Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00012-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00012-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00012-00
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
7 de febrero de 2025
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00012-00
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., siete (7) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00012-00
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Tema: Derecho fundamental de petición. Omisión de remisión de la petición
al competente. Amparo del derecho
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela instaurada por el señor Samuel Alejandro Ortiz
Mancipe contra el Consejo Superior de la Judicatura, en orden a obtener la protección
del derecho fundamental de petición.
I. Antecedentes
1.1. La acción de tutela
1. El 13 de marzo de 2025, el señor Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, actuando en
nombre propio, promovió acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura
por considerar vulnerado su derecho fundamental de petición.
1.2. Las pretensiones
2. El accionante pretende que se proteja su derecho fundamental de petición y, en
consecuencia, se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que responda la
solicitud de información que formuló.
1.3. Fundamentos fácticos
3. El 11 de noviembre de 2024, el accionante presentó petición ante el Consejo
Superior de la Judicatura, a través del correo electrónico
<info@cendoj.ramajudicial.gov.co>.
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Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
4. En dicha petición deprecó información respecto de «[l]os perfiles y origen de los
actuales magistrados que integran el Consejo Superior de la Judicatura ([d]rs. Diana
Alexandra Remolina Botía, Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, Jorge Luis Trujillo Alfaro,
Aurelio Enrique Rodríguez Guzmán, Mary Lucero Novoa Moreno y Claudia Regina
Expósito Vélez), de los que hablan las normas constitucionales al interior de las [a]ltas
[c]ortes, a saber: (i) Rama Judicial y Ministerio Público, (ii) [e]jercicio de la profesión, y
(iii) [c]átedra universitaria, a efectos de saber si se está garantizando así[,] el criterio
especial de equilibrio en la composición actual del Consejo Superior de la Judicatura
entre los 3 perfiles».1
1.4. Fundamentos jurídicos de la acción
5. El accionante fundamentó su acción en i) el artículo 23 de la Constitución Política
de Colombia, ii) la Ley 1755 de 2015, mediante la cual se reglamentó el derecho de
petición y se sustituyeron los artículos 13 y 14 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y iii) la sentencia T-491 de 2013, en
la que resaltó la «obligación de que las entidades den respuesta a los derechos de
petición, comoquiera que este no solo es un derecho fundamental, sino que[,]
además[,] de su respuesta depende la protección de otros derechos fundamentales».
6. Asimismo, indicó que la Corte Constitucional en la sentencia T-473 de 1992, luego
de entrada en vigor la Constitución Nacional, elevó a la categoría de fundamental, el
derecho de acceso a la información de documentos públicos, y, en la sentencia T-043
de 2009, manifestó que la respuesta a las peticiones debe ser de fondo, oportuna,
congruente y tener notificación efectiva.
7. Finalmente, invocó los principios de transparencia, acceso a la administración
pública, buena fe, facilitación, no discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, calidad
de la información y responsabilidad en el uso de la información.
1.5. Trámite
8. Mediante auto del 17 de enero de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela de la referencia, y ordenó i) notificar como demandados a los magistrados
del Consejo Superior de la Judicatura; ii) requerir al Consejo Superior de la Judicatura,
para que indicara si dio respuesta a la petición presentada por el señor Samuel
Alejandro Ortiz Mancipe.
1.6. Intervenciones
9. El Consejo Superior de la Judicatura, Centro de Documentación Judicial 2, a
través de su directora, señora Paola Zuluaga Montaña, solicitó que se niegue el
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Se corrigieron las erratas del original.
2
En adelante, CENDOJ.
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Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
amparo deprecado por el accionante, por tratarse de un hecho superado. Al respecto,
señaló que la petición fue remitida el día 12 de noviembre de 2024, a la dirección
electrónica <info@cendoj.ramajudicial.gov.co>.
10. En la misma fecha, fue remitida por competencia a la Mesa de Entrada del Consejo
Superior de la Judicatura al correo electrónico
<mepjbogota@cendoj.ramajudicial.gov.co>, para su trámite y gestión, situación que se
informó al accionante. Dicha petición fue transferida el 22 de enero de 2025, a la
Unidad Administrativa de Carrera Judicial, la cual por medio del Oficio CJO25-312 del
23 de enero de 2025, respondió la petición del accionante al correo electrónico
dispuesto por este, es decir, <ortiz_2804@outlook.com>.3
11. En la respuesta se le indicó al peticionario, hoy accionante, que los magistrados
del Consejo Superior de la Judicatura, por disposición del artículo 254 de la
Constitución, son elegidos por la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado, razón por la cual la corporación accionada «no interviene en el
proceso de selección y designación de dichos magistrados».
