Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00010-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2025-00010-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2025-00010-00
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martinez
7 de febrero de 2025
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00010-00
Demandante: JOSÉ BENHUR TETEYE BOTYAY
Demandado: SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL
PROFERIDA EN EL MARCO DE UN PROCESO DE
NULIDAD ELECTORAL. FALTA DE ACREDITACIÓN DE
DEL PRESUPUESTO DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.
Síntesis del caso: el actor, quien es miembro de una comunidad indígena, solicitó la protección
de sus derechos fundamentales porque la autoridad demandada declaró la nulidad de su elección
como diputado del departamento del Amazonas. La Sala declarará improcedente la acción de
tutela por incumplimiento de relevancia constitucional, tras verificarse que los defectos
específicos se basaron en argumentos que fueron previamente analizados en el curso del
proceso y que el interés de la parte actora es emplear la acción de tutela como una instancia
adicional al proceso de nulidad electoral para manifestar su inconformidad con la decisión.
La Sala decide la acción de tutela1 presentada por el señor José Benhur Teteye Botyay,
por intermedio de apoderado judicial, en contra de la Sección Quinta del Consejo de
Estado para la protección de sus derechos fundamentales a la dignidad humana, vida
digna, igualdad, debido proceso, mínimo vital, políticos y de acceso a la administración
de justicia consagrados en los artículos 11, 13, 29, 40, 52 y 229 de la Constitución Política,
presuntamente vulnerados por la providencia que declaró la nulidad de la elección del
acto que lo declaró como diputado de la Asamblea del Amazonas para el periodo 2024-
2027.
I. ANTECEDENTES
Los hechos de la demanda
Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:
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Mediante escrito radicado el 13 de enero de 2025.
2
Expediente: 11001-03-15-000-2025-00010-00
Actor: José Benhur Teteye Botyay
Acción de tutela
1) En el marco del periodo de las pasadas elecciones territoriales, el 29 de julio de 2023,
mediante Resolución AV AD 0008, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) le
otorgó al señor José Benhur Teteye Botyay el correspondiente aval para ser candidato a
la Asamblea Departamental del Amazonas, razón por la cual fue inscrito por esa
colectividad dentro de la lista con voto preferente que el partido había conformado.
2) El 11 de noviembre de 2023, la Comisión Escrutadora Departamental del Amazonas
declaró la elección de los diputados de esa circunscripción territorial, entre ellos, la del
señor José Benhur Teteye Botyay por el Movimiento Alternativo Indígena y Social.
3) Según lo probado en el proceso ordinario, el señor José Benhur es hermano del señor
Edwin René Teteye Botyay, quien se desempeña como rector de la Institución Educativa
Colegio Indígena Casa del Conocimiento, ubicada en el corregimiento de “La Chorrera”
(departamento de Amazonas), de conformidad con la Resolución no. 0339 del 8 de
febrero de 2016, que dispuso tal designación y el acta de posesión no. 049 del 9 de
febrero de 2016, emitida por el despacho del gobernador del citado departamento y la
secretaria de gobierno, respectivamente.
4) En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, el señor Samuel Alejandro
Pineda Sáenz solicitó la nulidad del acto de elección del actor como diputado de la
Asamblea Departamental de Amazonas, contenida en el Acta de Escrutinios General de
Asamblea (E- 26 ASA) del 11 de noviembre de 2023 para el periodo constitucional 2024-
2027.
5) En esa demanda se señaló que entre los señores José Benhur y Edwin René existía
un parentesco en el segundo grado de consanguinidad, de manera que, conforme con lo
establecido en los artículos 33, numeral 5 de la Ley 617 de 20002 y el artículo 49, numeral
2
“Artículo 33. De las inhabilidades de los diputados. <Derogado por el artículo 154 (ver sobre el tema
el Art. 49) de la Ley 2200 de 2022> No podrá ser inscrito como candidato ni elegido diputado:
(…).
5. <Aparte tachado INEXEQUIBLE, sustituido por el aparte entre <>> Quien tenga vínculo por matrimonio,
o unión permanente, o de parentesco en segundo grado de consanguinidad <tercer grado de
consanguinidad>, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses
anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el
respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo
departamento. Así mismo, quien esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco
dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil, y se inscriba por el mismo
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00010-00
Actor: José Benhur Teteye Botyay
Acción de tutela
6 de la Ley 2200 de 20223, el elegido se encontraba inhabilitado para postularse y,
posteriormente, desempeñarse como diputado.
6) En consecuencia, como el señor Edwin René Teteye Botyay, en su condición de rector,
ejercía autoridad civil y administrativa con capacidad legal para dirigir, coordinar y
planear, se configuraba la causal de nulidad electoral de que trata el artículo 275 numeral
5 de la Ley 1437 de 20114.
