Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00027-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00027-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00027-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00027-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
20 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura1
Tema: Carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción
de tutela
Derecho Fundamental Invocado: Petición
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Ricardo Antonio Riveros Pérez
contra la Nación – Consejo Superior de la Judicatura.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación –
Consejo Superior de la Judicatura, porque, a su juicio, al no dar respuesta a la
petición de 19 de noviembre de 2024, mediante la cual solicitó “[…] rendir concepto
1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “4ED_Caratula(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
referente a lo dispuesto en el INCISO SEGUNDO, NUMERAL 2, ART. 132 DE LA
LEY 270 DE 1993 (MODIFICADO POR EL ART. 68 DE LA LEY 2430 DE 2024)
[…]”, vulneró su derecho fundamental invocado supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, el 19 de noviembre de 2024, presentó derecho de petición en
interés general ante el Consejo Superior de la Judicatura con el fin de solicitar “[…]
rendir concepto referente a lo dispuesto en el INCISO SEGUNDO, NUMERAL 2,
ART. 132 DE LA LEY 270 DE 1993 (MODIFICADO POR EL ART. 68 DE LA LEY
2430 DE 2024). […]”.
4. Indicó que, al momento de la presentación de la acción de tutela no había
recibido respuesta en ninguna de las direcciones de notificación contenidas en el
escrito de petición, conforme con el artículo 23 de Constitución Política y la Ley
1755 de 20152.
La solicitud de tutela
Pretensiones
5. El actor solicitó en su escrito de tutela3:
“[…] Por lo anterior, solicito a su señoría TUTELAR EL DERECHO FUDAMENTAL DE
PETICIÓN, en consecuencia, ORDENAR a la H. CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, H. PRESIDENTA, Dra. […] (o quien haga sus veces o quien
corresponda) para que en un término de CUARENTA Y OCHO (48) HORAS emita
concepto que brinde respuesta CLARA, PRECISA Y DE FONDO a la solicitud elevada
el día DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE 2024. […]”.
5.1. Como fundamento de su solicitud, el actor señaló que4:
2 Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
3 Idem pie de página núm. 2 supra.
4 Idem pie de página núm. 2 supra.
3
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
“[…] El día 19 de noviembre de 2024 desde el correo electrónico: […], radique
DERECHO DE PETICIÓN EN INTERES GENERAL a la dirección E-mail:
presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co, en el cual solicite rendir
concepto referente a lo dispuesto en el INCISO SEGUNDO, NUMERAL 2, ART. 132
DE LA LEY 270 DE 1993 (MODIFICADO POR EL ART. 68 DE LA LEY 2430 DE
2024). 2. El día 26 de noviembre de 2024, se recibe correo electrónico desde la
dirección Email: sigobius@cendoj.ramajudicial.gov.co, en el cual se indicaba los
siguiente: “Confirmación de registro de correspondencia (…) informamos que
hemos recibido y registrado su solicitud, Fecha y hora de registro: 11/22/2024 9:04
PM, Código de Documento: EXTCSJ24-10211”; sin documento adjunto. 3. El día de
hoy (07 de enero de 2025) a pesar de haber transcurrido más de TREINTA (30)
DÍAS HABILES (# 2, Art. 14, Ley 1437 de 2011), no se ha recibido documento
contentivo de concepto que brinde respuesta clara, precisa y de fondo. […]”.
Actuación
6. El Despacho sustanciador, mediante auto de 20 de enero de 2025: i) admitió
la solicitud de tutela; y ii) ordenó notificar a la Presidenta del Consejo Superior de la
Judicatura, concediéndole el término de tres (3) días para que rindiera informe y
allegara los documentos que pretenda hacer valer como pruebas sobre el particular.
Intervención de la demandada
7. La Nación – Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de
Administración de Carrera Judicial- solicitó sea desvinculada de la acción de tutela
argumentando falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que con el
actuar administrativo, no ha vulnerado ni afectado el derecho fundamental invocado.
7.1 Consideró que no hay vulneración al derecho fundamental de petición,
porque, “[…] la Unidad de Administración de la Carrera Judicial por medio de Oficio
CJO25-145 de 2025 resolvió la petición relacionada con la provisión de vacancias
temporales en virtud de modificación a la Ley Estatutaria. El mencionado oficio fue
notificado al accionante al correo [...] el 15 de enero de 2025. […]”.
