Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00035-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00035-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00035-00
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
6 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00035-00
Accionante: Asociación Zonal Consejo de Autoridades Tradicionales
Indígenas de Tradición Autóctona – AZCAITA
Accionados: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y otros.
Tema: Acción de tutela contra el proceso de contratación pública núm.
CV-PC-004-2024SEN desarrollado por el Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar – ICBF, para la ejecución de programas
de atención a la primera infancia, en su zona 566 “de modalidad
propia e intercultural”, localizada en el departamento de
Amazonas.
Decisión: Niega las pretensiones de la acción de tutela.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción
de tutela interpuesta por la Asociación Zonal Consejo de Autoridades
Tradicionales Indígenas de Tradición Autóctona – AZCAITA, actuando por
conducto de su representante legal, contra el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar en adelante ICBF, la Presidencia de la República, el Ministerio de la
Igualdad y la Equidad y la Procuraduría General de la Nación , por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas indígenas a la
igualdad, participación, debido proceso, educación y alimentación diferencial
ocurrida con ocasión de la contratación pública núm. CV-PC-004-2024SEN para
la ejecución de programas de atención a la primera infancia en la zona 566 del
Amazonas.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos
Del escrito de tutela y del expediente se infiere que, en el mes de noviembre de
2024, el ICBF, en ejercicio de sus actividades misionales, inició los trámites
contractuales correspondientes a la invitación pública núm. CV-PC-004-
2024SEN1, para lo cual estableció el siguiente cronograma2:
ACTIVIDAD CRONOGRAMA LUGAR
PUBLICACIÓN DEL BORRADOR 07 de noviembre de 2024 Sistema Electrónico para la
DE LA INVITACIÓN PÚBLICA Contratación Pública – SECOP II.
1 Cuyo objeto se definió en: “Prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a
la primera infancia de conformidad con los manuales técnicos, guías operativas para la atención a la primera
infancia y los lineamientos establecidos por el ICBF, en armonía con la política de Estado para el desarrollo
integral de la primera infancia de “Cero a Siempre”.
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PLAZO PARA PRESENTAR 13 de noviembre de 2024 Sistema Electrónico para la
OBSERVACIONES AL BORRADOR Contratación Pública – SECOP II.
DE LA INVITACIÓN PÚBLICA
RESPUESTA A OBSERVACIONES 26 de noviembre de 2024 Sistema Electrónico para la
Y PUBLICACIÓN DE LA Contratación Pública – SECOP II.
INVITACIÓN PÚBLICA DEFINITIVA
PUBLICACIÓN DE ADENDAS 28 de noviembre de 2024 Sistema Electrónico para la
Contratación Pública – SECOP II.
PLAZO FINAL PARA LA ENTREGA 2 de diciembre de 2024 Hora 11:00 Sistema Electrónico para la
DE OFERTAS a.m. Contratación Pública – SECOP II.
PUBLICACIÓN INFORME 12 de diciembre de 2024 Sistema Electrónico para la
CONSOLIDACIÓN DE OFERTAS E Contratación Pública – SECOP II.
INFORME DE VERIFICACIÓN DE
LOS REQUISITOS HABILITANTES
Y PONDERABLES
PLAZO PARA PRESENTAR 16 de diciembre de 2024 Sistema Electrónico para la
OBSERVACIONES A LA Contratación Pública – SECOP II.
PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE
CONSOLIDACIÓN Y AL INFORME
DE VERIFICACIÓN DE LOS
REQUISITOS HABILITANTES Y
PONDERABLES Y PLAZO PARA
PRESENTAR SUBSANACIONES
LOTE 1
PUBLICACIÓN DE RESPUESTA A 23 de diciembre de 2024 Sistema Electrónico para la
LAS OBSERVACIONES Contratación Pública – SECOP II.
