RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00009-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00009-00

Fecha
31 de enero de 2025
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00009-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales a la honra, buen nombre, libertad de expresión, participación ciudadana, igualdad e integridad personal de la accionante, Hannah Escobar Correa. 14 Radicado: 11001-03-15-000-2025-00009-00 Accionante: Hannah Escobar Correa Se concede el amparo SEGUNDO: ORDÉNASE al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, elimine la nota y presente excusas públicas a la accionante por la publicación del 21 de diciembre de 2024. Para el cumplimiento de la orden, el pronunciamiento emitido deberá publicarse y permanecer en las cuentas de redes sociales de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la cuenta personal de X.com de <<@petrogustavo>>. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00009-00

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

31 de enero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00009-00
Accionante: Hannah Escobar Correa
Se concede el amparo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00009-00
Accionante: Hannah Escobar Correa
Accionado: Presidente de la República - Gustavo Petro Urrego

Temas: Se concede el amparo a la honra, buen nombre, libertad de expresión, participación
ciudadana, igualdad e integridad personal.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sala resuelve la acción de tutela presentada por Hannah Escobar Correa contra
el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, para obtener el amparo
de sus derechos fundamentales a la honra, buen nombre, libertad de expresión,
participación ciudadana, igualdad e integridad personal.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 26 de diciembre de 2024, la señora Hannah Escobar Correa, obrando mediante
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el señor presidente de la

1

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00009-00
Accionante: Hannah Escobar Correa
Se concede el amparo

República, Gustavo Petro Urrego. La accionante consideró vulnerados sus derechos
fundamentales a la honra, buen nombre, libertad de expresión, participación
ciudadana, igualdad e integridad personal por la publicación del 21 de diciembre de
2024 de <<@petrogustavo>> en la plataforma X.com.

2.- En la acción de tutela se formularon las pretensiones que se transcriben a
continuación:

<<1. Que se tutelen los derechos fundamentales al buen nombre, honra, dignidad,
libertad de expresión, participación, oposición política-ciudadana, a no ser
discriminada ni estigmatizada, así como a la integridad personal y psicológica de la
Dra. Hannah Escobar Correa, los cuales han sido gravemente vulnerados por la
publicación realizada en su contra por el Señor Presidente de la República el pasado
21 de diciembre en su cuenta personal de X.com (@petrogustavo), donde la calificó
como “Nazi” y la equiparó con integrantes de grupos paramilitares.

2. Que se ordene al Señor Presidente de la República eliminar la referida publicación
y ofrecer disculpas públicas a la Dra. Hannah Escobar Correa, reconociendo el daño
ocasionado a sus derechos fundamentales.

3. Que, para garantizar el cumplimiento de la orden, el pronunciamiento de disculpas
sea publicado en las cuentas oficiales de las redes sociales de la Presidencia de la
República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y en la
cuenta personal de X.com del usuario @petrogustavo>>.

B. Fundamentos de la acción de tutela

3.- En la demanda se afirma:

3.1.- Que la accionante, Hanna Escobar Correa, es una destacada profesional de la
salud y experta en el análisis de políticas públicas del sector. Es profesional en
Química Farmacéutica y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de
Antioquia. Que cuenta con más de trece años de experiencia en el sistema de salud
y ha trabajado en diferentes IPS, las Fuerzas Militares y la industria farmacéutica. Y
que desempeñó un papel clave durante dos años como coordinadora del Programa
Nacional de Uso de Medicinas del Ministerio de Salud, donde lideró la
implementación de la política pública de regulación de precios del SISMED.

3.2.- Que <<gracias a su amplia experiencia y conocimiento del sector, ha liderado y
asesorado diversas iniciativas de oposición política-ciudadana a la reforma a la salud
promovida por el Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego>>. Que sus
denuncias han sido reconocidas por fallos de Altas Cortes, como la Corte
Constitucional y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00009-00
Accionante: Hannah Escobar Correa
Se concede el amparo

3.3.- Que la accionante es una influyente opositora de las políticas del Gobierno
Nacional, pues sus críticas en contra de las reformas al sistema de salud han tenido
amplia difusión en los portales de La Silla Vacía y La Emboscadura. En la demanda
se indican los enlaces que dan cuenta de los artículos publicados en dichas páginas
y de las entrevistas otorgadas sobre el tema. También se afirma que <<otra de las
actividades que realiza redes sociales se centra en la divulgación pedagógica sobre
tácticas de propaganda y marketing político digital, informando al al público sobre
las estrategias de propaganda promovidas desde el gobierno nacional, buscando
generar conciencia y promover un análisis crítico ciudadano>>.

