Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-07070-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-07070-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2024-07070-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2024-07070-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
28 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-07070-00
Solicitante: HORACIO PERDOMO ARANGO
Autoridad: CONSEJO DE ESTADO-SECCIÓN TERCERA-SUBSECCIÓN A Y
OTROS
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia. TEMERIDAD
EN TUTELA-Rechazo de solicitudes de tutela idénticas y presentadas por la misma persona ante varias
autoridades judiciales. TUTELA CONTRA TUTELA-Presupuestos para que proceda excepcionalmente. TUTELA
CONTRA TUTELA-No procede para revisar la decisión. TUTELA-Pretensiones netamente económicas.
La Sala decide la solicitud de tutela interpuesta por Horacio Perdomo Arango contra
el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, Sección Cuarta y Sección
Primera; el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección
A; la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho y la Nación-Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario-INPEC.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
El 18 de diciembre de 2024, Horacio Perdomo Arango, en nombre propio y en calidad
de socio y representante legal de la firma Procilco Ltda., formuló acción de tutela con
el fin de obtener la protección de su derecho fundamental al debido proceso que
consideró vulnerado por la Nación- Ministerio de Justicia y del Derecho, la Nación-
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A al proferir las providencias del 12 de
julio y 21 de agosto de 2018 y por el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección
2
Radicación:11001-03-15-000-2024-07070-00
Accionante: Horacio Perdomo Arango
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
A al dictar las providencias del 20 de febrero y 26 de noviembre de 2020, en el marco
del proceso de controversias contractuales que interpuso contra el INPEC1.
También reprochó las sentencias del 18 de marzo y 3 de junio de 2021 que dictó el
Consejo de Estado-Secciones Cuarta y Primera, respectivamente, dentro del trámite
de tutela identificado con el número de Radicado 11001-03-15-000-2021-00061-
00/1.
En virtud del amparo solicita que se dejen sin efectos las siguientes providencias:
• Auto del 12 de julio de 2018, proferido por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A.
• Auto del 21 de agosto del 2018 proferido por el mismo Tribunal que rechazó el
recurso de reposición contra la anterior decisión y concedió el de apelación.
• Auto del 20 de febrero de 2020, proferido por el Consejo de Estado-Sección
Tercera-Subsección A, que confirmó el auto del 12 de julio de 2018 que rechazó
la demanda.
• Auto del 26 de noviembre de 2020, proferido por la Subsección A de esta Sección,
por medio del cual se niega el recurso de súplica.
• Fallo del 18 de marzo de 2021, proferido por el Consejo de Estad Sección Cuarta
de esta Corporación, por medio del cual se declaró improcedente la acción de
tutela.
• Fallo del 3 de junio de 2021, proferido por la Sección Primera de esta
Corporación, que confirmó la providencia del 18 de marzo de 2021.
Asimismo, solicita que: i) se declare la responsabilidad contractual del INPEC, ii) que
se acoja el dictamen pericial como prueba de los perjuicios causados a Procilco
Ltda., por el incumplimiento del contrato, iii) se pague a Procilco Ltda. la suma de
ciento dieciocho mil seiscientos treinta y cinco millones sesenta y siete mil treinta
pesos ($118.635.067.030) y, además, que iv) se ordene al INPEC la expedición de
paz y salvo dirigido a la Cámara de Comercio, manifestando que la empresa se
allanó a cumplir las obligaciones contractuales.
2. Hechos relevantes
1 Rad. 25000-23-26-000-2002-01054-00/01/02.
3
Radicación:11001-03-15-000-2024-07070-00
Accionante: Horacio Perdomo Arango
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
El 27 de agosto de 1998, la sociedad Procilco Ltda., firmó el contrato 1293 con el
INPEC para construir una cabaña penitenciaria en el municipio de Acacias-Meta. De
acuerdo con lo narrado por el accionante, la entidad contratante no entregó el predio
donde se debía construir el establecimiento contratado, a pesar de la suscripción de
varios otrosíes con el fin de determinar dónde se construirían las cien celdas
bipersonales objeto del contrato. Por ello, nunca pudo ejecutar el objeto del contrato.
El 9 de mayo de 2002, la sociedad Procilco Ltda. promovió demanda de
controversias contractuales, alegando el incumplimiento contractual por parte de la
entidad del contrato de diseño y construcción número 1293 de 1998.
