Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07054-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07054-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-07054-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
10 de abril de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202407054-01
Actor: Pedro José Mendoza Bejarano
Demandada: Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de subsidiariedad
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) acceso
a la administración de justicia y iv) mínimo vital
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
de 21 de febrero de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela.
La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir el auto
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-07054-01
Actor: Pedro José Mendoza Bejarano
de 22 de octubre de 2024, mediante el cual declaró desierto el recurso de apelación,
en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
540012333000201700171-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, “[…] Se instauró DEMANDA DE ACCION (sic) DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, contra la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA,
[…] por la transgresión de disposiciones Constitucionales y Legales, con el Acto
Administrativo Ficto o Presunto Ante la Omisión de Respuesta al Escrito de
Reclamación Administrativa presentado por mi (sic) de conformidad con el artículo
6 del Código de Procedimiento Laboral Colombiano, radicado en la UNIVERSIDAD
DE PAMPLONA el día 06 de julio de 2015 […]”.
4. Advirtió que, el Tribunal Administrativo del Norte de Santander, mediante
sentencia de 21 de abril de 2022, resolvió negar las pretensiones de la demanda,
frente a lo cual interpuso recurso de apelación.
5. Indicó que, “[…] EL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A MAGISTRADO
PONENTE: […], mediante el auto proferido el 14 de septiembre de 2022 admitió el
recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra de la sentencia
dictada por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander de 21 de abril de 2022
[…]”.
6. Sostuvo que, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante auto de 22 de octubre de 2024, resolvió:
“[…] PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el auto de 14 de septiembre
de 2022 que admitió el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-07054-01
Actor: Pedro José Mendoza Bejarano
de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander de 21
de abril de 2022.
SEGUNDO: DECLARAR desierto el recurso de apelación presentado por la parte
demandante. […]”.
6.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Pues bien, en cuanto a la sustentación del recurso de apelación se refiere, el
numeral 3° artículo 247 del CPACA señala:
[…]
En múltiples ocasiones, el Consejo de Estado1 ha determinado que no resulta
suficiente con que el recurrente presente y sustente su escrito de apelación, sino que
lo respalde de forma adecuada, confrontando los argumentos expuestos por el a quo
para desvirtuar total o parcialmente la providencia. Lo anterior, en aras de fijar el
marco de acción del juez de segunda instancia. Sobre el particular se ha expresado:
[…]
Aplicada la anterior referencia normativa y jurisprudencial al caso de marras, se
concluye que los argumentos depositados en el recurso de alzada no señalaron los
yerros o desaciertos en que incurrió la sentencia impugnada. Por el contrario,
analizado en conjunto el expediente, se logra advertir que la parte recurrente
transcribe como recurso de apelación los argumentos que fueron referenciados en el
concepto de violación dentro de la demanda.
En consecuencia, de la lectura del recurso de apelación, se observa que no se
contrariaron los razonamientos adoptados por el juez de primera instancia para negar
las pretensiones de la demanda. Por tanto, no se cumplió con la carga de sustentar
el recurso debidamente. De ahí que, se procederá a dejar sin efectos el auto de 14
de septiembre de 2022, por medio del cual se admitió el recurso de apelación en
contra de la sentencia de 21 de abril de 2022, para en su lugar, declarar desierto el
recurso de apelación presentado […]”.
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. El actor solicitó en su escrito de tutela2:
“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A
LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA AL MÍNIMO
VITAL, Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que EL CONSEJO DE ESTADO
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A, Sentencia del
8 de mayo de 2023. Radicado: 76001 23 31 000 2009 00496 01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda- Subsección A, Sentencia del 30 de enero de 2020. Radicado 05001-23-
33000-2016-00693-01(1623-18) y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,
Sentencia del 18 de mayo de 2018. Radicado 25000 23 24 000 2010 00642 02 (20718).
2 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-07054-01
Actor: Pedro José Mendoza Bejarano
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN A MAGISTRADO PONENTE: […], en AUTO INTERLOCUTORIO del
22 de octubre de 2024 incurrió en un defecto sustantivo pues se observa que de
manera errada, desconocieron los argumentos facticos del RECURSO DE
APELACION interpuesto por mi Apoderada contra la Sentencia dictada por el
Tribunal Administrativo del Norte de Santander de fecha 21 de abril de 2022, la
mediates de las decisiones y lo referente al trámite del recurso de apelación
establecido en el artículo 247 del C.P.A.C.A.
SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS el AUTO INTERLOCUTORIO del 22 de
octubre de 2024, proferida por EL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: […] dentro del MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
TERCERO: ORDENAR a EL CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A MAGISTRADO
PONENTE: […], que, en el término de esta providencia, profiera Sentencia de
Segunda Instancia, pronunciándose de fondo dentro del MEDIO DE CONTROL:
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO promovido, teniendo en cuenta
los lineamientos establecidos por la Ley y la jurisprudencia que versa sobre la
presente Litis. […]”.
7.1. Como fundamento de su solicitud, el actor manifestó3:
“[…] De acuerdo con lo anterior, nos encontramos con que viola de manera flagrante
el derecho que le asistía a mi mandante al debido proceso, pues declara DESIERTO
EL RECURSO después de 30 meses de haberlo admitido y 22 meses de haberlo
pasado para fallo, porque concluye que los argumentos depositados en el recurso
de alzada no señalaron los yerros o desaciertos en que incurrió la sentencia
impugnada y que por el contrario, analizado en conjunto el expediente, se logra
advertir que la parte recurrente transcribe como recurso de apelación los argumentos
que fueron referenciados en el concepto de violación dentro de la demanda, cuando
se observa que de parte de mi apoderada si se dice cuáles fueron los yerros de Los
Honorables Magistrados del Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
Magistrado Ponente: […], como son que no tuvieron en cuenta los hechos narrados
en el libelo demandatario el cual en concordancia con las pruebas que los corroboran
y soportan, fueron: 1. Que las normas Superiores y Legales referidas y discriminadas
en el acápite de NORMAS VIOLADAS, no las aplican y/o las aplican indebidamente,
de manera intencional, premeditada y alevosa, las norma obligatorias para el sector
público, y en particular para el sector de los docentes universitarios de universidades
públicas, 2. Lo que respecta al contenido del acto administrativo ficto o presunto, que
es lo reclamado y no respondido, cuando se configuraban los elementos de una
relación laboral, y viniendo todo de un yerro jurídico cometido por la universidad
demandada, quien lo venía nombrando mediante Resolución como Docente
Ocasional de Tiempo Completo y habiendo hecho una prórroga una vez a este
nombramiento de la misma y legal forma, al vincularlo de manera unilateral y verbal
como docente de la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA a partir del 01 de septiembre
de 2012 como Docente de la Universidad de Pamplona, durando esta relación laboral
hasta el 20 de diciembre de 2012, fecha en que de manera unilateral, injustificada e
ilegal le terminaron su Relación Labora del Orden Legal y Reglamentario, ante lo
cual no encontramos ante un Relación Labora del Orden Legal y Reglamentario,
verbal, una de las formas o modalidades permitidas en la legislación Colombiana, y
3 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-07054-01
Actor: Pedro José Mendoza Bejarano
cuya duración es a término indefinido, por no constar por escrito, y 3. El yerro jurídico
de que la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, me desvinculen en estado de “Debilidad
Manifiesta”, pues lo hacen encontrándose incapacitado y discapacitado, en proceso
de valoración y calificación del origen de la enfermedad, terminándose la Relación
Laboral del Orden Legal y Reglamentario, sin solicitar permiso al ministerio del
trabajo para ello, vulnerándosele el Derecho Fundamental de Estabilidad
Ocupacional Reforzada, garantía de la cual son titulares las personas que tengan
una afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño
de sus labores en las condiciones regulares, con independencia de si tienen una
calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, siendo
ineficaz e ilegal la terminación de la Relación Laboral del Orden Legal y
Reglamentario y por consiguiente procedente su reintegro, manifestando que no se
probó, cuando obra como pruebas el pago de nóminas y la historia clínica del
suscrito. […]”.
[…]
“[…] Corolario de lo expuesto, se observa que el Tribunal Sala Laboral del Distrito
Judicial de Bogotá Quindío, incurrió al menos en TRES de los mencionados vicios o
defectos (Defecto material o sustantivo, desconocimiento del precedente y Violación
directa de la Constitución), que se presentaron con ocasión a la providencia de fecha
01 de febrero de 2018.
CAUSAL PRIMERA: Defecto procedimental absoluto, pues el Honorable Magistrado
Ponente, después de 30 meses de haber sido admitido el RECURSO DE
APELACION y 22 meses de haber pasado el proceso al despacho para fallo, decide
declarar desierto el recurso y dejar sin efectos el auto admisorio del mismo.
