Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00029-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00029-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00029-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00029-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
6 de marzo de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00029-00
Demandante: Hayde Sabogal Portela
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00029-00
Demandante: HAYDE SABOGAL PORTELA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas: Mora judicial en resolver apelación contra auto que libró mandamiento
de pago. Deniega
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Hayde Sabogal Portela contra
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 13 de enero de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, la señora
Hayde Sabogal Portela pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la igualdad.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta por la tardanza del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, en resolver el recurso de apelación interpuesto
contra el auto del 17 de noviembre de 2022 que libró mandamiento de pago en el proceso
ejecutivo con radicado No. 25000-23-42-000-2022-00260-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló, textualmente, las siguientes pretensiones:
PRIMERA. - Se declare la existencia de la violación al DEBIDO PROCESO y el DERECHO A LA
IGUALDAD como violatoria a la Constitución que estoy sufriendo por la violación al derecho fundamental
como es pago de los dineros a que tengo derecho el reajuste, liquidación y mesada pensional que la
justicia a éste momento me la han desconocido como ustedes podrán apreciar en forma evidente y que
hasta el día de hoy EL CONSEJERO DE ESTADO DR. CARMELO PERDOMO CUETER Y DEMAS
MIEMBROS QUE HACE SALA DE LA SUBSECCION B DE LA SECCIÓN SEGUNDA DEL CONSEJO
DE ESTADO, porque el mandamiento de pago que se libró distinguido con el N° 25000-23-42-000-2022-
00260-01 en mi favor contra COLPENSIONES como consecuencia del expediente DE NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO N° 25000-23-42-000-2014-04034-00 siendo la suscrita
demandante y demandado COLPENSIONES, hasta el día de hoy la JUSTICIA COLOMBIANA a pesar
de haberse dictado sentencia por el proceso DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO y
además, librarse MANDAMIENTO DE PAGO, no se ha reajustado mi pensión por vejez, tampoco se ha
establecido o determinado cuál es el valor de mi mesada pensional, y además de ello, el proceso
EJECUTIVO se encuentra para dilucidar el prenombrado mandamiento de pago que al día de hoy
tampoco el CONSEJO DE ESTADO no se ha apersonado sobre el MANDAMIENTO DE PAGO
LIBRADO QUE EN MANOS DEL PONENTE TAMPOCO SE HA DERIMIDO EL RECURSO DE
APELACIÓN que es un auto de trámite o interlocutorio la cual llevamos 2 meses sin ningún
pronunciamiento.
PRELACIÓN QUE TIENE UN AUTO DE TRÁMITE O INTERLOCUTORIO FRENTE A UNA
SENTENCIA, QUE NO ES UNA DECISION DE FONDO COMO SÍ LO ES UNA SENTENCIA, QUE
1 Índice 1 de Samai.
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Demandante: Hayde Sabogal Portela
PARA EL CASO QUE NOS OCUPA SE ESTARÍA VIOLANDO EL DERECHO CONSTITUCIONAL DEL
DEBIDO PROCESO LO MISMO QUE EL DE LA IGUALDAD AL NO DÁRSELE ESA PRELACIÓN
JURÍDICA A ESE AUTO, PORQUE SE TRATA DEL PAGO DE UNOS DINEROS PENSIONALES
RECONCIDOS EN EL FALLO DE NULIDAD Y DEBIDO A 5 REAJUSTES O LIQUIDACIONES MAL
HECHAS POR PARTE DE FUNCIONARIOS TANTO DE LA RAMA COMO DE COLPENSIONES
ESTAMOS ENFRASCADOS EN UN MANDAMIENTO DE PAGO QUE NI SI QUIERA SE HA DADO
CUMPLIMIENTO AL FALLO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
SEGUNDA. - Por tratarse de un auto de trámite o interlocutorio y de un mandamiento de pago sobre un
reajuste, liquidación y mesada pensional de vejes, tiene prelación de tomarse una decisión pronta justa
y recta de la administración de justicia por vencimiento de términos. (Sic a toda la cita).
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1 Del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
La señora Hayde Sabogal Portela presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones, con el fin de
que se reliquidara su pensión de jubilación.
El proceso se adelantó con el radicado No. 25000-23-42-000-2014-04034-00 y
correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
B que, mediante sentencia del 11 de agosto de 2016, declaró probada de oficio la
excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.
