado-Tolima, como consecuencia de la vacancia definitiva del cargo de
Alcalde Municipal, generada a partir de la Sentencia del 17 de Octubre de 2024,
Expediente: 73001-23-33-000-2023-00464-02, que declaro la nulidad del acto de
elección de JOS EJADEL FLOREZ SERRATO, como Alcalde de Prado, para el
periodo 2024-2027.>>
2.2.- Mediante auto del 28 de enero de 2025, el despacho decretó la medida
provisional y suspendió los efectos de la decisión cuestionada.
B. Hechos
3.- El 29 de octubre de 2023 el actor fue elegido como alcalde del Municipio de
Prado – Tolima, por el movimiento político Alianza Social por Prado, para el periodo
constitucional 2024-2027.
3.1.- Los señores Carlos Andrés Navarro Basto y Wilson Hoyos Bermúdez
presentaron una demanda de nulidad electoral y alegaron la configuración de la
inhabilidad establecida en el numeral 3º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, que
dispone:
<<ARTÍCULO 95. Inhabilidades para ser alcalde. No podrá ser inscrito como
candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas de nivel municipal o en la celebración de contratos
con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre
que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio (…)>>.
3.2.- A juicio de los demandantes, la causal se configuró porque el 29 de noviembre
de 2022 el accionante suscribió un contrato de prestación de servicios profesionales
con la Defensoría del Pueblo, cuyo objeto fue la <<prestación de servicios
profesionales de abogado para la representación judicial y extrajudicial de los
usuarios del servicio de la Defensoría Pública; y la promoción, defensa, ejercicio y
divulgación de los derechos humanos>>. Agregaron que el contrato correspondió al
área de derecho público y privado en el Circuito de Ibagué.
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Accionante: José Jadel Flórez Serrato
Se concede el amparo
3.3.- Mediante sentencia del 18 de julio de 2024 el Tribunal Administrativo del Tolima
negó las pretensiones de la demanda, que había sido acumulada con otra en la cual
se le imputaba al demandado haber incurrido en doble militancia, cuyas
pretensiones también fueron denegadas.
3.4.- En relación con la inhabilidad por la suscripción del contrato con la Defensoría,
el tribunal expuso que el límite temporal inhabilitante para la celebración de
contratos corrió desde el 29 de octubre de 2022 hasta 29 de octubre de 2023 y que
se acreditó que dentro del mismo el actor suscribió el contrato. No obstante, indicó
que no se configuró el elemento espacial o geográfico, constituido por el lugar donde
se ejecutó o debió cumplirse el contrato, pues este no se desarrolló en el municipio
de Prado. Indicó que, pese a que los demandantes afirmaron que en el contrato se
desarrollaría dentro del circuito judicial de Ibagué, que integra todos los municipios
del departamento, se demostró que el lugar de ejecución fue únicamente Ibagué.
3.5.- Los señores Navarro Basto y Hoyos Bermúdez apelaron la anterior decisión.
Mediante sentencia del 17 de octubre de 2024 la Sección Quinta del Consejo de
Estado revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la nulidad de
la elección del actor como alcalde de Prado para el periodo 2024-2027, al estimar
que sí se configuró la inhabilidad por la celebración del contrato con la Defensoría 1.
a.- En la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado se expuso
que en el contrato de prestación de servicios profesionales celebrado por el actor
con la Defensoría del Pueblo, Regional Tolima, se estipuló que las actividades
relacionadas con la <<representación judicial o extrajudicial de los usuarios del
servicio de defensoría pública en la categoría de defensores públicos ante los jueces
del circuito en el programa administrativo>> se desarrollarían ante la jurisdicción de
lo contencioso administrativo en el Circuito de Ibagué.
b.- Añadió que el Acuerdo PCSJA20-11653 del 28 de octubre de 2020 del Consejo
Superior de la Judicatura dispone: <<25.1. Circuito Judicial Administrativo de
Ibagué, con cabecera en el municipio de Ibagué y con comprensión territorial en
todos los municipios del departamento del Tolima>>. Así mismo, expuso que el
Municipio de Prado, para todos los efectos judiciales, hace parte del Circuito de
Ibagué, que es el mismo donde debe ejecutarse el contrato.
