RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-07055-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07055-00

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07055-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del señor David Eliécer Tinoco Bustos, por las razones expuestas en la motivación precedente. 2. En consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar, despacho del magistrado ponente Edgar Alexi Vásquez Contreras, o quien haga sus veces, y a la Sala correspondiente, que conforme lo establecido en el artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, proceda a expedir una nueva providencia que resuelva el recurso de apelación que se presentó contra el auto del 16 de diciembre de 2020, mediante el cual se le rechazó la demanda de reparación directa en el expediente Nro. 13001- 33-33-015-2020-00112-01, en el término de diez (10) días contados desde la notificación de esta sentencia, teniendo como parámetro las consideraciones de esta providencia. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-07055-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

13 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante DAVID ELIÉCER TINOCO BUSTOS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO
Temas Acción de tutela contra providencias judiciales. Auto que rechazó
demanda de reparación directa por encontrar probada la caducidad
del medio de control. Auto confirma rechazo. Defecto fáctico.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor David Eliécer Tinoco Bustos, de conformidad con lo
dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 19 de diciembre de 20241, el señor David Eliécer Tinoco Bustos, quien actúa en
nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Décimo Quinto
Administrativo del Circuito de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia y los principios de seguridad jurídica y
confianza legítima, al haberse dictado los autos Nros. 111 del 16 de diciembre de
2020, 223 del 15 de diciembre de 2023 y 299 del 8 de agosto de 2024 dentro del
medio de control de reparación directa Nro. 13001-33-33-015-2020-00112-01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
«PRIMERA: Amparar los derechos constitucionales del accionante al debido proceso (artículo
29 de la Constitución Política), a la igualdad (artículo 13 de la Constitución Política) y de
acceso a la administración de justicia, así como los principios de igualdad material, confianza
legítima y seguridad jurídica, que han sido vulnerados al no considerarse de manera adecuada
el daño continuado en el tiempo, agravando la situación del accionante al rechazar por
caducidad la acción judicial interpuesta sin advertir además de la circunstancia antes descrita,
el precedente judicial que viene siendo adoptado por el Honorable Tribunal Administrativo de
Bolívar quien en casos de iguales circunstancias ha ordenado la admisión de la demanda,
reconociendo que el fenómeno de caducidad de conformidad con lo planteado no ha operado
y que de existir dudas al respecto debe estudiarse en el curso del proceso; siendo que, así
mismo, se inaplica la línea interpretativa establecida en casos similares relacionados con el
derrumbe del Edificio Blas de Lezo II en Cartagena, en los cuales se ha garantizado la
protección de los compradores de vivienda nueva afectados por las prácticas de constructores
ilegales en la ciudad.
SEGUNDO: Revocar y dejar sin efecto las providencias emitidas en Auto No. 111 del 16 de
diciembre de 2020 emitido por el Juzgado Décimo Quinto Administrativo del Circuito de
Cartagena, Auto interlocutorio No. 223 del 15 de diciembre de 2023, proferido por el Tribunal
Administrativo de Bolívar y el auto No.299 del ocho (8) de agosto de 2024 proferido por el
Juzgado Décimo Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena en el marco del proceso de
medio de control de reparación directa, con número de radicado 13001-33-33-015-2020-
00112-00, por:

1
Samai, índice 2.

1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

1) Por sustentar sus providencias en la presunta caducidad de la acción, criterio que resulta
controvertible en atención a las particularidades del caso en cuestión, el cual configura
un daño continuado en el tiempo. El daño alegado dentro del proceso judicial de la
referencia ostenta un carácter multinivel, al derivar de la concurrencia de múltiples
actores, entidades, actos y actuaciones administrativas, lo que impone la necesidad de
un análisis jurídico diferenciado y acorde con la naturaleza compleja del fenómeno. En
este contexto, resulta procedente acudir a los principios constitucionales y a la
jurisprudencia de alta instancia que establecen que los supuestos de afectaciones
continuadas deben interpretarse bajo un enfoque sustantivo, garantista y acorde con las
características del caso concreto, sin circunscribirse de manera restrictiva a los términos
formales de caducidad cuando la naturaleza misma del daño implica su persistencia y
escalabilidad a lo largo del tiempo.
2) Por desconocer el precedente jurisprudencial consolidado en el contexto del desplome
del Edificio Brisas de Blas de Lezo II, incurriendo en una desviación de los estándares
interpretativos y garantistas establecidos en situaciones similares, desatendiendo los
criterios fijados por la Corte Constitucional y las altas corporaciones de justicia, que han
reconocido la necesidad de brindar una protección efectiva a las víctimas de
constructores ilegales, atendiendo a la complejidad y particularidad de estos casos.
3) Por vulnerar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad en la aplicación
de criterios y precedentes judiciales, así como al acceso a la administración de justicia,
al incurrir en un manifiesto desconocimiento tanto de los hechos expuestos como de los
precedentes judiciales vinculantes que han sido establecidos para proteger a los
compradores de vivienda nueva, víctimas de la actuación de constructores ilegales y de
las omisiones de los demandados, generando un menoscabo en la confianza legítima y
en la seguridad jurídica de los afectados, situándolos en un estado de indefensión frente
a las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley y de ofrecer una
protección efectiva y adecuada de sus derechos, lo que se ha traducido en una
revictimización.
TERCERO: Ordenar al Tribunal administrativo de Bolívar que, proceda a decidir nuevamente
sobre el recurso de apelación que interpuso el accionante contra el auto interlocutorio No. 223
del 15 de diciembre de 2023, atendiendo el supuesto probado del Daño continuado.
CUARTO: Ordenar al Juzgado Décimo Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena, que,
una vez se resuelva nuevamente el recurso de apelación por parte del Tribunal Administrativo
de Bolívar, le imprima prioridad en su resolución al proceso de medio de control de reparación
directa identificado con el radicado 13001-33-33-015-2020-00112-01. Toda vez que no es
dable la dilación injustificada que se le ha dado al proceso de la referencia donde no obstante
haberse interpuesto para la vigencia 2020, sólo hasta la vigencia 2025 se vino a definir sobre
su admisibilidad.» (Sic a toda la cita)

2. Hechos

Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El señor David Eliécer Tinoco Bustos adquirió el apartamento Nro. 101 del
Edificio Brisas del Blas de Lezo, mediante escritura pública del 21 de abril de
2014 otorgada en la Notaría Segunda de Cartagena. La adquisición se realizó
tras constatar físicamente el proyecto, verificar que aparentemente cumplía
con la normatividad que incluía un permiso visible de la Curaduría Urbana Nro.
1 y tras el estudio de títulos que realizó el Banco BBVA.

2.2. El accionante indicó que el 27 de abril de 2017, tras el desplome del Edificio
Portales de Blas de Lezo II, se descubrió que el Edificio Brisas de Blas de Lezo
en donde adquirió su inmueble se encontraba en una situación irregular, pues
tenía licencias urbanísticas fraudulentas y graves deficiencias estructurales.

2.3. Para julio de 2017, el Distrito de Cartagena celebró con la Universidad de
Cartagena el Contrato Interadministrativo 09-91-17, que tenía por objeto la:
«Elaboración de un estudio de patologías estructural y vulnerabilidad sísmica de verificación
de las condiciones actuales de 16 edificaciones ubicadas en la ciudad de Cartagena,
Departamento de Bolívar.».
2.4. En comunicado del 5 de octubre de 2017, la Superintendencia de Notariado y
Registro indicó que como medida preventiva: «Con el hallazgo de Supernotariado,
los folios de matrícula inmobiliaria de las edificaciones tendrían que ser bloqueados o

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

congelados y los edificios no podrían ser vendidos o negociados bajo ningún título, es decir
saldrían del mundo comercial».

2.5. El 3 de enero de 2018, la Directora Administrativa de Control Urbano de la
Alcaldía de Cartagena, mediante el Oficio AMC-OFI-0000266-2018 comunicó
que el 4 de enero de 2018 se realizaría la socialización a los residentes y
propietarios de la edificación Brisas de Blas de Lezo de los resultados
obtenidos por la Universidad de Cartagena en desarrollo del contrato 09-91-
17.

2.6. El 4 de enero de 2018, fueron socializados de manera formal a los propietarios
de las unidades residenciales del edificio Brisas de Blas de Lezo los resultados
de dicho estudio «[…] fecha en que les comunicó que este arrojó, lo siguiente: […]»:
«Los resultados finales de los estudios de patología estructural y vulnerabilidad sísmica de
verificación de las condiciones actuales de esa edificación, muestra que modelando su
comportamiento ante la acción de las diferentes combinaciones de cargas a las que se ve
expuesta, el resultado no es satisfactorio, tampoco para el caso de cargas sin mayorar (sin
utilizar coeficientes de carga para reducción de resistencia, como lo estipula la NSR-10 Norma
Sismo resistente, Ley 400 de 1997), criterio definido como crítico para el análisis de los
resultados. En ese sentido se identificó que esta edificación NO CUMPLE CON LA NSR-10
clasificándose en un alto nivel de riesgo a nivel de vulnerabilidad estructural. […]»

2.7. El 18 de enero de 2018, el Distrito de Cartagena expidió el Decreto Nro. 0058
«Por medio del cual se declara la situación de calamidad pública en el Distrito de Cartagena
de Indias, y se dictan otras disposiciones», en este se declaró el estado de calamidad
pública por el término de seis meses prorrogables por el mismo plazo con la
finalidad de realizar acciones para atender la situación de riesgo y peligro que
podrían consistir en la evacuación, desalojo, demolición, reubicación, entre
otras, para mitigar el riesgo de los propietarios, arrendatarios y poseedores de
«los EDIFICIOS INNOVA, EDIFICIO VILLA NAEVIA, EDIFICIO TSALACH, EDIFICIO
CALIPSO, EDIFICIO VILLA ANA, EDIFICIO VILLA VANESSA, EDIFICIO BRISAS DE LA
CASTELLANA, EDIFICIO PORTAL DE LOS ALPES, EDIFICIO ALPES 31, EDIFICIO BRISAS
DE LOS ALPES, EDIFICIO VILLA MAY, EDIFICIO SHALOM, EDIFICIO VILLA MARY,
PORTAL DE LOS CARACOLES I Y PORTAL DE LOS CARACOLES II, e inmuebles
colindantes.». El accionante afirma que en este acto «[…] no se incluyó el edificio
Brisas de Blas de Lezo […]».