REALIZADAS AL LISTADO DE
CONSOLIDACIÓN Y AL INFORME
DE VERIFICACIÓN DE LOS
REQUISITOS HABILITANTES Y
PONDERABLES. Y PUBLICACIÓN
DEL INFORME FINAL LOTE 1
PUBLICACIÓN INFORME 30 de diciembre de 2024 Sistema Electrónico para la
CONSOLIDACIÓN DE OFERTAS E Contratación Pública – SECOP II
INFORME DE VERIFICACIÓN DE
LOS REQUISITOS HABILITANTES
Y PONDERABLES. LOTE 2
“(…)”
Por las características de la invitación pública, al ser de carácter nacional quedó
dividida en dos lotes, que a su vez fueron segmentados en zonas, y se estableció
que los instrumentos contractuales resultantes del proceso de selección serían
contratos de aporte.
La parte actora sostuvo que la zona 566 “de modalidad propia e intercultural” que
abarca sus territorios, fue cargada al SECOP II para su adjudicación en la referida
convocatoria, sin que ello se hubiera concertado con antelación con la comunidad
indígena, desatendiendo en su sentir, el derecho que tienen a la consulta previa
y a la participación en la toma de decisiones al respecto.
Manifestó que al permitir la participación de entidades externas a las
comunidades indígenas se vulneraban sus derechos, pues con ello se impactaba
el manejo de los recursos propios de estas comunidades, su gobierno,
tradiciones y cultura.
Finalmente, indicó que debido a los problemas de conectividad de la zona no
habían tenido conocimiento de la convocatoria y sus resultados y que, por otro
lado, los tiempos establecidos para presentar algún reparo respecto a la
invitación pública eran muy cortos, por lo que solicitaron la suspensión del
proceso de adjudicación de la zona 566 y que la contratación de esta se realizara
de forma directa y de común acuerdo con esa comunidad.
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2.2. Fundamento jurídico
La parte actora planteó entre sus fundamentos, que el derecho a la consulta
previa es un elemento esencial reconocido por la Convención 169 de la OIT, la
Constitución de 1991 y la Ley 21 de 1991, que garantiza que los pueblos
indígenas participen activamente en las decisiones que impactan sus territorios,
cultura y recursos.
Indicó que este marco normativo exige que se respete su autonomía y
organización, pero se limitó a enunciar este derecho de manera general sin
explicar cómo fue vulnerado específicamente en el caso de la zona 566 y el
proceso contractual objeto de estudio.
Asimismo, expuso que la Constitución y la Ley 70 de 1993 reconocen la
autonomía de los pueblos indígenas para administrar recursos y tomar
decisiones, y que el Plan Nacional de Desarrollo demanda de su consentimiento
en los procesos que los afecten, pero el actor no desarrolló el cómo, estas
disposiciones se aplican directamente a las actuaciones del ICBF o al impacto
real en sus territorios y gobernanza en el caso concreto.
Por último, manifestó que las resoluciones del ICBF destacan la necesidad de
preservar la pertinencia cultural mediante el trabajo con equipos avalados por las
comunidades, pero el actor se limitó a señalar estas directrices sin profundizar ni
conectar su argumentación a los hechos específicos del proceso contractual que
alegó, lesiona sus derechos.
2.3. Pretensiones
Con fundamento en lo anterior, señaló lo siguiente:
«PRIMERO: Suspensión del proceso de adjudicación de la Zona 566 de
la convocatoria N° CV-PC-004-2024SEN, dado que se ha vulnerado el
derecho a la consulta previa, a la autonomía y a la participación de las
comunidades indígenas en la gestión de sus recursos.
SEGUNDO: Ordenar que el proceso de contratación en esta zona se
realice con el consenso de las comunidades indígenas, respetando el
derecho a la autonomía y los principios establecidos en la normativa
nacional e internacional. Aplicar la modalidad de CONTRATACIÓN
DIRECTA, como lo contempla EL MANUAL DE CONTRATACIÓN DEL
ICBF pág. 34 y lo establece el artículo 6 del mismo. RÉGIMEN DE
APORTE ESPECIAL.
TERCERO: Vinculación de las siguientes entidades:
Procuraduría General de la Nación: en este proceso, dada la relevancia
de los derechos constitucionales e internacionales involucrados en esta
acción y la necesidad de protección de los derechos fundamentales de
los pueblos indígenas.