CAUSAL SEGUNDA: Del defecto material o sustantivo, en la sentencia tutelada. Es
un hecho notorio que el Ad quo en dicha sentencia de manera errada no valoro las
pruebas a fondo con las que contaba dentro del acervo probatorio, toda vez que el
mismo desconoció lo preceptuado en los artículos 25, 26, 27, 28,29 y 30 del acuerdo
049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año, que es inherente al derecho
pensional, el cual le debe ser aplicado a mi representado en su totalidad.
CAUSAL TERCERA: De la Violación directa de la Constitución Artículos 1, 2, 13,29
46,48, de La Constitución Política, en armonía con los artículos 25,26,27.28,29, y 30
del acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 de 1990. […]”.
Actuación
8. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, mediante auto de 20 de enero de 2025: i) admitió la acción de
tutela; ii) ordenó notificar al magistrado integrante de la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado; iii) vinculó al rector de la Universidad de Pamplona,
en calidad de tercero con interés legítimo; y iv) ordenó notificar a la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, concediéndoles a todos un término de dos (2) días
para que rindieran informe sobre el particular.
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Actor: Pedro José Mendoza Bejarano
Intervención de la demandada y del tercero con interés legítimo
9. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó negar
las pretensiones de la acción de tutela. Para tal efecto manifestó lo siguiente:
“[…] El accionante interpuso la mencionada acción constitucional con el fin de que
sean protegidos sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a
la administración de justicia y mínimo vital, así como el principio de legalidad; en
consecuencia, se deje sin efectos el auto de 22 de octubre de 2024, mediante el cual
el despacho declaró desierto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
de primera instancia. En los hechos quinto a undécimo que sustentan la solicitud de
amparo, el peticionario indicó: […]”.
[…]
“[…] Revisada la acción de tutela y el proceso ordinario que la motiva, es pertinente
solicitar respetuosamente se declare improcedente el mecanismo constitucional por
no cumplirse con el requisito de subsidiariedad, pues el accionante contaba con otro
medio de defensa judicial para cuestionar el auto de 22 de octubre de 2024, tal y
como lo es el recurso de súplica de que trata el artículo 246 del CPACA. Sin que
exista prueba o justificación alguna sobre algún impedimento para su uso dentro de
la oportunidad procesal para ello.
En gracia de discusión, solicito sea denegada la tutela por no existir vulneración de
derecho fundamental alguno en el auto que declaró desierto el recurso de apelación
interpuesto contra la sentencia de primera instancia de 21 de abril de 2022, proferida
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander; toda vez que se sustentó en
que el aquí tutelante no realizó reparos o contrarió los argumentos que soportaron
la negación de las pretensiones de la demanda. De tal manera que, no se trata de
una decisión caprichosa, sino que tiene sustento en lo dispuesto en el artículo 247
del CPACA. […]”.
10. La Universidad de Pamplona solicitó declarar improcedente la acción de
tutela, por las siguientes razones:
“[…] A LAS PRETENSIONES DE LA ACCIÓN. Pretende el accionante que tutelen
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia al mínimo vital, y al principio de legalidad, los cuales
considera violados por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo
Sección Segunda - Subsección A - Magistrado Ponente: […], con motivo de la
expedición el auto interlocutorio del 22 de octubre de 2024 y DECLARÓ desierto el
recurso de apelación incoado por la parte demandante contra de la sentencia de
primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander
calendada el 21 de abril de 2022.
Si bien es cierto mediante auto del 14 de septiembre de 2022 el recurso fue admitido,
ello obedece al cumplimiento de los requisitos formales, lo cual no priva de manera
alguna al juzgador de segunda instancia, de proferir posteriormente, previo análisis
de fondo, providencias como la que motiva la presente acción de tutela. […]”.
[…]
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Actor: Pedro José Mendoza Bejarano
“[…] Del auto que declaró desierto el recurso.
En la parte motiva de la providencia, se transcriben literalmente los argumentos
consignados en el escrito de apelación llegándose a la siguiente conclusión: […]”.
[…]
“[…] La lectura del escrito que contiene el recurso de apelación evidencia que en
efecto éste se contrae a reiterar los argumentos expuestos en el acápite del concepto
de la violación de la demanda, sin cumplir con la carga argumentativa de los
fundamentos de la sentencia de primera instancia, que adolecen de incorrección,
incongruencia y/o resultan transgresores de la realidad procesal y/o del
ordenamiento jurídico aplicable.