2.8. Luego el Superintendente de Notariado y Registro adelantó la vigilancia y
control del servicio notarial, procediendo a formular las denuncias penales
(radicado Nro. 11001-60-00-050-2017-33314), se bloqueó los folios de matrícula
inmobiliaria y la anulación de los registros de las unidades privadas
pertenecientes a los edificios construidos por los señores Quiroz Ruiz, dentro
de los que se encontraba Brisas de Blas de Lezo. Conforme obra en el
certificado de libertad y tradición de matrícula inmobiliaria Nro. 060-276XXX,
situación que fue definida en la Resolución Nro. 000466 del 12 de diciembre
de 2023.

2.9. El 5 de marzo de 2018, la Alcaldía de Cartagena de Indias expidió la
Resolución Nro. 1472 «por medio de la cual se da cumplimiento a una decisión judicial,
se establece el valor de unos subsidios, así como los requisitos para su reconocimiento y pago
y se dictan otras disposiciones». En este acto se resolvió cumplir con lo ordenado
por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Cartagena, reconociendo a favor
de los copropietarios de los inmuebles «Brisas de Blas de Lezo, Villa May, Portal de
los Caracoles I, Portal de los Caracoles II, Brisas de los Alpes, Portal de los Alpes, Alpes 31,
Villa Naevia, Villa Ana, Villa Vanessa, Shalom, Villa Mary, Tsalach, Innova, Calipso Tower y
Brisas de la Castellana […]»2, unos subsidios de arrendamiento y de mudanza.
Según el accionante esta resolución fue socializada con las víctimas el 26 de
marzo de esa misma anualidad.

2
En el parágrafo primero de la mencionada resolución se precisó que se entendían como copropietarios a quienes hubieren
adquirido el inmueble por cualquiera de los modos de adquirir el dominio señalados en el Código Civil, o que hubieran
celebrado contrato de leasing.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

2.10. El 4 de abril de 2018, la Alcaldía de Cartagena profirió la Resolución Nro. 2268,
por medio de la cual se adicionó y modificó la Resolución Nro. 1472 del 5 de
marzo de 2018, en la que se realizó unos ajustes al valor de los subsidios de
arrendamiento según el estrato socio económico.

2.11. Con la finalidad de obtener una segunda opinión de los estudios realizados por
la Universidad de Cartagena, se contrató a la Universidad Nacional de
Colombia, los cuales a la fecha de radicación de esta acción constitucional no
se han realizado.

2.12. El 14 de septiembre de 2020, el señor David Eliécer Tinoco Bustos presentó
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la
Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho - Superintendencia de Notariado
y Registro, el Distrito de Cartagena de Indias y contra el Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria Colombia S.A. (BBVA Colombia), con la finalidad de que se
declarara la responsabilidad patrimonial y administrativa por el daño
antijurídico causado. Esta demanda fue radicada bajo el Nro. 13001-33-33-
015-2020-00112-00, correspondiéndole su conocimiento en primera instancia
al Juzgado Décimo Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena.

2.13. El 16 de diciembre de 2020, el Juzgado Décimo Quinto Administrativo del
Circuito de Cartagena dictó auto en el que rechazó la demanda de plano al
considerar que había operado la caducidad del medio de control, pues el
demandante tuvo conocimiento del daño el 30 de diciembre de 2017, cuando
los residentes del Edificio Brisas de Blas de Lezo fueron informados de los
resultados de los estudios de patología estructural efectuados por la
Universidad de Cartagena, y precisó que dada la solicitud de conciliación
extrajudicial radicada el 18 de diciembre de 2019, la cual fue declarada fallida
el 18 de marzo de 2020 y la suspensión por COVID 19 que fue levantada el 1
de julio de 2020, la demanda debió ser presentada a más tardar el 13 de julio
de 2020. Contra esta decisión la parte demandante presentó recurso de
apelación.

2.14. El mencionado recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Bolívar,
el cual, con providencia del 15 de diciembre de 2023, dispuso confirmar el auto
cuestionado, por medio de la cual se rechazó la demanda por haber operado
la caducidad, al considerar que:
«[...] los estudios de patología estructural y vulnerabilidad sísmica realizados por la
Universidad de Cartagena en los que se señalan las afectaciones del inmueble, fueron
socializados a los residentes del edificio Brisas de Blas de Lezo el 4 de enero de 2018;
así mismo, en el hecho décimo sexto de la denuncia presentada por el demandante
ante la Fiscalía General de la Nación Seccional Bolívar el 2 de febrero de 2018, se indicó
que dicha socialización se habría realizado el 30 de diciembre de 2017. Si bien no existe
concordancia en las fechas señaladas que eventualmente podría deberse a un error de
transcripción, lo cierto es que la forma en que fueron narrados ambos hechos da a
entender que el demandante sí estuvo presente en la socialización.
Aunado a lo anterior, con la demanda se aportó copia del oficio de 3 de enero de 2018
en el que la directora administrativa de control urbano de la Alcaldía de Cartagena les
informó a los residentes y propietarios del edificio Brisas de Blas de Lezo que la
socialización del estudio realizado por la Universidad de Cartagena se realizaría el 4 de
enero de 2018, por lo que bien podría tomarse esta última fecha como inicio de la
caducidad, máxime cuando, se itera, el accionante no manifestó en la demanda no
haber presenciado dicha socialización.
Tomando como punto de partida para el conteo de los dos años de caducidad dicha
socialización, si esta se hubiere realizado en cualquiera de las dos ocasiones señaladas
(30 de diciembre de 2017 o 4 de enero de 2018) al haber una diferencia de solo cinco
días entre una y otra, para la fecha en que fue radicada la demanda habría operado la
caducidad del medio de control.
Si en gracia de discusión el demandante no se hubiese enterado de los resultados del
estudio patológico efectuado por la Universidad de Cartagena en la aludida
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

socialización, y hubiese tenido conocimiento del daño solo hasta la orden de evacuación
del edificio emitida por el Distrito de Cartagena a través del Decreto 00058 del 18 de
enero de 2018, tenemos que los dos años de caducidad debían contarse desde el 19
de enero de 2018, por lo que en principio vencían el 19 de enero de 2020. No obstante,
con ocasión del trámite de conciliación prejudicial que inició el 18 de diciembre de 2019
y finalizó el 18 de marzo de 2020 con la expedición de la constancia de no conciliación,
sumado a la suspensión de términos judiciales por la pandemia de Covid-19 que se
extendió hasta el 30 de junio de 2020, el término de caducidad se prolongó hasta el 30
de julio de 2020, pero la demanda fue radicada el 19 de agosto de 2020, es decir,
cuando había operado la caducidad el medio de control.
La Sala pone de presente que la declaratoria de calamidad pública y orden de
evacuación, desalojo y reubicación del inmueble fue dada a través del Decreto 00058
del 18 de enero de 2018 y no mediante Resolución 1472 del 5 de marzo de 2018, como
mal aduce el recurrente [...]»

Esta decisión fue notificada el 11 de julio de 20243.

2.15. El 8 de agosto de 2024, el Juzgado Décimo Quinto Administrativo del Circuito
de Cartagena dispuso auto de obedecer y cumplir lo dispuesto por el Tribunal
Administrativo de Bolívar en providencia del 15 de diciembre de 2023 4.

3. Fundamentos de la acción

El señor David Eliécer Tinoco Bustos acusó la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de
justicia y los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, pues señaló que
las autoridades accionadas incurrieron en un defecto por desconocimiento del
precedente, fáctico y sustantivo al haber dictado los autos Nros. 111 del 16 de
diciembre de 2020, 223 del 15 de diciembre de 2023 y 299 del 8 de agosto de 2024
dentro del medio de control de reparación directa Nro. 13001-33-33-015-2020-
00112-01, toda vez que, se omitieron aspectos decisivos en la valoración probatoria
y se desconoció la existencia de otras decisiones judiciales favorables que se han
proferido en similares casos.

Ahora bien, frente a los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales dijo que en este caso se cumple a cabalidad con el
requisito general de relevancia constitucional, pues existe vulneración directa de los
derechos fundamentales.

Frente a los defectos especiales expuso que se presentaban en el caso concreto
los defectos por desconocimiento del precedente y el defecto sustantivo. Sin
embargo, si bien el actor no expresó textualmente como se configuraba el defecto
fáctico lo cierto es que a lo largo del escrito de tutela manifestó su inconformidad
con la indebida valoración probatoria, por lo que se pasa a explicar los argumentos
de los mencionados defectos especiales de la siguiente manera:

3.1. Defecto fáctico: Afirmó que la situación inició el 27 de abril de 2017, fecha en
la cual el Edificio Portales de Blas de Lezo II se derrumbó, construcción que
fue edificada por los mismos constructores del edificio en el que adquirió su
apartamento. Debido a esta situación el Distrito de Cartagena contrató a la
Universidad de Cartagena, quien realizó estudios de patología estructural y
vulnerabilidad sísmica identificando que la edificación tenía un alto nivel de
vulnerabilidad estructural, sin embargo los estudios fueron inválidos y, con
posterioridad, se contrató a la Universidad Nacional de Colombia para que
realizara otros estudios, señalando que «[…] hasta la fecha al Edificio Brisas de Blas
de Lezo donde está el inmueble de las demandantes no se le ha realizado la prueba por esta
universidad.».