7.2. Manifestó que, en el caso sub examine se configuró la carencia actual de objeto
por hecho superado, por haber dado respuesta de fondo a la solicitud durante el
trámite de la acción de tutela: “[…] Conforme con lo expuesto la situación debe ser
calificada como hecho superado y por ende concluir la carencia de objeto que
impide que se ampare el derecho fundamental invocado. […]”.
4
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
7.3 Solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva “[…]
toda vez que respecto de la petición del accionante dirigida a aclarar el tratamiento
salarial de los nombramientos realizados bajo el artículo 68 de la Ley 2430 de
20241, es importante precisar que en virtud de la competencia asignada por el
Acuerdo PCSJA20-11700 de 20202 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura; le corresponde a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección
Ejecutiva de Administración de Justicia, diseñar, asesorar y coordinar las políticas
relacionadas con el régimen salarial y prestacional de los funcionarios y servidores
de la Rama Judicial. Por lo anterior, la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial trasladó dicha solicitud mediante oficio CJO25-144 de 2025 a la Unidad de
Recursos Humanos con el fin de que diera respuesta directa al peticionario quien
fue informado oportunamente de dicho traslado. […]”.
7.4 Indicó que, la Nación – Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura-
Unidad de Administración de Carrera Judicial-, “[…] no interviene en decisiones
concernientes a situaciones de servidores en materia de recursos humanos, como
las planteadas por el accionante y en consecuencia, deberá ser desvinculada del
presente trámite. […]”.
7.5. Adujo que, “[…] mediante Oficio CJO25-145 de 2025, se dio respuesta, en lo
que nos compete, a la consulta planteada por el actor en escrito de fecha 19 de
noviembre de 2024 y, de otra parte, se le informó que, respecto de la segunda parte
de la misma fue trasladada por competencia a la Unidad de Recursos Humanos de
la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mediante el Oficio CJO25-144 de
2025. Se precisa que la respuesta emitida por esta Unidad se tramitó a través del
Oficio CJO25-145 de 2025 y fue notificado al accionante mediante mensaje de datos
el 15 de enero de 2025 dirigido al correo electrónico […] reportado por el solicitante
para efecto de notificaciones. […]”.
7.6 Señaló que, su actuación ha sido ajustada al marco y reglamento legal vigente,
por lo que no hay derecho fundamental alguno que se encuentre vulnerado.
5
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
8. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20216 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20197, que asigna
a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
9. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
10. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como el
alcance del contenido de la sentencia.
11. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la causa
por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra
ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la
autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
12. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30 de
noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva en
los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque
otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las
pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante
sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una
calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en
el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos
fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."[9].
(Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el demandado
no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no
puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación
por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el
responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no
es su conducta la que inflige el daño […]”.
8 Corte Constitucional, sentencia T-1001 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
9 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
7
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
13. La Sala advierte que la Nación - Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de
Administración de la Carrera Judicial- solicitó su desvinculación, por cuanto, a su
juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva.
14. Al respecto, es preciso indicar que dicha entidad fue notificada como autoridad
demandada, es decir, que a dicha entidad le asiste interés en el resultado del
proceso de la referencia.
15. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la jurisprudencia
anteriormente citada, la Sala concluye que, a la Nación -Consejo Superior de la
Judicatura- Unidad de Administración de la Carrera Judicial le asiste interés en la
decisión de tutela que esta Sala profiera.
16. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva formulada respecto de la Nación -Consejo Superior de la
Judicatura- Unidad de Administración de la Carrera Judicial.
Problema jurídico
17. En el caso sub examine, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en i) determinar si se configuró una carencia actual de objeto por hecho
superado; y si la respuesta al anterior interrogante es negativa ii) corresponde si, en
efecto, se debe proteger el derecho fundamental invocado por el actor, el cual
considera vulnerado porque, a su juicio no se dio una respuesta a la petición que
presentó ante la Nación- Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura.
18. Para resolver el anterior interrogante esta Sala analizará los siguientes temas:
i) la carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la acción de
tutela, ii) análisis del caso concreto; y finalmente iii) las conclusiones de la Sala.
La carencia actual de objeto por hecho superado dentro del marco de la
acción de tutela
19. La figura de la carencia actual de objeto por hecho superado se encuentra
establecida en el artículo 26 del Decreto 2591, al disponer lo siguiente:
8
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
“[…] Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial,
que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la
solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren
procedentes […]”.
