Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07073-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-07073-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-07073-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
6 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2024-07073-00
Accionante: HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUÍA E.S.E.
Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN B Y OTRO
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se declara
improcedente el mecanismo de amparo por no cumplir con el requisito
general de procedencia de inmediatez.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por el Hospital Regional de la
Orinoquía E.S.E. contra el Tribunal Administrativo de Casanare y la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. ElHospital Regional de la Orinoquía E.S.E. solicitó, a través de apoderada
judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y contradicción y al acceso a la administración de justicia en conexidad
con el principio de seguridad jurídica, cuya vulneración le atribuyó a las
providencias de 10 de junio de 2021 y 25 de enero de 2024 proferidas por el
Tribunal Administrativo de Casanare y la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación 85001-23-
33-000-2019-00168-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de tutela, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-07073-00
Accionante: Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E.
2.1. Manifestó que la señora Shirley María Paba Vega radicó en su contra demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado núm. 85001-23-33-000-
2019-00168-00/01, para que se declarara la existencia de una relación laboral entre
las partes por los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos entre
“[…] el 6 de junio de 2013 y el 28 de febrero de 2018 […]”.
2.2. Señaló que el asunto le fue asignado en primera instancia al Tribunal
Administrativo de Casanare, autoridad judicial, que, mediante sentencia de 10 de
junio de 2021 declaró que existió una relación laboral con la señora Paba Vega y
ordenó pagarle las prestaciones sociales legales a que tiene derecho, causadas en
los periodos comprendidos entre “[…] el 1.º de agosto de 2013 y el 30 de junio de
2016 y desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 28 de febrero de 2018 […]”.
2.3. Mencionóque ambas partes presentaron recurso de apelación y que la
Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resolvió, a través de
sentencia de 25 de enero de 2024, modificar únicamente el numeral cuarto del
resuelve y mantuvo en todo lo demás la sentencia de primera instancia.
2.4. Destacó que las decisiones incurrieron en un defecto fáctico, en razón a que el
Tribunal accionado omitió considerar que las declaraciones de los testigos y los
contratos de prestación de servicio “[…] no son prueba suficiente para el
convencimiento sobre la verificación de la subordinación exigida en los contratos
de prestación de servicios, tal como lo consideró el Consejo de Estado en
sentencia del 15 de mayo de 2020, dictada dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicación No. 50001-23-31-000-2011-00400-01
(2220-18) […]”.
2.5. Precisó que por parte del “[…] Consejo de Estado dio por probado, sin estarlo,
que la señora SHIRLEY MARÍA PABA VEGA prestó sus servicios de forma
subordinada, desconociendo la confesión realizada por ella misma al absolver el
interrogatorio de parte, en la cual declaraba que en el mismo interregno de su
vinculación con el HORO ESE prestó sus servicios para la CLÍNICA CASANARE,
VISIONAMOS TU SALUD SAS y LACOR IPS; lo cual, es congruente con la
declaración de los testigos CARLOS AMAYA, ROCÍO NIÑO y WILMER
FRAGOZO uqe [sic] declararon que la programación de turnos se realizaba de
forma concertada de acuerdo con los tiempos de los especialistas, lo cual afecta
los derechos al debido proceso, acceso a la administración de justicia y seguridad
jurídica, además del derecho a la igualdad y el principio constitucional de primacía
de la realidad sobre las formas) […]”.
2.6. Aseguró que las decisiones objeto de la presente acción de tutela
desconocieron el precedente “[…] contenido en la sentencia de unificación de
jurisprudencia por importancia jurídica dictada el 9 de septiembre del 2021 dentro
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No.
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Radicación: 11001-03-15-000-2024-07073-00
Accionante: Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E.