Mediante sentencia del 25 de agosto de 2004 el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad invocada por el INPEC;
sin embargo, encontrándose el asunto para decidir la apelación contra el fallo de
primera instancia, mediante auto del 12 de febrero de 2014, el Consejo de Estado-
Sección Tercera-Subsección A declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso
por falta de jurisdicción y de competencia, pues el contrato contenía una cláusula
compromisoria.
Procilco Ltda. inició el trámite arbitral, pero no consignó los honorarios que fijó el
Tribunal de Arbitramento, de forma que cesaron sus funciones y se extinguieron los
efectos del pacto arbitral, por ello, se remitió el expediente al Consejo de Estado.
La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto del 2 de
febrero de 2016 ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca para lo de su competencia.
En auto proferido el 12 de julio de 2018, confirmado por providencia del 21 de agosto
de 2018, el tribunal rechazó la demanda por la ocurrencia de la caducidad de la
acción. Inconforme con la decisión, la sociedad apeló. La Subsección A de la Sección
Tercera de la Corporación, mediante auto del 20 de febrero de 2020 confirmó la
decisión. La sociedad promovió recurso de súplica, que fue rechazado por
improcedente.
4
Radicación:11001-03-15-000-2024-07070-00
Accionante: Horacio Perdomo Arango
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
El accionante interpuso acción de tutela para que se ordenara la protección de sus
derechos al debido proceso, a la reparación integral y de acceso a la administración
de justicia que consideraba vulneradas con ocasión de las providencias de 12 de
julio y de 21 de agosto de 2018 proferidas por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Tercera–Subsección A, y de 20 de febrero de 2020 dictada
por el Consejo de Estado–Sección Tercera–Subsección A, al interior de la acción de
controversias contractuales, mediante las cuales se rechazó la demanda.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, por sentencia del 18 de marzo de 2021,
declaró improcedente el amparo porque no cumplía con los requisitos de inmediatez
y relevancia constitucional. Inconforme con la decisión, el accionante impugnó.
La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 3 de junio de
2021 modificó la decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró improcedente
la tutela por falta de relevancia constitucional respecto de los defectos por
desconocimiento del precedente y procedimental absoluto y la negó frente a los
demás defectos.
3. Fundamentos de la solicitud
El accionante alega que las autoridades accionadas le vulneraron los derechos
fundamentales invocados pues dilataron el proceso por 19 años y estructuraron y
cuantificaron imaginariamente la caducidad en torno a una presunta acción de
liquidación del contrato en sede judicial. Ignorando totalmente las pretensiones de la
demanda radicada por Procilco Ltda., el 9 de mayo de 2002.
Señaló que se vulneró el principio de congruencia porque la providencia no está
acorde con las pretensiones de la demanda, al declarar la caducidad. Además,
porque el fenómeno de la caducidad en el procedimiento ordinario debió operar
desde la fecha en que, manifiesta, se dio el incumplimiento. En cambio, alega el
solicitante, que la jurisdicción contenciosa contó los términos como si se tratara de
una «solicitud de liquidación judicial del contrato» cuando es una pretensión de
incumplimiento.
4. Trámite procesal
5
Radicación:11001-03-15-000-2024-07070-00
Accionante: Horacio Perdomo Arango
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
El 20 de enero de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó su notificación al
Consejo de Estado Secciones Tercera-Subsección A, Primera y Cuarta, al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A, a la Nación-
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC y a la Nación-Ministerio de
Justicia y del Derecho. Igualmente, se requirió al accionante para que aportara el
certificado de existencia y representación de la sociedad Procilco Ltda.
En el escrito de contestación el señor Consejero de Estado, Fernando Alexei Pardo
Flórez, a cargo del Despacho que dictó la providencia del 20 de febrero de 2020,
señaló que como no intervino en la aprobación del auto reprochado en tutela,
respetará y acatará lo que se resuelva en este trámite.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC solicitó su desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, pues no había suscitado ninguna
vulneración a los derechos fundamentales alegados por el accionante.
El Ministerio de Justicia, también alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva
y manifestó que el amparo es abiertamente improcedente, al no cumplir el requisito
de subsidiariedad y existir cosa juzgada material.
La Sección Cuarta del Consejo de Estado, al oponerse al amparo, manifestó que la
solicitud de tutela no procede por incumplir el requisito de inmediatez.
El Consejo de Estado-Sección primera adujo que la solicitud es improcedente en la
medida que se dirige contra una sentencia de tutela y, además, no se acreditó la
configuración de la cosa juzgada fraudulenta.
