Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00040-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00040-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00040-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
3 de julio de 2025
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00040 01
Demandante: Silvio Hernández Güecha y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2025 00040 01
Demandante: SILVIO HERNANDEZ GÜECHA Y OTROS
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN C, Y OTRO
Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia
de relevancia constitucional cuando el debate
planteado por el demandante pretende reabrir la
controversia ya resuelta por el juez natural
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra el
fallo del 24 de abril de 2025, dictado por el Consejo de Estado, Sección
Quinta.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. Los señores Silvio Hernández Güecha, Magdalena Rivas Mendoza,
Mayerly Paola Hernández Rivas, Edna Margarita Sánchez Rivas y Edwin
Javier Hernández Herrera solicitaron el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la vida y a la dignidad humana, que estiman
vulnerados con ocasión del proceso de reparación directa adelantado
contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército
Nacional, dentro del que fue dictada la sentencia del 19 de julio de 2022
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, que revocó la
decisión de primera instancia, proferida el 19 de julio de 2022 por el
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 00040 01
Demandante: Silvio Hernández Güecha y otros
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
A1.
De igual forma, estimó vulneradas las mencionadas garantías
fundamentales por la providencia del 30 de agosto de 2024, dictada por
el Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión 25, que declaró infundado
el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los demandantes
contra la decisión del del 19 de julio de 20222.
1.2. En la referida demanda de reparación directa, el señor Silvio
Hernández Güecha y otros3 solicitaron que se declarara administrativa y
patrimonialmente responsables a las demandadas por los perjuicios
causados con el secuestro del subintendente de la Policía Nacional, Elkin
Hernández Rivas por parte de la guerrilla de las FARC, en hechos ocurridos
el 14 de octubre de 1998 y de su posterior muerte durante el operativo
militar denominado “Operación Júpiter” adelantada el 26 de noviembre de
2011.
1.3. La demanda de reparación directa correspondió al Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, quien
profirió sentencia el 12 de junio de 2013, mediante la cual accedió
parcialmente a las pretensiones, al considerar que el Ejército Nacional
tenía conocimiento de que en el lugar donde se iba a realizar el operativo
había secuestrados y que el grupo armado tenía la orden de asesinarlos
ante un eventual intento de rescate. Y, frente a la responsabilidad de la
Policía Nacional por el secuestro, consideró que los demandantes no
demostraron que el señor Elkin Hernández Rivas hubiera recibido órdenes
por parte de la entidad para desplazarse del municipio de Paujil a Florencia
(Caquetá), trayecto en el que fue secuestrado.
1
Proceso que se identificó con el radicado 25000-23-36-000-2013-00197-00/01.
2
Proceso que se identificó con el radicado 11001-03-15-000-2023-07104-00.
3
Magdalena Rivas Mendoza, Mayerly Paola Hernández Rivas, Edna Margarita Sánchez Rivas, Edwin Javier
Hernández Herrera, Jasmín Vargas Rivas, Edna Margarita Sánchez Rivas y Mayerly Paola Hernández Rivas, así
como los menores Katherine Hernández Cadena, Mohamed Daniel Sánchez Rivas y Lina María Silvana Sánchez
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Demandante: Silvio Hernández Güecha y otros
1.4. La parte demandante y el Ejército Nacional apelaron la anterior
decisión y, mediante providencia del 19 de julio de 2022, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, la revocó, y en su lugar declaró
probada la excepción de caducidad frente a las pretensiones elevadas
contra la Policía Nacional por el secuestro del señor Hernández Rivas, al
considerar que los demandantes habían tenido conocimiento de tal hecho
el mismo día en que ocurrió, es decir, el 14 de octubre de 1998. Por lo
tanto, el término corrió hasta el 17 de octubre del 2000, mientras que la
demanda se radicó el 19 de febrero de 2013.
En segundo lugar, consideró que la parte demandante no había probado
la falla en el servicio alegada, esto es, que el Ejército Nacional no hubiera
planeado en debida forma la “Operación Júpiter” o que hubiera omitido la
adopción de las precauciones debidas.
