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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00024-00

Fecha
15 de mayo de 2025
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00024-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Amparar el derecho a la vida digna de la señora Yuliana Mercado Barros, por las razones expuestas en la motivación precedente. 2. En consecuencia, ordenar a la Alcaldía de Valledupar, a través de su Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, proceda a (i) determinar si la señora Yuliana Mercado Barros cumple con las condiciones de damnificado dispuestas en el artículo 3 de la Resolución 1110 de 2022 de las emergencias ocurridas en el segundo semestre de 2022 en el corregimiento de Aguas Blancas de Valledupar. De cumplir la condición de damnificada, la Alcaldía de Valledupar deberá (ii) solicitar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la apertura y acceso a la plataforma, (iii) remitir a tal autoridad la documentación necesaria para efectuar la inscripción y (iv) realizar la inscripción de la señora Yuliana Mercado Barros como nuevo usuario en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA). Por el contrario, en caso de que la Alcaldía de Valledupar, a través de su Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, considere que la señora Yuliana Mercado Barros no cumple con la condición de damnificada de las emergencias acaecidas en el segundo semestre de 2022 como consecuencia del fenómeno de La Niña deberá expedir y notificar a la tutelante acto administrativo motivado en el que exponga las razones por las cuales considera que aquella no tiene la calidad de damnificada de tales sucesos. La Alcaldía de Valledupar deberá efectuar todas las gestiones ordenadas en este numeral, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta providencia. 3. Declarar la carencia de objeto en lo que respecta a las órdenes dispuestas en los autos de pruebas de 6 de mayo y 20 de junio de 2024 proferidos por la Corte Constitucional en el trámite de revisión eventual del expediente T- 10.023.657, por los motivos expuestos en la parte motiva de esta decisión. 4. Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora Yuliana Mercado Barros en lo que respecta a las pretensiones sobre vivienda digna, agua, salud y saneamiento ambiental, por existir cosa juzgada constitucional. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00024-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

15 de mayo de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00024-00
Demandante: Yuliana Mercado Barros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2025-00024-00
Demandante YULIANA MERCADO BARROS
Demandado PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas Acción de tutela. Inundaciones corregimiento Aguas Blancas.
Sentencia T-078 de 2025. Carencia de objeto. Cosa juzgada
constitucional. Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA)

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por la señora Yuliana Mercado Barros, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones
El 23 de diciembre de 20241, la señora Yuliana Mercado Barros interpuso acción de
tutela contra la Presidencia de la República, la Vicepresidencia de la República, la
Alcaldía de Valledupar, la Gobernación del Cesar, el Banco Agrario, la Fiduprevisora
S.A., el Ministerio del Interior, el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Transporte,
la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, la Agencia Nacional de
Licencias Ambientales, la Agencia Nacional de Infraestructura, el Instituto Nacional
de Vías, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la
Contraloría General de la República, la Superintendencia de Industria y Comercio,
la Personería Municipal de Valledupar, la Corporación Autónoma Regional del
Cesar, la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar EMDUPAR S.A. E.S.P., la
Constructora Ariguaní S.A. y la sociedad Yuma Concesionaria S.A. por considerar
vulnerados sus derechos fundamentales a la vivienda, al agua, a la salud, al
saneamiento ambiental y a la dignidad humana.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“• ORDENAR: De la manera más atenta solicito enviar evidencia que nos encontramos inscrito en el
Registro Único Nacional de Damnificados – RUNDA de cada una las personas.
• ORDENAR al Ministerio de Vivienda, el acatamiento del fallo al encontrarnos en un estado de
vulnerabilidad para que se den las órdenes impartidas por parte del magistrado y a su vez delegar por
parte del ministerio de vivienda la visita e inspección ocular a las viviendas que se vieron afectadas por
la ola invernal hace dos años. Somos personas sujetos de este derecho constitucional para una vivienda
digna, sin mayores trámites al encontrarnos en un estado de vulnerabilidad y en varias sentencias de la
corte, independiente de esta sentencia obligan a las entidades diligenciar, gestionar y tramitar a nuestro
beneficio los subsidios de vivienda correspondientes. En este caso el subsidio del Programa CAMBIA MI
CASA, que es un programa del gobierno nacional dirigido a personas vulnerables que habitan en áreas
urbanas y rurales en condiciones habitacionales inadecuadas como es nuestro caso.
• ORDENAR al Ministerio de Vivienda firmar los convenios con la Gobernación del Cesar y la alcaldía
municipal de Valledupar para el mejoramiento de vivienda y el acatamiento de la orden impartida por la
Corte Constitucional en el plan de mejoramientos de viviendas.

1
El 13 de enero de 2025, el Juzgado Tercero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar remitió
el expediente por reglas de reparto al Consejo de Estado. Se advierte que la accionante radicó la tutela en línea el 23 de
diciembre de 2024; sin embargo, dicha fecha corresponde a la vacancia judicial. El expediente pasó al despacho el 14 de
enero de 2025.

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Demandante: Yuliana Mercado Barros

• ORDENAR la protección del derecho fundamental de naturaleza autónoma y subjetiva por cuanto en
diferentes sentencias se reconoce que el agua es fuente de vida y presupuesto ineludible para realizar
otros derechos, como la salud, la vivienda y el saneamiento ambiental fundamentales para la dignidad
humana, protección de todos estos derechos fundamentales y es una necesidad personal que permite
gozar de condiciones materiales de existencia.
• PROTECCIÓN especial a mi núcleo familiar para poder desarrollar nuestras actividades básicas
cotidianas y poder acceder al agua potable como uno de los grandes beneficios que se tiene
• ORDENAR una respuesta, clara, precisa, concreta y de fondo del porque debiendo de haber
diligenciado todo ante el municipio, no me otorgan la cometida si ya tenemos todos los requisitos de ley
y cumplimos a cabalidad.
• ORDENAR Y REQUERIR a la Alcaldía Municipal y a la Personería Municipal de Valledupar.
Adicionalmente, de las respuestas presentadas por la Alcaldía Municipal de Valledupar y la Personería
Municipal de la misma ciudad, se observa que, si bien esas autoridades dieron respuesta al Auto de 6
de mayo de 2024, no contestaron de forma completa los cuestionamientos contenidos en la mencionada
providencia. En estos términos, se les requerirá para que den respuesta completa a los literales (e), (g),
(h), (i), (j) y (k). En lo que tiene que ver específicamente con el literal (g), el magistrado sustanciador
destaca que, a pesar de que el municipio allegó un censo con la identificación de las personas afectadas
por la inundación ocurrida en octubre de 2022, esa información es distinta a la solicitada en el Auto de 6
de mayo de 2024, referida a una caracterización de la población que habita actualmente el corregimiento
de Aguas Blancas. Además, la información aportada tampoco refiere si en la población existen niños,
adultos mayores, mujeres, mujeres en estado de embarazo, personas en situación de discapacidad,
personas que hagan parte de comunidades étnicas y otras personas en condición de vulnerabilidad”.

2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. En octubre del año 2022 ocurrieron fuertes inundaciones en el corregimiento
de Aguas Blancas, en el municipio de Valledupar. La señora Yuliana Mercado
Barros manifestó que hace parte de dicha comunidad.
2.2. Una de las habitantes del corregimiento de Aguas Blancas presentó acción de
tutela por considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales a la vida,
al mínimo vital, al acceso al agua potable, a la integridad física y de petición,
con ocasión a tres circunstancias ocurridas en tal corregimiento: (i) la carencia
de agua potable, (ii) las deficiencias en la prestación de los servicios públicos
de acueducto, alcantarillado y saneamiento básico y (iii) el riesgo de
inundación de su vivienda.
Tras proferirse sentencias de primera y segunda instancia, la Corte
Constitucional seleccionó el asunto para revisión, el cual se tramitó bajo
radicado T-10.023.657.
Mediante autos de 6 de mayo y 20 de junio de 2024, se decretaron pruebas
de oficio y se solicitaron informes adicionales. En la primera de estas
providencias se les ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible,
al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio del Interior, al
Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, a la
Agencia Nacional de Infraestructura, al Municipio de Valledupar, al
Departamento del Cesar, a la Personería de Valledupar, a la Corporación
Autónoma Regional del Cesar, al Instituto Nacional de Vías y a la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres lo siguiente:
“g. Presenten una caracterización de la población que habita el corregimiento de Aguas Blancas del
municipio de Valledupar. Informen si dentro de dicha población se encuentran niños, adultos
mayores, mujeres, mujeres en estado de embarazo, personas en situación de discapacidad,
personas que hagan parte de comunidades étnicas y otras personas en condición de
vulnerabilidad”.

A su vez, en la segunda de estas providencias se requirió a la Alcaldía
Municipal y a la Personería Municipal de Valledupar en los siguientes términos:
“a. Remita la documentación (informes, imágenes o archivos de video) relacionada con la inspección
ocular realizada por la Secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo del
municipio, en relación con la problemática ambiental del corregimiento de Aguas Blancas. Deberá
informar la fecha en que se realizó la inspección ocular y el procedimiento administrativo adelantado
con posterioridad a esa actuación.”

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3. Fundamentos de la acción
La accionante manifestó es parte de la comunidad del corregimiento de Aguas
Blancas en Valledupar y que producto de las inundaciones ocurridas en octubre del
año 2022 resultaron afectadas 380 personas, incluyéndola.
Por una parte, reprochó que no se ha acatado “el fallo” de la Corte Constitucional
(refiriéndose a los autos de pruebas proferidos en el curso del trámite de revisión T-
10.023.657). Al respecto, aseguró que las autoridades no han vuelto a efectuar
visitas en el corregimiento, a pesar de que la Corte Constitucional dispuso la
realización de inspecciones oculares y la caracterización de la población.
Por otra parte, sostuvo que el presidente de la República se comprometió a otorgar
un subsidio a través del Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA) a los
damnificados por las inundaciones de 2022. No obstante, aseveró que los
funcionarios que aquel nombró en la Unidad para la Gestión del Riesgo de
Desastres (UNGRD) no han cumplido dicho compromiso, en su criterio estos han
incurrido en “falta de atención y descuido”.
Agregó que se continúa atravesando una fuerte ola invernal y aun así no se le ha
otorgado el mencionado subsidio, pese a que este último se encuentra vigente; e
indicó que ha presentado diferentes peticiones para lograr la entrega del subsidio
mencionado, pero que aún no se le ha pagado tal ayuda económica.
Puso en conocimiento que ciudadanos del corregimiento de Aguas Blancas han
interpuesto acciones de tutela para el pago de la ayuda económica relacionada con
el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA), las cuales han ascendido a
más de 100, pero afirmó que solo a 110 personas de las 380 personas damnificadas
les ha pagado tal auxilio.

4. Trámite impartido
4.1. Mediante auto del 13 de enero de 2025, el Juzgado Tercero Civil del Circuito
Especializado en Restitución de Tierras de Valledupar remitió el expediente al
Consejo de Estado para su conocimiento, con base en las reglas de reparto.
4.2. En autos del 16 y 28 de enero de 2025, el despacho ponente manifestó que el
escrito de tutela presentado tenía peticiones dirigidas a diversas autoridades;
sin embargo, la accionante no indicaba con claridad cuáles eran las acciones
u omisiones cometidas por dichas autoridades que generaban la presunta
vulneración2. Tampoco era claro si era la única accionante o si actuaban en
dicha calidad las personas enlistadas en uno de los anexos.
Por lo que se requirió a la accionante para que aclarara si el escrito presentado
se trataba de un derecho de petición o de una acción de tutela y allegara los
soportes de los derechos de petición que mencionaba que había presentado,
junto con las constancias de radicación y las respuestas recibidas. También
se le solicitó que aclarara, respecto de cada autoridad accionada, cuáles eran
las acciones u omisiones que generaron la vulneración y qué derechos
fundamentales consideraba vulnerados por dichos hechos. Además, se solicitó
que aclarara cuáles eran sus pretensiones respecto de cada demandado.
Adicionalmente, se le pidió que aclarara quiénes actuaban como accionantes,
allegando soportes válidos de expresión de la voluntad o acreditara los
requisitos de la agencia oficiosa. Por último, se le requirió para que precisara
si cuestionaba alguna providencia judicial proferida dentro del proceso de

2
Se advirtió que el acápite de pretensiones solo señala peticiones directas a 5 autoridades (Ministerio de Vivienda, Unidad
Para la Gestión del Riesgo, Gobernación de Cesar, Alcaldía de Valledupar y Personería de Valledupar), de las 26
mencionadas en el encabezado como accionadas.

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revisión eventual del expediente T-10.023.657 o alguna acción u omisión de la
Corte Constitucional en el trámite de dicho expediente.
4.3. La señora Yuliana Mercado Barros allegó memorial en el que afirmó que la
comunidad de Aguas Blancas en Valledupar fue afectada por la construcción
de la doble calzada entre los municipios de Bosconia y Valledupar, realizada
por la Constructora Ariguaní S.A.S. y Yuma Concesionaria S.A.