3.4.- Que, sin perjuicio de lo anterior, <<el principal canal de divulgación de opinión
de oposición al gobierno defensa de la salud>> de la accionante es su cuenta en la
plataforma X.com, que es consultada por más de 24.000 seguidores y constituye su
medio principal para difundir sus ideas y opiniones políticas.

3.5.- Que el 6 de octubre de 2024 a las 12:54 p. m., el usuario de X.com
<<@gener_usuga>>, que es un reconocido <<influencer gobiernista>>1, publicó una
imagen con un mosaico de <<los más importantes activistas digitales del Petrismo>>,
en el cual incluyó al mismo presidente de la República y señaló:

<<Pues así no les guste, los aquí presentes son responsables de generar un
despertar ciudadano en Colombia. Los aquí presentes son los responsables de
acabar con el rating de los medios tradicionales, los aquí presentes, juntos tienen
más seguidores que cualquier medio en Colombia #Nichito la defensa del cambio>>.

3.6.- Que posteriormente, el 20 de diciembre de 2024, a la 1:31 p. m, la accionante
republicó la misma imagen con la siguiente leyenda:

<<Dejaré esto por acá y me retiraré lentamente. Espero que les sea de muchísima
utilidad para comprender las dinámicas de la propaganda alrededor de
@petrogustavo y la jerarquía que se maneja en la misma>>.

3.7.- Que la publicación también fue citada por el reconocido periodista, Daniel
Samper Ospina (<<@DanielSamperO>>) en su cuenta de X.com y, para
demostrarlo, indica que este señaló en su cuenta: <<¿Alguien se ha sentido alguna
vez hostigado por alguno de ellos?>>.

1 La accionante cita los enlaces de las publicaciones de la autoría del señor Usuaga para demostrar lo anterior.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00009-00
Accionante: Hannah Escobar Correa
Se concede el amparo

3.8.- Que el 21 de diciembre de 2024, a las 7:00 p. m., el señor presidente de la
República, Gustavo Petro Urrego, citó la entrada de <<@julibmoya>> y publicó el
siguiente comentario desde su cuenta de X.com (<<@petrogustavo>>) <<en el que
hace alusión directa a la actora y al Periodista Daniel Samper Ospina>>, lo cual se
acredita con el pantallazo sobre el correspondiente mensaje:

<<Este tipo de listados de militantes de organizaciones de izquierda,
publicados, semejan a los tiempos donde unos narcos, unidos a generales y
senadores, hacían listados de militantes de la UP que amanecían después,
asesinados.

La constitución dice que nadie puede ser discriminado por sus ideas políticas, esta
extrema derecha nazi, aupada por periodistas como Daniel Samper y otros, solo
trazan un camino que Colombia no debe volver a recorrer: el del exterminio del
diferente.

Como avanzamos en la transformación de Colombia y sacamos la gente del hambre,
la fuerza más oscura y más retardataria afila sus colmillos.

La discriminación es un delito. Le solicito a @FiscaliaCol establecer una unidad
especial de investigación contra la amenaza y la discriminación política.

No hace mucho, Nazis como estos que perfilan militantes de izquierda, hicieron
asesinar a 300.000 campesinos a través de la discriminación y el sectarismo
político y después, asesinaron a más de 5.000 militantes de la UP.

No se les puede permitir, solo porque la izquierda está en el gobierno por el voto
popular, que repitan la historia>>.

3.9.- Que en la publicación del señor presidente de la República se mencionó un
mensaje anterior, en el cual ella fue identificada por su nombre y apellido, y se publicó
también su lugar de trabajo. La accionante alega que, inequívocamente, el
comentario del primer mandatario contenía una acusación específica en contra de su
honra y buen nombre.

