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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07060-00

Fecha
14 de febrero de 2025
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07060-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional promovida por Flor María Palacio de Mejía, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Jairo Iván Lizarazo Ávila identificado con C.C. 19.456.810 y portador de la Tarjeta Profesional 41.146 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte actora, en los términos y para los efectos del poder obrante en el índice 00011 del aplicativo Samai. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Notifíq ese y Cúmplase, NICOLÁS YEPES CORRALES Presidente de Sala Firmado electrónicamente WILLIAM BARRERA MUÑOZ Magistrado Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9 www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2024-07060-00 Accionante: Flor María Palacio de Mejía Firmado electrónicamente ADRIANA POLIDURA CASTILLO Magistrada Firmado Electrónicamente SFGS Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 10 www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2024-07060-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

14 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2024-07060-00
Accionante: Flor María Palacio de Mejía

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO||
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

Magistrada Ponente: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., catorce (14) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicado número: 11001-03-15-000-2024-07060-00
Accionante: Flor María Palacio de Mejía
Accionado: Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín y Tribunal
Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela

Tema: Tutela contra providencia judicial. Requisitos de procedibilidad. Inmediatez.
Subsidiariedad.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela incoada por Flor María Palacio
de Mejía en contra del Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES
1.1. Solicit d de t tela.

Flor María Palacio de Mejía, mediante apoderado judicial, presentó escrito en el que
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, al debido proceso
y a la igualdad, que consideró vulnerados por el Juzgado Quinto Administrativo Oral
de Medellín, con ocasión de la sentencia del 7 de junio de 2019 —que desestimó las
pretensiones de la demanda— y del auto de 6 de septiembre de 2024 —que liquidó
las costas del proceso y fijó agencias en derecho—, así como por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en virtud de la sentencia del 24 de abril de 2024, que
confirmó la decisión denegatoria de primera instancia e impuso condena en costas a
la demandante, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado núm. 05001-33-33-005-2016-00792-00/01.

1.2. Hechos probados del proceso ordinario.

1.2.1. La accionante promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho a la que le fue asignada el radicado núm. 05001-33-33-
005-2016-00792-00/01, en la que solicitó la nulidad de los actos que le reconocieron
la pensión de jubilación, con la pretensión de que fuese reliquidada con inclusión de
todo lo devengado en el último año de servicios.

1.2.2. El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín, profirió sentencia el 7 de
junio de 2019 que negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 proferida por el Consejo de Estado.
La actora interpuso recurso de apelación.

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Accionante: Flor María Palacio de Mejía

1.2.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia dictó sentencia el 24 de abril de 2024,
con la que confirmó la decisión e impuso condena en costas en segunda instancia. No
obstante, el magistrado ponente salvó su voto en relación con la imposición de costas.

1.2.4. La parte actora solicitó la modificación de la sentencia en cuanto a la condena
en costas, sin embargo, esta solicitud se despachó en forma desfavorable con auto
del 21 de mayo de 2024.

1.2.5. El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín dictó auto del 6 de septiembre
de 2024, con el que dispuso cumplir lo resuelto por el Tribunal en el sentido de liquidar
las costas y fijar las agencias en derecho en la suma equivalente a $1.300.000.

1.3. Pretensiones y arg mentos de t tela.

1.3.1. La parte actora solicitó se amparen sus derechos fundamentales y, en
consecuencia, se revoque “la condena en costas ordenada y las agencias en derecho
fijadas en la sentencia del 24 de abril de 2024 y el auto del 06 de septiembre de 2024
respectivamente”.

Como fundamentos de la acción de tutela, la accionante consideró que las
providencias cuestionadas incurrieron en los siguientes defectos:

1.3.2. Defecto Fáctico. Indicó que el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín,
de manera oficiosa fijó las agencias en derecho pese a que la sentencia dictada por
el Tribunal Administrativo de Antioquia, no impartió ninguna orden en tal sentido;
además, señaló que el Tribunal impuso condena en costas a la aquí accionante sin
contar con elementos probatorios suficientes, y en contravía de diferentes decisiones
del Consejo de Estado1, que, en asuntos con identidad fáctica y jurídica al de la señora
Palacio de Mejía, determinaron que no era procedente la condena en costas, y que,
en todo caso se requería analizar la conducta de las partes y su causación.