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Ministerio de la Igualdad: La vinculación en el presente proceso de tutela
del Ministerio de la Igualdad, dada la relevancia de sus funciones en la
promoción de los derechos de los pueblos indígenas y la protección de la
igualdad de género, especialmente en el contexto de la participación y
autonomía de las comunidades indígenas en los procesos de
contratación.
Presidencia de la República: La vinculación en el presente proceso de
tutela de la Presidencia de la República, dada su responsabilidad en la
implementación de políticas públicas y el cumplimiento de los
compromisos internacionales en materia de derechos humanos,
especialmente los vinculados al respeto y fortalecimiento de los derechos
de los pueblos indígenas». (Sic en toda la cita).
2.4. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida mediante auto del 3 de febrero de 20253, a través
del cual se ordenó notificar como accionados a la Presidencia de la República, al
Ministerio de la Igualdad, a la Procuraduría General de la Nación y al Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y como terceros interesados en el resultado
del proceso a los participantes de la invitación pública núm. CV-PC-004-
2024SEN para la ejecución de programas de atención a la primera infancia en la
zona 566 del Amazonas. Asimismo, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su competencia y no se decretó la medida
provisional solicitada por la parte actora.
2.4.1. La Procuraduría General de la Nación4 a través de su profesional
universitaria de la Procuraduría Regional de Instrucción de Amazonas, quien
actúa en virtud de poder especial conferido por el jefe de la Oficina Jurídica (e)
de la Procuraduría General de la Nación, solicitó ser desvinculada de la acción
por falta de legitimación en la causa por pasiva al no tener ninguna injerencia en
el proceso contractual y en consideración a que además el actor no elevó ninguna
solicitud ante esa entidad.
2.4.2. La Presidencia de la República a través de su coordinadora del grupo
gerencia de defensa judicial solicitó ser desvinculada de la acción al no estar
legitimada en la causa por pasiva, así como declararla improcedente con relación
a esa entidad por no haber trasgredido ningún derecho fundamental de la parte
actora, aunado a negar las pretensiones del amparo con respecto a esta.
Indicó que dio trámite a una solicitud de la parte actora relacionada con el
presente asunto registrada como: “(...) Derecho de petición zona No. 566 ofertada
en SECOP II para contratación vigencia 2025, (...)” radicada bajo el núm. EXT25-
00005877 del cual no dio fecha y le respondió mediante el oficio núm. OFI25-
00008295 / GFPU 13150001 del 24 de enero de 2025 indicándole que remitía
por competencia su solicitud al Ministerio del Interior, lo cual hizo mediante el
oficio núm. OFI25-00008303 de la fecha referida.
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2.4.3. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, a través del jefe
(e) de la oficina asesora jurídica indicó que la invitación pública No. CV-PC-004-
2024SEN no constituye un proceso contractual sujeto a la Ley 80 de 1993, ya
que se encuentra dentro de un régimen especial que permite contrataciones
directas en los términos del artículo 122 del Decreto Ley 2150 de 1995.
Sostuvo que el proceso busca seleccionar objetivamente a más de 2000
operadores del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (SNBF) para garantizar
la atención integral a la primera infancia en todo el país, sin que ello implique la
adjudicación de derechos contractuales en esta etapa.
Señaló que, aunque el ICBF realiza una concertación para adaptar el servicio a
las tradiciones y cosmovisiones de las comunidades beneficiarias, no está
obligado a consensuar la selección del contratista con estas comunidades y que,
según la Corte Constitucional, la elección del operador no genera una afectación
directa en la identidad cultural, ya que se pueden garantizar tradiciones
alimentarias y enfoques etnoeducativos incluso con operadores que no
pertenezcan a las comunidades indígenas, siempre que cumplan los requisitos
legales y los estándares exigidos por el ICBF, por lo que la consulta previa no
aplica en este caso.
Afirmó que la convocatoria CV-PC-004-2024SEN, realizada a través de SECOP
II, garantizó la transparencia y objetividad del proceso pues permitió la
participación de una amplia gama de interesados, entre los cuales también
estaban las comunidades indígenas.