1 El cargo por doble militancia fue negado en segunda instancia.
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Accionante: José Jadel Flórez Serrato
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c.- De acuerdo con lo anterior, indicó que como el lugar de ejecución del contrato
era el Circuito Judicial de Ibagué y no la ciudad de Ibagué, el elemento territorial de
este se conformó por todos los municipios que lo integran. Además, sostuvo que el
hecho de que los jueces administrativos del circuito de Ibagué tengan sede
en esa ciudad y no en el municipio de Prado, no modifica el lugar donde el
contrato debía ejecutarse.
d.- Expuso que el hecho de que no se haya demostrado que se hubiese ejecutado
alguna actividad en el Municipio de Prado no quiere decir que allí no debiera
ejecutarse dicho acuerdo contractual.
3.6.- El actor presentó una solicitud de aclaración de la sentencia para que se
precisara la forma en que se aprovechó de la situación inhabilitante. La Sección
Quinta del Consejo de Estado negó dicha solicitud mediante auto del 31 de octubre
de 2024, pues no cumplió con los presupuestos materiales establecidos en el
artículo 285 del Código General del Proceso.
3.7.- El 8 de noviembre de 2024 el accionante presentó una solicitud de adición 2 de
la sentencia de segunda instancia, la cual fue rechazada por extemporánea
mediante auto del 14 de noviembre de 2024.
3.8.- El accionante presentó recurso de reposición contra la anterior decisión. La
Sección Quinta del Consejo de Estado lo rechazó mediante auto del 28 de
noviembre de 2024 porque no fue presentado a través de apoderado judicial.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante señala que:
4.1.- En la providencia cuestionada se incurrió en violación directa de la
Constitución, pues se realizó una interpretación extensiva y amplia de la inhabilidad
establecida en el numeral 3º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, modificada por
el numeral 3º del artículo 37 de la Ley 617 de 2000. Afirma que, en consecuencia,
se transgredieron los artículos 4º y 40 de la Constitución Política, pues se limitaron
sus derechos políticos.
2 Solicitó que la Sección Quinta del Consejo de Estado se pronunciara acerca de la excepción <<sobre el
carácter restrictivo de las inhabilidades en cuanto a su interpretación>> formulada en la contestación de la
demanda. Igualmente, solicitó que se tuviera en cuenta la providencia del 5 de octubre de 2001 proferida en el
proceso con radicado 52001-23-31-000-2000-01329-01.
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Accionante: José Jadel Flórez Serrato
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4.2.- Expone que las restricciones a los derechos políticos deben ser taxativas y de
interpretación restrictiva; no obstante, la autoridad judicial accionada amplió el
alcance de la referida norma con el fin de emplearla a supuestos no comprendidos
por el legislador.
4.3.- Se desconocieron los principios de confianza legítima y buena fe, pues se
desconoció el precedente jurisprudencial y se dio un <<alcance desmedido y que
no corresponde a una disposición legal>>. Ello, en tanto la Sección Quinta del
Consejo de Estado debía escoger una interpretación que resultara menos restrictiva
del derecho de acceso al ejercicio de cargos públicos.
4.4.- Se incurrió en un defecto sustantivo, en tanto se interpretó extensivamente el
numeral 3º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994. Además, la autoridad judicial
accionada no tuvo en cuenta que las actividades desarrolladas en virtud del contrato
de prestación de servicios celebrado con la Defensoría del Pueblo no impactaban
el proceso electoral.
4.5.- No existía prueba alguna de que el contrato suscrito con la Defensoría del
Pueblo se ejecutó o se cumplió en el municipio de Prado. Por el contrario, las
pruebas evidenciaron que el contrato se ejecutó y cumplió en Ibagué.