Inconforme, la demandante apeló y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, mediante sentencia del 6 de mayo de 2021, la revocó y, en su lugar, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda; ordenó el reajuste de la pensión de vejez
de la actora, con un IBL que incluyera los factores salariales sobre los cuales hizo aportes
a pensión.
3.2 Del proceso ejecutivo con radicado No. 25000-23-42-000-2022-00260-00/01
El 24 de marzo de 2022, la señora Hayde Sabogal Portela, a través de apoderado,
presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca demanda ejecutiva teniendo
como título la sentencia dictada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
El 9 de septiembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección B remitió el expediente a la Contadora Liquidadora de la Sección
Segunda, con el fin de que realizara la respectiva liquidación.
Mediante auto del 17 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección B, libró mandamiento de pago de manera parcial, por valor
de $11.992.304,24 por concepto de reliquidación de la pensión desde el 6 de agosto de
2014 hasta el 31 de octubre de 2022 e intereses moratorios desde el 29 de julio de 20212
hasta el 31 de octubre de 2022.
Inconforme, la señora Sabogal Portela presentó solicitud de adición del auto y de manera
simultánea presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación.
Luego, el 23 de noviembre de 2022 solicitó la nulidad del auto del 17 de noviembre de
2022. El 7 de diciembre de 2022, la señora Sabogal Portela solicitó que el magistrado
sustanciador se declarara impedido para seguir conociendo del proceso3.
2 Día siguiente a la ejecutoria de la sentencia del 6 de mayo de 2021.
3 La accionante señaló que el magistrado sustanciador estaba incurso en las causales descritas en los numerales
1,2,3 y 4 del artículo 11 del CPACA.
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Demandante: Hayde Sabogal Portela
Por auto del 16 de diciembre de 2022 el magistrado sustanciador del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B, no accedió a la
solicitud declaratoria de impedimento; consideró que los hechos descritos por la
demandante carecían de sustento probatorio y carecían de tipicidad.
Mediante auto del 16 de diciembre de 2022, la autoridad judicial demandada no adicionó
el auto que libró mandamiento de pago y tampoco lo repuso, pero concedió la apelación
en efecto suspensivo.
Por providencia del 25 de mayo de 20234, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, confirmó el auto que libró mandamiento de pago. Explicó que la liquidación
realizada por el a quo corresponde a una aproximación sobre el valor de las acreencias
reclamadas como insatisfechas y «comporta el ejercicio legal de sus atribuciones, sin que
conlleve una decisión definitiva sobre el quantum de estas, pues como se dijo en el estudio
normativo realizado, se trata de una orden provisional de cumplimiento. La decisión definitiva
sobre lo debido por la ejecutada y la cuantía de lo impagado es propia del auto o sentencia que,
en su momento y de ser el caso, ordene seguir adelante con la ejecución».
4. Fundamentos de la acción de tutela
La parte demandante puso de presente que, aunque fue dictada sentencia a su favor en
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y fue librado mandamiento de pago,
a la fecha de presentación de la acción de tutela no se ha determinado el valor de su
mesada pensional porque el recurso de apelación que presentó contra el auto que libró
el mandamiento de pago no ha sido resuelto.
Que la apelación se resuelve con un auto de trámite o interlocutorio, lo que no implica un
estudio de fondo. Que al no darle prelación a la apelación, se vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la igualdad, máxime cuando se trata de acreencias
pensionales reconocidas por el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Señaló que desde el 15 de febrero de 2024 el proceso pasó al despacho para decidir la
segunda instancia del recurso contra el auto que profirió el mandamiento de pago.
5. Trámite procesal
Por auto del 21 de enero de 20255, el Despacho sustanciador admitió la demanda de
tutela y dispuso notificar, en calidad de demandados, a los magistrados del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B. Asimismo, en calidad de tercero con interés,
dispuso vincular al presidente de la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 27 de enero de
20256.
6. Intervenciones
El magistrado del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, ponente del
proceso ejecutivo, pidió que se declarara la carencia actual de objeto por hecho superado.
Explicó que el 25 de enero de 20257 su despacho se pronunció sobre el recurso de súplica
contra el auto del 25 de mayo de 2023 y sobre la recusación presentada el 28 de agosto
4 Notificada electrónicamente el 18 de julio de 2023, índice 33 de Samai en el radicado No. 25000-23-42-000-2022-
00260-01
5 Índice 4 de Samai.