Recordó además que la contratación directa, amparada por el artículo 122 del
Decreto Ley 2150 de 1995, responde al interés general y no está sujeta a los
intereses particulares de los beneficiarios, respetando principios de selección
objetiva y gestión administrativa.
2.4.4. El Ministerio de la Igualdad y Equidad guardó silencio.
2.4.5. No se rindieron más informes.
3. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.
3.2. Cuestión previa
De conformidad con el artículo 86 de la constitución política y el artículo 1.° del
Decreto 2591 de 1991 la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
de manera excepcional, contra particulares.
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Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que la legitimación en la causa
por pasiva en sede de tutela se refiere «a la aptitud legal de la persona contra
quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental». 5
Sobre el particular, se tiene que la Presidencia de la República y la Procuraduría
General de la Nación solicitaron que se declare la falta de legitimación en la causa
por pasiva por inexistencia de un nexo de causalidad entre la presunta
vulneración de derechos fundamentales invocados en protección y dichas
entidades.
Sea del caso señalar que la acción de tutela se dirige entre otras, en contra de la
Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación, entidades
con interés directo en las resuelta del proceso, razón por la que, por auto del 03
de febrero de 2025, se ordenó su vinculación al presente asunto con la finalidad
de garantizar su derecho de defensa.
Así las cosas, la Sala procederá a negar las solicitudes de desvinculación por
falta de legitimación en la causa por pasiva, de conformidad con las
consideraciones anteriormente expuestas.
De otra parte, en el escrito de oposición a la tutela la Presidencia de la República
señala que dio trámite al derecho de petición radicado por la parte actora bajo el
núm. EXT25-00005877, solicitud de la cual corrió traslado por competencia al
Ministerio del Interior mediante oficio núm. OFI25-00008303 del 24 de enero de
2025, no obstante lo anterior, en el presente asunto la parte actora no cuestionó
la vulneración a su derecho fundamental de petición, por lo que sobre el particular
la Sala de decisión no efectuará pronunciamiento.
3.3. Problema jurídico
El problema jurídico se centra en resolver si el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar-ICBF vulneró los derechos fundamentales de los niños y niñas indígenas
a la igualdad, participación, debido proceso, educación y alimentación diferencial
al incluir la zona 566 "de modalidad propia e intercultural" del Amazonas en la
invitación pública CV-PC-004-2024SEN y no realizar con antelación la consulta
previa sobre el particular con la comunidad indígena de esta zona.
Asimismo, se deberá determinar si la Presidencia de la República, el Ministerio
de la Igualdad y la Equidad y la Procuraduría General de la Nación incurrieron
con sus actuaciones en una trasgresión ius fundamental con respecto a la parte
accionante.
3.4. Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1. ° del Decreto 2591 de 1991,
reglamentario del artículo 86. ° de la Constitución Política, «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
5 Sentencia T-1051 de 2006, MP. Álvaro Tafur Galvis.
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en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección inmediata,
oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o vulneración, de los
derechos fundamentales, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o
de los particulares en casos concretos y excepcionales.
3.4.1. De la Consulta Previa
La consulta previa es un derecho de participación fundamental para proteger la
integridad étnica de los grupos de protección especial. Su principal fundamento
es el Convenio 169 de la Organización Internacional del trabajo (OIT), el cual
trata sobre los principales derechos de los pueblos indígenas o tribales (en el
caso colombiano las comunidades negras, afrocolombianas, raizales,
palenqueras y Rom); entre ellos, el derecho a ser consultados.
En Colombia este convenio está ratificado mediante la Ley 21 de 1991 y
Colombia es uno de los 24 países que ha ratificado dicho convenio, siendo el
único país, junto a Nicaragua, que consulta comunidades tribales (negras, afro,
palenqueros y rom).
