RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00036-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00036-00

Fecha
27 de marzo de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00036-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por los actores contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2025-00036-00

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

27 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros1
Demandados: Tribunal Administrativo de Córdoba y otro2

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Acceso a la administración de justicia,
ii) igualdad y iii) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Natalia Johana Jiménez Munzon,
quien actúa en nombre propio y en representación legal de la menor de 18 años
de edad LDGJ3, y otros4 contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de
Montería.

1Cfr. índice núm. 2 de SAMAI. Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado
en forma digital.
2 Idem pie de página núm. 1 supra.
3 Este Despacho adopta como medida de protección del derecho a la intimidad de la menor de 18 años
relacionada en este proceso la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus
nombres serán reemplazados por las siguientes iniciales LDGJ.
4 Natalia Lorena González Jiménez, Gabriel Ángel Jiménez Cohen, Ruth María Jiménez Munzon, Eleazar
David Jiménez Cohen, Donaldo José Jiménez Pérez, Denises Cecilia Jiménez Cohen e Iluminada del Carmen
Muñoz Fernández (quien actúa en nombre propio y en representación del menor de 18 años de edad IDJM –
Este Despacho adopta como medida de protección del derecho a la intimidad del menor de 18 años
relacionado en este proceso la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual, sus
nombres serán reemplazados por las siguientes iniciales IDJM).

2

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. Los actores, a través de apoderado, presentaron solicitud de tutela contra la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba y el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Montería, porque, a su juicio: i) el Tribunal, al proferir
la sentencia de 21 de junio de 2024; y ii) el Juzgado, al proferir la sentencia de 13
de mayo de 2020, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
230013333002201500518-01: vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3.Manifestaron que, se presentó demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la
Nación, con el fin de declararlas administrativamente responsables por la privación
injusta de la libertad de la cual fue víctima la señora Natalia Johana Jiménez
Munzon.

4.El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Montería mediante sentencia
del 13 de mayo de 2020 resolvió negar las pretensiones de la demanda.

5.El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante sentencia de 21 de junio de
2024, resolvió:

“[…] PRIMERO: Confirmar la Sentencia de 13 de mayo de 2020 proferida por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Montería que negó las
pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en este proveído.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia […]”.

5.1. Como fundamento de su decisión consideró que5:

“[…] La existencia de sentencia absolutoria en el proceso penal donde se impuso
una medida de aseguramiento privativa de la libertad no implica una indemnización
a favor del procesado. La condena de responsabilidad extracontractual por
privación injusta de la libertad no es objetiva y es deber del juzgador analizar las
actuaciones de los agentes del Estado al momento de imponerla conforme al
artículo 308 de la Ley 906 de 2004, esto es que exista una inferencia razonable de
autoría conforme a los elementos materiales probatorios, evidencia física e
información legalmente obtenida. De esta manera, es una carga del demandante
probar lo desproporcionado, innecesario e ilegal de la medida de aseguramiento
para que se genere el daño antijuridico necesario para obtener una condena.

En el caso que nos ocupa la señora Natalia Johana Jiménez Munzon fue capturada
en flagrancia por concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico,
fabricación y porte de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas,
porte ilegal de armas de fuego de defensa personas agravado y utilización ilícita de
equipos transmisores y receptores. La Brigada Diecisiete del Ejército Nacional
manifestó en informe ejecutivo que fueron atacados con disparos y llegaron hasta
un inmueble de la finca Santa Teresita donde se refugiaron los agresores. Los
uniformados al llegar al lugar capturaron a 17 personas e incautaron los siguientes
elementos materiales probatorios y evidencia física (Actas de audiencias visibles a
folios 58 y 59 del expediente): 1 escopeta calibre 12, 1 fusil Galil 556, 2 fusiles
AK47, 1 lanza granadas artificial, 2 revólveres Llama calibre 38 corto, 1 revólver
calibre 38 largo, 1 pistola Tauro 9 mm, 5 granadas, 1 granada de mano, 10
proveedores para pistola, 10 proveedores para fusil, munición de diferentes
calibres, 7 celulares, 10 radios Motorola, 3 radios Icom, 3 cargadores de radio,
baterías de radio, portafusiles, 2 porta proveedores, 5 porta armas corta, chalecos
multipropósito, 1 carpa y 2 carros. La Fiscalía General de la Nación con base a los
elementos incautados, el informe ejecutivo y el álbum fotográfico llevó al
convencimiento al Juez de Control de Garantías sobre la inferencia razonable de
autoría de la señora Natalia Johana Jiménez Munzon. El Juzgado Tercero Penal
del Circuito Especializado de Medellín dictó del fallo absolutorio en razón a que los
elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente
obtenida fueron insuficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. Se deja la
salvedad que debido a fallas en la cadena de custodia los elementos incautados
(armas y municiones) no se valoraron en la sentencia.

