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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00038-01

Fecha
30 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00038-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 12 de febrero de 2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y la seguridad social de la señora Omaira María Castilla García y, en consecuencia, dejar sin efectos la providencia de 1 de septiembre de 2022, proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A en el marco del proceso 20001-23-33- 000-2018-00117-01 para que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la notificación de la presente providencia dicte una nueva decisión, con una motivación explícita y suficiente que dé cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustente las decisiones que se adopten a través de la misma, según lo expuesto en esta providencia. TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión. 12 Radicación: 11001-03-15-000-2025-00038-01 Accionante: Omaira María Castilla García Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00038-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

30 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00038-01
Accionante: Omaira María Castilla García
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – REVOCA /
AMPARA los derechos fundamentales de la parte actora por falta de motivación en
la decisión acusada.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 12 de febrero de 2025, por el Consejo de Estado – Sección
Segunda – Subsección B, mediante la cual negó el amparo solicitado.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.
El 7 de enero de 2025, la señora Omaira María Castilla García presentó acción de
tutela contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, con el fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
mínimo vital, seguridad social y acceso a la administración de justicia. Consideró que
dichas prerrogativas fueron vulneradas con la expedición del fallo de 1 de septiembre
de 20221, dictado al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho2
que promovió contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el municipio de Valledupar, cuyo
propósito era que se declarara la nulidad de la resolución por medio de la cual se le
negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación.

2. A través de dicha providencia la referida autoridad judicial confirmó la decisión del
a quo3 de negar las pretensiones. Estimó que, debido a su condición de docente
oficial, a la demandante le resultaba aplicable la sentencia de unificación proferida el
25 de abril de 2019 por la Sección Segunda del Consejo de Estado y, como su fecha
de vinculación fue el 3 de septiembre de 2008, es decir posterior a la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003, el régimen pensional era el contenido en las leyes 100 de
1993 y 797 de 2003. Adicionó que no se podía tener como punto de partida de su

1 Notificada el 10 de noviembre de 2022.
2 Radicado 20001233300020180011701.
3 Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia del 30 de julio de 2020.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00038-01
Accionante: Omaira María Castilla García
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

vinculación a la docencia el 10 de diciembre de 1980, al corresponder ésta a la
iniciación de la prestación de sus labores en una entidad pública no adscrita a la
Secretaría de Educación y que no prestaba un servicio educativo, como lo era el
Fondo Nacional de Caminos Vecinales.

3. Por otra parte, estudió si la demandante era beneficiaria del régimen de transición
contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Sostuvo que, si bien inicialmente
aquella se hizo beneficiaria del mencionado régimen al haber acreditado más de 35
años a la entrada en vigor de esa norma, no le asistía derecho al reconocimiento de
la pensión de jubilación, al haber consolidado el estatus por fuera del término
temporal establecido en el Acto Legislativo 01 de 2005, pues lo obtuvo el 26 de
noviembre de 2016, y el límite era el año 2014. Respecto de dicha decisión la parte
demandante solicitó “aclaración y/o corrección”.

4. En providencia del 23 de octubre de 2024, la autoridad judicial accionada rechazó
por improcedente la anterior solicitud, al considerar que la demandante pretendía un
nuevo análisis de fondo del caso que influiría en el derecho como fue reconocido y,
por tanto, implicaría una revocatoria o modificación por parte del mismo juez, lo cual
era legalmente inviable mediante ese mecanismo.

5.La parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes
defectos:

6.Defecto fáctico, por la inadecuada valoración de los tiempos laborados
debidamente probados, lo cual conllevó a que se declarara que los requisitos para
consolidar su estatus pensional se cumplieron el 26 de noviembre de 2016, cuando
en realidad fue el 13 de abril de 2012, comoquiera que laboró en el Fondo Nacional
de Caminos Vecinales del 10 de julio de 1980 al 31 de diciembre de 1994, en el cargo
de secretaria ejecutiva.

7. Agregó que, ante la inconsistencia en la valoración probatoria, se inaplicó la sana
crítica pues la accionada consideró que con corte 25 de julio de 2005 -fecha de
entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005- la actora no tenía 750 semanas
cotizadas. Sin embargo, para esa fecha había cotizado más de las semanas
requeridas, puntualmente 830,28.