La Corte Constitucional ha indicado que si bien el Convenio 169 de la OIT no
determinó un procedimiento específico para realizar la consulta, este tendrá que
ser analizado por el juez según las condiciones de cada grupo que la solicita,
precisamente por las características de cada una de las comunidades indígenas,
pues el procedimiento a desarrollar debe tener en cuenta las costumbres, ya que
debe acoplarse a las particularidades de estos, por lo que no existen parámetros
únicos para desarrollar y agotar la consulta6.
En ese entendido, no toda actividad en los territorios indígenas requiere consulta
previa, especialmente si su impacto es positivo y no altera su cultura o territorio.
En esas condiciones, frente al postulado de la afectación directa, el Convenio 169
de la OIT ha determinado expresamente algunas situaciones que requieren de la
consulta previa:
i) Aquellas medidas que involucren la prospección o explotación de recursos
naturales en las tierras de los pueblos indígenas (artículo 15 del Convenio) ii) Las
medidas que impliquen trasladar o reubicar a esas colectividades de las tierras
que ocupan (artículo 16 del Convenio).7. iii) Las decisiones relativas a su
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejero ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés, sentencia del 8 de marzo de 2018, rad: 13001-23-33-000-2017-
00677-01 (AC)
7
Corte Constitucional, Sentencia T-795 de 2013, magistrado ponente: Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
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capacidad para la enajenación de sus tierras (artículo 17 del Convenio). iv) Las
medidas relacionadas con la organización y el funcionamiento de programas
especiales de formación profesional (artículo 22 del Convenio) v) La
determinación de las condiciones mínimas para crear instituciones de educación
y autogobierno (artículo 27 numeral 1º del Convenio) vi) Las medidas
relacionadas con la enseñanza y la conservación de la lengua (Artículo 28 del
Convenio).
A pesar de lo anterior, se han construido también criterios para identificar una
vulneración directa de grupos étnicos, los cuales se exponen en la sentencia C-
175 del 18 de marzo del 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, en los siguientes
términos:
“(i) Se debe consultar cuando la materia del proyecto está relacionada con
aspectos que tienen una vinculación intrínseca con la definición de la identidad
étnica de dichos grupos. (ii) Para acreditar la exigencia de la consulta previa,
debe determinase si la materia de la medida legislativa tiene un vínculo necesario
con la definición del ethos de las comunidades indígenas y afrodescendientes.
(…) (iii) Aquellas políticas que en razón de su contenido o implicaciones
interfieran directamente con los intereses de las comunidades diferenciadas”.
3.4.2. «Procedencia de la consulta previa y el concepto de afectación directa8
La jurisprudencia constitucional, en armonía con el derecho internacional, ha
definido la afectación directa como el impacto positivo o negativo que puede tener
una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales
que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad
étnica. Procede entonces la consulta previa cuando existe evidencia razonable de
que una medida es susceptible de afectar directamente a un pueblo indígena o a
una comunidad afro descendiente. “(…)”
7.3. La Corte ha explicado que, entre otros, existe afectación directa a las minorías
étnicas cuando: (i) se perturban las estructuras sociales, espirituales, culturales, en
salud y ocupacionales; (ii) existe un impacto sobre las fuentes de sustento ubicadas
dentro del territorio de la minoría étnica; (iii) se imposibilita realizar los oficios de los
que se deriva el sustento y (iv) se produce un reasentamiento de la comunidad en
otro lugar distinto a su territorio. Igualmente, según la jurisprudencia, la consulta
previa también procede (v) cuando una política, plan o proyecto recaiga sobre
cualquiera de los derechos de los pueblos indígenas o tribales; (vi) cuando la
medida se oriente a desarrollar el Convenio 169 de la OIT; (vii) asimismo si se
imponen cargas o atribuyen beneficios a una comunidad, de tal manera que
modifiquen su situación o posición jurídica; (viii) o por la interferencia en los
elementos definitorios de la identidad o cultura del pueblo concernido. »
8
Corte Constitucional, Sentencia SU-123 de 2018
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3.4.3.- Análisis del caso concreto
La Sala de entrada advierte que negará los derechos fundamentales invocados
a través de la presente acción de tutela presentada contra el proceso contractual
denominado: “invitación pública CV-PC-004-2024SEN” sobre la cual el actor
adujo que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar incumplió su deber de
realizar la consulta previa con la comunidad indígena de la zona 566 del
departamento de Amazonas, por las razones que pasa a explicarse:
Como se manifestó en precedencia, la inconformidad de la parte accionante
radica en que no fue realizada la consulta previa para desarrollar el referido
proceso contractual cuyo objeto es: “Prestar los servicios de educación inicial en
el marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los
manuales técnicos, guías operativas para la atención a la primera infancia y los
lineamientos establecidos por el ICBF, en armonía con la política de Estado para
el desarrollo integral de la primera infancia de “Cero a Siempre”.