Aseguró que, previo a la construcción de la vía, cuando ocurrían fuertes lluvias
las aguas fluían por el antiguo puente; sin embargo, afirmó que tras la
realización de la obra y la instalación de la estructura de canalización de agua
(denominada box culvert), las aguas se represan y no siguen su curso. A su
juicio, esto genera las actuales inundaciones. Así lo expresó la accionante:
(sic para toda la cita)
“esta demostrado (…) todas las omisiones en la construcción, diseño y puesta en marcha de
la doble calzada Bosconia Valledupar las mediciones que hicieron para el cálculo de los
boxcoulvert (…) la vía todavía se continua inundando la distancia que hay entre el Boxcoulvert
y las diferentes alcantarillas son 700 metros ahí no hay flujo mantiene anegada (…)
si el ajustador de seguros hubieran visitado los predios, hubiera verificado los daños causados
la distancia entre la vía y la alta dimensión y el volumen del agua, pero les queda a ellos muy
fácil, desde los escritorios en Bogotá con dibujitos y con graficas decir que esta bien construida
esto nunca sucedía en el corregimiento personas que tienen más de 50 -60 años viviendo en
el corregimiento cuando se daban esas precipitaciones de tan alto volumen en el antiguo
puente que no tenia las 3 celdas los palos todo fluía lo que hicieron en el otro fue colocar 3
celdas en los Boxcoulvert y ahí los palos se retiene e hicieron una barrera como lo que hace
el castor y por esos nos inundamos no podían fluir y aparte de eso dejaron desechos de obra
aparte de eso cerraron los juayes”.

Insistió que no se han efectuado las visitas al corregimiento de Aguas Blancas
ordenadas por la Corte Constitucional y que no se le ha otorgado el subsidio
relacionado con el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA) que
actualmente se está pagando:
(sic para toda la cita)
“Cada una de las autoridades fueron demandadas debidamente notificadas por la Corte
Constitucional del proceso T10023657 para que rindieran un informe puntual de las acciones
encaminadas a la protección de derechos fundamentales de una comunidad que se
encuentra en alto riesgo de vulnerabilidad por la ocasión de la inundación del 13 al 14
de octubre del 2022 solicito la corte taxativamente que hicieran un tamizaje a la unidad
nacional de riesgos y desastres y a la fecha no han hecho ninguna de las visitas
puntuales al corregimiento de Aguas Blancas y el Ministerio de Vivienda siempre responde
en todas y las diferentes las acciones de tutela que no ha sido notificado (…) la Corte
inicialmente les había dado un plazo de 10 días y después debido a una petición expresa de
la constructora Ariguaní, Yuma Concesionaria le otorgo 3 meses de plazo y les reiteramos la
única que hizo la visita y emitió un concepto fue la Personería Municipal de Valledupar de
resto todas las otras entidades no han estado violando sistemática y permanentemente
nuestros derechos fundamentales (…)
no hemos sido beneficiadas con el Subsidio Runda un ofrecimiento del Presidente
Gustavo Petro pero la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Valledupar se dio la tarea de
ser omisivos en dos oportunidades y conocemos exactamente por que se presentaron 118
acciones de tutela para que al primer grupo poblacional le pagaran hasta que toco que abrieran
el link toda una tortura a unas personas que perdieron todo (…) no les pueden exigir que
presenten acciones de tutela o que le exijan a los funcionarios que cumplan con sus funciones
ellos debieron habernos enlistado y haber solicitado la apertura del link para que nos
inscribieran conocemos toda la metodología y a los que les han pagado les ha tocado
presentar las diferentes acciones de tutela (…) nosotros que si somos damnificados que
perdimos absolutamente todo nuestros pocos bienes no nos han dado el Subsidio Runda y
continuaremos así pasen los años el subsidio está vigente y todavía lo siguen entregando”
(Negrillas propias).

A su vez, indicó que los accionados eran la Presidencia de la República, la
Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y “las entidades involucradas
en la construcción del tramo de la doble calzada Valledupar-Bosconia”.

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Precisó que sus pretensiones estaban orientadas a que la Presidencia de la
República vigilara las actuaciones de la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo, puesto que no se habían entregado los subsidios del Registro Único
Nacional de Damnificados (RUNDA) por las inundaciones; y a que las demás
autoridades involucradas en el proceso de tutela T-10.023.657 cumplieran con
las órdenes dadas por la Corte Constitucional.
Finalmente, indicó que “lo que hacemos es reunirnos en comunidad en un café internet
tenemos un único correo y logramos hacer los derechos de petición y las acciones de tutela;
Ah y aquí hay profesores que nos están ayudando Un profesor que hizo una investigación
clara sobre la situación real pero ningún abogado ni de la defensoría ni de los consultorios ni
la Universidad del Cesar, nadie absolutamente nadie y no tengo 50 mil pesos para gastar en
el traslado a un consultorio jurídico para que me den una cita quién sabe para cuándo”.

4.4. Por auto del 13 de febrero de 2025, se admitió la acción de tutela interpuesta
por la señora Yuliana Mercado Barros contra de la Presidencia de la República,
la Corte Constitucional y la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Asimismo, se dispuso vincular como terceros con interés al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, a la Superintendencia de Industria y Comercio, a la accionante que
promovió el proceso de tutela T-10.023.657, al Juzgado Quinto Administrativo
de Valledupar, al Tribunal Administrativo del Cesar, a la Constructora Ariguaní,
a Yuma Concesionaria S.A., al Instituto Nacional de Vías, a la Agencia
Nacional de Licencias Ambientales, al Ministerio de Transporte, a la
Superintendencia Financiera, al Ministerio del Interior, a la Agencia Nacional
de Infraestructura, al Municipio de Valledupar, al Departamento de Cesar, a la
Corporación Autónoma Regional del Cesar, a la Empresa de Servicios
Públicos de Valledupar, a la Personería de Valledupar, a la Defensoría del
Pueblo, a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General
de la Nación, a la Defensoría del Pueblo Regional Cesar, al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar Regional Cesar, a la Secretaría de Salud
del Municipio de Valledupar y a los demás demandantes, demandados y
terceros con interés que participen en el proceso en sede de revisión de la
acción de tutela T-10.023.657 (Exp. 20001-33-33-005-2023-00507-00).

5. Intervenciones
5.1. La Gobernación de Cesar manifestó que ha sido vinculada a sendos trámites
de tutela instaurados por habitantes del corregimiento de Aguas Blancas del
Municipio de Valledupar. Indicó que las acciones se derivan de afectaciones
sufridas por las inundaciones que ocurrieron entre octubre y noviembre de
2022, producto de la ola invernal, que según los accionantes fueron
provocados por las obras ejecutadas en el marco del proyecto Vial Ruta del
Sol III que deviene un Contrato de Concesión vial celebrado entre la Agencia
Nacional de Infraestructura con el Concesionario YUMA. Sostuvo que el
Departamento de Cesar no tiene injerencia en el proyecto vial.
Por otro lado, afirmó que la ayuda económica por la situación de desastre
nacional, decretada por el Gobierno Nacional a través del Decreto 2113 de
2022, debe ser pagada directamente por la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres, siempre y cuando se encuentre registrada en el Registro
Único Nacional de Damnificados (RUNDA). Indicó que el proceso de registro
lo efectúa el municipio de Valledupar, a través de la Oficina Municipal para la
Gestión del Riesgo de Desastres.
Adicionalmente, puso de presente que respondió a las inquietudes planteadas
en el auto del 6 de mayo de 2024, dentro del trámite que se surte en la Corte
Constitucional en sede de revisión del proceso T-10.023.657. Por lo anterior,
consideró que no se encuentra legitimada por pasiva para resolver la

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problemática de la accionante, pues la obligación del pago del subsidio del
RUNDA recae en cabeza de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y respecto del proceso que se surte ante la Corte Constitucional.
Por consiguiente, solicitó su desvinculación de la acción de tutela y denegar
cualquier pretensión respecto del Departamento del Cesar.
5.2. La Procuraduría General de la Nación manifestó que no tiene registro de
algún antecedente de la señora Yuliana Mercado Barros, pendiente de ser
resuelto. Por lo que no cuenta con la facultad para intervenir en la salvaguarda
de los derechos fundamentales de la accionante. Sostuvo que cuando recibe
solicitudes para realizar intervenciones preventivas, sólo puede hacer
seguimiento a las peticiones más no intervenir en las decisiones que toma la
administración, ya que ello implicaría una labor de coadministración, que está
proscrita para dicho ente de control.
Concluyó que el asunto del escrito de tutela no es procedente en su contra, ya
que no se acreditó un vínculo existente con la accionante, pues los hechos que
aquella alega son lejanos al objeto misional de la entidad.
Solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que la
acción de tutela va dirigida a la Presidencia de la República y otros y no a dicha
entidad; negar cualquier pretensión respecto de la Procuraduría General de la
Nación y desvincularla del presente trámite.
5.3. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio indicó que existen múltiples
procesos con presupuestos de hecho y pretensiones similares a este, por lo
que solicitó al despacho la posibilidad de acumular las tutelas en aras de
economía procesal.
Sostuvo que la señora Yuliana Mercado Barros no había presentado
solicitudes relacionadas con el subsidio RUNDA, con subsidios de vivienda, ni
la afectación al servicio de agua potable en su vivienda, por lo que no se puede
afirmar que el Ministerio haya vulnerado el derecho fundamental de petición
de la accionante o algún otro. Afirmó que la accionante allegó copia del auto
del 25 de junio de 2024, por medio del cual la Corte Constitucional suspendió
los términos para fallar y que no había recibido notificación de fallo alguno
relacionado con el expediente Nro. T10023657 (20001-33-33-005-2023-00507-
00).

Consideró que sus funciones, establecidas en el Decreto 3571 de 2011 no
estaban relacionadas con las pretensiones de la accionante. Asimismo, indicó
que ni el Ministerio de Vivienda ni el Fondo Nacional de Vivienda hacen
postulaciones a subsidios familiares de vivienda. Sin embargo, consideró que
la accionante podría participar en los programas vigentes Mi Casa Ya y Mejora
Tu Casa, siempre y cuando cumpla con los requisitos.
Afirmó que la accionante no acudió a la Superintendencia de Servicios
Públicos para reclamar su derecho al servicio público de agua potable, antes
de instaurar esta acción de tutela por lo que resulta improcedente. Manifestó
que el ministerio no es el ente encargado de otorgar ayuda humanitaria, ni
indemnizaciones por desplazamiento forzado. Sostuvo que a la Agencia
Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (ACCIÓN
SOCIAL), hoy Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, y al
Fondo Nacional de Vivienda les corresponde coordinar, asignar y/o rechazar
los subsidios de vivienda de interés social.
Finalmente, se opuso a las pretensiones de la tutela, al considerar que no ha
vulnerado ningún derecho fundamental de la accionante. Asimismo, solicitó
que se le desvinculara del presente trámite.

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5.4. La Superintendencia Financiera solicitó su desvinculación del proceso, pues
afirmó que no ha vulnerado o amenazado ningún derecho fundamental de la
accionante. Por otro lado, afirmó que existe falta de legitimación en la causa
por pasiva puesto que no fue vinculado a la acción de tutela que dio origen al
trámite de revisión eventual del expediente T-10.023.657.
5.5. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible indicó que no le constan
los hechos expuestos, puesto que se refieren a situaciones y actuaciones que
son competencia de otras entidades.
Afirmó que el auto de 20 de junio de 2024 de la Corte Constitucional aportado
en el escrito de tutela se refiere a un decreto oficioso de pruebas y no a una
decisión judicial definitiva y que mediante auto del 25 de junio de 2024 la Corte
Constitucional ordenó la suspensión de términos judiciales del trámite de
revisión con el fin de realizar el recaudo probatorio.
Por otro lado, consideró que no tiene legitimación en la causa por pasiva,
puesto que no ha tenido injerencia en los hechos ni tiene competencia frente
a lo pretendido por la accionante. E indicó que la función de asegurar los
servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo es de las empresas
de servicios públicos de carácter oficial privado o mixto o directamente de la
administración central del respectivo municipio de acuerdo con las leyes
citadas.
Por lo anterior, afirmó no haber vulnerado ningún derecho fundamental, puesto
que no es la autoridad que deba responder por acción u omisión que causan
los hechos narrados por la accionante. Finalmente, solicitó su desvinculación
al proceso por falta de legitimación en la causa por pasiva.
5.6. La Secretaría de Salud del Municipio de Valledupar indicó que adolece de
legitimación en la causa por pasiva, puesto que no ha vulnerado ningún
derecho fundamental de la accionante. También indicó que los hechos que
dan lugar a la acción de tutela no tienen relación con las competencias de
dicha entidad, que están determinadas en la Ley 715 de 2001, y que define
que le corresponde dirigir y coordinar el sector salud y el sistema de seguridad
social en salud.
Finalmente, indicó que dentro de su rol hará seguimiento al caso particular y
solicitó su desvinculación del presente proceso.
5.7. La Corte Constitucional indicó que, con base en pretensiones formuladas por
la accionante, no le corresponde en esta instancia pronunciarse sobre el
incumplimiento de las órdenes impartidas en el auto del 20 de junio de 2024,
en el marco del expediente de tutela T- 10.023.657. Sostuvo que dichas
órdenes están relacionadas con el decreto oficioso de pruebas, de manera que
su eventual incumplimiento se decidirá dentro de dicho expediente, con base
en los principios de autonomía e imparcialidad que inspiran la actividad judicial.
También manifestó que en el marco del expediente de tutela T- 10.023.657, el
magistrado sustanciador dictó los autos del 6 y 10 de mayo, y 20 de junio de
2024, a través de los cuales ordenó la práctica de diferentes pruebas; que el
25 de junio de 2024, ordenó la suspensión de términos para fallar el asunto
por el lapso de tres (3) meses; y que el 23 de septiembre de 2024, el despacho
sustanciador registró el proyecto de sentencia para ser decidido por la Sala
Segunda de Revisión. Finalmente, informó que el asunto está pendiente de
decisión.
Por lo anterior, consideró que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de
la accionante, y que en ninguna de las pretensiones planteadas por la

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accionante se refiere a alguna acción u omisión de dicha entidad. Por ende,
solicitó su desvinculación de la tutela.
5.8. La Sociedad Yuma Concesionaria S.A. indicó que los hechos y las
pretensiones de la acción de tutela están relacionados con el reconocimiento
y pago de los subsidios RUNDA y Cambiar mi casa, así como el cumplimiento
de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional dentro del trámite de la
acción de tutela T- 10.023.657. Sostuvo que no es la entidad llamada a cumplir
con las pretensiones solicitadas puesto que en su objeto no se encuentra el
reconocimiento y otorgamiento de subsidios, lo cual está en cabeza del Estado
y sus entidades.
Afirmó que no le consta ninguno de los hechos del escrito de tutela y que la
acción de tutela en sede de revisión con radicado T- 10.023.657, versa sobre
el derecho fundamental al agua potable, por lo que no es competencia del
proyecto Ruta del Sol. También manifestó que fue notificada de dicho proceso
y respondió a cada uno de los requerimientos elevados por la Corte
Constitucional.
Solicitó la desvinculación de Yuma y de la Constructora Ariguaní́ S.A.S. de la
presente acción de tutela, puesto que las pretensiones van dirigidas a la
Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, Ministerio de Vivienda,
Alcaldía municipal de Valledupar y Personería municipal de Valledupar, y no
tiene relación alguna con la actividad que desarrolla. Afirmó que respecto de
dicha entidad existe falta de legitimación en la causa por pasiva.
Por otro lado, informó que en el año 2025 ha tenido que responder a múltiples
acciones de tutela presentadas por las personas que aseguran haberse visto
afectadas por la inundación presentada en el corregimiento de Aguas Blancas.
Sostuvo que aunque las acciones de tutela son presentadas por personas
distintas tienen exactamente los mismos hechos, pretensiones y objeto, así́
como, las mismas direcciones de correo electrónico, este es
tutelaslaboral1965@gmail.com.