05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016) y la jurisprudencia emanada de la
Corte Constitucional, según sentencias dictadas a partir de la sentencia de
unificación SU 040 de 20181 […]”
2.7. Puntualizó que, de acuerdo con lo anterior, no se tuvo en cuenta que no se
acreditó la prestación personal del servicio y tampoco la subordinación porque
“[…] la programación de turnos se realizaba de forma concertada de acuerdo con
los tiempos de los especialistas, lo cual afecta los derechos al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y seguridad jurídica, además del derecho a
la igualdad y el principio constitucional de primacía de la realidad sobre las formas
[…]”.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERA: DECLARAR que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE vulneró los derechos al acceso a la administración de justicia,
seguridad jurídica y debido proceso del HOSPITAL REGIONAL DE LA
ORINOQUÍA ESE, con ocasión a la decisión de primera instancia dictada el
día 23 de noviembre de 2023, dentro del medio de control de NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO con radicado No. 85001-2333-000-
2018-00030-00, en el que fungía como demandante el señor ESNEIDER
MANOTAS SOLANO.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la
decisión contenida en la sentencia de segunda instancia dictada por el
CONSEJO DE ESTADO – SALA DE LOS CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B dentro del
medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO con
radicado No. 85001-23-33-000-2019-00168-01 (3781-2021), en el que fungía
como demandante la señora SHIRLEY MARÍA PABA VEGA
TERCERA: ORDENAR al accionado CONSEJO DE ESTADO – SALA DE
LOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN B, que como consecuencia de lo anterior REVISE
NUEVAMENTE la decisión de segunda instancia dictada el día 25 de enero
de 2024, dentro del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO con radicado No. 85001-23-33-000-2019-00168-01 (3781-
2021), en el que fungía como demandante la señora SHIRLEY MARÍA PABA
VEGA y profiera una nueva decisión aplicando en debida forma el precedente
jurisprudencial aplicable al caso y de acuerdo con el material probatorio
obrante en el expediente […]”. [Negrilla del texto].
1
Cuyo tema principal corresponde al análisis de estabilidad laboral reforzada, pero impone un baremo para dilucidar los
eventos en que se encubre una relación laboral a través de un contrato de prestación de servicios.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07073-00
Accionante: Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E.
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 15 de enero de 2025, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se vinculó en calidad
de tercero con interés directo en el resultado del proceso a la señora Shirley
María Paba Vega.
V. INTERVENCIONES
5. Una vez efectuadas las notificaciones a las autoridades accionadas y al sujeto
vinculado, se allegaron los siguientes informes:
5.1. El Tribunal Administrativo de Casanare señaló, a través de la magistrada
ponente de la decisión de 10 de junio de 2021, que “[…] la sentencia de primera
instancia de 10 de junio de 2021, proferida dentro del expediente No. 85001- 23-
33-000-2019-00168-00, se sustentó teniendo en cuenta un análisis del material
probatorio allegado. De manera que, esta Corporación no ha vulnerado los
derechos fundamentales de la entidad accionante, tampoco se configuran los
defectos alegados, pues la decisión fue proferida bajo el marco normativo y
jurisprudencial aplicable al caso concreto […]”.
5.2. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado solicitó, a
través del magistrado ponente de la decisión de 25 de enero de 2024, que se
declarara improcedente la presente acción de tutela por no cumplir con el
requisito general de inmediatez.
5.3. La señora Shirley María Paba Vega solicitó, a través de apoderado judicial,
que: “[…] Como quiera que no existen fundamentos de hecho y de derecho que
hagan viable la acción de tutela incoada por el HOSPITAL REGIONAL DE LA
ORINOQUIA [sic] E.S.E., por cuanto la consideramos abusiva, temeraria y mal
intencionada, aunado al hecho del trabajo efectivamente prestado por el suscrito
profesional del derecho, de la complejidad del asunto […]”, se negaran las
pretensiones de la acción de tutela.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20153, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
2
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07073-00
Accionante: Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E.
de 6 de abril de 20214, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
20195.
VI.2. Problemas jurídicos
7. El extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales
a las providencias de 10 de junio de 2021 y 25 de enero de 2024, proferidas por el
Tribunal Administrativo de Casanare y la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado. Sin embargo, la Sala sólo analizará si la providencia de 25 de
enero de 2024, proferida por esta Corporación, vulneró los derechos
fundamentales de la parte accionante porque esta decisión fue la que finiquitó la
litis e hizo tránsito a cosa juzgada.
8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:
b) Determinar si la providencia aquí enjuiciada vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante.
9. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo
posteriormente a (ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos
alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias
adjetivas.
VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20126, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
4
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
5
Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07073-00
Accionante: Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E.
11. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la
sentencia SU-627 de 2015.
13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial7, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución8.
14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”9 que encaje en
dichos parámetros.
15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
7
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván
Palacio Palacio.
8
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una
situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
9
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07073-00
Accionante: Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E.
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
16. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.