1.5. Contra la anterior decisión, los demandantes presentaron el recurso
extraordinario de revisión que correspondió al Consejo de Estado, Sala
Especial de Decisión Número 25, quien profirió sentencia del 30 de agosto
de 2024, que lo declaró infundado.
1.6. Los accionantes alegaron en la tutela que las decisiones debatidas
incurrieron en defecto fáctico por falta de valoración e indebida
valoración de las pruebas aportadas al expediente, las cuales, según
alegan, demostraban la responsabilidad del Ejército Nacional en la muerte
del señor Elkin Hernández Rivas.
En concreto, señalaron que no se tuvieron en cuenta las pruebas de las
conclusiones a las que llegó el propio Ejército Nacional sobre los errores
que cometió en la operación —aunque al respecto solo mencionó el
testimonio del sargento mayor Luis Alberto Eraso Maya—, como lo fue
actuar con desconocimiento de la zona y el adelantamiento de acciones
contrarias al sigilo que debe revestir una operación militar de ese tipo,
pues las aeronaves se acercaron al lugar donde se encontraba la guerrilla
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con los secuestrados con el fin de dejar personal o alimentos, todo lo cual
ocasionó que fueran descubiertos.
1.7. La parte accionante sostuvo que las decisiones atacadas no tuvieron
en cuenta lo decidido en las siguientes sentencias que condenaron al
Estado por hechos similares a los que fueron materia de estudio en el sub
lite: (i) sentencia del 13 de diciembre de 2022, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, bajo el radicado 25000-23-36-000-2013-01269
01; (ii) sentencia del 22 de noviembre de 2018, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
radicado 11001-33-36-036-031-2015-00284-01, y (iii) sentencia del 23
de noviembre de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, radicado 25000-23-36-000-2014-00082-01.
Señaló que 11 días después de la expedición de la sentencia que aquí se
cuestiona4, el Consejo de Estado concedió las pretensiones en un caso
similar, correspondiente a la muerte en secuestro “del gobernador
GAVIRIA”, y dijo que “en esta ocasión, en que la guerrilla mató a los
secuestrados en una fallida operación de rescate, sí se condenó al Ejército
Nacional, por cuanto fue la causa eficiente para que la guerrilla, ejecutara
a los secuestrados por la incursión militar”. Por lo tanto, adujeron que les
fue vulnerado el derecho a la igualdad.
Además, alegó que la sentencia del 30 de agosto de 2024 desconoció el
precedente de la corporación al declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión.
1.8. Con fundamento en lo expuesto, formuló las siguientes pretensiones:
“1.- Como quiera que el Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección C y
posteriormente con el pronunciamiento de la Sala de Especial Decisión 25, con
la Sentencia del 19 de julio de 2022, desconoció pruebas legalmente aportadas
al proceso y con ello incurrió en Causales Genéricas de procedibilidad (antes
VIAS DE HECHO JUDICIAL); ocasionó que a través de un proceso preferente y
sumario, como lo determina el Decreto 2591 de 1991 reglamentario del artículo
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No obstante, no identificó la providencia a la que se refiere.
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Demandante: Silvio Hernández Güecha y otros
86 de la Constitución Política, solicite al señor Juez constitucional, el AMPARO o
TUTELA de los Derechos Constitucionales Fundamentales: derecho a la igualdad
art. 13 superior, en conexidad con el derecho a la vida art. 11 y la dignidad
humana por desconocer pruebas documentales legalmente aportadas al proceso
y por no respetar el derecho a la igualdad y el acatamiento del precedente
Judicial o constitucional y los además, los derechos que se incluyen en los
Convenios y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, que al haberse
integrado al Bloque de Constitucionalidad, priman incluso sobre el orden interno,
derechos que protegen de manera especial a las víctimas de delitos de lesa
humanidad, como fue el caso de los policías y militares y sus familias que
sufrieron largos años de secuestro y en el caso en concreto, por violaciones al
derecho internacional humanitario, los rehenes terminaron ejecutados.