Esta carga procesal, no puede de manera alguna trasladarse al juez de segunda
instancia pues el recurso debe ser claro en identificar las falencias de la sentencia,
que en criterio del apelante son erradas […]”.
[…]
“[…] La redacción del recurso interpuesto, al no expresar de manera clara y precisa
los errores o desaciertos de la sentencia recurrida, impiden que el juzgado de
segunda instancia se pronuncie dentro de los límites que ha debido señalar el
apelante. […]”.
11. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio en esta
oportunidad procesal.
La Sentencia Impugnada
12. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 21 de febrero de 2025, resolvió lo siguiente:
“[…] PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Pedro
José Mendoza Bejarano. […]”.
13. Como fundamento de su decisión, consideró que:
“[…] Análisis de la Sala
18. El accionante cuestionó el auto por el cual se declaró desierto el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia del proceso identificado con el
radicado 54-001 23-33-000- 2017-00171-01. Como bien lo advirtió el […], ese
cuestionamiento debía efectuarse a través de un mecanismo de defensa judicial
ordinario: el recurso de súplica, contemplado en el artículo 246 del CPACA.
19. Dicho medio de impugnación se concibió para cuestionar las decisiones cuya
naturaleza sea apelable, a través de las cuales se decida sobre la admisibilidad de
un recurso o sobre cualquier otra cuestión determinada por el legislador, y que sean
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Actor: Pedro José Mendoza Bejarano
proferidas por el magistrado ponente en los asuntos sometidos al conocimiento de
cuerpos colegiados. Su propósito es que los demás integrantes de la sala
correspondiente examinen la providencia recurrida y se pronuncien frente a su
acierto.
20. En el artículo 246 del CPACA, modificado por el artículo 66 de la Ley 2080 de
2021, se dispuso lo siguiente: […]”.
[…]
“[…] 21. En síntesis, lo anterior significa que la súplica procede contra los autos que
declaren desierto el recurso de apelación durante el trámite respectivo, y que puede
interponerse directamente o en subsidio del recurso de reposición.
22. La providencia cuestionada por el señor Mendoza Bejarano, precisamente,
declaró desierto el recurso de apelación y fue expedida durante el trámite
correspondiente —el de apelación—. Así, es claro que el recurso de súplica era el
mecanismo idóneo para atacar sus efectos. Sin embargo, en el expediente del
proceso 54-001-23-33-000-2017 00171-01 no obra prueba alguna de que este
hubiera sido interpuesto, ni directamente ni en subsidio del recurso de reposición.
23. Es importante advertir que el accionante no alegó ni acreditó ninguna
circunstancia que implicara la falta de idoneidad del recurso de súplica, ni mucho
menos que comprometiera su eficacia.
24. En virtud de lo expuesto, se colige que el señor Mendoza Bejarano contaba con
un mecanismo de defensa judicial eficaz e idóneo, distinto a la acción de tutela, para
satisfacer su pretensión. Sobre el particular, se advierte que la solicitud de amparo
constitucional no puede ser utilizada como medio de subsanación de las omisiones
de las partes o sus apoderados en los procesos ordinarios, especialmente en lo
atinente a la interposición de los recursos procedentes.
25. Así las cosas, la acción de tutela bajo análisis resulta improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad y así se declarará en la parte
resolutiva de esta providencia.
26. Finalmente, es importante señalar que, aunque la exigencia de subsidiariedad
puede flexibilizarse ante la posible configuración de un perjuicio irremediable o la
existencia de una situación que amerite la intervención urgente del juez de tutela, el
accionante no expuso ni acreditó un escenario de esa naturaleza. Tampoco se
encontró probado que estuviera en una condición de vulnerabilidad o en una
situación de debilidad manifiesta que lo convirtiera en sujeto de especial protección
constitucional, o que alguna de esas circunstancias le hubiera impedido ejercer los
mecanismos ordinarios a su disposición. Todo lo contrario, el señor Mendoza
Bejarano estuvo representado por una profesional del derecho y, sin embargo, no
interpuso el recurso de súplica contra la providencia que ahora pretende derruir por
vía de tutela. […]”.