VI.4. El caso concreto
17. ElHospital Regional de la Orinoquía E.S.E. solicitó, a través de apoderada
judicial, el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y contradicción y al acceso a la administración de justicia en conexidad
con el principio de seguridad jurídica, cuya vulneración le atribuyó a las
providencias de 10 de junio de 2021 y 25 de enero de 2024, proferidas por el
Tribunal Administrativo de Casanare y la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número de radicación 85001-23-
33-000-2019-00168-00/01.
18. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en
especial, el requisito de inmediatez.
VI.4.1. De incumplimiento del requisito general de procedencia de la
inmediatez
19. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración10. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos
[…]”11.
20. Al respecto, la jurisprudencia constitucional12, ha señalado lo siguiente:
“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el
requisito de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y
10
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
11
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
12
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07073-00
Accionante: Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E.
exigente, pues el carácter excepcional de esta figura obedece
precisamente a la necesidad que existe de conciliar la protección de
derechos fundamentales con los principios constitucionales de
seguridad jurídica y autonomía judicial, que podrían comprometerse si
la tutela contra providencias judiciales se convierte en práctica
generalizada. De ahí que la jurisprudencia de la Corte Constitucional
haya sido particularmente reiterativa en considerar que el principio de
inmediatez es particularmente importante cuando se trata de examinar la
procedencia de tutelas contra providencias judiciales. En la citada
sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de permitir que la acción de tutela
proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos” […]”13. [Negrilla fuera del texto].
21. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,
mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla
jurisprudencial según la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6)
meses, contados a partir de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela.
Ello con sustento en el siguiente raciocinio:
“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.
Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que
las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes
sobre este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un
plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de
la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza
del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de
los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la
tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas
logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se
acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado
como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se
trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional
[…]”14. [Negrilla fuera del texto].
13
Ibidem.
14
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-
03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07073-00
Accionante: Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E.
22. La jurisprudencia constitucional15 ha establecido excepciones a la aplicación
del requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular16, así:
“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida
transcurrido un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración,
siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes,
por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el
núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii)
exista un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción y la
vulneración de los derechos de los interesados; o iv) cuando se demuestre
que la vulneración es permanente en el tiempo y que, pese a que el hecho
que la originó es muy antiguo respecto de la presentación de la tutela, la
situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual […]”17.
23. Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que, para determinar si la
presente acción de tutela satisface el requisito general de procedibilidad de
inmediatez, se debe tener en cuenta la fecha de notificación de la providencia
controvertida. Ello en razón a que la jurisprudencia de esta Sección ha sido
pacífica en sostener que el plazo razonable se contabiliza a partir de la fecha en
que se notifique la providencia controvertida por vía de tutela.
24. Con fundamento en lo expuesto, la Sala estima pertinente resaltar que: (i) la
providencia que motivó la interposición de esta acción de tutela fue notificada por
correo electrónico de 7 de mayo de 202418, y (ii) la presente solicitud de amparo
se interpuso a través de la plataforma habilitada en la página web de la Rama
Judicial “Recepción de Tutelas y Hábeas Corpus en Línea”, el 19 de diciembre de
202419.
25. En razón a que la solicitud de tutela fue radicada el 19 de diciembre de 2024,
la Sala observa que se ejerció por fuera de los 6 meses, término fijado tanto por
esta Corporación como por la Corte Constitucional.
26. En ese orden de ideas, y en atención a que, tampoco se observa otra causal
adicional que justifique la demora en la interposición de la presente acción
constitucional, la Sala considera que no se satisface el requisito general de
procedibilidad atinente a la inmediatez, resaltándose que tampoco se cumplen los
presupuestos para acceder a la aplicación de la sentencia SU-354 de 2017,
proferida por la Corte Constitucional.
15
Sentencia T-584 de 2011.
16
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del
Consejo de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
17
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
18
Índice 00017 de SAMAI, envió de notificación, radicado núm. 85001-23-33-000-2019-00168-01.
19
Índice 00002 de SAMAI, acta individual de reparto, radicado núm. 11001-03-15-000-2024-07073-00.
10
Radicación: 11001-03-15-000-2024-07073-00
Accionante: Hospital Regional de la Orinoquía E.S.E.
27. Con fundamento en lo anterior, esta Sección declarará la improcedencia de la
solicitud de amparo al no cumplir el requisito general de inmediatez.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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