7) Mediante sentencia del 25 de julio de 2024, la Subsección A de la Sección Primera del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probadas las excepciones de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuestas por el Consejo Nacional Electoral y la
Registraduría Nacional del estado Civil, al tiempo que negó las pretensiones de la
demanda.
8) Como fundamento de la negativa, el a quo sostuvo, entre otras razones, que aunque
el rector de la institución educativa ejercía autoridad administrativa, comoquiera que tenía
capacidad legal y reglamentaria para dirigir, planear, coordinar, entre otras, lo cual implica
poderes decisorios, de mando o imposición de conformidad con el artículo 126 de la Ley
115 de 1994, lo cierto es que no se probó que el señor Edwin René haya ejercido el cargo
dentro del periodo inhabilitante, de modo que no estaba probado el elemento temporal y,
partido o movimiento político para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en
el mismo departamento en la misma fecha”.
3
“Artículo 49. De las inhabilidades de los diputados. Además de las inhabilidades establecidas en la
Constitución, la ley y el Código General Disciplinario, no podrá ser inscrito como candidato, ni elegido
diputado:
6. Quien tenga vínculo por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco en tercer grado de
consanguinidad, primero de afinidad o Único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses
anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el
respectivo departamento; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo
departamento. Así mismo, esté vinculado entre sí por matrimonio o unión permanente o parentesco dentro
del tercer grado consanguinidad, segundo de afinidad o Único civil, y se inscriba por el mismo partido o
movimiento para elección de cargos o de corporaciones públicas que deban realizarse en el departamento
en la misma fecha (…)”.
4
“Artículo 275. Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en
los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
(…).
5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o
legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad”.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00010-00
Actor: José Benhur Teteye Botyay
Acción de tutela
ante la ausencia de alguno de los supuestos de la inhabilidad, no se podía declarar la
nulidad.
9) El señor Samuel Alejandro Pineda Sáenz apeló con fundamento en que el único
elemento de la inhabilidad que no se encontró demostrado por la primera instancia, esto
es, el temporal, sí estaba demostrado dado que en el expediente estaba la resolución y
el acta de posesión que demostraban que el señor Edwin René ejercía como rector de la
institución educativa en el año inmediatamente anterior a las elecciones y, en todo caso,
el demandado reconoció en la contestación de la demanda de manera expresa tal
circunstancia.
10) A través de fallo de 12 de diciembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de
Estado revocó la decisión y, en su lugar, declaró la nulidad del acto acusado, por
considerar que se configuró la inhabilidad electoral prevista en el artículo 49, numeral 6
de la Ley 2200 de 2022.
11) Como sustento de la decisión, sostuvo que como el a quo ya había encontrado
configurado todos los elementos de la inhabilidad, con excepción del temporal y solo fue
frente a este último que giró la apelación, únicamente se pronunciaría sobre dicho punto.
12) En estos precisos términos, estimó que le asistía razón al apelante en cuanto a que
no había duda en relación con el elemento temporal de la causal, ya que existían pruebas
que acreditaban que el hermano del elegido ostentaba tal calidad dentro del año anterior
a la elección e, inclusive, el mismo demandado lo reconoció en la contestación de la
demanda.
13) Por lo tanto, como el a quo había tenido por probados los elementos parental,
territorial y objetivo, y el único aspecto que fue objeto del recurso de apelación era el
relativo al temporal, consideró que se demostró la causal de inelegibilidad prevista en el
numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022
Fundamentos de la vulneración
Para el actor la providencia del 12 de diciembre de 2024 adolece de un defecto
procedimental absoluto porque la autoridad judicial demandada actuó al margen del
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Actor: José Benhur Teteye Botyay
Acción de tutela
procedimiento establecido por omitir la aplicación del régimen excepcional de las
comunidades indígenas cuando estudió la inhabilidad electoral enrostrada.
Como consecuencia, consideró que se configuró un defecto sustantivo, porque se aplicó
de manera automática y errada el artículo 33, numeral 5 de la Ley 617 de 2000 y el
artículo 49, numeral 6 de la Ley 2200 de 2022, que establecen inhabilidades electorales
para para diputados como servidores públicos en los términos del artículo 123 de la
Constitución Política, sin considerar que los miembros de las comunidades indígenas,
como es el caso de un rector de un colegio indígena, no ejercen autoridad administrativa,
conforme lo disponen esas normas.