2.- En aditiva y como consecuencia de lo anterior, se deje sin piso jurídico, o se
revoque la Sentencia del 19 de julio de dos mil veintidós (2022) proferida por
la Sección Tercera – Subsección C del Consejo de Estado (ruego tenerse en
cuenta que sobre esta sentencia, se adelantó recurso extraordinario de revisión
con fallo notificado el 16 de septiembre de 2024), para que se levante la
condición de cosa juzgada material de dicha Sentencia y se ORDENE a la Sección
Tercera, con nuevo Consejero Ponente de ser necesario, que dentro del plazo
otorgado por el H. Consejero de conocimiento de la Presente Tutela, profiera la
sentencia ajustada a derecho y con respeto pleno de los Derechos
Fundamentales de mis clientes y la observancia de la Orden de Operaciones
Júpiter del Ejército Nacional de fecha 15 de octubre de 2011, y con ella y el
respeto del derecho constitucional a la igualdad, se confirme la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera de fecha 12 de junio
de 2011, en la sentencia figura erróneamente el año 2013.
COROLARIO DE LO SEÑALADO EN LAS PRETENSIONES, DE MANERA OFICIOSA
SOLICITO AL DESPACHO, SE AMPAREN O PROTEJAN, LOS DEMÁS DERECHOS
QUE USTED, SEÑOR (A) JUEZ DE TUTELA, ESTIME CONVENIENTES COMO
CONOCEDOR (A) DE LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Mediante auto del 20 de febrero de 2025, el a quo admitió la tutela y
que reconoció como parte demandante al señor Edwin Javier Hernández
Herrera y ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la Nación,
Ministerio de Defensa, Policía Nacional y Ejército Nacional, y a los señores
Silvio Hernández Güecha, Magdalena Rivas Mendoza, Yasmín Vargas Rivas,
Edna Margarita Sánchez Rivas y Mayerly Paola Hernández Rivas, Katherine
Hernández Cadena, Mohamed Daniel Sánchez Rivas y Lina María Silvana
Sánchez.
2.2. El Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Número 25,
presentó informe sobre las actuaciones adelantadas en el proceso
ordinario y en el recurso extraordinario de revisión, y sostuvo que la parte
actora no acreditó que en estos se hayan vulnerado sus derechos
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Demandante: Silvio Hernández Güecha y otros
fundamentales por haber incurrido en el defecto que alega, pues la
providencia dictada en sede de revisión tuvo en cuenta el material
probatorio y la normativa aplicable.
Finalmente, sostuvo que los accionantes no explican cuáles son sus
inconformidades frente a la sentencia dictada en sede extraordinaria, por
lo que la solicitud de amparo no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, dado que los argumentos que expone en el escrito de
tutela son los mismos que fueron planteados en el recurso extraordinario
de revisión. Por lo anterior, solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional, o en su defecto, que se nieguen las pretensiones.
2.3. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, hizo un
resumen de las consideraciones expuestas en la decisión objeto de
ataque, y manifestó que los argumentos planteados en el escrito de tutela
son los mismos que presentaron en el recurso extraordinario de revisión,
por lo que señaló que la parte actora ha acudido a diferentes recursos con
el fin de obtener una decisión favorable a sus pretensiones. Por lo tanto,
solicitó que se declare improcedente la solicitud de amparo, o en su lugar,
se nieguen las pretensiones.
2.4. La Policía Nacional manifestó que los accionantes no probaron
encontrarse frente a un perjuicio irremediable derivado de las decisiones
atacadas, y que los argumentos planteados en el escrito de tutela ya
fueron objeto de análisis por los jueces naturales de la causa, razón por
la cual la acción de tutela resulta improcedente.
2.5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, remitió copia del expediente de reparación directa con
radicado 25000 23 36 000 2013 00197 00.