8. Desconocimiento del precedente judicial, al haber ignorado las sentencias T-
149 de 2020 y T-370 de 2016 de la Corte Constitucional donde se ordenó el
reconocimiento pensional bajo el régimen de transición, computando tiempos
administrativos y docentes cotizados en Cajanal y el Fomag, y se precisó que para
ser beneficiario del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 debía
acreditar 750 semanas a la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005.

9. Adicionó que tiene derecho de acceder a la pensión de jubilación como
beneficiaria del régimen de transición, porque cumple con las reglas establecidas en
la sentencia T-370 de 2016; pues: (i) tiene 750 semanas cotizadas al 25 de julio de
2005 y; (ii) cuenta con los requisitos de edad y tiempo al 31 de diciembre de 2014,
ya que consolidó su estatus pensional el 13 de abril de 2012.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00038-01
Accionante: Omaira María Castilla García
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

10.Violación directa de la Constitución Política, por haber desconocido el
derecho adquirido establecido en el artículo 48 constitucional, al excluirla del régimen
de transición, con fundamento en que para el 25 de julio de 2005 no tenía 750
semanas cotizadas, cuando en realidad tenía 830,28.

B. Sentencia de primera instancia

En fallo de 12 de febrero de 2025, la Sección Segunda – Subsección B del
11.

Consejo de Estado negó el amparo.

12.
Estudió en conjunto el defecto fáctico y la violación a la Constitución Política, toda
vez que ambos controvertían la decisión de la autoridad judicial demandada de
negar el derecho pensional con fundamento en que al 25 de julio de 2005 no tenía
las 750 semanas requeridas para conservar el régimen de transición.
13.
Al respecto, arguyó que la autoridad judicial demandada hizo un análisis explícito
de los tiempos de vinculación de la demandante y las entidades donde prestó sus
servicios con sus respectivos cargos, lo cual permitió evidenciar que -contrario al
decir de la demandante- tuvo en cuenta el periodo laborado como secretaria en el
Fondo Nacional del Camino Vecinales, cosa distinta es que haya estimado que al
ser aquella una entidad no adscrita a la Secretaría de Educación y que su fin era
ajeno al educativo, no se podía tener como punto de partida de vinculación a la
docencia en el sector oficial, por lo que el cómputo inició a partir del 3 de septiembre
de 2008, fecha a partir de la cual ejerció funciones inherentes a dicha profesión.
14.
Continúo, precisando que el reproche principal de la demandante es que para la
fecha en que entró en vigor el Acto Legislativo 01 de 2005, ya tenía 830,28 semanas
cotizadas, si se tiene en cuenta el período laborado para el Fondo Nacional de
Caminos Vecinales, pero que aun así se le excluyó del régimen de transición.

15.
Frente a lo cual explicó que lo que resultaba determinante es que la elección entre
uno u otro régimen dependía del momento en que el docente comenzó su
vinculación al servicio educativo oficial; por lo que la autoridad judicial accionada en
su fallo concluyó que la demandante consolidó su estatus jurídico el 26 de noviembre
de 2016 al alcanzar los 20 años de cotización, sin embargo, para esta fecha ya había
fenecido el límite temporal señalado en el Acto Legislativo 01 de 2005. Situación
que, además, ya fue objeto de reproche ante el ad quem, mediante solicitud de
aclaración y/o adición de la sentencia, la cual fue resuelta en la providencia del 23
de octubre de 2024.

16.
De acuerdo con lo expuesto, evidenció que la demandante ha sido insistente en
que se acepte la interpretación que le resulta más favorable, sin que se observe un
yerro que configure una verdadera vulneración a derechos fundamentales,
comoquiera que el Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A explicó de
forma clara y contundente por qué pese a que la demandante acreditó tiempo de
servicio en el Fondo Nacional de Caminos Vecinales del 10 de julio de 1980 al 31

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00038-01
Accionante: Omaira María Castilla García
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de diciembre de 1994, no era posible acceder al reconocimiento pensional en los
términos solicitados.

17.
Respecto al presunto desconocimiento del precedente judicial de la Corte
Constitucional, la Sala estimó que no era pertinente hacer un estudio de fondo, por
cuanto las sentencias que se invocaron como desconocidas son de tutela, cuyos
efectos son inter partes, y de ninguna manera comportan una decisión de unificación
o de obligatorio acatamiento.

C. La impugnación
18.
La accionante reiteró que los 20 años de servicio los cumplió el 13 de abril de
2012, según los certificados aportados en la demanda, y no el 26 de noviembre de
2016, como lo afirmó la autoridad judicial accionada en el fallo acusado; por lo que
se desvirtúa supuesta falta de tiempo laborado para negarle la pensión.

