Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07069-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2024-07069-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2024-07069-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
12 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07069-00
Demandante: Domingo Alexander Mesa Mora
Demandado: Presidencia de la República y otros
Temas: Tutela para cuestionar la convocatoria a diferentes marchas por
parte del primer mandatario, la no aprobación de su seminario
en la Universidad de Antioquia y el reconocimiento como “Doctor
honoris causa en derecho”
Decisión: Declarar improcedente la solicitud de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Domingo Alexander Mesa Mora, en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
Domingo Alexander Mesa Mora promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales a la paz, dignidad humana, trabajo,
igualdad, libertad de expresión, educación y cultura, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la convocatoria a diferentes marchas efectuada por el
primer mandatario, así como por la no aprobación de su seminario de «Pensamiento
Crítico en Derecho» para dictarse en la facultad de derecho de la Universidad de
Antioquia, entre otras, ni su reconocimiento como «Doctor Honoris Causa en Derecho,
en Ciencias Políticas, en Ciencias Humanas o en Ciencias Sociales». (sic)
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
i) El presidente de la República, a través de la red social «X», ha convocado a sus
simpatizantes en reiteradas ocasiones a manifestaciones y movilizaciones en las
calles.
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2024-07069-00
Demandante: Domingo Alexander Mesa Mora
ii) Es profesor de derecho y ciencias políticas de la Universidad de Antioquia, y para
lograr su título de abogado presentó como requisito de grado una tesis, la que cual
fue objetada por uno de los jurados, no obstante, hizo caso omiso de ello en atención
a que los miembros restantes dieron concepto favorable y por ello fue aprobado.
iii) El mismo docente que hiciera observaciones a su trabajo de grado, en retaliación
y con posterioridad, se opuso a la aprobación de la propuesta que presentó a la
institución universitaria como docente, en el área básica del programa de derecho,
la cual consistía en un curso optativo titulado “Corrientes críticas del derecho”,
siendo rechazada por el consejo de la facultad por extemporaneidad, el 22 de
diciembre de 2001.
iv) En la práctica se ha otorgado el título de «doctor honoris causa en derecho» a
«lideres de regímenes autocráticos», lo cual convierte la educación en un negocio,
razón por la cual aduce que otorgarle el mencionado título apoyaría los valores y
principios de una sociedad abierta libre y pluralista, de manera que la Universidad
de Antioquia debería proceder de tal manera.
v) Con las actuaciones descritas se vulneraron sus derechos fundamentales, en
tanto el presidente de la República desconoce la Constitución Política, y la omisión
de la Universidad de Antioquia en aprobar el programa educativo propuesto y su
reconocimiento como “doctor honoris causa” le impide el desarrollo de sus
aspiraciones personales y profesionales como docente.
1.1.2. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] 1. Que se le ordene al señor presidente de la república, Gustavo Francisco
Petro Urrego, no volver a convocar marchas ni manifestaciones en su favor, por parte de
sus copartidarios o simpatizantes.
2. Que se exhorte a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
Antioquia, para que evalúen el eventual ofrecimiento de un curso optativo, un seminario,
un diplomado o algún espacio académico, sobre Historia Constitucional, a cargo del
doctor Ricardo León Zuluaga Gil.
3. Que se exhorte a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
Antioquia, para que evalúen el eventual ofrecimiento de un curso optativo, un seminario,
un diplomado o algún espacio académico, sobre Justicia, a cargo del profesor Marco
Antonio Vélez.
4. Que se exhorte a los profesores Hernán Alejandro Olano García, Jaime Rafael Nieto
López, Marco Antonio Vélez, Edwin Osorio Rodríguez y a al señor Jaime Bayly Letts, en
el sentido de que evalúen su eventual recomendación para que me sea concedida la
distinción de Doctor Honoris Causa en Derecho, en Ciencias Políticas, en Ciencias
Humanas o en Ciencias Sociales, por parte de alguna institución universitaria de su
resorte.
5. Que se exhorte a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de
Antioquia, para que evalúen el eventual ofrecimiento de un curso optativo, un seminario,
un diplomado o algún espacio académico sobre Pensamiento Crítico en Derecho,
ofrecido por mi persona.
