Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00034-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00034-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00034-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
21 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00034-00
Accionante: Carlos Efrén Cáceres
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00034-00
Accionante: Carlos Efrén Cáceres
Accionado: Unidad de Administración de Carrera Judicial
Referencia: Acción de tutela
Tema: Derecho de petición. Carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada por Carlos Efrén
Cáceres en contra de la Unidad de Administración de Carrera Judicial.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Carlos Efrén Cáceres, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela en
procura de la protección de su derecho de petición que consideró vulnerado por la
Unidad de Administración de Carrera Judicial con ocasión de la falta de respuesta al
escrito que remitió vía correo electrónico el 13 de diciembre de 2024
2. Hechos
El 23 de febrero de 2024, el actor presentó una petición ante la Unidad de
Administración de Carrera Judicial con el fin de conocer la composición de la planta de
personal de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa
Marta.
Mediante oficio del 17 de abril de esa anualidad, la Seccional dio respuesta al
peticionario y le informó que el número de empleos ascendía a 59; sin embargo, con
oficio del 5 de julio de 2024, la directora de la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico le informó que la planta de personal de la Seccional Santa Marta se
compone de 37 empleos.
A juicio del accionante, esta situación denota una imprecisión en la información que le
fue entregada, y por tal razón, el 22 de octubre de 2024 radicó otra petición ante la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta y ante el
Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, en la que solicitó el cumplimiento
de la Ley 270 de 1996, así como del Acuerdo PSAA08-4856 de 2008 y la Circular
PCSJ17-36 de 2017, para que trece (13) de los cargos de la planta de personal que
se encontraban nombrados en provisionalidad, fuesen provistos con empleados
inscritos en carrera administrativa.
El Consejo Seccional remitió por competencia la petición a la Dirección Ejecutiva
Seccional, dependencia que dio respuesta el 31 de octubre de 2024, en la que negó
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lo solicitado bajo el argumento de que la Ley 2430 de 2024 no podía ser aplicada con
efectos retroactivos.
La Unidad de Administración de Carrera Judicial remitió al actor el oficio del 6 de
noviembre de 2024, informándole que trece (13) personas ocupaban cargos en
provisionalidad en la Seccional Santa Marta y no estaban registradas en el sistema de
carrera judicial.
La Seccional remitió el oficio del 21 de noviembre de 2024 en respuesta a la petición
presentada por el actor el 19 de noviembre del mismo año, proporcionando los
números de resolución y los períodos de los trece nombramientos efectuados en
provisionalidad en cargos de carrera administrativa.
Finalmente, el señor Cáceres indicó que, el 13 de diciembre de 2024, remitió a la
Unidad de Administración de Carrera Judicial una petición solicitando el “cumplimiento
a lo ordenado por la Ley 270 de 1996, porque al momento de la ocurrencia de los
hechos era la norma administradora del Sistema de Carrera Judicial”. No obstante,
señaló que hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna y, en consecuencia, solicitó
que se ordene a la entidad adoptar y notificar la decisión de fondo.
3. Pretensiones y argumentos de tutela
En su demanda de tutela, la parte actora solicitó que se ordene a la entidad accionada
adoptar y notificar la decisión de fondo.
Como fundamentos de la acción de tutela expuso, en síntesis, que a pesar de estar
vencido el término legal para resolver los cuestionamientos que planteó en el escrito
del 13 de diciembre de 2024, la Unidad de Administración de Carrera Judicial no le ha
notificado la decisión de fondo.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 15 de enero de 20251 se inadmitió la acción de tutela y se
requirió al accionante para que: i) identificara los derechos fundamentales que
consideró lesionados y; ii) estableciera la autoridad que, conforme a sus funciones y
facultades, incurrió en la vulneración de sus derechos fundamentales, en relación con
los hechos narrados.
4.2. El actor subsanó lo requerido y, en consecuencia, mediante providencia del 27 de
enero de 2025, se admitió la solicitud. Asimismo, se vinculó como terceros con interés
a la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Santa Marta2.
4.3. La directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial3 solicitó declarar
la carencia actual de objeto por hecho superado, dado que la petición fue atendida
mediante Oficios CJO25-483, CJO25-479, CJO25-480 y CJO25-481 expedidos en el
1 Índice 00004 del aplicativo Samai
2 Índice 00004 del aplicativo Samai.
3Índice00014 del aplicativo SAMAI, documento electrónico identificado con el certificado
4C058BFF713E818C AA8FA8C18007AF1E 238553A2A9AD9CD9 BF05C400B7A4E11
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mes de enero de 2025, y notificados al buzón de correo electrónico:
ccacere@cendoj.ramajudicial.gov.co.