4.6.- Se incurrió en un defecto fáctico, toda vez que la autoridad judicial accionada
no tuvo en cuenta los aspectos que se encontraban en el contrato en la plataforma
SECOP, en donde se especificó que el municipio de ejecución del contrato era
Ibagué.
4.7.- Se configuró un desconocimiento del precedente jurisprudencial, pues se
omitió lo dispuesto en la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado3, en la que en un caso similar se acreditó que el demandado no ejecutó el
contrato en el municipio, por lo que no se configuró la inhabilidad.
4.8.- Además, la autoridad judicial accionada sustentó su decisión en la providencia
del 8 de septiembre de 2016 4 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
que no era aplicable al caso del actor.
3 Radicado 52001-23-31-000-2000-1329-01.
4 23001-23-33-000-2015-00461-02.
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Accionante: José Jadel Flórez Serrato
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4.9.- No se aplicó lo dispuesto en la sentencia SU-207 de 2022, respecto del alcance
de las inhabilidades.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- La Sección Quinta del Consejo de Estado (accionado) solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional, pues, en
su concepto, el actor pretende utilizar la tutela como una instancia adicional del
proceso electoral. De manera subsidiaria solicitó negar el amparo por no
configurarse los defectos alegados.
6.- Expuso que de aceptarse la interpretación de la norma propuesta por el actor en
la tutela, se desconocería la importancia y finalidad del medio de control de nulidad
electoral. Añadió que de la lectura de la norma era posible evidenciar que la
inhabilidad se configura con la celebración del contrato que deba ejecutarse en el
respectivo municipio y no por su efectiva ejecución.
7.- Wilson Hoyos Bermúdez (tercero con interés) solicitó que se negara el amparo
y se revocara la medida provisional decretada. Afirmó que el actor desplegó una
conducta procesal reprochable en el proceso de nulidad electoral y ha impedido el
efectivo cumplimiento del fallo del 17 de octubre de 2024. Además, expuso que la
solicitud de amparo no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues se
busca reabrir un debate zanjado en segunda instancia.
7.1.- En un memorial posterior, solicitó <<la convocatoria de una sala plena o, en su
defecto, se adopten las medidas necesarias para garantizar en derecho y justicia
transparencia en el trámite de la acción de tutela>>.
7.2.- Lo anterior, toda vez que, en su concepto, en el auto mediante el cual se
admitió la acción de tutela y se decretó la medida provisional solicitada por el actor
se asumió el asunto como una tercera instancia. Además, afirmó que en dicha
providencia se prejuzgó y se direccionó el sentido del fallo de tutela.
7.3.- De otro lado, expuso que no le fue permitido acceder a documentos
clasificados del expediente electrónico, como la respuesta del magistrado del
Tribunal Administrativo del Tolima.
8.- El Tribunal Administrativo del Tolima (tercero con interés) indicó que no vulneró
los derechos fundamentales invocados por el actor. Adicionalmente, afirmó que el
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-07052-00
Accionante: José Jadel Flórez Serrato
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actor pretende reabrir un debate que fue puesto en conocimiento ante los jueces
naturales.
9.- La Registraduría Nacional del Estado Civil (tercero con interés) solicitó su
desvinculación de la presente acción de tutela, pues no incurrió en actuación u
omisión alguna que afecte los derechos fundamentales del accionante.
10.- El accionante presentó memorial en el que indicó que sí se cumple con el
requisito de relevancia constitucional, pues se declaró la nulidad de la elección de
un alcalde municipal. Afirmó que la providencia cuestionada constituyó una vía de
hecho, en tanto realizó una interpretación extensiva y amplia de una disposición
legal y desconoció elementos probatorios que evidenciaron que el lugar de
ejecución del contrato fue la ciudad de Ibagué.