2.6. La Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional, y los
señores Yasmín Vargas Rivas, Katherine Hernández Cadena,
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Demandante: Silvio Hernández Güecha y otros
Mohamed Daniel Sánchez Rivas y Lina María Silvana Sánchez,
vinculados en el auto admisorio, guardaron silencio.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante fallo del 24 de abril de 2025, el Consejo de Estado, Sección
Quinta, declaró improcedente el amparo deprecado, al considerar que no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, porque los
accionantes no cumplieron con la carga argumentativa que se exige
cuando se ataca una providencia judicial dictada por las altas cortes, como
lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019. En tal
sentido, advirtió que lo que realmente pretende la parte accionante es
que el juez de tutela examine nuevamente el proceso de reparación
directa y profiera una decisión que resulte favorable a sus intereses.
Finalmente, negó la solicitud de desvinculación del trámite constitucional
elevada por la Sala Especial de Decisión Número 25 del Consejo de
Estado, y dispuso tener a estos últimos como accionantes a los señores
Silvio Hernández Güecha, Magdalena Rivas Mendoza, Edna Margarita
Sánchez Rivas y Mayerly Paola Hernández Rivas.
IV. IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó la sentencia de primera instancia y reiteró
los argumentos expuestos en el escrito de tutela.
Hizo énfasis en el desconocimiento del precedente jurisprudencial y al
respecto sostuvo que “no es de buen recibo que el A-quo haya declarado
la improcedencia de la tutela (…) bajo el argumento que no expuse
mínimamente, alguna regla o subregla de derecho aplicable a mi caso y
que hubiera sido desconocido por la parte accionada, en consideración a
las particularidades del caso en concreto”, y que “la Primera Instancia
Constitucional (A-quo), paso (sic) por inadvertida que contaba con las
facultades extra y ultrapetita para pedir y/o solicitar mediante auto para
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mejor proveer, las copias de todas y cada una de sentencias ante las
autoridades judiciales del Consejo de Estado, esto, para tener mejores
elementos de juicio para fallar este proceso de tutela y de ser el caso,
para cotejar las mismas con las apartadas por la parte accionante”.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
5.1. COMPETENCIA
De conformidad con lo previsto por el numeral 7º del artículo 2.2.3.1.2.1
del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º
del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12
de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna a
esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala
es competente para conocer del presente asunto.
5.2. HECHOS
5.2.1. El señor Silvio Hernández Güecha y otros5 interpusieron demanda
de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía
Nacional y Ejército Nacional, con la finalidad de obtener la indemnización
del daño causado por el secuestro del subintendente de la Policía Nacional,
Elkin Hernández Rivas, perpetrado por las FARC el 14 de octubre de 1998,
y por su posterior muerte durante un operativo militar de rescate
adelantado el 26 de noviembre de 2011.
5.2.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, mediante sentencia del 12 de junio de 2013, accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
5.2.3. La parte demandante y el Ejército Nacional apelaron la anterior
decisión y, mediante providencia del 19 de julio de 2022, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C la revocó, y en su lugar declaró
5
Ver nota al pie 2.
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probada la excepción de caducidad en lo relacionado con el secuestro y
denegó las demás pretensiones.
5.2.4. Contra la anterior decisión, los demandantes presentaron recurso
extraordinario de revisión y, en providencia del 30 de agosto de 2024, el
Consejo de Estado, Sala Especial de Decisión Número 25, lo declaró
infundado.
5.3. ANÁLISIS DE LA SALA
5.3.1. Cuestión previa. Manifestación de impedimento
La consejera de Estado de la Sección Primera, Nubia Margoth Peña
Garzón, a través de escrito del 2 de julio de 2025, manifestó encontrarse
incursa en la causal de impedimento prevista en el numeral 6° del artículo
56 del Código de Procedimiento Penal, norma aplicable por remisión del
artículo 39 del Decreto Ley 2591 de 1991, con fundamento en lo
siguiente:
“Comedidamente me permito manifestarle que me declaro impedida para
intervenir en la acción de tutela de la referencia, por cuanto como integrante de
la Sala Especial de Decisión núm. 25 de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, suscribí la providencia de 30 de agosto de 2024, proferida dentro
del recurso extraordinario de revisión identificado con el número único de
radicación 2023-07104-00, que lo declaró infundado frente a la sentencia de 19
de julio de 2022, dictada dentro del medio de control de reparación directa
radicado bajo el núm. 2013-00197-01, objeto de tutela, por lo que considero que
me encuentro incursa en la causal de impedimento prevista en el artículo 56,
numeral 6, del CPP”.