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Demandante: Domingo Alexander Mesa Mora
3. Que se exhorte a la Asociación Colombiana de Universidades para que evalúen la
posibilidad de recomendar a sus diferentes universidades asociadas, el otorgamiento a
mi persona, de la distinción de Doctor Honoris Causa en Derecho, Ciencias Políticas,
Humanas o Sociales.
4. Que se exhorte a la International Association of Universities, para que evalúe la
posibilidad de recomendar a sus diferentes universidades asociadas, el otorgamiento a
mi persona, de la distinción de Doctor Honoris Causa en Derecho, Ciencias Políticas,
Humanas o Sociales. […]». (sic).
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. La Asociación Colombiana de Universidades2 solicitó su desvinculación
del asunto debido a su naturaleza jurídica de carácter privado, razón por la cual
carece de legitimación en la causa por pasiva en relación con los hechos
presentados; además de que tampoco es responsable de la violación de los
derechos fundamentales invocados.
Informó que no tiene injerencia respecto a la convocatoria a diferentes marchas
efectuada por el presidente de la República, ni en la decisión de qué se dicta o no
en la facultad de derecho de la Universidad de Antioquia, quien goza de la garantía
del derecho a la autonomía universitaria.
En relación con el reconocimiento del demandante como “doctor honoris causa”,
afirmó que no tiene facultad alguna para recomendarlo, en la medida en que las
instituciones de educación superior conceden tales títulos honoríficos, en el contexto
de la Ley 30 de 1992, esto es, en el marco de su actividad educativa como expresión
de su autonomía administrativa, y no como reconocimiento de la culminación de un
programa académico.
1.2.2. La Universidad de Antioquia3 solicitó negar el amparo invocado por
ausencia de vulneración de derechos fundamentales, además manifestó que carece
de legitimación en la causa por pasiva respecto de las pretensiones relacionadas
con las acciones y comunicados del presidente de la República.
Después de hacer un recuento de las circunstancias relacionadas con la inclusión y
aprobación de un curso en la malla curricular, señaló que se trata de un asunto de
interés personal y reiterativo del demandante que ha generado actuaciones
administrativas a nivel disciplinario, y ahora judiciales, sin fundamento suficiente,
pues, en virtud de la autonomía universitaria que reconoce el artículo 69 de la
Constitución Política, el ente universitario no tiene la obligación de adoptar el curso
propuesto.
1.2.3. La Presidencia de la República4 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva, en tanto no existe vulneración de derechos
2 Archivo obrante en el índice 8 del Samai.
3 Archivo obrante en el índice 9 del Samai.
4 Archivo obrante en el índice 10 del Samai.
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Demandante: Domingo Alexander Mesa Mora
fundamentales por lo que, en consecuencia, deben negarse las pretensiones de la
demanda.
Afirmó que no está facultada para realizar todas las actuaciones solicitadas en el
escrito de tutela, de acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 2647 de 2022 5.
Señaló que no se cumple con requisito de inmediatez, en la medida en que esta
solicitud de tutela se presentó casi un año después de que el presidente de la
República publicara en su cuenta de la red social «X» los mensajes a los que se
refiere el demandante, es decir, en los meses de febrero y mayo de 2024, frente a
lo cual no se expuso circunstancia alguna que justifique la presentación tardía de
este mecanismo constitucional.
Indicó que tampoco se cumple con el requisito de subsidiariedad, en tanto el juez
de tutela no es competente para juzgar las acciones u omisiones en las que puede
incurrir el presidente de la República al ejercer su cargo, cuyas opiniones las emite
en uso de la libertad de expresión sin contrariar la Constitución Política, ya que son
ajenas al ejercicio de la función pública, además, de que la convocatoria a participar
en las referidas manifestaciones no infringió el derecho fundamental a la paz.
1.2.4. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron
silencio.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que
obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) legitimación en la causa por pasiva;
iii) procedencia de la tutela; iv) determinación del problema jurídico; v) del marco
jurisprudencial aplicable; y vi) análisis de la Sala.