Finalmente, sostuvo que en la acción de tutela no se demostró una situación
que amerite la intervención de un juez constitucional, dado que no se
demuestra que la señora Yuliana Mercado Barros se encuentra gravemente
afectada por la falta de reconocimiento de subsidios. Tampoco allegó copia de
las peticiones realizadas a las entidades para el otorgamiento de dichos
subsidios. Afirmó que la accionante tampoco demostró un perjuicio
irremediable que amerite una eventual protección de tutela como mecanismo
transitorio.
5.9. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales indicó que no está
llamada a satisfacer los derechos fundamentales que reclama la accionante,
con base en las funciones que le atribuye la ley.
Por otro lado, afirmó que ha actuado en el marco de sus funciones, cumpliendo
a cabalidad con lo establecido legalmente en el marco de la licencia ambiental
otorgada a la sociedad comercial Yuma Concesionaria S.A. Indicó que el
corregimiento de Aguas Blancas se encuentra a 200 metros del área de
influencia directa del proyecto denominado Ruta del Sol Sector 3 -
Construcción Segunda Calzada Valledupar - Bosconia - Ye de Ciénaga.
Finalmente, solicitó denegar las pretensiones de la accionante por no haber
vulnerado o puesto en riesgo los derechos fundamentales invocados en la
acción de tutela.
5.10. El Ministerio de Transporte afirmó que no le constan los hechos expuestos
en la acción de tutela. Se opuso a las solicitudes y peticiones de la accionante,

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dado que no es la autoridad competente para atenderlas, debido a la carencia
de competencia funcional con los hechos y pretensiones de la tutela.
Indicó que no tiene legitimación en la causa por pasiva con base en las
funciones atribuidas a dicha entidad por medio del Decreto 087 de 2011, ya
que no es competente para realizar el pago de apoyos monetarios destinados
a los afectados por el fenómeno de La Niña, ni para gestionar los trámites
administrativos del Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA).
Por otro lado, solicitó que se acumulara la acción de tutela interpuesta, con
otros procesos con similares características que han sido tramitados por
diversos juzgados del circuito de Valledupar.
5.11. La Contraloría General de la República indicó que no es cierto que haya
declarado responsable fiscal a Yuma Concesionaria y a la Constructora
Ariguaní S.A.S. Precisó que la entidad recibió de manera reiterada y
sistemática varias peticiones de ciudadanos de la comunidad de Aguas
Blancas, relacionadas con las afectaciones sufridas por las inundaciones
ocurridas en octubre de 2022. Por lo anterior, en cabeza de la Dirección de
Vigilancia Fiscal para el Sector Infraestructura acumuló todas las peticiones
bajo el radicado Nro. 2023-278419-82111-SE / Radicado 2023ER0137671 del
2 de agosto de 2023 y les dio respuesta de fondo.
Informó que dio traslado a la Procuraduría General de la Nación de un hallazgo
administrativo con presunta incidencia disciplinaria, para que dicha entidad le
diera trámite. Asimismo, solicitó reclasificar la petición inicial como una
denuncia fiscal, pero en ningún modo declaró responsable civilmente a Yuma
Concesionaria y a la Constructora Ariguaní S.A.S.
Sostuvo que en esta sede judicial la accionante cuestiona presuntas omisiones
de las entidades responsables que han generado afectaciones ambientales y
sociales atribuidas a la obra de construcción del tramo de la doble calzada
Valledupar-Bosconia. Consideró que de acuerdo con las funciones
constitucionales, legales y reglamentarias la entidad no puede impartir órdenes
o instrucciones a ninguna entidad.
Finalmente, propuso la falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha
entidad, puesto que no ha vulnerado los derechos que se invocan, ni es
competente para atender a las pretensiones planteadas. Por todo lo anterior,
solicitó que se le desvinculara del presente trámite.
5.12. La Corporación Autónoma Regional del Cesar manifestó que el Proyecto
Ruta del Sol en materia ambiental es de competencia exclusiva de la Autoridad
Nacional de Licencias Ambientales, que además es la encargada de vigilar,
controlar y hacer seguimiento ambiental a los proyectos que ha autorizado.
Sostuvo que las posibles causas de las problemáticas señaladas por la
población afectada deben ser verificadas en el marco de las obras de segunda
calzada de la Ruta del Sol que fueron evaluadas ambientalmente por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Manifestó que las funciones asignadas por la ley a la Corporación se enmarcan
en la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos sobre medio
ambiente y recursos renovables. Por lo que, no le corresponde la función de
reconocimiento y pago de indemnizaciones o subsidios por la afectación
manifiesta por parte de la accionante. Adicionalmente, indicó que no ha
vulnerado ningún derecho fundamental de la accionante y que carece de
legitimación en la causa por pasiva para atender directamente las peticiones
de la parte accionante.

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Finalmente, afirmó que la acción de tutela es improcedente puesto que existen
otros mecanismos de defensa eficaces para la protección de los derechos
fundamentales y la accionante no probó que exista un perjuicio irremediable.
5.13. La Presidencia de la República indicó que las pretensiones del escrito de
tutela estaban encaminadas a obtener ayudas y atenciones humanitarias
correspondientes a los afectados de desastres naturales como el subsidio de
RUNDA. Función que le corresponde a la Unidad Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres y al Departamento de Prosperidad Social, entidades que
cuentan con autonomía presupuestal e independencia administrativa, que le
impide a la Presidencia ejercer algún tipo de función al respecto.
También manifestó que la accionante radicó petición ante dicha entidad, que
fue respondida el 9 de octubre de 2023. Afirmó que no ha cometido ninguna
omisión que permita reclamar la tutela de sus derechos fundamentales. Por
todo lo anterior, solicitó que se le desvinculara de este proceso, que se
declarara la improcedencia de este mecanismo constitucional ante la
inexistencia de una acción u omisión atribuible a la Presidencia de la República
que pudiera generar una vulneración a los derechos fundamentales invocados
por la accionante. Y que se negaran las pretensiones respecto de la
Presidencia de la República o alguna de sus dependencias.
5.14. La Agencia Nacional de Infraestructura indicó que sus funciones se
enmarcan en administrar, coordinar y gestionar los contratos de concesión
mediante los cuales el concesionario obtiene remuneración por la
materialización de proyectos de infraestructura. Sostuvo que ha actuado de
conformidad con lo establecido en el ordenamiento jurídico y en ningún
momento ha sido sujeto activo de vulneración de derechos fundamentales.
Manifestó que no le constan los hechos de la demanda, y que la señora
Yuliana Mercado Barros no ha radicado peticiones ante dicha Agencia.
Asimismo, afirmó que no es competente para pronunciarse sobre el estado
actual de los subsidios RUNDA.
Consideró que la accionante de este proceso no se encuentra como
accionante de la tutela en sede de revisión T- 10.023.657 y que, en todo caso,
dicha tutela versa sobre la vulneración del derecho al agua potable. Sostuvo
que, aunque las pretensiones del trámite no tienen relación con las
competencias y funciones de la entidad, había contestado a cada uno de los
requerimientos de la Corte Constitucional.
Finalmente, solicitó su desvinculación y que se declare la improcedencia de la
acción de tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva, y porque la
accionante no probó que exista un perjuicio irremediable.
5.15. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres indicó que no le
consta que se haya afectado el derecho al agua o a la vivienda de la
accionante. Consideró que la accionante no detalló ni probó cómo se estarían
vulnerando dichos derechos, por lo que la solicitud no demuestra una
afectación directa a sus derechos fundamentales.
También manifestó que la accionante cuenta con otros medios para exigir
derechos colectivos y que le corresponde a las autoridades locales resolver
las afectaciones a viviendas relacionadas con agua, alcantarillado y gas.
Afirmó que su labor se limita a cumplir con la función de coordinar y dirigir la
gestión de riesgos y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Indicó que la
accionante no ha radicado petición alguna ante la entidad, ni se encuentra en
la base de datos del Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA).

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Afirmó que no tiene responsabilidad ni participación en las situaciones
expuestas por la accionante y que es neutral respecto de la decisión de
amparo solicitada. Sin embargo, señaló la improcedencia de la acción de
tutela, toda vez que los hechos planteados por la accionante fueron discutidos
mediante la tutela en sede de revisión T- 10.023.657, por lo que esta acción
de tutela, se estaría utilizando para hacer cumplir una decisión judicial que se
estaba discutiendo por otra autoridad judicial.
Finalmente, señaló que en caso de considerar que no se está cumpliendo con
dicho fallo de tutela, la accionante debía recurrir al incidente de desacato. Por
lo que una nueva acción de tutela no sería un medio idóneo para exigir su
cumplimiento.
5.16. El Ministerio del Interior indicó que el Registro Único de Damnificados (RUD)
fue diseñado para registrar a la población damnificada por eventos naturales
o antropogénicos no intencionales los cuales originan la declaratoria de
calamidad pública, desastre o similar naturaleza. Informó que la gestión del
riesgo de desastres es responsabilidad de alcaldes y gobernadores y sus
consejos territoriales de gestión de riesgo de desastres, quienes deben hacer
uso de la herramienta para digitar información de las personas damnificadas.
Afirmó que la accionante no radicó ninguna solicitud ante la entidad y tampoco
señala una situación concreta y específica atribuible al Ministerio frente a la
vulneración de un derecho fundamental. Por lo anterior, consideró que la
acción de tutela es improcedente, por inexistencia de vulneración y por falta
de legitimación en la causa por pasiva respecto de dicha entidad. Finalmente,
solicitó su desvinculación.
5.17. La Alcaldía de Valledupar solicitó su desvinculación del presente trámite y se
opuso a las pretensiones de la acción de tutela, por considerar que no ha
vulnerado ningún derecho fundamental de la accionante. Adicionalmente,
indicó que la secretaría de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Turismo
realizó informe remitido a la Corte Constitucional atendiendo al requerimiento
realizado en el marco del expediente T-10.023.657.
Con relación al objeto jurídico de la acción de tutela sostuvo que se presenta
el fenómeno de hecho superado, que da como resultado la carencia actual del
objeto para decidir. Finalmente, solicitó que se desvinculara a la Alcaldía de
Valledupar por inexistencia de vulneración de derechos fundamentales.
6. Trámite posterior al auto admisorio de la tutela
Mediante auto de 9 de abril de 2025, se requirió a la Alcaldía de Valledupar, a la
Gobernación del Cesar, a la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres a fin
de que brindaran información sobre la inscripción de la señora Yuliana Mercado
Barros en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA) e indicaran “Las
razones por las cuáles aquella no se encuentra inscrita en este último, a pesar de que mediante
Decreto 883 de 24 de octubre de 2022 se declaró la calamidad pública en todo el territorio de
Valledupar «como consecuencia de los efectos de la ola invernal del cuarto trimestre del año 2022»”.

