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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07062-00

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07062-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Reconócese personería al abogado Jairo Iván Lizarazo Ávila como apoderado judicial del accionante. SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela promovida por el señor Rodrigo Seguro. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2024-07062-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

13 de febrero de 2025

Demandante: Rodrigo Seguro
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07062-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07062-00
Demandante: RODRIGO SEGURO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la solicitud presentada por la parte actora, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución y de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

El señor Rodrigo Seguro, por conducto de apoderado judicial1, presentó acción
de tutela2 contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la seguridad social, a la vida digna,
al mínimo vital de las personas de la tercera edad, al debido proceso, a la
igualdad procesal, así como a los derechos adquiridos y expectativas legítimas,
junto con los principios de seguridad jurídica, favorabilidad laboral e
«inescindibilidad de la ley».

Lo anterior, con ocasión de las providencias dictadas el 26 de junio de 2024 y
28 de marzo de 2023 por las mencionadas autoridades judiciales,
respectivamente, en las cuales se negaron las súplicas de la demanda y se
confirmó tal decisión. Esto, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que el actor promovió contra la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en
adelante UGPP, el cual se identificó con el radicado 05001-23-33-000-2021-
00036-00/01.

1
Poder allegado el 6 de febrero de 2025 por el abogado Jairo Iván Lizarazo Ávila, en
cumplimiento de lo señalado en el auto admisorio de la presente acción de tutela.
2
Mediante escrito enviado el 19 de diciembre de 2024.

1
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Demandante: Rodrigo Seguro
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1.2. Pretensiones

En consecuencia, el actor solicitó:

1. AMPARAR los derechos A LA SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA Y MINIMO
VITAL DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, DERECHOS
ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS LEGITIMAS, PRINCIPIO DE SEGURIDAD
JURIDICA, FAVORABILIDAD LABORAL E INESCINDIBILIDAD DE LA LEY,
DEBIDO PROCESO, Y DERECHO A LA IGUALDAD PROCESAL, del señor
RODRIGO SEGURO.

2. ORDENAR al CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “B”, en amparo a los
derechos enunciados, revocar la sentencia proferida el 28 de marzo de 2023, y
en lugar acceder a las pretensiones de la demanda y en consecuencia ordene
reliquidar la pensión de asistida teniendo en cuenta el equivalente al 75% de los
factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la fecha de
retiro efectivo.

3. Las demás que este Honorable Despacho considere para proteger los
derechos aquí tutelados.3

1.3. Hechos

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

El actor hizo referencia a que nació el 20 de agosto de 1939 y prestó sus
servicios al Estado por más de 20 años en la Rama Jurisdiccional, teniendo
como último cargo el de secretario grado 09, el cual ocupó hasta el 16 de
enero de 1985. Sin embargo, tuvo que esperar hasta el 20 de agosto de 1994
para cumplir su estatus de pensionado «tiempo en el cual su mesada
pensional perdió valor adquisitivo».

Relató que el 13 de febrero de 1985, fecha en que entró en vigencia la Ley 33
de 1985, tenía más de 15 años de servicios, por lo que es beneficiario del
régimen de transición previsto en dicha norma. Así que, a su situación
particular le son aplicables todas las garantías establecidas en las
disposiciones anteriores para efectos de calcular su pensión.

Afirmó que la extinta Cajanal (hoy UGPP) reconoció y ordenó el pago de la
pensión de jubilación a su favor en cuantía de $322.073, efectiva a partir del 20
de agosto de 1994, teniendo en cuenta solo la asignación básica y no la
«prima de alimentación, la prima de vacaciones, la prima de navidad y la prima
de servicios», según lo previsto en las leyes 33 y 62 de 1985, 100 de 1993 y el
Decreto 2143 de 1995.

Indicó que el 28 de septiembre de 2018 solicitó a la UGPP la reliquidación de
su prestación pensional por falta de factores salariales e indexación de la
primera mesada pensional, conforme con el Decreto 546 de 1971. Sin
embargo, su petición fue resuelta desfavorablemente mediante la Resolución
RDP 002014 de 24 de enero de 2019, decisión confirmada en la Resolución

3
Trascripción literal del original con posibles errores.

2
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010979 de 2 de abril del mismo año.

Explicó que promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la UGPP para controvertir la legalidad de los anteriores actos,
asunto que fue conocido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Decisión que, en providencia de 28 de marzo de 2023, negó las
pretensiones de la demanda.