19.
Expresó que la tacha que le hace a la fecha 26 de noviembre 2016 obedece a que
en ninguna parte de la sentencia se consigna alguna sumatoria o contabilización de
tiempo por la cual el juez obtuvo esa data, que lo llevó a concluir que la actora
cumplió los 20 años de servicio después del 31 de diciembre de 2014, vía por la cual
la excluyó como beneficiaria del régimen de transición. Agregó que, por el contrario,
el cómputo de los períodos laborados conduce a que cumplió esos 20 años el 13 de
abril de 2012, dentro de la vigencia extendida del régimen de transición, es decir
antes del 31 de diciembre de 2014.

20.
Manifestó que extraer el tiempo de servicio que prestó en el Fondo Nacional de
Caminos Vecinales resulta inconstitucional, frente al artículo 48 de la Constitución
Política; toda vez que ese vale para todo efecto en virtud de que en la sentencia
acusada fue tenido en cuenta para el régimen de transición y las consecuencias que
de ello se derivan.

21.
Resaltó que en ninguna parte de la sentencia de segunda instancia se expresó
que el tiempo laborado en esa entidad era excluido para el cómputo de los 20 años
de servicios. Al contrario, en las páginas 15 y 16 de la misma, dicho tiempo aparece
reconocido como empleada pública. Además, aquello le sirvió para conservar el
régimen de transición extendido, lo cual le fue reconocido por el juez.

22.
Sostuvo que el 26 de noviembre de 2016 no pudo ser el resultado de sumar
solamente el tiempo laborado como docente, pues 4.120 días equivalen a 11 años,
3 meses y 11 días. Del mismo modo, adujo que, si la fecha para obtener los 20 años
de servicios fue el resultado de computar solamente a partir del 3 de septiembre de
2008, tampoco sería coherente el resultado, debido a que 3.509 días equivalen a 9
años, 7 meses, 7 días. Lo que demuestra que la data indicada en el fallo acusado es
un error de cálculo o de trascripción.

23.
Adicionó que en la instancia de tutela tampoco se hizo ninguna sumatoria de
tiempo para verificar de dónde o cómo fue obtenido el 26 de noviembre de 2016,
como fecha en que cumplió 20 años de servicio.
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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00038-01
Accionante: Omaira María Castilla García
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

II. C O N S I D E R A C I O N E S

24. EstaSubsección encuentra que el presente asunto satisface los requisitos
generales para habilitar la procedencia excepcional del mecanismo de amparo.

25. Previa constatación de la suficiencia argumentativa ofrecida en la demanda e
impugnación al haberse identificado de forma clara y concreta los motivos de la
violación que atribuye a la decisión acusada, la Sala considera que la cuestión que
se debate en esta oportunidad trasciende el ámbito de la mera legalidad y es de
relevancia constitucional, en la medida en que se persigue la efectiva protección de
los derechos fundamentales debido proceso, igualdad, mínimo vital, seguridad social
y acceso a la administración de justicia, presuntamente vulnerados con ocasión de
un vicio en el que incurrió la autoridad accionada, que condujo a negar las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo
propósito era el reconocimiento de la pensión de jubilación.

26. Más allá de una insistencia injustificada sobre la forma de interpretar las
disposiciones legales aplicables o de valorar las pruebas, se presenta una censura
respecto a la motivación de la decisión, relativa a que la autoridad judicial no da
cuenta de la forma en que arribó a una conclusión que es determinante para la
definición del litigio, como es la fecha en que se consolidó el estatus pensional. De
verificarse que efectivamente se presentó el yerro en ese conteo, se podría estar
privando a la accionante de su derecho pensional, por cuenta de un lapsus de la
autoridad judicial, que no ha sido corregido en sede ordinaria.

27. Aunado a lo anterior, (i) la accionante hizo uso de todos los medios que tenía a su

alcance para procurar la salvaguarda de los derechos fundamentales que estima
transgredidos4; (ii) el recurso de amparo constitucional fue ejercido oportunamente
(7 de enero de 2025), es decir, dentro del término de los 6 meses siguientes a la
notificación de la providencia que resolvió la solicitud de aclaración (4 de diciembre
de 2024)5; y, (iii) no se trata de una tutela interpuesta contra una sentencia proferida
en un proceso de la misma naturaleza.

