Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00038-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00038-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2025-00038-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
12 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00038-00
Demandante: Omaira María Castilla García
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento
del derecho contra acto que negó el reconocimiento de la
pensión de jubilación de docente oficial / Régimen pensional
de prima media / Defectos fáctico, violación directa de la
Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial
Decisión: Negar solicitud de amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud formulada por Omaira María Castilla García, en ejercicio
de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y
desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud1
Omaira María Castilla García promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital,
seguridad social y acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 1.º de septiembre de 2022 por
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
20001233300020180011701.
Como fundamento de la solicitud de amparo expuso:
i) Presentó, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, demanda en contra de la Nación, Ministerio de Educación Nacional,
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio 2 y municipio de
Valledupar, con el fin de cuestionar la legalidad de los actos administrativos por
1 Ver índice 2 de Samai. Actuación denominada «2ED_Demanda(.pdf) NroActua 2»
2 En adelante Fomag.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Omaira María Castilla García
medio de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación.
ii) El Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia del 30 de julio de 2020 negó
las pretensiones de la demanda, al considerar que a la demandante la cobijaba el
régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797
de 2003, en atención a la fecha en la que ingresó a la docencia, esto es, el 21 de
octubre de 2004, por lo que encontró probadas las excepciones de cobro de lo no
debido e inexistencia de la obligación. En contra de esta decisión la demandante
interpuso recurso de apelación.
iii) El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 1 de
septiembre de 2022, confirmó lo resuelto por el a quo, al considerar que, debido a
su condición de docente oficial, le resultaba aplicable la sentencia de unificación
proferida el 25 de abril de 2019 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, y en
atención a su fecha de vinculación, que fue posterior a la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, el régimen pensional contenido en las leyes 100 de 1993 y
797 de 2003.
Además, pese a que se hizo beneficiaria del régimen de transición, no le asistió
derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en los términos pretendidos,
al consolidar el estatus por fuera del límite temporal establecido en el Acto
Legislativo 01 de 2005. Respecto de dicha decisión la parte demandante solicitó
aclaración y/o corrección.
iv) En providencia del 23 de octubre de 2024 se rechazó por improcedente tal
solicitud, al considerarse que se pretendió cambiar un elemento esencial del
derecho sustancial ya reconocido.
v) La corporación judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales, al
incurrir en defecto fáctico por ausencia de valoración de los tiempos laborados
debidamente probados, lo cual conllevó a que se declarara que los requisitos se
cumplieron el 26 de noviembre de 2016, cuando en realidad fue el 13 de abril de
2012, comoquiera que laboró en el Fondo Nacional de Caminos Vecinales del 10
de julio de 1980 al 31 de diciembre de 1994, en el cargo de secretaria ejecutiva,
y, al 25 de julio de 2005 ya había cotizado más de 750 semanas (830,28).
En desconocimiento del precedente judicial de la Corte Constitucional3 donde se
ordenó el reconocimiento pensional bajo el régimen de transición, con tiempos
administrativos y docentes cotizados en CAJANAL y el Fomag, y se precisó que
para ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 se debía acreditar el cumplimiento de 750 semanas cotizadas a la entrada
en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005.
3 Al respecto citó las sentencias T-149 de 2020 y T-370 de 2016.
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Demandante: Omaira María Castilla García
En violación directa de la Constitución Política por desconocimiento del derecho
adquirido establecido en el artículo 48, al haberla excluido del régimen de
transición, con fundamento en que, para el 25 de julio de 2005 no tenía 750
semanas cotizadas, cuando en realidad tenía 830,28 semanas.
1.1.1. Pretensiones
Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:
«[…] el amparo de los derechos: Seguridad social, acceso a la justicia, debido proceso,
a la defensa, protección del estado social de derecho, derecho a la igualdad, mínimo
vital, derecho adquirido, entre otros; contra la sentencia y auto referida NO existe otro
mecanismo de defensa y quedo sin los alimentos congruo y lesionado el mínimo vital.