La impugnación
14. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas expresó lo siguiente4:
4 Transcripción literal del texto.
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-07054-01
Actor: Pedro José Mendoza Bejarano
“[…] FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACION
La decisión de primera instancia carece de las condiciones necesarias a la sentencia
congruente, teniendo en cuenta que: a) No se ajusta a los hechos antecedentes que
motivaron la tutela ni al derecho impetrado por error de hecho y de derecho en el
examen y consideración del recurso de apelación ya admitido.; b) Se funda en
consideraciones inexactas no totalmente erróneas.; c) Incurre el fallador en error
esencial de derecho, especialmente respecto del ejercicio de la acción de tutela, que
resulta inane a las pretensiones del actor, por errónea interpretación de sus
principios. […]”.
[…]
“[…] Conforme con lo anterior, considero que se vulneró flagrantemente el Derecho
que le asistía a mi mandante al Debido Proceso, pues declara DESIERTO EL
RECURSO después de 30 meses de haberlo admitido y 22 meses de haberlo
pasado para fallo, porque concluye que los argumentos depositados en el recurso
de alzada no señalaron los yerros o desaciertos en que incurrió la sentencia
impugnada y que por el contrario, analizado en conjunto el expediente, se logra
advertir que la parte recurrente transcribe como recurso de apelación los argumentos
que fueron referenciados en el concepto de violación dentro de la demanda, cuando
se observa que de parte de mi apoderada si se dice cuáles fueron los yerros de Los
Honorables Magistrados del Tribunal Administrativo de Norte de Santander,
Magistrado Ponente: […], por lo cual se solicita se revoque el fallo conforme a las
respetuosas razones que se exponen a continuación:
1. No es cierto lo manifestado por La Universidad de Pamplona que no se vulneró
ningún derecho fundamental y calificó la solicitud de amparo como improcedente,
aduciendo que, a su juicio, el recurso de apelación del suscrito no se sustentó, pues
como se ha reiterado por parte del suscrito si se sustentó, y no hay técnicas de
Recurso de Apelación de Rango legal, así como tampoco es cierto que dicho recurso
se admitió por el cumplimiento de requisitos meramente formales, y que esto no
privaba al despacho sustanciador de proferir la providencia cuestionada - el auto
mediante el cual se declaró desierta la apelación, pues en el auto de admisión no se
manifiesta eso en ninguno de sus apartes, en cambio sí se nota la falta de mediatez
en el tiempo para dejar sin efectos una decisión que esta super ejecutoriada y en
firme, como lo es el hecho de ser después de 30 meses de proferida la admisión y
22 meses después de haber pasado para fallo.
2. No es de recibo lo argumentado por El Honorable Consejero […], integrante de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, quien también calificó
la acción de tutela como improcedente, argumentando que no se satisfizo el requisito
de subsidiariedad, dado que el accionante no interpuso recurso de súplica contra el
auto cuestionado, como procedía en virtud del artículo 246 del CPACA, agregando
que no se probó ni se justificó impedimento alguno para presentarlo, pues no se
observa en el cuerpo del auto que declara desierto el recurso después de 30 meses
de admitido y 22 meses de haber pasado para fallo, que se establezca si procede
recurso alguno y de proceder alguno cual seria, conforme a la hermenéutica jurídica
y las técnicas jurídicas y formalidades de la estructura de las providencias judiciales,
y más aún se observa que solamente se establece “NOTIFIQUESE Y CUMPLASE”.
3. No es aceptable lo manifestado por El Honorable Consejero […], integrante de la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado que no se vulneró
ningún derecho fundamental, por cuanto la providencia controvertida no fue
caprichosa y que, por el contrario, se fundó en la falta de sustentación del recurso
de apelación y, con ello, en el artículo 247 del CPACA, pues como se ha reiterado
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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2024-07054-01
Actor: Pedro José Mendoza Bejarano
por parte del suscrito si se sustentó, y no hay técnicas de Recurso de Apelación de
Rango legal, siquiera en el referido artículo 247 del CPACA.