Agregó que la demanda fue promovida en el año 2016 cuando se encontraba vigente
la sentencia de unificación del 10 de agosto de 2010, y, por tanto, dado que la
sentencia del 28 de agosto de 2018, nació a la vida jurídica en fecha posterior a la
radicación de la demanda “debió respetarse que esa jurisprudencia no tenía
retrospectividad, y que el demandante reclamó previo a la emisión de ésta”.
1.3.3. Defecto material o s stantivo. Expuso que el artículo 188 de la Ley 1437 de
2011, faculta al juez para disponer sobre la condena en costas, y en consonancia con
la jurisprudencia del Consejo de Estado, debe abordar el análisis de diferentes
aspectos como la conducta de las partes y la efectiva causación en los términos del
artículo 365 del Código General del Proceso.

En su concepto, la condena en costas en la sentencia de segunda instancia abandonó
el criterio objetivo valorativo y adoptó uno meramente objetivo, dado que no se
comprobó que las costas estuviesen en efecto causadas.

1 Sentencia del 2 de mayo de 2019, No. Interno 1692-2018, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez; Sentencias del 28 de marzo de 2019, No. Interno
2817-2018 y 3575-2018 Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencias del 27 de abril de 2019, No. Interno 1731-2018 Consejero Ponente Cesar
Palomino Cortes, Consejo de Estado Sección Segunda, Sentencia 05001233300020120043902 (01782017), Abr. 12/18.

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1.3.4. Desconocimiento del precedente. Afirmó que las decisiones cuestionadas
desconocieron el precedente aplicable en materia de codena en costas, y que
corresponde a la sentencia del 20 de agosto de 2015 proferida por la Sección Segunda
del Consejo de Estado en el radicado 2219-2014 y, por tanto, “no se puede entender
que la regulación del pago de las costas en cualquier proceso judicial corresponde a
la regla según la cual, quien pierde un proceso debe pagar los gastos en que incurrió
la contra parte, pues como ya se indicó la doctrina entiende por costas procesales los
gastos que se deben sufragar en el proceso; la noción incluye las expensas y las
agencias en derecho, y las mismas deben estar causadas y comprobadas dentro del
proceso”.

Agregó que, en la sentencia T-283 de 2013, la Corte Constitucional abordó el estudio
del derecho a acudir ante los jueces en condiciones de igualdad. En ese orden, a juicio
de la accionante, la condena en costas se erige como un impedimento a la posibilidad
de obtener el restablecimiento de los derechos e intereses que se consideran
legítimos.

1.3.5. Defecto procedimental absol to. Afirmó que el Juzgado Quinto Administrativo
Oral de Medellín se apartó del contenido del artículo 188 de la Ley 14337 de 2011 y
aplicó los lineamientos del Código General del Proceso, para fijar las agencias en
derecho en una suma excesiva.

1.4. Trámite de t tela e intervenciones.

1.4.1. Por medio de auto del 13 de enero de 20252, el despacho del magistrado
sustanciador admitió la acción de tutela; vinculó como tercero con interés a la Unidad
de Gestión Pensional y Parafiscales, y requirió a la parte actora para que aportara
poder otorgado en legal forma a un profesional del derecho.

1.4.2. El J zgado Q into Administrativo Oral de Medellín3 remitió el enlace web del
proceso ordinario e indicó que, respetó todos los derechos procesales de la
accionante, y que los fundamentos de la solicitud de amparo no acreditaron la
vulneración de sus garantías.