4.- La actora considera que llamar <<nazi>> y <<paramilitar>> a una ciudadana
implica destruir su honra, nombre y dignidad, pues no existe un epíteto peor ni una
afirmación más descalificante que la acusación de pertenecer a una agrupación
genocida. Señala que la declaración del señor Presidente excedió los límites
razonables del ejercicio de la libertad de opinión y que estaba destinada a excluirla
del debate público, discriminarla por su forma de pensar y calificarla –sin ningún
sustento probatorio– de criminal o supremacista racial.

4

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00009-00
Accionante: Hannah Escobar Correa
Se concede el amparo

5.- La demandante señala que la publicación del 21 de diciembre de 2024, realizada
por el señor presidente de la República, desencadenó una avalancha de insultos,
hostigamientos y amenazas digitales en su contra. En concreto, aporta los enlaces y
capturas de pantalla de publicaciones de X.com en las que otros usuarios de la
plataforma etiquetan su usuario y divulgan su lugar de trabajo, la califican de
<<racista y supremacista>>; insinúan que su vida correrá peligro por una
<<limpieza>>; que de esta no va a salirse tan fácil y sin pagar; o indican <<péguele
una buena asustada, si necesita cuánto cobra un muñeco un amigo me dice, hay que
comenzar a limpiar fachitos>>.

6.- Informa que su cuenta en X.com fue suspendida temporalmente, lo que
<<evidencia un intento de acallarla y expulsarla del debate público>>. Al efecto, hace
referencia a las notas de prensa de los portales de El Colombiano del 26 de diciembre
de 2024, Caracol Radio del 24 de diciembre de 2024 e IFM Noticias del 23 de
diciembre de 2024, en las que se reporta la suspensión de su cuenta.

7.- Por último, la accionante indica que varios comunicadores sociales coincidieron
en denunciar públicamente que esta cadena de sucesos se generó por las
acusaciones irresponsables del señor presidente de la República. Alude a la columna
publicada por el senador Andrés Forero, que expresó su solidaridad por la <<violenta
arremetida>> del señor Presidente; la publicación de la representante a la Cámara,
Katherine Miranda, que se pregunta si <<¿en serio es el discurso que debería
manejar un jefe de Estado?>>; la publicación del director de noticias de Caracol
Radio, quien indica que <<una suspensión de cuenta que tiene muy mala factura en
materia de libertad de expresión y aboga por que la restituyan pronto>>; y el
comunicado del periodista de Caracol, Melquisedec Torres, quien califica de muy
irresponsable al señor Presidente e indica que <<le pone una lápida de nazi asesina
a una tuitera que simplemente copió un cuadro de petristas, que había sido publicado
por otro petrista, que lo llamó “el nichito”>>.

C. Fundamentos jurídicos y derechos fundamentales invocados

8.- La accionante alega que la publicación del señor presidente de la República
Gustavo Petro Urrego, vulneró sus derechos fundamentales a la honra, buen
nombre, libertad de expresión, participación ciudadana, igualdad e integridad
personal. Precisa que la solicitud de amparo es procedente porque, cuando la acción
de tutela se instaura contra funcionarios públicos, no es obligatorio agotar la solicitud
previa de rectificación ante el emisor; indica que este requisito solo es exigible en

5

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00009-00
Accionante: Hannah Escobar Correa
Se concede el amparo

acciones de tutela contra particulares y medios de comunicación, según el numeral
7 del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.

D. Oposiciones e intervenciones

9.- La Presidencia de la República (accionada) no controvirtió los fundamentos
fácticos de la demanda en relación con el contenido de las publicaciones, ni sus
consecuencias. Solicitó negar el amparo porque consideró que las declaraciones
emitidas por el señor presidente de la República desde su usuario de X.com
constituyen opiniones o apreciaciones personales y subjetivas y están amparadas
por las garantías constitucionales a la libre expresión.

9.1.- Indicó que las palabras del señor Presidente no tenían la intención de transmitir
información, imputar delitos ni ofender o difamar a la accionante. En cambio, señaló
que la publicación hacía referencia abstracta a una corriente ideológica, en el marco
de un intercambio de opiniones en la plataforma X.com, y que no se dirigió
personalmente hacia la accionante. Textualmente afirmó:

<<En esa medida, la opinión emitida por el señor presidente se inscribe en el ámbito
del derecho de libertad de expresión -en la modalidad de opinión- sin que ello
comporte por sí mismo, una afectación a los derechos invocados. Bajo ningún juicio
objetivo, podría valorarse que la opinión del señor presidente estaban dirigidas a
vincular a la accionante con los “nazi” o con actos de genocidio político perpetrados
en Colombia por grupos paramilitares. En realidad, las palabras del presidente, fueron
proferidas en el contexto de la defensa del Gobierno a los proyectos de
transformación social, incluido el proyecto de reforma a la salud, como una
manifestación legítima sobre la existencia de dos ideologías que se encuentran en
oposición. En ese sentido, resulta equivocado afirmar que la opinión del presidente
perseguía afectar los derechos fundamentales de la accionante y de descalificar su
posición ideológica y política, configurando una estigmatización grave e infundada>>.