4.4. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Santa Marta, guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, y en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991.
2. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los
casos que establece la ley.
3. Subsidiariedad
Este mecanismo solo procede cuando el afectado no tiene otros medios de defensa
judicial para la protección de sus derechos fundamentales o, a pesar de tenerlos, se
acude al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Al respecto, la solicitud de amparo de la referencia cumple con el requisito de
subsidiariedad, en tanto la accionante no cuenta con otro mecanismo que permita la
garantía de su derecho fundamental de petición. En ese orden, la jurisprudencia
constitucional ha indicado que la acción de tutela “es el único mecanismo de defensa
judicial idóneo y eficaz para su protección, ya que en el ordenamiento jurídico
colombiano no existe otra alternativa judicial para garantizar su materialización, salvo
cuando se trate de solicitudes encaminadas a obtener el acceso a información
reservada en poder de autoridades públicas, para lo cual el artículo 26 de la Ley 1755
de 2015 contempla el recurso de insistencia”4.
3. Legitimación en la causa.
La Subsección encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa de Carlos
Efrén Cáceres pues fue quien suscribió la petición del 13 de diciembre de 2024, cuya
falta de respuesta identificó como causa de la vulneración de su derecho fundamental.
También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Unidad de
Administración de Carrera judicial, en la medida que es la autoridad ante quien se
radicó el escrito de petición.
4 Corte Constitucional, sentencias SU-191 de 2022, T-206 de 2018, T-077 de 2018, T-066 de 2024.
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4. Inmediatez.
Se advierte que la solicitud de amparo satisface este requisito, en tanto el escrito de
petición fue radicado el 13 de diciembre de 2024 y la acción constitucional se formuló
el 13 de enero de 2025, esto es, dentro de un plazo razonable y prudente para reclamar
la protección del derecho fundamental lesionado.
5. Caso concreto
De ante mano la Sala anuncia que en la presente acción constitucional se configuró la
carencia actual de objeto por hech, por las razones que se exponen a continuación.
5.1. El actor aportó copia del escrito de la petición enviada a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial el 13 de diciembre de 20245, el que elevó las
siguientes solicitudes:
“[…] En razon de lo expuesto en este escrito, solicito al Consejo Superior de la
Judicatura – Unidad Administrativa de Carrera Judicial, para que en aplicación del
principio del Estado de Derecho:
1. Se de Cumplimiento a lo determinado por la Ley 270 de 1996 en cuanto a la garantia
de Derechos, Formas de Provision, de los 13 cargos que actualmente estan siendo
ocupados por los ciudadanos:
[…]
Teniendo en cuenta que las respectivas designaciones fueron hechas sin asegurar la
igualdad de oportunidades tanto para los empleados Escalafonados como la que se
otorgo a los particulares, que fueron quienes finalmente se beneficiaron con los
nombramientos en cargos provisionales de carrera.
Igualmente es lesivo para los derechos de los empleados, que muchos de los
nombrados corresponda a personas que estan dentro de los grados de afinidad o
parentesco con funcionarios y empleados.
2. Que se actualice la informacion de los datos reales de cual es la planta de personal
de la Seccional Santa Marta, que de acuerdo con la informacion suministrada por la
Unidad de Estadisticas suman 37 mientras que la Direccion Seccional dice que son 55
y 59 respectivamente.
3. Que me informen cuantas son realmente, las vacantes que existen en esta Direccion
Seccional, que debe ser cubiertas en provision por los empleados que estamos
Escalafonados
4. Que me informen si las 13 contrataciones provisionales sobre las cuales reclamo mis
derechos, gozan de la estabilidad laboral indefinida, tal como estan contratadas por
esta Direccion Seccional.
5. Que se haga la convocatoria de meritos, que nos asegure las garantias a los
empleados de Carrera Judicial, el acceso real a vacantes laborales, con mejores
asignaciones salariales” (Se transcribe de manera literal, incluso con posibles errores)
5.2. La Unidad de Administración de Carrera Judicial allegó los siguientes oficios con
los que dio respuesta a los cinco puntos de la petición6 :
5 Índice 0008 del aplicativo Samai, con certificado
04B22E7A949C066A 338ADEC7B8A8B005 849571AE97E26424 1AC428716CA45C9D
6 Índice 0008 del aplicativo Samai
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i) Oficio CJO25-483 del 30 de enero de 2025, remitido al correo electrónico del
accionante: ccaceres@cendoj.ramajudicial.gov.co7 mediante el cual se pronunció
frente al escrito del 13 de diciembre de 2024, en los siguientes términos:
“[…] Doy respuesta en los siguientes términos:
En primer lugar, resulta importante indicar que, la decisión sobre los nombramientos
de los empleados de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial,
corresponden a la autoridad nominadora, en este caso, al Director Seccional de
Administración Judicial de Santa Marta, sin que el Consejo Superior de la Judicatura
representado por esta Unidad tenga o pueda tener injerencia alguna.