2.1. Competencia.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y 37
del Decreto 2591 de 1991, en concordancia, con el artículo 1 del Decreto 333 del 6
de abril de 2021, esta Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo
contra la Presidencia de la República y otros.
2.2. Legitimación en la causa por pasiva
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a
reclamar ante los jueces, por sí misma o por quién actúe en su nombre, la protección
de sus derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que estos resulten
5 Porel cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la
República
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Demandante: Domingo Alexander Mesa Mora
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública
o de los particulares, tal como lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó
o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de
órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación,
la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo.
De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra
el superior.
Sobre la legitimación en la causa por pasiva en los trámites de solicitudes de tutela,
la Corte Constitucional ha considerado lo siguiente6:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental7. En la medida que refleja la
calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial que se
discute en el proceso”8, la misma, en principio, no se predica del funcionario que
comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente será
la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de que haya
lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios, por
los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez constitucional “debe
dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o
dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución, fuera de las simples
condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental.”9
Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente formales (oficiosidad) y a
interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la protección del derecho
fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien es demandado. […]».
Ahora bien, la Universidad de Antioquia y el Departamento Administrativo de la
Presidencia solicitaron que se declarara la falta de legitimación en la causa por
pasiva, toda vez que, no vulneraron derecho fundamental alguno de la parte
demandante y tampoco hay una relación directa entre lo pretendido y las acciones
que esas entidades puedan desplegar para su cumplimiento.
Así pues, revisado el expediente, se advierte que, si bien las pretensiones
expuestas resultan excluyentes entre sí y mencionadas entidades no ejercen
acciones directas frente a aquellas, cada una, en virtud de sus funciones, tienen
competencias que resultan eventualmente pertinentes de cara a una orden de
amparo, razón por la cual no declarará la falta de legitimación en la causa por pasiva
de aquellas dentro del presente litigio.
En igual sentido peticionó la Asociación Colombiana de Universidades, respecto de
quien se advierte que, de acuerdo con su escrito de defensa y las precisas
6 Corte Constitucional. Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
8 Corte Constitucional. Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
9 Corte Constitucional. Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Demandante: Domingo Alexander Mesa Mora
pretensiones de amparo propuestas, no se observa que sus funciones y
competencia puedan tener alguna injerencia en el asunto, precisamente, en
ejercicio del derecho a la autonomía universitaria del que goza la Universidad de
Antioquia; por lo que se accederá a su solicitud.
2.3. Problema jurídico
La Sala deberá definir: ¿si la solicitud de tutela es procedente para cuestionar las
manifestaciones del presidente de la República, y exhortar a la Universidad de
Antioquia para que incluya en su malla curricular de la facultad de derecho un curso
en específico y le otorgue al demandante el título de “doctor honoris causa”?
2.4. De la subsidiariedad de la solicitud de tutela.
El artículo 86 constitucional señala que «[e]sta acción solo procederá cuando el afectado
no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del Decreto
2591 de 1991 dispone como causal de improcedencia de la solicitud de amparo,
entre otras:
«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]»
Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido
la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia10, es decir, no es un mecanismo
de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un
último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho,
pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos
fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de una protección efectiva e
inmediata frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.
2.5. Del marco normativo y jurisprudencial aplicable
2.5.1. Del derecho fundamental de reunión y protesta pacífica
El artículo 37 de la Constitución Política establece que «toda parte del pueblo puede
reunirse y manifestarse pública y pacíficamente», privilegio que se constituye en uno de
los preceptos que caracteriza un Estado como social y democrático de derecho,
pues a través de su ejercicio se salvaguardan algunos de sus elementos esenciales,
10 Corte Constitucional.
Ver, entre muchas otras, las sentencias T-1140 de 2004, T-1093 de 2004,
T-514 de 2003 y T-1121 de 2003.
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Demandante: Domingo Alexander Mesa Mora
como la democracia participativa11, el pluralismo12 y las libertades de expresión13 y
de asociación14, entre otros, dado que posibilita que diferentes sectores de la
sociedad expresen sus inconformidades sobre situaciones que estimen contrarias
al marco constitucional15.