20. Ahora bien, la Corte Constitucional en relación con la carencia actual de objeto
por hecho superado, mediante sentencia T-817 de 200510, consideró lo siguiente:
"[…] Ha sostenido esta Corporación en reiterada jurisprudencia, que cuando
hechos sobrevivientes a la instauración de la acción de tutela, alteran de
manera significativa el supuesto de fáctico sobre el que se estructuró el
reclamo constitucional, al punto que desaparece todo su fundamento, decae
la necesidad de protección actual e inmediata que subyace a la esencia de la
acción. En consecuencia, el juez constitucional queda inhibido para proferir una
orden orientada al restablecimiento del orden constitucional quebrantado […]”. (Se
resalta).
21. Sobre el mismo punto, la Sala de esta Sección ha considerado que11:
“[…] Al respecto, valga reiterar que es clara la posición adoptada por parte del
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, en cuanto a que la decisión del juez de
tutela pierde o carece de objeto cuando, al momento de proferir sentencia, se
advierte que la situación fáctica expuesta por el actor en su demanda ya ha sido
saneada. Dicha situación tiene como consecuencia automática que desaparece toda
posibilidad de amenaza efectiva o daño a un derecho fundamental.
Tal como ocurre en el presente caso, la carencia de objeto por hecho superado se
genera cuando se advierte que lo pretendido con la acción de tutela era una orden
de actuar y, previo al pronunciamiento del juez, sobrevienen hechos que demuestran
que la entidad accionada acató la solicitud y que su correspondiente conducta resulta
suficiente para impedir que continúe la vulneración del derecho fundamental, motivo
por el cual la tutela pierde eficacia y razón de ser. En este orden, al extinguirse su
objeto resulta inocua cualquier decisión judicial que se dicte, toda vez que “la posible
orden que impartiera el juez caería en el vacío […]”.
22. Así las cosas, la Sala considera que la carencia actual de objeto por hecho
superado en la acción de tutela se predica, de aquellos eventos en los cuales,
durante el trámite de las instancias o en sede de revisión de la acción, se produce
la satisfacción de lo perseguido a través de esta, haciéndola ineficaz al
restablecerse la garantía invocada y no resultar factible emitir una orden de
protección12.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 817 de 9 de agosto de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 16 de agosto de
2018, C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001 03 15 000 2018 01907 00
12 Corte Constitucional. Sentencia T-287 de 20 de mayo de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
9
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
23. En ese orden de ideas, cuando se alega por parte de la autoridad accionada, o
el actor afirma que se ha logrado el propósito perseguido con la interposición de la
acción de amparo, el juez de tutela deberá decretar la ocurrencia de la carencia
actual de objeto, puesto que no tiene la posibilidad de emitir orden alguna al haberse
superado la circunstancia que motivó promover el mecanismo constitucional.
Análisis del caso concreto
24. El actor, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación –
Consejo Superior de la Judicatura, porque, a su juicio, al no dar respuesta a la
petición de 19 de noviembre de 2024, mediante la cual solicitó “[…] rendir concepto
referente a lo dispuesto en el INCISO SEGUNDO, NUMERAL 2, ART. 132 DE LA
LEY 270 DE 1993 (MODIFICADO POR EL ART. 68 DE LA LEY 2430 DE 2024)
[…]”, vulneró su derecho fundamental invocado supra.
25. Visto el marco normativo y los precedentes jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso
concreto.
26. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas en el proceso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los
términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las
reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para
efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con el problema
jurídico planteado en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
27. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:
27.1. Documentos allegados con el escrito de tutela.
10
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
27.2. Informe rendido por el accionado, junto con sus anexos.
Solución del caso concreto
28. Con el fin de abordar el análisis planteado como problema jurídico, corresponde
a la Sala determinar, en primer lugar, si la petición elevada por el actor ha sido
contestada.
29. La Sala advierte que, el actor hace referencia a un derecho de petición,
presentado “[…] El día 19 de noviembre de 2024 […] ante la CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA, […]”13 que, según lo señaló en el escrito de tutela, gira en
torno “[…] rendir concepto referente a lo dispuesto en el INCISO SEGUNDO,
NUMERAL 2, ART. 132 DE LA LEY 270 DE 1993 (MODIFICADO POR EL ART. 68
DE LA LEY 2430 DE 2024) […]”.