4. En cuanto las consideraciones del A quo que es importante señalar que, aunque
la exigencia de subsidiariedad puede flexibilizarse ante la posible configuración de
un perjuicio irremediable o la existencia de una situación que amerite la intervención
urgente del juez de tutela, el accionante no expuso ni acreditó un escenario de esa
naturaleza. Tampoco se encontró probado que estuviera en una condición de
vulnerabilidad o en una situación de debilidad manifiesta que lo convirtiera en sujeto
de especial protección constitucional, o que alguna de esas circunstancias le hubiera
impedido ejercer los mecanismos ordinarios a su disposición. Todo lo contrario, el
señor Mendoza Bejarano estuvo representado por una profesional del derecho y, sin
embargo, no interpuso el recurso de súplica contra la providencia que ahora pretende
derruir por vía de tutela, es de manifestar que el suscrito no es abogado para tener
ese conocimiento de exponer y acreditar un escenario de la configuración de un
perjuicio irremediable y/o que tuviera una condición de vulnerabilidad o debilidad
manifiesta; y en cuanto a la interposición de recursos, es de reiterar no se observa
en el cuerpo del auto que declara desierto el recurso después de 30 meses de
admitido y 22 meses de haber pasado para fallo, que se establezca si procede
recurso alguno y de proceder alguno cual seria, conforme a la hermenéutica jurídica
y las técnicas jurídicas y formalidades de la estructura de las providencias judiciales,
y más aún se observa que solamente se establece “NOTIFIQUESE Y CUMPLASE”.
[…]”.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual
se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20216 y con el artículo 137 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20198, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo número 434 de 2024, “por medio del cual se modifican los artículos
13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo número 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89
y 90”.
8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
17. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela, concretamente si se cumplió con
el requisito general de procedencia de la subsidiariedad.
18. Para resolver dichos problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial
del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia; vi) marco
normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital;
procediendo posteriormente a vii) resolver el caso concreto, adentrándose en el
fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
19. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena9, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
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Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales
20. Esta Sección adoptó10 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200511, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
21. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
22. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”12 que encaje en dichos parámetros.
23. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
11 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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24. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201413.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto
25. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
subsidiariedad.
Acerca del requisito de agotamiento de los recursos ordinarios y
extraordinarios dentro del marco de la acción de tutela contra providencias
judiciales
26. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los artículos
86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 14, indica que
la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario para obtener
la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo que impone
su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no exista otra acción
idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
27. En ese orden de ideas, uno de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales es el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios que existen en el ordenamiento jurídico para
controvertir la providencia atacada, teniendo en cuenta que la acción de tutela es
un mecanismo subsidiario y sólo procede cuando el peticionario se encuentra en
presencia de un perjuicio irremediable o cuando se acredita en el caso concreto
que dichos mecanismos no son idóneos o eficaces para la protección de los
derechos fundamentales.
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
14 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
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28. Frente al tema ha dicho la Corte Constitucional15:
“[…] Bajo esta perspectiva, la sentencia T-211 de 200916 precisó al menos cuatro
razones por las que el estudio del requisito de subsidiariedad es fundamental para
determinar la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales:
“La primera consiste en que las sentencias son decisiones emanadas de un juez
que recibió el encargo constitucional de poner fin a las controversias en una
jurisdicción determinada, para lo cual, fue revestido de autonomía e independencia.
Cuando la acción de tutela se instaura como recurso alternativo o como último
recurso judicial para obtener una decisión favorable en cualquier materia, se
desconoce la división de competencias que la misma Carta ha delineado, y se niega
el principio de especialidad de la jurisdicción. Adicionalmente, cuando se promueve
el amparo de manera complementaria a los procesos judiciales ordinarios, la
decisión del juez constitucional –que por la naturaleza de la acción de tutela tendrá
que adoptar una decisión en menor tiempo- puede terminar imponiendo
interpretaciones de carácter legal al juez que está encargado del proceso.
En uno y otro caso, la acción de tutela que no es presentada con apego estricto al
principio de subsidiariedad, niega la garantía del debido proceso, de acuerdo con
la cual, una persona sólo puede ser procesada por su “juez natural”.
Una segunda razón estriba en el respeto por la importancia del proceso judicial.
Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados,
especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en
este sentido que la sentencia C-543/92 puntualiza que: “tratándose de instrumentos
dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el
proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes” (negrillas del original). Por
tanto, no es admisible que el afectado alegue la vulneración o amenaza de un
derecho fundamental cuando no ha solicitado el amparo de sus derechos dentro
del proceso, pues, en principio, el ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las
herramientas necesarias para corregir durante su trámite las irregularidades
procesales que puedan afectarle.
Como tercera razón, la acción de tutela instaurada contra providencias judiciales,
cuando no se han agotado los mecanismos ordinarios de protección, atenta contra
la seguridad jurídica del ordenamiento. No hace parte de los fines naturales de la
acción de tutela el causar incertidumbre jurídica entre los asociados. Por esto, la
Corte ha reiterado que la acción de tutela contra providencias judiciales no pretende
sustituir al juez natural, ni discutir aspectos legales que ya han sido definidos, o
están pendientes de definir. Sin embargo, cuando se desconoce el principio de
subsidiariedad, y se intenta usar la acción de tutela como otra instancia u otro
recurso de litigio, sin que existan razones evidentes para advertir violaciones a
derechos fundamentales, se atenta contra la cosa juzgada y contra la seguridad
jurídica.”
