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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00016-01

Fecha
31 de julio de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00016-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confírmase la sentencia de 28 de febrero de 2025 proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela presentada por la Cámara de Comercio de Casanare. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00016-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

31 de julio de 2025

Demandante: Cámara de Comercio de Casanare
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000- 2025-00016-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00016-01
Demandante: CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE

Temas: Tutela contra providencia judicial. Requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
el fallo de 28 de febrero de 2025, por medio del cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, declaró improcedente la acción constitucional
de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

Mediante escrito radicado el 13 de enero de 2025, la Cámara de Comercio de
Casanare, por intermedio de apoderado, presentó solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Casanare, al considerar vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso.

Lo anterior, con ocasión de la providencia del 1º de agosto de 2024 dictada por
la autoridad judicial accionada, que revocó el fallo del 27 de noviembre de 2023
proferido por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Yopal,
por medio del cual se había negado las pretensiones de la demanda y, en su
lugar, accedió a ellas, dentro del proceso de acción popular con radicado
85001-33-33-002-2018-00429-00/01.

1.2. Pretensiones

La Sala advierte que en el escrito de tutela la parte accionante no expuso
pretensiones concretas, sin embargo, es de notar, que su solicitud está
encaminada a que se deje sin efectos la sentencia del 1º de agosto de 2024
antes referida.

1

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Demandante: Cámara de Comercio de Casanare
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000- 2025-00016-01

1.3. Hechos

Del expediente ordinario y el escrito de tutela se extraen los siguientes hechos
fácticos:

La Cámara de Comercio de Casanare comenzó a operar de forma autónoma en
el Centro Comercial Unicentro Yopal – Etapa 2, para este tiempo inició obras
sin cumplir los requisitos de conexión vehicular y peatonal exigidos por la
licencia de construcción y el reglamento de propiedad horizontal.

Su incorporación fue registrada en 2017, sin ajustarse a las condiciones legales,
lo que afectó la movilidad y la logística del centro comercial. La constructora y el
municipio fueron informados, pero no tomaron acciones, y la situación generó
perjuicios al centro comercial desde la inauguración del edificio, en julio de
2018.

El 23 de noviembre de 2018, el Centro Comercial Unicentro Yopal 1.ª Etapa
interpuso demanda de acción popular contra el Municipio de Yopal, en la cual
se vinculó a la empresa Pedro Gómez y Cía S.A.S. (por ser la constructora
encargada de la Etapa 2) y a la Cámara de Comercio de Casanare.

El 27 de noviembre de 2023, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Yopal emitió fallo de primera instancia en el proceso referenciado, mediante el
cual desestimó las pretensiones del actor popular al considerar que no se
configuraba la vulneración de los derechos colectivos invocados.

En donde se destacó lo siguiente: “PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la
demanda instaurada a través del representante legal y por intermedio de
apoderado del accionante CENTRO COMERCIAL UNICENTRO YOPAL ETAPA
I P.H contra el MUNICIPIO DE YOPAL, relacionadas con la protección de los
derechos colectivos “a la moralidad administrativa, el goce del espacio público y
la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio
público, la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, la libre
competencia económica y los derechos de los consumidores y usuarios”, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.”1

De acuerdo con lo anterior, el Centro Comercial Unicentro por intermedio de su
apoderado judicial, interpuso recurso de apelación con fundamento en las
siguientes razones: alegó que el juez no valoró integralmente el proceso,
interpretó erróneamente la ley y desestimó pruebas clave.

Señaló que se ignoraron las irregularidades urbanísticas cometidas en la
construcción del local de la Cámara de Comercio, el cual fue edificado con
recursos públicos, sin contar con licencia y generando afectaciones al centro
comercial.

1 Transcripción literal del resuelve.

2

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Añadió que no se trataba de un conflicto entre particulares, sino de una
situación en la que se configuraban violaciones a derechos colectivos. También
cuestionó la actuación pasiva del municipio y del Ministerio Público, y afirmó
que no se garantizó la función del juez constitucional ni se protegió el
patrimonio público.

La Sala del Tribunal concluyó que, en este caso, se había realizado una
construcción sin contar con la respectiva licencia, lo cual constituía una
infracción urbanística de carácter continuo en el tiempo. En consecuencia, este
hecho no estaba sujeto a la caducidad de la acción policiva, contrario a lo
afirmado por el juez de primera instancia.