28.
Respecto a la configuración de las causales específicas de procedibilidad
atribuidas en el caso bajo estudio, si bien la accionante alegó un defecto fáctico, un
desconocimiento del precedente y una violación directa a la Constitución Política, los
argumentos que sustentan la ocurrencia de dichos vicios se enmarcan en una
deficiencia por falta de motivación en la decisión acusada, pues giran en torno a una
carente sustentación respecto al fundamento de la fecha en que la señora Omaira
María Castilla García consolidó su estatus pensional (26 de noviembre de 2016).

29. Aunque se plantea que ese yerro deriva de una indebida valoración probatoria y

la aplicación indebida de las disposiciones legales así como de la jurisprudencia,

4 Contra el fallo de 1 de septiembre de 2022 presentó solicitud de aclaración y/o corrección, la cual fue resuelta

en auto de 23 de octubre de 2024. Dicha solicitud versaba sobre los mismos puntos cuestionados en la tutela.
5 Ese término ha sido considerado por esta Corporación como razonable para acudir al juez de tutela cuando se

pretende censurar una providencia judicial.
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como se expondrá en las líneas siguientes, la objeción concreta de la accionante es
que se hizo un cómputo inadecuado de los años de servicio, y ello no deviene de
falencias en la apreciación de las pruebas, pues la providencia refleja esa
información, sino de un error en la contabilización de los tiempos que la misma
autoridad encontró probados.

30. En este punto es importante recordar que la jurisprudencia constitucional6 ha
indicado que el juez de tutela cuenta con amplias facultades para determinar el
problema jurídico a resolver, que incluyen la de interpretar la demanda a efectos de
dilucidar el asunto que motiva la controversia. De manera que, no está limitado
estrictamente a lo que indiquen las partes y puede fijar el alcance real del litigio, de
conformidad con los presupuestos fácticos puestos a su consideración; tal y como
sucede en esta ocasión en la que los reproches fueron encauzados como un defecto
fáctico, un desconocimiento de precedente y una violación directa de la Constitución
Política, pero los argumentos de la accionante se orientan a destacar una omisión
en la motivación de la sentencia recurrida.

31.
Así pues, la situación antes mencionada corresponde a lo que la jurisprudencia
constitucional ha denominado defecto por decisión sin motivación, el cual se
presenta “ante la ausencia de sustento argumentativo o la irrelevancia de las
consideraciones aplicadas para dirimir la controversia”.

32.
En la debida y suficiente motivación de las providencias judiciales descansa su
legitimidad y se hace efectivo uno de los aspectos esenciales del derecho
fundamental al debido proceso. La motivación de las decisiones guarda íntima e
indisoluble relación con la posibilidad efectiva de que los sujetos procesales puedan
impugnar o cuestionar las decisiones, en tanto les permite conocer las razones sobre
las cuales descansa la decisión y advertir entonces los puntos de la argumentación
en los cuales el operador de justicia hubiere errado; en ese sentido, esta exigencia
constituye un presupuesto insustituible para la concreción real de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y al acceso a la
administración de justicia.

33.
La debida motivación es un asunto que debe ser evaluado en cada caso, de
acuerdo con la complejidad de los asuntos que se estudien. Si bien existen
situaciones en las cuales la mera enunciación de la regla de derecho y de los hechos
permite adelantar un simple ejercicio de subsunción y arribar a una conclusión sin
lugar a equívocos, existen otros casos en los que se impone la necesidad de
adelantar un ejercicio argumentativo explícito más elaborado.

34.
En asuntos de carácter pensional, en los que se debaten aspectos como la
aplicación del régimen de transición, y la conservación del mismo de cara a las
semanas cotizadas hasta determinada fecha, puede resultar insuficiente relacionar
fechas de inicio y terminación de las diferentes vinculaciones a considerar en la
historia laboral y concluir que en determinada fecha se cumplió con el requisito que

6 Entre otras decisiones, se puede consultar las sentencias SU-222 de 2016 y SU-150 de 2021.

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indica la norma aplicable. En especial cuando, a simple vista ese resultado no parece
ser consecuente con los datos suministrados previamente.

35.
Descendiendo al caso, la parte actora sostiene que el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A en la sentencia de 1 de septiembre de 2022, no
expresó el motivo o consignó alguna sumatoria o contabilización del tiempo que lo
llevó a señalar el 26 de noviembre de 2016 como fecha de consolidación del estatus
pensional, data que lo llevó a considerar que cumplió los 20 años de servicio después
del 31 de diciembre de 2014 y la excluyó como beneficiaria del régimen de transición
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

36.
Una revisión del proveído cuestionado permite entrever el siguiente análisis
relacionado con la aplicación del régimen de transición en el caso de la señora
Omaira María Castilla García:

<< (…) Segundo problema jurídico

¿La demandante se hizo beneficiaria del régimen de transición contenido en el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, y en ese orden tendría derecho a que su pensión de jubilación se
gobierne por el régimen contenido en la Ley 33 de 1985 (sic)?

Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: si bien la demandante se hizo
beneficiaria del régimen de transición traído por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo
cierto es que no le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en los
términos instados, conforme se pasa a explicar (…).

Ahora bien, bajo estos postulados y de conformidad con el material probatorio relacionado
en el problema jurídico en precedencia, al verificar la situación particular de la señora
Omaira María Castilla García se encuentra que:

• Nació el 19 de julio de 1956, conforme copia de cédula de ciudadanía (índice 2 registro
de SAMAI) y laboró en el Fondo Nacional de Caminos Vecinales desde el 10 de julio de
1980 y hasta el 31 de diciembre de 1994, en el cargo de secretaria ejecutiva, grado 5040,
código 11, conforme se desprende del certificado expedido por la referida entidad (ibidem),
para un total de 14 años, 5 meses y 21 días de servicio.

• En ese sentido, se advierte que la demandante al 30 de junio de 1995 contaba con 39
años de edad y aproximadamente 14 años de servicios, por lo que está cobijada por el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, por cumplir una de las dos exigencias
reguladas en su artículo 36 como es tener 35 o más años de edad a la entrada en vigencia
de la citada ley.

Por su parte, la señora Castilla García demostró que presentó las siguientes vinculaciones
interinas con la Secretaría de Educación del departamento del Cesar, con ocasión de
sendos cubrimientos en el cargo de docente, así:

• Licencia por maternidad de docente de la Institución Educativa CASD, desde el 21 de
octubre de 2004 y hasta el 9 de enero de 2005, según Resolución 0111 del 21 de octubre
de 2004 y la correspondiente acta de posesión 441 (índice 2 registro de SAMAI).
• Licencia por maternidad de docente de la Institución Educativa José Antonio Galán, desde
el 17 de enero de 2005 y hasta el 10 de abril del mismo año, conforme la Resolución 0005
del 24 de enero de la precitada calenda y acta de posesión 492 (ibidem).
• Reemplazo de docente de la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Castro
Monsalvo por comisión no remunerada, desde el 23 de mayo de 2005 y hasta el 6 de junio

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00038-01
Accionante: Omaira María Castilla García
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

de 2006, conforme Resoluciones 001010 del 23 de mayo de 2005 y 001289 del 6 de junio
de 2006 (ibidem).

De manera posterior, fue incorporada de manera provisional en el empleo de docente
primaria de la Institución Educativa Luis Ovidio Rincón Lobo Valencia de Jesús, desde el
19 de junio de 2008 y hasta el 16 de septiembre de la misma anualidad cuando le fue
aceptada la renuncia a través de Resolución 002107 de la misma data (ibidem).

Asimismo, laboró al servicio de la Secretaría de Educación del departamento del Cesar
desde el 3 de septiembre de 2008 y hasta el 2 de febrero de 2013; y desde el 8 de febrero
de 2013 y hasta al menos el 12 de abril de 2018, conforme se observa de los formatos
únicos para la expedición de certificado laboral expedidos el 5 de octubre de 2017 y la
última de las precitadas calendas (ibidem).

En estos términos, una vez demostrado que la parte activa se hizo beneficiaria del régimen
transitorio de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y de cara a verificar el
cumplimiento de las exigencias previstas por la Ley 33 de 1985 para el reconocimiento
pensional, se tiene que la señora Omaira María Castilla García cumplió los 55 años de
edad el 19 de julio de 2011 y acreditó los 20 años de servicios el 26 de noviembre de 2016.

No obstante lo anterior, es pertinente remitirse a lo preceptuado en el parágrafo 4.° del
artículo 1.° del Acto Legislativo 01 de 2005, en cuanto delimitó bajo ciertas circunstancias
la extensión del referido régimen hasta el año 2014, así (…).

Lo expuesto denota que lo pretendido por el legislador con esta adición de la norma era
hacer extensivo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 para aquellos trabajadores
que, habiendo cumplido uno o ambos presupuestos legales previstos por el artículo 36
ejusdem para gozar de este, también demostraran al menos 750 semanas de cotización a
pensión –a la fecha de promulgación del Acto Legislativo 01 de 2005 (25 de julio de 2005)-
, con el fin de mantener la edad, monto y tiempo de servicios de la norma anterior que regía
su situación pensional, ello únicamente hasta el año 2014 (…).