El recurrente afirma que el juez contencioso administrativo no puede tener en
cuenta la gran cantidad de armas, municiones y otros elementos incautados a fin
de justificar la no existencia del daño antijurídico, debido a que estos elementos de
prueba fueron excluidos dentro del proceso penal por irregularidades en la cadena
de custodia. Sin embargo, es válido aclarar que a pesar de que la sentencia
absolutoria valoró el tratamiento que se le hizo a las armas desde su incautación
hasta su integración al proceso penal, dicho argumento no es impedimento para
que esta Sala realice un análisis integral del caso en cuestión al momento de la
imposición de la medida de aseguramiento, del tal manera que en virtud de la sana
critica se valorará todos los elementos probatorios dentro del expediente a fin de
estudiar la legalidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida […]”.

[…]

5 Transcripción literal del texto

4

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

“[…] Como se observa la medida de aseguramiento impuesta a la señora Natalia
Johana Jiménez Munzon fue proporcional, razonable y legal, debido a que se tenía
una inferencia razonable de autoría en los delitos imputados de tal proporción que
podía soportar la carga de ser privada de la libertad conforme al artículo 308 de la
ley 906 del 2004, y como consecuencia no existió dañó antijurídico ni
responsabilidad del Estado bajo la modalidad de privación injusta de la libertad
atribuible a la Rama Judicial o a la Fiscalía General de la Nación. El concurso de
delitos imputados a la demandante sobrepasaba la pena de los 4 años, se
consideró que los capturados representaban un peligro para la sociedad y en la
posibilidad de no comparecencia al proceso por su posible vinculación a bandas
criminales. Se debe recalcar que no se vislumbra justificación alguna dentro del
escrito de la demanda ni en los audios de las audiencias preliminares que acrediten
la calidad en la que la demandante se encontraba en el inmueble, de tal manera
que no hay elementos o razones para desvirtuar la inferencia razonable de autoría
que en su momento recayó sobre los habitantes de la vivienda.

En conclusión, se comparten los argumentos del A quo en el sentido de que se
probó que la demandante estuvo privada de la libertad entre el 12 de septiembre
de 2011 hasta el 17 de marzo de 2012 (6 meses y 5 días) sin embargo, no se
sustentó ni se probó la falta de necesidad, razonabilidad y legalidad de la medida
de aseguramiento, situación que no hace posible declarar la existencia de un daño
antijurídico […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

6.Los actores solicitaron en su escrito de tutela6:

“[…] PRIMERO: Que se amparen los derechos fundamentales que los accionantes
a saber: NATALIA JOHANA JIMÉNEZ MUNZON, LAUREN DAYANA GONZÁLEZ,
NATALIA LORENA GONZALEZ JIMENEZ, GABRIEL ANGEL JIMENEZ COHEN,
ILUMINADA DEL CARMEN MUÑOZ FERNANDEZ, ISAAC DAVID JIMENEZ
MUNZON, RUTH MARIA JIMENEZ MUNZON, ELEAZAR DAVID JIMENEZ
MUNZON, DONALDO JOSE JIMENEZ PEREZ Y DENISSE CECILIA JIMENEZ
COHEN, consideran se les vulneraron o violaron, con las providencias objeto
de la presente acción de tutela, son las violaciones a: al debido proceso, al
Derecho de acceso a la administración de justicia, al respeto de los fines
constitucionales del Estado Social de Derecho, al Derecho de igualdad ante la
constitución y la ley, la protección de los demás derechos fundamentales conexos y
enunciados, el derecho de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y no
repetición. Sentencia C-588 de 2019. Artículo 68 de la ley 270 de 1996, artículo 90
de la constitución política. La anterior protección de derechos fundamentales acorde
con las razones de lo resuelto en el amparo constitucional, fruto de la presente
acción de tutela.

SEGUNDO: Que se ordene a los acionados: Juzgado Segundo administrativo oral
del circuito de Montería, que profirió la sentencia de primera instancia de fecha de
13 de mayo de 2020, que resolvió negar las pretensiones de la demanda, proferida
dentro del medio de control: reparación directa, expediente: 23001.33.33002.2015-
00518-01, demandante Natalia Johana Jimenez Munzon y otros. Demandados:

6 Transcripción literal del texto.

5

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

nación-rama judicial-fiscalía general de la nación, y también se ordene al honorable
tribunal administrativo de Montería córdoba- sala primera de decisión, Magistrado
ponente Pedro Olivella Solano, Magistrada Ponente Luz Elena Petro Espitia y
Magistrado Eduardo Javier Torralvo Negrete, que profirió la sentencia de segunda
instancia de fecha 21 de junio 2024, donde resolvieron confirmar la sentencia de
primera instancia proferida por el juzgado antes citado; para que se revoquen las
sentencias de primera y segunda instancia proferidas dentro de la accion de
reparacion directa arriba referenciada; y en su defecto se ordene emitir las nuevas
sentencias de reemplazo en donde se protejan los derechos fundamentales
quebrantados y acorde con las pretensiones de la demanda y con las razones de la
decisión y los lineamientos de la sentencia de tutela que desate la resolución de la
presente acción constitucional, que salvaguarde los derechos de las víctimas y
perjudicados con la privación injusta de la libertad como derechos fundamentales y,
a fin que se realice la justicia material […]”.

7.Los actores en su escrito de tutela indicaron que el Tribunal Administrativo de
Córdoba incurrió en un defecto fáctico, en un defecto procedimental absoluto, en un
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; y en la causal de
decisión sin motivación.

Actuación

8.El Despacho sustanciador, mediante auto de 3 de febrero de 2025: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba y al Juez Segundo Administrativo
del Circuito de Montería; iii) vinculó, como terceros con interés legítimo, a la Nación
– Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran
informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

9.La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial señaló que:

“[…] De otra parte, una vez leído y analizado el escrito de tutela con relación al fallo
de marras, no se vislumbra que dentro de sus consideraciones la Corporación de
Justicia accionada haya incurrido en algún tipo de vulneración a las garantías
fundamentales, específicamente al debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, así como tampoco se puede predicar un defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia.

La decisión de los Despachos Judiciales accionados no se torna arbitraria ni
caprichosa a la luz de los preceptos que rigen la actuación dentro del proceso, por
el contrario, se encuentra estructurada bajo criterios jurídicos sólidamente
respaldados.

En el caso concreto las etapas procesales que se surtieron con observancia de las

6

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

directrices constitucionales y legales, aunado al hecho que se le respetaron las
garantías fundamentales y se le resguardaron los principios que reglan el debido
proceso.

Por el contrario, es evidente que la presente acción constitucional se interpuso para
revivir un debate que ya se agotó y para obtener una opinión diversa a la que ya
emitió la jurisdicción de lo contencioso administrativo, finalidad para la que no es
procedente este medio de protección excepcional. La acción de tutela está prevista
para la protección de derechos fundamentales y no como instancia adicional de los
procesos […]”.