En consecuencia, con el respeto de costumbre, solicito que se ordene a la SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN “A” del CONSEJO DE ESTADO que revoque o deje sin
efecto la sentencia de primera instancia y la de segunda instancia proferidas dentro
del proceso radicado 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021). Demandante:
OMAIRA MARÍA CASTILLA GARCÍA
Ordenar a la Sección Segunda Subsección “A” Del Consejo De Estado que en virtud
del tiempo que labores desde 10/07/1980 hasta 31/12/1994, como secretaria
(empleada pública) de la regional Cesar del Fondo Nacional de Caminos Vecinales
(FNCV), soy beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la ley 100 de 1993
y por tanto tengo derecho a la pensión de jubilación regida por la ley 33 de 1985,
porque a julio 25 de 2005, tenía 830,28 semanas cotizadas y cumplí los requisitos para
la pensión antes de que finalizara la prolongación del régimen de transición.
Ordenar a la Sección Segunda Subsección “A” Del Consejo De Estado que el tiempo
que laboré desde 10/07/1980 hasta 31/12/1994, sea tenido en cuenta o se compute
todo ese tiempo para mi pensión de jubilación, todo ese período fue laborado sin
solución de continuidad. Además se adicione el tiempo servido como educadora oficial
empleada pública.
En virtud de lo anterior ordenar a la Sección Segunda Subsección “A” Del Consejo De
Estado que dicte nueva sentencia mediante la cual me conceda la pensión de
jubilación […]». [sic]
1.2. Informes rendidos en el proceso
1.2.1. FIDUPREVISORA S.A.4 solicitó se declarara improcedente la petición de
amparo ante la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales de la
demandante, toda vez que no argumentó en debida forma las causales genéricas
y específicas de procedibilidad aludidas, además, el proceso se surtió de
conformidad con las garantías y normas aplicables. Asimismo, requirió su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva.
4 Ver índice 9 de Samai. Actuación denominada
«15RECIBEMEMORIAL_20251062000291771pdf(.pdf) NroActua 9»
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Demandante: Omaira María Castilla García
1.2.2. El Ministerio de Educación Nacional5 solicitó se declarara improcedente
lo pretendido, pues, no se acreditó el requisito específico de procedibilidad de la
relevancia constitucional, ante la inexistencia de vulneración de las garantías
fundamentales que comprometieran gravemente la existencia o supervivencia de
la demandante. Asimismo, en pro de la naturaleza de la función judicial e
independencia y autonomía de quienes la cumplen, refirió que es a la demandante
a quien le correspondía probar una eventual transgresión de derechos que pudiera
generar que la providencia enjuiciada se aparte del ámbito de la legalidad, lo cual
no ocurrió.
1.2.3. El municipio de Valledupar 6 solicitó su desvinculación por falta de
legitimación en la causa por pasiva comoquiera que el amparo pretendido por la
demandante no puede radicarse en cabeza de la entidad territorial, pues, la
presunta vulneración de derechos fundamentales obedeció a actuaciones
adelantadas por instituciones diferentes a esta.
2. Consideraciones
En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) cuestión previa – falta de
legitimación en la causa por pasiva; iii) procedencia de la tutela contra providencia
judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de la Sala.
2.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política y
37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el numeral 7 del artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 20218 esta Sala es competente para conocer de la
presente solicitud de amparo contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A.
2.2. Cuestión previa - falta de legitimación en la causa por pasiva
El artículo 86 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho
a presentar solicitud de tutela para reclamar ante los jueces, por sí misma o por
quién actúe en su nombre, la protección de sus derechos constitucionales
fundamentales cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, tal como
lo señala el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991:
Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes. La acción se
5 Ver índice 10 de Samai. Actuación denominada
«17RECIBEMEMORIAL_RV_Comunicacionderes(.zip) NroActua 10»
6 Ver índice 14 de SAMAI. Actuación denominada «25_MemorialWeb_Otro-
ReespuestaAccionde(.pdf) NroActua 14»
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dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente
violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en
cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un superior, o con su
autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida contra ambos, sin perjuicio
de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la autoridad pública, la
acción se tendrá por ejercida contra el superior.
La Corte Constitucional7 en relación con la legitimación en la causa por pasiva en
los trámites de solicitudes de tutela ha considerado:
«[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de
la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a
responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental8. En la medida que
refleja la calidad subjetiva de la parte demandada “en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso”9, la misma, en principio, no se predica del funcionario
que comparece o es citado al proceso, sino de la entidad accionada, quien finalmente
será la llamada a responder por la vulneración del derecho fundamental, en caso de
que haya lugar a ello.
Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela está orientada, entre otros principios,
por los de informalidad y efectividad del derecho, de manera que el juez
constitucional “debe dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia
que pretenda limitar o dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o su resolución,
fuera de las simples condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce
la Carta Fundamental.”10 Ello obliga, por tanto, a remover los obstáculos puramente
formales (oficiosidad) y a interpretar la demanda de una forma tal que se favorezca la
protección del derecho fundamental, sin perjuicio de las garantías procesales de quien
es demandado. […]»
El municipio de Valledupar y FIDUPREVISORA S.A alegaron su falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues, no tienen competencia frente a la
pretensión de amparo invocada.
Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de terceros con interés, al ser la parte demandada dentro del proceso contencioso
en cuestión, y en aras de garantizarles su derecho de defensa y contradicción, por
lo que se negará su solicitud.
2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del
Consejo de Estado 11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
7 Sentencia T-1015/2006. MP. Álvaro Tafur Galvis.
8 Sentencia T-025 de 1995. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
9 Sentencia T-416 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell.
10 Sentencia T-379 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-
2009-01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
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distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.12 Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y
se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]». [Resalta la Sala].
Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo13 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que
esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes
que desconozcan derechos fundamentales.
Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos 15, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004
y C-590 de 2005.
15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
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judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de
alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o
defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de
derechos fundamentales16.
Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir
el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.4. Problema jurídico
La Sala deberá definir: ¿si el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A vulneró los derechos fundamentales de Omaira María Castilla García con
ocasión de la sentencia del 1.º de septiembre de 2022, a través de la cual confirmó
la decisión del a quo, que negó el reconocimiento de la pensión de jubilación de
docente oficial al considerar que la cobijaba el régimen de prima media, con lo
cual incurrió, presuntamente, en defecto fáctico, violación directa de la
Constitución Política y en desconocimiento del precedente jurisprudencial?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela 17 y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo
actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.
2.5.2. Desconocimiento del precedente judicial
En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se recuerda
que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política permite
afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes relevantes
como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para promover
la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la predictibilidad
de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las normas
jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo adecuado
de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones judiciales,
presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
17 En cuanto a la inmediatez, si bien la sentencia es del 1.º de septiembre de 2022, se recuerda
que fue objeto de solicitud de aclaración, la cual fue resuelta con providencia del 23 de octubre de
2024.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00038-00
Demandante: Omaira María Castilla García
La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión previa
adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones
que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o semejantes
desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el juez, debe
ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad. El
adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.
Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a
la existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias
de mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de
estudio. Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el
sentido de decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en
términos prácticos, no existe un precedente claro que lo vincule.
En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones que en
su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.
2.5.3. Defecto fáctico
El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, 18 tiene una
dimensión negativa y otra positiva.
La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez
omite la «valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos
analizados por el juez»19, «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la
circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente» 20 . La segunda, se
acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni
valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas»21.
18 Corte Constitucional. Sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de
2015, T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras.
19 Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
20 Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002, MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV.
Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra.
21 Corte Constitucional. Sentencia T-538 de 1994.
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Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelanta el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en
vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.
2.5.4. Violación directa de la Constitución Política
Se recuerda que fue enmarcada, en un principio, como un defecto sustantivo, el
cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir
de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 200522 de la Corte Constitucional.
Posteriormente en sentencia SU-069 de 2018, el Alto Tribunal de lo Constitucional
señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces de
aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4.º de la Carta
que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual puede
configurarse por dos hipótesis23:
La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso
(a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción
de inconstitucionalidad contenida en el artículo 4.º constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.
2.5.5. Caso concreto
Omaira María Castilla García acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se deje sin efectos
la sentencia proferida el 1.º de septiembre de 2022 por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A que confirmó la decisión del a quo, que le negó
el reconocimiento de una pensión de jubilación de docente oficial al considerar
que la cobijaba el régimen de prima media, pues, no acreditó los requisitos para
que se le reconociera de conformidad con Ley 33 de 1985.
22 Pese a lo anterior, en la Sentencia T-086 de 2007 la ausencia de motivación, el desconocimiento
del precedente y la violación directa de la Constitución Política se tratan como parte integrante del
defecto sustantivo; y, en la Sentencia T-178 de 2012 sucede lo mismo en relación con los dos
primeros defectos. En otras providencias, por su parte, se abordó este aspecto desde la violación
de una norma, situación de la cual se derivó que podían configurarse tres vicios: defecto sustantivo,
defecto orgánico y defecto procedimental [Al respecto ver, entre otras, la Sentencia T-701 de
2004].