Por consiguiente, no sería oportuno estimar que la previsión del parágrafo 4.° del artículo
1.° del Acto Legislativo 01 de 2005 también cobija a los empleados que no alcanzaron a
acreditar el mínimo de semanas requeridas por el ordenamiento para que el referido
régimen de transición les fuera prolongado. De manera que, en cuanto a este personal, la
consecuencia lógica de su regulación normativa en materia pensional se ve manifestada
en el Sistema General de Pensiones (Ley 100 de 1993), el cual señala en su artículo 33
las directrices para acceder a la pensión de vejez (…).

Bajo esta línea de intelección, es posible deducir que la señora Omaira María Castilla
García si bien en principio se hizo beneficiaria del régimen de transición consagrado en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al haber acreditado más de 35 años de edad a la entrada
en vigencia de la mentada norma, lo cierto es que al haber consolidado su estatus jurídico
el 26 de noviembre de 2016, cuando acreditó los 20 años de servicio en el sector público
bajo las prerrogativas de la Ley 33 de 1985, ya había fenecido el límite temporal señalado
por el Acto Legislativo 01 de 2005 para la extensión del régimen de transición del referido
artículo 36 (…).

Por consiguiente, se impone la negativa de atender las disposiciones pensionales previstas
en normas anteriores a la Ley 100 de 1993 para resolver la controversia suscitada en la
presente causa judicial, por lo que se colige que el régimen que le resultaría aplicable a la
libelista es el contenido en la precitada disposición normativa>> (subrayado fuera del texto
original).

37.
Teniendo claro lo anterior, esta Sala de Subsección observa que, tal como lo
expone la parte accionante en sus escritos de tutela e impugnación, en la providencia
8

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00038-01
Accionante: Omaira María Castilla García
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

censurada no se hacen explícitas las razones que le permitieron a la autoridad
judicial accionada arribar a la conclusión que la señora Omaira María había adquirido
su estatus pensional el 26 de noviembre de 2016. A pesar de que exterioriza la
situación fáctica y posteriormente las distintas relaciones laborales que aquella había
tenido y, a pie de página los tiempos laborados en años, meses y días; nunca indica
el motivo u operación aritmética que le permitió concluir que la demandante acreditó
los 20 años de servicio en la mencionada fecha.

38.
Análisis que resultaba de gran importancia esgrimir en la decisión de cierre,
debido a que tener en cuenta ese término como consolidación del estatus pensional
de la señora Castilla García, determinó que la misma fuera excluida del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 (el cual la misma
accionada determinó que le era aplicable), por concluir que la actora cumplió la edad,
pero no el tiempo de servicios antes de fenecer la fecha establecida en el Acto
Legislativo 01 de 2005 (año 2014).

39.
La Sala constató que los tiempos reflejados en la providencia cuestionada,
encuentran sustento en las pruebas documentales allegadas al proceso7, de ahí que
no se pueda censurar la valoración de tales elementos de convicción. No se puede
decir lo mismo de la motivación, pues además de que no se observa un ejercicio
argumentativo tendiente a vincular los hechos probados (tiempos de servicios) con
la conclusión (fecha en que se cumplieron los 20 años de servicio), se encuentran
evidencias claras de que esta última es errada.

40.
Según los tiempos que se mencionan en la misma providencia, se puede concluir
que -contrario a lo afirmado por la autoridad judicial- los 20 años de servicio
requeridos para ser beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley
100 de 1993, efectivamente se cumplieron antes del año 2014, como lo requiere la
norma, y no en el 2016.

41.
Lo anterior, si se tiene en cuenta que para el 31 de diciembre de 1994 la señora
Castilla García contaba con un total de 14 años, 5 meses y 21 días de servicio. Es
decir, únicamente le faltaban 5 años, 6 meses y 9 días para cumplir los 20 años
requeridos. Los cuales los adquirió cuando laboró en la Institución Educativa CASD,
desde el 218 de octubre de 2004 hasta el 9 de enero de 2005 (2 meses y 18 días);
en la Institución Educativa José Antonio Galán, desde el 17 de enero de 2005 hasta
el 10 de abril del mismo año (2 meses y 23 días); en la Institución Educativa Técnico
Industrial Pedro Castro Monsalvo desde el 23 de mayo de 2005 hasta el 6 de junio
de 2006 (1 año y 13 días); en la Institución Educativa Luis Ovidio Rincón Lobo
Valencia de Jesús, desde el 199 de junio de 2008 hasta el 16 de septiembre de la
misma anualidad (2 meses y 27 días) y; en la Secretaría de Educación del
departamento del Cesar desde el 3 de septiembre de 2008 hasta el 2 de febrero de

