Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07066-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-07066-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07066-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-07066-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
14 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07066-00
Accionante: José Filadelfo Monroy Carrillo
Declara la improcedencia de la acción
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá, D. C., catorce (14) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07066-00
Accionante: José Filadelfo Monroy Carrillo
Accionado: Sección Segunda del Consejo de Estado – Subsección A
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Requisito de relevancia
constitucional / Se declara la improcedencia de la acción
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La sala resuelve la acción de tutela presentada por el señor José Filadelfo Monroy
Carrillo contra la sentencia del 27 de junio de 2024 proferida por la Subsección A de
la Sección Segunda del Consejo de Estado. Dicha sentencia se dictó en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 41001-23-33-
0002017-00097-00/01 promovido por el accionante contra la Procuraduría General
de la Nación.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07066-00
Accionante: José Filadelfo Monroy Carrillo
Declara la improcedencia de la acción
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 19 de diciembre de 2024 el señor José Filadelfo Monroy Carrillo presentó
acción de tutela contra la sentencia del 27 de junio de 2024 proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la que se confirmó
el fallo de primera instancia en la nulidad y restablecimiento del derecho que negó
su reintegro temporal como Procurador Judicial II Penal -o a un cargo similar- hasta
que cumpliera los requisitos para obtener su pensión de jubilación.
2.- En la acción de tutela se formularon las pretensiones:
<< 1. Solicito que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la reparación integral del señor Jose
Filadelfo Monroy Carrillo, los cuales fueron transgredidos por el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A, con ocasión de la expedición de la sentencia de
27 de junio de 2024, dentro del proceso con radicado número 41-001-23-33-000-
2017-00097-01 (0221-2021), al incurrir en defecto fáctico y desconocimiento del
precedente.
2. Como consecuencia de lo anterior, se ordene a la autoridad accionada a dictar
nueva decisión en la que realice una nueva valoración probatoria y aplique el
precedente contenido en la sentencia SU-446 de 2011 para la resolución del presente
caso, sin exceder las facultades que le son propias al juez de la segunda instancia.>>
B. Hechos
3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:
3.1.- El 8 de octubre de 2004 asumió el cargo de Procurador Judicial II Penal en la
ciudad de Ibagué y el 1º de diciembre de 2011 se posesionó como Procurador
Judicial II Penal 139 en la ciudad de Neiva. Inicialmente, dicho cargo era de libre
nombramiento y remoción, hasta que la Corte Constitucional en la sentencia C-101
de 2013 lo incorporó al régimen de carrera y ordenó su provisión mediante concurso.
Mediante el Decreto 3754 del 8 de agosto de 2016 la Procuraduría dispuso la
desvinculación del accionante para que en su lugar se nombrara al participante
seleccionado en carrera.
3.2.- El accionante demandó la nulidad del acto que terminó su vinculación laboral
2
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07066-00
Accionante: José Filadelfo Monroy Carrillo
Declara la improcedencia de la acción
y que dispuso el nombramiento del señor Jaime Augusto Marín Palma.
Adicionalmente, solicitó su reintegro temporal al cargo o a uno equivalente hasta
que cumpliera los requisitos para su pensión. Además, solicitó su inclusión en
nómina y el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir entre el 1º de
septiembre de 2016 y la fecha de su posesión.
3.3.- En sentencia del 17 de julio de 2020 el Tribunal Administrativo del Huila negó
la demanda. Concluyó que la Procuraduría actuó en cumplimiento de un mandato
legal. Destacó que, tras convocarse 302 empleos y conformarse una lista de
elegibles integrada por 422 personas, el derecho del accionante en su calidad de
prepensionado debía ceder ante el ganador del concurso de méritos.
3.4.- El accionante apeló la sentencia en consideración a que el tribunal desconoció
la SU-446 de 2011 de la Corte Constitucional. Argumentó que, como
prepensionado, debía ser de los últimos en ser desvinculado de la Procuraduría
hasta que cumpliera con los requisitos para acceder a su pensión. Aclaró que su
situación no era asimilable a la figura del retén social y cuestionó que la entidad no
aplicara la estrategia de maniobrabilidad para reubicarlo en un cargo de igual o
superior jerarquía.