7. En suma, corresponde al juez constitucional evaluar de forma rigurosa la
subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales teniendo en
15 Corte Constitucional, Sentencia T-113 de 8 de marzo de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
16 Corte, Constitucional, sentencia T-211 de 27 de marzo de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. En el mismo
sentido, puede consultarse Corte Constitucional, sentencia T-649 de 1 de septiembre de 2011, M.P. Luis
Ernesto Vargas Silva, en la cual se estudió la idoneidad y eficacia del recurso de revisión en la jurisdicción
contencioso administrativa que hacía improcedente la acción de tutela porque existía otro medio de defensa
judicial.
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cuenta las pautas generales sobre la existencia de otros medios de defensa judicial
y si se trata de un proceso concluido o en curso. La anterior verificación del
requisito de subsidiariedad conlleva la salvaguarda de las siguientes garantías: i)
el juez natural; ii) el respeto por el debido proceso propio de cada actuación judicial;
y iii) la protección de la seguridad jurídica y la cosa juzgada […]”.
29. En ese orden de ideas, quien interponga una acción de tutela contra
providencias judiciales, debe agotar previamente todos los recursos ordinarios y
extraordinarios.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso
30. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
31. Atendiendo a que, la Corte Constitucional17 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
17 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la
igualdad
32. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
33. Atendiendo a que la Corte Constitucional18 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
18 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
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Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia
34. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
35. Atendiendo a que, la Corte Constitucional19 ha entendido el derecho de
acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas
las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al mínimo vital
36. Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en
los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros
que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos […]”.
37. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional frente al derecho innominado
al mínimo vital, ha dicho20:
“[…] El derecho al mínimo vital ha sido definido por esta Corte como "la porción de
los ingresos del trabajador o pensionado que están destinados a la financiación de
sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el
acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la atención en salud,
19 Corte Constitucional, Sentencia T-799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
20 Corte Constitucional, sentencia T-678 de 16 de noviembre de 2017, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el derecho a la
dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".
99. En ese sentido, el mínimo vital constituye un presupuesto básico para el
efectivo goce y ejercicio de la totalidad de los derechos fundamentales, en tanto
salvaguarda de las condiciones básicas de subsistencia del individuo. El
reconocimiento del derecho al mínimo vital encuentra su fundamento en el
concepto de dignidad humana, pues es claro que la carencia de las condiciones
materiales mínimas necesarias para garantizar la subsistencia del individuo,
comporta la negación de la dignidad que le es inherente. Igualmente, este
derecho se proyecta en otros derechos fundamentales como la vida (Art. 11 C.P.),
la salud (Art. 49 C.P.), el trabajo (Art. 25 C.P.) y la seguridad social (Art. 48 C.P.).
De esta forma, la protección al mínimo vital se configura una de las garantías de
mayor relevancia en el Estado Social de Derecho […]”.
Análisis del caso concreto
38. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, porque, a su juicio, al proferir el auto
de 22 de octubre de 2024, mediante el cual declaró desierto el recurso de apelación,
en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación
540012333000201700171-01, vulneró sus derechos fundamentales invocados
supra.
39. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
40. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
41. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra:
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41.1. Anexos que allegó el actor con su escrito de tutela.
41.2. Informes rendidos por las autoridades accionadas, con sus respectivos
anexos.
Solución del caso concreto
Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de
subsidiariedad
42. El actor, en el escrito de tutela, manifestó que “[…] pues declara DESIERTO
EL RECURSO después de 30 meses de haberlo admitido y 22 meses de haberlo
pasado para fallo, porque concluye que los argumentos depositados en el recurso
de alzada no señalaron los yerros o desaciertos en que incurrió la sentencia
impugnada […]”.
43. Al respecto, la Sala considera que no se cumple con el requisito general de
procedencia de la subsidiariedad, toda vez que, de conformidad con lo previsto en
el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el
actor contó, previo al cumplimiento de los requisitos legales, con un mecanismo de
defensa judicial ordinario: el recurso de súplica.