11.- El señor Carlos Andrés Navarro y la Gobernación del Tolima (terceros con
interés) pese a estar debidamente notificados, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
12.- La sala concederá el amparo de los derechos fundamentales invocados por el
actor, para lo cual estudiará los defectos sustantivo, violación directa de la
Constitución y desconocimiento del precedente jurisprudencial por ser estos los que
tienen vocación de prosperidad. En consecuencia, dejará sin efectos la sentencia
del 7 de octubre de 2024 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado y,
en consecuencia, ordenará el levantamiento de la medida provisional decretada en
el auto del 28 de enero de 2025.
13.- De otro lado, se advierte que, pese a que el señor Wilson Hoyos Bermúdez
solicitó <<la convocatoria de una sala plena o, en su defecto, se adopten las
medidas necesarias para garantizar en derecho y justicia transparencia en el trámite
de la acción de tutela>>, dicha solicitud no es procedente, en tanto el Decreto 2591
de 1991 no establece un trámite especial ante la sala plena. De otro lado, aunque
el señor Hoyos Bermúdez indicó que no tuvo acceso a los documentos del proceso
de tutela, se evidencia que, mediante oficio del 11 de febrero de 2025, la Secretaría
General de esta corporación le informó que podría acceder a la consulta de los
documentos a través de la ventanilla virtual de forma permanente y sin ningún tipo
de restricción, salvo la aplicable a los documentos sujetos a reserva legal, y le indicó
el procedimiento para ello.
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E. Se encuentran satisfechos los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales
14.- Los requisitos generales se cumplen pues (i) el accionante indicó de manera
clara los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el asunto es de
evidente relevancia constitucional porque se afirma la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, participación política, acceso a cargos públicos,
trabajo y mínimo vital y se identificaron los vicios o defectos en los que habría
incurrido la providencia acusada (defecto fáctico, defecto sustantivo,
desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de la
Constitución); (iii) se encuentra cumplido el requisito de subsidiariedad porque el
accionante utilizó todos los mecanismos judiciales a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales; (iv) la solicitud se presentó en un término
prudencial (inmediatez), puesto que la sentencia de segunda instancia se notificó el
18 de octubre de 2024 y la tutela se presentó el 19 de diciembre de 2024, es decir,
dentro del término de los seis meses precisado tanto por esta Corporación 5 como
por la Corte Constitucional6; y (v) no se trata de una decisión proferida en sede de
tutela.
F. La Sección Quinta del Consejo de Estado incurrió en (i) violación directa de
la Constitución; (ii) defecto sustantivo y (iii) desconocimiento del precedente
jurisprudencial, pues realizó una interpretación extensiva del numeral 3º del
artículo 95 de la Ley 136 de 1994
15.- Se precisa que el estudio de los referidos defectos se hará en conjunto porque
todos se basan en el mismo argumento: la interpretación extensiva del numeral 3º
del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y la afectación de los derechos políticos del
accionante.
15.1.- La disposición citada establece:
<<ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. No podrá ser inscrito
como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital (…)
3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de
negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos
con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre
que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio
(…)>> (negrilla fuera de texto).
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-
01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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15.2.- La autoridad judicial accionada expuso que el accionante celebró el contrato
de prestación de servicios profesionales CD-DP-1677-2022 con la Defensoría del
Pueblo, Regional Tolima, el cual tenía como lugar de ejecución el Circuito Judicial
de Ibagué y no la ciudad de Ibagué.
15.3.- Igualmente, afirmó que, en relación con la integración del Circuito Judicial de
Ibagué, el Acuerdo PCSJA20-11653 del 28 de octubre de 2020 del Consejo Superior
de la Judicatura dispuso lo siguiente: <<Circuito Judicial Administrativo de Ibagué,
con cabecera en el municipio de Ibagué y con comprensión territorial en todos
los municipios del departamento del Tolima>>. Adicionalmente, señaló que las
Resoluciones 1661 del 14 de octubre de 2016; 1008 del 12 de septiembre de 2018;
1009 del 13 de septiembre de 2018; 050 del 14 de enero de 2019 y 0676 del 19 de
mayo de 2021 de la Defensoría del Pueblo, establecen que el municipio de Prado,
Tolima, para todos los efectos judiciales, hace parte del Circuito de Ibagué, donde
debía ejecutarse el contrato suscrito por el actor.