3
Samai, índice 10. Archivo ZIP: «21RECIBEPRUEBAS_Memorial_13001333301520200011(.zip) NroActua 10». Carpeta
«02SegundaInstancia». Documento: «05AcuseEnvioComunicacion.pdf».
4
Expediente Nro. 13001-33-33-015-2020-00112-00. Samai del Juzgado, índice 8. Notificación por estado.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

Posteriormente, la Alcaldía de Cartagena profirió el Decreto Nro. 0058 del 18
de enero de 2018, mediante el cual se decretó calamidad pública y se informó
que algunos de los edificios debían ser desalojados por el alto nivel de riesgo
de desplome que estaban presentando, por cuanto no cumplían con la
normatividad de sismo resistencia. No obstante, afirma el actor que frente al
edificio Brisas de Blas de Lezo no se hizo la recomendación de desalojo en el
mencionado decreto, sin embargo este aspecto fue tenido en cuenta para
considerar la caducidad del medio de control.

El 22 de enero de 2019, el señor Tinoco Bustos fue considerado como víctima
por parte del Juez Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento
de Cartagena y afirma que el daño en su caso no se constituyó con el
conocimiento de la situación estructural del inmueble, pues la orden de
evacuación no se dio respecto del Edificio Brisas de Blas de Lezo, por lo que
toma la Resolución Nro. 1472 del 5 de marzo de 2018 como fecha para poder
realizar el conteo del término de caducidad, pues fue allí en donde se hizo
exigible el desalojo de su inmueble.

Por lo anterior, el accionante manifestó, entre otras inconformidades, que el
Juzgado Décimo Quinto Administrativo de Cartagena se equivocó al
considerar que la demanda fue presentada el 14 de septiembre de 2020, dado
que la demanda se radicó el 19 de agosto de esa anualidad conforme al acta
de reparto; y que el Tribunal Administrativo de Bolívar al estudiar el recurso de
apelación erró al considerar que la configuración de la caducidad se dio desde
la socialización, más aún cuando el Tribunal expresó que «[…] si esta se hubiere
realizado en cualquiera de las dos ocasiones señaladas (30 de diciembre de 2017 o 4 de enero
de 2018) al haber una diferencia de solo cinco días entre una y otra, para la fecha en que fue
radicada la demanda habría operado la caducidad del medio de control […]», o en su
defecto, que se había configurado la caducidad con la orden de evacuación
del edificio emitida por el Distrito de Cartagena a través del Decreto Nro. 00058
del 18 de enero de 2018.

3.2. Defecto por desconocimiento del precedente: Adujo que este defecto se
configura cuando una sentencia o un conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado deben ser consideradas por la autoridad judicial para decidir de
fondo, esto dada la pertinencia y semejanza de las situaciones. Dijo que el
precedente jurisprudencial es de dos tipos, horizontal cuando se refiere a
decisiones de autoridades judiciales de igual nivel jerárquico, las cuales se han
entendido como decisiones persuasivas más que vinculantes, y vertical
cuando son decisiones dictadas por la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia, las cuales sí son vinculantes.

Señaló que existen otros procesos «[…] análogos relacionados con víctimas de
constructores ilegales […]», en los que se ha decidido favorablemente la admisión
de la demanda, lo que afecta la seguridad jurídica, de ahí que «[…] la presente
acción busca no sólo reivindicar los derechos fundamentales vulnerados, sino también
resguardar la coherencia, uniformidad y eficacia de la jurisprudencia como herramienta de
protección […]».

En el caso concreto se configura el mencionado defecto pues «[…] las autoridades
judiciales accionadas desconocieron la línea de decisión existente en casos idénticos[…]»,
pues el Juzgado Décimo Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena y el
Tribunal Administrativo de Bolívar al dictar las providencias dentro del proceso
Nro. 13001-33-33-015-2020-00112-01 desconocieron los pronunciamientos
que dictó el Tribunal Administrativo de Bolívar en casos con identidad fáctica
y jurídica, en los cuales inicialmente se habían rechazado las demandas, luego
se concedieron los recursos de apelación y el Tribunal Administrativo de
Bolívar revocó la decisión apelada ordenando que se estudiara la admisibilidad
de las demandas de reparación directa.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

Señaló que la tesis por la cual se adoptaron las decisiones que hoy se
consideran desconocidas fue la siguiente:
«La Sala REVOCARÁ el Auto apelado, con fundamento en que la situación expuesta por la
parte demandante pone de presente el daño derivado de la construcción de una edificación,
en cuya fase previa, de ejecución y posterior enajenación, se incurrió en presuntas
irregularidades, delitos y omisiones, que impiden, en la etapa de admisión del medio de
control, dar por sentado un referente temporal para declarar la caducidad del mismo,
teniéndose en cuenta la jurisprudencia según la cual, solo se debe proceder a su declaración
cuando existan elementos de juicio que generen certeza en el juez respecto de su
acaecimiento; por lo que ante la duda, se deberá dar trámite al proceso a fin de que en el
mismo se determine, la configuración o no de la caducidad.
[…] Descendiendo al caso concreto, de acuerdo con el libelo introductorio y los argumentos
de apelación que aquí se estudian, la demanda expone un daño que es producto de presuntas
omisiones que tuvieron lugar en el desarrollo de una construcción señalada como ilegal; por
lo tanto, dada la connotación del daño y los distintos aspectos particulares que rodearon las
circunstancias en las que el mismo se produjo -y se sigue produciendo, según se afirma-, el
término de caducidad no debe empezar a correr con el parámetro temporal empleado por la
Juez de primera instancia, esto es, el Decreto 00058 de 18 de enero de 2018, “por medio del
cual se declara la situación de calamidad pública en el Distrito de Cartagena...”, sino que a lo
sumo debió ser la Resolución 1472 de 05 de marzo de 2018, “por medio de la cual se da
cumplimiento a una decisión judicial, se establece el valor de unos subsidios...”; y que, en todo
caso, debe tenerse en cuenta lo continuado del daño.
En relación a este último aspecto, adquiere relevancia la postura de la Sub- sección C del
Consejo de Estado, mediante Auto de 9 de mayo de 2011 (expediente 40324), retomada en
sucesivas decisiones de esa Corporación en donde se viene considerando que la caducidad
implica la pérdida de oportunidad para reclamar por vía judicial los derechos que se consideren
vulnerados por causa de la actividad del Estado, de modo que solo se debe proceder a su
declaración cuando existan elementos de juicio que generen certeza en el juez respecto de su
acaecimiento; por lo que ante la duda se deberá dar trámite al proceso a fin de que en el
mismo se determine, sin asomo de dudas, la configuración o no de la caducidad.[…]» (Sic a
toda la cita).

Puntualizó que las providencias a las cuales se refiere como precedentes
omitidos son: (i) el auto del 27 de agosto de 2021 dictado en el proceso Nro.
13001-33-33-013-2020-00100-01, y (ii) el auto del 7 de febrero de 2024
proferido en el expediente Nro. 13001-33-33-015-2020-00096-01. Aseguró
que en su caso el Tribunal Administrativo de Bolívar afirmó que existía una
fecha cierta de estructuración del daño y que al no haber acudido a la
jurisdicción dentro de los dos años siguientes operó la caducidad del medio de
control, lo que en su criterio atenta contra su derecho fundamental a la igualdad
y de acceso a la administración de justicia.

3.3. Defecto material o sustantivo: Aseguró que el desconocimiento del
precedente judicial sin una debida justificación configura un defecto sustantivo,
pues el juez debe explicar de manera razonada los motivos por lo que decide
apartarse de anteriores decisiones judiciales que ha adoptado.

Expuso que este mismo defecto se puede configurar en las siguientes
situaciones: «[…] (I) Aplica una norma que ha perdido vigencia por cualquier razón prevista
en la normativa aplicable; (II) Utiliza un precepto manifiestamente inaplicable al caso concreto;
(III) Realiza una interpretación contraria a la evidencia, irrazonable o desproporcionada, a
pesar del margen hermenéutico reconocido por la Constitución; (IV) Se aparta del precedente
judicial sin una justificación adecuada; (V) Se abstiene de aplicar la excepción de
inconstitucionalidad frente a una norma que manifiestamente contradice la Constitución […]»

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En providencia del 14 de enero de 20255, el despacho ponente admitió la
acción de tutela interpuesta por el señor David Eliécer Tinoco Bustos, quien
actúa en nombre propio contra el Tribunal Administrativo de Bolívar y el
Juzgado Décimo Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena.
5
Samai, índice 4.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

En calidad de terceros con interés se vinculó al Distrito de Cartagena de Indias,
a la Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Superintendencia de
Notariado y Registro, al Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.
(BBVA Colombia), y a las autoridades que actuaron como demandadas en el
proceso de reparación directa Nro. 13001-33-40-015-2020-00112-00/01; se
ofició al Juzgado Décimo Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena para
que remitiera copia del medio de control de reparación directa; y se dispuso a
efectuar las notificaciones correspondientes.