6 Índice 7 de Samai
7 Notificado el 10 de febrero de 2025. Índice 231 de Samai en el radicado No. 25000-23-42-000-2022-00260-01
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Demandante: Hayde Sabogal Portela
de 2023, y declaró la improcedencia de los dos recursos.
Advirtió que la actora promovió previamente dos acciones de tutela8 con identidad de
partes, objeto y causa; por lo que a su juicio debe declararse la temeridad de parte de la
accionante.
La directora de acciones constitucionales de la Administradora Colombiana de
Pensiones solicitó que se denegaran las pretensiones de la acción de tutela.
Señaló que la entidad carece de competencia relacionada con trámites internos de los
despachos judiciales, por lo que no es competente para atender las pretensiones de la
acción constitucional. Manifestó que la entidad no ha vulnerado los derechos
fundamentales de la accionante.
Que en el proceso ejecutivo no se evidencia la mora judicial alegada, dado que las
actuaciones no obedecen a dilaciones injustificadas. Que, por el contrario, si se
concedieran las pretensiones, se vulneraría el derecho a la igualdad de los demás
ciudadanos que están a la espera de la resolución de litigios.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa – Temeridad
La Sala debe señalar que el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que la
actuación es temeraria cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de
tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o
tribunales. También señala que, en ese caso, todas las solicitudes se rechazarán o
decidirán desfavorablemente.
Es decir, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se concreta en la
indebida utilización de este mecanismo de protección. Hay temeridad cuando existe (i)
identidad fáctica en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en
cuanto la otra acción de tutela se presenta por la misma persona o su representante; (iii)
identidad del sujeto demandado, y (iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción. Así lo establece la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que a la letra dice:
(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el mismo
demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de persona
natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por la misma
persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes legales;
(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo o sucesivo
de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de causa;
(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de una misma
pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental;
(iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en concreto los
tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de tutela, el juez
constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente dentro del mismo
proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que permita convalidar la
duplicidad en el ejercicio del derecho de acción.
Ahora bien, revisadas las acciones de tutelas con radicados No. 11001-03-15-000-2023-
05043-00 y 11001-03-15-000-2025-00208-00, la Sala observa que no configuran una
actuación temeraria porque en la primera lo que se pretendía era que se declarara la
presunta mora judicial en resolver un impedimento; en la segunda lo que se pretende es
que se resuelva sobre la presunta mora judicial en resolver un recurso de súplica y en el
8 Radicado No. 11001-03-15-000-2023-05043-00 M.P. Milton Chaves García; Radicado No. 11001-03-15-000-2025-
00208-00 M.P. Nubia Margoth Peña Garzón.
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presente trámite lo que se pretende es que se declare una mora judicial en resolver un
recurso de apelación, de modo que no se cumple con el presupuesto de la identidad de
objeto y resulta innecesaria la verificación de los demás requisitos.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, incurrió en mora judicial injustificada al supuestamente no haber resuelto el recurso de
apelación interpuesto contra el auto del 17 de noviembre de 2022 que libró mandamiento
de pago en el proceso ejecutivo con radicado No. 25000-23-42-000-2022-00260-01.
La Sala anticipa que denegara las pretensiones de la acción de tutela, porque el recurso
de apelación presentado contra el auto del 17 de noviembre de 2022 que libró
mandamiento de pago fue resuelto previo a la presentación de la acción de tutela.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) generalidades
de la acción de tutela, (ii) sobre la mora judicial, y (iii) analizará el caso concreto.
3. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.
4. Sobre la mora judicial
La mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos legales por
parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes
presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la
actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora, y
(iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los
deberes por parte del juez9.
El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o corporación
judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada
mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y
externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los
plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se presentan condiciones
estructurales, como la excesiva carga laboral, o la falta de una infraestructura básica en
los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones
oportunas.
Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de conexidad
necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, a tal
punto que esos son los criterios que deben analizarse para establecer si se configuró o
no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la administración de justicia.
9 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de 2018
y T-441 de 2020.
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De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el agotamiento de todos los
medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos y, por ende, la mora judicial
solo estará justificada cuando:
o Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende.
o Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral
u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e
ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que
se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.
Así mismo, la Corte expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida la
afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv) la
valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el trámite10.
5. Análisis el caso concreto
En el presente asunto, la señora Hayde Sabogal Portela alega que se configura una mora
judicial injustificada, pues no se ha resuelto la apelación que presentó contra el auto que
libró mandamiento de pago dentro del proceso ejecutivo con radicado No. 25000-23-42-
000-2022-00260-00/011, a pesar de que el recurso fue concedido desde el 16 de
diciembre de 2022.