Frente a ello, la Sala consideró que era deber del juez constitucional, en el
marco de la acción popular —de carácter directo y no subsidiario—, verificar la
existencia de amenazas a derechos colectivos y adoptar las medidas
necesarias para su protección. En este caso, se evidenció la vulneración del
derecho colectivo relacionado con el desarrollo urbanístico legal y ordenado,
contemplado en el literal m del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

Sin embargo, no se demostró con pruebas la afectación de otros derechos
colectivos que fueron alegados.

Por ello, el Tribunal Administrativo de Casanare emitió sentencia de segunda
instancia el 1.º de agosto de 2024, mediante la cual decidió revocar la sentencia
impugnada y proferir una nueva decisión con órdenes específicas para proteger
el derecho colectivo mencionado, así:

“PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo de Yopal el 27 de noviembre de 2023.

SEGUNDO: PROTEGER el derecho colectivo a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes, vulnerados por el MUNICIPIO DE
YOPAL, la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE y PEDRO GÓMEZ Y
CIA S. A. EN LIQUIDACIÓN, atendiendo las razones expuestas en la parte
considerativa de esta sentencia.

TERCERO: Para la protección del precitado derecho, se ordena a quienes a
continuación se relacionan:
a. MUNICIPIO DE YOPAL: en coordinación con las demás autoridades
de policía del municipio, dentro de los 15 días siguientes a la notificación
de la sentencia, adopte respecto del local comercial donde funciona la
CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE en el CENTRO COMERCIAL
UNICENTRO YOPAL, la medida correctiva a que haya lugar conforme a
la Ley 1801 de 2016, por incurrir en comportamientos contrarios a la
integridad urbanística y rendir informes trimestrales sobre las resultas del
proceso contravencional.
b. CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE: abstenerse de realizar
construcciones o adecuaciones al local comercial que hace parte de la
propiedad horizontal del CENTRO COMERCIAL UNICENTRO YOPAL,
sin obtener previa licencia de construcción y cumplir los requisitos

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legales.

CUARTO: CONFORMAR un comité de verificación del cumplimiento de las
órdenes dadas en esta sentencia integrado por los representantes legales del
MUNICIPIO DE YOPAL y la CÁMARA DE COMERCIO DE CASANARE o su
delegado, el actor popular, el Defensor del Pueblo Regional Casanare y al
representante del Ministerio Público delegado ante esta Corporación.

QUINTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.”2

El 22 de agosto de 2024, la Cámara de Comercio de Casanare presentó
solicitud de revisión eventual, conforme a lo dispuesto en los artículos 272 y
siguientes de la Ley 1437 de 2011, contra la sentencia que había sido proferida
por el Tribunal Administrativo de Casanare.

Dicha solicitud se fundamentó en que el fallo en cuestión desconocía la
jurisprudencia del Honorable Consejo de Estado respecto de la definición y
alcance de los derechos colectivos cuya protección se había invocado.

Además, se señaló una vulneración al principio de congruencia, en tanto el juez
de segunda instancia se había pronunciado sobre aspectos que no fueron
objeto del recurso de apelación. Igualmente, en la providencia recurrida no se
estableció con claridad el nexo causal entre las acciones atribuidas a los
demandados y la presunta afectación de los derechos colectivos alegados.

Por otra parte, se advirtió que el fallo desconocía los parámetros
jurisprudenciales que delimitan el ejercicio de las facultades del juez en el
marco de las acciones constitucionales, incurriendo en extralimitación.
Asimismo, se omitió tener en cuenta que el Municipio de Yopal adelantaba un
proceso policivo por presunta infracción urbanística, razón por la cual no
resultaba procedente aplicar las normas generales sobre caducidad, sino las
previstas para dicho procedimiento especial.

Finalmente, alegó que el análisis del juzgador de segunda instancia fue
insuficiente en relación con los criterios jurisprudenciales que permiten
establecer la vulneración del derecho colectivo a la realización ordenada de
construcciones y desarrollos urbanos.

El 10 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Casanare concedió
el mecanismo eventual de revisión ante el Consejo de Estado y ordenó el envío
del expediente por secretaría.

El Consejo de Estado, Sección Cuarta, resolvió no seleccionar para revisión la
sentencia proferida por el tribunal, por considerar que la petición excedía la
finalidad unificadora del mecanismo de revisión eventual, siendo notificada el 12
de diciembre de 20243.

2 Tomado de la sentencia del proceso con radicado 85001-33-33-002-2018-00429-01.
3 Índice 10, SAMAI, del expediente 85001-33-33-002-2018-00429-01.