En cumplimiento de lo solicitado en el auto admisorio de la tutela, el señor Perdomo
Arango aportó copia del certificado de existencia y representación legal de Procilco
Ltda.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
6
Radicación:11001-03-15-000-2024-07070-00
Accionante: Horacio Perdomo Arango
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela procede contra las
providencias dictadas en el trámite de un proceso de controversias contractuales y
los fallos que denegaron una acción de tutela.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la solicitud con arreglo a lo
dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de
marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de la Corporación.
La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de
los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.
Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
«precedente» constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.
Temeridad
2 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
3 Ibidem.
7
Radicación:11001-03-15-000-2024-07070-00
Accionante: Horacio Perdomo Arango
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 entiende como temeridad la presentación de
una misma acción de tutela por la misma persona o su representante ante varios
jueces o tribunales, sin motivo que lo justifique. En caso tal, se rechazará o se
decidirán desfavorablemente todas las solicitudes.
La jurisprudencia constitucional ha desarrollado el concepto de la temeridad en sede
de tutela y ha planteado que esta se configura cuando: i) se presenta una identidad
de procesos. Es decir, que las acciones de tutela de manera simultánea o sucesiva
tengan una triple identidad. Se plantean los mismos hechos, se trata de las mismas
partes y se basa en la misma solicitud; ii) que el caso puesto en consideración en
sede de tutela, no sea uno de aquellos considerados como excepcionales de lo que
ha estipulado la ley o ha comprendido la jurisprudencia como actuación temeraria y
iii) que en caso de presentarse una solicitud de tutela que manifieste ser diferente a
una anterior con la que guarda identidad pero tiene un desarrollo argumentativo
diferente, el juez constitucional acredite que en realidad los dos procesos tienen las
mismas partes, se sustentan en las mismas razones y pretenden la misma solicitud4.
En virtud de lo anterior, la Corte Constitucional ha establecido unos supuestos que
facultan al interesado a interponer nuevamente una acción de tutela sin que sea
considerada temeridad, cuando: i) La condición de ignorancia o indefensión del actor,
propia de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o
por la necesidad extrema de defender un derecho y no por mala fe; ii) El
asesoramiento errado de los profesionales del derecho; iii) La consideración de
eventos nuevos que aparecieron con posterioridad a la interposición de la acción o
que se omitieron en el trámite de la misma, o cualquier otra situación que no se haya
tomado como base para decidir la(s) tutela(s) anterior(es) que implique la necesidad
de proteger los derechos fundamentales del demandante; iv) Se puede interponer
una nueva acción de amparo cuando la Corte Constitucional profiere una sentencia
de unificación, cuyos efectos son extensivos a un grupo de personas que se
consideran en igualdad de condiciones, incluso si con anterioridad a dicha sentencia
presentaron acción de tutela por los mismos hechos y con la misma pretensión5.
Cosa Juzgada Constitucional
4 Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-027 del 5 de febrero de 2021 [fundamento jurídico 2.1.2].
5 Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-027 del 5 de febrero de 2021 [fundamento jurídico 2.1.5].
8
Radicación:11001-03-15-000-2024-07070-00
Accionante: Horacio Perdomo Arango
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Conforme el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional, la cosa juzgada
constitucional se entiende como una institución jurídica que busca la inmutabilidad
de las decisiones judiciales con el fin de proteger la seguridad jurídica, por ello, se
prohíbe que la misma persona instaure tutelas sucesivas en las que se confluya
identidad de partes, hechos y pretensiones. En este sentido, la Corte señaló que:
2.2.1. La cosa juzgada ha sido definida en el Código de Procedimiento Civil, hoy
Código General del Proceso, y por la jurisprudencia como una institución que garantiza
la seguridad jurídica y el respeto al derecho fundamental al debido proceso.
De un lado, el Código de Procedimiento Civil en su artículo 332, hoy artículo 303 del
Código General del Proceso, establecen que «(…) la sentencia ejecutoriada proferida
en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso
verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre
ambos procesos haya identidad jurídica de partes (…)».
Por otro lado, la Corte Constitucional en sentencias C-774 de 2001 y T-249 de 2016,
definió a la cosa juzgada como una «(…) institución jurídico procesal mediante la cual
se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras
providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas (…)».
Como se expuso en párrafos precedentes, la presentación sucesiva o múltiple de
acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y, además, comprometer
el principio de cosa juzgada constitucional. Esto, de acuerdo con la jurisprudencia de
este Tribunal constituye un ejercicio desleal y deshonesto de la acción, que
compromete la capacidad judicial del Estado como también los principios de economía
procesal, eficiencia y eficacia.
De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria
de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se presenta identidad
jurídica de partes, objeto y causa.