23 Sobre el particular, consultar la sentencia T-888 de 2010.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00038-00
Demandante: Omaira María Castilla García
Lo anterior al considerar que la decisión judicial acusada incurrió en defecto fáctico
al omitir tiempos laborados debidamente acreditados, lo cual conllevó a que se
declarara que los requisitos se cumplieron el 26 de noviembre de 2016, cuando
en realidad fue el 13 de abril de 2012, comoquiera que laboró en el Fondo Nacional
de Caminos Vecinales del 10 de julio de 1980 al 31 de diciembre de 1994, en el
cargo de secretaria ejecutiva, por lo que para el 25 de julio de 2005 ya había
cotizado más de 750 semanas (830,28).
En violación directa de la Constitución Política por desconocimiento del derecho
adquirido contenido en el artículo 48, al excluirla del régimen de transición con
fundamento en que, para el 25 de julio de 2005, no tenía 750 semanas cotizadas,
pese a contar con más de las requeridas.
Ahora bien, para la Sala es importante aclarar que, los mencionados defectos
serán estudiados en conjunto, toda vez que ambos controvierten la decisión de la
autoridad judicial demandada respecto de negar el derecho pensional con
fundamento en que al 25 de julio de 2005 no tenía las 750 semanas requeridas
para ser beneficiaria del régimen de transición, cuando en realidad tenía 830,28
semanas.
Al respecto, para mayor claridad se recuerda el análisis efectuado por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en la sentencia enjuiciada, a efectos
de negar el derecho pensional, así:
«[…] Ahora bien, bajo estos postulados y de conformidad con el material probatorio
relacionado en el problema jurídico en precedencia, al verificar la situación particular
de la señora Omaira María Castilla García se encuentra que:
• Nació el 19 de julio de 1956, conforme copia de cédula de ciudadanía (índice 2
registro de SAMAI) y laboró en el Fondo Nacional de Caminos Vecinales desde el 10
de julio de 1980 y hasta el 31 de diciembre de 1994, en el cargo de secretaria ejecutiva,
grado 5040, código 11, conforme se desprende del certificado expedido por la referida
entidad (ibidem), para un total de 14 años, 5 meses y 21 días de servicio.
• En ese sentido, se advierte que la demandante al 30 de junio de 1995 contaba con
39 años de edad y aproximadamente 14 años de servicios, por lo que está cobijada
por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por cumplir una de las dos
exigencias reguladas en su artículo 36 como es tener 35 o más años de edad a la
entrada en vigencia de la citada ley.
Por su parte, la señora Castilla García demostró que presentó las siguientes
vinculaciones interinas con la Secretaría de Educación del departamento del Cesar,
con ocasión de sendos cubrimientos en el cargo de docente, así:
• Licencia por maternidad de docente de la Institución Educativa CASD, desde el 21
de octubre de 2004 y hasta el 9 de enero de 200511, según Resolución 0111 del 21
de octubre de 2004 y la correspondiente acta de posesión 441 (índice 2 registro de
SAMAI).
• Licencia por maternidad de docente de la Institución Educativa José Antonio Galán,
desde el 17 de enero de 2005 y hasta el 10 de abril del mismo año12, conforme la
Resolución 0005 del 24 de enero de la precitada calenda y acta de posesión 492
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00038-00
Demandante: Omaira María Castilla García
(ibidem).
• Reemplazo de docente de la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Castro
Monsalvo por comisión no remunerada, desde el 23 de mayo de 2005 y hasta el 6 de
junio de 200613, conforme Resoluciones 001010 del 23 de mayo de 2005 y 001289
del 6 de junio de 2006 (ibidem).
De manera posterior, fue incorporada de manera provisional en el empleo de docente
primaria de la Institución Educativa Luis Ovidio Rincón Lobo Valencia de Jesús, desde
el 19 de junio de 2008 y hasta el 16 de septiembre de la misma anualidad14 cuando
le fue aceptada la renuncia a través de Resolución 002107 de la misma data (ibidem).