9.2.- Argumentó que el debate político y democrático permite expresar opiniones
sobre temas de interés público, sin que ello implique una acusación directa. Manifestó
que, como la accionante es <<figura de público conocimiento>> en X.com, no está
en una posición de asimetría frente al señor presidente de la República, ni se
evidencia que haya padecido un daño concreto. Para sustentar su posición, citó la
sentencia proferida el 6 de diciembre de 2024 por la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado2, en la que se consideró que las declaraciones del

2 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 6 de

diciembre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-0589900.

6

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00009-00
Accionante: Hannah Escobar Correa
Se concede el amparo

primer mandatario que exponen apreciaciones personales, subjetivas y políticas no
están sujetas a una estricta objetividad.

II. CONSIDERACIONES

I.- La procedencia de la acción de tutela

10.- La solicitud de amparo es procedente porque la accionante interpuso la acción
en un término prudencial y no dispone de otros mecanismos judiciales idóneos y
eficaces para la protección inmediata de sus derechos fundamentales. La solicitud
previa de rectificación no constituye un presupuesto para promover la tutela contra
una autoridad pública, pues esta exigencia solo está contemplada cuando se trata
de información difundida por particulares en ejercicio del periodismo.

10.1.- Si bien el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 dispone que <<cuando se
solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas […] se deberá anexar la
transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación
solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la
misma>>, el alcance de la norma se estableció estrictamente a la acción de tutela
por acciones u omisiones de particulares. Como el aquí accionado es un funcionario
público, este requisito no es exigible.

10.2.- La Corte Constitucional ha establecido que la solicitud previa de rectificación
también es aplicable <<cuando la información circula a través de los medios masivos
de comunicación>> o <<cuando el emisor no es comunicador social o periodista,
pero se dedica habitualmente a la difusión de información>>3. Esta corporación4 ha
precisado que las expresiones de los funcionarios públicos no siempre encajan en
los anteriores supuestos, toda vez que:

<<[…] si bien jurisprudencialmente se ha admitido que [el requisito] procede cuando
el emisor, sin ser periodista, se dedica de manera habitual a la difusión de
información, esta regla no se extiende al evento en que el emisor es servidor público;
ello, por cuanto las declaraciones o afirmaciones de los funcionarios públicos llevan
implícito el ejercicio del poder-deber de comunicación, y por tanto tienen un mayor
grado de responsabilidad en cuanto a que dichas expresiones atiendan al
respeto de los derechos de las personas; sumado a que, lo que aquellos

3 Corte Constitucional, sentencias T-121 de 2018 y T-250 de 2020.
4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17

de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04825-00.

7

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00009-00
Accionante: Hannah Escobar Correa
Se concede el amparo

comunican tiene un impacto en la sociedad en razón a la credibilidad y
confianza de la ciudadanía en dichos actores>>

11.- La pretensión de amparo formulada en el escrito de tutela no tiene por objeto la
rectificación de una afirmación, sino que se elimine la información y se ofrezcan
disculpas públicas. La accionante no fundamentó la vulneración simplemente en la
falta de veracidad en las declaraciones del señor presidente de la República, sino en
que la declaración del 21 de diciembre de 2024 contiene expresiones ofensivas,
estigmatizantes y discriminatorias.