30. La Nación- Rama Judicial- Unidad de Administración de la Carrera Judicial
rindió informe en los siguientes términos:
“[…] Al respecto me permito informar lo siguiente: En primer lugar, es importante
mencionar que el Consejo Superior de la Judicatura, en el ejercicio de sus funciones
legales, constitucionales y reglamentarias, emitió el Acuerdo PCSJA24-12238 de 9 de
diciembre de 2024, por medio del cual reglamentó el numeral 2 del artículo 132 de la
Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024, y expuso los
lineamientos que deben aplicarse para la provisión de cargos en provisionalidad en
vacancias temporales.
Por otra parte, es importante precisar que el numeral 2 del artículo 135 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia establece cuales son las situaciones
administrativas en las que los funcionarios y empleados se separan temporalmente del
servicio de sus funciones, dentro de las que se encuentran: “licencia remunerada que
comprende las que se derivan de la incapacidad por enfermedad o accidente de trabajo
o por el hecho de la maternidad, y las no remuneradas; en uso de permiso; en
vacaciones; suspendidos por medida penal o disciplinaria o prestando servicio militar”;
situaciones que generan vacancia temporal del respectivo cargo.
Finalmente, frente a la solicitud de si al proveerse la vacancia temporal con un
empleado de carrera judicial del mismo despacho, este, tiene derecho a percibir la
diferencia salarial, se informa que en virtud de la competencia asignada por el Acuerdo
PCSJA20-11700 de 2020, se remitió su consulta a la Unidad de Recursos Humanos
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mediante Oficio CJO25-144 del 14
de enero de 2025, del cual se anexa copia […]”.
[…]
13 Transcripción literal del texto
11
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
[…] El Consejo Superior de la Judicatura-Unidad de Administración de Carrera Judicial-
debe ser desvinculada como parte en el presente proceso constitucional por falta de
legitimación por pasiva, toda vez que respecto de la petición del accionante dirigida a
aclarar el tratamiento salarial de los nombramientos realizados bajo el artículo 68 de la
Ley 2430 de 20241, es importante precisar que en virtud de la competencia asignada
por el Acuerdo PCSJA20-11700 de 20202 expedido por el Consejo Superior de la
Judicatura; le corresponde a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva
de Administración de Justicia, diseñar, asesorar y coordinar las políticas relacionadas
con el régimen salarial y prestacional de los funcionarios y servidores de la Rama
Judicial. Por lo anterior, la Unidad de Administración de la Carrera Judicial trasladó dicha
solicitud mediante oficio CJO25-144 de 2025 a la Unidad de Recursos Humanos con el
fin de que diera respuesta directa al peticionario quien fue informado oportunamente de
dicho traslado.
Bajo tales supuestos, se reitera que esta Unidad no interviene en decisiones
concernientes a situaciones de servidores en materia de recursos humanos, como las
planteadas por el accionante y en consecuencia, deberá ser desvinculada del presente
trámite. […]”.
“[…] Es preciso advertir que en el presente caso no se ha vulnerado el derecho
fundamental de petición por parte de la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial, en atención a que mediante Oficio CJO25-145 de 2025, se dio respuesta, en
lo que nos compete, a la consulta planteada por el actor en escrito de fecha 19 de
noviembre de 2024 y, de otra parte, se le informó que, respecto de la segunda parte
de la misma fue trasladada por competencia a la Unidad de Recursos Humanos de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mediante el Oficio CJO25-144 de 2025.
Se precisa que la respuesta emitida por esta Unidad se tramitó a través del Oficio
CJO25-145 de 2025 y fue notificado al accionante mediante mensaje de datos el 15 de
enero de 2025 dirigido al correo electrónico […] reportado por el solicitante para efecto
de notificaciones […]”.
31. Precisado lo anterior, de conformidad con el acervo probatorio, la Sala advierte
que el Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Administración de la Carrera
Judicial, mediante Oficio núm. CJO25-145 de 2025 de 15 de enero de 2025, dio la
siguiente respuesta a la petición del actor en los siguientes términos14:
“[…]
Bogotá, D. C., 14 de enero de 2025
Señor
RICARDO ANTONIO RIVEROS PÉREZ
[…]
ASUNTO: Respuesta a consulta relacionada con el artículo 68 de la Ley 2430 de
2024.