No obstante, pese a la normativa invocada por la parte actora y la presunta
vulneración ius fundamental alegada, se concluye que el desconcierto real del
actor estuvo orientado específicamente a la escogencia del operador que
posiblemente desarrollará el contrato de aporte en la zona 566, manifestando
abiertamente su deseo de ser contratista directo.
Argumentó que con la adjudicación del contrato a entidades que no pertenecen
al territorio, que no cuentan con el aval de esa comunidad, y que en su sentir no
respetan su gobierno propio, se generaría un daño irreparable a sus costumbres,
derechos culturales y autonomía, pero no especificó claramente el cómo y el por
qué ello produciría una trasgresión efectiva de los derechos fundamentales que
invocó.
Así las cosas, es pertinente verificar los planteamientos de la Corte Constitucional
en escenarios de características similares al que nos ocupa. En ese sentido la
Sentencia T-466 de 20169 de la Sala Tercera de Revisión determinó lo siguiente:
“respecto de la exigencia de la comunidad Wayúu de que los prestadores del
servicio de salud sean de su misma comunidad, que lo más importante es “…
la realización del interés superior del menor de edad, que se garantiza
asegurando que el prestador del servicio sea el más capacitado y permita
maximizar los recursos económicos disponibles para la atención. Esto no
obsta para que los contratantes aseguren la compatibilidad más cercana posible
de los servicios prestados con los usos y costumbres de la comunidad, sin que
ello obligue a que sean estas las encargadas directas del servicio. Se
reitera que lo más importante en este escenario es que se asegure el
cumplimiento eficiente las metas de los planes, programas, proyectos, y
estrategias, lo que obliga a la selección del contratista más calificado para la
provisión de los servicios, sin que sea un factor decisivo su origen étnico,
por lo cual, las políticas que se implementen de forma inmediata deberán
orientarse a que sea el ICBF o la autoridad del Estado competente, la que
proceda a escoger el operador o prestador del servicio más calificado, de
9
Corte Constitucional, Sentencia T-466 de 2016, M.P. Alejandro Linares Cantillo
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forma tal que se pueda realizar una verdadera vigilancia y control por parte de
dichas autoridades en la ejecución contractual”. (Negrillas de la Sala)
Por otro lado, en la Sentencia T-475 de 201610, la misma Sala consideró que:
“es necesario probar que la acción presuntamente vulneradora esté
efectivamente poniendo en peligro la preservación e identidad del pueblo
o de la comunidad en cuestión. En esa medida señaló, “la consulta previa es
obligatoria cuando (i) se adoptan medidas susceptibles de afectar pueblos
indígenas y tribales (incluyendo las comunidades negras o afro descendientes)
en su calidad de tales, y también, (ii) cuando se trata de una afectación
específica y directa, no de cualquier tipo”. Negrillas y subrayas de la Sala.
De la jurisprudencia expuesta en precedencia es viable inferir que no basta con
alegar una supuesta trasgresión ius fundamental a la comunidad indígena por la
ausencia de una consulta previa, sino que la afectación a la población al no
realizarla debe demostrarse.
Lo anterior, aunado al hecho de que cuando se trata de la prestación de este tipo
servicios a la comunidad infantil prevalece el interés de los menores de edad, a
quienes se les debe garantizar que el prestador sea el más idóneo,
independientemente de su origen étnico, siempre y cuando se preserven las
tradiciones y los valores culturales de la comunidad y, por otro lado, se atienda
el deber del Estado de actuar con mayor determinación, teniendo en cuenta que
han sido históricamente marginados y afectados por condiciones de pobreza,
dejando claro además que no es obligatorio que la contratación sea realizada con
una persona de la comunidad.