10.La Dirección Seccional de Administración Judicial de Montería indicó que “[…]
compartimos las decisiones que en su momento tomaron tanto el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Montería, como la Sala Primera del
Honorable Tribunal Administrativo de Córdoba […]”.

11.La Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Administrativo de Córdoba y el
Juez Segundo Administrativo del Circuito de Montería guardaron silencio en esta
oportunidad procesal.

Manifestación de impedimento del Consejero de Estado, doctor Oswaldo
Giraldo López

12.La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado mediante providencia de
27 de febrero de 2025 resolvió “[…] DECLARAR INFUNDADO el impedimento que
manifestó el Consejero de Estado doctor Oswaldo Giraldo López, Magistrado de la
Sección Primera de esta Corporación, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia […]”.

13.La Sala de la Sección Primera del Consejo de Estado consideró lo siguiente:

“[…] 10. A juicio de la Sala, los hechos planteados por el doctor Oswaldo Giraldo
López no configuran la causal de impedimento prevista en el numeral 1° del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal invocada, pues el hecho de que su hermano
pertenezca a la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, no guarda
relación con el fondo del asunto planteado, pues, como se indicó, el objeto de la
presente acción de tutela es controvertir la providencia judicial proferida dentro del
medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación
230013333002201500518-01 […]”.

7

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

14.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con
los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19917, por el cual se
reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución
Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de
20218 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 20199, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

15.La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

16.Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales, concretamente si se cumplió
con el requisito general de procedencia de relevancia constitucional.

17.Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales de procedencia de la acción de tutela cuando se
dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y desarrollo
jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia;

7 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
8 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
9 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

8

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

iv) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso; v) marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental
a la igualdad; vi) análisis del caso concreto y finalmente las vii) conclusiones de la
Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

18.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena10, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales

19.Esta Sección adoptó11 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 200512, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio
de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

20.Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedencia de esta acción constitucional,
cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del
asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de
un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la
existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia
objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la
vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra
tutela.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.

María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
12 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

9

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

21.De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”13 que encaje en dichos parámetros.

22.Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedencia, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

23.El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela en el caso concreto

24.La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito
general de procedencia de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedencia de la relevancia constitucional

25.Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de

13 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

10

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

201415, al referirse al requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
sostuvo lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [16]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [17].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [18].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa de la actora para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que la
actora tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [19].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión de la actora, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

15 Ut supra página 6.
[16] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[17] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[18] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[19] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la
procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”

11

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [20]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [21].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [22]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

26.De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado23:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo

[20] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[21] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[22] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
23 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

12

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”24

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la improcedencia
de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los intereses moratorios,
un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de reajustes
pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad obligada al pago
de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez reconocida la
misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales de la actora, quien no demuestra la calidad
de sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que
el asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aun
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”25

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

27.En ese orden de ideas, el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.

24 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
25 Ibidem.

13

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

28.La Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202226 precisó, en relación
con el alcance del requisito general de procedencia de relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece
de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de
tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a
reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

26
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

14

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental, producto
de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii)
su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]». (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia

29.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTÍCULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

30.Atendiendo a que, la Corte Constitucional27 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al
debido proceso

31.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

27 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

15

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

32.Atendiendo a que, la Corte Constitucional28 ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y
se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud
del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que
ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa
y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la
protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes
y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P)
[…]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

33.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

28 Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.

16

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.

34.Atendiendo a que la Corte Constitucional29 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Análisis del caso concreto

35.Los actores, a través de apoderado, presentaron solicitud de tutela contra la
Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba y el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito de Montería, porque, a su juicio: i) el Tribunal,
al proferir la sentencia de 21 de junio de 2024; y ii) el Juzgado, al proferir la
sentencia de 13 de mayo de 2020, en el proceso adelantado en ejercicio del medio
de control de reparación directa identificado con el número único de radicación
230013333002201500518-01: vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia.