Asimismo, se requirió a la Presidencia de la República para que brindara
información respecto al derecho de petición interpuesto por la tutelante aludido en
su informe inicial.
6.1. La Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que (i) el 8 de
mayo del 2023 dio apertura al Registro Único de Damnificados, (ii) la Alcaldía
de Valledupar tenía plazo hasta el 23 de mayo para realizar el registro de los
damnificados por la ola invernal del 2022, (iii) dicha apertura se prorrogó hasta
el 30 de junio de 2023, (iv) el 8 de septiembre de 2023, el Comité Municipal
Valledupar envió un correo solicitando la apertura del Registro Único Nacional

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de Damnificados (RUNDA) para incluir a 53 personas que no habían sido
registradas y (vi) el 2 de octubre de 2023, se le permitió el acceso de tal
autoridad a la plataforma con usuario y la contraseña para proceder a la
inclusión de esas 53 personas.
Asimismo, brindó la siguiente información sobre el número total de familias y
personas de Valledupar registradas en el Registro Único Nacional de
Damnificados (RUNDA) con ocasión de la ola invernal ocurrida en el año 2022:

Seguido, indicó que la información que ingresa a la plataforma es
responsabilidad exclusiva del ente territorial, tal como lo indica el artículo 4° de
la Resolución 1190 del 10 de octubre de 2016 por medio de la cual se regula
el proceso de registro el cual consta de cuatro etapas: (i) solicitud de creación
de usuario y contraseña por parte de los consejos departamentales o
municipales de gestión del riesgo de desastres, según sea el caso, a la Unidad
para la Gestión del Riesgo de Desastres; (ii) ingreso de la información por parte
de las entidades territoriales; (iii) traslado de la información; y (iv) cierre del
proceso y de acceso a la plataforma por parte de la Unidad para la Gestión del
Riesgo de Desastres.
Finalmente, sostuvo que la solicitud de ingreso de nuevos usuarios también es
responsabilidad del ente territorial, para lo cual debe presentar una nueva
solicitud donde adjunte: (i) acta de consejo municipal de gestión del riesgo de
desastres en la cual se informe y justifique los motivos por los cuales se omitió
la inclusión de las personas en el registro inicial; (ii) soportes validados por el
ente territorial sobre la condición de damnificados; (iii) censos o evaluación de
daños levantados en la fecha de la emergencia; y (iv) documento en formato
Excel en el cual se identifiquen de manera detallada cada uno de los núcleos
familiares con nombres completos y datos de identidad.
Por lo expuesto, concluyó que «la señora YULIANA MERCADO BARROS deberá
gestionar su inscripción en el RUNDA a través del municipio, siempre y cuando su situación
cumpla con las condiciones requeridas, y este debe realizar el proceso de solicitud ante la
UNGRD de haber omitido a las (sic) señora Mercado».

6.2. La Gobernación de Cesar sostuvo que los hechos generadores de la
calamidad pública declarada en el Decreto 883 de 24 de octubre de 2022,
relacionados con la ola invernal, se circunscriben al municipio de Valledupar.
En consecuencia, sostuvo que debe aplicarse el artículo 14 de la Ley 1523 de
2012 según el cual «El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el responsable
directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio».

Por lo anterior, aseguró que la información de los afectados por ese evento
debía ser registrada en la plataforma RUNDA por parte del Consejo Municipal
para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio donde ocurrió el
desastre, durante el tiempo que fuese habilitado tal registro y hasta antes del
cierre de la plataforma por parte de la Unidad para la Gestión del Riesgo de
Desastres. En consecuencia, afirmó que «en este caso la inscripción era
responsabilidad del municipio de Valledupar».

Finalmente, informó que «Verificadas nuestras bases de datos no se halló información
que indique que la señora Yuliana Mercado Barros haya radicado algún tipo de petición ante
la Gobernación del Cesar, por intermedio de la ODGRDCC, para la inclusión en el RUNDA, ni
tampoco existen registros que indiquen que la alcaldía de Valledupar por intermedio de su
Consejo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastres lo haya hecho».

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6.3. La Alcaldía de Valledupar informó que atendió el evento calamitoso
presentado en octubre del año 2022, que realizó los censos entre la población
afectada al momento de los hechos, «así como el análisis de circunstancias
acompañado de los entes de rescate que asistieron a la población vulnerable». Aseguró que
en junio de 2023 hizo el registro de los afectados con base en informes de la
Alcaldía y de información aportada por los organismos de socorro adscritos.
Encontró un total de 162 familias afectadas por dicho evento, las cuales fueron
incluidas en «el informe suministrado por la UNGRD mediante formato Excel». En
consecuencia, sostuvo que sí realizó el procedimiento dispuesto en la
Resolución 1190 de 10 de octubre de 2016, para lograr la correcta
caracterización de la población afectada; y que no hubo ningún tipo de
incumplimiento en sus obligaciones.

A su vez, indicó que posteriormente no encontró información que ameritara el
ingreso o modificación de la información anteriormente registrada y agregó que
mediante de la Resolución 550 de 2023 se dispuso «Formalizar el cierre de la
operación del Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA), el cual tuvo lugar a partir
de las 00 horas del 1 de mayo de 2023. En consecuencia, NO se registrarán más damnificados
bajo esta herramienta (RUNDA).»

Por otra parte, resaltó que la responsabilidad de las oficinas municipales de
gestión del riesgo solo corresponde a la etapa de censo y clasificación
posterior al desastre. De manera que no le corresponde realizar el pago del
subsidio, pues esto es responsabilidad del Gobierno Nacional. Finalmente,
indicó que «la accionante Yuliana Mercado Barros no se encuentra ni en los registros del
edan de la ocurrencia del evento del octubre de 2022».

6.4. La Presidencia de la República se pronunció sobre el derecho de petición en
el que la tutelante solicitó «ser incluidos en los listados del auxilio RUNDA» . Sostuvo
que dio respuesta a dicha petición mediante Oficio OFI23-00187731 / GFPU
13130001 del 9 de octubre de 2023 y que «se procedió a realizar un alcance a través
del OFI25-00074222 / GFPU 13130001 del 21 de abril de 2025». En suma, manifestó que
dio respuesta a la solicitud de la accionante y que la notificó al correo
electrónico informado por esta última.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. Planteamiento del problema jurídico

De los antecedentes expuestos, se desprende que la tutelante expuso las siguientes
inconformidades: (i) el incumplimiento de las órdenes dispuestas por la Corte
Constitucional en los autos de 6 de mayo y 20 de junio de 2024, en los que se
decretaron pruebas de oficio en el trámite de revisión del expediente T-10.023.657;
(ii) la negligencia de diversas autoridades frente a las emergencias por inundaciones
ocurridas en el corregimiento de Aguas Blancas; y (iii) la falta de entrega de la ayuda
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Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

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económica otorgada a quienes se encuentran incluidos en el Registro Único
Nacional de Damnificados (RUNDA).

En consecuencia, corresponde a la Sala establecer lo siguiente:
(i) Si se configura la carencia de objeto respecto a las órdenes impartidas en los
autos de pruebas de 6 de mayo y 20 de junio de 2024 proferidos en el trámite
de revisión del expediente T-10.023.657, en consideración que en el curso de
esta acción la Corte Constitucional profirió la Sentencia T-078 de 2025.

(ii) Si existe cosa juzgada frente a varias de las pretensiones formuladas por la
señora Yuliana Mercado Barros, especialmente las relacionadas con vivienda
digna, agua, salud y saneamiento ambiental, en la medida en que en la
Sentencia T-078 de 2025, a la que se le otorgaron efectos inter comunis, se
analizaron dichos asuntos respecto de los habitantes del corregimiento de
Aguas Blancas.

(iii) Si se vulneraron derechos fundamentales a la señora Yuliana Mercado Barros
por su falta de inscripción en Registro Único Nacional de Damnificados
(RUNDA).

3. De la Sentencia T-078 de 2025
El 6 de marzo de 2025, esto es con posterioridad a la presentación de la tutela por
parte de la señora Yuliana Mercado Barros, la Corte Constitucional profirió la
Sentencia T-078 de 2025. Allí se analizó la acción de tutela promovida por una
ciudadana del corregimiento de Aguas Blancas del municipio de Valledupar contra
de los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Vivienda, Ciudad y
Territorio, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la
Superintendencia de Industria y Comercio, por la vulneración de sus derechos a la
vida, al mínimo vital, al acceso al agua potable, a la integridad física y a la petición.
La referida accionante manifestó que las obras de construcción de la doble calzada
entre los municipios de Bosconia y Valledupar (“Ruta del Sol 3”) realizadas por la
Constructora Ariguaní S.A.S. y Yuma Concesionaria S.A. interrumpieron el paso
natural del río Aguas Blancas y afectaron el suministro de agua potable para la
población del sector. También indicó que las obras han presentado graves
irregularidades y actos de corrupción. En particular, reprochó la construcción de dos
box culvert que no estaban autorizados, ya que inicialmente se preveía la
construcción de un puente. Señaló que estas estructuras causaron las inundaciones
que se han presentado en la zona. Afirmó que las entidades accionadas no habían
atendido los requerimientos de la población y ni habían adelantado ninguna
actuación para prevenir o mitigar los riesgos de inundación en el sector.
En la Sentencia T-078 de 2025, la Corte Constitucional indicó que transcurridos casi
dos años desde la ocurrencia de la inundación, las autoridades no han adoptado
medidas idóneas para mitigar el riesgo de desastres y para hacer cesar los impactos
negativos en los derechos fundamentales de la población. Por lo tanto, consideró
necesario adoptar órdenes de mediano y corto plazo para superar la situación de
vulneración de los derechos fundamentales de la población del corregimiento de
Aguas Blancas.
Asimismo, la Corte Constitucional otorgó efectos inter comunis a la sentencia
proferida e incluyó a todas las personas del corregimiento de Aguas Blancas, que
estuvieran viviendo circunstancias semejantes a la de la accionante de ese trámite
constitucional, para que sus derechos fundamentales fueran protegidos mediante la
Sentencia T-078 de 2025.

La Corte dividió el estudio del caso propuesto en seis secciones y en cada sección
dio órdenes a las autoridades accionadas para proteger los derechos fundamentales
de la comunidad del corregimiento de Aguas Blancas, así:

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(i) En la primera sección expuso los hechos probados del caso.
(ii) En la segunda sección la Corte Constitucional concluyó que la población del
corregimiento de Aguas Blancas no tiene garantizado el acceso al agua
potable en condiciones de accesibilidad, calidad y disponibilidad, lo que
redunda en un riesgo para los derechos fundamentales a la vida y a la salud.
Indicó que la responsabilidad de dicha afectación es de la Alcaldía de
Valledupar. La Corte resaltó la gravedad de la vulneración, puesto que han
transcurrido casi dos años desde la inundación, sin que la alcaldía realice
acciones concretas, provisionales o definitivas para garantizar el derecho al
agua de la comunidad.
Por lo anterior, la Corte ordenó:
“CUARTO. ORDENAR al municipio de Valledupar y al departamento del Cesar que, en el término de 15
días siguientes a la notificación de esta providencia, suministre por medio de carro tanques o pilas
privadas o públicas, el medio que considere más idóneo, en forma permanente y continua, el agua
potable a la accionante y demás personas que (i) viven en el corregimiento de Aguas Blancas y (ii) no
tienen otro medio para obtener el suministro del recurso hídrico. Para tal efecto deberá realizar, dentro
del mismo plazo, una visita al sector con el fin de establecer las necesidades básicas de agua y el medio
idóneo para el suministro del recurso de forma transitoria. La cantidad de agua a proveer debe obedecer
al volumen mínimo razonable establecido como parámetro por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), el cual debe oscilar entre cincuenta (50) y cien (100) litros de agua por persona por día para
asegurar la satisfacción de todas las necesidades de salud.
ADVERTIR al municipio de Valledupar y al departamento del Cesar que el suministro provisional de una
cantidad mínima vital de agua no podrá suspenderse bajo ninguna circunstancia, hasta que se adopten
medidas de carácter definitivo para garantizar el suministro permanente de agua en el corregimiento de
Aguas Blancas del municipio de Valledupar.
QUINTO. ORDENAR al municipio de Valledupar y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que, en
el término de (6) seis meses contados desde la notificación de esta providencia y en cumplimiento de los
principios de coordinación y concurrencia, adelanten las gestiones administrativas necesarias para
avanzar en una solución definitiva y que garantice el acceso, la calidad, la disponibilidad y el goce del
servicio de agua potable a la accionante y demás personas que (i) viven en el corregimiento de Aguas
Blancas y (ii) no cuentan con otros medios para acceder al recurso hídrico en condiciones de
disponibilidad, accesibilidad y potabilidad. En el marco del diseño e implementación de las acciones
destinadas al cumplimiento de esta orden, las autoridades deberán adelantar sus actuaciones conforme
a las particularidades jurídicas y fácticas de las viviendas, verificar el cumplimiento de las normas
urbanísticas y, en todo caso, garantizar los derechos fundamentales de los afectados”.

(iii) En la tercera sección la Corte Constitucional concluyó que el municipio de
Valledupar vulneró el derecho a la vivienda digna y salubridad pública en
relación con la prestación del servicio de alcantarillado y saneamiento básico
de la población del corregimiento de Aguas Blancas. Afirmó que en el
corregimiento se presenta una situación crítica de deficiencia de las redes de
alcantarillado, disposición de aguas y manejo de residuos que generan olores
nauseabundos y fomentan la proliferación de vectores. Esto aumenta el riesgo
de afectación del derecho fundamental a la salud.

La Corte señaló que algunos de los informes rendidos evidencian que, prima
facie y sin que se configure un juicio de responsabilidad, existe relación entre
el proyecto “Ruta del Sol 3” y la insuficiencia de los sistemas de drenaje del
sector. Por lo enunciado, la Corte ordenó:
“SEXTO. ORDENAR al municipio de Valledupar que, en el término de diez (10) días siguientes a la
notificación de esta providencia, adelante las medidas de emergencia necesarias para mitigar los malos
olores y la presencia de vectores en el corregimiento de Aguas Blancas, como actividades de limpieza y
descolmatación de las redes de disposición de aguas y residuos del corregimiento de Aguas Blancas.
ADVERTIR a la Alcaldía que, hasta tanto no se dé solución definitiva a las deficiencias de la red de
acueducto y alcantarillado, deberá continuar con la ejecución de medidas provisionales e idóneas,
encaminadas a la cesación de las afectaciones que padecen los habitantes del sector”.

(iv) En la cuarta sección la Corte Constitucional concluyó que el municipio de
Valledupar vulneró el derecho a la vivienda de las personas que hacen parte
de la comunidad afectada, al incumplir sus deberes relacionados con la
atención, mitigación y gestión de riesgo de desastres.