Ahora bien, en el ordenamiento jurídico internacional se consagran varias normas
orientadas a proteger la mencionada garantía superior, dentro de las que se
destacan los artículos 2016 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
2117 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos18 y 1519 de la
Convención Americana de Derechos Humanos20, preceptos que resultan de
obligatoria observancia, en atención al artículo 9321 de la Constitución Política.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del derecho de reunión y
protesta pacífica ha precisado que «puede manifestarse en una unión esporádica o
11 Corte Constitucional, sentencia C-336 de 1994: M. P. Carlos Gaviria Díaz: «[…] el principio
constitucional de la democracia participativa tiene operancia no sólo en el campo de lo estrictamente
político (electoral), sino también en lo económico, administrativo, cultural, social, educativo, sindical
o gremial del país, y en algunos aspectos de la vida privada de las personas; y su objetivo primordial
es el de posibilitar y estimular la intervención de los ciudadanos en actividades relacionadas con la
gestión pública y en todos aquellos procesos decisorios incidentes en la vida y en la orientación del
Estado y de la sociedad civil».
12 Corte Constitucional, sentencia T-388 de 2009, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto: «Uno de los
rasgos distintivos del Estado es, por tanto, su apertura al pluralismo. Tal apertura se conecta al
menos con tres dimensiones: ser el reflejo de una sociedad que (i) admite y promueve de manera
expresa el hecho de la diversidad […]; (ii) aprecia de modo positivo las distintas aspiraciones y
valoraciones existentes hasta el punto de proteger de modo especial la libertad religiosa, de
conciencia y pensamiento así como la libertad de expresión y (iii) establece los cauces jurídicos,
políticos y sociales que servirán para dirimir los posibles conflictos que se presenten en virtud de la
diferencias vigentes en un momento determinado».
13 Artículo 20 de la Constitución Política: «Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y
difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de
fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en
condiciones de equidad. No habrá censura».
14 Artículo 38 ibidem: «Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas
actividades que las personas realizan en sociedad».
15 Corte Constitucional, sentencia C-9 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado: «[...] la reunión y
la manifestación pacífica en espacios públicos y específicamente la protesta en el régimen
constitucional, constituyen un mecanismo útil para la democracia y para lograr el cumplimiento cabal
del pacto social, pues es a través de estos medios de participación que muchas veces se expresan
las inconformidades ciudadanas de grupos sociales que no han sido escuchados
institucionalmente».
16 «Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas».
17 «Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a
las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés
de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la
moral públicas o los derechos y libertades de los demás».
18 Ratificado en Colombia a través de la Ley 74 de 1968.
19 «Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede
estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad
democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para
proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás».
20 Ratificado en el país por conducto de la Ley 16 de 1972.
21 «Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos
humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción, prevalecen en el orden interno.
Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los tratados
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia […]».
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Demandante: Domingo Alexander Mesa Mora
congregación para perseguir los más diversos fines mientras éstos sean pacíficos»22.
Así las cosas, se tiene que la reunión y protesta pacífica es un derecho
constitucional fundamental protegido por la normativa interna e internacional,
involucra el ejercicio de otras garantías inherentes al ser humano (como la libertad
de expresión), comporta una prerrogativa propia de las democracias participativas
y en él se fundan las movilizaciones sociales, siempre que colmen los elementos
señalados en el párrafo anterior.
2.5.2. Derecho fundamental a la libertad de expresión
El artículo 20 de Constitución Política dispone: «Se garantiza a toda persona la libertad
de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz
e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación», de tal manera, el
presidente de la república goza de tal garantía, frente a lo cual el Consejo de Estado
ha determinado el alcance de la libertad de expresión del presidente de la República
en dos escenarios; el primero, cuando pretende transmitir información objetiva al
público en general, y, el segundo, cuando las declaraciones se circunscriben a su
gobierno o expresan su opinión personal sobre algún asunto.