15.4.- La Sección Quinta del Consejo de Estado indicó que cuando se señala que
el lugar de ejecución de un contrato es una entidad que abarca otras de menor o
inferior categoría, debe entenderse que aquel las incluye a todas, de manera que,
cuando se refiere a un Circuito Judicial, se deben incluir todas las municipalidades
que lo componen.
15.5.- Afirmó que como el lugar que se pactó para la ejecución del contrato suscrito
por el actor fue el Circuito Judicial de Ibagué y no la ciudad de Ibagué, este
comprende todas las municipalidades que lo integran, incluido el municipio de
Prado. Añadió que el hecho de que no se hubiese probado que el accionante
hubiese desarrollado alguna actividad contractual en Prado, no implicaba que el
contrato no debiera ejecutarse en dicha municipalidad.
15.6.- Por lo anterior, indicó que el actor, en su calidad de contratista de la
Defensoría Regional del Tolima, pudo ejercer sus funciones en todos los municipios
de ese departamento porque así se pactó en el contrato, independientemente de
que efectivamente hubiese ejercido dichas facultades, de manera que se
encontraba incurso en la inhabilidad establecida en el numeral 3º del artículo 95 de
la Ley 136 de 1994.
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Se concede el amparo
15.7.- La sala advierte que la Corte Constitucional ha establecido que las
limitaciones y las restricciones del derecho fundamental de acceso a cargos
públicos (inhabilidades) son de naturaleza excepcional y no pueden ser
interpretadas de manera extensiva.
15.8.- Así mismo, en la sentencia SU-207 de 2022 indicó que según los principios
pro libertatis, pro persona o pro homine, cuando existan dudas en el alcance
interpretativo de una inhabilidad debe preferirse aquella interpretación que (i) menos
limite el derecho de las personas a acceder igualitariamente a cargos públicos y (ii)
implique la menor restricción del derecho de participación política del elegido.
15.9.- Además, expuso que se debe acudir primero a la norma que establece la
prohibición, y solo en la medida en que esta sea incompleta o insuficiente para
resolver el caso se puede acudir a su concretización. Así, al tratarse de una
limitación del ejercicio de un derecho fundamental que implica la afectación de
derechos políticos, no se admiten analogías ni aplicaciones extensivas, sino que,
por el contrario, se debe aplicar de manera restringida y taxativa.
15.10.- De conformidad con lo anterior, para la sala es claro que el numeral 3º del
artículo 95 de la Ley 136 de 1994 establece que no podrá ser designado alcalde
municipal o distrital quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en
la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o de terceros,
siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo
municipio.
15.11.- De acuerdo con lo establecido por la Corte Constitucional, la sala evidencia
que la autoridad judicial accionada realizó una aplicación extensiva de dicha norma,
en tanto asimiló el municipio con el circuito judicial, que fue el lugar de ejecución
que se estableció en el contrato, y para determinar el alcance del circuito acudió a
ingredientes normativos no establecidos en la prohibición.
En el contrato que celebró el accionante se lee lo siguiente:
<<Objeto: Prestación de servicios profesionales de abogado para la representación
judicial y extrajudicial de los usuarios del servicio de defensoría pública; y la
promoción, defensa, ejercicio y divulgación de los derechos humanos.
Área – Sub área: DERECHO PÚBLICO Y PRIVADO
Programa: ADMINISTRATIVO
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Accionante: José Jadel Flórez Serrato
Se concede el amparo
Lugar de ejecución: CIRCUITO IBAGUÉ>>.
15.12.- La sala advierte que le asiste razón al actor al afirmar que el circuito judicial
no hace parte del elemento territorial dispuesto en la norma, pues en esta se indicó
que los contratos con entidades públicas debían ejecutarse o cumplirse en el
municipio, por lo que no se puede entender acreditado dicho elemento para
encontrar configurada la inhabilidad.