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Demandante: Yuliana Mercado Barros

Afirmó que el municipio no ha elaborado los estudios de riesgo, diagnósticos
o conceptos técnicos para determinar si las viviendas de las personas que
habitan el corregimiento cumplen con los mínimos de habitabilidad. Tampoco
ha identificado cuál es el riesgo de desastre en el que se encuentran dichas
viviendas y si dicho riesgo es prevenible o mitigable. Indicó que dichas
omisiones hacen que se presente una amenaza real y cierta de los derechos
fundamentales de las personas que integran el corregimiento afectado.
La Corte también señaló la responsabilidad de la Gobernación de Cesar en
materia de gestión del riesgo, puesto que debe existir un trabajo coordinado,
armónico y complementario entre el departamento y el municipio para
implementar el plan de gestión del riesgo de desastres y fijar estrategias frente
a las emergencias.
Por lo anterior, la Corte ordenó:
“SÉPTIMO. ORDENAR al municipio de Valledupar y al departamento del Cesar, a través de sus oficinas
asesoras de planeación y gestión de riesgos, en coordinación y con el acompañamiento de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y la Autoridad Nacional de Licencias
Ambientales ANLA, que dentro del término de treinta (30) días siguientes a la notificación de esta
providencia, con participación de la comunidad del corregimiento de Aguas Blancas y en cumplimiento
de los principios de coordinación y concurrencia, realicen los estudios necesarios para (i) evaluar las
condiciones y el nivel de riesgo de la vivienda de la accionante y de las demás personas del corregimiento
de Aguas Blancas, con especial atención a las áreas que han sido afectadas por inundaciones desde el
año 2022, (ii) establecer si el riesgo al que están sometidas las viviendas del corregimiento es susceptible
de ser mitigado o no, y (iii) determinar si las condiciones de salubridad y prestación de servicios públicos
del sector permiten la habitabilidad de las viviendas.
Con fundamento en los resultados del estudio ordenado, la Alcaldía municipal de Valledupar, en el
término de sesenta (60) días siguientes a la notificación de esta providencia, deberá formular un plan de
gestión, mitigación y control del riesgo para el corregimiento de Aguas Blancas del municipio.
OCTAVO. En caso de que a partir del estudio de qué trata la orden anterior, se determine que las
viviendas no tienen aptitud para satisfacer condiciones de habitabilidad dignas, o que el riesgo de
desastres no es mitigable, el municipio de Valledupar, el departamento del Cesar y la UNGRD, en
cumplimiento de los principios de coordinación y concurrencia, deberán adelantar las acciones de
reubicación necesarias, de acuerdo a las condiciones presupuestales y técnicas del municipio. En este
escenario, las autoridades mencionadas podrán establecer criterios de priorización a partir del nivel de
riesgo de desastre identificado.
(i) la reubicación temporal de las personas afectadas, mientras se realizan las obras necesarias que se
determinen a partir del cumplimiento de las órdenes de la presente providencia o (ii) las medidas
necesarias, para garantizar el acceso de estas personas a los programas de vivienda de interés social
que tiene el Estado, para que efectivamente cuenten con un lugar digno donde vivir. Estas medidas
deberán incluir los mecanismos de asesoría y acompañamiento a los interesados.
La ejecución del plan de gestión del riesgo deberá iniciar a más tardar en seis (6) meses contados a
partir de la notificación de la presente sentencia y deberá contar con un cronograma de implementación,
debidamente concertado entre las entidades responsables y en garantía de la participación de las
personas de la comunidad afectada”.

(v) La Corte Constitucional consideró que se vulneraron los derechos a la salud
de la accionante y de las personas que integran la comunidad, relacionadas
con la salud nutricional y mental de la población, y con los riesgos de
enfermedades respiratorias y de la piel como consecuencia de los malos
olores y la presencia de vectores en el corregimiento.

Por lo anterior, la Corte ordenó:
“DÉCIMO SEGUNDO. ORDENAR al municipio de Valledupar, al departamento del Cesar, a través de
sus secretarías de salud, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- regional Cesar, que en
un término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la presente providencia y en
cumplimiento de los principios de coordinación y concurrencia, realicen campañas o brigadas de salud
para la población del corregimiento de Aguas Blancas y adopten las acciones y medidas de prevención
y atención integral en salud que resulten necesarias, con especial énfasis en la garantía de los derechos
de las niñas, niños, adolescentes, personas gestantes y lactantes, en especial de aquellas que presenten
una condición o riesgo de desnutrición.
En caso de que resulte necesario, las entidades podrán articularse con las entidades prestadoras de
salud del régimen contributivo o subsidiado a las que esté afiliada la población de especial protección de
que trata la presente orden, para efectos de garantizar la prestación de los servicios de salud que se
requiera.

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Demandante: Yuliana Mercado Barros

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar deberá activar el Sistema Nacional de Bienestar Familiar,
con el fin de que las entidades que lo conforman adelanten las gestiones y estrategias idóneas para
atender las necesidades de esa población y mitigar el riesgo a su salud, en especial en lo referente al
componente nutricional de las niñas, niños y adolescentes”.

(vi) La Corte Constitucional también indicó que la población del corregimiento se
encontraba ante la vulneración o amenaza del derecho fundamental al mínimo
vital, desde la ocurrencia de la inundación en octubre de 2022, puesto que las
familias han incrementado sus gastos mensuales, dado que tienen que pagar
arriendo mientras solucionan los problemas de las viviendas. Asimismo, indicó
que no cuentan con oportunidades de empleo formal, que no existen
indicadores de mejoramiento socioeconómico significativo a un futuro cercano
y que el comercio fue interrumpido por la construcción de la vía Ruta del Sol.
La Corte Constitucional afirmó que las omisiones del municipio de Valledupar,
de la concesionaria y de la ANLA, ocasionaron la vulneración del derecho al
mínimo vital de la accionante y el resto de las personas que pertenecen a la
comunidad del corregimiento.
Por lo anterior, ordenó:
“DÉCIMO TERCERO. ORDENAR al municipio de Valledupar que, en el término de diez (10) días
siguientes a la notificación de esta providencia y en la mayor medida posible, realice un censo en la
población del corregimiento de Aguas Blancas para determinar las personas cuyo derecho al mínimo
vital se encuentra amenazado o vulnerado como consecuencia de la afectación de sus actividades
productivas, con ocasión de los hechos de que trata la presente acción de tutela.
DÉCIMO CUARTO. ORDENAR al municipio de Valledupar que, en el término de dos (2) meses contados
a partir de la notificación de la presente sentencia y en la mayor medida posible, adopte las medidas
necesarias para incluir a la población afectada en la oferta institucional disponible en materia de
generación de ingresos, subsidios, proyectos productivos u otros mecanismos para garantizar la
protección de su derecho fundamental al mínimo vital. Estas acciones deberán tener énfasis en mujeres,
garantizar un enfoque de género y la inclusión de personas mayores.
DÉCIMO QUINTO. ORDENAR a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA y a Yuma
Concesionaria S.A., que en el término de dos (2) meses contados a partir de la notificación de la presente
sentencia, aúnen esfuerzos para la implementación del componente socioeconómico del plan de manejo
ambiental del proyecto “Ruta del Sol 3”. Lo anterior deberá tener énfasis en mujeres, garantizar un
enfoque de género y la inclusión de personas mayores”.

(vii) Sobre el derecho de petición, la Corte Constitucional consideró que la solicitud
elevada por la accionante fue resuelta en todos sus puntos, por lo que no se
vulneró el derecho fundamental. Sin embargo, consideró que la intención de
la accionante, más allá de las sanciones penales o disciplinarias a que
eventualmente hubiera lugar, pretendía poner en conocimiento de las
autoridades la situación que padecen ella y la comunidad en la que vive.
Por lo anterior, la Corte sostuvo que es necesario que las autoridades brinden
un acompañamiento, asesoría e información necesarios para direccionar en
debida forma los problemas que la afectan. No brindar dicho acompañamiento,
genera un riesgo para que la accionante pueda acudir a las autoridades y
ejercer efectivamente su derecho de petición, más aún teniendo en cuenta la
especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentra.
Por lo anterior, la Corte ordenó a la Defensoría del Pueblo que brinde asesoría
jurídica, acompañamiento y orientación a la accionante para plantear las
solicitudes en debida forma y ante las autoridades competentes, así como para
promover las acciones administrativas y judiciales idóneas para promover sus
reclamos en materia de indemnizaciones, compensaciones, daños
ambientales y derechos económicos (décimo octava orden del fallo).
La Corte Constitucional incluyó otras órdenes relacionadas con la articulación
interinstitucional en el cumplimiento del fallo, en ese respecto se profirieron las
órdenes novena, décima, décimo primera, décimo sexta y décimo séptima.

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Demandante: Yuliana Mercado Barros

En suma, con posterioridad a la presentación de la tutela objeto de esta
providencia, el 6 de marzo de 2025 la Corte Constitucional profirió la
Sentencia T-078 de 2025 por medio de la cual consideró vulnerados los
derechos fundamentales al agua potable, a la vivienda digna, a la salubridad
pública, a la vida digna, a la seguridad personal, a la salud y al mínimo vital de
la accionante de ese trámite de tutela y de las personas que viven en el
corregimiento de Aguas Blancas.
4. Carencia de objeto y su análisis en el caso
4.1. La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la protección
inmediata de derechos fundamentales ante situaciones de amenaza o
vulneración, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los
particulares en casos concretos y excepcionales. Su finalidad, entonces, es
evitar que una amenaza a un derecho fundamental se materialice, o una vez
la vulneración ya se ha producido hacer que cese. Por ende, cuando los
hechos que motivaron la acción desaparecen o cuando no hay forma de
resarcir el daño ya producido, la tutela pierde su razón de ser.
La jurisprudencia constitucional ha denominado tal fenómeno como carencia
actual de objeto y ha señalado que, generalmente, este se presenta por: (i)
hecho superado, (ii) daño consumado y (iii) situación sobreviniente.
4.2. Dicho lo anterior, se advierte que en el trámite de revisión del expediente T-
10.023.657 la Corte Constitucional profirió los autos de 6 de mayo y 20 de
junio de 2024, mediante los cuales decretó pruebas de oficio.
En tales providencias dicho tribunal requirió a diferentes autoridades para que
allegaran informes con la caracterización de la población que habita el
corregimiento de Aguas Blancas del municipio de Valledupar y realizaran
visitas e inspecciones oculares en el corregimiento de Aguas Blancas, entre
muchos otros requerimientos.
Justamente, uno de los reproches de la accionante es que se le vulneraron
sus derechos fundamentales, puesto que las autoridades involucradas en el
trámite de revisión no brindaron la información solicitada por la Corte en los
autos de pruebas del 6 de mayo y 20 de junio de 2024. En su criterio, estas
incumplieron las órdenes allí impartidas.
De hecho, una de las pretensiones formuladas por la accionante consistió en
“el acatamiento del fallo al encontrarnos en un estado de vulnerabilidad para que se den las
órdenes impartidas por parte del magistrado y a su vez delegar por parte del ministerio de vivienda
la visita e inspección ocular a las viviendas que se vieron afectadas por la ola invernal hace dos años.”

Si bien en tal pretensión se solicitó el cumplimiento “del fallo”, para la fecha en
que la accionante radicó la tutela objeto de esta providencia (el 23 de diciembre
de 2024), la Corte Constitucional aún no había proferido la Sentencia T-078 de
2025, dictada el 6 de marzo de 2025. Esta precisión es de relevancia, pues
esto corrobora que una de las finalidades de la accionante era lograr que las
diversas autoridades parte del trámite de revisión acataran los requerimientos
efectuados por la Corte Constitucional en los autos de pruebas 6 de mayo y
20 de junio de 2024.
De hecho, la última de las pretensiones formuladas en el escrito de tutela es
un aparte literal del auto de pruebas de 20 de junio de 2024, en el cual se
dispuso lo siguiente: “NOVENO. REQUERIR a la Alcaldía Municipal de Valledupar y la Personería
Municipal de Valledupar, para que en el término de tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de
este auto, cumplan la orden tercera del Auto de 6 de mayo de 2024, en el sentido de dar respuesta a los
literales (e), (g), (h), (i), (j) y (k) de esa providencia”. Y la pretensión relacionada con tal auto
de pruebas es la siguiente:

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Demandante: Yuliana Mercado Barros

“ORDENAR Y REQUERIR a la Alcaldía Municipal y a la Personería Municipal de Valledupar.
Adicionalmente, de las respuestas presentadas por la Alcaldía Municipal de Valledupar y la Personería
Municipal de la misma ciudad, se observa que, si bien esas autoridades dieron respuesta al Auto de 6
de mayo de 2024, no contestaron de forma completa los cuestionamientos contenidos en la mencionada
providencia. En estos términos, se les requerirá para que den respuesta completa a los literales (e), (g),
(h), (i), (j) y (k). En lo que tiene que ver específicamente con el literal (g), el magistrado sustanciador
destaca que, a pesar de que el municipio allegó un censo con la identificación de las personas afectadas
por la inundación ocurrida en octubre de 2022, esa información es distinta a la solicitada en el Auto de 6
de mayo de 2024, referida a una caracterización de la población que habita actualmente el corregimiento
de Aguas Blancas. Además, la información aportada tampoco refiere si en la población existen niños,
adultos mayores, mujeres, mujeres en estado de embarazo, personas en situación de discapacidad,
personas que hagan parte de comunidades étnicas y otras personas en condición de vulnerabilidad”.