Agregó que la interesada no hizo uso de los recursos ordinarios que tenía a su alcance
para cuestionar la liquidación de las costas, por lo que no cumplió con el requisito de
subsidiariedad.

1.4.3. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales4, solicitó se declare
improcedente la acción de tutela dado que la parte actora pretendió hacer uso del
mecanismo para sustituir la decisión proferida por el juez natural sobre el valor de las
agencias en derecho y la liquidación de las costas.

Agregó que, la accionante cuenta con otros medios de defensa para controvertir las
decisiones que ataca en vía constitucional, sin embargo, no los identificó en su escrito
de respuesta.

2
Índice 0004 del aplicativo SAMAI.
3
Índice 0008 del aplicativo SAMAI, certificado AA777190F6AC3FF0 A198203643F9CBAA
AA5E1E2B92A04AB9 DD4366D6FA8A2A03
4 Índice 0004 del aplicativo SAMAI.

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1.4.4. El Trib nal Administrativo de Antioq ia guardó silencio en esta oportunidad
procesal.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.

2.2. Legitimación.

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la ca sa por activa de Flor
María Palacio de Mejía pues actuó como demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 05001-33-33-005-
2016-00792-00/01, en el que se profirieron las decisiones judiciales que consideró
lesivas para sus garantías fundamentales.

Así mismo, advierte que, en atención al requerimiento efectuado en el auto admisorio
de fecha 13 de enero de 2025, la actora aportó poder conferido en legal forma al
abogado Jairo Iván Lizarazo Ávila, quien en su nombre y representación formuló la
solicitud de amparo. En consecuencia, se le reconocerá personería para actuar como
apoderado de la señora Palacio de Mejía, en los términos y para los efectos del
mandato conferido.

2.2. También está probada la legitimación en la ca sa por pasiva del Juzgado
Quinto Administrativo Oral de Medellín y del Tribunal Administrativo de Antioquia, pues
fueron las autoridades que profirieron las providencias que la accionante cuestiona en
sede judicial.

2.3. Inmediatez.

La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el principio de inmediatez bajo la
premisa de que su objeto, no es otro que la protección inmediata de los derechos
fundamentales.

Así las cosas, lejos de establecer un plazo de caducidad, la inmediatez se comporta
como una garantía de la seguridad jurídica y de los intereses de terceros, que implica
que la acción de tutela debe interponerse en un plazo razonable5, según

5
La sentencia SU-961de 1999 concretó el principio de inmediatez en términos de razonabilidad en el
siguiente sentido:
“Teniendo en cuenta este sentido de proporcionalidad entre medios y fines, la inexistencia de un término
de caducidad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo
razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que
debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hechos, entonces, el juez está
encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal
modo que no se vulneren derechos de terceros. || Si bien el término para interponer la acción de tutela
no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de
verificar cuándo [e]sta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor
de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que
desnaturalice la acción (…)”. || La seguridad jurídica es un elemento determinante para la realización
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las condiciones de tiempo, modo y lugar del caso concreto. Sin embargo, tratándose
de acciones de t tela contra providencias j diciales, la garantía de los principios
que dirigen la administración de justicia exige mayor rigurosidad6, al punto que la Corte
Constitucional ha definido la razonabilidad, prima facie, en un lapso de seis (6)
meses7.

El examen de los seis (6) meses puede flexibilizarse cuando hay circunstancias
fácticas que lo admitan. Al respecto, la Corte Constitucional ha identificado las
siguientes variables de análisis, las cuales habilitan determinar cuándo se está ante
una situación excepcional que permite no ceñirse de forma estricta al término en
mención:

“(…) que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono,
minoría de edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada
vulnere el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la
decisión; iii) exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción
y la vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se
demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que
el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la
tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus
derechos, continúa y es actual”8.