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
12. De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las
acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera
instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el
reglamento al que se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4», esta Sala es competente para
conocer de la presente acción de tutela.
2.2. Problema jurídico
13. Así, el presente asunto se contrae a establecer si, el Centro de Documentación
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura vulneró al señor Samuel Alejandro Ortiz
Mancipe su derecho fundamental de petición.
2.3. El derecho fundamental de petición
14. Conforme con lo anterior, conviene advertir que la Corte Constitucional, en
sentencia T-230 de 2020, reiteró la caracterización del derecho de petición y señaló
que su condición de derecho fundamental implica una garantía que promueve un canal
de diálogo entre los administrados y la administración. Su fluidez y eficacia, constituyen
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una exigencia impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del
Estado Democrático de Derecho.
15. En ese sentido, el mentado derecho tiene dos componentes esenciales: i) La
posibilidad de formular peticiones respetuosas ante las autoridades y como correlativo
a ello, y ii) la garantía de que se otorgue respuesta de fondo, eficaz, oportuna y
congruente con lo solicitado. Con fundamento en lo anterior, su núcleo esencial se
circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta resolución, a la existencia de
una respuesta de fondo y a la notificación de la decisión al peticionario.
16. Asimismo, el legislador reguló su ejercicio mediante la Ley Estatutaria 1755 de
2015, que sustituyó el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, (CPACA), la que en el artículo 14 señaló como término
general para resolver las peticiones el de quince (15) días siguientes a su recepción y
sometió a término especial i) las peticiones de documentos y de información, que
deben ser resueltas dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, y ii) las
peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con
las materias a su cargo, que deben decidirse dentro de los treinta (30) días siguientes
a su recepción. De igual modo, en el artículo 214 dispuso que, cuando exista falta de
competencia para resolver la petición deberá informarse de inmediato al interesado si
este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si
obró por escrito.
17. En ese sentido, y en virtud del derecho de petición, conforme al artículo 23 de la
Constitución Política5 y 13 del CPACA6, cualquier persona podrá dirigir solicitudes
respetuosas a las autoridades, ya sea verbalmente, por escrito o por cualquier otro
medio idóneo. Asimismo, las autoridades tienen la obligación de recibirlas, tramitarlas,
responderlas de forma clara, oportuna, suficiente, y congruente con lo pedido o
remitirlas al competente, de acuerdo con los estándares establecidos por la ley. Lo
anterior, con el objetivo de satisfacer un bien constitucional, es decir, el buen
funcionamiento del Estado.
2.4. Caso concreto
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Artículo 21. Funcionario sin Competencia. Si la autoridad a quien se dirige la petición no es la
competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco
(5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición
al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día
siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente.
5
Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por
motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. […].
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Artículo 13. Objeto y modalidades del derecho de petición ante autoridades. Toda persona tiene
derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este
Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución.
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18. De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer que la petición fue radicada el 12 de noviembre de 20247, y no el 11 de
noviembre de la misma anualidad8 como lo afirmó el accionante. Así, contabilizados
los términos de que tratan los artículos antes mencionados, el Consejo Superior de la
Judicatura debió dar respuesta de fondo el 3 de diciembre de 2024, o, en su defecto,
remitir por competencia la petición hasta el 19 de noviembre de 2024.
19. Pues bien, del expediente se advierte que la petición fue radicada al correo
electrónico <info@cendoj.ramajudicial.gov.co>, el 12 de noviembre de 2024, y, en la
misma fecha, fue remitida a la Mesa de Entrada del Consejo Superior de la Judicatura
para su trámite; sin embargo, esta solo fue transferida a la Unidad Administrativa de
Carrera Judicial hasta el 22 de enero de 2025.
20. En consecuencia, el 23 de enero de 2025, la Unidad Administrativa de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura a través del Oficio CJO25-312, le dio
respuesta al peticionario en la cual le indicó:
[…]
En primer lugar, es preciso resaltar lo establecido en el Artículo 231 de la Constitución
Política de Colombia, así:
“ARTÍCULO 231. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de
Estado serán elegidos por la respectiva Corporación, previa audiencia pública, de lista
de diez elegibles enviada por el Consejo Superior de la Judicatura tras una
convocatoria pública reglada de conformidad con la ley.