7 Se advirtieron diferencias mínimas respecto de algunos días, que no resultan sustanciales (no suman más de

15 días en total) y que -en todo caso- corresponden a la apreciación que de dichas pruebas debe hacer el juez
natural.
8 Según la prueba a folio 13 de la demanda, es desde el 18 de octubre de 2004.
9 Según la prueba a folio 24 de la demanda, es desde el 19 de junio de 2008.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00038-01
Accionante: Omaira María Castilla García
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

2013 (4 años, 4 meses y 29 días). Tiempo laborado que en total da como resultado
20 años, 7 meses y 11 días al 2 de febrero de 2013.

42.
Nótese que para arribar a esa conclusión, bastó con considerar las vinculaciones
detalladas por la autoridad judicial hasta 2013, pues se indica que desde febrero de
ese año hasta 2018 tuvo lugar otra relación laboral. Para entender de mejor manera
lo expuesto en el párrafo anterior, se presentan en forma gráfica los tiempos
reconocidos por la misma autoridad judicial en la sentencia cuestionada, y se hace
la sumatoria respectiva:

Diferencia
Experiencia Inicio Fin Años Meses días
días
Fondo Nacional de Caminos Vecinales 10/07/1980 31/12/1994 5287 14 5 21
Institución Educativa CASD 21/10/2004 9/01/2005 80 2 18
Institución Educativa José Antonio Galán 17/01/2005 10/04/2005 83 2 23
Institución Educativa Técnico Industrial Pedro
23/05/2005 6/06/2006 379 1 13
Castro Monsalvo
Institución Educativa Luis Ovidio Rincón Lobo
19/06/2008 16/09/2008 89 2 27
Valencia de Jesús
Secretaría de Educación del departamento del
17/09/200810 2/02/2013 1599 4 4 29
Cesar
Total 7517 19 15 131
20 7 1111

43.
Si el cálculo se hace sumando años, meses y días, se obtiene el resultado antes
indicado, que corresponde a más de 20 años de servicio. De igual manera si se toma
el total de días (7517) y se divide entre 360 para determinar la equivalencia en años,
se obtienen 20,88 años. La metodología que resulta más adecuada habrá de ser
definida por el juez natural, para los efectos de esta decisión el anterior ejercicio es
simplemente ilustrativo de que se presentó una falencia en la motivación pues se
concluyó que esos 20 años se cumplieron en 2016, sin aportar ningún elemento
fáctico adicional que permitiera derivar a ello.

44.
En este punto es importante destacar que en ese ejercicio no se excluyen el
tiempo laborado en el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, por cuanto la autoridad
judicial indicó en el fallo cuestionado que el sistema general de pensiones creado a
través de la Ley 100 de 1993 aplica para todos los habitantes del territorio nacional
sin hacer distinción, y con el fin de proteger las expectativas legítimas de aquellas
personas que se encontraban más cerca de acceder a su pensión a la fecha en que
hizo tránsito la legislación, se dispuso un régimen de transición en dicha materia,
regulado en el artículo 36 de la mentada Ley. Por lo que, si bien era dable descontarle
esos años para aplicar el régimen especial docente, no lo es para la aplicación del
de transición. De hecho, en el cálculo que se hizo en la providencia se incluyó, sino
no hubiese sido posible concluir ni siquiera que se cumplieron los 20 años en 2016.

10 La fecha que se indica es 3-sept, pero se calcula desde el 17-sep, porque la vinculación anterior finalizó en 16-

sep.
11 En este último cuadro los días se pasan a meses y los meses a años.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00038-01
Accionante: Omaira María Castilla García
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

45.
Conforme lo anterior, es claro que en el fallo acusado no se realizó una operación
aritmética ni se expuso motivo alguno relacionado con cómo presuntamente la actora
acreditó los 20 años de servicios el 26 de noviembre de 2016. Pues de la simple
lectura de la sentencia de 1 de septiembre de 2022, aquella conclusión se da en un
solo renglón, sin explicación o sustento alguno de su origen. De las consideraciones
no se puede extraer alguna hipótesis sobre la forma en que pudieron haberse
contado esos 20 años de servicio, para dar como resultado el 26 de noviembre de
2016. Por ende, no se logra establecer si aquella fecha fue consecuencia de una
equivocada e involuntaria contabilización de los años de labor de la actora.