II.- El amparo de los derechos fundamentales invocados en la demanda

12.- La sala concederá el amparo a los derechos fundamentales a libertad de
expresión, participación ciudadana, igualdad e integridad personal, a la honra y al
buen nombre de la accionante porque la publicación en X.com realizada por el señor
presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, atenta gravemente contra tales
derechos en la medida en que la relaciona injustificadamente con actividades que
evidentemente constituyen una agresión contra los derechos fundamentales
invocados. Tales manifestaciones no pueden enmarcarse dentro de facultad del
señor presidente de la República de su poder-deber de comunicación con la Nación,
ni dentro del margen de libertad para intervenir en los debates políticos en relación
con quienes participan en igualdad de condiciones en los mismos. Ellas contradicen
frontalmente su deber de respeto por la dignidad de las personas que ejercen su
derecho de controvertir las políticas de su gobierno y claramente generan como
consecuencia que el debate pacífico y respetuoso de las ideas, que debe promoverse
por el primer mandatario con su ejemplo, se convierta en una confrontación violenta
dirigida a agredir personalmente a sus participantes y a excluirlos de la discusión.

Las afirmaciones hechas con base en la publicación de la accionante lesionan
sus derechos fundamentales a la honra y el buen nombre

13.- No puede considerarse, como lo señala la presidencia de la República, que los
derechos fundamentales a la honra y el buen nombre de la accionante no se vieron
afectados por manifestaciones del señor Presidente, porque no contienen
imputaciones jurídicas concretas. El mensaje del señor presidente de la República
en la red social aparece como respuesta a la publicación de la accionante, mediante
la inclusión de otro mensaje alusivo al mismo, en el que se indican el nombre y
apellido de la demandante, así como la entidad para la cual trabaja.

8

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00009-00
Accionante: Hannah Escobar Correa
Se concede el amparo

13.1.- Para determinar la esfera de protección de la honra y el buen nombre, la
jurisprudencia constitucional desarrolló una distinción entre afirmaciones genéricas y
específicas, e indicó:

<(i) Afirmaciones genéricas: Emitidas de forma en que se hace referencia a un género
y no existe intención de involucrar a una persona o grupo determinado o determinable
ante su imprecisión y vaguedad.

(ii) Afirmaciones específicas: Emitidas de manera que se puede establecer que la
manifestación involucra a un individuo o a un grupo de ellos, ya sea porque quien
emite la información lo determina claramente o porque a través de un ejercicio
deductivo puede ser determinable>>.

13.2.- De conformidad con lo anterior, la sala advierte que la publicación del 21 de
diciembre de 2024 sí contiene una referencia clara e inequívoca a la accionante
porque es una respuesta a su mensaje.

13.3.- Sobre la garantía constitucional del derecho a la honra, la Corte Constitucional
ha dicho lo siguiente:

<<Esta garantía ha sido entendida como “la reputación, o el concepto que de una
persona tienen los demás y que se configura como derecho frente al detrimento
que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o
informaciones falsas o tendenciosas”. En ese sentido, constituye “uno de los más
valiosos elementos del patrimonio moral y social, y un factor intrínseco de la dignidad
humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la
sociedad”.

La Corte ha sostenido que “se atenta contra este derecho, cuando sin justificación
ni causa cierta y real, es decir, sin fundamento, se propagan entre el público -
bien sea de forma directa o personal, o a través de los medios de comunicación
de masas- informaciones falsas o erróneas que distorsionan el concepto
público que se tiene del individuo y que por lo tanto, tienden a socavar el
prestigio o la confianza de los que disfruta del entorno social en cuyo medio
actúa, o cuando en cualquier forma se manipula la opinión general para
desdibujar su imagen”5.

“6.1.1. Particular o funcionario público: la jurisprudencia constitucional e
interamericana han coincidido en señalar que el derecho a la libertad de expresión,
cuando es ejercido por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones,
tiene limitaciones mayores a las que ostenta cuando lo ejerce un ciudadano del
común. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado:
“No sólo es legítimo, sino que en ciertas ocasiones es un deber de las autoridades
estatales pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Sin embargo, al

5 Referenciada en la sentencia T-007 de 2020 .

9

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00009-00
Accionante: Hannah Escobar Correa
Se concede el amparo

hacerlo están sometidos a ciertas limitaciones en cuanto a constatar en forma
razonable, aunque no necesariamente exhaustiva, los hechos en los que
fundamentan sus opiniones10, y deberían hacerlo con una diligencia aún mayor
a la empleada por los particulares, en atención al alto grado de credibilidad de
la que gozan y en aras a evitar que los ciudadanos reciban una versión
manipulada de los hechos6. Además, deben tener en cuenta que en tanto
funcionarios públicos tienen una posición de garante de los derechos
fundamentales de las personas y, por tanto, sus declaraciones no pueden llegar
a desconocer dichos derechos”.