4.2. El Ministerio de Justicia y del Derecho6 rindió informe en el que manifestó
que no ha intervenido en los hechos que expone el actor como causantes de
la presunta vulneración de sus derechos fundamentales, adicionalmente indicó
que las pretensiones planteadas no guardan ninguna relación con las
funciones y competencias asignadas a ese Ministerio. Por lo que, carece de
legitimación en la causa por pasiva al no contar con la aptitud legal para ser
llamado a responder por la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales del actor.

Añadió que la Rama Judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de
su función de administrar justicia y ninguna autoridad está legalmente
habilitada para insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un funcionario judicial
con el fin de imponer las decisiones o criterios que deba adoptar en sus
actuaciones o providencias.

4.3. El Juzgado Décimo Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena7
manifestó que esta tutela tiene como causa el presunto desconocimiento del
precedente judicial y configuración del defecto sustantivo en las decisiones
judiciales adoptadas en el medio de control Nro. 13001-33-33-015-2020-
00112-00.

Mencionó que ese Juzgado dictó el auto del 16 de diciembre de 2020 en el
que resolvió rechazar de plano la demanda dentro del medio de control de
reparación directa pues operó la caducidad de la acción, consideró que el
señor Tinoco Bustos tuvo conocimiento del daño desde el 30 de diciembre de
2017 fecha en la cual se entregó el informe de los resultados finales de los
estudios de patología estructural de la edificación. Contra esta decisión la parte
actora interpuso recurso de apelación el cual fue concedido mediante el auto
del 8 de septiembre de 2022. Y con providencia del 15 de diciembre de 2023,
el Tribunal Administrativo de Bolívar confirmó la providencia apelada.
Finalmente, con auto del 8 de agosto de 2024 el Juzgado dispuso obedecer y
cumplir lo resuelto por el Tribunal.

Frente al defecto material o sustantivo señaló que ese Juzgado no ha incurrido
en el mismo, pues al momento de resolver sobre la admisión «[…] no dio una
interpretación irrazonable o arbitraria de alguna norma que fuere aplicable al caso […}» y la
decisión proferida no resulta ser regresiva o contraria a la Constitución, por lo
que no se configura este defecto. Respecto del defecto fáctico, aseguró que
no ha incurrido en este pues durante el estudio de la admisión realizó la
valoración de las pruebas aportadas con el escrito de demanda. En lo
relacionado con el desconocimiento del precedente precisó que las decisiones
adoptadas por el Tribunal Administrativo de Bolívar fueron posteriores a las
actuaciones realizadas por el Juzgado, por lo que no es posible afirmar que se
dio desconocimiento del precedente.

6
Samai, índice 8, 11 y 12. La Respuesta del Ministerio de Justicia y del Derecho se encuentra en el índice 8 en el archivo
«18_RECIBEMEMORIAL_Correo_JeimyTatianaC_7_20250117090709781», al consultar el siguiente enlace:
https://vuv.minjusticia.gov.co/Publico/FindIndexWeb, o al revisar el índice 11 en la carpeta comprimida, o en el índice 12
en el documento adjunto.
7
Samai, índice 9 y 10.

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

Adicionó que la decisión que adoptó ese mismo Juzgado en el proceso Nro.
13001-33-33-015-2020-00096-00 se dio porque en principio se rechazó la
demanda al considerar que había operado la caducidad del medio de control,
decisión que fue apelada, y el Tribunal Administrativo de Bolívar dispuso
revocar el auto y ordenó devolverlo al Juzgado para que se pronunciara sobre
los demás requisitos necesarios para la admisión de la demanda. Por lo que,
con auto del 20 de mayo de 2024 se admitió la demanda en el mencionado
proceso.

Finalmente solicitó que se negaran las pretensiones de la acción por cuanto
no desconoció los derechos fundamentales del accionante. Y adjuntó en
enlace de consulta del medio de control.

4.4. La Superintendencia de Notariado y Registro8, señaló que se deben
declararse improcedente la acción de tutela porque no se cumple con el
requisito de la inmediatez dado que las providencias cuestionadas datan del
16 de diciembre de 2020 y del 15 de diciembre de 2023, por lo que han
transcurrido más de seis meses desde que se profirieron, adicionalmente no
se cumple con el requisito de la subsidiariedad y tampoco con el de relevancia
constitucional, pues no existe correlación entre la argumentación de la
infracción al debido proceso con el caso concreto.

Aseguró que la decisión adoptada por la autoridad judicial se ajustó a derecho
por lo que, no se puede utilizar la acción de tutela para modificar las decisiones
del juez natural, intentando convertir esta acción constitucional en una tercera
instancia. Añadió que admitir la mencionada demanda cuando se presentó de
forma extemporánea al punto que ya existía caducidad del medio de control
ataca la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento.

4.5. El Tribunal Administrativo de Bolívar guardó silencio a pesar de que fue
notificado en debida forma9 al correo electrónico de la Secretaría del Tribunal
Administrativo de Bolívar: stadcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199110, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos

8
Samai, índice 13.
9
Samai, índice 7. Notificación Nro. 2251.
10
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

generales11 y especiales12 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional13 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sala debe surtir un primer análisis para establecer
si la solicitud de amparo supera los requisitos generales de procedibilidad.

De superar dicho examen, se estudiará si el Juzgado Décimo Quinto Administrativo
del Circuito de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrieron en
defecto fáctico y en desconocimiento del precedente judicial al proferir los autos Nro.
111 del 16 de diciembre de 2020 y Nro. 223 del 15 de diciembre de 2023, en el
medio de control de reparación directa Nro. 13001-33-33-015-2020-00112-01.

Se precisa que no se realizará el análisis desde el defecto sustantivo pues el
accionante no argumentó como se configura en este caso, dado que su exposición
se dirigió a relacionarlo con la ausencia de justificación razonada para apartarse del
precedente. Adicionalmente, no se realizará el examen del defecto especial
respecto del auto Nro. 299 del 8 de agosto de 2024 dictado por el Juzgado Décimo
Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena, pues en este sólo se dispuso
obedecer y cumplir la providencia del 15 de diciembre de 2023.

4. La acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad
establecidos en la jurisprudencia constitucional

En el caso concreto se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales.

Esto porque: (i) de cara al presupuesto de relevancia constitucional, no se observa
que se pretenda interponer la acción de tutela como una instancia adicional al
proceso ordinario. Pues el accionante en el recurso de apelación que presentó
contra el auto del 16 de diciembre de 2020, dictado por el Juzgado Décimo Quinto
Administrativo del Circuito de Cartagena en el que se rechazó la demanda, señaló
como argumentos los siguientes: que el caso de la referencia es difícil y la
constitución del daño es continuada (realizando un recuento histórico de los hechos que

11
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
12
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
13
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

dieron lugar a la presentación de la demanda de reparación directa); que los estudios
contratados con la Universidad Nacional de Colombia no se han realizado; que el
oficio del 30 de diciembre de 2017 expedido por la Jefe de la Oficina de Atención de
Riesgos y Desastres de la Gerencia de Control Urbano Distrital de Cartagena no
figura notificado al señor Tinoco Bustos o la copropiedad y que se debía tener en
cuenta como precedente el auto interlocutorio Nro. 060 del 4 de marzo de 2016
dictado por el Tribunal Administrativo de Bolívar (caso víctimas de ola invernal).

Si bien algunos de los anteriores argumentos se mencionan como antecedentes en
este escrito de tutela, lo cierto es que la inconformidad que plantea el actor en esta
acción se dirige a cuestionar la existencia de un defecto por desconocimiento del
precedente en los autos Nros. 111 del 16 de diciembre de 2020 y 223 del 15 de
diciembre de 2023 dentro del medio de control de reparación directa Nro. 13001-33-
33-015-2020-00112-01, dado que el actor afirma que los accionados desconocieron
unos autos dictados por el Tribunal Administrativo de Bolívar, dentro de los procesos
Nro. 13001-33-33-013-2020-00100-01 y Nro. 13001-33-33-015-2020-00096-01, en los
que se revocaron unas decisiones en las que rechazaron dos demandas de
reparación directa en similares casos. Por lo que, claramente no se trata de la
reiteración de los argumentos planteados en la apelación del auto que rechazó la
demanda Nro. 2020-00112-01.

Respecto de los demás requisitos de procedencia se tiene que: (ii) la acción de
tutela fue radicada dentro de la pauta de los 6 meses establecidos en la
jurisprudencia de esta Corporación, ya que el auto del 15 de diciembre de 2023,
dictado por el Tribunal Administrativo de Bolívar, fue notificado por estado del 11 de
julio de 202414; (iii) en el escrito de tutela se hace una narración clara de los hechos
y de los defectos de los que la parte actora considera que adolecen las providencias;
(iv) no proceden recursos ordinarios o extraordinarios contra el auto que confirmó
el rechazo de la demanda del medio de control de reparación directa; y (v)
finalmente, se advierte que las providencias cuestionadas no corresponden a una
decisión dictada en el trámite de una acción de tutela.

De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela supera el examen general de
procedencia que habilita el estudio de fondo de los alegatos de la tutela con miras
a establecer si se incurrió en los defectos especiales alegados.
5. Defecto fáctico

El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las
pruebas, que tiene una incidencia directa en la decisión. En este sentido, se ha dicho
que para que exista el defecto fáctico, es necesario que de las pruebas que obren
en el expediente no sea posible alcanzar la conclusión a la que llega la decisión que
se cuestiona. En otras palabras, que el apoyo probatorio en que se basó el juez
para resolver determinado asunto resulta inadecuado para el caso concreto 15.
Porque si bien el juez ordinario goza de una amplia facultad de valoración probatoria
fundada en los principios científicos de la sana crítica16, dicho poder no puede
ejercerse de manera arbitraria.