Asimismo, sostuvo que en el proceso no estaba probado que el rector tuviera funciones
de contratación, manejo de recursos o poder de decisión sobre la administración pública,
los cuales eran elementos esenciales para configurar la inhabilidad, en consecuencia, la
autoridad demandada no tenía por qué dar por probados esos supuestos.
En su lugar, se omitió valorar las pruebas que acreditaban la falta de autonomía del rector
para ejercer autoridad administrativa, tales como la Resolución no. 02308 de 2022, que
daba cuenta que aquel no tenía manejo de recursos por cuanto la administración
financiera del colegio indígena estaba a cargo de otra entidad; los testimonios que
sostenían que las decisiones del colegio se toman de manera colectiva dentro del cabildo
indígena y la jurisprudencia según la cual los rectores de colegios indígenas no pueden
ser considerados autoridades administrativas en el mismo sentido que otros funcionarios
públicos.
En tercer lugar, señaló que se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado,
particularmente, la sentencia de tutela del 30 de octubre de 20155 que reconoce que los
cabildantes indígenas no son servidores públicos en el sentido del artículo 123 de la
Constitución; la sentencia C-208 de 2007, que establece que los docentes y directivos
indígenas tienen un régimen de contratación y administración diferente al resto del sector
educativo, ya que su vinculación y funciones dependen del ordenamiento propio de las
comunidades, así como unos conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado que indican que los gobernadores de cabildo y cabildantes no ejercen
autoridad administrativa en los términos de la Ley 617 de 2000.
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Rad. 52001-23-33-000-2015-00559-01.
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Actor: José Benhur Teteye Botyay
Acción de tutela
En cuarto lugar, consideró que se violó el derecho a la igualdad, por no reconocer el trato
diferenciado que deben recibir los miembros de comunidades indígenas; el derecho del
debido proceso, por no aplicarse correctamente las normas sobre inhabilidades; la
dignidad humana, vida digna, mínimo vital, integridad personal y participación política,
por impedir que un miembro de una comunidad indígena ejerza su cargo.
Pretensiones
Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:
“Se ordene, tutelar los derechos fundamentales del accionante, JOSÉ BENHUR
TETEYE BOTYAY, identificado con la cédula de ciudadanía No. 15 ́878.080
expedida en Leticia – Departamento del Amazonas, a la dignidad humana, vida
digna, integridad personal, mínimo vital, igualdad, debido proceso, trabajo,
derechos humanos, civiles, políticos, derecho sustancial, acceso a la
administración de justicia, reconocidos en los tratados y convenios
internacionales que constituyen el bloque de constitucionalidad, en observancia
a los principios rectores de: igualdad, legalidad, moralidad administrativa,
solidaridad, seguridad jurídica, afín a los fundamentos de hecho y de derecho
que, motivan esta petición.
En consecuencia, se declare la nulidad de la sentencia de segunda instancia
proferida el día doce (12) de diciembre del año dos mil veinticuatro (2.024), y en
su lugar se niegue las pretensiones elevadas en la demanda de nulidad
electoral dando aplicación al régimen excepcional de los pueblos indígenas,
unísono a los argumentos expuestos en esta acción constitucional de tutela”.
Actuación procesal
Mediante auto de 15 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes de la Sección Quinta del
Consejo de Estado y, como terceros con interés, al señor Samuel Alejandro Pineda
Sáenz, al registrador Nacional del Estado Civil, al defensor del Pueblo – Defensoría
Delegada para Grupos Étnicos, al procurador general de la Nación y al representante
legal del Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS”, con el fin de que allegaran un
informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.
Adicionalmente, se negó la medida cautelar solicitada en lo relacionado con suspender
los efectos de la sentencia de segunda instancia del 12 de diciembre de 2024, hasta tanto
se resuelva de fondo la acción de tutela de la referencia.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00010-00
Actor: José Benhur Teteye Botyay
Acción de tutela
Intervenciones de las autoridades demandadas
El magistrado ponente de la Sección Quinta del Consejo de Estado solicitó que se declare
improcedente la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional debido a que era evidente el desacuerdo del accionante con la decisión
que resultó contraria a sus intereses, lo cual no era suficiente para dejar sin efectos la
decisión censurada.
Por su parte, el señor Samuel Alejandro Pineda Sáenz manifestó que no existió
vulneración de derechos fundamentales, pues el proceso cumplió con todas las garantías
legales y procesales.
Frente a las inhabilidades electorales, sostuvo que son normas de orden público, de
aplicación taxativa y sin excepciones para los pueblos indígenas, por lo que la Sección
Quinta del Consejo de Estado aplicó correctamente la Ley 2200 de 2022 por declarar la
nulidad de la elección del accionante, quien, además, tuvo oportunidad de ejercer su
defensa y controvertir la inhabilidad endilgada en el curso del proceso.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.