Asimismo, en el trámite de la tutela la señora Mercado Barros allegó memorial,
en el que insistió en que una de sus inconformidades radicaba en el
incumplimiento de las órdenes dispuestas en el trámite de revisión. Así lo
explicó:
(sic para toda la cita)
“las pretensiones sobre el proceso T10023657 son muy claras la Corte Constitucional impartió 11
órdenes a las diferentes entidades palabras más palabras menos. que habían hecho antes de la
inundación y que habían hecho posterior a la inundacion reiteramos que la única que acata y obedece
las ordenes de la Corte Constitucional fue la Personería ninguna de las otras entidades, han sido
omisivas han guardado silencio (…) pero no han hecho absolutamente nada desde la inundación
dijeron que iban hacer unas obras hidráulicas complementarias que sospechosamente al momento de
la inundación 15 días después ya estaban aprobadas, no esas eran las obras que dejaron de hacer (…)
si hubieran acatado las ordenes de la Corte constitucional si se hubiera dado a la tarea de visitar
hacer una visita ocular como si la hizo el Procurador y verificar y certificar los daños causados,
si el ajustador de seguros hubieran visitado los predios, hubiera verificado los daños causados
la distancia entre la vía y la alta dimensión y el volumen del agua” (Negrillas propias).

Así las cosas, se considera que la tutela carece de objeto en lo que respecta
al cumplimiento de los autos de pruebas del 6 de mayo y 20 de junio de 2024,
teniendo en cuenta, (i) que dichas providencias tan solo buscaban impartir
trámite al proceso de revisión efectuado por la Corte Constitucional y obtener
herramientas probatorias para constatar la situación real ocurrida en el
corregimiento de Aguas Blancas del municipio de Valledupar; y (ii) que a la
fecha ya existe decisión de fondo, por medio de la cual se impartieron una
serie de órdenes tendientes a erradicar las problemáticas que dieron origen a
la vulneración de derechos fundamentales de la comunidad del corregimiento
de Aguas Blancas.
En suma, las disposiciones impartidas en los autos de pruebas tenían una
naturaleza transitoria mientras que se surtía el trámite de revisión, pues su
finalidad era el recaudo de elementos probatorios que dieran cuenta de las
problemáticas existentes y de las acciones concretas efectuadas hasta ese
momento por las autoridades involucradas para superar tales circunstancias.
Por lo tanto, en consideración a que a la fecha ya se dictó la Sentencia T-078
de 2025 que resolvió de fondo el asunto, el cumplimiento a perseguir es el de
las órdenes impartidas en la sentencia, no en providencias previas a esta.
En conclusión, frente a este primer punto, la Sala considera que la acción
carece de objeto en lo que se refiere a la pretensión sobre el cumplimiento de
los autos de pruebas mencionados, pues en el curso de la acción de tutela
interpuesta por la señora Yuliana Mercado Barros la Corte Constitucional
profirió la Sentencia T-078 de 2025 que contiene un conjunto de mandatos para
la protección de los derechos fundamentales de los habitantes del
corregimiento de Aguas Blancas.
Carece de objeto, entonces, establecer si las autoridades accionadas dentro
del proceso de tutela en sede de revisión incurrieron o no en las omisiones
descritas por la accionante, en tanto que dichas faltas aluden a la etapa
probatoria surtida por la Corte Constitucional, antes de que se profiriera la
Sentencia T-078 de 2025.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00024-00
Demandante: Yuliana Mercado Barros

5. Cosa juzgada constitucional y su análisis en el caso
5.1. La cosa juzgada es una institución en virtud de la cual las sentencias judiciales
adquieren el carácter de definitivas e inmutables, lo que impide que las partes
ventilen de nuevo el asunto que fue objeto de resolución judicial. De esta
manera se busca que no se vuelvan a juzgar asuntos que ya fueron analizados
y, además, cerrar de forma definitiva el debate planteado.
De conformidad con el artículo 243 de la Constitución Política “los fallos que la
Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”.
De manera que la cosa juzgada constitucional es “una institución jurídico procesal
(…) mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia de
constitucionalidad, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. De ella surge una
restricción negativa consistente en la imposibilidad de que el juez constitucional vuelva a
conocer y decidir sobre lo resuelto” 4. Sin embargo, la Corte Constitucional ha
explicado que la institución de la cosa juzgada constitucional no solo se
presenta tratándose de sentencias de constitucionalidad, sino que esta figura
también se aplica a las sentencias de tutela proferidas por la Corte
Constitucional.
En la Sentencia T-497 de 2020, la Corte explicó que “Una sentencia proferida en
un proceso de tutela hace tránsito a cosa juzgada constitucional (i) cuando es seleccionada
para revisión por parte de esta corporación y fallada en la respectiva Sala; o (ii) cuando,
surtido el trámite de selección, se vence el término establecido para que se insista en su
selección, sin que ésta haya sido escogida por esta corte” (Negrillas propias).

5.2. Explicado lo anterior, la Sala considera que las pretensiones relacionadas con
vivienda digna, agua, salud y saneamiento ambiental aluden al estudio
efectuado en la Sentencia T-078 de 2025.
Como se explicó previamente, el análisis hecho en dicha providencia no se
limitó a la situación de la persona que promovió la tutela, sino que se estudió
la vulneración de los derechos fundamentales de la población del
corregimiento de Aguas Blancas y se otorgaron efectos inter comunis. Estos
últimos se emplean de manera excepcional a algunas sentencias proferidas
por la Corte Constitucional, con el propósito de garantizar el derecho a la
igualdad y la supremacía constitucional de personas que se encuentran en
condiciones comunes a las amparadas, aun cuando no son parte de la acción
inicial.
Asimismo, los efectos inter comunis buscan evitar que personas que se
encuentran en iguales condiciones se vean obligados a interponer diversas
acciones de tutela para obtener la misma protección que otras personas de su
misma comunidad ya obtuvieron. Esto significa que los beneficiarios indirectos
de una sentencia con efectos inter comunis pueden acudir directamente a la
autoridad a la que la Corte Constitucional le impartió la orden para solicitar los
efectos extensivos de la providencia y “en caso de que la primera sin justa causa se
niegue a satisfacer el derecho o a extender los efectos de la providencia, podrán interponer el
incidente del desacato ante el juez que tenga la competencia para ello” 5.

Justamente, en consideración a que en la Sentencia T-078 de 2025 se otorgaron
efectos inter comunis no hay lugar a estudiar varios de los puntos solicitados
por la ahora accionante, debido a que frente a estos ya se pronunció la Corte
Constitucional.

La siguiente tabla demuestra la identidad entre varias de las pretensiones de
la señora Yuliana Mercado Barros y lo decidido por la Corte Constitucional en
la Sentencia T-078 de 2025:

4
Corte Constitucional. Sentencia C-100 de 2019.
5
Corte Constitucional, Auto 335 de 2014.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00024-00
Demandante: Yuliana Mercado Barros

Pretensiones de la acción de tutela Nro. 11001-03- Análisis de lo decidido por la Corte Constitucional
15-000-2025-00024-00 en la Sentencia T-078 de 2025

Somos personas sujetos de este derecho constitucional En el cuarto acápite de la Sentencia T-078 de 2025, la
para una vivienda digna, sin mayores trámites al Corte Constitucional analizó y declaró vulnerado el
encontrarnos en un estado de vulnerabilidad y en varias derecho a la vivienda de la población del corregimiento
sentencias de la corte, independiente de esta sentencia de Aguas Blancas. Para mitigar ese riesgo, se
obligan a las entidades diligenciar, gestionar y tramitar a impartieron las órdenes séptima, octava, novena,
nuestro beneficio los subsidios de vivienda décima y décimo primera, referentes a las obligaciones
correspondientes. En este caso el subsidio del de las autoridades accionadas en materia de
Programa CAMBIA MI CASA, que es un programa del identificación, gestión y mitigación de riesgos de las
gobierno nacional dirigido a personas vulnerables que viviendas de la población del corregimiento. También
habitan en áreas urbanas y rurales en condiciones en materias de salubridad y prestación de servicios
habitacionales inadecuadas como es nuestro caso. públicos que permiten la habitabilidad de las viviendas
de los habitantes del corregimiento.
ORDENAR al Ministerio de Vivienda firmar los
convenios con la Gobernación del Cesar y la alcaldía
municipal de Valledupar para el mejoramiento de
vivienda y el acatamiento de la orden impartida por la
Corte Constitucional en el plan de mejoramientos de
viviendas.

ORDENAR la protección del derecho fundamental de En el segundo acápite de la Sentencia T-078 de 2025,
naturaleza autónoma y subjetiva por cuanto en la Corte Constitucional analizó y declaró vulnerado el
diferentes sentencias se reconoce que el agua es derecho al acceso al agua de la población del
fuente de vida y presupuesto ineludible para realizar corregimiento de Aguas Blancas. En consecuencia,
otros derechos, como la salud, la vivienda y el también consideró vulnerados los derechos a la salud
saneamiento ambiental fundamentales para la y a la vida de dicha población. En la tercera sección de
dignidad humana, protección de todos estos derechos la sentencia la Corte analizó la prestación del servicio
fundamentales y es una necesidad personal que permite de alcantarillado y saneamiento básico.
gozar de condiciones materiales de existencia.
Para superar la situación de vulneración respecto del
agua potable la Corte emitió las órdenes tercera,
PROTECCIÓN especial a mi núcleo familiar para poder cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena,
desarrollar nuestras actividades básicas cotidianas y referentes al suministro de agua potable y a la
poder acceder al agua potable como uno de los corrección de los sistemas de disposición de agua y
grandes beneficios que se tiene residuos del corregimiento de Aguas Blancas.

Del anterior cuadro comparativo, se desprende que las pretensiones
formuladas por la tutelante en relación con los derechos a la vivienda digna,
agua, salud y saneamiento ambiental fueron objeto de estudio por parte de la
Corte Constitucional en la Sentencia T-078 de 2025. Y en virtud de tal análisis
se profirió un conjunto de órdenes tendientes a garantizar tales derechos.
La Corte Constitucional ha señalado que la existencia de un fallo de esa
Corporación con efectos inter comunis “le impide al juez constitucional realizar un
nuevo pronunciamiento sobre esos hechos relacionados con ese grupo de personas.
Una lectura en contrario despojaría de sentido y propósito la modulación que hace la Corte
Constitucional de los efectos de sus sentencias y atentaría contra el principio de la seguridad
jurídica” 6 (Negrillas propias).

5.3. En consecuencia, al contrastar las pretensiones e inconformidades sobre los
derechos a la vivienda digna, agua, salud y saneamiento ambiental, se
advierte que en la Sentencia T-078 de 2025 la Corte Constitucional ya analizó
la problemática denunciada por la señora Mercado Barros.
Por lo tanto, se considera que frente a esos aspectos existe cosa juzgada
constitucional; consecuentemente, no resulta procedente pronunciarse
nuevamente sobre tales puntos.
6. Ayuda económica para damnificados de ola invernal de 2022 inscritos en
el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA) y su análisis en el
caso
6.1. Se debe precisar que en la Sentencia T-078 de 2025 no se hizo estudio sobre
el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA) y la ayuda económica
entregada a los damnificados allí inscritos. De manera que no se configura el
fenómeno de la cosa juzgada en lo que respecta a dicho aspecto.

6
Corte Constitucional, Sentencia T-043 de 2013.

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Demandante: Yuliana Mercado Barros

Esclarecido lo anterior, se encuentra que mediante la Ley 1523 de 2012 se
adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se dispuso el
Sistema Nacional de Información, a cargo de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, como mecanismo para responder a
emergencias y ofrecer apoyo a damnificados, entre otros propósitos (artículo
45).

Con fundamento en esta norma, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres expidió la Resolución 1256 de 2013 “por la cual se establece la
herramienta del Registro Único de Damnificados – R.U.D. para el sistema nacional
para la gestión del riesgo de desastres", como la herramienta oficial de registro de
damnificados en Colombia (artículo 1), cuyo objeto es identificar a las personas
naturales o jurídicas damnificadas por los eventos naturales o antropogénicos
no intencionales ocurridos en el territorio Colombiano (artículo 2).
Posteriormente, la Resolución 1256 de 2013 fue modificada a través de la
Resolución 1190 de 2016, en la cual se especificó cómo sería el proceso de
registro de la información en el Registro Único de Damnificados (RUD). Allí se
dispuso que este se compone de las siguientes cuatro etapas (artículo 2):
“a) Solicitud de creación de usuario y contraseña.- Los Consejos Departamentales o Municipales
de Gestión del Riesgo de Desastres, según el caso, solicitarán a la Unidad Nacional la creación
de usuarios y contraseñas para el acceso a la plataforma RUD y el registro de la información.
La UNGRD suministrará dos tipos de usuarios, uno digitador, mediante el cual se podrá registrar la
información en el R.U.D. y otro verificador, con el cual se podrán hacer modificaciones a los
registros ingresados.
b) Ingreso de la información.- El ingreso y digitación de la información de los damnificados estará
a cargo exclusivamente de las entidades territoriales a través de los Consejos
Departamentales o Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, quienes son
responsables de la veracidad, confiabilidad y fidelidad de la información.
c) Traslado de la información.- El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo informará al Consejo
Departamental de Gestión del Riego (sic) de Desastres el registro realizado una vez cerrado el
proceso.
d) Cierre del proceso.- Una vez cumplidos los plazos a que hace referencia el artículo 4 de la presente
resolución, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, procederá a cerrar el
evento y el acceso a la plataforma RUD para el ingreso de registros”.

De lo anterior se desprende que los encargados de incluir a las víctimas de
desastres en el Registro Único de Damnificados (RUD) son los entes
territoriales, a través de sus consejos territoriales de gestión del riesgo de
desastres. Circunstancia que se encuentra en armonía con los artículos 12, 13
y 14 de la Ley 1523 de 20127 en los que se dispone que los alcaldes y
gobernadores son los encargados de la gestión del riesgo en su territorio.