3.5.- Mediante sentencia del 27 de junio de 2024, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado confirmó la decisión tras determinar que el
accionante no reunía los requisitos para ser considerado prepensionado, con
fundamento en que:
a.- El derecho a la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual con
solidaridad requiere de un capital suficiente para recibir una mesada superior al
110% del salario mínimo. No se exige el requisito de edad ni de semanas de
cotización como acontece en el sistema de prima media con prestación definida.
b.- El demandante pertenece al régimen de ahorro individual con solidaridad y posee
dos bonos pensionales. Según reporte de Colfondos del 1º de noviembre de 2016,
desde el mes de junio de 1975 el demandante cotizaba con ingresos entre 1,86 y
4,49 salarios mínimos (con ponderación en 4,29) y tenía a la fecha del reporte un
total de 1.147,11 semanas cotizadas. Aunque no consta el capital en su cuenta
individual al momento del retiro, el tiempo y los porcentajes de cotización permiten
inferir que superó el 110% del salario mínimo.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07066-00
Accionante: José Filadelfo Monroy Carrillo
Declara la improcedencia de la acción
c.- Por tanto, el demandante no ostenta la calidad de prepensionado, ya que, según
la sentencia SU - 003 de 2018 de la Corte Constitucional, no son beneficiarios de la
estabilidad laboral reforzada quienes cuenten con el capital necesario para acceder
a la pensión y solo requieran el cumplimiento del requisito de la edad.
d.- Adicionalmente, en el concurso de la Procuraduría se ofertaron 744 cargos, 317
para procuradores judiciales I y 427 para procuradores judiciales II. La lista de
elegibles para el primero incluyó 366 personas, lo que limitaba la posibilidad de
mantener en el cargo a las personas que estaban en provisionalidad y tenían una
condición especial de protección.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante alega que la sentencia cuestionada incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo y procedimental, pues carece de sustento probatorio y excede las
competencias del juez de segunda instancia.
4.1.- La autoridad accionada incurrió en un defecto fáctico al inferir de manera
subjetiva que el accionante no era prepensionado. Aunque el capital disponible no
estaba acreditado en el proceso, el juez pudo solicitar de oficio esta prueba y así
verificar que los dos bonos pensionales no habían sido incorporados al fondo de
ahorro individual.
4.2.- El defecto sustantivo se configuró porque se inaplicó el precedente de la
sentencia SU-446 de 2011 de la Corte Constitucional. La Procuraduría, con una
planta global de personal, podía reubicar al accionante en un cargo de iguales o
mejores condiciones para que se protegiera su estabilidad laboral reforzada como
prepensionado.
4.3.- Además, alega que la autoridad excedió las facultades que le correspondían
como juez de segunda instancia, conforme a lo previsto en el artículo 328 del Código
General del Proceso (CGP).
D. Oposiciones e intervenciones
4
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07066-00
Accionante: José Filadelfo Monroy Carrillo
Declara la improcedencia de la acción
5.- La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado (accionado)
guardó silencio pese a su debida notificación.
6.- La Procuraduría General de la Nación (tercera con interés) solicita que se declare
la improcedencia de la acción por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad.
Considera que la tutela no procede cuando ha vencido el plazo para la casación, sin
que pueda invocarse una violación directa de la Constitución.
II. CONSIDERACIONES
7.- La sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia
de la acción de tutela por falta de relevancia constitucional. Lo anterior, acogiendo
la posición mayoritaria de la sala en la medida en que la acción de tutela reitera los
mismos argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso
ordinario1.
E. Sin perjuicio de la falta de relevancia constitucional, se constata que los
cargos formulados en el escrito de tutela no tienen vocación de prosperidad
8.- El accionante alega que la sentencia cuestionada incurrió en los defectos fáctico,
sustantivo y procedimental al adoptar una decisión sin el debido sustento probatorio
y excediendo las facultades que le corresponden como juez de segunda instancia.
9.- Respecto al defecto fáctico, la sala advierte que si bien el juez de lo contencioso
administrativo puede decretar pruebas de oficio, según el artículo 213 del CPACA
no está obligado a suplir la carga probatoria de las partes.
9.1.- El Consejo de Estado ha precisado que es <<al interesado a quien le
corresponde acreditar el supuesto de hecho que persigue, sin que ello resulte
vulneratorio de sus derechos y garantías; el decreto de pruebas oficioso por parte
de un juez tiene como propósito aclarar puntos oscuros de las controversias, no
1 El magistrado ponente considera que la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de relevancia
constitucional porque el accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la reparación integral. Además, sustentó que la sentencia impugnada
incurría en los defectos fáctico, sustantivo y procedimental. Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la
sala, según la cual, cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos dentro del proceso ordinario, no se
cumple con este requisito.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07066-00
Accionante: José Filadelfo Monroy Carrillo
Declara la improcedencia de la acción
suplir la carga probatoria de las partes>>2. Igualmente, en reciente sentencia de
tutela señaló que <<la carga probatoria a cargo de la parte demandante no puede
trasladarse al juez para que en uso de sus facultades oficiosas subsane las
omisiones de la demanda>>3.