Por su parte, en la Sentencia T-949 de 2011, la Corte Constitucional resaltó que el
derecho a la libertad de expresión de los funcionarios públicos se restringe debido al
mayor compromiso social que tienen respecto de un particular:

“[s]i bien es cierto que los servidores públicos mantienen su libertad de información
y de opinión, en su calidad de ciudadanos, también lo es que se les restringe, por su
mayor compromiso social y debido a que el servicio público es una actividad
altamente reglada, que impone mayor prudencia y respeto, por ejemplo, al
expedir opiniones y dar información. En esa medida, claro está que deviene
diferente el ámbito de la libertad de expresión de los servidores públicos, cuando en
cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales debe activar su
derecho/deber de difundir o expresar información oficialmente relevante”.7
(...)
En suma, dado que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por parte
de funcionarios públicos tiene un impacto mucho mayor en el imaginario
colectivo, dado el grado de confianza y credibilidad que las personas suelen
tener en las afirmaciones de quienes ocupan estos cargos, se justifica que
tengan una diligencia mayor a la que debería tener un particular al momento de
expresar sus opiniones”. 8>>

III. La publicación del 21 de diciembre de 2024 del señor presidente de la
República vulneró los derechos fundamentales a libertad de expresión,
participación ciudadana, igualdad e integridad personal de la accionante

14.- La sala advierte que la publicación en X.com del 21 de diciembre de 2024 de
<<@petrogustavo>> estaba destinada a excluir del debate público a las expresiones
y posturas críticas del Gobierno nacional y propició la agresión hacia la accionante.
Por lo tanto, vulneró sus derechos fundamentales a la libertad de expresión,
participación ciudadana, igualdad e integridad personal. Del hilo de la publicación en
X.com es posible advertir que la nota del señor Presidente en su cuenta personal se
hizo en respuesta a la divulgación que hizo la accionante. Una vez se publicó la nota

6 T-849/11
7 T-155/19
8
T-155/19

10

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00009-00
Accionante: Hannah Escobar Correa
Se concede el amparo

del señor Presidente, la demandante fue identificada por los demás usuarios y
atacada masivamente, lo que posteriormente generó la suspensión de su cuenta en
esta red social.

14.1.- Se encuentra probado que la accionante es una opositora de las propuestas
de reforma al sistema de salud del Gobierno, pues su cuenta en X.com está dedicada
a señalar sus desacuerdos con los proyectos de reforma y a debatir con otros
usuarios de esa red. Así mismo, se advierte que la publicación de la accionante
incluía a un grupo de personas (las que aparecían enlistadas en la foto) como
integrantes de un grupo que apoyaba al señor Presidente y a su política en materia
de salud, en la cual simplemente se repetía una publicación proveniente de quienes
apoyan las políticas del primer mandatario, realizada con el objeto de evidenciar su
influencia efectiva en la opinión pública.

14.2.- El señor presidente de la República equiparó lo anterior con un perfilamiento
de personas similar al realizado por responsables de delitos de lesa humanidad para
adelantar exterminio de un pueblo o de un grupo político debido a su raza o su
ideología. Al hacerlo, incluyó expresiones que exceden amplia y gravemente su
derecho a la opinión frente a los usuarios en la red social. Además, resulta clara la
existencia de una relación asimétrica entre el señor presidente de la República y la
actora, pues el señor Presidente tiene un impacto mucho mayor en sus
comunicaciones ante la opinión pública, precisamente por la dignidad que ejerce.
Para la sala es evidente que las alusiones al nazismo y al paramilitarismo no se
limitan a <<expresar opiniones sobre temas de interés público>>, como lo afirmó la
Presidencia en el informe de contestación.

14.3.- No es constitucionalmente admisible que quien ejerce la presidencia de la
República acuda al uso de estas palabras para descalificar a sus opositores. Tales
pronunciamientos fomentan la violencia política y amenazan la integridad física y
psicológica de líderes y lideresas gremiales, sociales y comunales. Como se acreditó
en el caso concreto9, luego de la publicación del señor presidente de la República la
accionante recibió múltiples mensajes con insultos y amenazas de otros usuarios de
X.com, que la describían bajo los mismos términos que usó el primer mandatario. Se
identificó su nombre real, su lugar de trabajo y recibió un ataque por parte de los
usuarios en los mismos términos utilizados por el señor Presidente.