Ahora bien, a través del Decreto 2113 de 2022 la Presidencia de la República
declaró la situación de desastre de carácter nacional en todo el territorio
nacional, por la ocurrencia del fenómeno de La Niña “asociados a excesos de
precipitación, particularmente en amplios sectores de las regiones Andina, Caribe y Pacífica,
así como en zonas de los piedemontes, lo que sugiere una mayor propensión a eventos tales
como inundaciones, deslizamientos de tierra, avenidas torrenciales, crecientes súbitos,
vendavales y tormentas eléctricas”.

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Ley 1523 de 2012. “ARTÍCULO 12. LOS GOBERNADORES Y ALCALDES. Son conductores del sistema nacional en su
nivel territorial y están investidos con las competencias necesarias para conservar la seguridad, la tranquilidad y la
salubridad en el ámbito de su jurisdicción.
ARTÍCULO 13. LOS GOBERNADORES EN EL SISTEMA NACIONAL. Los gobernadores son agentes del Presidente
de la República en materia de orden público y desarrollo, lo cual incluye la gestión del riesgo de desastres. En
consecuencia, proyectan hacia las regiones la política del Gobierno Nacional y deben responder por la implementación
de los procesos de conocimiento y reducción del riesgo y de manejo de desastres en el ámbito de su competencia
territorial. (…)
ARTÍCULO 14. LOS ALCALDES EN EL SISTEMA NACIONAL. Los alcaldes como jefes de la administración local
representan al Sistema Nacional en el Distrito y el municipio. El alcalde, como conductor del desarrollo local, es el
responsable directo de la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o municipio, incluyendo el
conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo de desastres en el área de su jurisdicción”.

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Demandante: Yuliana Mercado Barros

Asimismo, se dispuso que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres desarrollaría un Plan de Acción Específico para la rehabilitación y
reconstrucción de las áreas afectadas, con componentes de respuesta
humanitaria, recuperación temprana y adaptación.

Como consecuencia de tal declaratoria, la Unidad para la Gestión del Riesgo
de Desastres expidió la Resolución 1110 de 28 de noviembre de 2022, mediante
la cual dispuso “Crear y dar apertura en el marco de la herramienta RUD, a la operación
del Registro Único Nacional de Damnificados — RUNDA”, cuyo objeto es consolidar la
información oficial específicamente de la población damnificada por los efectos
derivados de la situación de desastre asociado al fenómeno La Niña del año
2022 (artículo 2).

En la parte motiva de dicho instrumento se indicó que, dada la magnitud de
daños y pérdidas generados durante el periodo de la temporada de lluvias, era
necesario contar con un registro específico con el fin de garantizar la
identificación y caracterización de la población objeto de las medidas del Plan
de Acción Específico en cumplimiento del Decreto 2113 de 2022.

Asimismo, en la Resolución 1110 de 2022 se dispuso que la población que se
incluiría en el registro es aquella que (i) cumpla las condiciones de
damnificado, es decir aquel que “como consecuencia directa de una situación de
emergencia, calamidad o desastre, ha sufrido un daño o perjuicio a su salud, a sus bienes
privados o comunes, a la estructura de soporte de sus rentas, o ha perdido la disponibilidad o
el acceso a los bienes y servicios públicos necesarios para la satisfacción de sus derechos
fundamentales y aquellos de naturaleza prestacional, económicos o sociales”; y (ii) que esté
amparada por una declaratoria de calamidad pública municipal, para el periodo
definido en el Decreto 2113 de 2022 (artículo 3). También se estableció que el
procedimiento para efectuar la inscripción en el registro sería el dispuesto en
el artículo 2 de la Resolución 1190 de 2016.

Tiempo después, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
expidió la Resolución 550 de 8 de junio de 2023, en la que se dispuso “el cierre
del Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA), en el marco del Decreto número 2113
de 2022”. En su parte motiva se puso de presente que en informe del 14 de abril
de 2023 el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
(IDEAM) sostuvo que el fenómeno La Niña ocurrido en el año 2022 llegó a su
fin.

En consecuencia, en la Resolución 550 de 8 de junio de 2023 el cierre del
Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA) se dispuso en los
siguientes términos:
“Artículo 1º. Formalizar el cierre de la operación del Registro Único Nacional de Damnificados
(RUNDA), el cual tuvo lugar a partir de las 00 horas del 1 de mayo de 2023. En consecuencia, NO se
registrarán más damnificados bajo esta herramienta (RUNDA).
Parágrafo: excepcionalmente, se habilitará la herramienta para atender las situaciones excepcionales
determinadas por los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) del territorio
nacional frente a los trámites de corrección o validación que estén relacionadas con los efectos derivados
del fenómeno de La Niña amparados en el marco del Decreto número 2113 de 2022”.

Finalmente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
expidió la Resolución 1268 de 26 de diciembre de 2022, mediante la cual se
ordenó la entrega por una sola vez de una ayuda económica a los
damnificados incluidos en el Registro Único Nacional de Damnificados
(RUNDA):
“ARTICULO 1.- Ordenar la entrega, por una única vez, de una ayuda económica pecuniaria equivalente
a QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($500.000) a las jefas y jefes de hogar de las familias damnificadas
por eventos enmarcados en la situación de desastre nacional declarado mediante el Decreto 2113 de
2022, que están inscritos en el RUNDA.”

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Del anterior marco normativo, se resaltan varios aspectos:
(i) el Registro Único de Damnificados (RUD) es la plataforma general para llevar
el registro de las víctimas de desastres creada desde el año 2013, mientras que
el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA) se creó en el 2022 como
plataforma específica para los damnificados del fenómeno de La Niña ocurrido
en el 2022, cuya operación se efectuaría en el marco del Registro Único de
Damnificados (RUD);
(ii) los encargados de incluir a las víctimas de desastres tanto en el Registro Único
de Damnificados (RUD) como en el Registro Único Nacional de Damnificados
(RUNDA) son los entes territoriales, a través de sus consejos territoriales de
gestión del riesgo de desastres;
(iii) para ser incluido en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA)
debía existir una declaratoria de calamidad pública municipal y reunirse las
condiciones de damnificado;
(iv) el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA), al tratarse de un registro
creado para una población específica, estuvo habilitado por un lapso de tiempo
determinado, desde el 28 de noviembre de 2022 hasta el 1 de mayo de 2023;
(v) si bien mediante la Resolución 550 de 8 de junio de 2023 se formalizó el cierre
del Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA), tal norma admitió la
posibilidad de que excepcionalmente se habilite dicha plataforma “para atender
las situaciones excepcionales determinadas por los Consejos Municipales de Gestión
del Riesgo de Desastres (CMGRD) del territorio nacional frente a los trámites de
corrección o validación”;

(vi) a las personas incluidas del Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA)
se les otorgará por una sola vez una ayuda económica consistente en $500.000.

6.2. Expuesto lo anterior, se recuerda que según el artículo 3 de la Resolución 1110
de 28 de noviembre de 2022, que creó el RUNDA, las personas que serían
incluidas en tal registro serían aquellas que (i) reúnan las condiciones de
damnificado y (ii) estén cobijadas por la declaratoria de calamidad pública por
parte de la autoridad municipal. Así lo dispone la norma:
“Artículo 3. Población objeto del Registro Único Nacional de Damnificados — RUNDA. La población
objeto de registro es aquella que cumpla las condiciones de damnificado, expuestas en la presenta
resolución y que esté amparada por una declaratoria de calamidad pública municipal, para el periodo
definido en el Decreto 2113 de 2022, Declaratoria de Situación de Desastre de Carácter Nacional”

En efecto, se cumple con el requisito de la declaratoria de la calamidad pública,
pues así lo dispuso la Alcaldía de Valledupar mediante Decreto 883 de 24 de
octubre de 2022:

“Artículo Primero: Declaratoria de Calamidad Pública en todo el territorio del Municipio de
Valledupar. Decretar la situación de Calamidad Pública en el Municipio de Valledupar Cesar, desde la
fecha de publicación del presente decreto y hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2022, conforme
a la parte considerativa del presente acto, como mecanismo que permita superar la situación de
calamidad pública en la que se encuentra gran parte del territorio y población del municipio como
consecuencia de los efectos de la ola invernal del cuarto trimestre del año 2022” (Subrayas propias).

En la parte motiva del Decreto 883 de 24 de octubre de 2022 se indicó que el
corregimiento de Aguas Blancas fue uno de los afectados por los efectos de la
ola invernal ocurrida en el año 2022 como consecuencia del fenómeno de La
Niña. Veamos:
“Que el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Comité de Manejo de Desastres, de
conformidad con lo dispuesto en la ley 1563 de 2012, en reunión extraordinaria del consejo celebrada el
día 19 de octubre de 2022, Acta N° 05, dispuso diseñar la estrategia y/o Plan de Acción Especifico
correspondiente tras los efectos negativos en el territorio por el incremento de las precipitaciones,
con ocurrencia a la segunda temporada de lluvias Fenómeno de la Niña en la presente vigencia,
dejando como resultado afectaciones en la zona urbana y rural del municipio de Valledupar
Ante esta situación de riesgo y teniendo presente los pronósticos del IDEAM se declara ALERTA ROJA
en el municipio de Valledupar y la declaratoria de CALAMIDAD PÚBLICA, teniendo en cuenta que las
emergencias ocurridas en días anteriores, dejan como resultado afectaciones en los corregimientos

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de Las Raíces, Aguas Blancas, Mariangola, Valencia de Jesús, Veredas El Cielo, Los Calabazos,
Vereda Buenos aires, La Guitarra, Villa Germania, Matecaña, la tigra y pradera de Camperucho, y los
caminos carreteables del corregimiento de Chemesquemena, vereda sabanitas y Villa Germania. Dentro
de las afectaciones tenemos inundación y deslizamientos en la zona norte en los puntos de Villa
Rueda, Guatapuri, Villa Germania y Aguas Blancas. En lo que corresponde a la zona urbana especial
atención a la margen derecha del Rio Guatapuri que colinda con 11 barrios en estado de vulnerabilidad
y alto riesgo, así como también los puntos neurálgicos en las acequias que atraviesan el municipio de
Valledupar, y de igual forma asentamientos irregulares ubicados en la zona aledaña de las Acequia las
Mercedes.
Es de anotar que estos escenarios de riesgos tienen incidencia a escenarios asociados de riesgo tales
como incendios estructurales, inundaciones, avenidas súbitas, etc.” (Negrillas propias).

El otro requisito establecido en el artículo 3 de la Resolución 1110 de 28 de
noviembre de 2022 para ser incluido en el Registro Único Nacional de
Damnificados (RUNDA) consiste en reunir las condiciones de la figura del
damnificado, que según dicha Resolución son las siguientes:
“Damnificado: Persona que, como consecuencia directa de una situación de emergencia, calamidad o
desastre, ha sufrido un daño o perjuicio a su salud, a sus bienes privados o comunes, a la estructura de
soporte de sus rentas, o ha perdido la disponibilidad o el acceso a los bienes y servicios públicos
necesarios para la satisfacción de sus derechos fundamentales y aquellos de naturaleza prestacional,
económicos o sociales”.

Ahora bien, de las intervenciones surtidas en el trámite se resalta que la
tutelante no se encuentra incluida en el Registro Único Nacional de
Damnificados (RUNDA) y que la Alcaldía de Valledupar se circunscribió a
describir las etapas del proceso de registro en la plataforma mencionada sin
ahondar sobre la situación particular de la accionante, en respuesta al auto de
9 de abril de 20258 en el que se le requirió en ese sentido.
En respuesta a tal requerimiento, la Alcaldía de Valledupar se refirió a las
etapas para efectuar el registro en la plataforma, consagradas en el artículo 4
de la Resolución 1190 de 10 de octubre de 2016. La Alcaldía mencionó que
tal trámite se compone por (i) la solicitud de los consejos departamentales o
municipales de gestión del riesgo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo
consistente en que se les proporcione un usuario y contraseña para acceder a
la plataforma; (ii) el ingreso de la información por parte de los primeros
mencionados; (iii) el traslado de la información al consejo departamental de
gestión del riesgo de desastres; y (iv) el cierre del proceso y de la plataforma.
Adicionalmente, dicha autoridad municipal sostuvo que realizó tanto los
censos entre la población afectada al momento de los hechos, como el registro
de los afectados; y que la accionante no aparece en ninguno de sus listados
respecto a los sucesos ocurridos en octubre de 2022.

También se subraya que en la Resolución 550 de 8 de junio de 2023 se
estableció que luego del cierre del Registro Único Nacional de Damnificados
(RUNDA) se podría habilitar dicha plataforma “para atender las situaciones
excepcionales determinadas por los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de
Desastres (CMGRD) del territorio nacional frente a los trámites de corrección o validación”.

Asimismo, tras el auto de auto de 9 de abril de 2025, la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres sostuvo que era posible que el ente
territorial solicitara la inclusión de usuarios nuevos al registro de damnificados.

Así lo indicó:

8
«1. Ordenar a la Alcaldía de Valledupar y a la Gobernación del Cesar que, dentro de los dos (2) días siguientes a la
notificación de esta providencia, informen:
(i) Las gestiones realizadas, por los consejos municipal y departamental de gestión del riesgo de desastres y demás
áreas, para la inscripción de la señora Yuliana Mercado Barros en el Registro Único Nacional de Damnificados
(RUNDA).
(ii) Las razones por las cuáles aquella no se encuentra inscrita en este último, a pesar de que mediante Decreto 883 de
24 de octubre de 2022 se declaró la calamidad pública en todo el territorio de Valledupar “como consecuencia de los
efectos de la ola invernal del cuarto trimestre del año 2022”».