Asimismo, laboró al servicio de la Secretaría de Educación del departamento del Cesar
desde el 3 de septiembre de 2008 y hasta el 2 de febrero de 201315; y desde el 8 de
febrero de 2013 y hasta al menos el 12 de abril de 201816, conforme se observa de
los formatos únicos para la expedición de certificado laboral expedidos el 5 de octubre
de 2017 y la última de las precitadas calendas (ibidem).
En estos términos, una vez demostrado que la parte activa se hizo beneficiaria del
régimen transitorio de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y de cara a
verificar el cumplimiento de las exigencias previstas por la Ley 33 de 1985 para el
reconocimiento pensional, se tiene que la señora Omaira María Castilla García cumplió
los 55 años de edad el 19 de julio de 2011 y acreditó los 20 años de servicios el 26 de
noviembre de 2016.
No obstante lo anterior, es pertinente remitirse a lo preceptuado en el parágrafo 4. °
del artículo 1. ° del Acto Legislativo 01 de 2005, en cuanto delimitó bajo ciertas
circunstancias la extensión del referido régimen hasta el año 2014 […]
Lo expuesto denota que lo pretendido por el legislador con esta adición de la norma
era hacer extensivo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 para aquellos
trabajadores que, habiendo cumplido uno o ambos presupuestos legales previstos por
el artículo 36 ejusdem para gozar de este, también demostraran al menos 750
semanas de cotización a pensión –a la fecha de promulgación del Acto Legislativo 01
de 2005 (25 de julio de 2005)-, con el fin de mantener la edad, monto y tiempo de
servicios de la norma anterior que regía su situación pensional, ello únicamente hasta
el año 2014.
Bajo esta línea de intelección, es posible deducir que la señora Omaira María Castilla
García si bien en principio se hizo beneficiaria del régimen de transición consagrado
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al haber acreditado más de 35 años de edad a
la entrada en vigencia de la mentada norma, lo cierto es que al haber consolidado su
estatus jurídico el 26 de noviembre de 2016, cuando acreditó los 20 años de servicio
en el sector público bajo las prerrogativas de la Ley 33 de 1985, ya había fenecido el
límite temporal señalado por el Acto Legislativo 01 de 2005 para la extensión del
régimen de transición del referido artículo 36.
Por consiguiente, se impone la negativa de atender las disposiciones pensionales
previstas en normas anteriores a la Ley 100 de 1993 para resolver la controversia
suscitada en la presente causa judicial, por lo que se colige que el régimen que le
resultaría aplicable a la libelista es el contenido en la precitada disposición normativa
[…]» [sic].
Como se observa, la autoridad judicial demandada hizo un análisis explícito de los
tiempos de vinculación de la demandante, la entidad donde prestó sus servicios
con sus respectivos cargos, lo cual permite evidenciar que, contrario al decir de la
demandante, tuvo en cuenta el periodo laborado como secretaría en el Fondo
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00038-00
Demandante: Omaira María Castilla García
Nacional del Camino Vecinales, caso distinto es que considerara que este, al ser
una entidad no adscrita a la Secretaría de Educación y que su servicio era ajeno
al educativo, no se podía tener como punto de partida de vinculación al servicio
de la docencia en el sector oficial, por lo que el cómputo inició a partir del 3 de
septiembre de 2008, fecha en la que si ejerció funciones inherentes a dicha
profesión.
Ahora bien, la Sala entiende que el reproche principal de la demandante de
acuerdo con su decir es que para la fecha en que entró en vigencia el Acto
Legislativo 01 de 2005, ya tenía 830,28 semanas cotizadas, si se tiene en cuenta
el periodo laborado para el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, es decir, más
de las 750 requeridas y aun así se le excluyó del régimen de transición.
Frente a lo cual, lo que resulta determinante es que la elección entre uno u otro
régimen depende de la fecha en que el docente comenzó su vinculación al servicio
educativo oficial, por lo que la autoridad judicial demandada concluyó que la
demandante consolidó su estatus jurídico el 26 de noviembre de 2016 al alcanzar
los 20 años de cotización, sin embargo, para esta fecha ya había fenecido el límite
temporal señalado en el Acto Legislativo 01 de 2005.