Para que las manifestaciones sociales sean una expresión de la garantía de reunión
y protesta pacífica, la jurisprudencia constitucional23 ha dicho que deben satisfacer
ciertos elementos, a saber: (i) subjetivo, que hace referencia a una agrupación de
personas; (ii) temporal, que impone que sean transitorias; (iii) finalístico, es decir,
lícitas; y (iv) real, esto es, que exista un lugar en el que se adelanten.
Una vez precisado el contenido y alcance de derechos como el de reunión y protesta
pacífica y libertad de expresión, es pertinente mencionar que la Procuraduría
General de la Nación tiene la competencia preferente para ejercer el poder
disciplinario, sin embargo, existe un fuero disciplinario que es la prerrogativa que la
Constitución o la ley confiere a ciertos servidores públicos en virtud de la cual el
juzgamiento de su conducta por hechos u omisiones que cometan en ejercicio de
su cargo o por razón de él debe llevarse a cabo por autoridades distintas a las
ordinarias.
De tal manera, la autoridad encargada de investigar, amonestar y/o sancionar a
personas que se encuentren ejerciendo el cargo de presidente de la República,
conforme al artículo 235 de la Constitución Política es:
ARTICULO 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:
[…]
3. Juzgar al Presidente de la República, o a quien haga sus veces y a los altos
funcionarios de que trata el artículo 174, previo el procedimiento establecido en los
[numerales 2 y 3 del] artículo 175 de la Constitución Política, por cualquier conducta
punible que se les impute. Para estos juicios la Sala Penal de la Corte Suprema de
22 Caso «Escher y Otros vs. Brasil», sentencia de 6 de julio de 2009.
23 Corte Constitucional, sentencia C-9 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Justicia estará conformada además por Salas Especiales que garanticen el derecho de
impugnación y la doble instancia.
Por su parte, el artículo 174 de la Constitución Política, establece:
ARTICULO 174. Corresponde al Senado conocer de las acusaciones que formule la
Cámara de Representantes contra el Presidente de la República o quien haga sus veces;
contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la
Corte Constitucional, los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal
General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este
caso, conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos.
Así, el alcance de la citada norma fue reafirmado por la Corte Constitucional, a
través de la Sentencia C-558 de 1994, en la que sostuvo:
«[…] Ciertamente el Fiscal General de la Nación, como los Magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional, los miembros
del Consejo Superior de la Judicatura y el Presidente de la República, gozan de fuero
constitucional para efectos del adelantamiento de investigaciones disciplinarias
originadas en hechos u omisiones cometidos por tales funcionarios en el ejercicio de sus
funciones (art. 174 C.N.), y por tanto, solamente pueden ser investigados por el Senado
de la República, previa acusación de la Cámara de Representantes.
Si la acusación se refiere a delitos cometidos en ejercicio de sus funciones, o a indignidad
por mala conducta, el Senado no podrá imponer otra pena que la de destitución del
empleo, o la privación temporal o pérdida absoluta de los derechos públicos; pero al reo
se le seguirá juicio criminal ante la Corte Suprema de Justicia, si los hechos lo
constituyen responsable de infracción que merezca otra pena (art. 175-2 C.N.).
Si la acusación se refiere a delitos comunes, el Senado se limitará a declarar si hay o no
lugar a seguimiento de causa y, en caso afirmativo, pondrá́ al acusado a disposición de
la Corte Suprema.
El Artículo 178-4 de la Carta, asigna a la Cámara de Representantes la función de
"Acusar ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales, al presidente de la
República, o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Constitucional, a los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los miembros del Consejo Superior de
la Judicatura, a los magistrados del Consejo de Estado y al Fiscal General de la Nación
[…]».
2.5.3. Derecho a la autonomía universitaria
La Constitución de 1991 en su artículo 69 garantizó la autonomía universitaria, para
lo cual dispuso que «[l]as universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus
propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un régimen especial para las
universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación científica en las
universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo.
El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las
personas aptas a la educación superior».