36.Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

37.La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del

29 Corte Constitucional, Sentencia C-178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.

17

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza
que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en
derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el
escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

38.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

38.1. Copia de la sentencia de 21 de junio de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Córdoba dentro del marco del proceso de reparación directa
identificado con el número único de radicación 23001333300220150051801.

Solución del caso concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de procedencia de relevancia
constitucional

39.Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los
que la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. Los actores en su escrito de tutela indicaron lo siguiente30:

“[…] a. Defectos materiales o sustantivos, como son el caso en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presenta una
evidencia y la grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. La
presente causal específica de procedibilidad de la acción de tutela contra las
sentencias objeto de la presente acción constitucional, se tipifican por las siguientes
razones: (I.) se está decidiendo negar las pretensiones de la demanda de la de
reparación directa en primera y segunda instancia, es decir en las sentencias de
primera y segunda instancia objeto de la presente acción de tutela, presentándose
una evidencia y grosera contradicción entre los fundamentos fácticos o la verdad
que se denudo en el debate probatorio del juicio oral dentro del proceso penal y la
decisión de los accionados en el proceso o acción de reparación directa, donde
figura como demandante NATALIA JOHANA JIMENEZ MUNZON y otros, por
privación injusta de la libertad y como demandados: el estado-rama judicial, fiscalía
general de la nación y ministerio de defensa; por el tema de la privación injusta de
la libertad de que fue victima NATALIA JOHANA JIMENEZ MUNZON. lo anterior
en razón a que los hechos que se narran en las diferentes etapas en que se
desarrolló el proceso penal donde resultó capturada la señora NATALIA JOHANA
JIMENEZ MUNZON Y OTROS; en la audiencia de legalización de captura se
decretó la ilegalidad de la captura porque el procedimiento del ejército para ingresar
al interior las viviendas de la finca “Santa Teresita” fue un procedimiento ilícito e

30 Transcripción literal del texto.

18

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

ilegal con violacion de domicilio y la expectativa razonable de intimidad y porque
todo el material probatorio fue recaudado y obtenido de manera ilícita e ilegal; razón
por la cual reitero la juez de control de garantía declaró la ilegalidad de la captura
y ordenó libertad; que más adelante al resolver la apelación que hizo la fiscalía y el
ministerio público, el juzgado primero penal del circuito de Montería, con funciones
de garantías, en segunda instancia, cometió el error de revocar la ilegalidad de la
captura y ordenó las capturas; pero que más adelante el juez de la causa en el
juicio oral decretó la exclusión por ilicitud e ilegalidad de todo el material probatorio
con que soportó la fiscalía su solicitudes a lo largo del proceso penal, pues las
soportó con prueba ilícita e ilegal. Luego entonces se presenta una evidencia y la
grosera contradicción entre los fundamentos fácticos que ocurrieron a lo largo del
proceso penal que dan cuenta de la verdad que se denudo en la audiencia del juicio
oral […].

[…]

“[…] c. Defecto Procedimental Absoluto. - este requisito también se tipifica en el
caso bajo estudio, puesto que toda la actuación procesal de la fiscalía estuvo
soportada con prueba ilícita e ilegal desde inclusive la restricción de la libertad a mi
cliente, obtenida con base en procedimiento ilícito e ilegal del ejército, sin funciones
de policía judicial, sin orden de registro o allanamiento para ingresar a la finca
“Santa Teresita” sin un control de legalidad posterior sobre un registro y
allanamiento excepcional y fundada también la actuación procesal con base en un
informe del primer respondiente y los elementos incautados que se consideran
frutos del árbol envenenado, de igual manera se violó el manual de cadena de
custodia, de policía judicial y de regla de la prueba.