En el conjunto de procesos de selección de los Magistrados de la Corte Suprema de
Justicia y del Consejo de Estado se atenderá el criterio de equilibrio entre quienes
provienen del ejercicio profesional, de la Rama Judicial y de la academia…” (Negrilla
fuera de texto)
En segundo lugar, respecto de los cargos de magistrados del Consejo Superior de la
Judicatura, es importante señalar que el artículo 254 de la citada Constitución dispone
que serán elegidos dos (2) por la Corte Suprema de Justicia, uno (1) por la Corte
Constitucional y (3) tres por el Consejo de Estado, por lo que esta Corporación no
interviene en el proceso de selección y designación de estos magistrados.
21. Así las cosas, del recuento probatorio efectuado se tiene que la Unidad
Administrativa de Carrera Judicial respondió la petición el 23 de enero de 2025, es
decir, luego de haber sido interpuesto y notificado el presente medio de amparo
constitucional. Además, dicha respuesta no fue de fondo, eficaz, oportuna y
congruente con lo solicitado por el peticionario, incumpliendo con uno de los
componentes esenciales del derecho fundamental de petición.
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22. Es importante resaltar que el actor solicitó información sobre los actuales
magistrados del Consejo Superior de Judicatura. En específico pidió que se le
informará sobre su origen: «Rama Judicial y Ministerio Público, (ii) [e]jercicio de la
profesión, y (iii) [c]átedra universitaria». Es decir, que el actor pretende obtener
información sobre la experiencia profesional previa de los altos togados.
23. En este orden, si la Unidad de Carrera Judicial no contaba con información
solicitada porque de conformidad con el artículo 5 del Acuerdo núm. 251 de 1996 esta
dependencia solo se ocupa de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial cuya
vinculación sea por carrera administrativa, debió realizar las gestiones necesarias para
recaudar lo pedido por el actor o en su defecto remitir a la dependencia que si contara
con lo solicitado.
24. Por lo tanto, la Unidad de Carrera debió remitir la solicitud del actor a las
dependencias que se encargan de apoyar el proceso de elección de los magistrados
del Consejo Superior de la Judicatura, unidades que deben tener en su archivo las
hojas de vida presentadas por los altos togados cuando se inscribieron para aspirar al
alto cargo que hoy ocupan. En su defecto, la Unidad debió solicitar a cada magistrado
dicha información para recopilarla y, luego, contestar al peticionario.
25. En definitiva, el derecho fundamental de petición del actor fue vulnerado por el
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Carrera Judicial porque no respondió de
fondo lo solicitado por lo accionante. En este orden, de conformidad con el artículo 21
del CPACA la Unidad de Carrera debió remitir a las dependencias encargada del
proceso de selección de cada uno de los togados o en su defecto requerir a cada
despacho para que suministrarán la información solicitada por el señor Ortiz Mancipe.
26. Finalmente, se observa con nitidez que la accionada al no poder suministrar la
información deprecada, con fundamento en el artículo 21 del CPACA, debía remitir la
petición por falta de competencia a las altas cortes, las cuales son las encargadas de
elegir a los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura o en su defecto requerir
a cada despacho para que la suministraran. Asimismo, se debió informar dicha
situación al peticionario, cosa que no ocurrió.
27. En este punto, se tiene que, aunque la accionada solicitó que se negara el presente
medio de amparo por configurarse un hecho superado, por considerar que las causas
que lo originaron desaparecieron; la Sala advierte que, aunque la Unidad
Administrativa de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura dio respuesta
a la petición formulada el 23 de enero de 2025, esta no fue de fondo, concreta,
oportuna, y eficaz, pues alegó no tener la información requerida, de modo que, al tener
el deber de remitirla por competencia y no hacerlo, se vulneró el derecho fundamental
de petición del actor.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00012-00
Demandante: Samuel Alejandro Ortiz Mancipe
En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por la autoridad que la ley le confiere
III. FALLA
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición al señor Samuel Alejandro
Ortiz Mancipe.
SEGUNDO: ORDENAR al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Carrera que,
en el término 3 días siguientes a la notificación de esta decisión recopile la información
solicitada por el actor y responda de fondo su petición.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Ausente con permiso.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
ACVF
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