Señor Riveros Pérez:
Dando respuesta a su petición, allegada mediante correo electrónico del 19 de
noviembre de 2024, a través del cual consulta en virtud del artículo 132 de la Ley
270 de 1993, modificado por el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024:
14 Transcripción literal del texto
12
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
“solicito se informe cuáles son las situaciones que comprende la expresión “vacancia
temporal”, particularmente, si dentro de ella se deben entender los periodos de
vacaciones individuales; Igualmente, se indique sí al proveerse la vacancia temporal
con un empleado de carrera judicial del mismo despacho, este, tiene derecho a
percibir la diferencia salarial.”
Al respecto me permito informar lo siguiente:
En primer lugar, es importante mencionar que el Consejo Superior de la Judicatura,
en el ejercicio de sus funciones legales, constitucionales y reglamentarias, emitió el
Acuerdo PCSJA24-12238 de 9 de diciembre de 2024, por medio del cual reglamentó
el numeral 2 del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 68 de
la Ley 2430 de 2024, y expuso los lineamientos que deben aplicarse para la provisión
de cargos en provisionalidad en vacancias temporales.
Por otra parte, es importante precisar que el numeral 2 del artículo 135 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia establece cuales son las situaciones
administrativas en las que los funcionarios y empleados se separan temporalmente
del servicio de sus funciones, dentro de las que se encuentran: “licencia remunerada
que comprende las que se derivan de la incapacidad por enfermedad o accidente de
trabajo o por el hecho de la maternidad, y las no remuneradas; en uso de permiso;
en vacaciones; suspendidos por medida penal o disciplinaria o prestando servicio
militar”; situaciones que generan vacancia temporal del respectivo cargo.
Finalmente, frente a la solicitud de si al proveerse la vacancia temporal con un
empleado de carrera judicial del mismo despacho, este, tiene derecho a percibir la
diferencia salarial, se informa que en virtud de la competencia asignada por el
Acuerdo PCSJA20-11700 de 20201, se remitió su consulta a la Unidad de Recursos
Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mediante Oficio
CJO25-144 del 14 de enero de 2025, del cual se anexa copia. […]”.
32. Igualmente, se observa que dicha respuesta le fue notificada al actor, tal como
se advierte en la imagen incluida en el informe allegado por el Consejo Superior de
la Judicatura- Unidad de Administración de la Carrera Judicial 15:
15 Cfr. Índice núm. 9 de SAMAI. Documento denominado “12_MemorialWeb_Respuesta-
desajcun24_4119_merg(.pdf) NroActua 9”.
13
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
33. Mediante oficio CJO25-144 de 14 de enero de 2025, la Nación - Consejo
Superior de la Judicatura- Unidad de Administración de la Carrera Judicial, dio
traslado a la consulta en los siguientes términos:
“¨[…] CJO25-144
Bogotá, D. C., 14 de enero de 2025
Doctor
NELSON ORLANDO JIMÉNEZ PEÑA
Director
Unidad de Recursos Humanos
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
[…]
Ref.: Consulta diferencia salarial
Doctor Jiménez Peña:
De manera atenta y conforme lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11700 de
20201, me permito remitir por competencia, la consulta elevada por el señor
RICARDO ANTONIO RIVEROS PÉREZ, mediante la cual solicita en virtud del
artículo 132 de la Ley 270 de 1993, modificado por el artículo 68 de la Ley 2430 de
2024:
“se indique sí al proveerse la vacancia temporal con un empleado de carrera judicial
del mismo despacho, este, tiene derecho a percibir la diferencia salarial.”
La información requerida debe ser enviada directamente al correo electrónico
señalado por el señor Riveros Pérez para tal fin: […]”.
14
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
34. El oficio mencionado supra, fue respondido por la Dirección de la Unidad de
Carrara Judicial y remitido al actor, en los siguientes términos:
“[…] CJO25-145
Bogotá, D. C., 14 de enero de 2025
Señor
RICARDO ANTONIO RIVEROS PÉREZ
[…]
ASUNTO: Respuesta a consulta relacionada con el artículo 68 de la Ley 2430 de
2024.
Señor Riveros Pérez:
Dando respuesta a su petición, allegada mediante correo electrónico del 19 de
noviembre de 2024, a través del cual consulta en virtud del artículo 132 de la Ley
270 de 1993, modificado por el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024:
“solicito se informe cuáles son las situaciones que comprende la expresión
“vacancia temporal”, particularmente, si dentro de ella se deben entender los
periodos de vacaciones individuales; Igualmente, se indique sí al proveerse la
vacancia temporal con un empleado de carrera judicial del mismo despacho, este,
tiene derecho a percibir la diferencia salarial.”