d. Defecto Fáctico, que surge cuando el Juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Esta
causal específica también se tipifica en el caso bajo estudio en razón de que en la
decisión de fecha 13 de mayo del 2020 proferida por el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del circuito de Montería, Córdoba, el ad-quo accionado decidió
negar las pretensiones de la demanda fundando las razones de su decisión en que
el daño jurídicamente fue permitido por mis clienta NATALIA JOHANA JIMENEZ
MUNZON, por considerar el ad-quo que de acuerdo a la información legalmente
obtenida de parte del ejército como primer respondiente en su informe se puede
inferir razonablemente que mi clienta natalia jiménez puede ser autora o partícipe
de las conductas delictivas que se le investigaban y hace alusión que la fiscalía
presentó como material probatorio el arsenal incautado incluyendo el material de
campaña, lo cual considera que llevaron al convencimiento del señor juez de que la
señora NATALIA JOHANA JIMENEZ MUNZON tuvieron autoría en los delitos
mencionados; pero como quiera que todo el material probatorio de la fiscalia fue
excluido que es igual a que fue expulsado de la actuación o el proceso penal y que
inclusive fue decretada la ilegalidad de la captura en primera instancia por la juez de
control de garantiras. Lo que indica que los despachos judiciales accionados a
través de la presente acción de tutela carecen del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en que se sustenta la decisión; lo que indica que si
todo el material probatorio y la actuación adelantada por el ejército fue expulsada o
excluida del proceso penal , no puede el juez segundo Administrativo Oral del
circuito de Montería, en su sentencia del 13 de mayo del 2020, tomar la prueba
excluida por ilicitud e ilegalidad, para soportar su decisión de negar las pretensiones
de la demanda con una prueba que ya no obra en el proceso porque fue excluida y
que se le hizo un juicio para decretar su ilegalidad e ilicitud ; lo cual hace al juez ad-
quo administrativo que invada esferas o competencias del juez penal […]”.

[…]

19

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

“[…] por su parte el despacho ad-quem o tribunal, en su sentencia de fecha 21 de
junio del 2024, objeto de la presente accion de tutela tambien, con la que confirma
la decision del ad-quo de fecha 13 de mayo del 2020, tambien comete ell exabrupto
juridico o absurdo en considerar la prueba que fue excluida a la fiscalia en el
proceso penal contra NATALIA JOHANA JIMENEZ MUNZON y que fue decretada
ilicita e ilegal; tambien considera entonces dicho H. tribunal Administrativo que la
medida de aseguramiento soportada con esa prueba excluiia o participada por
ilicitud e ilegalidad servía para construir la inferencia razonable de autorización de
NATALIA JOHANA JIMENEZ MUNZON en los delitos imputados, investigados y
que por lo tanto la razón de su decisión consiste en que mi clienta NATALIA
JOHANA JIMENEZ MUNZON por las razones antes expuestas “podía soportar
la carga de ser privada de la libertad” conforme al artículo 38 de la ley 906 de
2004, y advierte que como consecuencia no existió daño antijurídico ni
responsabilidad del estado bajo la modalidad de privación injusta de la libertad
atribuible a la rama judicial o a la fiscalía general de la Nación y que los delitos
imputados sobrepasan la pena de 4 años, y que los imputados representaban un
peligro para la sociedad y riesgo de no comparecencia, que por lo tanto se debe
recalcar que no se vislumbra justificación alguna dentro del escrito de la demanda,
ni en los audios de las audiencias preliminares que acrediten la calidad en que la
demandante se encontraba en el inmueble de tal manera que no hay elementos o
razones para desvirtuar la inferencia razonable de autoría que en su momento
recayó sobre los habitantes de la vivienda. Lo anterior indica que se está
desconociendo el principio de la cosa juzgada penal absolutoria, es decir, que la
verdad que se desnudo en el juicio oral y que se plasmó en la sentencia absolutoria,
en el presente caso el H. tribunal administrativo en la sentencia de segunda
instancia objeto de la presente acción de tutela, dicha verdad fue enviada a la
caneca de la basura o de la mentira; se violó el principio non bis idem haciéndole
otro juicio de responsabilidad a mi clienta NATALIA JOHANA JIMENEZ MUNZON
y habilitando la prueba excluida de la actuación o proceso penal para incluirla
nuevamente en este proceso de acción de reparación directa y deshabilitado la
ilicitud e ilegalidad declarada sobre el material probatorio de la fiscalía y por el
contrario revistiendo de licitud y legalidad dicho material probatorio de la fiscalía,
para construir en desfavor de NATALIA JOHANA JIMENEZ MUNZON una causal
de n de responsabilidad en favor de los entes demandados en la acción de
reparación directa ya referenciada; con semejantes absurdos y razonamientos
groseros, arbitrarios, irazonados y desproporcionados se decide confirmar lo
resuelto en la sentencia de fecha 13 de mayo del 2020 proferida por el juzgado
segundo administrativo del circuito Judicial de Montería que también negó las
pretensiones de la demanda. Por lo que hemos acudido a la presente acción de
tutela con el propósito que se protejan los derechos fundamentales quebrantados
en desfavor de NATALIA JOHANA JIMENEZ MUNZON; que se realice el favor de
la verdad desnudado en el proceso penal por el juez natural y competente, y que
este valor supremo de la verdad que es el que realiza al valor supremo de la justicia,
permita que se logre realizar la justicia conforme a los fines del estado social de
derecho (art. 1 y 2 de la carta política).Luego entonces se realiza esta causal
específica de procedibilidad de la acción de tutela […]”.