Precisó que dicha decisión tuvo respaldo en que al actor le es aplicable el
régimen especial establecido en el artículo 64 del Decreto 546 de 19715, dado
que laboró en el sector público por más de 20 años, de los cuales más de 10
fueron exclusivamente a la Rama Jurisdiccional.

No obstante, advirtió que en la Resolución 012108 de 1º de octubre de 1996 la
extinta Cajanal le reconoció la pensión al actor bajo el amparo de lo indicado
en la Ley 33 de 1985 (régimen especial de los empleados públicos), lo que en
nada modificaba los aspectos que debían tenerse en cuenta del régimen
especial.

Refirió que en contra de la anterior decisión interpuso recurso de apelación,
con respaldo en que sí era viable ordenar la reliquidación de su beneficio
pensional con inclusión de la totalidad de los factores salariales devengados
durante el último año de servicios en los términos de las leyes 33 y 62 de
1985, al igual que el Decreto 1045 de 1978.

Aludió que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B confirmó la
decisión del a quo en la sentencia de 26 de junio de 20246, toda vez que para
efectos de la liquidación de los factores salariales se debían tener en cuenta
aquellos enlistados en la norma vigente al momento de la adquisición del
estatus pensional, esto es, los enunciados en el artículo 1º del Decreto 1158
de 1994, respecto de los cuales el demandante solo cotizó sobre la asignación
básica.

1.4. Sustento de la vulneración

A juicio del accionante, las autoridades judiciales accionadas incurrieron en
defecto sustantivo, por cuanto se prescindió de lo previsto en la Ley 33 de
1985, cuyo régimen de transición era el que regía su situación pensional,
comoquiera que para la fecha en que entró en vigencia dicha norma tenía más
de 15 años de prestación del servicio.

Entonces, consideró que las judicaturas cuestionadas se limitaron a definir el

4
«ARTÍCULO 6. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho,
al llegar a los 55 años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 30 años de
servicio continuos o discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los
cuales 10 hayan sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas
actividades, a una pensión ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación
mensual más elevada que hubiere devengado en el último año de servicio en las actividades
citadas.»
5
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares».
6
Notificada el 9 de julio de 2024.

3
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Ingreso Base de Liquidación y los factores salariales aplicables a su pensión,
con fundamento en el artículo 1° la Ley 62 de 1985, pese a que tal prestación
se sujetaba a lo señalado en la Ley 33 de 1985, la Ley 6ª de 1945, los Decretos
3135 de 1968 y 1848 de 1969, así como el Decreto 1045 de 1978.

A su vez, invocó la configuración del defecto fáctico, por cuanto no se valoraron
las pruebas que acreditaban su derecho a la reliquidación de la pensión con
todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios.

Al respecto, señaló que no se tuvo en cuenta que para el 1º de abril de 1994
contaba con más de 20 años al servicio público, de modo que le es aplicable el
régimen de transición de la Ley 33 de 1985, así como tampoco los documentos
obrantes en el plenario que permitían inferir que cumplió con el presupuesto del
tiempo laborado para beneficiarse de la aludida norma y, por tanto, que tenía la
expectativa legítima de obtener su pensión bajo los lineamientos allí
establecidos.

El señor Rodrigo Seguro consideró que tampoco se evidenció que adquirió el
estatus pensional el 20 de agosto de 1994, sin embargo, para la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993 ya contaba con más de 20 años de servicio, por
lo que no trabajó en vigencia de la ley antes mencionada.

En ese sentido, el actor indicó que en las providencias controvertidas se omitió
analizar con rigurosidad su historia laboral, la resolución de reconocimiento de
la pensión y los antecedentes administrativos para efectos de definir la
procedibilidad de aplicar el régimen de transición previsto en el parágrafo 20
del artículo 1° de la Ley 33 de 1985.

Además, planteó el desconocimiento del precedente fijado por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en las sentencias de unificación de 11 de junio
de 20207 y de 28 de agosto de 20188, pues «NO pueden aplicarse al régimen
de transición contenido en la Ley 33 de 1985, dado que su aplicación
solamente hace referencia al régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993».

Expuso que el Consejo de Estado9 estableció múltiples providencias que las
pensiones de las personas beneficiarias del régimen de transición de la Ley 33
de 1985 se calculan con todos los factores salariales devengados durante el
último año de servicio, aunque sobre alguno de ellos no se realice una mención
taxativa en la norma.