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Demandante: Domingo Alexander Mesa Mora
De acuerdo con la normativa que precede, el legislador a través de la Ley 30 de
199224, reguló la educación superior en Colombia, y en cuanto a la autonomía
universitaria señaló que «El Estado, de conformidad con la Constitución Política de
Colombia y con la presente ley, garantiza la autonomía universitaria, y vela por la calidad
del servicio educativo a través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la
educación superior»25.
A su vez, en el artículo 28 Ibidem., se dispuso:
ARTÍCULO 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de
Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho
a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y
organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar
los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y
adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos
para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.
Al respecto, la Corte Constitucional reconoció que «[l]as Universidades cuentan con un
amplio espectro de autonomía para escoger libremente cuál va a ser su filosofía, la manera
en que van a funcionar administrativa y académicamente, el procedimiento que se debe
llevar a cabo cuando se incurra en alguna falta, entre muchas otras facultades. No obstante,
dicha autonomía no es ilimitada, pues en el marco de un Estado Social de Derecho siempre
deben ser respetados los mandatos constitucionales y, en especial los derechos
fundamentales, tales como el debido proceso, que implica la observancia del principio de
legalidad y el de confianza legítima».26
Es decir, el derecho a la autonomía universitaria del que gozan todas aquellas
instituciones, fundaciones y/o universidades cuyo objeto social es la prestación de
servicio de la educación superior, se encuentra constitucional y legalmente
reconocido y protegido, sin embargo, valga la pena advertir que ello encuentra
límites en los postulados de un Estado Social de Derecho, en aras de evitar la
consumación de conductas que resulten arbitrarias o desproporcionadas con su
actuar.
2.6. Análisis de la Sala
Vista la normatividad y la jurisprudencia aplicables al presente asunto para
determinar la procedencia de la solicitud de tutela, es pertinente destacar que la
parte demandante alegó que el presidente de la República vulneró su derecho
fundamental a la paz al convocar a sus simpatizantes a marchas y manifestaciones
en su favor, por lo cual pretende que se le ordene abstenerse de hacerlo.
Al respecto, de acuerdo a lo expuesto en el acápite pertinente de esta providencia,
debe resaltarse que la Constitución Política, la ley y la jurisprudencia aplicables han
24 Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.
25 Artículo 3.°.
26Corte Constitucional. Sentencia T-141 de 2013. M.P. Doctor Luis Ernesto Vargas Silva.
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Radicado: 11001-03-15-000-2024-07069-00
Demandante: Domingo Alexander Mesa Mora
establecido que el presidente de la República, como todas las personas del territorio
nacional, tiene libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, razón por
la cual se entiende que aquel hace uso de aquella en dos escenarios de los cuales
las mencionadas convocatorias a manifestaciones están relacionadas propiamente
con su opinión personal.
No obstante, si la parte demandante pudiera pensar que con esto el primer
mandatario pudo incurrir en una prohibición constitucional preceptuada como un tipo
disciplinario en las leyes 734 de 200227, 1952 de 201928 o 2094 de 202129, está en
la posibilidad de iniciar las actuaciones disciplinarias correspondientes.
Ante lo cual debe aclararse que la competencia preferente para investigar conductas
relacionadas con faltas disciplinarias se encuentra en cabeza del Procurador
General de la Nación, máxime si se trata de quienes desempeñan funciones
públicas, quien debe adelantar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar e
imponer las sanciones establecidas en la ley.
Lo anterior, sin perjuicio de aquellos que ostentan un fuero disciplinario especial,
eventualidad en la cual debe seguirse el procedimiento fijado en la normatividad
aplicable, como puede observarse en el acápite pertinente de esta providencia, de
tal forma los supuestos fácticos y jurídicos en los que el tutelante sustenta el reclamo
constitucional formulado deben ser discutidos y planteados en uso del mecanismo
idóneo de protección que, en este caso, corresponde a la jurisdicción disciplinaria,
pues es la llamada a garantizar la efectividad de los principios y fines previstos en
la Constitución Política, la ley y los tratados internacionales, que se deben observar
en el ejercicio de la función pública.