Ahora bien, al revisar el documento de la invitación pública, se encuentra lo
siguiente en relación con la posibilidad de ejercer el derecho de participación de
las comunidades indígenas, en igualdad de condiciones, no solamente en la zona
566, sino en cualquier lugar del territorio nacional en el que tiene cobertura el
proceso de selección:
“A continuación, se listan las Entidades Privadas sin ánimo de lucro del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que podrán presentar oferta dentro del presente
proceso administrativo:
Por lo tanto, podrán participar y presentar oferta11 los siguientes tipos de
organizaciones:
1. Asociaciones y cooperativas de padres y madres comunitarias o asociaciones
o cooperativas de Hogares Comunitarios de Bienestar – HCB. “(…)”. 3. Grupos
Étnicos: Cabildos, Asociaciones de Cabildos, Autoridades Tradicionales
indígenas, Consejos Indígenas, Asociaciones de Autoridades Ancestrales,
Autoridades de Resguardos; Organizaciones de Base de poblaciones
Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, Rom o Gitano,
Kuagros, Kumpainas, Kumpañy, Consejos comunitarios, o asociaciones
de Consejos Comunitarios, legalmente reconocidos y con capacidad de
contratación. “(…)”.” Negrillas y subrayas de la Sala
10 Corte Constitucional, Sentencia T-475 de 2016
11 Índice 24 del aplicativo SAMAI
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00035-00
Accionante: Asociación Zonal Consejo de Autoridades
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Adicionalmente a lo expuesto, la invitación pública en su capítulo V
correspondiente a los criterios de selección otorga el puntaje más alto a los
oferentes que tengan experiencia en los municipios de la zona de la oferta y del
departamento de la zona de la oferta, así como la experiencia territorial del talento
humano, privilegiando de esta manera a posibles proponentes de la zona 566
como la parte actora, sobre los posibles ofertantes foráneos.
Conforme a lo anterior, es indiscutible que la posibilidad de que la asociación
accionante se integrara al proceso de selección estaba abierta, por lo que debe
recordarse que el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II es una
plataforma transaccional diseñada para gestionar de manera transparente y
eficiente los procesos de contratación pública en Colombia, no obstante se
evidencia que la parte actora no lo utilizó para participar y plantear los reparos
que tenía respecto a la invitación pública referida.
En ese entendido, las observaciones al proceso de selección pueden ser de tipo
jurídico, financiero y económico, y constituyen un derecho que tiene las personas
para oponerse a cualquier irregularidad dentro de este, siendo un deber de la
entidad estatal responder a las mismas de manera oportuna dentro de los plazos
que los términos de la invitación pública o el pliego de condiciones estipulen para
tal fin. Por lo anterior, no puede perderse de vista que la respuesta a estas
observaciones tiene un carácter vinculante para la administración y pueden
cambiar radicalmente el curso de un proceso.
Tal es la importancia de las estipulaciones del pliego de condiciones, que la
jurisprudencia coincide en que son ley para las partes, por lo que también pueden
ser objeto de adendas, que son actos administrativos que aclaran y/o modifican
los términos de referencia de los mecanismos de operación aplicables. Estos,
normalmente se adicionan al pliego cuando los oferentes o los actores
interesados ejercen su derecho legal para presentar observaciones.
Así las cosas, se le recuerda a la parte accionante, toda vez que se evidenció
que ya había participado12 con antelación en procesos de selección y
contractuales con el ICBF y otras entidades a lo que se suma que está registrado
en la plataforma de SECOP II, que aunque no actuara en calidad de oferente,
pudo haber ingresado al proceso en la plataforma para revisar los términos de
referencia, cronograma y demás documentos publicados, y presentar las
observaciones o cuestionamientos respecto a las irregularidades o vulneraciones
de derechos que identificara, incluida la referente a la consulta previa, pero de
acuerdo con las pruebas obrantes en el expediente, no se advierte que lo haya
hecho.