Para analizar si el juez natural pudo incurrir en este defecto, corresponde al juez de
tutela establecer si aquel adoptó criterios objetivos, racionales y rigurosos, en lo que
respecta a la apreciación de las pruebas. Pero, el error debe ser ostensible,
flagrante y manifiesto, pues la intervención del juez constitucional es de carácter
extremadamente reducido, en respeto al principio de autonomía judicial. Más aún
en lo que hace al análisis del material probatorio, la independencia judicial cobra

14
Expediente Nro. 13001-33-33-015-2020-00112-01. Samai Tribunal Administrativo de Bolívar, índice 5 y 6.
15
Sobre la descripción genérica del defecto fáctico como vicio de una sentencia judicial que la convierte en una vía de
hecho, pueden consultarse, entre otras, las sentencias T-231 de 1994 y T-567 de 1998.
16
Sentencia T-442 de 1994.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

mayor valor y trascendencia17, que impiden que el juez de tutela realice un examen
exhaustivo del material probatorio, so pena de convertirse en una tercera instancia.

6. Defecto por desconocimiento del precedente

El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el pasado
y sirve como referente para que se decidan otros conflictos semejantes. Ese
precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el juez al momento de
decidir el nuevo caso. Por lo anterior, la aplicación del precedente busca armonizar
y salvaguardar los principios de igualdad y seguridad jurídica para que asuntos
idénticos se decidan de la misma forma y, consecuentemente, se garantice el
debido proceso del ciudadano.

La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que18 «[..] un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo son
semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia
jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii)
si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica
que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación».

Para la Sala19, puede plantearse la transgresión del precedente si se demuestra: (i)
la existencia de una o varias decisiones judiciales que guardan identidad fáctica y
jurídica con el caso en que se solicita su aplicación; (ii) que tales decisiones eran
vinculantes para la autoridad judicial demandada, tanto por ser el precedente
vigente, como por tener la fuerza vinculante suficiente; (iii) que la decisión judicial
que se cuestiona en sede de tutela es contraria al precedente vinculante, (iv) y que
el juez de instancia no presentó una justificación razonable para apartarse del
precedente vinculante.
La Corte Constitucional ha distinguido dos tipos de precedente: el horizontal y el
vertical. Los jueces incurren en desconocimiento del precedente horizontal cuando
se alejan de las tesis desarrolladas en sus propias decisiones20. De otra parte, el
precedente vertical refiera a los lineamientos establecidos por instancias superiores,
es decir, por los órganos de cierre de cada jurisdicción o por la Corte
Constitucional21.

7. Análisis del caso concreto

7.1. El señor David Eliécer Tinoco Bustos fundamentó el cargo por existencia de
un defecto fáctico en que el Tribunal Administrativo de Bolívar no valoró en
debida forma las pruebas obrantes en el expediente, en especial el Decreto
Nro. 00058 del 18 de enero de 2018 proferido por el Distrito de Cartagena, del
cual asegura es posible evidenciar que en ese decreto no se hizo
recomendación alguna de desalojo del edificio Brisas de Blas de Lezo. Y
señala que pese a eso el acto fue tenido en cuenta para contabilizar el término
de caducidad del medio de control.

Al respecto la Sala considera necesario estudiar la incidencia del Decreto Nro.
0058 del 18 de enero de 2018 en la decisión del Tribunal Administrativo de
Bolívar para determinar si en efecto esta prueba no se valoró en debida forma
y si resulta decisiva en el caso concreto.

17
Cfr. Sentencias T-055 de 1997 y SU-632 de 2017, por mencionar dos.
18
Corte Constitucional. Sentencia SU-573 de 2017. Antonio José Lizarazo Ocampo.
19
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 23 de abril de 2014. Expediente No. 11001-03-15-000-2013-02625-
00. C.P. Jorge Octavio Ramírez.
20
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-029 de 2024.M.P. Jorge Enrique Ibáñez.
21
Cfr. Corte Constitucional de Colombia. SU113 de 2018; T-309 de 2015 y T-794 de 2011.

12

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

Mediante auto del 15 de diciembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Despacho 004, conoció del recurso de apelación interpuesto por el
apoderado judicial de la parte demandante contra el auto del 16 de diciembre
de 2020, que rechazó la demanda por caducidad. En esta providencia el
Tribunal planteó como tesis que el daño «[...] tuvo carácter inmediato con una fecha
cierta de estructuración y conocimiento por parte del accionante, y como quiera que este no
acudió ante la jurisdicción dentro de los dos años siguientes, operó la caducidad del medio de
control; por lo tanto, la decisión apelada debe confirmarse.», y las consideraciones para
llegar a esa conclusión giraron en torno a:

(i) El Tribunal tuvo en cuenta los hechos octavo y décimo sexto de la
demanda, para determinar que el momento en el cual el demandante tuvo
conocimiento del daño fue la fecha en la que se realizó la socialización
de los estudios de patología estructural y vulnerabilidad sísmica realizada
por la Universidad de Cartagena «[...] en los que se señalan las afectaciones del
inmueble [...]», fecha que podría ser el 30 de diciembre de 2017 o el 4 de
enero de 2018 como lo afirmó, pues «Si bien no existe concordancia en las
fechas señaladas que eventualmente podría deberse a un error de transcripción, lo
cierto es que la forma en que fueron narrados ambos hechos da a entender que el
demandante sí estuvo presente en la socialización.».

A su vez, manifestó que de conformidad con el Oficio del 3 de enero de
2018, dictado por la Directora Administrativa de Control Urbano de la
Alcaldía de Cartagena, se les informó a los residentes y propietarios del
edificio Brisas de Blas de Lezo que la socialización se realizaría el 4 de
enero de 2018, fecha que fue tomada por el Tribunal para realizar el
conteo del término de caducidad «[...] máxime cuando, se itera, el accionante no
manifestó en la demanda no haber presenciado dicha socialización.». Por lo que, el
primer conteo lo realizó tomando como fechas el 30 de diciembre de 2017
y el 4 de enero de 2018, «[...]al haber una diferencia de solo cinco días entre una
y otra [...]», afirmando que independientemente la fecha que se tomara de
estas dos, habría operado la caducidad. De ahí que hasta ese momento
el Tribunal no tenía certeza de la fecha exacta de estructuración del daño.

(ii) En segunda medida, el Tribunal planteó la posibilidad que si «[...] en gracia
de discusión el demandante no se hubiese enterado de los resultados del estudio
patológico efectuado por la Universidad de Cartagena en la aludida socialización [...]»
hubiera tenido conocimiento del daño con la orden de evacuación de su
edificio emitida por el Distrito de Cartagena a través del Decreto Nro.
00058 del 18 de enero de 2018. Caso en el cual realizó el conteo de
término así: «[...] tenemos que los dos años de caducidad debían contarse desde el
19 de enero de 2018, por lo que en principio vencían el 19 de enero de 2020. No
obstante, con ocasión del trámite de conciliación prejudicial que inició el 18 de diciembre
de 2019 y finalizó el 18 de marzo de 2020 con la expedición de la constancia de no
conciliación, sumado a la suspensión de términos judiciales por la pandemia de Covid-
19 que se extendió hasta el 30 de junio de 2020, el término de caducidad se prolongó
hasta el 30 de julio de 2020, pero la demanda fue radicada el 19 de agosto de 2020, es
decir, cuando había operado la caducidad el medio de control.».

Y afirmó que «[...] la declaratoria de calamidad pública y orden de evacuación,
desalojo y reubicación del inmueble fue dada a través del Decreto 00058 del 18 de
enero de 2018 y no mediante Resolución 1472 del 5 de marzo de 2018, como mal aduce
el recurrente, puesto que a través de esta última el Distrito de Cartagena en
cumplimiento de una orden judicial, reconoció subsidios de arrendamiento a los
afectados con la orden de desalojo del edificio emitida previamente mediante el
mencionado decreto.». Esto sumado a la afirmación de que el demandante
conocía de la situación pues afirmó que era un hecho notorio. En este
punto el accionante plantea su inconformidad en la valoración probatoria
toda vez que pues el Decreto Nro. 0058 de 18 de enero de 2018 no
incluyó su edificio.

13

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

Ahora bien, verificado el expediente digital que se remitió22, se evidenció que
el señor David Eliécer Tinoco Bustos en la demanda de reparación directa
adjuntó, entre otros documentos, copia del Decreto Nro. 0058 del 18 de enero
de 2018 dictado por el Distrito de Cartagena «POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA
LA SITUACIÓN DE CALAMIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS,
Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES», en el que se evidencia que en la parte
considerativa del acto se mencionó el contrato interadministrativo 09-91-17
suscrito entre la Alcaldía de Cartagena y la Universidad de Cartagena cuyo
objeto era: «Estudio de Patología Estructural y Vulnerabilidad Sísmica de Verificación de las
Condiciones Actuales de Dieciséis (16) Edificaciones ubicadas en la ciudad de Cartagena
Departamento de Bolívar." el cual tiene una duración de cinco meses, contados a partir de la
suscripción del acta de inicio el día 01 de agosto de 2017, se realizó el correspondiente estudio
en cada una de las siguientes edificaciones: EDIFICIO INNOVA. EDIFICIO VILLA NAEVIA,
EDIFICIO SALACH, EDIFICIO CALIPSO, EDIFICIO MILLA ANA, EDIFICIO VILLA VANESSA,
EDIFICIO BRISAS DE LA CASTELLANA, EDIFICIO PORTAL DE LOS ALPES, EDIFICIO
ALPES 31, EDIFICIO BRISAS DE LOS ALPES, EDIFICIO VILLA MAY, EDIFICIO SHALOM,
EDIFICIO VILLA MARY, PORTAL DE LOS CARACOLES I Y PORTAL DE LOS CARACOLES
II.», edificaciones dentro de las cuales no se identificó el edificio Brisas de Blas
de Lezo.