El artículo 103 de la Ley 270 de 1996, dispone que, para el caso de los cargos de
empleados de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial, el nominador
es el respectivo Director Seccional de la Rama Judicial.
En ese sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado mediante
concepto del 31 de marzo de 2022, al resolver un conflicto de competencia,
estableció que las decisiones atinentes con nombramientos corresponden a la
autoridad nominadora, reiterando la postura adoptada en el pronunciamiento del 23
de febrero de 2022.
Lo anterior para señalar, que esta Corporación no interviene en la decisión que
deben adoptar los nominadores al momento de la designación o nombramiento, y
lo concerniente a las situaciones administrativas de los servidores judiciales,
cualquiera sea la naturaleza de su vinculación.
De igual manera, resulta importante indicar que la provisión de cargos en la Rama
Judicial es un proceso reglado. A su turno, el artículo 167 de la Ley Estatutaria de
Administración de Justicia, define que corresponde a la entidad nominadora realizar
los respectivos nombramientos conforme a las formas legalmente previstas en el
artículo 132 ibidem.
Tales lineamientos normativos, dejan en claro que la provisión de los cargos en la
Rama Judicial, no corresponden a las facultades o competencias asignadas a los
Consejos Seccionales de la Judicatura y el Consejo Superior de la Judicatura.
El Consejo Superior de la Judicatura, a través de esta Unidad y los consejos
seccionales de la judicatura, tienen a su cargo la administración de la carrera
judicial, que involucra la convocatoria al concurso de méritos, esto es, el concurso,
la conformación de los registros nacionales de elegibles y la elaboración de las listas
de candidatos del ámbito de su competencia, pero no intervienen en el
nombramiento y posesión de quienes ocuparán los diferentes cargos a proveer,
tanto en carrera como en provisionalidad, por ser este un acto propio de cada
autoridad nominadora.
En ese orden, referente a las vacancias temporales y definitivas de cargos de la
Rama Judicial, debe señalarse que quienes tienen la potestad de realizar los
nombramientos en carrera, son los respectivos nominadores de conformidad con el
artículo 131 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia; por lo tanto, el
Consejo Superior de la Judicatura no es competente frente al asunto.
Así mismo, la Ley Estatutaria de Administración Judicial, en el numeral 1° del
artículo 101 le otorgó a los consejos seccionales de la judicatura la función de
administrar la carrera judicial en su distrito, por tanto, lo que tiene que ver con los
7 Revisado el escrito de solicitud de amparo constitucional, la Sala advierte que esta dirección
electrónica fue informada por el actor para efectos de notificaciones.
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procesos de selección a nivel seccional le corresponde al respectivo consejo
seccional de la judicatura.
En consonancia con lo anterior, la función que cumple la Unidad de Administración
de la Carrera Judicial en los concursos de méritos de empleados a cargo de los
consejos seccionales de la judicatura es de coordinación y apoyo, y ya en la etapa
final, resolver los recursos de apelación que se interponen contra los registros
seccionales de elegibles.
Por lo anterior, mediante Oficio CJO25-480 de 30 de enero de 2025, se dio traslado
de su consulta por competencia a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Santa Marta.
Adicionalmente, a través de Oficio CJO25-481 de 30 enero de 2025, se dio traslado
de los numerales 1 y 5 de su consulta por competencia al Consejo Seccional de la
Judicatura de Magdalena.
Finalmente, respecto de los numerales 2 y 3 de la consulta, se informa que como se le
indicó anteriormente en el Oficio CJO24-1869 de 12 de abril de 2024, esta Unidad no
cuenta con la información solicitada, por lo tanto, mediante Oficio CJO25-479 de 30 de
enero de 2025, se dio traslado por competencia a la Unidad de Desarrollo y Análisis
Estadístico” (Se transcribe de manera literal, incluso con posibles errores)
La constancia se remisión demuestra que, como archivos adjuntos al mensaje de
datos, se incluyeron los tres oficios identificados en la comunicación CJO25-483.
ii) Oficio CJO25-479 del 30 de enero de 2025, con el que se remitió por competencia
la petición a la Unidad de Desarrollo y Análisis Financiero, para dar respuesta a los
puntos 2 y 3.