7
M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, rad. 15001-23-33-000-2016- 00630-01.
8
M.P. César Palomino Cortés, rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01.
9
Al respecto, la parte actora indicó: la sentencia de 9 de julio de 2009 del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, M.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez, rad. 25000-23-25-000-
2004-04442-01. Sentencia de 5 de mayo de 2019, Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P.
Gabriel Valbuena Hernández, rad. 25000-23-42-000-2012-02011-01. Sentencia de 26 de marzo
de 2019, Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren,
exp. 2559-07. Sentencia de 31 de enero de 2019, Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, radicado: 41001-23-31-000-2012-001-01. Fallo de tutela de 12 de diciembre de
2019 proferido por la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, M.P. César
Palomino Cortés, radicado 11001-03-15-000-2019-04749-00.

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Finalmente, trajo a colación la sentencia de unificación del 4 de agosto de
2010, mediante la cual se interpretó cuáles son los emolumentos que
conforman el salario en este caso, en concreto, la asignación básica del
trabajador y la totalidad de primas devengadas en el último en que laboró.

1.5. Trámite, contestaciones e intervenciones

Mediante auto de 27 de enero de 2025, se admitió10 la solicitud de tutela y se
ordenó notificar esta decisión a la parte actora y como demandados a los
magistrados que integran el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera
de Decisión y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Además,
se vinculó a la UGPP en atención al interés que le asiste en las resultas del
presente trámite.

Por otro lado, se denegó la solicitud de reconocimiento del señor Jairo Iván
Lizarazo Ávila como agente oficioso del señor Rodrigo Segura. Sin embargo,
en aras de garantizar el acceso a la administración de justicia, se requirió al
abogado para que allegara el poder especial que lo faculta para promover la
presente acción, lo que efectivamente sucedió por medio del escrito recibido el
6 de febrero del año en curso.

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

El subdirector de Defensa Judicial Pensional (E) de la entidad argumentó que
la acción de tutela de la referencia es improcedente, debido a que el actor
acudió a este mecanismo constitucional por un tema netamente económico,
con el propósito que se profiera una nueva decisión que le reconozca una
prestación que ya fue estudiada tanto en vía administrativa como en vía
judicial.

Igualmente, aseguró que las autoridades cuestionadas no desconocieron las
normas aplicables al caso para negar la reliquidación pretendida por el
accionante, ni las aplicó indebidamente, sino por el contrario, lo resuelto se
sustentó en los preceptos legales relacionados con el asunto en discusión y la
jurisprudencia proferida por el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

1.5.2. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B

El magistrado ponente de la providencia controvertida rindió informe por medio
del cual consideró que la solicitud de amparo es improcedente por carecer de
relevancia constitucional, toda vez que el debate planteado contra el fallo
proferido por ese cuerpo colegiado se limitó a un claro desacuerdo con el
resultado del mismo, por lo que la tutela constituye en una instancia adicional a
las surtidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

10
La tutela se inadmitió para que el abogado del accionante allegara el poder especial que lo
faculta parra incoar la presente acción, mediante auto de 14 de enero de 2025.

5
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Expresó, en gracia de discusión, que en la providencia atacada se plasmaron
las razones legales y jurisprudenciales que justificaron la decisión proferida,
que en últimas consistieron en que la liquidación prestacional del señor Rodrigo
Seguro se ajustó a derecho y conforme a los lineamientos fijados en la
sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018 de esta Corporación. Esto,
por cuanto a la entrada en vigencia del régimen de transición le faltaban menos
de 10 años para adquirir el derecho pensional.

1.5.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión remitió
el expediente digital con radicado 05001-23-33-000-2021-00036-00/01, sin
presentar pronunciamiento alguno.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer de la
presente acción de tutela, según lo previsto en los Decretos 2591 de 1991 y
1069 de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, así como
en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala analizar si la solicitud de tutela cumple con los requisitos
generales de procedibilidad y, de superarse lo anterior, deberá verificar si el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B11 vulneró los derechos
fundamentales invocados por el actor, al presuntamente incurrir en los defectos
sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente planteados.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201212, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones
que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos

11
Cabe aclarar que la acción de tutela se dirigió contra las providencias dictadas por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión y el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B. No obstante, el estudio del caso se abordará conforme con los
planteamientos expuestos en la última de las decisiones objeto de reproche, por ser aquella
que puso fin al proceso que dio origen a la tutela.
12
M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

6
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constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta
el momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «…fijados hasta el
momento jurisprudencialmente…». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud
y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva

2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar
que la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado
que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un

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mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez
de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada.»