A renglón seguido se indicó que las recomendaciones de la Universidad de
Cartagena fue el desalojo como medida preventiva hasta que se realizaran
obras de reforzamiento general y concluyó con la recomendación de declarar
la situación de calamidad pública para realizar la intervención sobre cada una
de las 16 edificaciones. Por lo que se decretó:
«ARTÍCULO PRIMERO: Declaratoria de calamidad pública. Declárase la situación de
calamidad pública en el Distrito de Cartagena de Indias, por el término de 6 meses,
prorrogables por el mismo término, con el fin de realizar las acciones administrativas y
contractuales necesarias para la atención inmediata de la situación de riesgo y/o peligro
inminente consistentes en evacuación y desalojo, demolición, reubicación y demás medidas
de protección relacionadas con la mitigación y superación del riesgo de los propietarios,
arrendatarios y poseedores que habitan los EDIFICIOS INNOVA, EDIFICIO VILLA NAEVIA,
EDIFICIO TSALACH, EDIFICIO CALIPSO, EDIFICIO VILLA ANA, EDIFICIO VILLA
VANESSA, EDIFICIO BRISAS DE LA CASTELLANA, EDIFICIO PORTAL DE LOS ALPES,
EDIFICIO ALPES 31. EDIFICIO BRISAS DE LOS ALPES, EDIFICIO VILLA MAY, EDIFICIO
SHALOM, EDIFICIO VILLA MARY, PORTAL DE LOS CARACOLES I Y PORTAL DE LOS
CARACOLES II, e inmuebles colindantes. [...]»

Por lo que se concluye que en efecto el mencionado Decreto Nro. 0058 de 18
de enero de 2018 no incluyó dentro de la medida de declaratoria de calamidad
pública al edificio Brisas de Blas de Lezo, como en efecto lo manifestó el
accionante. Por lo que, no era posible que el Tribunal Administrativo de Bolívar
tuviera como posible fecha de conocimiento del daño ese acto el cual no incluía
la edificación en donde adquirió el inmueble el señor Tinoco Bustos.

Esto sumado a que de las providencias que el actor cita para que se realice el
estudio del desconocimiento del precedente es posible advertir que en ellas el
Tribunal Administrativo de Bolívar también presentó duda respecto de la
determinación de la fecha de conocimiento del daño, tan es así que en el
proceso Nro. 13001-33-33-013-2020-00100-01, se indicó:
«[…] En relación a los actos administrativos que rodean la situación expuesta: Decreto 00058
de 18 de enero de 2018, “por medio del cual se declara la situación de calamidad pública en
el Distrito de Cartagena…”, y la Resolución 1472 de 05 de marzo de 2018, “por medio de la
cual se da cumplimiento a una decisión judicial, se establece el valor de unos subsidios…”
;advierte la Sala que en el primero de estos no se menciona la edificación Brisas de Blas de
Lezo, tal y como lo afirma la recurrente; en todo caso como arriba se mencionó, son múltiples
los aspectos que ameritan ser valorados; de tal suerte que a la fecha, en el proceso no se
encuentran presentes los elementos con los que se pueda establecer de manera inequívoca,
el parámetro temporal límite para acceder a la administración de justicia, concluyendo la Sala

22
Samai, índice 10. Comprimido ZIP.

14

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

que, por las particularidades del asunto, en la etapa procesal en curso, no se puede realizar
pronunciamiento de fondo respecto de la caducidad del medio de control. [...]» (Énfasis
propio).

Por lo anterior, esta Sala considera configurado el defecto fáctico por la
indebida valoración probatoria por parte del Tribunal Administrativo de Bolívar
respecto del Decreto Nro. 0058 del 18 de enero de 2018, al tener en cuenta
este acto para la determinación del término de caducidad del medio de control,
aun existiendo duda sobre la fecha de conocimiento del daño.

7.2. Respecto al defecto por desconocimiento del precedente horizontal, señaló que
los autos Nro. 111 del 16 de diciembre de 2020 y Nro. 223 del 15 de diciembre
de 2023 dictados dentro del medio de control de reparación directa Nro. 13001-
33-33-015-2020-00112-01, desconocieron la tesis desarrollada en varias
providencias judiciales emitidas por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en
las que se revocaron los autos que rechazaron la demanda de reparación
directa en unos casos con similitud fáctica y jurídica.

Frente a este defecto el actor identificó como posibles precedentes
desconocidos los siguientes: (i) el auto del 27 de agosto de 2021 dictado en el
proceso Nro. 13001-33-33-013-2020-00100-01, y (ii) el auto del 7 de febrero
de 2024 proferido en el expediente Nro. 13001-33-33-015-2020-00096-01.

Para efectos de poder realizar el análisis del caso concreto esta Sala
procederá a realizar un cuadro comparativo entre los medios de control
mencionados:

Medio de reparación directa Medio de reparación directa Medio de reparación directa
Nro. 13001-33-33-015-2020- Nro. 13001-33-33-013-2020- Nro. 13001-33-33-015-2020-
00112-01 00100-01 00096-01

Demandante: Demandante: Demandante:
David Eliécer Tinoco Bustos Marelsy Esther Ballesteros Zully Turino Cano y Denis Cano
Demandado: Manjarrez de Turizo
Distrito de Cartagena, Nación – Demandado: Demandado:
Ministerio de Justicia y del Distrito de Cartagena, Nación – Distrito de Cartagena, Nación –
Derecho, Superintendencia de Ministerio de Justicia y del Ministerio de Justicia y del
Notariado y Registro y Banco Derecho, Superintendencia de Derecho, Superintendencia de
BBVA. Notariado y Registro y Banco Notariado y Registro y Banco
BBVA. BBVA.
Fecha de radicación de la Fecha de radicación de la Fecha de radicación de la
demanda: demanda: demanda:
19 de agosto de 202023 21 de agosto de 2020 (según 20 de agosto de 2020 (según
auto del 30 de noviembre de auto del 7 de febrero de 2024)
2020)
Fecha de reparto: Fecha de reparto: Fecha de reparto:
14 de septiembre de 202024 24 de agosto de 2020 (según 20 de agosto de 2020 (según
Samai del Juzgado, índice 1) auto del 7 de febrero de 2024)
Inmueble respecto del cual Inmueble respecto del cual Inmueble respecto del cual
se presentó la demanda: se presentó la demanda: se presentó la demanda:
Edificio Brisas de Blas de Lezo Edificio Brisas de Blas de Lezo Edificio Brisas de Blas de Lezo
Despacho ponente primera Despacho ponente primera Despacho ponente primera
instancia: instancia: instancia:
Juzgado Décimo Quinto Juzgado Décimo Tercero Juzgado Décimo Quinto
Administrativo de Cartagena Administrativo de Cartagena Administrativo de Cartagena
Decisión de primera Decisión de primera Decisión de primera
instancia: instancia: instancia:
Auto del 16 de diciembre de Auto del 30 de noviembre de Auto del 29 de septiembre de
2020. 2020. 2020.

23
Samai, índice 10. Comprimido ZIP. Archivo: «02F2A279ExpedienteDigital202000112RD.pdf». Folio 266, acta de reparto.
24
Samai, índice 10. Comprimido ZIP. Archivo: «02F2A279ExpedienteDigital202000112RD.pdf». Folio 266, acta de reparto.

15

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

Medio de reparación directa Medio de reparación directa Medio de reparación directa
Nro. 13001-33-33-015-2020- Nro. 13001-33-33-013-2020- Nro. 13001-33-33-015-2020-
00112-01 00100-01 00096-01