Situación que, además, ya fue objeto de reproche por la demandante ante el ad
quem, mediante solicitud de aclaración y/o adición de la sentencia, la cual fue
resuelta con providencia del 23 de octubre de 2024 en la que se señaló:
«[…] La demandante solicitó aclarar o corregir el fallo proferido por esta corporación,
porque considera que la fecha de su estatus pensional no corresponde al 26 de
noviembre de 2016 como se estimó en el fallo, sino que en realidad ocurrió el 13 de
abril de 2012. Consideró que se presentó un error en el cálculo de esta data, toda vez
que se omitió contabilizar la totalidad del tiempo servido por esta al Fondo Nacional de
Caminos Vecinales durante el período comprendido entre el 10 de julio de 1980 y el
31 de diciembre de 1994, el cual equivale a un total de 14 años, 8 meses y 7 días, de
los cuales solo fue tenido en cuenta una parte para determinar los 20 años de servicio.
[…]
Si bien la parte activa aseguró que hubo un yerro en el cálculo de esta data, aquella
sostuvo que lo propio ocurrió por haberse omitido el cómputo de algunos períodos de
servicio de la accionante, lo cual no es equivalente a un simple lapsus aritmético por
equivocación en el cálculo matemático o en la digitación de números o palabras, ni
mucho menos se refiere a una expresión dudosa que impida cumplir la condena
impuesta, sino que, en realidad consiste de una verdadera falta de inclusión de tiempos
de labor oficial cuya eventual reevaluación conllevaría un nuevo análisis de fondo del
caso que influiría en el derecho como fue reconocido, y, por tanto, implicaría una
revocatoria o modificación por parte del mismo juez, lo cual es legalmente inviable.
Es decir, lo que pretende la demandante es cambiar un elemento esencial del derecho
sustancial ya reconocido en la oportunidad correspondiente, de manera que deberá
rechazarse por improcedente su solicitud de aclaración y/o corrección de sentencia,
pues para esta clase de reparos tendientes a que se hagan nuevos estudios sobre
puntos de la controversia existen otra clase de medios jurídicos distintos a los alegados
en esta oportunidad […]». [sic]
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00038-00
Demandante: Omaira María Castilla García
De acuerdo con lo expuesto, se evidencia que la demandante ha sido insistente
en que se acepte la interpretación que le resulta más favorable, sin que se observe
un yerro que configure una verdadera vulneración a derechos fundamentales,
comoquiera que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A explicó
de forma clara y contundente por qué pese a que la demandante acreditó tiempo
de servicio en el Fondo Nacional de Caminos Vecinales del 10 de julio de 1980 al
31 de diciembre de 1994, no era posible acceder al reconocimiento pensional en
los términos solicitados, esto, por cuanto al analizar los tiempos de servicio,
entidades y nombramientos, el servicio prestado por aquella entidad no hacia
parte del ramo de la educación y por ende, no podía servir de parámetro para
determinar el régimen que la cobijaba.
Ahora bien, respecto al presunto desconocimiento del precedente judicial de la
Corte Constitucional24, la Sala estima que no es pertinente hacer un estudio de
fondo, por cuanto las sentencias que se invocaron como desconocidas son de
tutela, cuyos efectos son inter-partes, y de ninguna manera comportan una
decisión de unificación o de obligatorio acatamiento.
A juicio de la Sala, la autoridad judicial enjuiciada efectuó el estudio del caso en
concreto en el marco de la normativa y jurisprudencia aplicable al asunto, por lo
que no observa una valoración caprichosa o arbitraria en perjuicio de los intereses
de la parte demandante que pudiere configurar un defecto fáctico o violación
directa de la Constitución Política. Por el contrario, en la sentencia revisada se
abordó el reproche planteado en el escrito de tutela, en relación con la decisión
de concluir que la demandante no demostró haber cumplido con la condición
establecida en el parágrafo 4.º del artículo 1.º del Acto Legislativo 01 de 2005,
para permitir la extensión del régimen hasta el año 2014.
Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones
adoptadas dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la
vulneración de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se
encontró probado.
En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial
demandada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo
que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una tercera instancia.
3. Conclusión
En este orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala negará el amparo
24 Al respecto citó: i) T-149/20; ii) T-370 de 2016
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00038-00
Demandante: Omaira María Castilla García
de los derechos fundamentales de Omaira María Castilla García, en la solicitud
de tutela presentada contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
A.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Negar la solicitud de desvinculación del municipio de Valledupar y la
FIDUPREVISORA S.A., de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Omaira María
Castilla García, en la solicitud de tutela presentada contra el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Tercero. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
LVLQ/LXRR
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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