de la justicia, por lo que este requisito debe ser más exigente. Así, cuando el objeto de la tutela es una
providencia judicial precisó la sentencia T- 038 de 2017 “(…) si dicho requisito se abordara con laxitud,
la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de una controversia constitucional”.
6
Tal criterio fue sistematizado en la sentencia T-246 de 2015, en estos términos:
“la Corte ha considerado en los asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales,
que el análisis de inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar principios de seguridad
jurídica y cosa juzgada, pues la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la
incertidumbre indefinidamente . En otras palabras, ser laxo con la exigencia de inmediatez en estos
casos significaría que la firmeza de las decisiones judiciales estaría siempre a la espera de la
controversia constitucional que, en cualquier momento, sin límite de tiempo… En un escenario de esta
naturaleza nadie podría estar seguro sobre cuáles son sus derechos y cual el alcance de [e]stos, con lo
cual se produciría una violación del derecho de acceso a la administración de justicia – que incluye el
derecho a la firmeza y ejecución de las decisiones judiciales – y un clima de enorme inestabilidad
jurídica ”. || Sobre este punto, ver también las sentencias T-315 de 2005, T-541 de 2006, T-1009 de
2006, T-594 de 2008, T-410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras.
7
Sobre este lapso de seis meses, ha habido una continua comunicación concordante entre la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, quienes, como tribunales de cierre
en sus jurisdicciones lo han definido como razonable. Por ejemplo, en la sentencia del Tribunal
Constitucional T-246 de 2015, se alude a este criterio a partir de la sentencia proferida por la Sala Plena
de esta Corporación, del 5 de agosto de 2014, en la que, explícitamente, “(…) la Sala Plena, como regla
general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia,
según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente”. (Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01). Léase también en las sentencias T-
269 de 2018 y T-079 de 2018. || Lo anterior, en todo caso, debe tomarse de manera flexible a partir de
las condiciones del caso concreto, pues, como lo deja claramente dicho la Corte Constitucional en la ya
mencionada sentencia T-246 de 2015, confirmando las sentencias T-328 de 2010, T-860 de 2011, T-
217 de 2013 y T-505 del mismo año, “el requisito de la inmediatez deberá ser abordado desde la
discrecionalidad y autonomía judicial, con el fin de que cada juez evalúe si la solicitud fue presentada
dentro de un plazo razonable y proporcional, toda vez que, “(…) en algunos casos, seis (6)
meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente; pero, en otros eventos, un
término de 2 años se podría considerar razonable para ejercer la acción de tutela, ya que todo
dependerá de las particularidades del caso”.
8 Para efectos de este tipo de examen, pueden verse, por ejemplo, las siguientes sentencias proferidas por la Corte Constitucional:
T-1229 de 2000; T-684 de 2003; T-016 de 2006; T-1044 de 2007; T-1110 de 2005; T-158 de 2006; T-166 de 2010; T-367 de 2010;

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La jurisprudencia constitucional, ha establecido que el requisito de inmediatez se
supera cuando “(…) la demanda de tutela se hubiere presentado en un término
razonable y proporcionado a partir del hecho que generó la presunta vulneración”9.
Respecto a este punto, el Consejo de Estado ha sostenido sobre el término razonable
que define la inmediatez que es “(…) un plazo de seis meses, contados a partir de
la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la
acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente”10.

En este escenario, el examen de inmediatez en el trámite de tutela en contra de
providencias judiciales goza de cierta certidumbre para efectos de determinar el hecho
generador de la posible afectación iusfundamental.

Esta certeza se deriva de la misma seguridad jurídica que ofrecen las etapas y plazos
procesales. Como se expuso, la jurisprudencia constitucional es diáfana al determinar
que la eventual afectación que surge de una providencia ocurre cuando la parte tiene
conocimiento de esta, lo que resulta plenamente identificable desde el trámite en que
se perfecciona su notificación y ejecutoria.

2.4. S bsidiariedad.

Al respecto, resulta importante destacar que este requisito está definido expresamente
en el artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de la acción de
tutela, en los siguientes términos: “solo procederá cuando el afectado no disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el
artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 199111.

Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el
cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el
amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios
que el legislador tiene previstos para controvertir las decisiones judiciales, con el fin
de: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el
proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los
mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos
atiendan un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la
forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al
interior de un proceso judicial12.

T-246 de 2015, y T-038 de 2017.
9 Corte Constitucional SU-055 de 2018.Resaltado fuera del texto original.
10 Consejo de Estado, Sala Plena, radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ) del 5 de agosto de 2014.Resaltado fuera del
texto original.
11“Artículo 6. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo
las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”.
12 Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003.

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La Corte Constitucional13 ha sostenido que es deber de la parte accionante desplegar
todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la
defensa de sus derechos, pues de no ser así, se correría el riesgo de interferir en las
competencias de las distintas autoridades judiciales.

2.5. Caso concreto.

2.5.1. La parte actora pretende que se dejen sin efectos la sentencia del 7 de junio de
2019 dictada por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín, y el fallo del 24
de abril de 2024 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Asimismo,
reprochó el auto del 6 de septiembre de 2024, con el que el juzgado liquidó las costas
del proceso y fijó el valor de las agencias en derecho.

2.5.2. De la revisión del expediente ordinario identificado con el radicado núm. 05001-
33-33-005-2016-00792-00/01, se encuentra demostrado lo siguiente:

i. Mediante sentencia del 7 de junio de 2019, el Juzgado Quinto Administrativo Oral
de Medellín, negó las pretensiones elevadas por Flor María Palacio de Mejía,
encaminadas a la reliquidación de su derecho pensional, y se abstuvo de imponer
condena en costas.

ii. La actora interpuso recurso de apelación.

iii. El Tribunal Administrativo de Antioquia dictó sentencia del 24 de abril de 2024,
con la que confirmó la decisión del juzgado y condenó en costas de segunda
instancia a la demandante.

iv. La decisión se notificó vía correo electrónico el 30 de abril siguiente.

v. La señora Palacio de Mejía presentó solicitud de corrección y adición de la
sentencia, con el objeto de modificar la condena en costas.

vi. Con auto del 21 de mayo de 2024, notificado por estados del 23 de mayo
siguiente, el Tribunal negó lo peticionado.

vii. El Juzgado Quinto Administrativo Oral de Medellín dictó auto del 6 de septiembre
de 2024, a través del cual ordenó liquidar las costas y fijó las agencias en derecho
por valor de $1.300.000.

viii. Por último, con auto del 8 de noviembre de 2024, el Juzgado Quinto Administrativo
Oral de Medellín aprobó la liquidación de costas que fue establecida en la suma
de $1.300.000.

2.5.3. A partir de lo anterior, la Sala advierte que la solicitud de amparo no superó el
requisito de inmediatez —frente las sentencias del 7 de junio de 2019 y 24 de abril de
2024—, como tampoco el de subsidiariedad —en cuanto al auto del 6 de septiembre
de 2024—, tal como pasa a explicarse:

13 Sentencia C-590 de 2005.

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Accionante: Flor María Palacio de Mejía

2.5.4. En lo atinente a la inmediatez, es pertinente recordar que la accionante
cuestionó la sentencia del 7 de junio de 2019 que negó las pretensiones del proceso
ordinario, y el fallo del 24 de abril de 2024, que confirmó tal determinación e impuso
condena en costas en segunda instancia.

La decisión del 24 de abril de 2024, fue notificada a través de mensaje de datos
enviado el 30 de abril siguiente, sin embargo, la parte actora presentó petición de
corrección y adición. Esta fue negada con auto del 21 de mayo de 2024, notificado por
estados del 23 de mayo de esa anualidad.

Dado que la solicitud de adición debe presentarse dentro de la ejecutoria de la
providencia en los términos del artículo 287 del Código General del Proceso, la firmeza
de la decisión se interrumpe, y este orden, la Subsección se remite a la notificación del
auto que la negó, el cual fue notificado por estados el 23 de mayo de 2024.