Finalidad de la acción de tutela
Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.
Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00010-00
Actor: José Benhur Teteye Botyay
Acción de tutela
El caso concreto
En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Sección Quinta
del Consejo de Estado con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales previamente mencionados, presuntamente vulnerados por la providencia
del 12 de diciembre de 2024, por cuanto a juicio de la parte actora, incurrió en los defectos
procedimental absoluto, desconocimiento del precedente, sustantivo y violación directa
de la Constitución.
En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará improcedente
la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional por las
siguientes razones:
1) En su escrito de tutela el actor alegó varios defectos, pero todos ellos, en suma, se
dirigieron a demostrar que supuestamente no se tuvo en cuenta el régimen especial de
las comunidades indígenas y se aplicaron de manera errónea normas generales sobre
las inhabilidades sin considerar que los rectores de esas comunidades no ejercen
autoridad administrativa, en los términos de la jurisprudencia en la materia y de
conformidad con los testimonios y pruebas aportadas.
2) Ello, por cuanto, la decisión se basó en la relación de parentesco entre el demandante
y su hermano, rector de un colegio indígena, sin analizar si este último realmente ejercía
autoridad administrativa, puesto que, en su criterio, para que opere la inhabilidad electoral
por parentesco, el familiar del candidato debe ejercer autoridad civil o administrativa en
el territorio de elección dentro del año anterior a la elección.
3) No obstante, para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición
de la acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el curso del proceso ordinario.
4) En este caso, con ocasión de los argumentos expuestos la contestación de la demanda
y que en este escenario fueron planteados como un defecto, la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sostuvo que si bien la
defensa consideraba que el hermano del demandado no ejercía funciones públicas ni
administrativas, lo cierto es que esa discusión no tenía relación con lo allí estudiado que
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Actor: José Benhur Teteye Botyay
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era únicamente si se configuraba o no la inhabilidad del artículo 49 de la Ley 2200 de
2022, en los siguientes términos:
“De otro lado, en la contestación de la demanda se afirma que el señor Edwin
René Teteye Botyay, no “es el ordenador del gasto de los recursos del Fondo”,
ni “celebra contratos que deban pagarse con los recursos del fondo”, pues el
gasto se ordena desde la Normal Superior de Leticia conforme a la Resolución
No. 02308 de la Gobernación del Amazonas.
Revisada la resolución aducida por el demandado, se observa que a través de
la misma se ordenó asociar unas instituciones educativas, entre las que se
encuentra el Colegio Indígena Casa del Conocimiento, al Fondo de Servicios
Educativos de la Institución Educativa Escuela Normal Superior Marceliano
Eduardo Canyes Santacana del Municipio de Leticia.
Sin embargo, tal resolución no es relevante para probar la configuración de la
inhabilidad del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, pues se trata de un acto
administrativo por el cual se ordena la asociación de unas instituciones
educativas del Departamento del Amazonas al Fondo de Servicio Educativo.
La expedición de dicha resolución no indica el elemento temporal de la
inhabilidad planteada en la demanda, pues no determina si doce (12) meses
antes de la elección del señor José Benhur Teteye Botyay su hermano, señor
Edwin René Teteye Botyay, estuvo investido de autoridad administrativa”.
5) Esa decisión fue apelada únicamente por la parte demandante, quien únicamente
cuestionó lo relativo al elemento temporal, motivo por el cual en la providencia
cuestionada del 12 de diciembre de 2024, la Sección Quinta del Consejo de Estado
revocó la decisión y, en su lugar, declaró la nulidad del acto acusado, por considerar que,
para efectos de determinar si un cargo público implica el ejercicio de autoridad
administrativa esa Sección ha establecido de manera reiterada que se ha acudido tanto
a un criterio funcional como a un criterio orgánico, es decir, que si entre las funciones del
cargo se ha determinado el ejercicio de esa autoridad ello basta para configurar la
inhabilidad, sin importar si esas funciones en efecto se ejercieron o materializaron, así:
“52. En cuanto a los elementos de la autoridad administrativa, desde el año
2005, en tesis que más adelante se reiteró en la sentencia del 23 de septiembre
de 2013 la Sala ha precisado que para establecer «si el ejercicio de determinado
cargo público implica el ejercicio de autoridad administrativa, puede
acudirse, o bien a un criterio orgánico, o bien a un criterio funcional. En virtud
del primero, es posible entender que el ejercicio de determinado cargo
conlleva el ejercicio de autoridad administrativa por tratarse de aquellos
que, de conformidad con la ley, implican dirección administrativa, por ser
ésta es (sic) una manifestación de dicha autoridad. Y, acudiendo al segundo,
será posible concluir que las funciones propias de undeterminado cargo
implican el ejercicio de dicha autoridad, en atención al análisis que de dichas
atribuciones haga el juzgador en el caso concreto» (Negrillas fuera de texto
original).
