Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00026-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00026-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00026-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
4 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00026-00
Accionante: Martha Esperanza Heredia Aranda
Accionados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., cuatro (4) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00026-00
Accionante: Martha Esperanza Heredia Aranda
Accionados: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Asuntos
Penales para Adolescentes y otro
Tema: tutela en contra de autoridad judicial en ejercicio de función administrativa.
Subtema 1: proceso disciplinario. Subtema 2: defectos fáctico y orgánico. Subtema
3: subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver la
solicitud de amparo interpuesta por Martha Esperanza Heredia Aranda en contra del
Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Asuntos Penales para Adolescentes y el Juzgado
Quinto Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Martha Esperanza Heredia Aranda, a través de apoderado, presentó acción
de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, que consideró vulnerados con
ocasión de las providencias proferidas el 2 de diciembre de 2022 y el 27 de agosto de
2024, por el Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes con Función de
Conocimiento de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de
Asuntos Penales para Adolescentes, respectivamente, dentro del proceso disciplinario
con radicado núm. 100112-81-002-2019-00012-01.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos relevantes
1.A partir del escrito de tutela1 y demás elementos aportados por las partes al trámite
constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00026-00, índice 2, certificado
8 4EFBE77597C7719A 7D11BE522212744C BEDEAE93D694152C C7506ED129501E39.
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2. La señora María Isabel Ferrer, en su condición de juez tercera penal del circuito
para adolescentes de Bogotá, mediante escrito del 3 de septiembre de 2019, presentó
queja disciplinaria en contra de la señora Martha Esperanza Heredia Aranda, quien se
desempeñaba como citadora del circuito grado 03 del Centro de Servicios Judiciales
de Bogotá. El fundamento de la queja lo constituyó el hecho de que la denunciada
contrataba los servicios de una persona ajena a la Rama Judicial para entregar la
correspondencia procedente de los despachos judiciales, pese a que esta era una de
las funciones inherentes al cargo.
3.El conocimiento del asunto le fue asignado al Juzgado Quinto Penal del Circuito
para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá2. Esta autoridad, mediante
auto del 4 de junio de 2021, ordenó la apertura de la investigación disciplinaria en
contra de la señora Martha Esperanza Heredia Aranda.
4. Posteriormente, el referido juzgado, a través de auto del 18 de febrero de 2022,
formuló pliego de cargos en contra de la accionante, al considerar que los hechos
investigados podían constituir una falta a los deberes y prohibiciones previstos en los
numerales 2, 5, 6 y 8 del artículo 153 y el numeral 1 del artículo 154 de la Ley 270 de
1996, en consonancia con los numerales 2, 5, 10 y 11 del artículo 34 y los numerales
1 y 21 de la Ley 734 de 2002.
5. Una vez agotadas las etapas procesales respectivas, el Juzgado Quinto Penal del
Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá, mediante
providencia del 2 de diciembre de 2022, resolvió lo siguiente:
«PRIMERO: DECLARAR, disciplinariamente responsable, a título de dolo, a la señora
MARTHA ESPERANZA HEREDIA ARANDA, en su condición para la época de los
hechos de Citadora Circuito Grado 03 adscrita al Centro de Servicios Judiciales para
los Juzgados Penales para Adolescentes de Bogotá, identificada con cédula de
ciudadanía No. 28.561.811, como Autora de las infracciones contenidas en los
artículos 153 numerales 2°, 5°, 6° y 8° y 154 numeral 1° de la Ley Estatutaria de la
Administración de Justicia, en consonancia con los artículos 34 numerales 2°, 5°, 10°
y 11° y articulo 35 numerales 1° y 21, de la Ley 734 de 2002 – Código Único
Disciplinario.
SEGUNDO: SANCIONAR CON SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DE SU CARGO
CITADORA CIRCUITO GRADO 03 POR EL TÉRMINO DE UN (1) MES, a la señora
MARTHA ESPERANZA HEREDIA ARANDA, quien se identifica con cédula de
ciudadanía No. 28.561.811, sin el pago del salario que le correspondía para el año
2019».
2 Se aclara que la competencia para tramitar y decidir la actuación disciplinaria correspondía a los superiores
jerárquicos de los respectivos servidores judiciales, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Ley
270 de 1996, el cual indicaba lo siguiente: «Corresponde a las Corporaciones, funcionarios y empleados
pertenecientes a la Rama Judicial, conocer de los procesos disciplinarios contra los empleados respecto de los
cuales sean sus superiores jerárquicos, sin perjuicio de la atribución que la Constitución Política confiere al
Procurador General de la Nación de ejercer preferentemente el poder disciplinario, conforme al procedimiento que
se establezca en leyes especiales.