44. En efecto, el artículo 246 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, prevé que:
“[…] ARTÍCULO 246. SÚPLICA. <Artículo modificado por el artículo 66 de la Ley
2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de súplica procede contra
los siguientes autos dictados por el magistrado ponente:
1. Los que declaren la falta de competencia o de jurisdicción en cualquier instancia.
2. Los enlistados en los numerales 1 a 8 del artículo 243 de este código cuando sean
dictados en el curso de la única instancia, o durante el trámite de la apelación o de
los recursos extraordinarios.
3. Los que durante el trámite de la apelación o de los recursos extraordinarios;
los rechace o declare desiertos.
4. Los que rechacen de plano la extensión de jurisprudencia.
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Este recurso no procede contra los autos mediante los cuales se resuelva la
apelación o queja.
La súplica se surtirá en los mismos efectos previstos para la apelación de autos. Su
interposición y decisión se sujetará a las siguientes reglas:
a) El recurso de súplica podrá interponerse directamente o en subsidio de la
reposición. Cuando se acceda total o parcialmente a la reposición interpuesta por
una de las partes, la otra podrá interponer recurso de súplica contra el nuevo auto,
si fuere susceptible de este último recurso;
b) Si el auto se profiere en audiencia, el recurso deberá interponerse y sustentarse
oralmente a continuación de su notificación en estrados o de la del auto que niega
total o parcialmente la reposición. De inmediato, el magistrado ponente dará traslado
del recurso a los demás sujetos procesales, con el fin de que se pronuncien, y a
continuación ordenará remitir la actuación o sus copias al competente para decidir,
según el efecto en que deba surtirse;
c) Si el auto se notifica por estado, el recurso deberá interponerse y sustentarse por
escrito ante quien lo profirió dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación o
a la del auto que niega total o parcialmente la reposición. En el medio de control
electoral este término será de dos (2) días.
El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la secretaría por dos (2) días
a disposición de los demás sujetos procesales, sin necesidad de auto que así lo
ordene. Este traslado no procederá cuando el recurso recaiga contra el auto que
rechaza la demanda, o el que niega total o parcialmente el mandamiento ejecutivo.
Surtido el traslado, el secretario pasará el expediente o sus copias al competente
para decidir, según el efecto en que deba surtirse;
d) El recurso será decidido por los demás integrantes de la sala, sección o
subsección de la que haga parte quien profirió el auto recurrido. Será ponente para
resolverlo el magistrado que sigue en turno a aquel;
e) En aquellos casos en que el recurrente no sustente el recurso, el juez o magistrado
ponente, de plano, se abstendrá de darle trámite […]”.
45. En el caso sub examine, el actor cuestiona el auto de 22 de octubre de 2024,
proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante el cual se resolvió:
“[…] PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el auto proferido el auto de 14 de septiembre
de 2022 que admitió el recurso de apelación interpuesto por el demandante en contra
de la sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Norte de Santander de 21
de abril de 2022.
SEGUNDO: DECLARAR desierto el recurso de apelación presentado por la parte
demandante. […]”. (Resaltado por la Sala)
46. En ese orden de ideas, la Sala advierte que el actor no agotó el respectivo
recurso de defensa, por lo que no corresponde al juez de tutela adoptar decisiones
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que corresponden al juez de lo contencioso administrativo en el marco de su
competencia, según lo previsto por la Ley.
47. La Sala considera que, con fundamento en la ley, existía en el caso sub
examine otro mecanismo de defensa judicial, previo al cumplimiento de los
requisitos legales, para que el actor pusiera en conocimiento del juez natural sus
inconformidades relacionadas con el auto de 22 de octubre de 2024, proferido en el
proceso de nulidad y restablecimiento de derecho identificado con el número único
de radicación 540012333000201700171-01.
Análisis del perjuicio irremediable
48. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
49. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela, la Corte Constitucional21 ha considerado que:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a suceder.
Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así
lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. (…) el perjuicio ha
de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente
significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”22[…]”.
50. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio. En efecto, del
análisis del acervo probatorio no es posible establecer que el actor se encuentre en
una situación de debilidad manifiesta que implique adoptar medidas urgentes,
impostergables e inmediatas para la protección de sus derechos fundamentales.
21 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
22 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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51. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección de los derechos alegados, en atención a que se trata de
un mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.
Conclusiones de la Sala
52. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de tutela de 21 de febrero
de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
por medio de la cual declaró improcedente la solicitud de tutela
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela de 21 de febrero de 2025 proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado Ausente con permiso
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
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