El numeral 4 del artículo 56 de la Ley 906 de 20046, dispone lo siguiente:
“ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
(…)
6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata,
o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o
compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad
(sic) o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a
revisar (…)”. (Negrillas fuera del texto).
6
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. (Corregida de conformidad con el Decreto 2770 de
2004).
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Demandante: Silvio Hernández Güecha y otros
Al respecto, se observa que, en este caso, los accionantes alegan que la
sentencia del 30 de agosto de 2024, dictada por el Consejo de Estado,
Sala Especial de Decisión Número 25, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia, a la igualdad, a la vida y a la dignidad humana, al declarar
infundado el recurso extraordinario de revisión presentado en contra de
la sentencia del 19 de julio de 2022, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C.
Asimismo, la Sala advierte que dicha sentencia de revisión, controvertida
en este asunto constitucional, fue suscrita por la consejera de Estado
Nubia Margoth Peña Garzón.
Por lo tanto, se encuentra configurada la causal de impedimento prevista
en el numeral 6° del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, citado, razón por
la cual la Sala lo declarará fundado y separará del conocimiento del asunto
a la doctora Peña Garzón.
5.3.2. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige
una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el
fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una
manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa
juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.
5.3.2.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, al sintetizar los
requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación7,
7
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).
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Demandante: Silvio Hernández Güecha y otros
indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene
relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la
situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter
constitucional fundamental, por cuanto los debates de orden
exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.
Más recientemente, con la sentencia SU-215 de 20228, la Corte
Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela
contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia
constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario
de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de
los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:
“En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el
requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera
razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados”.
Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer término, si en este
caso se encuentra cumplido el requisito de relevancia constitucional, y
para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado
para el efecto.
5.3.2.1.1 Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional
En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que
el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales es que la cuestión que se discute
resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que
“el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen
una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse
en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
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M. P. Natalia Ángel Cabo.
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Demandante: Silvio Hernández Güecha y otros
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una
cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia
constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrarse en
aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente,
esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos
de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En la
sentencia SU–573 de 20199, el alto tribunal explicó que este requisito
persigue tres finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
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M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103
de 2022.
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Radicación: 11001 03 15 000 2025 00040 01
Demandante: Silvio Hernández Güecha y otros
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en
la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso
la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto
entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 10.
5.3.2.1.2. La instancia adicional
La Sala analizará directamente si en este asunto se cumple con el tercero
de los criterios de relevancia constitucional arriba referidos, con el cual se
busca evitar que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. Frente a
este elemento, la Corte Constitucional ha dicho11:
“Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se
restringe ‘a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada, en
particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones’, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022,
y reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que
“la tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no
un juicio de corrección del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo
de esa forma se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que
no son de su competencia y se evita que el recurso de amparo sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
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Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.
11
Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
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asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
Frente al tercer presupuesto de la relevancia constitucional, además de lo
dicho por la jurisprudencia citada, cabe destacar que en el fallo C-590 de
2005, la Corte Constitucional precisó que “los fundamentos de una
decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el
juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata
entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la
anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en
su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso.
De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual
para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber
pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión
y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en
condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales a los distintos
ámbitos del derecho”. [Se destaca].
Bajo este criterio, se tiene que, al menos en principio, en aquellos casos
en los que el interesado controvierte a través de la acción de tutela la
valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha
la convicción que generan en el fallador las pruebas allegadas al
expediente, o la inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en
la interpretación de las normas de carácter legal que regulan el caso, o
en el análisis de la jurisprudencia aplicable al mismo, resulta evidente que
este mecanismo está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se
desconocería la autonomía e independencia del juez natural.