9.2.- Según el numeral 5º del artículo 162 del CPACA, la demanda debe contener
la petición de las pruebas que el demandante pretenda hacer valer, además de
aportar las documentales que estén en su poder. No obstante, el accionante no
presentó ni solicitó con su demanda los documentos que acreditaban el capital
acumulado en su cuenta de ahorro individual al momento de su desvinculación de
la Procuraduría.
9.3.- Por lo tanto, incumplió su carga probatoria y no podía pretender que la
autoridad judicial supliera su inactividad para que se acreditara su condición de
prepensionado y el correspondiente derecho a la estabilidad laboral reforzada que
alegó en la demanda ordinaria.
10.- El accionante sostiene que la autoridad judicial accionada no debía
pronunciarse sobre su prepensión, pues no fue un argumento de la apelación. Sin
embargo, en su recurso alegó su calidad de prepensionado y el correspondiente
derecho a permanecer vinculado en la Procuraduría. En consecuencia, el fallador
de segunda instancia debía verificar dicha condición para que posteriormente se
determinara la obligación de la entidad de mantenerlo en su cargo o en uno de la
misma o de superior jerarquía.
11.- Por otra parte, no se configura la violación del precedente, pues en la sentencia
SU-446 de 20114 la Corte Constitucional se refiere a la protección de los empleados
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de marzo de 2021, expediente 53853.
C.P. Alberto Montaña Plata.
3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Subsección A, sentencia del 6 de mayo de 2021, expediente 11001-03-
15-000-2020-04690-01(AC) C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
4 Corte Constitucional, sentencia SU-446/11, expedientes T-2.643.464 (Acumulados). M.P. Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub. La Corte consideró: “Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación, pese a la discrecionalidad de la
que gozaba, sí tenía la obligación de dar un trato preferencial, como una medida de acción afirmativa a: i) las
madres y padres cabeza de familia; ii) las personas que estaban próximas a pensionarse, entiéndase a quienes
para el 24 de noviembre de 2008 -fecha en que se expidió el Acuerdo 007 de 2008- les faltaren tres años o
menos para cumplir los requisitos para obtener la respectiva pensión; y iii) las personas en situación de
discapacidad”.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07066-00
Accionante: José Filadelfo Monroy Carrillo
Declara la improcedencia de la acción
en provisionalidad afectados por el concurso de méritos para proveer los cargos de
carrera en la Fiscalía General de la Nación, situación jurídica que difiere a la del
accionante. No obstante, la Corte5 ha referido que la estabilidad laboral de los
prepensionados también se aplica a los afiliados al régimen de ahorro individual,
siempre que estén a tres años o menos de alcanzar el capital o de las semanas que
le permitan ser beneficiario.
12.- En este caso, como bien lo señaló el tribunal accionado, el accionante no tenía
la condición prepensionado, pues según lo probado en el proceso, al momento de
su desvinculación ya reunía el capital mínimo para acceder a su pensión de
jubilación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLÁRASE la improcedencia de la acción de tutela presentada por el
señor José Filadelfo Monroy Carrillo, por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional.
SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
5 Corte Constitucional, sentencia T-055/20, radicados T-7.068.958 y T-7.077.228 (Acumulados) M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez. La Corte consideró: “4.7. Ahora bien, como ya se manifestó, la Corte ha contemplado
la posibilidad de que quien cotice al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad pueda ser considerado un
prepensionado. Pero dado que los requisitos para acceder a la prestación de vejez en ese sistema son
sustancialmente distintos, la valoración que haga el juez constitucional respecto a la aplicación de la estabilidad
laboral reforzada para ese tipo de afiliados debe tener en cuenta ese presupuesto. De manera que podrá gozar
de la calidad referida quien se encuentre a tres años o menos de alcanzar el monto mínimo previsto para
acreditar el derecho o, acudiendo a la analogía con lo dispuesto para los afiliados al Régimen de Prima Media,
quien esté a tres años o menos de completar las semanas que le permitan ser beneficiario”.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07066-00
Accionante: José Filadelfo Monroy Carrillo
Declara la improcedencia de la acción
CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con aclaración de voto
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
8
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.