Al respecto me permito informar lo siguiente:
En primer lugar, es importante mencionar que el Consejo Superior de la Judicatura,
en el ejercicio de sus funciones legales, constitucionales y reglamentarias, emitió el
Acuerdo PCSJA24-12238 de 9 de diciembre de 2024, por medio del cual
reglamentó el numeral 2 del artículo 132 de la Ley 270 de 1996, modificado por el
artículo 68 de la Ley 2430 de 2024, y expuso los lineamientos que deben aplicarse
para la provisión de cargos en provisionalidad en vacancias temporales.
Por otra parte, es importante precisar que el numeral 2 del artículo 135 de la Ley
Estatutaria de Administración de Justicia establece cuales son las situaciones
administrativas en las que los funcionarios y empleados se separan temporalmente
del servicio de sus funciones, dentro de las que se encuentran: “licencia
remunerada que comprende las que se derivan de la incapacidad por enfermedad
o accidente de trabajo o por el hecho de la maternidad, y las no remuneradas; en
uso de permiso; en vacaciones; suspendidos por medida penal o disciplinaria o
prestando servicio militar”; situaciones que generan vacancia temporal del
respectivo cargo.
Finalmente, frente a la solicitud de si al proveerse la vacancia temporal con un
empleado de carrera judicial del mismo despacho, este, tiene derecho a percibir la
diferencia salarial, se informa que en virtud de la competencia asignada por el
Acuerdo PCSJA20-11700 de 20201, se remitió su consulta a la Unidad de Recursos
Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mediante Oficio
CJO25-144 del 14 de enero de 2025, del cual se anexa copia.
Los Acuerdos mencionados pueden ser consultado en la página web de la Rama
Judicial https://www.ramajudicial.gov.co/.
La presente respuesta tiene los alcances del artículo 28 de la Ley 1755 de 2015.
Cordialmente, […]”
15
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
35. De conformidad con lo expuesto supra, corresponde a la Sala establecer si la
Nación - Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Administración de la Carrera
Judicial cumplió con los requisitos de i) oportunidad, ii) que la respuesta sea de
fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado y ii) que haya sido
puesta en conocimiento del peticionario; pues, de lo contrario se incurriría en una
vulneración del derecho fundamental de petición.
36. La Sala encuentra que i) la respuesta otorgada fue puesta en conocimiento del
actor en debida forma; y ii) en cuanto a la oportunidad para dar respuesta a la
petición, la Sala encuentra que si bien no se cumplió con el término establecido por
el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, lo cierto es que a la fecha el actor ya obtuvo respuesta al respecto, por
lo que cualquier orden que sobre el particular se diera en sede de tutela resultaría
inane.
37. Ahora bien, frente al requisito de que la respuesta sea de fondo, clara, precisa
y congruente con lo solicitado, la Sala encuentra que se cumple con dicha exigencia,
en la medida en que el Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de Administración
de la Carrera Judicial, dio respuesta mediante oficio Oficio CJO25-145 de 14 de
enero de 2025, de la siguiente manera: “[…] que el Consejo Superior de la
Judicatura, en el ejercicio de sus funciones legales, constitucionales y
reglamentarias, emitió el Acuerdo PCSJA24-12238 de 9 de diciembre de 2024, por
medio del cual reglamentó el numeral 2 del artículo 132 de la Ley 270 de 1996,
modificado por el artículo 68 de la Ley 2430 de 2024, y expuso los lineamientos que
deben aplicarse para la provisión de cargos en provisionalidad en vacancias
temporales. […]” y que, frente a la solicitud del actor relacionada con proveer la
vacancia temporal con un empleado de carrera judicial del mismo despacho, tiene
derecho a pedir la diferencia salarial, respondió que la consulta había sido asignada
por competencia a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial mediante oficio CJO25-144 de 2025.
38. Al respecto, la Sala precisa que la Corte Constitucional ha señalado que “[…] el
derecho de petición no implica una prerrogativa en virtud de la cual, el agente que
16
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
recibe la petición se vea obligado a definir favorablemente las pretensiones del
solicitante […]”16.