En el evento en que la Procuraduría General de la Nación ejerza este poder sobre un empleado en un caso concreto
desplaza al superior jerárquico.
Las decisiones que se adopten podrán ser impugnadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, previo
agotamiento de la vía gubernativa, en cuyo evento los respectivos recursos se tramitarán conforme con el
artículo 50 del Código Contencioso Administrativo».
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6.La señora Martha Esperanza Heredia Aranda presentó recurso de apelación en
contra de la decisión adoptada por el Juzgado Quinto Penal del Circuito para
Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá.
7. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Asuntos Penales para
Adolescentes, a través de providencia del 27 de agosto de 2024, modificó parcialmente
el fallo de primera instancia, en cuanto disminuyó la sanción impuesta a la accionante
«por el término de veinte (20) días, sin lugar al pago […] de la asignación salarial que
le correspondía para el año 2019».
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
8. La parte actora, como consecuencia del amparo de los derechos fundamentales
invocados, solicitó en el escrito de tutela lo siguiente:
«[…]
PRIMERO: TUTELAR; los derechos fundamentales al debido proceso art. 29; al
acceso correcto a la administración de justicia art. 229, artículos de la Constitución
Política de Colombia.
SEGUNDO: DECLARAR, Que la sentencia del JUZGADO QUINTO PENAL DEL
CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE
BOGOTA presidida por el JUEZ FRANCISCO ARTURO PABÓN GÓMEZ y TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA DE ASUNTOS PENALES
PARA ADOLECENTES integrada por los Magistrados IVAN ALFREDO FAJARDO
BERNAL, LUCIA JOSEFINA LOPEZ Y EFRAIN ADOLFO BERMUDEZ MORA, violaron
los artículos 29 y 229 de la Constitución Política de Colombia.
TERCERO: ORDENAR, la revocatoria de las sentencias proferidas por las autoridades
judiciales, JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO PARA ADOLESCENTES CON
FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA presidida por el JUEZ FRANCISCO
ARTURO PABÓN GÓMEZ de fecha 22 de diciembre de 2022[sic] y TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA DE ASUNTOS PENALES
PARA ADOLECENTES, integrada por los Magistrados IVAN ALFREDO FAJARDO
BERNAL, LUCIA JOSEFINA LOPEZ Y EFRAIN ADOLFO BERMUDEZ MORA de fecha
27 de Agosto de 2024, aprobado según Acta de No. 123 de la misma fecha, a fin de
que se garantice los derechos fundamentales tutelados, conforme el material probatorio
contentivo en el proceso disciplinario. Se proceda al archivo de estas diligencias con
respeto a la funcionaria aquí acciónate y hacer las notificaciones a las entidades
correspondientes, dejando indemne la conducta, honra y buen nombre de la aquí
tutelante.
En consecuencia, REVOCAR LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA de fecha 22
de diciembre de 2022, proferida por JUZGADO QUINTO PENAL DEL CIRCUITO PARA
ADOLESCENTES CON FUNCION DE CONOCIMIENTO DE BOGOTA presidida por el
JUEZ FRANCISCO ARTURO PABON GOMEZ y la sentencia del TRIBUNAL
SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA - SALA DE ASUNTOS PENALES
PARA ADOLECENTES integrada por los Magistrados IVAN ALFREDO FAJARDO
BERNAL, LUCIA JOSEFINA LOPEZ Y EFRAIN ADOLFO BERMUDEZ MORA de fecha
27 de Agosto de 2024.
CUARTA: DECRETAR, Que la funcionaria MARTHA ESPERANZA HEREDIA
ARANDA no cometió ninguna falta disciplinaria a la luz de la Ley 734 de 2002, y ningún
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otro ordenamiento jurídico de nuestra nación. Que reconozca el derecho que tiene el
tutelante a su buen nombre y honra»3.
9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que las
decisiones objeto de tutela al ser proferidas por autoridades judiciales tienen
naturaleza judicial e incurrieron en «defecto fáctico» porque omitieron realizar una
valoración integral de los elementos probatorios aportados al proceso, con el fin de
verificar que los hechos y las conductas materia de investigación no constituían falta
disciplinaria.
10. En este sentido, precisó que no se efectuó un análisis adecuado de los testimonios,
pues cada una de las intervenciones mencionó circunstancias distintas de los hechos
investigados y no coincidían en demostrar la falta disciplinaria que se le imputó.