[…]

“[…] f. Decisión sin Motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fáctico y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa
la legitimidad de su órbita funcional. Sobre esta causal, sólo se advierte el
incumplimiento de los servidores judiciales que profirieron las sentencias objeto de
la presente acción de tutela, que en realidad no dan cuenta de los verdaderos
fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; es
decisiones las decisiones judiciales o las razones de las mismas en las sentencias

20

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

de primera y segunda instancia objeto de la presente acción de tutela, donde se
faltó a la verdad en los hechos verdaderamente acaecidos en el proceso penal,
dicha tergiversación de la verdad o falta de la verdad de los hechos, hacen que no
repose la legitimidad de sus órbitas funcionales como dispensadores de justicia, en
consecuencia si estamos frente a una decisión sin motivación acorde con la verdad,
sino que la motivaron con base faltando a la verdad de los hechos de lo ocurrido
en la investigación del proceso penal. Luego si se tipifica esta causal específica.

g. Violación del Precedente Judicial - Desconocimiento del Precedente,
hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la corte constitucional establece,
por via de autoridad constitucional y como salvaguarda del ordenamiento juridico
hace una interpretación de la constitución y la ley. En el caso que nos convoca se
violó un precedente de la corte constitucional, en la sentencia de U-S.U363 del 22
de octubre del año 2021, tratando el tema de dolo y la culpa de la víctima como
eximente de responsabilidad del estado, expresó: “ la culpa exclusiva de la víctima
se termina por la conducta que está despliega dentro de la actuación penal y NO
POR LA CONDUCTA QUE ORIGINA LA INVESTIGACIÓN QUE, POR LO
DEMÁS, NO TERMINA EN UNA CONDENA. esto significa que el juez de lo
contencioso administrativo deberá comprobar: (I) un comportamiento doloso por
parte de la persona, es decir, que se despliegue conductas tales como la confesión
falsa, la fuga o evasión, la realización de amenazas, la destrucción o el
ocultamiento de elementos probatorio o la realización deliberada de conductas que
obstruyen la acción de la justicia o; (II) un actuar a título de culpa grave, es decir,
que corresponde a la negligencia grave o descuido significativo en relación con el
deber de colaboración con la administración de justicia, cuando ocurra, por
ejemplo, afectaciones respecto de los elementos probatorios bajo su custodia”. En
este sentido se tipifica esta causal específica de probabilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial, puesto que en el caso bajo estudio, tanto el A-quo como
el Ad-quem, de los despachos administrativos que profirieron las sentencias objeto
de la presente acción de tutela, no están teniendo en cuenta que la culpa exclusiva
de la víctima o cualquier eximente de responsabilidad del estado que se construya
con el actuar que está despliegue; no podrá edificarse por la conducta que origina
la investigación, la investigación que, por lo demás , no termina en una condena.
En el caso bajo examen se está pretendiendo construir el eximente de
responsabilidad del estado, desatendiendo la interpretación de la corte
constitucional, en el sentido que sostiene que por la conducta que origina la
investigación no podrá determinarse ningún eximente de responsabilidad del
estado; sino que se determina por la conducta que la víctima despliega dentro de
la actuación penal. En el caso bajo estudio se está desatendiendo o violando el
precedente judicial antes mencionado, con fuerza vinculante para todos los
operadores judiciales, en el sentido que aquí en el caso bajo estudio es por la
conducta que origina la investigación o presunta conducta, que por lo demás, en el
presente caso no terminó en una condena sino en una absolución; lo que indica
según la interpretación de la salvaguarda del ordenamiento jurídico, que los
accionados en sus sentencias objeto de la presente acción de tutela, están
desatendiendo dicho precedente judicial en el sentido que están construyendo el
eximente de responsabilidad del estado enrostrando a mi clienta NATALIA
JIMENEZ MUNZON la presunta conducta que originó la investigación penal en su
contra, que , por lo demás no termina en una condena si no en una absolución;
luego la decisión de negar las pretensiones de la demanda, es grosera, arbitraria,
irrazonada, desproporcionada, injusta porque el estado o sus entes estatales deben
ser condenados a pagar los perjuicios o daños antijurídicos causados con la
restricción de la libertad a mi clienta NATALIA JOHANA JIMENEZ MUNZON Y sus
familiares acorde al art 90 de la carta politiva y la ley 270 de 1996 , asi mismo el
art. 68 y concordantes de dicha ley estatutaria de la administración de justicia y en
razon a que se ha acreditado en el presente demnadan de tutela que, la privación
de la libertad de la accionate fue injusta […]”.