La Sala verificó el expediente digital del proceso ejecutivo con radicado No. 25000-23-
42-000-2022-00260-00/01 y encontró, en lo que interesa, lo siguiente:
• El 24 de marzo de 2022, fue radicado el proceso ejecutivo, el mismo día ingresó al despacho del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B.
• El 22 de abril de 2022, el despacho requirió a las partes para que allegaran: la parte demandante,
(i) los documentos en que constara que agotó el trámite de solicitud de cumplimiento de la sentencia
del 6 de mayo de 2021 a la entidad demandada, (ii) acto administrativo mediante el cual
Colpensiones dio cumplimiento a la sentencia, (iii) la liquidación con los soportes y el valor por el
cual pretendía se librara mandamiento de pago. A la entidad ejecutada, (i) el acto administrativo
mediante el cual dio cumplimiento al fallo del 6 de mayo de 2021, y (ii) la liquidación que dio lugar
al pago de la sentencia de la referencia.
• Por auto del 9 de septiembre de 2022, el despacho sustanciador remitió el expediente a la
Contadora Liquidadora de la Sección Segunda, para que realizara la respectiva liquidación.
• El 17 de noviembre de 2022, fue librado mandamiento de pago.
• El 2 de diciembre de 2022 el expediente ingresó al despacho con las solicitudes de: (i)adición de
sentencia, (ii) de reposición y en subsidio de apelación, y (iii) nulidad contra el auto que libró
mandamiento de pago.
• El 7 de diciembre de 2022, la demandante solicitó que el magistrado se declarara impedido.
• Por auto del 16 de diciembre de 2022, el magistrado resolvió la solicitud de impedimento.
• Por auto del 16 de diciembre de 2022, el despacho no accedió a la medida cautelar solicitada con
la demanda.
• Mediante providencia del 16 de diciembre de 2022, el magistrado resolvió no adicionar ni reponer
el auto que libró mandamiento de pago, pero concedió el recurso de apelación.
• Mediante providencia del 25 de mayo de 2023, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, confirmó el auto que libró mandamiento de pago. La providencia fue notificada por correo
electrónico el 18 de julio de 2023.
10 La Corte Constitucional se ha apoyado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH), en la que se establecieron criterios objetivos para determinar bajo qué circunstancias se configura la violación al
plazo razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas, tales como: a) la complejidad del asunto; b)
la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. (Caso Motta Vs Italia, sentencia de
19 de febrero de 1991: Caso Ruiz Mateos Vs España, sentencia de 23 de junio de 1993; Caso Genie Lacayo Vs
Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997).
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Demandante: Hayde Sabogal Portela
A partir de lo anterior, la Sala advierte que el recurso de apelación fue resuelto por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante providencia del 25 de
mayo de 202311 y la providencia fue debidamente notificada a la señora Hayde Sabogal
Portela el 18 de julio de 202312.
En ese orden de ideas, la Sala advierte que en el proceso ejecutivo con radicado No.
25000-23-42-000-2022-00260-01 no existió una mora judicial del Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B en resolver la apelación contra el auto que libró
mandamiento de pago, es más, la apelación fue desatada 1 año, 7 meses y 19 días antes
de la presentación de la acción de tutela.
De hecho, la Sala encuentra que, con posterioridad a la providencia del 25 de mayo de
2023, la autoridad judicial demanda, además, ha resuelto solicitudes de impedimentos y
recusaciones, e incluso un recurso de súplica que la accionante presentó en contra de la
providencia que confirmó la que libró mandamiento de pago.
Siendo así, la Sala recuerda a la señora Sabogal Portela que la acción de tutela es un
valioso instrumento judicial que no debe utilizarse de manera indiscriminada, pues su
objeto es proteger derechos fundamentales ante su inminente amenaza o vulneración.
En razón a que en el precitado expediente la decisión que resolvió el recurso de apelación
fue adoptada previo a la presentación de la acción de tutela por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B, debe denegarse el amparo deprecado
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por la señora Hayde
Sabogal Portela, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
11 Índice 23 de Samai en el radicado No. 25000-23-42-000-2022-00260-01
12
Índice 33, 34 y 35 de Samai en el radicado No. 25000-23-42-000-2022-00260-01
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