El Juzgado Décimo Quinto El Juzgado Décimo Tercero El Juzgado Décimo Quinto
Administrativo de Cartagena Administrativo de Cartagena Administrativo de Cartagena
rechazó la demanda de plano al rechazó la demanda de plano al rechazó la demanda de plano al
considerar que había operado considerar que había operado considerar que había operado
la caducidad del medio de la caducidad del medio de la caducidad del medio de
control. Esto dado que aseguró control. Esto dado que: control. Esto dado que las
que el señor Tinoco Bustos «[…] el Distrito de Cartagena demandantes:
tuvo conocimiento del daño realizó estudio sobre las «[…] tuvieron conocimiento de
desde el 30 de diciembre de condiciones del Edificio Brisas este daño desde el 30 de
2017, fecha en la cual se de Blas de Lezo, y que los diciembre de 2017, por los que
entregó el informe de los resultados de este fueron los dos (2) años para presentar
resultados finales de los puestos en conocimiento de la la demanda empezó a
hoy demandante el 4 de enero contabilizarse al día siguiente al
estudios de patología de 2018 […]y que fue que tuvo conocimiento esto es a
estructural de la edificación. precisamente en dicho estudio partir del 31 de diciembre de
Contra esta decisión la parte realizado por la Universidad de 2017, así las cosas el término de
demandante presentó recurso Cartagena que se expidió el dos(2) años vencía el 31 de
de apelación. Decreto 00058 de 18 de enero diciembre de 2019, sin embargo
de 2018 que declaró la reposa constancia de solicitud
emergencia por calamidad de conciliación extrajudicial ante
pública con el fin de tomar las el Ministerio Público, en la cual
medidas necesarias para el consta que el demandante
desalojo, entre otros, del radico solicitud de conciliación el
inmueble de propiedad de la 18 de diciembre de 2019, es
actora […] decir, suspendió el termino de
[…] en este sentido se infiere caducidad, por 13 días, que es
que a 18 de diciembre de 2019 la diferencia hasta el 31 de
cuando se presentó la solicitud diciembre de 2019, así las cosas
de conciliación extrajudicial teniendo en cuenta que la
ante la Procuraduría General de constancia de no conciliación
la Nación, había transcurrido 1 fue expedida el 24 de marzo de
año, 10 meses y 29 días, lo que 2020, además la suspensión de
implica que quedaba un (1) mes términos con ocasión de
y un (1) día calendario para medidas sanitaria Covid _19, el
cumplir con el término de termino de los trece (13) días
caducidad. empezó a corree el día 01 de
julio de 2020 […] y finalizo el 13
[…]Añadió que la certificación
de agotamiento del requisito de de julio de 2020.[…]» (Sic a
procedibilidad de la conciliación toda la cita)
extrajudicial fue emitida por la Contra esta decisión la parte
Procuraduría 176 Judicial I para demandante presentó recurso
asuntos administrativos el 10 de de apelación.
marzo de 2020, reanudándose
los términos de caducidad a
partir del día 11 de marzo de
este año; sin embargo, los
términos en la Rama Judicial
estuvieron suspendidos del 16
de marzo al 30 de junio de 2020,
y en ese momento, a la parte
actora le restaban 26 días
calendario para cumplir con los
dos años del término de
caducidad, pues el término se
reanudó en su conteo desde el
11 de marzo de este año, lo cual
conlleva que en el caso
concreto las demanda debía ser
presentada a más tardar el 2 de
agosto de 2020, pero al no ser
este día hábil se correría al 3 de
agosto del año en curso.»
Contra esta decisión la parte
demandante presentó recurso
de apelación.

Despacho ponente de Despacho ponente de Despacho ponente de
segunda instancia (resolvió segunda instancia (resolvió segunda instancia (resolvió
recurso de apelación): recurso de apelación): recurso de apelación):
Tribunal Administrativo de Tribunal Administrativo de Tribunal Administrativo de
Bolívar, Despacho 004. Bolívar, Sala de Decisión Nro. 6 Bolívar
Magistrado Ponente: Magistrado Ponente: Magistrado Ponente:
Edgar Alexi Vásquez Contreras Jean Paul Vásquez Gómez José Rafael Guerrero Leal

16

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

Medio de reparación directa Medio de reparación directa Medio de reparación directa
Nro. 13001-33-33-015-2020- Nro. 13001-33-33-013-2020- Nro. 13001-33-33-015-2020-
00112-01 00100-01 00096-01
Sala que firmó la providencia Sala que firmó la providencia Despacho que firmó la
del 15 de diciembre de 2023: del 27 de agosto de 2021: providencia del 7 de febrero
Edgar Alexi Vásquez Contreras Jean Paul Vásquez Gómez de 2024: Jean Paul Vásquez Gómez Luís Miguel Villalobos Álvarez José Rafael Guerrero Leal
Luís Miguel Villalobos Álvarez José Rafael Guerrero Leal (E)
Decisión de segunda Decisión de segunda Decisión de segunda
instancia (resolvió recurso instancia (resolvió recurso instancia (resolvió recurso
de apelación): de apelación): de apelación): Auto del 15 de diciembre de Auto del 27 de agosto de 2021. Auto del 7 de febrero de 2024. 2023. El Tribunal Administrativo de El Tribunal Administrativo de
El Tribunal Administrativo de Bolívar, resolvió revocar el auto Bolívar, resolvió revocar el auto
Bolívar, resolvió confirmar la apelado para en su lugar apelado para en su lugar
providencia apelada, por medio devolver el proceso al Juzgado devolver el proceso al Juzgado
de la cual se rechazó la Décimo Tercero Administrativo Décimo Quinto Administrativo
demanda al haber operado la de Cartagena para que de Cartagena para que se
caducidad del medio de control. estudiara la admisión de la pronunciara sobre los demás
Esto al considerar que se está demanda, so pena de encontrar requisitos necesarios para la
ante la presencia de un daño otras falencias. Esto al admisión de la demanda. Esto
instantáneo y señaló que: considerar que: al considerar que:
«[…] observa la Sala que en el «[…] En relación a los actos «[…] Del plenario se observa
hecho octavo de la demanda se administrativos que rodean la que la Juez Décimo Quinto
indicó que los resultados de los situación expuesta: Decreto Administrativo del Circuito de
estudios de patología estructural 00058 de 18 de enero de 2018, Cartagena tomó como fecha de
y vulnerabilidad sísmica “por medio del cual se declara la referencia para computar el
realizados por la Universidad de situación de calamidad pública en término de caducidad el 30 de
Cartagena en los que se señalan el Distrito de Cartagena…”, y la diciembre de 2017, fecha para la
las afectaciones del inmueble, Resolución 1472 de 05 de marzo cual supuestamente se pone de
fueron socializados a los de 2018, “por medio de la cual se conocimiento a los propietarios
residentes del edificio Brisas de da cumplimiento a una decisión de los resultados del estudio de
Blas de Lezo el 4 de enero de judicial, se establece el valor de patologías presentado por la
2018; así mismo, en el hecho unos subsidios…” ;advierte la Universidad de Cartagena (ver
décimo sexto de la denuncia Sala que en el primero de estos folios 110-113 del expediente
presentada por el demandante no se menciona la edificación digitalizado).
ante la Fiscalía General de la Brisas de Blas de Lezo, tal y como
Del referido documento se
Nación Seccional Bolívar el 2 de lo afirma la recurrente; en todo
puede observar que es un
febrero de 2018, se indicó que caso como arriba se mencionó,
simple informe, es decir, no
dicha socialización se habría son múltiples los aspectos que
constituye un acto administrativo
realizado el 30 de diciembre de ameritan ser valorados; de tal
a través del cual el Distrito
2017.

Si bien no existe suerte que a la fecha, en el
tomara decisiones unilaterales
concordancia en las fechas proceso no se encuentran
sobre la evacuación del edificio
señaladas que eventualmente presentes los elementos con los
o se adoptaran medidas para
podría deberse a un error de que se pueda establecer de
dar frente a la situación
transcripción, lo cierto es que la manera inequívoca, el parámetro
presentada con la edificación;
forma en que fueron narrados temporal límite para acceder a la
informe que, si bien dentro el
ambos hechos da a entender que administración de justicia,
escrito de demanda se indica
el demandante si estuvo concluyendo la Sala que, por las
que este fue socializado, dentro
presente en la socialización. […] particularidades del asunto, en la
del plenario no obra una
[…]Aunado a lo anterior, con la etapa procesal en curso, no se
constancia de los propietarios
demanda se aportó copia del puede realizar pronunciamiento
que indique su conocimiento.
oficio de 3 de enero de 2018 en de fondo respecto de la caducidad
del medio de control. De otra parte, aun considerando
el que la directora administrativa
que ese oficio tiene la virtualidad
de control urbano de la Alcaldía Así las cosas, para la Sala resulta
de una decisión unilateral de la
de Cartagena les informó a los evidente el hecho de que no se
administración de carácter
residentes y propietarios del cuenta con los medios probatorios
particular, le asiste razón al
edificio Brisas de Blas de Lezo necesarios para determinar el
recurrente al señalar que, dentro
que la socialización del estudio punto de partida para computar la
del expediente no figura
realizado por la Universidad de caducidad en este asunto, de ahí
constancia de notificación de
Cartagena se realizaría el 4 de que no sea posible, al menos en
dicho documento, en el que
enero de 2018, por lo que bien este escenario procesal –etapa
además se observa que, la
podría tomarse esta última fecha de admisión de la demanda–,
entidad territorial se refiere a
como inicio de la caducidad, establecer la materialización o no
estos como medidas
máxime cuando, se itera, el de la caducidad, existiendo duda
preventivas o recomendaciones,
accionante no manifestó en la en cuanto al referente inicial para
las cuales no ostentan la calidad
demanda no haber presenciado contabilizar la caducidad. En este
de definitivos, máxime cuando
dicha socialización. caso, en aras de garantizar el
en los hechos de la demanda,
Tomando como punto de partida derecho de acceso a la
las demandantes señalan que
para el conteo de los dos años de administración de justicia, y un
se contrató a la Universidad
caducidad dicha socialización, si pronunciamiento en relación con
Nacional para que realizara
esta se hubiere realizado en el ejercicio oportuno de la acción,
estudios de vulnerabilidad
cualquiera de las dos ocasiones se revocará el auto por medio del
sísmica y diseño de
señaladas (30 de diciembre de cual el Juzgado Décimo Tercero
reforzamiento del edificio Brisas
2017 o 4 de enero de 2018) al Administrativo de Cartagena
de Blas de Lezo.
haber una diferencia de solo rechazó la demanda para que, en
su lugar, estudie los demás Ahora bien, de acuerdo a lo
cinco días entre una y otra, para
expuesto en los hechos de la
la fecha en que fue radicada la
demanda, conforme a lo