14.4.- En la sentencia T-1191 de 2004, la Corte Constitucional estableció que la
libertad de expresión del presidente de la República constituye un medio legítimo de

9 Folios 15 y 16 del archivo 01 del índice 0002 del Historial de Actuaciones en SAMAI.

11

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00009-00
Accionante: Hannah Escobar Correa
Se concede el amparo

ejercicio de facultades gubernamentales que supone un <<poder-deber>> de
mantener un contacto permanente con la población. Es decir, que <<el derecho a la
libertad de expresión, cuando es ejercido por funcionarios públicos en uso de sus
funciones, tiene limitaciones mayores frente a un particular>>10, toda vez que las
personas tienden a apreciar con confianza y credibilidad las afirmaciones de quienes
ocupan estos cargos, lo que –a su turno– justifica exigirles una mayor diligencia en
sus comunicaciones públicas.

14.5.- En línea con lo anterior, esta corporación11 ha precisado que el referido poder-
deber de comunicación con la Nación cualifica la libre expresión del primer
mandatario y, en consecuencia, le impone (a) una carga de veracidad e imparcialidad
cuando transmite informaciones o (b) una carga de justificación razonable cuando
transmite opiniones. En cualquier caso, el ejercicio del poder-deber está limitado por
el respeto hacia los derechos fundamentales12.

14.6.- La sala evidencia que la publicación del 21 de diciembre de 2024 de
<<@petrogustavo>> constituye una manifestación del referido poder-deber, toda vez
que se difundió por un canal público de comunicación del presidente de la República
con la ciudadanía y transmitió un mensaje sobre un asunto de interés general. Por lo
tanto, debía observar los límites del mismo, especialmente en lo referente a la no
incitación y apología a la violencia, y no incluir manifestaciones que trascienden
cualquier criterio de razonabilidad sobre los parámetros de respeto que debe cumplir
particularmente el accionado, en atención a la dignidad que ostenta.

14.7.- En el informe de contestación, la Presidencia de la República señaló que la
publicación del 21 de diciembre de 2024 del señor Presidente no tiene por objeto
transmitir información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de interés general,
sino manifestar una apreciación subjetiva sobre la política oficial. Sin embargo, no
agotó una carga de justificación razonable. En su lugar, se limitó a afirmar que sus
publicaciones constituyen opiniones, sin exponer criterios razonables para sustentar
su declaración ni excusar los efectos que le generó a la accionante, y sin explicar el

10 Corte Constitucional, sentencia SU-420 de 2019. Reiterado en sentencias T-203 de 2022, T-446 de 2020 y T-

356 de 2021.
11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 27

de agosto de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-03889-00; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Quinta, sentencia del 17 de octubre de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-03889-01.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta, sentencia del 19 de septiembre de
2024, radicado 11001-03-15-000-2024-04386-00. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Cuarta, sentencia del 22 de agosto de 2024, radicado 11001-03-15-000-2024-03529-00.
12 Corte Constitucional, sentencia T-627 de 2012.

12

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00009-00
Accionante: Hannah Escobar Correa
Se concede el amparo

porqué del uso de nombres que recuerdan el genocidio o exterminio de un pueblo o
de un grupo político.

14.8.- Es preciso mencionar que mediante sentencia del 6 de diciembre de 2024, la
Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación resolvió una acción de tutela
promovida por la senadora María Fernanda Cabal para el amparo a sus derechos a
la honra, buen nombre e intimidad. Como fundamento fáctico, se adujo que el señor
presidente de la República asoció a la allí accionante con un símbolo históricamente
vinculado al genocidio. La autoridad judicial consideró que las afirmaciones
reprochadas estaban amparadas por las garantías constitucionales a la libertad de
opinión y que no se logró desvirtuar la presunción de primacía de la libertad de
expresión. Textualmente afirmó que:

<<A juicio de la Sala, si bien el contexto en el que se hicieron las aseveraciones fue
en el marco del encuentro público “La Pensional se Defiende”, lo cierto es que la
afirmación rendida por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, no tenía
como finalidad trasmitir una información objetiva a los ciudadanos sobre asuntos de
interés general, sino que aconteció como parte de la intención de rendir un discurso
en respuesta a la temática central que fue motivo de la realización del evento, es
decir, la exposición de los argumentos de porqué era buena la reforma pensional para
el país, aspecto que, claramente, incluía reflexiones de índole personal y particular
sobre el tema.