iii) Oficio CJO25-480 del 30 de enero de 2025, con el que se corrió traslado a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta “de la
consulta realizada por Carlos Efrén Cáceres, referente a la planta de personal de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional de Santa Marta. Lo anterior
conforme a lo señalado en el artículo 103 de la Ley Estatutaria de Administración de
Justicia, para el correspondiente trámite”
iv) Oficio CJO25-481 del 30 de enero de 2025 dirigido al presidente del Consejo
Seccional de la Judicatura de Santa Marta, con el cual se corrió traslado “de la consulta
presentada por el señor Carlos Efrén Cáceres, referente al cumplimiento a las
disposiciones legales para la provisión de empleos de carrera por vacancia de 13
cargos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Seccional de Santa Marta
y la creación de una nueva convocatoria para esos cargos”.
5.3. De conformidad con lo previsto en la jurisprudencia constitucional, la carencia
actual de objeto es el fenómeno procesal que se presenta cuando la acción de tutela
pierde “su razón de ser” debido a la “alteración o el desaparecimiento de las
circunstancias que dieron origen a la presunta vulneración de los derechos”8. Esto
implica que cualquier orden del juez caería en el vacío9. Al respecto, la Corte ha
sostenido que el juez constitucional no es “un órgano consultivo que emite conceptos
o decisiones inocuas una vez ha dejado de existir el objeto jurídico, sobre escenarios
8 Sentencia SU-522 de 2019. Igualmente, SU-655 de 2017, SU-255 de 2013 y SU-540 de 2007.
9 Sentencia SU-522 de 2019
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hipotéticos, consumados o ya superados”10. Lo anterior, teniendo en cuenta que la
acción de tutela “tiene un carácter eminentemente preventivo más no indemnizatorio”11,
de modo que la intervención del juez de tutela solo será procedente cuando sea
necesario desde un punto de vista constitucional.
Así mismo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el hecho superado se
presenta cuando “aquello que se pretendía lograr mediante la orden del juez de tutela
ha acaecido antes de que el mismo diera orden alguna”12. En criterio de la Corte, este
supuesto “se configura cuando la pretensión de la acción de tutela se cumple antes
de que se profiera una orden de amparo y por la actuación voluntaria de los
accionados dentro del proceso. Es importante indicar que esta alternativa puede
presentarse hasta antes del fallo en sede de revisión ante la Corte Constitucional” 13
En estos casos, el juez debe verificar que “(i) efectivamente se ha satisfecho por
completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela; (ii) y que la entidad
demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu proprio, es decir,
voluntariamente” 14
5.4. La Sala recuerda que las pretensiones de la acción de tutela tienen por objeto que
la Unidad de Administración de Carrera Judicial brinde una respuesta a la petición que
Carlos Efrén Cáceres remitió vía correo electrónico el 13 de diciembre de 2024.
En ese orden, las actuaciones relacionadas en precedencia demuestran que la
autoridad accionada se pronunció sobre sobre el punto 4 del escrito, e informó al
accionante que, a través de los oficios CJO25-479, CJO25-480 y CJO25-481, corrió
traslado a las autoridades competentes para resolver lo solicitado en los numerales 1,
2, 3 y 5. Aunado a esto, allegó la prueba de haber remitido el oficio CJO25-48315 del
30 de enero de 2025, al buzón de notificaciones del accionante.
En consecuencia, se advierte la ocurrencia de un hecho superado, en la medida que
la actuación se presentó después de la interposición de la acción de tutela y antes de
que se profiriera fallo de primera instancia, lo que implica que desparecieron las
circunstancias en las que se sustentó la vulneración de la garantía fundamental de la
parte actora, por lo que la solicitud de amparo ha perdido su razón de ser como
mecanismo extraordinario de protección judicial, y cualquier orden que profiera el juez
de tutela resultaría inane.
Por lo anterior, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela por carencia
actual de objeto por hecho superado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
FALLA
10 Sentencia SU-255 de 2013
11 Sentencia SU-522 de 2019.
12 Sentencias T-242 de 2016, T-170 de 2009, T-1130 de 2008, T-1090 de 2005 y T-630 de 2005.
13 Sentencia SU-522 de 2019.
14 Sentencia SU-522 de 2019.
15 Obra en el aplicativo SAMAI, en el índice 14, en el certificado B3DE0ECC7C1D9C60 5782775E5CA58B1D
62746C0EE750442D B0387019C90BDCD3.
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Accionante: Carlos Efrén Cáceres
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida Carlos Efrén
Cáceres en contra de la Unidad de Administración de Carrera Judicial, por carencia
actual de objeto por hecho superado, en atención a lo consignado en la parte motiva
de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.
TERCERO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS
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