Ahora bien, los plazos específicos para presentar estas observaciones y
solicitudes de subsanación constituyen espacios diseñados para efectivizar los
principios de publicidad e igualdad y garantizar la transparencia y la participación
12 https://www.icbf.gov.co/system/files/azcaita_-_actualiza_liquidacion.pdf
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de todos los ciudadanos, lo que, a todas luces, es una medida preliminar para
defender sus derechos, pero no se evidenció que la haya ejercitado.
En ese entendido, la ausencia de intervención oportuna en los procedimientos
enunciados no puede suplirse mediante la acción tutela, pues ello desvirtuaría el
carácter excepcional de este amparo constitucional, ni mucho menos
endilgársele a las entidades accionadas el hecho de no haber utilizado los
recursos disponibles para participar en el proceso o censurarlo.
En todo caso, pese a los problemas de conectividad reportados por el actor, de
los que no presentó prueba alguna, es necesario recordarle que para su futura
participación en procesos de contratación es necesario que comunique de
manera oportuna esta situación a la entidad con la que pretenda gestionar estos
procesos para solicitar ajustes en el cronograma o requerir que se le indiquen las
directrices para la utilización de otros métodos alternativos de participación.
Aunado a lo anterior, es pertinente indicarle que el SECOP II no es el único medio
para obtener información sobre procesos de contratación pública pues
normalmente existen otras publicaciones oficiales, avisos en las entidades
territoriales y comunicaciones directas con las comunidades involucradas e
incluso la parte actora pudo haber solicitado dicha información directamente, en
las oficinas locales del ICBF, máxime cuando se evidencia que la parte actora
fue contratista de esa entidad.
En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que de acuerdo con lo expuesto por
el ICBF no se ha adjudicado ningún contrato, no se vislumbra en este momento
la urgencia o inminencia del amparo ni se advierte la existencia de un perjuicio
irremediable.
En todo caso, esta Sala colige, que la prestación de servicios de educación inicial
objeto del proceso contractual estudiado, es de interés general y beneficia a un
amplio sector de la población, incluyendo a las comunidades indígenas.
Asimismo, concluye que la contratación a través de SECOP y la selección de
operadores bajo el régimen de contrato de aporte garantiza la eficiencia,
cobertura, calidad y transparencia en la prestación de estos servicios, lo que no
permite concluir que en este asunto exista una trasgresión de derechos
fundamentales.
Así las cosas, aunque la consulta previa es un derecho fundamental de las
comunidades indígenas, no se evidenció, más allá del sentir de la parte actora y
su deseo de que se le adjudique un contrato de forma directa, que la selección
de operadores externos constituya una afectación directa a la identidad cultural
de las comunidades referidas, o les genere un perjuicio irremediable, pues la
Corte Constitucional indicó que el enfoque etnoeducativo y las tradiciones
pueden ser garantizados por estos, mientras se respeten las tradiciones y
cosmovisiones de estas comunidades y continúen realizándose los procesos de
concertación sobre los alcances de su intervención, tal como lo ha hecho el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF.
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De otro lado, con respecto a la Presidencia de la República, la Procuraduría
General de la Nación quienes solicitaron ser desvinculadas de la presente acción,
no se aceptará la desvinculación de estas por las razones expuestas en el acápite
3.2. “cuestión previa”, y no se advierte que hayan trasgredido los derechos
fundamentales de la parte actora.
Por lo expuesto en precedencia, la Sala negará los derechos fundamentales
invocados.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Negar las solicitudes de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva propuesta por la Presidencia de la República y a la Procuraduría
General de la Nación, por las razones expuestas en esta providencia.
Segundo: Negar la acción de tutela presentada por la Asociación Zonal Consejo
de Autoridades Tradicionales Indígenas de Tradición Autóctona – AZCAITA, en
contra del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF, la Presidencia de la
República, el Ministerio de la Igualdad y la Equidad y la Procuraduría General de
la Nación por las razones expuestas en la parte motiva de la presente
providencia.
Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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