En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un
juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se
puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se
zanjaron por el juez natural.

Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En el presente caso, el actor controvierte la sentencia del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, mediante la cual se confirmó la decisión de
negar las súplicas de la demanda que promovió para controvertir la legalidad
de los actos por medio de los cuales no se accedió a la reliquidación de su
pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores salariales
devengados en el último año de servicios.

En sentir del señor Rodrigo Seguro, la providencia en cuestión adolece de los
defectos i) sustantivo, por cuanto se debió liquidar su mesada pensional al
tenor de lo previsto en la Ley 6ª de 1945, los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de
1969 y el Decreto 1045 de 1978, en aplicación de la transitoriedad de la Ley 33
de 1985, así como ii) fáctico, al no valorar las pruebas que acreditaban su
derecho a que le fueran aplicadas las reglas del régimen de transición
contemplado en la Ley 33 de 1985.

En concordancia con lo anterior, el accionante invocó el desconocimiento del
precedente, según el cual, cuando el pensionado es beneficiario del aludido
régimen de transición debe reliquidarse el beneficio pensional teniendo en
cuenta todos los factores salariales que percibió en el último año de servicios,
sin que fuera dable aplicar las sentencias de unificación de 11 de junio de
202013 y de 28 de agosto de 201814.

13
M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, rad. 15001-23-33-000-2016- 00630-01.
14
M.P. César Palomino Cortés, rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01.

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En criterio de la Sala, el accionante no cumplió con la carga ius fundamental
requerida para superar el requisito en estudio, toda vez que sus reproches
están dirigidos a que se modifique el raciocinio de la corporación enjuiciada
tras no estar de acuerdo con lo decidido, más allá de sugerir alguna discusión
que justifique razonablemente una afectación desproporcionada de sus
derechos fundamentales invocados, entre estos, el del debido proceso, cuyo
núcleo esencial se definió como el de:

(...) [H]acer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas, mediante
la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en
derecho. Sin embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a la
justicia no se traducen en la obtención de una respuesta favorable. En
efecto, la jurisprudencia constitucional ha explicado que esta garantía se traduce
en “la posibilidad de emplear todos los medios legítimos y adecuados para ser
oído y pretender una decisión favorable”.15

De entrada, esta Sección evidencia que lo pretendido por el actor al invocar la
posible configuración del yerro sustantivo es convertir este mecanismo en una
instancia adicional al proceso antes mencionado para reabrir el debate zanjado
por el juez natural, el cual versa sobre una cuestión de interpretación
meramente legal, pues gira en torno a las normas que, a su juicio, se debían
aplicar para efectos de establecer si tenía derecho a que se reliquidara su
pensión de la manera reclamada.

En lo concerniente al defecto fáctico al que se hizo alusión en el escrito de la
tutela, se advierte que no se cumplió con la carga argumentativa exigida para
abordar de fondo el presente asunto, toda vez que el accionante tan solo
referenció las pruebas que consideró no fueron valoradas, sin precisar cuál era
la incidencia que podían tener en la decisión en cuestión, dado que
desvirtuaban las consideraciones expuestas para resolver su caso.

Lo mismo sucede con el desconocimiento del precedente invocado, pues aun
cuando el actor identificó las providencias que, en su sentir, fueron
desatendidas en la sentencia analizada, lo cierto es que se limitó a hacer
alusión a los mismos supuestos fácticos y jurídicos respecto de los cuales el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B ya se pronunció, aunque
no fuera en el sentido que esperaba.

Además, los argumentos expuestos en la acción de tutela para respaldar la
presunta configuración del defecto fáctico y el desconocimiento del precedente
coinciden con aquellos que sustentaron el recurso de apelación interpuesto
contra la providencia dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Decisión, en particular, el consistente en que se omitió examinar
con rigurosidad el material probatorio para verificar la historia laboral y los
antecedentes administrativos del actor para efectos de definir la viabilidad de
aplicar el Decreto 546 de 197116.

15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. Destacado por la Sala.
16
«Por el cual se establece el régimen de seguridad y protección social de los funcionarios y
empleados de la Rama Jurisdiccional, del Ministerio Público y de sus familiares».