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Actor: José Benhur Teteye Botyay
Acción de tutela
53. De acuerdo con lo anterior, para identificar si un cargo implica el ejercicio
de autoridad administrativa, se puede acudir a un criterio orgánico o a un criterio
funcional”.
6) Además, indicó que en el expediente sí estaba probado el elemento temporal y, frente
al elemento objetivo, sostuvo expresamente que la controversia no estaba dirigida a
dilucidar si el hermano del demandante tenía o no la calidad de autoridad con funciones
públicas y administrativas, en los siguientes términos:
“68. Acorde con lo anterior, no hay cabida a la duda en relación con el
elemento temporal de la causal, ya que dentro del año anterior a la
elección del demandado, el hermano de este último ostentaba la calidad
de rector de la Institución Educativa Colegio Indígena Casa Del
Conocimiento.
69. Aunado a lo anterior, tal aspecto no solo se vislumbra con el aparte
destacado de la contestación de la demanda, sino también de la lectura integral
del memorial en el que la defensa se centra en demostrar la inexistencia de
funciones que comprendan ejercicio de autoridad civil y administrativa; sumado
a que el debate probatorio nunca se orientó a dilucidar si, en efecto, el hermano
del señor José Benhur tenía esa calidad o no en el referido lapso.
70. Así las cosas, contrario a la conclusión a la que arribó el juzgador de primera
instancia, es evidente que el presupuesto temporal de la inhabilidad endilgada
sí se cumple en el presente caso.
71. Por lo tanto, comoquiera que el a quo dio por probados los elementos
parental, territorial y objetivo, y el único aspecto que fue objeto del recurso
de apelación era el relativo al requisito temporal, la sala encuentra
demostrados todos los presupuestos de la causal de inelegibilidad
prevista en el numeral 6 del artículo 49 de la Ley 2200 de 2022, por lo que
se revocará la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se declarará
la nulidad de la elección del señor José Benhur Teteye Botyay como
diputado de la Asamblea del Amazonas para el período 2024-2027”.
(negrillas de la Sala).
7) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto
sustantivo a dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la
interposición de la acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron
ventilados en el proceso de nulidad electoral en el que fue expedida la providencia
cuestionada, en la que los jueces de instancia analizaron la legalidad del acto censurado
8) No puede el juez constitucional entrar a resolver sobre cuestiones que no tienen una
clara y marcada relevancia constitucional y que fueron abordadas por el juez natural de
la causa solo porque el actor tiene un criterio distinto o mucho menos para proponer una
mejor solución al caso, máxime cuando frente al supuesto desconocimiento del
precedente ni siquiera se identificaron las providencias presuntamente desconocidas ni
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00010-00
Actor: José Benhur Teteye Botyay
Acción de tutela
mucho menos las reglas de derecho contenidas en ellas que constituyen un precedente
aplicable y vinculante para la resolución de su caso.
9) El escenario idóneo para defender la legalidad de los actos cuestionados era
precisamente ante el juez de la legalidad pues, tales discusiones envuelven un debate
meramente legal y probatorio que no reviste una genuina trascendencia desde el punto
de vista constitucional, salvo que se trate de errores groseros o de bulto y constitutivos
de verdaderas vías hecho, lo cual no ocurrió en este caso.
10) En todo caso, en el presente asunto tampoco se cumple el requisito de
subsidiariedad, ya que si el actor consideraba que el elemento objetivo no estaba
debidamente probado y que, como lo afirma en la acción de tutela, ese era uno de los
extremos de la controversia sobre los cuales se debió pronunciar inclusive de oficio el
juez de segunda instancia, debió solicitar la adición de la sentencia para que la Sección
Quinta se pronunciara sobre dichos aspectos, en los términos del 287 del Código General
del Proceso6.
11) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la referencia
no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es reabrir un debate
que era propio del proceso y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre
materias que desbordan su competencia.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
6
“Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la
litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de
pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la
ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte
perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de un
proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte
presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá recurrirse
también la providencia principal.” (negrillas de la Sala).
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Expediente: 11001-03-15-000-2025-00010-00
Actor: José Benhur Teteye Botyay
Acción de tutela
FALLA:
1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por el señor José Benhur
Teteye Botyay por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, por las
razones expuestas en esta providencia.
2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.
3°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
Aclara voto
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
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