2.2.2. Ahora bien, por regla general, un fallo de tutela queda amparado por la figura de
la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que la Corte Constitucional decide
excluir de revisión un fallo o, si el mismo es seleccionado, esta se configura cuando
queda ejecutoriada la providencia que expida este Tribunal.6
En consecuencia, la temeridad, junto con la cosa juzgada constitucional, son
fenómenos procesales distintos los cuales se consolidan a partir de la presentación
múltiple e injustificada de una misma acción de tutela. La presentación reiterada de
una misma solicitud de tutela permite que se configure una actuación temeraria y se
comprometa el principio de la cosa juzgada constitucional. Es un ejercicio desleal de
uso del mecanismo de amparo constitucional compromete la capacidad jurídica del
6Cfr. Corte Constitucional, sentencia SU-021 de 2021 [fundamento jurídico 2.2].
9
Radicación:11001-03-15-000-2024-07070-00
Accionante: Horacio Perdomo Arango
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Estado, así como los principios de eficiencia, economía procesal y eficacia. La no
selección de un asunto para revisión, por parte de la Corte Constitucional, hace que
opere el fenómeno de la cosa juzgada constitucional haciendo que la decisión sea
inmutable y definitiva.7
Acción de tutela contra sentencia de tutela
Se ha establecido que la acción de tutela contra una decisión de tutela es
improcedente, salvo que se reúnan los siguientes presupuestos: i) que se cumplan
los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, ii) que
no se haya configurado el fenómeno de la cosa juzgada, iii) que la decisión
controvertida sea producto de un fraude y iv) que no exista otro mecanismo legal
para resolver la situación8.
Caso concreto
Respecto a los reproches planteados por el accionante para que se dejen sin efecto
el auto del 12 de julio de 2018 y 21 de agosto del 2018 proferidos por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A, que rechazaron la
demanda por haber operado la caducidad; la providencia del 20 de febrero de 2020
que dictó el Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, que confirmó la
decisión del a quo y el auto del 26 de noviembre de 2020, que rechazó un recurso
de súplica, providencias dictadas en el marco del proceso de controversias
contractuales que el accionante instauró en contra del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario-INPEC, la sala procederá a declarar improcedente el
amparo, porque la conducta desplegada por el señor Horacio Perdomo Arango
constituye una actuación temeraria, como se pasará a explicar.
En efecto, el solicitante, en su condición de representante legal de PROCILCO LTDA,
formuló la acción de tutela Rad. nº. 11001-03-15-000-2021-00061-00/01 que guarda
identidad de partes con la tutela bajo estudio, en la media que se interpuso contra el
Consejo de Estado-Sección Tercera-Subsección A, el Tribunal Administrativo de
7 Corte Constitucional, sentencia T-407 del 17 de noviembre de 2022.
8 CorteConstitucional, Sala Plena. Sentencia SU-627 de 2015 [fundamento jurídico 4.6.2.2]. M.P. Mauricio
González Cuervo.
10
Radicación:11001-03-15-000-2024-07070-00
Accionante: Horacio Perdomo Arango
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A, el Ministerio de Justicia y el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
Asimismo, en las dos acciones de tutela, la parte actora puso de presente los mismos
hechos y pretensiones, tendientes a cuestionar las providencias del 12 de julio de
2018 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró la
caducidad del medio de control de controversias contractuales que promovió contra
el INPEC y el Ministerio de Justicia y del Derecho y el auto del 21 de agosto del 2018
proferido por el mismo Tribunal que rechazó el recurso de reposición contra la
anterior decisión y concedió el de apelación. Así como la providencia del 20 de
febrero de 2020 de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado
que confirmó la decisión que declaró la caducidad y el auto del 26 de noviembre de
2020 que rechazó un recurso de súplica que dictó esa misma subsección.
Al respecto, las Secciones Cuarta y Primera del Consejo de Estado, mediante
sentencias del 18 de marzo y 3 de junio de 2021, respectivamente, decidieron la
acción de tutela Rad. n°. 2021-00061-00/01. Estimaron que la solicitud no cumplía
con el requisito de relevancia constitucional respecto de los defectos de
desconocimiento del precedente y procedimental absoluto, en la medida que el
accionante no realizó una exposición mínima argumentativa que demostrara que las
autoridades incurrieron en las referidas causales específicas de procedibilidad.
Frente a los defectos sustantivo y fáctico, el Juez Constitucional negó el amparo, al
considerar que las providencias dictadas dentro del proceso de controversias
contractuales se profirieron conforme las pruebas allegadas al proceso y según las
normas aplicables al caso por lo que no incurrieron en los defectos alegados por el
solicitante.