11. Asimismo, agregó que las autoridades accionadas tampoco realizaron una
interpretación razonable de los documentos obrantes en el expediente porque
desconocieron que el contrato de transporte al que acudió para realizar sus labores de
citadora de ninguna manera implicaba trasladar su función de repartir la
correspondencia a un tercero.
12. De esta manera, advirtió que las decisiones cuestionadas no cuentan con una
debida carga argumentativa y probatoria, como consecuencia de una valoración
sesgada los elementos de juicio aportados al proceso y de un examen jurídico
inapropiado de los cargos disciplinarios imputados.
13. Por otro lado, indicó que la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá incurrió en un «defecto orgánico»
porque carecía de competencia para resolver el recurso de apelación interpuesto en
contra de la providencia del 2 de diciembre de 2022, proferida por el Juzgado Quinto
Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá, pues
la autoridad a la que le correspondía decidir el asunto era a la Sala Plena del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
14. Adicionalmente, refirió que las actuaciones de las autoridades accionadas,
también, derivaron en una «violación directa de la Constitución», por desconocimiento
de los artículos 29 y 229 de la carta política.
2.3. Trámite procesal
15. El despacho ponente, mediante auto del 15 de enero de 20254, admitió la
demanda, ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, el Juzgado
Quinto Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá
y el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Asuntos Penales para Adolescentes, y negó
la medida provisional solicitada por la parte actora.
3 Se transcribe incluso con errores.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00026-00, índice 4, certificado
640505CC4ACB5748 1E69309EF69E2F8C FF5BECFBC114BFCE 90BB2620D11CF326.
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2.4. Intervenciones
16. El Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes con Función de
Conocimiento de Bogotá 5 solicitó que se declare improcedente el amparo de tutela
porque no se configura alguna «causal específica de procedencia de la tutela contra
providencia judicial», en razón a que la decisión cuestionada fue proferida con sujeción
al procedimiento disciplinario establecido y con el debido sustento probatorio,
normativo y jurisprudencial, lo cual permitió presentar la motivación respectiva, sin
desconocer los derechos fundamentales de la tutelante.
17. Asimismo, expuso que la accionante pretende utilizar la tutela como una tercera
instancia para reabrir el debate jurídico y probatorio que se surtió al interior del proceso
disciplinario, el cual se desarrolló con la observancia de las reglas del debido proceso.
18. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá6 pidió que se declare
improcedente la solicitud de amparo, ya que no cumple con el requisito de
subsidiariedad, puesto que la señora Martha Esperanza Heredia Aranda cuenta con
otro mecanismo eficaz para controvertir la decisión adoptada en la providencia del 27
de agosto de 2024, mediante el ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través del cual, si es del caso, puede solicitar medidas
cautelares de naturaleza provisional.
19. Adicionalmente, refirió que la decisión adoptada el 27 de agosto de 2024, dentro
del proceso disciplinario promovido en contra de la tutelante tuvo en cuenta el material
probatorio recaudado, al punto que, para robustecer los elementos de convicción fue
necesario disponer la reconstrucción de uno de los testimonios recibidos por el juez
quinto penal para adolescentes.
20. En este sentido, explicó que la decisión cuestionada efectuó una valoración
adecuada de los informes y testimonios aportados a la actuación disciplinaria, lo que
permitió concluir que el 29 de agosto de 2019, la actora delegó actividades propias y
exclusivas de sus funciones a un particular, y como la conducta reprochada no tuvo
reiteración, se dispuso la graduación de la sanción. En consecuencia, solicitó que, de
manera subsidiada, se nieguen las pretensiones de la tutela.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
21. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la señora Martha Esperanza Heredia
Aranda, en contra del Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes con
Función de Conocimiento de Bogotá y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala de Asuntos Penales para Adolescentes.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00026, índice 9, certificado 89C494488FF95E5B 36B4C4801853A708
562F173BBE620FBD A51BFF0E5CE51A74.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00026-00, índice 10, certificado
339E19D3EB84E89A 9C5875A96675ACF3 25D8BC1A2F119DD6 1F8C570C0FE239ED.
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3.2. Legitimación en la causa
22. En el presente asunto, la señora Martha Esperanza Heredia Aranda está
legitimada por activa para acudir a esta acción de tutela en tanto ostenta la titularidad
de los derechos fundamentales que consideró vulnerados, toda vez que está
demostrado que fue la persona que resultó afectada con las decisiones adoptadas en
el trámite de la actuación disciplinaria.
23. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado Quinto
Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá y del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Asuntos Penales para
Adolescentes, porque fueron las autoridades que profirieron las providencias acusadas
de vulnerar los derechos fundamentales de la parte accionante.
3.3. Problema jurídico
24. La Sala debe decidir si el Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes
con Función de Conocimiento de Bogotá y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Bogotá, Sala de Asuntos Penales para Adolescentes vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a cargos públicos de la señora Martha
Esperanza Heredia Aranda. Previamente, se requiere establecer si el escrito de amparo
supera el requisito de procedibilidad del mecanismo constitucional de tutela de
subsidiariedad.
25. Para el efecto, se estudiará lo siguiente: (i) generalidades de la procedibilidad de
la acción de tutela; y (ii) análisis de la Sala.
3.4. Procedencia de la acción de tutela
26. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por la
acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la
ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez7.
27. El primero, exige que el interesado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que busque evitar un perjuicio irremediable8; y el segundo, consiste en que se
acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo contrario,
«[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho
[…]»9.
Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto
28. La señora Martha Esperanza Heredia Aranda presentó tutela con la pretensión
principal de que se dejen sin efectos las providencias proferidas el 2 de diciembre de
2022 y el 27 de agosto de 2024, por el Juzgado Quinto Penal del Circuito para
Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá y el Tribunal Superior del
7
Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
8
Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
9
Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en la sentencia SU-084 de 2019.
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Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Asuntos Penales para Adolescentes,
respectivamente, dentro del proceso disciplinario con radicado núm. 100112-81-002-
2019-00012-01, y en su lugar, se disponga expedir una nueva decisión que la absuelva
de los cargos disciplinarios imputados y ordene el archivo de la actuación.
29. Lo anterior por cuanto, en criterio de la accionante, las decisiones cuestionadas
fueron proferidas con desconocimiento de sus derechos al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia, en tanto omitieron desarrollar una debida carga
argumentativa y probatoria, que hubiera permitido realizar un examen jurídico
apropiado de la falta disciplinaria imputada.
30. Bajo ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
exige, en los términos del artículo 86 constitucional y 6° del Decreto 2591 de 1991 10
que el juez constitucional, por un lado, verifique que la accionante no cuente con otros
mecanismos judiciales de protección de sus derechos fundamentales; y, por otro lado,
valore si dichos mecanismos resultan idóneos y eficaces para garantizar de forma
oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con las particularidades de cada caso 11.
31. En el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero que estos no
sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de protección de
derechos fundamentales, así como, en los eventos en los que se configura un perjuicio
irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de protección
impostergables12.
32. En el caso bajo estudio, es importante aclarar que de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 26313 de la Ley 1952 de 201914, debido al tránsito legislativo de la normativa
referida15, «los procesos en los cuales se haya surtido la notificación del pliego de
cargos […] continuarán su trámite hasta finalizar bajo el procedimiento de la Ley 734
de 2002 […]»
33. Así pues, se encuentra acreditado en el expediente de tutela que el Juzgado
Quinto Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá,
mediante auto del 18 de febrero de 2022, formuló pliego de cargos en contra de la
señora Martha Esperanza Heredia Aranda y notificó dicha decisión a la tutelante, el 21
de febrero de 202216. Esta situación dio lugar a que el proceso disciplinario se tramitara
conforme a las disposiciones de la Ley 734 de 2002, bajo la dirección del superior
jerárquico.
10
Artículo 6o. causales de improcedencia de la tutela
«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
11
Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
12
Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
13
ARTÍCULO 263. ARTÍCULO TRANSITORIO. A la entrada en vigencia de esta ley, los procesos en los cuales se haya surtido
la notificación del pliego de cargos o instalado la audiencia del proceso verbal, continuaran su trámite hasta finalizar bajo el
procedimiento de la Ley 734 de 2002. En los demás eventos se aplicará el procedimiento previsto en esta ley.
14
Por medio de la cual se expide el código general disciplinario se derogan la ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la ley
1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.
15
Se aclara que, la entrada en vigencia plena de la Ley 1952 de 2019, con las modificaciones efectuadas por la Ley 2094, ocurrió
el 29 de marzo de 2022, fecha en la que se concretó la derogatoria de Ley 734 de 2002.