4

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1.4. Sustento de la petición

A juicio de la parte actora, la providencia cuestionada incurrió en un defecto
sustantivo y en una decisión sin motivación, al omitir la aplicación de una norma
especial frente a las infracciones urbanísticas.

Esto, debido a que la segunda instancia interpretó de forma incorrecta el
artículo 138 del Código [Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana]4,
norma que consideró especial y aplicable en materia de caducidad respecto de
las infracciones urbanísticas, y en su lugar aplicó erradamente el artículo 52 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En lo expuesto por el interviniente, se alegó que la providencia de segunda
instancia vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al incurrir en un
defecto sustantivo y carecer de una motivación suficiente que justificara la
decisión adoptada.

Sostuvo que el defecto sustantivo se materializó en la indebida aplicación del
artículo 52 de la Ley 1437 de 2011, al desconocerse que la norma especial
aplicable al caso era el artículo 138 de la Ley 1801 de 2016, el cual regula la
caducidad en los procedimientos sancionatorios por infracciones urbanísticas.

A juicio del accionante, el juez de segunda instancia hizo una lectura
equivocada del régimen normativo aplicable, contrariando el principio de
especialidad y desatendiendo los parámetros jurisprudenciales que orientan la
interpretación razonable de las normas jurídicas.

De igual manera, advirtió que la decisión judicial impugnada careció de una
motivación adecuada, al no explicar con suficiencia cómo los hechos objeto de
análisis configuraban una vulneración del derecho colectivo a la realización de
construcciones y desarrollos urbanos.

Indicó que la providencia presentó argumentos vacíos y genéricos, sin
establecer una conexión concreta entre las infracciones señaladas y una
afectación real al interés colectivo, lo que convirtió la sentencia en un acto
desprovisto de justificación fáctica y jurídica.

Señaló, además, que el fallo desconoció el principio de congruencia procesal, al
atribuir responsabilidad al Municipio de Yopal, pese a que este ya había
activado el procedimiento administrativo correspondiente para investigar la
presunta infracción urbanística. Afirmó que el tribunal reprochó el actuar de la
entidad territorial sin sustento probatorio suficiente y, al hacerlo, desbordó los
límites del marco fáctico establecido en el proceso.

Por último, consideró que la sentencia desnaturalizó el objeto de la acción
popular, al reconocer la procedencia de dicho mecanismo frente a un hecho
que, según su criterio, no tenía la entidad para afectar un derecho colectivo.

4 Nombre cambiado a la Ley 1801 de 2016, a razón de lo dicho por el Art. 6 de la Ley 2000 de

2019.

5

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En su concepto, se trató de una infracción urbanística en una edificación
privada que no generó impacto en el espacio público ni comprometió intereses
generales, por lo que no se configuró la legitimación en causa pasiva del ente
territorial ni se acreditó un nexo causal suficiente que justificara la declaratoria
de vulneración de un derecho de carácter colectivo.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

Mediante auto del 15 de enero de 2025, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, admitió la acción de tutela instaurada por la Cámara de
Comercio de Casanare contra el Tribunal Administrativo de Casanare.

Además, se vinculó a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, al Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Yopal y a quienes hubiesen
participado en el proceso de acción popular, identificado con el número de
radicado 85001-33-33-002-2018-00429-00/01, en calidad de terceros con
interés en las resultas del presente asunto.

Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.5.1. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Yopal5

El juez expuso que los argumentos como base fundamental de la tesis de la
parte accionante no comportan aspectos que deban debatirse en escenario
constitucional por vía acción de amparo, pues hacen parte y son del resorte
exclusivo del proceso de la protección a los derechos colectivos por medio de la
acción popular tramitada y que le fue contrario a sus aspiraciones en la
instancia definitiva.

Adicionalmente, argumentó que no se advierte alguna irregularidad procesal
que tenga incidencia directa en las decisiones allí adoptadas.

1.5.2. Sección Cuarta del Consejo de Estado6

En el informe rendido por el despacho, informó que, dentro de la providencia de
5 de diciembre de 2024, proferida en el mecanismo de revisión eventual de
sentencia de acción popular, se resolvió no seleccionar el fallo de 1° de agosto
de 2024, dictado por el Tribunal Administrativo de Casanare en segunda
instancia, ya que ninguno de los argumentos presentados en la solicitud soportó
la necesidad para que la corporación unificara la jurisprudencia.