9
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Demandante: Rodrigo Seguro
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07062-00

A la vez, se planteó el cargo concerniente a que la postura fijada en la
sentencia de unificación del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2018 no
aplica para el caso del actor, dado que es beneficiario del régimen de transición
de la Ley 33 de 1985 pues contaba con más de 15 años de servicios, teniendo
un derecho un derecho adquirido y una expectativa legitima de pensionarse
bajo los parámetros de la aludida norma.

No obstante, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B cerró el
debate sugerido por el demandante, pues actuó como órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho17, en el cual el actor consideró que por ser
beneficiario del régimen de transición de la Ley 100 de 1993 tiene derecho a
que se reajuste su pensión de jubilación con la inclusión de todos los factores
percibidos en el último año servicio, según lo establecido en la Ley 33 de 1985
y el Decreto 1045 de 1978.

Situación distinta es que dicha autoridad judicial arribara a una conclusión
desfavorable a los intereses del señor Rodrigo Seguro, tras concluir que «la
liquidación prestacional del accionante se ajustó a derecho, y conforme a los
derroteros fijados en la sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 de
esta Corporación18. Ello; por cuanto, a la entrada en vigor del régimen de
transición al demandante le faltaban menos de 10 años para adquirir el
derecho pensional».

Igualmente, la autoridad enjuiciada evidenció que, si bien se le reconoció al
demandante la pensión de jubilación con fundamento en el régimen de
transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el
Decreto 2143 de 1995 y se invocó la aplicación de las leyes 33 y 62 de 1985, lo
cierto es que encontró demostrado que se cotizó únicamente sobre la
asignación básica, tras analizar los medios de prueba que reposaban en el
plenario.

17
Proceso que se identificó con el radicado 05001-23-33-000-2021-00036-01.
18
«La primera subregla se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores
públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de 1985 (edad,
tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos: “[…] Si faltare menos de diez
(10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso base de liquidación será (i) el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante
todo el tiempo, el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE. Si faltare más de diez
(10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la
pensión, actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor,
según certificación que expida el DANE. […]”. La segunda subregla es “que los factores
salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos
beneficiarios de la transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los
aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones”. Esta subregla se sustenta, así: “[…] 99. La
interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48 constitucional es aquella según la
cual, en el régimen general de pensiones, previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores
sobre los que se haya realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento salarial
en la liquidación de la mesada pensional. (…) 100. De conformidad con el Acto Legislativo 01
de 2005 por el cual se adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será
necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para la
liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada
persona hubiere efectuado las cotizaciones».

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Demandante: Rodrigo Seguro
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-07062-00

Bajo este contexto, la Sala advierte que más allá de la presunta transgresión
de los derechos fundamentales invocados, lo pretendido por el accionante es
revivir un debate que fue zanjado por la autoridad enjuiciada, aun cuando
expuso las razones del por qué el reconocimiento de la pensión del señor
Seguro bajo el régimen de transición se ajustó a derecho, razón por la cual no
procedía la reliquidación pensional teniendo como ingreso base de liquidación
la totalidad de los factores devengados en el último año de servicios.

Entonces, el debate propuesto por el accionante no podía centrarse en reiterar
los cuestionamientos que propuso justamente en el proceso, sino que era
necesario que expusiera argumentos que denotaran la existencia de una
afectación desproporcionada a un derecho fundamental producto de una
actuación arbitraria de la subsección accionada, máxime si se tiene en cuenta
que este mecanismo constitucional no puede ser considerado como una
instancia adicional al medio de control que promovió.

Es oportuno señalar que en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022
la Corte Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto ventilado
tiene relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo
trasciende la mera «inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales» y que dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada
indebidamente para debatir «asuntos de índole probatorio o de interpretación
de la ley que dieron origen a la controversia judicial».

En este orden de ideas, el tutelante no presentó argumentos que permitan
considerar, prima facie, que su caso amerita algún pronunciamiento adicional,
especialmente si se tiene en cuenta que el estudio del requisito de la relevancia
constitucional es más riguroso cuando se pretenden cuestionar sentencias
proferidas por una alta Corte.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela en atención a
que el actor no presentó algún cuestionamiento que tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución o determinar el alcance de un
derecho fundamental, que amerite la intervención del juez constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Reconócese personería al abogado Jairo Iván Lizarazo Ávila como
apoderado judicial del accionante.

SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de tutela promovida por el señor
Rodrigo Seguro.

TERCERO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

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Radicado: 11001-03-15-000-2024-07062-00

CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, remítase el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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