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“referente a la solicitud de ingreso de nuevos usuarios, se reitera que lo mismos es responsabilidad del
ente territorial y para lo cual debe presentar una nueva solicitud donde se adjunte: ● Acta de Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en la cual se informe y justifique los motivos por los cuales
se omitió la inclusión de las personas en el registro inicial. ● Soportes validados por el ente territorial
sobre la condición de damnificados, los cuales deben ser legibles. ● Censos o evaluación de daños
levantados en la fecha de la emergencia. ● Documento en formato Excel en el cual se identifiquen de
manera detallada cada uno de los núcleos familiares con nombres completos, número y tipo de
documento de identidad (según documento de identificación vigente), se debe especificar el rol
(parentesco) que desarrolla cada integrante”.

La importancia de la inclusión en el Registro Único Nacional de Damnificados
(RUNDA) radica en que las personas que hacen parte de tal base de datos son
las beneficiarias de la ayuda económica dispuesta en la Resolución 1268 de 26
de diciembre de 2022.

La obtención de tal auxilio pecuniario no depende de la postulación en cabeza
del damnificado, como sucede tratándose de otro tipo de subsidios. La
determinación de si se es o no beneficiario de dicha ayuda económica recae
exclusivamente en la labor efectuada por los consejos territoriales de gestión
del riesgo de desastres del respectivo ente territorial, en este caso del Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de la Alcaldía de Valledupar, al
que le correspondía unilateralmente llevar a cabo el proceso de inscripción en
el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA).

En consecuencia, la omisión por parte del ente territorial en la identificación de
los damnificados y en la respectiva inclusión en el registro es determinante, en
tanto que el único requisito para acceder a la ayuda económica dispuesta en
la Resolución 1268 de 26 de diciembre de 2022 es encontrarse incluido en el
Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA).

Al margen de que a la tutelante no le correspondía efectuar gestiones
administrativas a su cargo para ser beneficiaria de la ayuda económica
señalada (como podría serlo una postulación, en otros subsidios), se acreditó que
elevó derecho de petición solicitando, entre otros aspectos, su inclusión en el
Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA).

La Presidencia de la República remitió al expediente de tutela el derecho de
petición de 27 de septiembre de 2023, presentado por la accionante y dirigido
a la Presidencia de la República, la Superintendencia de Sociedades, la
sociedad Yuma Concesionaria, la Constructora Ariguaní, el Consorcio
Concesiones G&A 2022, la Alcaldía de Valledupar, la Secretaría de Gobierno
Municipal de Valledupar, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres de Valledupar, la Fiduprevisora, la Procuraduría General de la
Nación, la Contraloría General de la Nación y la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres. En la petición la tutelante formuló múltiples
solicitudes, una de estas fue “ser incluidos en los listados del auxilio RUNDA”.

La Presidencia de la República acreditó que dio respuesta a dicha solicitud,
mediante Oficios OFI23-00187731 / GFPU 13130001 del 9 de octubre de 2023
y OFI25-00074222 / GFPU 13130001 del 21 de abril de 2025. En la primera
de estas, indicó que carecía de funciones sobre las materias expuestas en la
petición. Y a renglón seguido, sostuvo que no daría traslado de la petición al
advertir que la propia peticionaria remitió la solicitud a las autoridades
competentes:
“En la medida que podemos constatar de su comunicación que usted directamente remitió la
petición a las entidades competentes para conocer de su situación, no procederemos a realizar el
traslado que menciona el artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. Lo anterior, teniendo en cuenta los
principios constitucionales y legales de autonomía, celeridad y eficiencia, que rigen la función
administrativa, y para evitar el trámite reiterativo de derechos de petición” (Negrillas propias).

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6.3. Si bien la presente tutela no busca la protección al derecho de petición, la
información precedente es de relevancia, en la medida que, gracias a la
documentación remitida por la Presidencia de la República se acreditó que la
tutelante sí ha realizado actuaciones, como la presentación de peticiones,
tendientes a ser incluida en el Registro Único Nacional de Damnificados
(RUNDA). El ordenamiento jurídico, sin embargo, no impuso ninguna carga
administrativa en cabeza de los damnificados para lograr su inscripción en tal
base de datos. Por el contrario, la obligación de inclusión en este registro recae
exclusivamente en los consejos territoriales de gestión del riesgo de desastres
del respectivo ente territorial.

La Sala no pasa desapercibido que, según lo informó la Unidad Nacional de
Gestión del Riesgo, el 2 de octubre de 2023 se le otorgó a la Alcaldía de
Valledupar acceso a la plataforma para incluir nuevos usuarios que no
fueron inscritos oportunamente por la autoridad municipal en el Registro
Único Nacional de Damnificados (RUNDA). Se resalta que la petición aludida
previamente fue presentada por la accionante el 27 de septiembre de 2023, lo
cual denota que aquella elevó dicha solicitud antes de la fecha en que se le
permitió a la Alcaldía la inscripción de nuevos usuarios. De manera que,
aunque no le correspondía llevar a cabo gestiones administrativas para lograr
su inclusión en dicha base de datos, la accionante lo hizo, e incluso antes de
la fecha en que la Alcaldía de Valledupar inscribió a nuevos usuarios no
registrados oportunamente.
Hasta aquí se advierte que la Alcaldía de Valledupar declaró la calamidad
pública mediante el Decreto 883 de 24 de octubre de 2022, sin embargo no
incluyó a la señora Yuliana Mercado Barros en el Registro Único Nacional de
Damnificados (RUNDA); circunstancia que le impide ser beneficiaria de la
ayuda económica otorgada a los damnificados por eventos asociados al
fenómeno de La Niña 2022, pues esta solamente se otorga a quienes se
encuentran inscritos en tal base de datos.
Se agrega, finalmente, que el caso analizado versa (i) sobre una situación
ocurrida en la ruralidad, esto es un corregimiento del municipio de Valledupar;
(ii) en un territorio respecto de cual la Corte Constitucional se pronunció en
Sentencia T-078 de 2025 sobre la vulneración de los derechos a la vida,
mínimo vital, acceso al agua potable e integridad física de sus habitantes, (iii)
y que la tutelante invocó encontrarse en situación de vulnerabilidad y solicitó a
diversas entidades su inclusión en el Registro Único Nacional de Damnificados
(RUNDA).
6.4 Por todo lo expuesto, la Sala amparará el derecho a la vida digna de la señora
Yuliana Mercado Barros, ya que no estar inscrita en el Registro Único Nacional
de Damnificados (RUNDA) le impide acceder a la ayuda económica otorgada
a los afectados con el fenómeno de La Niña ocurrido en el 2022, en caso de
encontrarse en los supuestos legales previstos para beneficiarse de esta, a
pesar de existir (i) una declaratoria de calamidad pública en el municipio de
Valledupar por emergencias presentadas en el corregimiento de Aguas
Blancas y (ii) solicitudes elevadas por la tutelante a las distintas autoridades
para se considerara su inclusión.
En consecuencia, y en consideración a que a la fecha aún se está pagando la
ayuda económica otorgada a los inscritos en el Registro Único Nacional de
Damnificados (RUNDA)9, se le ordenará a la Alcaldía de Valledupar, a través
de su Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, determine si la
señora Yuliana Mercado Barros cumple con las condiciones de damnificado

9
https://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Noticias/2025/Mas-de-2800-personas-cabezas-de-hogar-podran-
reclamar-subsidio-de-la-UNGRD.aspx

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dispuestas en el artículo 3 de la Resolución 1110 de 2022 de las emergencias
ocurridas en el segundo semestre de 2022 en el corregimiento de Aguas
Blancas. Lo anterior teniendo en cuenta que desde el 27 de septiembre de
2023 la accionante solicitó su inclusión en dicho registro (aún sin que dicha
petición fuera necesaria), lo que da cuenta de que esta última se elevó antes de
la última fecha en que se habilitó a la Alcaldía de Valledupar en la plataforma
para inscribir nuevos usuarios.
De cumplir con tales supuestos, la Alcaldía de Valledupar deberá solicitar a la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la inscripción de la
señora Yuliana Mercado Barros como nuevo usuario en el Registro Único
Nacional de Damnificados (RUNDA), para lo cual deberá y remitirle a la Unidad
Nacional la siguiente documentación (tal como lo mencionó esta última en el curso
de la tutela):
“● Acta de Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres en la cual se informe y justifique los
motivos por los cuales se omitió la inclusión de las personas en el registro inicial. ● Soportes validados
por el ente territorial sobre la condición de damnificados, los cuales deben ser legibles. ● Censos o
evaluación de daños levantados en la fecha de la emergencia. ● Documento en formato Excel en el cual
se identifiquen de manera detallada cada uno de los núcleos familiares con nombres completos, número
y tipo de documento de identidad (según documento de identificación vigente), se debe especificar el rol
(parentesco) que desarrolla cada integrante”.

Y en caso de que la Alcaldía de Valledupar, a través de su Consejo Municipal
de Gestión del Riesgo de Desastres, considere que la señora Yuliana Mercado
Barros no cumple con la condición de damnificada de las emergencias
acaecidas en el segundo semestre de 2022 como consecuencia del fenómeno
de La Niña, deberá expedir acto administrativo motivado en el que exponga
las razones por las cuales aquella no es damnificada en los términos del el
artículo 3 de la Resolución 1110 de 2022, de las emergencias generadas como
consecuencia del fenómeno de La Niña ocurrido en el año 2022.

7. Conclusión

En suma, la accionante presentó diversas inconformidades en el curso de la acción
de tutela. La Sala encontró que respecto a la falta de acatamiento de las órdenes
dispuestas en los autos de pruebas de 6 de mayo y 20 de junio de 2024 se configura
la carencia de objeto, porque en el curso de la presente acción se profirió la
Sentencia T-078 de 2025. De manera que el cumplimiento a perseguir es el de las
órdenes impartidas en la sentencia, no en providencias previas a esta
pertenecientes a la etapa probatoria del trámite de revisión. Por lo tanto, se
declarará la carencia de objeto frente a este punto.

Por otra parte, se consideró que existe cosa juzgada constitucional en lo que
respecta a las pretensiones sobre vivienda digna, agua, salud y saneamiento
ambiental, puesto que tales asuntos fueron analizados en la Sentencia T-078 de
2025, en la que se otorgaron efectos inter comunis para toda la población del
corregimiento de Aguas Blancas de Valledupar.

En consecuencia, se declarará improcedente la acción de tutela en lo relacionado a
estos aspectos, por considerar que existe cosa juzgada constitucional con la
Sentencia T-078 de 2025.

Finalmente, se amparará el derecho a la vida digna de la tutelante, al no haber
encontrado razón que justifique la falta de inscripción en el Registro Único Nacional
de Damnificados (RUNDA), por parte de la Alcaldía de Valledupar, a través de su
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, pese a que mediante
Decreto 883 de 24 de octubre de 2022 la Alcaldía de Valledupar declaró la calamidad
pública por las emergencias ocurridas con ocasión al fenómeno de La Niña en el
año 2022, incluyendo las sucedidas en el corregimiento de Aguas Blancas.

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Por consiguiente, se le ordenará a la Alcaldía de Valledupar establecer si la
accionante fue damnificada de tales eventos y de ser así proceder con su inscripción
en el Registro Único Nacional de Damnificados (RUNDA); o de considerar que
aquella no resultó damnificada de esas emergencias, expedir y notificar acto
administrativo motivado explicando las razones por las cuales aquella no es
damnificada en los términos del el artículo 3 de la Resolución 1110 de 2022, de las
emergencias generadas como consecuencia del fenómeno de La Niña ocurrido en
el año 2022.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Amparar el derecho a la vida digna de la señora Yuliana Mercado Barros, por
las razones expuestas en la motivación precedente.

2. En consecuencia, ordenar a la Alcaldía de Valledupar, a través de su Consejo
Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, proceda a (i) determinar si la
señora Yuliana Mercado Barros cumple con las condiciones de damnificado
dispuestas en el artículo 3 de la Resolución 1110 de 2022 de las emergencias
ocurridas en el segundo semestre de 2022 en el corregimiento de Aguas
Blancas de Valledupar.

De cumplir la condición de damnificada, la Alcaldía de Valledupar deberá (ii)
solicitar a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la
apertura y acceso a la plataforma, (iii) remitir a tal autoridad la documentación
necesaria para efectuar la inscripción y (iv) realizar la inscripción de la señora
Yuliana Mercado Barros como nuevo usuario en el Registro Único Nacional de
Damnificados (RUNDA).

Por el contrario, en caso de que la Alcaldía de Valledupar, a través de su
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, considere que la
señora Yuliana Mercado Barros no cumple con la condición de damnificada de
las emergencias acaecidas en el segundo semestre de 2022 como
consecuencia del fenómeno de La Niña deberá expedir y notificar a la
tutelante acto administrativo motivado en el que exponga las razones por las
cuales considera que aquella no tiene la calidad de damnificada de tales
sucesos.

La Alcaldía de Valledupar deberá efectuar todas las gestiones ordenadas en
este numeral, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de esta
providencia.

3. Declarar la carencia de objeto en lo que respecta a las órdenes dispuestas en
los autos de pruebas de 6 de mayo y 20 de junio de 2024 proferidos por la
Corte Constitucional en el trámite de revisión eventual del expediente T-
10.023.657, por los motivos expuestos en la parte motiva de esta decisión.

4. Declarar la improcedencia de la acción de tutela presentada por la señora
Yuliana Mercado Barros en lo que respecta a las pretensiones sobre vivienda
digna, agua, salud y saneamiento ambiental, por existir cosa juzgada
constitucional.

5. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

29
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00024-00
Demandante: Yuliana Mercado Barros

6. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

7. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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