Adicionalmente, advirtió que, al revisar el escrito de tutela, los derechos
fundamentales discutidos están referidos a la actuación del Tribunal
Administrativo de Casanare como ponente de la decisión de segunda instancia,
sin que se proponga reparo alguno frente a lo decido por esa sección, al

5 Según la información visible el índice 10 del expediente de primera instancia contenido en
SAMAI.
6 Según la información visible el índice 11 del expediente de primera instancia contenido en

SAMAI.

6

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observar que su mención solo es para informar que cumplió con un requisito de
procedibilidad como es el mecanismo de revisión eventual y así poder acceder
a la acción de tutela.

1.5.3. Tribunal Administrativo de Casanare7

Informó que se oponía a la prosperidad de todas las pretensiones, para lo cual
consideró que no se cumplen los requisitos de procedibilidad que han sido
definidos por la Corte Constitucional para que pueda presentarse una acción de
tutela contra providencia judicial.

Indicó que la decisión cuestionada se fundamentó en lo dispuesto por la
normatividad y la jurisprudencia del Consejo de Estado aplicables en la materia,
a partir de los cuales se determinó que la decisión recurrida debía revocarse.

1.5.4. Los demás sujetos procesales, pese a que fueron debidamente
notificados, no rindieron informe.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en providencia de 28 de
febrero de 2025, declaró improcedente la acción por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional, al considerar que lo pretendido por la parte actora es
revivir una discusión que fue analizada y resuelta en la providencia cuestionada.

Destacó que no bastaba el simple hecho de alegar una aplicación incorrecta de
la norma, ya que era necesario que se expusiera de manera concreta la
desproporción en la interpretación, en lugar de dejar en manos del juez de
amparo tal determinación.

Aunado a lo anterior, indicó que el juez constitucional debe respetar la
autonomía de la autoridad judicial, especialmente cuando la parte accionante no
sustenta las circunstancias que fundamentan su solicitud y se limita a exponer
su propia tesis sobre la resolución del caso, teniendo en cuenta que para
controvertir una decisión judicial no basta solo con la exposición del punto de
vista del accionante, sino que se requieren razones que soporten la afirmación
realizada que permitan inferir una afectación de los derechos citados.

Frente al defecto invocado por decisión sin motivación, indicó que carece de
relevancia constitucional, considerando que lo pretendido por parte de la
Cámara de Comercio de Casanare con la acción de tutela es revivir el debate
que se suscitó al interior del proceso de acción popular, con el fin de anteponer
la tesis que este tiene sobre el asunto bajo estudio.

1.7. Impugnación

Con escrito recibido el 1º de abril de 20258 la parte accionante impugnó el fallo

7Según la información visible el índice 13 del expediente de primera instancia contenido en
SAMAI.

7

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de primera instancia al considerar que se supera el presupuesto de la
relevancia constitucional, teniendo en cuenta que la providencia cuestionada
incurrió en irregularidades que afectan derechos fundamentales de la Cámara
de Comercio de Casanare y que no busca ejercer una tercera instancia con la
promoción de la tutela.

De acuerdo a lo anterior, expuso que la relevancia constitucional se fundamenta
en la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, consagrado en el
artículo 29 de la Constitución Política.

Alegó que la decisión del Tribunal Administrativo de Casanare incurrió en un
defecto sustantivo, al interpretar de forma errónea el régimen de caducidad de
la acción policiva.

Argumentó que el tribunal aplicó el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011 (norma
general), e ignoró el artículo 138 del Código Nacional [de Seguridad y
Convivencia Ciudadana]9 (Ley 1801 de 2016), que constituye norma especial
para los asuntos policivos. Esta aplicación inadecuada vulneró el principio de
legalidad y la seguridad jurídica, al afectar directamente la operatividad
institucional de la entidad accionante.

Frente a la configuración del defecto sustantivo, adujo que el tribunal incurrió en
la: aplicación de norma general en lugar de la especial (afectando el principio de
especialidad: lex specialis derogat legi generali); la introducción sorpresiva del
argumento de caducidad, sin previo debate procesal, contradiciendo el derecho
de defensa y contradicción; y la interpretación irrazonable que afecta la igualdad
y genera un criterio regresivo e incoherente con precedentes jurisprudenciales.

Lo anterior, sustentado en que se aplicó el artículo 52 de la Ley 1437 de 2011,
norma general sobre caducidad en el procedimiento administrativo, y
desconoció que la disposición aplicable al asunto concreto era el artículo 138
del Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, norma de carácter especial
que regula expresamente la caducidad en materia policiva.