46.
Adicional a lo anterior, tampoco existe explicación relacionada con el hecho de
que la señora Omaira María Castilla García cumplía o no con las 750 semanas a la
entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005 (25 de julio de 2005).

47.
Aquello únicamente se logra captar o entrever de lectura del fallo cuestionado,
cuando se citan distintas decisiones relacionadas con que el régimen de transición
establecido en la Ley 100 de 1993 no podrá extenderse más allá del 31 de julio de
2010, excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, tengan cotizadas
al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en
vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, a los cuales se les mantendrá aquel hasta
el año 2014.

48.
Por cuanto después de ello, la autoridad judicial accionada indicó que la actora no
era beneficiaria del régimen de transición toda vez que consolidó su estatus jurídico
el 26 de noviembre de 2016 (20 años de servicio en el sector público), fecha en la
que ya había fenecido el límite temporal señalado por el Acto Legislativo 01 de 2005
para la extensión del régimen de transición del artículo 36 de Ley 100 de 1993, esto
es, el año 2014. Lo que da a entender que cumplía con las 750 semanas de
cotización requeridas en el debido momento, pero claramente nunca se explica
específicamente en el fallo acusado.

49.
La Sala advierte que cuando a un juez de lo contencioso administrativo le
corresponde resolver sobre un litigio de índole laboral, realizar un estudio como el
advertido en la decisión de 1 de septiembre de 2022 se torna limitado, pues se reduce
a relacionar hechos, pruebas y citar varias providencias judiciales coherentes con el
tema, llegando a conclusiones que para los usuarios de la administración de justicia
no son fáciles de comprender ante la falta de motivación, cuando lo cierto es que su
solución demanda una explicación mucho más detallada. Máxime cuando se están
analizando los tiempos laborados por una persona para alcanzar su pensión de
jubilación.

50.
La Sala encuentra oportuno destacar que el yerro en la motivación, en esta
ocasión -y de cara a lo señalado en la tutela- se limitó a la sumatoria de los tiempos.
No corresponde al juez de tutela emitir consideraciones respecto a la corrección de
los argumentos jurídicos ni el análisis legal que realizó el juez natural, respecto al
régimen pensional aplicable. De ahí que las consideraciones no estén orientadas a

11

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00038-01
Accionante: Omaira María Castilla García
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

señalar deficiencias sustantivas, pues finalmente esos asuntos los debe resolver el
juez de la causa.

51.
En virtud de lo anterior, se revocará la decisión de primera instancia, para amparar
los derechos fundamentales al debido proceso y seguridad social de la señora
Omaira María Castilla García, en tanto en este caso al adelantar el estudio detallado
de la providencia cuestionada por la accionante y a partir de los mismos hechos
señalados en la demanda de tutela e impugnación, esta Sala ha constatado la
configuración del defecto de decisión sin motivación en la sentencia de 1 de
septiembre de 2022, proferida en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho 20001-23-33-000-2018-00117-01, razón por la cual se dejará sin efectos
esa providencia para que, en el término de treinta (30) días contados a partir de la
notificación de la presente providencia, el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A se sirva proferir una nueva sentencia que cuente con una motivación
explícita, que dé cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos que sustenten las
decisiones que se adopten a través de la misma, según lo expuesto en esta
providencia.

52. Por lo expuesto anteriormente, la Sala REVOCARÁ la sentencia de 12 de febrero

de 2025 proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B,
para en su lugar AMPARAR los derechos fundamentales invocados, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

53. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 12 de febrero de 2025 proferida por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y la
seguridad social de la señora Omaira María Castilla García y, en consecuencia, dejar
sin efectos la providencia de 1 de septiembre de 2022, proferida por el Consejo de
Estado – Sección Segunda – Subsección A en el marco del proceso 20001-23-33-
000-2018-00117-01 para que, en el término de treinta (30) días contados a partir de
la notificación de la presente providencia dicte una nueva decisión, con una
motivación explícita y suficiente que dé cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos que sustente las decisiones que se adopten a través de la misma, según lo
expuesto en esta providencia.

TERCERO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

CUARTO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00038-01
Accionante: Omaira María Castilla García
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE12
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

12 VF

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