Decisión que, además, hizo tránsito a cosa juzgada constitucional, en la medida que
mediante auto del 17 de septiembre de 2021 la Sala de Selección de Tutelas nº 9 de
la Corte Constitucional no la seleccionó para revisión.
Para la Sala es claro que, con la presentación de esta nueva acción de tutela se
cumplen los requisitos de identidad de partes, de hechos y de causa, así como la
falta de justificación y de eximentes que configuran la temeridad, en la medida que
el solicitante no probó que se encuentra en una condición de indefensión, que haya
sido mal asesorado y tampoco la existencia de hechos nuevos que no hubieran sido
11
Radicación:11001-03-15-000-2024-07070-00
Accionante: Horacio Perdomo Arango
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
tenidos en cuenta al decidir la tutela identificada con el Rad. n°.2021-00061-00/01.
Por ello, la conducta desplegada por el señor Horacio Perdomo Arango constituye
una actuación temeraria por lo que la Sala no puede estudiar el asunto de fondo.
La Corte constitucional ha señalado que conforme al artículo 86 de la Constitución
Política la acción de tutela se concibió como una instrumento extraordinario,
preferente, breve y sumario, para la protección efectiva e inmediata de los derechos
fundamentales. Por ello, cuando los accionantes utilizan este mecanismo de manera
reiterada y alegan los mismos derechos contra las mismas entidades, se desconoce
la naturaleza extraordinaria de la tutela y se configura el fenómeno de la temeridad
que contempla el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 y, por tanto, en un uso
indebido de la acción.9
Además, conforme al criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional, se predica la
existencia de la cosa juzgada constitucional, en la medida que se adelantó un nuevo
proceso con posterioridad a un fallo de tutela que se encontraba ejecutoriado, pues
la Corte Constitucional excluyó de revisión el expediente de tutela 2021-00061-
00/01. Por ello, la acción de tutela no puede ser utilizada para retomar una discusión
ya resuelta por los jueces constitucionales en instancias anteriores, ya que se
desnaturalizaría el mecanismo de amparo constitucional y se vulnerarían los
principios de eficiencia, economía procesal y eficacia, que lo caracterizan.
Así las cosas, se le recuerda al solicitante que el debate sobre la protección de
derechos fundamentales no puede prolongarse de manera indefinida porque
afectaría el principio de seguridad jurídica del que gozan las decisiones judiciales,
por lo que, es pertinente que haga un uso razonable y proporcionado de este
mecanismo.
De otra parte, el accionante pretende dejar sin efectos los fallos de tutela proferidos
por las Secciones Primera y Cuarta de esta Corporación, en el marco del proceso
11001-03-15-000-2021-00061-00/01. Como la solicitud no satisface los requisitos
generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, ni los supuestos
excepcionalísimos de procedencia del amparo contra una decisión de tutela, pues
9 Cfr. Corte Constitucional, sentencia T-213 de 2009 [fundamento jurídico 4].
12
Radicación:11001-03-15-000-2024-07070-00
Accionante: Horacio Perdomo Arango
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
los reproches de la solicitante se fundan en su desacuerdo con la decisión, la
solicitud es improcedente.
La Corte Constitucional ha establecido que, de aceptarse la procedencia de acciones
de tutela contra sentencias de tutela, esta perdería su efectividad como mecanismo
de acceso a la justicia para amparar los derechos fundamentales. En este sentido,
si la solicitud procediera contra otros fallos de tutela, siempre sería posible postergar
la resolución definitiva de la petición objeto de amparo.
Por último, el señor Perdomo Arango pide que se le liquiden y paguen perjuicios
materiales conforme a los dictámenes periciales presentados en el procedimiento
ordinario. Esta pretensión es netamente económica y escapa de la órbita
constitucional del juez de tutela, que debe verificar la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales. La jurisprudencia constitucional ha señalado que ese tipo
de pretensiones «deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios
dispuestos para su trámite, toda vez que le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser
definidos por las jurisdicciones correspondientes»10.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela de Horacio Perdomo
Arango contra el Consejo de Estado Secciones Tercera-Subsección A, Primera y
Cuarta, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección A,
la Nación-Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC y la Nación-Ministerio
de Justicia y del Derecho.
SEGUNDO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
10 Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.MP Cristina Pardo
13
Radicación:11001-03-15-000-2024-07070-00
Accionante: Horacio Perdomo Arango
Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
VF
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.