Recalcó que el uso inapropiado de esa norma, no solo contradice el principio de
especialidad normativa, sino que vulneró garantías fundamentales como la
seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y el debido proceso, pilares esenciales
del orden constitucional.

Tomó como referencia la Sentencia C-590 de 2005, la T-811 de 2005, y la SU-
215 de 2022, en las que la Corte Constitucional ha definido los requisitos de
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, y destacó el defecto
sustantivo como causal válida de amparo, y en las que también se enfatizó que
el juez constitucional puede intervenir cuando se evidencie una vulneración
clara y grave al debido proceso derivada de una interpretación normativa

8 Impugnación que fue presentada dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto

2591 de 1991, teniendo en cuenta que la notificación del fallo de primera instancia se envió el 27
de marzo de 2025.
9 Antes denominado como Código Nacional de Policía y Convivencia, como lo indicó el

accionante en su escrito.

8

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arbitraria.

Adicional a esto, adujo que la acción de tutela que presentó no busca reabrir el
debate de la acción popular ni configurar una tercera instancia, sino corregir una
vulneración material al debido proceso.

Mencionó que sí se explicó con claridad la desproporción en la interpretación
judicial y se cumplió con los requisitos jurisprudenciales exigidos para la
procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales.

Por lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia y acceder al
amparo de sus garantías fundamentales.

1.8. Trámites de segunda instancia

Por reparto se recibe expediente el 4 de junio del año en curso.

El despacho mediante auto del 13 de junio de 2025, ordena la vinculación a la
presente actuación procesal del señor Ángel Daniel Burgos quien intervino
como coadyuvante en la acción popular, a la Fiduciaria Bogotá S.A., a la
Procuraduría 23 Judicial II para Asuntos Ambientales y Agrarios Yopal, a la
sociedad Pedro Gómez y Cía. en Liquidación y al apoderado que representó al
Centro Comercial Unicentro Yopal Etapa I PH, donde se les puso en
conocimiento la posible configuración de la causal de nulidad consagrada por el
artículo 133 del Código General del Proceso.

El 26 de junio, se envía oficio requiriendo al accionante que aporte la dirección
física o electrónica del señor Ángel Daniel Burgos, tercero con interés; el cual
es contestado el 3 de julio del año en curso, mediante correo electrónico con
documento adjunto indicando dichas direcciones.

Siendo enviado el correo de notificación el mismo 3 de julio de 2025 a los datos
recibidos, enviados por el accionante.

De dichas notificaciones, solo se recibió respuesta por parte del apoderado del
Centro Comercial Unicentro Etapa I P.H., el cual expuso que lo que busca el
accionante es revocar una sentencia que los declaró responsables por la
construcción ilegal de obras sin licencia en un bien público, adquirido y
edificado con dineros públicos. Argumentó que la tutela es temeraria, desleal y
abusiva, y que pretende evadir el cumplimiento de decisiones judiciales ya
ejecutoriadas.

También indica que encuentra un patrón de conducta reiterada por parte de la
accionante, consistente en ocultar información, tergiversar los hechos y
promover litigios contradictorios, incluso ante distintas instancias judiciales, para
evadir su responsabilidad. Sostiene que no aplica la figura de la caducidad
alegada, dada la naturaleza del bien afectado y el carácter permanente de la
infracción.

Finalmente, solicitó considerar la conducta temeraria y el abuso del derecho por

9

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la Cámara de Comercio, evitando la desnaturalización de la acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C, el 28 de febrero de 2025, según lo previsto en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el
fallo proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la acción de
tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad y, de superarse lo
anterior, deberá verificar si el Tribunal Administrativo de Casanare, vulneró los
derechos fundamentales invocados por el accionante, al presuntamente incurrir
en los defectos planteados.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio
de la Sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) el estudio sobre los requisitos adjetivos de procedibilidad; y
finalmente, de encontrarse superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
201210, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:

(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones
que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se
admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten
violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento Jurisprudencialmente.

Conforme al anterior precedente, la Corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.

10 M.P. María Elizabeth García González, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Radicado: 11001-03-15-000- 2025-00016-01

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción no puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la Sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón
a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar
que la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado
que las sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un
mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial «(...) el juez de
tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada».