39. Por otra parte, la Sala advierte que el artículo 21 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que:
“[…] ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado por
el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad
a quien se dirige la petición no es la competente, se informará de inmediato al
interesado si este actúa verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes
al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en
caso de no existir funcionario competente así se lo comunicará. Los términos
para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente a la recepción de la
Petición por la autoridad competente […]”. (Resaltado por la Sala)
40. Igualmente, la Sala advierte que, en relación con la remisión por competencia
de una petición, esta Corporación ha señalado lo siguiente:
40.1. En la sentencia de 19 de abril de 202117, se indicó que:
“[…] Al respecto, la Sala considera que con ocasión de la remisión que hizo dicha
Dirección Ejecutiva no se vulneró el derecho fundamental de petición del actor,
toda vez que, de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1755 de 30 de junio
de 2015, si la autoridad no tiene competencia para responder, deberá remitir la
petición a la autoridad competente e informar al actor, lo cual aconteció en el
caso sub examine […]”. (Resaltado por la Sala)
40.2. En la sentencia de 30 de junio de 202018, se expresó que:
“[…] Con base en lo expuesto, en el asunto sub examine la Sala evidencia que le
asiste razón al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de
Bogotá, al afirmar que no le concierne expedir la constancia de ejecutoria del laudo
de 6 de agosto de 2015, porque, se reitera, dicha actuación involucra una actividad
judicial, por consiguiente, carece de la competencia para realizarla.
No obstante, pese a que al señor director del mencionado Centro de Arbitraje y
Conciliación, en efecto, no le corresponde decidir sobre la entrega del documento
enunciado en el párrafo precedente, se debe tener en cuenta lo previsto en el
artículo 21 del CPACA, según el cual «[…] Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa
verbalmente, o dentro de los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por
16 Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2 de marzo de 2012.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de
2021, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-00816-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B de la Sección Segunda, sentencia
de 30 de junio de 2020, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-00520-00, C.P. Carmelo Perdomo
Cuéter.
17
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
escrito. Dentro del término señalado remitirá la petición al competente y enviará
copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán
a partir del día siguiente a la recepción de la Petición por la autoridad competente».
La anterior norma es clara en determinar que cuando una autoridad se declara
carente de competencia para conocer de una solicitud deberá enviarla a la que
corresponde, mandato que no cumplió el señor director del Centro de Arbitraje y
Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en el sub lite, omisión que
quebranta el derecho constitucional fundamental de petición de la actora […]”.
(Resaltado por la Sala)
41. La Sala considera que, con ocasión de la remisión que hizo la Presidencia de la
República, dicha entidad no vulneró los derechos fundamentales invocados por el
actor, toda vez que, conforme con el artículo 21 del Código de procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, si la autoridad no tiene
competencia para responder, deberá remitir la petición a la autoridad competente e
informar al actor, lo cual aconteció en el caso sub examine.
42. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que, teniendo en cuenta que
la respuesta de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de
Administración de la Carrera Judicial se notificó durante el trámite de la acción de
tutela19, habrá lugar a declarar la carencia actual de objeto por hecho superado.
43. La Corte Constitucional respecto a la configuración de la carencia actual de
objeto por hecho superado, ha señalado lo siguiente20:
“[…] Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposición
de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que como consecuencia del obrar
de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales
alegada por el accionante21. Dicha superación se configura cuando se realizó
la conducta pedida (acción u abstención) y, por tanto, terminó la afectación,
resultando inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de
proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha
garantizado22 […]”. (Resaltado por la Sala)
19 Al respecto, la Sala precisa que la acción de tutela se interpuso el 7 de enero de 2025.
20 Corte Constitucional, sentencia T-038 de 1 de febrero de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
21 Corte Constitucional, sentencias T-970 de 2014 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-597 de 2015 (MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub), T-669 de 2016 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), T-021 de 2017 (MP Luis Guillermo
Guerrero Pérez), T-382 de 2018 (MP Gloria Stella Ortiz Delgado), entre otras.
22 Decreto 2591 de 1991, artículo 26: “[s]i, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o
judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente
para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes”.
18
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
Conclusiones de la Sala
44. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto por hecho
superado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva formulada por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura- Unidad de
Administración de la Carrera Judicial, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el
artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
19
Núm. único de radicación: 110010315000202500027-00
Actor: Ricardo Antonio Riveros Pérez
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.