15.13.- Como se afirmó en el salvamento de voto de la sentencia <<de su tenor
literal, la noción de circuito judicial atiende, en mejor medida, a una distribución
geográfica que determina el ámbito de competencia de los despachos judiciales
para la prestación del servicio de administración de justicia, la cual se ejerce en una
municipalidad especifica>>.
15.14.- Dicha segmentación no es la misma división político-administrativa del
territorio que fijó el legislador a efectos de que se estudie el elemento territorial de
la inhabilidad. Por tal razón, la acepción de circuito judicial no se compadece con el
ingrediente territorial de la inhabilidad que se analiza en este caso y que se
contempla en el numeral 3 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994. Así se desprende
del artículo 50 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el cual
establece:
<<[…] Con el objeto de desconcentrar el funcionamiento de la administración
de justicia, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, para efectos
judiciales, el territorio de la nación se divide en distritos judiciales o distritos
judiciales administrativos y éstos en circuitos. En la jurisdicción ordinaria, los
circuitos estarán integrados por jurisdicciones municipales.
La división judicial podrá no coincidir con la división político administrativa
[…] [Énfasis fuera de texto]>>
15.15.- Así mismo, se afirmó que <<La Corte Constitucional, al pronunciarse sobre
la exequibilidad de la norma referida, consideró que «[e]ste precepto se limita a fijar
la división del territorio nacional, con el fin de lograr una mejor organización y una
mayor efectividad en la administración de justicia»>>.
15.16.- Agregó que <<dicho tribunal, acotó que, por lo demás, la constitucionalidad
de dicha norma habría que «concordarse con la facultad del Consejo Superior de la
Judicatura establecida en el numeral 1o del artículo 257 superior»>>.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-07052-00
Accionante: José Jadel Flórez Serrato
Se concede el amparo
15.17.- Y <<que el Acuerdo PCSJA20-11653, del 28 de octubre de 2020 del Consejo
Superior de la Judicatura, establece que el circuito judicial administrativo del
departamento del Tolima tiene su cabecera en la ciudad de Ibagué. (…) lo
suficientemente diáfano que no podían ejecutarse o cumplirse en lugar distinto a
dicha municipalidad>>.
16.- Por lo expuesto, la sala observa que la autoridad judicial accionada incurrió en
los defectos invocados por el actor, pues dio una aplicación extensiva a la
inhabilidad dispuesta en el numeral 3º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, en
contravía de lo establecido por la Corte Constitucional respecto del alcance
interpretativo de las inhabilidades. Y con ello incurrió en una violación directa de la
Constitución pues restringió los derechos políticos del accionante aplicando una
interpretación extensiva de la inhabilidd.
17.- Finalmente, la sala negará la solicitud de desvinculación elevada por la
Registraduría Nacional del Estado Civil, en tanto esta fue vinculada con el objeto de
que se abstuviera de iniciar cualquier actuación o procedimiento tendiente a la
elección o designación de un nuevo alcalde del Municipio de Prado, Tolima, con
ocasión de la medida provisional decretada.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales invocados por el señor José
Jadel Flórez Serrato.
SEGUNDO: DÉJASE SIN EFECTOS la sentencia del 17 de octubre de 2024
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el proceso de nulidad
electoral con radicado 73001-23-33-000-2023-00464-02.
TERCERO: ORDÉNASE a la Sección Quinta del Consejo de Estado, que dicte,
dentro de los diez (10) días siguientes contados a partir de la notificación de la
presente providencia, un fallo que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva aquí
expuesta.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-07052-00
Accionante: José Jadel Flórez Serrato
Se concede el amparo
CUARTO: NIÉGASE la solicitud de desvinculación elevada por la Registraduría
Nacional del Estado Civil.
QUINTO: LEVÁNTASE la medida provisional decretada en el auto del 28 de enero
de 2025.
SEXTO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
SÉPTIMO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
OCTAVO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con salvamento de voto
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