Igualmente, enfatizó en que cuando se cuestiona una providencia de una alta
Corte, el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre. En ese sentido, el alto
tribunal constitucional consideró que la tutela implica un juicio de validez y no
una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

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A su vez, la citada corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la
tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates
meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en
cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:

(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que
la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

En el asunto que ocupa a la Sala, la parte actora controvierte la providencia de
1º de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, toda
vez que revocó y accedió a las pretensiones de la demanda en ejercicio del
medio del control de la protección de derechos e intereses colectivos que
promovió con el propósito de proteger el derecho a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada y con prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes vulnerados por el Municipio De Yopal, la
Cámara De Comercio De Casanare y Pedro Gómez y Cia S. A. en liquidación.

En sentir de la entidad actora, la providencia en cuestión adolece de defecto
sustantivo al no acudir al artículo 138 de la Ley 1801 de 2016, norma especial
aplicable a las infracciones urbanísticas en materia de caducidad, pues se hizo
erróneamente uso del artículo 52 de la Ley 1437 de 201111.

En criterio de la Sala, la parte actora no cumplió con la carga iusfundamental
requerida para superar el requisito en estudio, toda vez que sus reproches están
dirigidos a que se modifique el raciocinio de la corporación enjuiciada, tras no
estar de acuerdo con lo decidido, más allá de sugerir alguna discusión que
justifique razonablemente una afectación desproporcionada de sus derechos
fundamentales invocados, entre estos, el del debido proceso, cuyo núcleo
esencial se definió como el de:

(...) [H]acer valer ante los jueces derechos e intereses de las personas, mediante
la defensa contradictoria, y de obtener, en fin, una respuesta fundada en derecho.
Sin embargo, los derechos al debido proceso y al acceso a la justicia no se
traducen en la obtención de una respuesta favorable. En efecto, la
jurisprudencia constitucional ha explicado que esta garantía se traduce en “la
posibilidad de emplear todos los medios legítimos y adecuados para ser oído y
pretender una decisión favorable”.12

Nótese que para respaldar la configuración del defecto sustantivo la parte
tutelante se limitó a referenciar la aplicación de una ley general a la de una
específica, que a su juicio debía tenerse en cuenta para efectos de abordar la

11 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
12 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. Destacado por la Sala.

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discusión planteada en el medio de control de acción popular, sin formular
planteamientos que permitan deducir con claridad cómo la corporación
enjuiciada vulneró sus derechos fundamentales y que desvirtúen a primera vista
las consideraciones que respaldaron la decisión a la que arribó.

Es oportuno señalar que en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022,
la Corte Constitucional puntualizó que para determinar si un asunto ventilado
tiene relevancia constitucional se debe analizar si la solicitud de amparo
trasciende la mera «inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales» y que dicho enfoque impide que la tutela sea utilizada indebidamente
para debatir «asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que
dieron origen a la controversia judicial».

Para establecer si un asunto cuenta con relevancia constitucional no basta con
hacer la simple indicación de su cumplimiento como lo señaló el a quo, pues
como presupuesto general de la acción de tutela “…supone justificar
razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a
un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con
aquel…”. De igual manera, se precisa que dicho requisito tiene tres finalidades,
a saber:

… (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad ; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se
convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces .

Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de tutela
debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario, el juez
constitucional tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan su
competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la
solicitud de amparo.

En tal sentido, se observa que la controversia propuesta no cumple con las
reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de
202213, toda vez que su finalidad es la de convertir la acción de tutela en una
instancia adicional, sin que se pueda reabrir el debate zanjado en sede
ordinaria, ni reemplazar los recursos ordinarios ni extraordinarios para su
defensa.

En efecto, se encuentra un desacuerdo en relación con las conclusiones a las
que arribó la autoridad judicial, lo cual no puede ser razón para que el juez
constitucional intervenga en la protección de los derechos fundamentales,
puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del competente natural.

13 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Por consiguiente, este juez no puede atribuirse las facultades del funcionario
judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto que implicaría un
menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez natural; además
porque la acción de tutela no es un “juicio de corrección” acerca del análisis
normativo efectuado por la autoridad judicial demandada.

Así las cosas, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre derechos
fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial demandada,
que amerite la intervención del juez constitucional, por cuanto la acción de tutela
no se encuentra instituida para resolver asuntos de tal naturaleza legal.

En este orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia proferida el 28 de
febrero de 2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que
declaró la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir el requisito de
relevancia constitucional, en atención a que la parte actora no presentó algún
argumento que tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución o determinar el alcance de un derecho fundamental afectado, que
amerite la intervención del juez constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Confírmase la sentencia de 28 de febrero de 2025 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual se
declaró improcedente la acción de tutela presentada por la Cámara de
Comercio de Casanare.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Aclara Voto
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

Aclara Voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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