17

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

Medio de reparación directa Medio de reparación directa Medio de reparación directa
Nro. 13001-33-33-015-2020- Nro. 13001-33-33-013-2020- Nro. 13001-33-33-015-2020-
00112-01 00100-01 00096-01
demanda habría operado la requisitos de admisibilidad de la pretendido por las accionantes y
caducidad del medio de control . demanda. frente al aspecto de ocupación
[…] Lo anterior sin perjuicio del deber jurídica, el despacho considera
[…]Si en gracia de discusión el de examinar la caducidad del que, la caducidad podría iniciar
demandante no se hubiese medio de control en etapa su término en el momento que,
enterado de los resultados del posterior, una vez se cuente con el actor adquirió certeza sobre la
estudio patológico efectuado por los elementos para emitir decisión consolidación de la pretendida
la Universidad de Cartagena en en tal sentido» ocupación, que en el caso en
la aludida socialización, y concreto seria cuando Notariado
hubiese tenido conocimiento del y Registro tomó la decisión
daño solo hasta la orden de definitiva de bloquear el folio de
evacuación del edificio emitida matrícula inmobiliaria del bien
por el Distrito de Cartagena a inmueble adquirido por las
través del Decreto 00058 del 18 demandantes o cuando el
de enero de 2018, tenemos que Distrito de Cartagena mediante
los dos años de caducidad Acto Administrativo toma la
debían contarse desde el 19 de decisión de evacuación sobre el
enero de 2018, por lo que en inmueble, esto es, el edificio
principio vencían el 19 de enero Brisas de Blas de Lezo,
de 2020. No obstante, con documentales que no reposan
ocasión del trámite de dentro del plenario. Ahora bien,
conciliación prejudicial que inició con relación al hecho dañoso del
el 18 de diciembre de 2019 y desalojo, se requeriría la fecha
finalizó el 18 de marzo de 2020 exacta en que se ejecutó esa
con la expedición de la acción.
constancia de no conciliación, En ese orden de ideas, no es
sumado a la suspensión de posible iniciar el conteo de la
términos judiciales por la caducidad de la presente acción
pandemia de Covid-19 que se desde el 30 de diciembre de
extendió hasta el 30 de junio de 2017.
2020, el término de caducidad se […] En ese orden de ideas y
prolongó hasta el 30 de julio de teniendo en cuenta el material
2020, pero la demanda fue probatorio dentro del plenario,
radicada el 19 de agosto de para este despacho no resulta
2020, es decir, cuando había posible en esta primera etapa
operado la caducidad el medio del proceso determinar una
de control.[…] fecha exacta que acredite que
[…]al tratarse de un daño las señoras Zully Turizo Cano y
inmediato y conocido por parte Denis Cano de Turizo, tuvieran
del accionante, y, como quiera conocimiento del hecho dañoso
que el demandante no acudió en la fecha aludida por el a quo,
ante la jurisdicción dentro de los por lo que este despacho en
dos años siguientes al mismo, se esta etapa procesal no
concluye que en el presente caso encuentra probada la
operó la caducidad del medio de caducidad; sin embargo, esto no
control» exime para que el Juez de
primera instancia en cualquier
momento del proceso estudie de
fondo y en el caso que resulte
probada, esta pueda
declararse.[…]»

Auto de obedézcase y Auto de obedézcase y Auto de obedézcase y
cúmplase: cúmplase: cúmplase:
El 8 de agosto de 2024, el El 30 de noviembre de 2021, el El 20 de mayo de 2024, el
Juzgado Décimo Quinto Juzgado Décimo Tercero Juzgado Décimo Quinto
Administrativo de Cartagena Administrativo de Cartagena Administrativo de Cartagena
obedeció y cumplió lo dispuesto obedeció y cumplió lo dispuesto obedeció y cumplió lo dispuesto
por el Tribunal Administrativo por el Tribunal Administrativo por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, por lo que se de Bolívar y procedió a admitir de Bolívar y procedió a admitir
procedió a archivar el la demanda de reparación la demanda de reparación
expediente. directa. directa.

7.3. Dado lo anterior, se debe precisar que el mencionado defecto por
desconocimiento del precedente judicial no se puede estudiar frente al auto
del 16 de diciembre de 2020, mediante el cual el Juzgado Décimo Quinto
Administrativo del Circuito de Cartagena rechazó la demanda en el medio de
control Nro. 2020-00112-01, pues como lo mencionó el Juzgado en su
contestación, la providencia de rechazo fue dictada con anterioridad a los
autos del 27 de agosto de 2021 (proceso Nro. 13001-33-33-013-2020-00100-01),
y del 7 de febrero de 2024 (proceso Nro. 13001-33-33-015-2020-00096-01), luego
no era posible que hubiera dado aplicación a un precedente que para esa
fecha no se había dictado.

18

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

7.4. Ahora, en lo referente al posible desconocimiento del Tribunal Administrativo
de Bolívar al proferir el auto del 15 de diciembre de 2023 respecto de las dos
providencias relacionadas se debe realizar un estudio individual, pues si bien
los autos del 27 de agosto de 2021 (proceso Nro. 13001-33-33-013-2020-00100-
01), y del 7 de febrero de 2024 (proceso Nro. 13001-33-33-015-2020-00096-01)
revocaron las decisiones de rechazo de la demanda que habían dictado los
Juzgados, lo cierto es que sólo una de ellas es previa a la decisión del Tribunal
Administrativo de Bolívar en el medio de control Nro. 2020-00112-01, razón
por la cual únicamente se realizará el estudio frente a esta.

En principio al tratarse de funcionarios de igual categoría, no es dable exigirles
que acojan sin más las tesis o posturas de una sala diferente, pues podría
afectar su autonomía e independencia en la decisión razonable de los casos.

Es comprensible que entre jueces de la misma categoría y jerarquía confluyan
criterios diferentes frente a escenarios fácticos similares y esa autonomía de
decisión está amparada por el artículo 228 de la Constitución Política. Luego,
las Salas de Decisión de los Tribunales deben atender en aplicación del
principio de coherencia y del derecho a la igualdad a su propio precedente
judicial y en virtud de la jerarquía y facultad de unificación jurisprudencial las
providencias de los Tribunales de Cierre25.

Sin embargo, asunto diferente es cuando la Sala de decisión desconoce su
propio precedente, pues en ese escenario es posible exigir la coherencia en
las posturas para decidir los casos puestos en su consideración y su impacto
en el derecho a la igualdad.

A primera vista es posible advertir la similitud fáctica y jurídica entre los dos
casos, pues se trata de dos ciudadanos que presentaron demanda en ejercicio
del medio de control de reparación directa, contra las mismas autoridades,
como consecuencia de la omisión en el deber de inspección y vigilancia
urbanística en la construcción del Edificio Brisas de Blas de Lezo de
Cartagena, cada una de estas demandas fue rechazada en primera instancia
al considerarse que operó la caducidad del medio de control, y en cada uno
de estos casos se presentó recurso de apelación contra los mentados autos,
siendo conocidos por el Tribunal Administrativo de Bolívar, y siendo
coincidentes algunos de los integrantes de las Salas. Sin embargo, las
providencias que resolvieron los recursos de apelación contra los autos de
rechazo son distintas.

En la providencia del 27 de agosto de 2021, la postura de la Sala estaba
dirigida a revocar el rechazo de la demanda por no tener la claridad de los
elementos que permitieran establecer de manera inequívoca el parámetro
temporal para realizar el conteo de la caducidad (caso del Edificio Brisas de
Blas de Lezo), en parte porque en el Decreto Nro. 00058 de 18 de enero de
2018 no se mencionó esta edificación.

Sin embargo, en el caso del hoy accionante se hace incluso el cálculo de la
caducidad aduciendo la fecha del mencionado Decreto Nro. 00058.

25
En similar sentido, véase la sentencia de tutela del 30 de junio de 2022, proferida por esta Sección dentro del proceso
número 11001-03-15-000-2022-02130-00, donde fue accionante la señora Elida Elizabeth Sarasty Mayorga. M.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto.
“(…) frente a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad con ocasión del desconocimiento de unas sentencias en las
que el mismo tribunal accionado ha accedido a lo pretendido en casos con fundamentos fácticos similares al de la
accionante, basta indicar que se trata de fallos proferidos por la Subsección “B” de esa Corporación, autoridad judicial
que se encuentra en igualdad funcional con la Subsección “A”, por lo que sus decisiones no constituyen precedente
obligatorio para la autoridad judicial accionada.”

19

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07055-00
Demandante: David Eliécer Tinoco Bustos

8. Conclusión

En ese orden de ideas, la Sala amparará el derecho de acceso a la administración
de justicia del señor David Eliécer Tinoco Bustos.

En consecuencia, se ordenará al Tribunal Administrativo de Bolívar que, en el
término de diez (10) días contados desde la notificación de esta sentencia, proceda
a expedir una nueva providencia que resuelva el recurso de apelación que se
presentó contra el auto del 16 de diciembre de 2020, mediante el cual se le rechazó
la demanda de reparación directa en el expediente Nro. 13001-33-33-015-2020-
00112-01, teniendo en cuenta las consideraciones de esta providencia y
garantizando el derecho a la igualdad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia del
señor David Eliécer Tinoco Bustos, por las razones expuestas en la motivación
precedente.

2. En consecuencia, ordenar al Tribunal Administrativo de Bolívar, despacho del
magistrado ponente Edgar Alexi Vásquez Contreras, o quien haga sus veces,
y a la Sala correspondiente, que conforme lo establecido en el artículo 125 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
proceda a expedir una nueva providencia que resuelva el recurso de apelación
que se presentó contra el auto del 16 de diciembre de 2020, mediante el cual
se le rechazó la demanda de reparación directa en el expediente Nro. 13001-
33-33-015-2020-00112-01, en el término de diez (10) días contados desde la
notificación de esta sentencia, teniendo como parámetro las consideraciones
de esta providencia.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

20

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.