Quiere decir lo anterior, que la decisión quedó en firme el 28 de mayo de 2024, y que
el término de seis (6) meses, entendido como razonable por la jurisprudencia para
promover la acción de tutela, venció el 28 de noviembre siguiente. Como la solicitud
de amparo fue radicada través de correo electrónico el 19 de diciembre de 202414,
resulta claro que en el presente asunto no se cumplió con el requisito de inmediatez.

En este punto es preciso indicar que, la parte accionante tampoco presentó
argumentos que correspondan a aquellas situaciones que la jurisprudencia
constitucional ha previsto para flexibilizar el requisito de inmediatez y que requieran la
intervención del juez para evitar un perjuicio irremediable, ni que excusen la inactividad
de la parte interesada para interponer la acción de manera oportuna, lo que impide el
estudio de fondo de los cuestionamientos que expuso en el escrito de tutela.

2.5.6. Por otro lado, la Sala analizó los cuestionamientos presentados en contra del
auto del 6 de septiembre de 2024, a través del cual el Juzgado Quinto Administrativo
Oral de Medellín fijó las agencias en derecho en la suma de $1.300.000, y advirtió que
se incumplió con el requisito de s bsidiariedad, conforme pasa a explicarse:

En efecto, las actuaciones adelantadas en el proceso ordinario dan cuenta que,
mediante providencia del 8 de noviembre de 2024, el juzgado aprobó la liquidación de
costas que fue establecida por la Secretaría en la suma de $1.300.000. En este punto,
conviene recordar que el artículo 366 numeral 5 del Código General del Proceso prevé
que “la liquidación de las expensas y el monto de las agencias en derecho solo
podrán controvertirse mediante los recursos de reposición y apelación contra el
auto que apruebe la liquidación de costas. La apelación se concederá en el efecto
diferido, pero si no existiere actuación pendiente, se concederá en el suspensivo”
(Resalta la Sala).

En ese orden, la Sala advierte que la parte actora contaba con otro mecanismo judicial
para la protección de sus derechos fundamentales, esto es, la interposición del recurso
de reposición y en subsidio de apelación en contra del auto que aprobó la liquidación
de costas conforme al art. 366.5 del C.G.P., en el que estaba inmerso el valor que se
fijó por concepto de agencias en derecho. Sin embargo, las piezas procesales

14 Índice 0001 del aplicativo Samai.

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Accionante: Flor María Palacio de Mejía

allegadas dan cuenta que esto no ocurrió, es decir, que la demandante no hizo uso de
los mismos en la oportunidad pertinente.

En virtud de lo expuesto, la Subsección estima que la acción de tutela resulta
improcedente debido al incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Aceptar lo
contrario implicaría reemplazar los mecanismos ordinarios establecidos por el
legislador para la protección de los derechos y suplir la omisión de la parte interesada,
quien no hizo uso de dichos mecanismos dentro del término correspondiente.
Adicionalmente, la parte actora no demostró la existencia de un perjuicio irremediable
que justifique la flexibilización de la regla de subsidiariedad.

3. Concl sión.

Para la Sala la solicitud de amparo constitucional es improcedente por no superar el
requisito de inmediatez frente a las sentencias del 7 de junio de 2019 y 24 de abril de
2024, como tampoco el requisito de s bsidiariedad en relación con el auto del 6 de
septiembre de 2024.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional
promovida por Flor María Palacio de Mejía, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: RECONOCER PERSONERÍA al abogado Jairo Iván Lizarazo Ávila
identificado con C.C. 19.456.810 y portador de la Tarjeta Profesional 41.146 del
Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte actora, en los términos
y para los efectos del poder obrante en el índice 00011 del aplicativo Samai.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíq ese y Cúmplase,

NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
Firmado electrónicamente

WILLIAM BARRERA MUÑOZ
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Accionante: Flor María Palacio de Mejía

Firmado electrónicamente

ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrada
Firmado Electrónicamente

SFGS

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