Así pues, no debe desconocerse que la incursión en cualquiera de las conductas
previstas en la ley disciplinaria que conlleven incumplimiento de deberes,
extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del
régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de
intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de
responsabilidad, da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente.
Corolario de lo expuesto, esta Sala de decisión concluye que es improcedente el
amparo, por no encontrar cumplido el requisito de subsidiariedad; pues, el
demandante tiene la posibilidad de ejercer los mecanismos de defensa procedentes,
como, se reitera, poner en funcionamiento la acción disciplinaria a través de la
respectiva queja.
Ahora, en cuanto a las pretensiones relacionadas con exhortar a la Universidad de
Antioquia a evaluar el eventual ofrecimiento de un espacio académico en la malla
27 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único.
28 Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y
algunas disposiciones de la ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.
29 Por medio de la cual se reforma la Ley 1952 de 2019 y se dictan otras disposiciones.
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curricular de la facultad de derecho, así como la recomendación del otorgamiento
de la distinción “doctor honoris causa en derecho”, de plano debe señalarse que
esto se encuentra dentro de la garantía de autonomía universitaria otorgada a las
instituciones de educación superior, ante lo cual debe examinarse el material
probatorio aportado para determinar la procedencia del amparo invocado.
Al respecto, la Universidad de Antioquia refirió respecto a las situaciones
relacionadas con la evaluación del curso propuesto por el demandante para ser
incluido en la malla curricular de la facultad de derecho, que:
«[…] En el 2001, cuando el accionante presentó la propuesta de curso optativo
Pensamiento crítico en Derecho, el Consejo de la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas, en sesión del 21 de diciembre de 2001, acta 2001-38 (anexo1) dejó constancia
de que “en el área Básica de determinó que es esta una petición muy extemporánea y
que existen ya suficientes materias optativas en el pensum”. A la fecha, después de 24
años, el accionante no ha presentado propuesta curricular para el curso Pensamiento
crítico en Derecho. En todo caso, de presentarse la propuesta, deberá surtir todo el
proceso de evaluación curricular, antes descrito.
Cabe resaltar, que tal como consta en la Resolución 179 del 14 de septiembre de 2016,
emitida por la Unidad de Asuntos Disciplinarios, el accionante, señor Domingo
ALEXANDER MESA MORA presentó queja disciplinaria contra el profesor PABLO
EMILIO ANGARITA CAÑAS, en virtud de la petición relacionada sobre el curso optativo,
así mismo, radicó una queja contra el profesor Pablo Angarita en la Procuraduría, con el
mismo propósito, esto es, que explicara “si su concepto desfavorable sobre su propuesta
de un curso optativo en la Facultad de Derecho, había tenido que ver con que él no había
atendido su concepto también desfavorable de su trabajo de grado. Es decir, que le
explicara el motivo por el cual había conceptuado desfavorablemente la propuesta del
curso…”. Al respecto, en el análisis probatorio de la Resolución emitida, la Unidad de
Asuntos Disciplinarios señaló lo siguiente, con base en lo cual ordenó el archivo de la
indagación disciplinaria:
[…]
Dado lo anterior, es evidente, que se trata de un asunto interés personal y reiterativo del
accionante, que ha generado actuaciones administrativas a nivel disciplinario, y ahora,
judiciales, sin fundamento suficiente, dado que no se ha presentado la vulneración de
sus derechos fundamentales, pues en virtud de la autonomía Universitaria que consagra
el artículo 69 de la Constitución Política Colombiana, ninguna obligación le asiste al ente
universitario incluir en su malla curricular el curso propuesto por el accionante.