21

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

40.Para la Sala el asunto controvertido por los actores ya fue objeto de estudio por
las autoridades judiciales accionadas, y la acción de tutela contra providencia
judicial no constituye una instancia adicional que permita reabrir el debate resuelto
por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si la entidad judicial accionada
incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales.

41.Además de lo anterior, para la Sala, los actores plantean la afectación de los
derechos fundamentales indicados supra que tiene su origen en últimas en un
debate estrictamente legal y probatorio el cual ya fue expuesto dentro del proceso
de reparación directa y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo que no
le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional, toda vez
que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia judicial
y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una instancia
adicional.

42.Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedencia de la relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el escrito
de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales […]”.

43.La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente legales y probatorios cuya competencia
se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

22

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

44.Para la Sala, la controversia planteada por los actores es de naturaleza
puramente legal y probatoria; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los
derechos fundamentales indicados supra.

45.En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, los actores acuden al juez constitucional buscando la corrección del
criterio jurídico del juez natural y reabrir un debate legal concluido que escapa de
la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, los actores alegan
la vulneración de los derechos fundamentales indicados supra, el criterio de la
relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino mediante
la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o vulneración del
mismo, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

46.Los supuestos de vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia enunciados por
los actores, no se evidencian en el caso sub examine, toda vez que el proceso de
reparación directa se adelantó ante el juez competente, en respeto de las formas
propias del proceso, y se respetó el derecho de presentar y controvertir las pruebas
allegadas. Además, no concurre una situación de amenaza o alguna causal de
vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional, no se trata de
amparar el derecho fundamental de un sujeto de especial protección constitucional.

47.En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter legal y
probatorio, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de la
tutela contra una providencia judicial.

48.De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional dentro del marco
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien los
actores enuncian la trasgresión de los derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la igualdad, esa presunta afectación
tiene su origen en un debate estrictamente legal y probatorio.

23

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

Conclusiones de la Sala

49.Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la solicitud de tutela presentada por
los actores contra la autoridad judicial accionada, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de que no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala
el artículo 31 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado Ausente con excusa

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

24

Núm. único de radicación: 110010315000202500036-00
Actores: Natalia Johana Jiménez Munzon y otros

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.