Por tanto, la manifestación del presidente de la República se presenta como una
apreciación subjetiva formulada a partir de opiniones personales, que no está sujeta
a las cargas de veracidad y objetividad, que rigen en el derecho a la información, pero
de la que sí es exigible que su formulación responda a un mínimo de justificación
fáctica real y a criterios de razonabilidad, aspecto que, en consecuencia, le
corresponderá entrar a analizar a esta Sala>>13.

14.9.- Sin embargo, en la citada jurisprudencia, la sala de decisión también precisó
la cobertura a la honra y el buen nombre de los funcionarios públicos, quienes –por
razón de su cargo y de su actividad política– tienen una carga de tolerancia superior
a la de los demás ciudadanos, toda vez que aquellos deben tolerar niveles más
exigentes de escrutinio. En voces de la corporación:

<< Pues bien, en este punto, esta judicatura pone de presente que, el margen de
protección de un ciudadano particular, que no es un personaje público ni es un
alto funcionario del Estado en cualquiera de sus ramas, es sin duda muy amplio e,
incluso, la jurisprudencia constitucional le reconoce un estado de indefensión cuando

13
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 6
de diciembre de 2024.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00009-00
Accionante: Hannah Escobar Correa
Se concede el amparo

busca la protección de su buen nombre y honra ante los medios de comunicación,
los altos funcionarios del Estado y los personajes públicos.

La más intensa de esta protección se produce cuando invoca su protección frente
hechos falsos o distorsionados, pero también puede recaer sobre el área de
penumbra entre la libertad de opinión y el derecho a la información e, incluso, ante
opiniones ofensivas o irritantes de tales personas. Las cortes internacionales de
derechos humanos, la Corte Europea, la Corte Suprema de Estados Unidos y nuestra
jurisprudencia constitucional reconocen esa relación profundamente asimétrica de
poder entre unos y otros>>.

14.10.- En cambio, en el caso que ocupa a la sala, la accionante es una persona que,
si bien cuenta con un canal de difusión, no es funcionaria pública ni está en
equivalencia de condiciones frente al emisor, y por tal razón tiene derecho a una
mayor protección de sus derechos constitucionales. En ese sentido, los límites a la
libre expresión en comunicaciones oficiales que se dirigen a ella, sea de manera
mediata o inmediata, son más estrictos. Además, como lo expuso la Subsección C
de la Sección Tercera de esta corporación, la transmisión de opiniones también tiene
la virtualidad de lesionar los derechos de las personas, por lo cual su ejercicio
tampoco es ilimitado y está atado a la razonabilidad y el respeto por el núcleo
esencial de los derechos fundamentales de terceros.

15.- De conformidad con lo expuesto, la sala le ordenará al señor presidente de la
República eliminar la nota y presentar excusas públicas a la accionante por la
publicación del 21 de diciembre de 2024. En cumplimiento de la orden, y en aras de
garantizar su publicidad y difusión, el pronunciamiento emitido deberá publicarse y
permanecer en las cuentas de redes sociales de la Presidencia de la República, el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la cuenta personal
de X.com del mandatario.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: AMPÁRANSE los derechos fundamentales a la honra, buen nombre,
libertad de expresión, participación ciudadana, igualdad e integridad personal de la
accionante, Hannah Escobar Correa.

14

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00009-00
Accionante: Hannah Escobar Correa
Se concede el amparo

SEGUNDO: ORDÉNASE al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego,
que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente
providencia, elimine la nota y presente excusas públicas a la accionante por la
publicación del 21 de diciembre de 2024. Para el cumplimiento de la orden, el
pronunciamiento emitido deberá publicarse y permanecer en las cuentas de redes
sociales de la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República y la cuenta personal de X.com de <<@petrogustavo>>.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: Si la sentencia no fuera impugnada una vez ejecutoriado el fallo, por
Secretaría ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada a la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

15

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.