16
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00026-00, índice 9, certificado: 3BD1A811E1E85F23 613E825114469874
BB1BCFF6009A7F83 CFF04A89116FEAA6
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34. De otra parte, es pertinente precisar que las decisiones disciplinarias adoptadas
por el Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes con Función de
Conocimiento de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala de
Asuntos Penales para Adolescentes dentro del proceso disciplinario 100112-81-002-
2019-00012-01 adelantado en contra de la accionante, son de naturaleza
administrativa, es decir, fueron expedidas en ejercicio de la potestad disciplinaria, y
constituyen el «ejercicio de función administrativa»; por consiguiente, son actos
administrativos sujetos al control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso-
administrativa.
35. Esto, bajo el entendido de que, las autoridades que han tenido a cargo el control
disciplinario de los empleados judiciales, por situaciones ocurridas con anterioridad a la
puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las
Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, «son órganos que actúan cumpliendo
funciones administrativas». Sobre el particular, la Corte Constitucional en la sentencia
C-373 de 2016, explicó lo siguiente:
«[…] para la Corte es claro que las actuaciones de los empleados judiciales ocurridas con
anterioridad a la puesta en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
y de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial deberán ser examinadas por las
autoridades que al momento de su ocurrencia sean las competentes. Esta conclusión se
desprende no solo de que la nueva regulación no contempla una prohibición de que así
sea, sino también porque las garantías de legalidad y de juez natural adscritas al derecho
al debido proceso (art. 29) y al derecho a la igualdad (art. 13) exigen que tal sea la
interpretación del parágrafo transitorio del artículo 19. En efecto, dado que la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial así como las Comisiones Seccionales son órganos de
naturaleza judicial y quienes han tenido a cargo el control disciplinario de los
empleados judiciales, hasta ahora, son órganos que actúan cumpliendo funciones
administrativas –superiores jerárquicos y Procuraduría General de la Nación-, para
la Corte debe preferirse aquella interpretación de la Carta que ofrezca suficiente certeza
respecto del curso que deberán seguir todas las actuaciones disciplinarias, de una parte,
y de las autoridades que se encontrarán a cargo de iniciarlas y terminarlas, de otra.
Además, una conclusión contraria privaría a los empleados judiciales de acudir a
la jurisdicción de lo contencioso administrativo. A juicio de este Tribunal resulta
pertinente la aplicación de la regla de inmodificabilidad de la competencia que, para este
caso, supone que los nuevos órganos solo serán competentes para ejercer la función
disciplinaria respecto de los actos ocurridos con posterioridad a su entrada en
funcionamiento». [Negrilla y subrayado fuera de texto original].
36. De acuerdo con lo anterior, conviene aclarar que las decisiones adoptadas por los
accionados no constituyen sentencias, pues el hecho de que hayan sido proferidas por
autoridades judiciales no les confiere una naturaleza judicial, toda vez que fueron
expedidas en ejercicio de la potestad disciplinaria y, en este sentido, son una
manifestación de la función administrativa y no de la función jurisdiccional.
37. Así pues, la Sala observa que la señora Martha Esperanza Heredia Aranda podía
acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para controvertir las decisiones del 2 de
diciembre de 2022 y el 27 de agosto de 2024, que la sancionaron disciplinariamente y
que, a su juicio, vulneraron sus derechos fundamentales.
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Accionante: Martha Esperanza Heredia Aranda
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38. En efecto, el referido mecanismo judicial era el idóneo, puesto que, de acuerdo
con el artículo 13817 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), la tutelante pudo solicitar la
nulidad de los referidos actos administrativos y, a título de restablecimiento del
derecho, el reconocimiento y pago de los días de salario dejados de percibir como
consecuencia de la suspensión que le fue impuesta para ejercer el cargo de citadora
del circuito grado 03 adscrita al Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados
Penales para Adolescentes de Bogotá.
39. Lo anterior, por cuanto dicho escenario judicial es el espacio adecuado para
resolver lo solicitado por la actora vía tutela, en la medida en que lo pretendido se
dirige a cuestionar el trámite y los motivos de orden legal en los que se fundamentaron
las autoridades accionadas para sancionarla disciplinariamente.
40. Así pues, se debe advertir que el juez de lo contencioso-administrativo tiene la
competencia suficiente, no solo para decidir acerca de la validez de los actos
administrativos cuestionadas, sino también, de ser procedente, para emitir las órdenes
necesarias con el fin de restituir el derecho vulnerado por las entidades accionadas e,
incluso, ordenar la reparación de daños.
41. En cuanto a su eficacia, es preciso tener en cuenta que el Capítulo XI del Título V
de la Segunda Parte del CPACA prevé la posibilidad de pedir medidas cautelares de
urgencia. Al respecto, el artículo 234 establece lo siguiente:
Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o
Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando cumplidos los
requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el
trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a
que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la
constitución de la caución señalada en el auto que la decrete18.
42. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha referido que, la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo «cuenta con los instrumentos procesales idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos fundamentales, materializados
en el conocimiento del asunto por jueces especializados y en el decreto de medidas
cautelares de protección»19. En relación con las medidas cautelares de urgencia, la
Corte expuso lo siguiente:
El CPACA concibe las medidas cautelares de forma autónoma a la demanda
presentada, a tal punto que el requisito de conciliación prejudicial no le es aplicable a
ellas, aunque sea necesaria su acreditación para la admisión de la demanda. Según
se estableció en sentencia de tutela de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado: “(…) el juez podrá pronunciarse sobre la solicitud de la medida
17
ARTÍCULO 138. Nulidad y restablecimiento del derecho.
«Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le
repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente
violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la
demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio,
de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».
18
Se transcribe incluso con errores.
19
Corte Constitucional, sentencia T-149 de 2023.
9
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cautelar, inclusive sin haber admitido la demanda, supeditando la continuidad del
proceso a que se demuestre el cumplimiento del requisito de procedibilidad, en los
términos establecidos para el efecto, en virtud de que este mismo precepto lo autoriza
cuando no sea posible agotar el trámite previsto en el artículo 233 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, es decir, proferir
simultáneamente el auto admisorio de la demanda junto con la medida cautelar”20.
43. En ese orden, la Sala encuentra que la accionante pudo solicitar, como medida
cautelar de urgencia, la suspensión de los efectos de los actos disciplinarios proferidos
el 2 de diciembre de 2022 y el 27 de agosto de 2024, de manera que el juez ordinario
analizara la posibilidad de no ejecutar la sanción disciplinaria, hasta que se definiera
su legalidad.
44. Por otro lado, la tutelante manifestó que la sanción disciplinaria que se le impuso,
le causa un perjuicio irremediable, en la medida en que la suspensión del cargo a la
que estaría sometida le afecta su derecho a recibir de manera integral su salario y, por
ende, su mínimo vital y el de sus hijas.
45. Al respecto, es pertinente mencionar que las decisiones cuestionadas se
presumen legales mientras no hayan sido anuladas por la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo. En este sentido, el efecto que la sanción pueda tener en
el salario y prestaciones sociales de la actora es una consecuencia propia de los actos
disciplinarios.
46. En todo caso, se debe advertir que los argumentos planteados por la accionante
para justificar la procedencia excepcional de la tutela, ante una eventual amenaza de
sus derechos al debido proceso y al acceso a cargos públicos, con ocasión de la
actuación disciplinaria, hacen referencia a afirmaciones que carecen de sustento
probatorio, en la medida en que no se acreditó la existencia de una situación de
gravedad y urgencia en la subsistencia de la actora y su familia, que requiera la
intervención urgente del juez constitucional.
47. En este punto de la providencia, conviene destacar que el principio de
subsidiariedad de la tutela exige que los conflictos jurídicos relacionados con los
derechos fundamentales deben resolverse por las vías jurisdiccionales
correspondientes, y solo ante la ausencia de estas o cuando dichos instrumentos no
sean idóneos para evitar un perjuicio irremediable, resulta admisible acudir a la acción
de amparo constitucional.
48. Por lo anterior, la Sala considera que la solicitud de amparo es improcedente en el
entendido de que el agotamiento efectivo de los mecanismos de defensa judicial no
solo es un acto de diligencia exigible a los ciudadanos frente a sus propios asuntos
procesales, sino un requisito necesario para la procedencia de la acción de tutela como
instrumento de defensa.
IV. CONCLUSIÓN
49. En consecuencia, la Sala encuentra que el escrito de tutela no superó el requisito
de subsidiariedad, en la medida en que la señora Martha Esperanza Heredia Aranda
20
Ibidem.
10
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tenía a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y la
solicitud de medidas cautelares de urgencia, mecanismos previstos en el CPACA para
pedir dentro del término previsto en el artículo 138 ibidem la protección de los derechos
fundamentales que, consideró vulnerados por el Juzgado Quinto Penal del Circuito
para Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Asuntos Penales para Adolescentes.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela que presentó Martha
Esperanza Heredia Aranda, en contra del Juzgado Quinto Penal del Circuito para
Adolescentes con Función de Conocimiento de Bogotá y el Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Asuntos Penales para Adolescentes, por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
JLAS/SEJV
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