Con relación al curso Historia Constitucional (hechos 71 a 73) dictado por el profesor
Ricardo León Zuluaga Gil, en reunión del área de Derecho Público de la Facultad de
Derecho y Ciencias Políticas, realizada el 16 de septiembre de 2019 (anexo2, página 6),
sus asistentes consideraron que “no es pertinente, ya que el tema propuesto se
desarrolla en dos cursos obligatorios, a saber: Derecho Constitucional II que tiene un
módulo al respecto y el curso de Problemas Colombianos”. Esta información se le
suministró al accionante el 24 de noviembre de 2021 en respuesta a un derecho de
petición por él presentado (anexo3). […]». (sic)
Por su parte, la Asociación Colombiana de Universidades frente al otorgamiento de
la distinción “doctor honoris causa en derecho” refirió:
«[…] Finalmente, frente a los hechos alusivos al reconocimiento como «Doctor Honoris
Causa en Derecho, en Ciencias Políticas, en Ciencias Humanas o en Ciencias
Sociales», es preciso indicar que los títulos honoris causa se han desarrollado al amparo
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de la autonomía universitaria con fines diferentes a los señalados en la ley, ya que como
su nombre lo indica no tienen su causa en la adquisición de un saber a la culminación
de un programa académico así como la superación de las pruebas o requisitos exigidos
para la obtención del título, sino es un “honor” que se hace a determinadas personas por
diversas razones como el agradecimiento, el reconocimiento de sus valores, los aportes
hechos a la sociedad, sus vínculos con la institución educativa, etc.
En ese sentido, cuando una institución de educación superior concede tales títulos
honoríficos, no lo hace en el contexto de la Ley 30 de 1992, esto es, en el marco de su
actividad educativa y como reconocimiento de la culminación de un programa
académico, sino como expresión de su autonomía administrativa.
Por lo anterior, no es procedente la pretensión del accionante al solicitar que se exhorte
a la Asociación Colombiana de Universidades para que evalúe la posibilidad de
recomendar a sus diferentes universidades asociadas, el otorgamiento de la distinción
de Doctor Honoris Causa en Derecho, Ciencias Políticas, Humanas o Sociales, ya que
como se reitera, esta decisión es propia de las instituciones de educación superior en el
marco de su autonomía universitaria consagrada en la Constitución. […]». (sic)
En este orden de ideas, debe concluirse que no es procedente el amparo invocado
por el demandante en cuanto a los pedimentos formulados, en la medida en que la
posibilidad de incluir el programa referido en un espacio académico en la malla
curricular de la facultad de derecho de la Universidad de Antioquia fue evaluada en
su oportunidad por las autoridades universitarias competentes y de acuerdo con los
procedimientos establecidos para tal fin.
Tan es así que, incluso, los señalamientos subjetivos que se reiteran en sede de
tutela fueron estudiados por los órganos competentes al interior de la institución
universitaria, sin que se demostrara la configuración de falta disciplinaria alguna,
frente a lo cual llama la atención de esta Sala de decisión que, tanto la evaluación
de la propuesta académica se diera en el año 2001 y la resolución del procedimiento
disciplinario relacionado se emitiera en el año 2016, por lo que se desvirtúa la
necesidad y urgencia del amparo invocado.
Por último, tampoco procede este mecanismo de amparo constitucional para
exhortar al otorgamiento de la distinción “doctor honoris causa en derecho” del
demandante, pues como quedó establecido aquella es una decisión propia de las
instituciones de educación superior en el marco de la autonomía universitaria que
les fue otorgada, la cual no obedece a su actividad educativa y como reconocimiento
de la culminación de un programa académico, en virtud de lo dispuesto en la Ley 30
de 1992.
3. Conclusión
En este orden de ideas, se observa que la solicitud de tutela presentada por
Domingo Alexander Mesa Mora se torna improcedente, por no superar el requisito
de la subsidiariedad; pues, tiene la posibilidad de ejercer los mecanismos de
defensa procedentes, como poner en funcionamiento la acción disciplinaria a través
de la respectiva queja para cuestionar las actuaciones del presidente de la
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República; asimismo, puede adelantar los procedimientos correspondientes y
reglados por la Universidad de Antioquia para buscar la satisfacción de las
pretensiones académicas aludidas.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación de la Universidad de Antioquia y del
Departamento Administrativo de Presidencia, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Asociación
Colombiana de Universidades, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia.
Tercero. Declarar la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por Domingo
Alexander Mesa Mora contra la Presidencia de la República y la Universidad de
Antioquia, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETHBECERRACORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
JAV/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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