5.3.3. Caso concreto
En este asunto, los argumentos de la presente acción de tutela giran en
torno a las inconformidades de la parte actora con la sentencia que
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declaró probada la caducidad del medio de control de reparación directa
en cuanto a las pretensiones relacionadas con el secuestro del
subintendente de la Policía Nacional, Elkin Hernández Rivas, perpetrado
por la guerrilla de las FARC, y denegó las pretensiones referidas a la
posterior muerte de la víctima, acaecida durante el operativo militar de
rescate denominado “Operación Júpiter”. Además, la parte actora se
encuentra inconforme con la sentencia que declaró infundado el recurso
extraordinario de revisión instaurado contra la anterior providencia.
La Sala observa que los planteamientos de la demanda particularmente
recaen sobre la decisión de denegar las pretensiones formuladas contra
el Ejército Nacional por la muerte del señor Hernández Rivas, pues la
parte actora considera que al respecto la providencia: (i) incurrió en falta
de valoración e indebida valoración de las pruebas que, según alega,
demostraban que el Ejército Nacional incurrió en errores tácticos dentro
de la operación militar de rescate, y (ii) desconoció el precedente fijado
por el Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca12
en sentencias que, según alega, condenaron al Estado por hechos
similares al caso objeto de estudio.
5.3.3.1. En cuanto a la valoración probatoria, la Sala advierte que los
argumentos expuestos en la solicitud de amparo constituyen simplemente
la reiteración del debate que ya se agotó en el proceso ordinario frente a
la responsabilidad del Estado por la operación que adelantaron las Fuerzas
Militares en el marco de sus funciones. Por lo tanto, resulta evidente que
esta acción se interpuso con el propósito de obtener una opinión diversa
a la que ya emitió la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
finalidad para la cual es improcedente este medio de protección
excepcional.
Dicho de otro modo, es claro que la actora sólo busca que el juez
constitucional analice nuevamente la controversia y emita una nueva y
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Referenciadas en el numeral 1.7 de esta providencia.
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distinta resolución sobre el particular, es decir, que sólo quiere acceder a
una instancia adicional, finalidad para la cual no es procedente este
mecanismo de protección.
5.3.3.2. En cuanto al desconocimiento del precedente, se advierte que
esta Sección, en sentencia del 19 de noviembre de 202113, sostuvo que
en las acciones de tutela contra providencia judicial en las que se alega el
desconocimiento del precedente se exige, como carga argumentativa
mínima, que se identifiquen: (i) la providencia desconocida, (ii) las reglas
y subreglas jurisprudenciales contenidas en la ratio decidendi de la
sentencia invocada, las cuales deben ser aplicables al caso a resolver, y
(iii) los problemas jurídicos, que en ambos casos deben ser análogos o
similares.
En el caso objeto de estudio, la parte demandante invocó unas sentencias
de la Sección Tercera del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, pero no identificó los problemas jurídicos que allí se
resolvieron ni efectuó una comparación entre los hechos estudiados en
esos asuntos y en el sub lite, para acreditar que las reglas y subreglas
contenidas en la ratio decidendi eran aplicables a su caso particular.
Por tanto, la acción de tutela no cumple con la carga argumentativa
mínima que se exige en los casos en los que se alega que una providencia
judicial ha incurrido en desconocimiento del precedente judicial. Para la
Sala, lo anterior deja en claro que la parte actora simplemente se
encuentra inconforme con la decisión que adoptó la autoridad accionada,
y que, en consecuencia, pretende que el juez constitucional realice un
nuevo y distinto análisis frente al debate que ya fue agotado en el proceso
de reparación directa.
5.3.3.3. A este efecto, la Sala destaca que en el proceso judicial se debate
sobre las pretensiones, las excepciones y los hechos que proponen
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Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez, bajo la radicación: 11001-03-15-000-2021-06983-00(AC).
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demandante y demandado, y que la decisión del juez se fundamenta
precisamente en las razones de la demanda y de la contestación, las
pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los casos
excepcionales que la ley prevé, de conformidad con las facultades
oficiosas que aquél tiene. Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez
decide precisamente sobre la controversia que se le ha planteado,
otorgándole la razón a alguna de las partes o aplicando la normativa
vigente para el caso, simplemente está ejerciendo las funciones que le
han sido atribuidas por la Constitución y la ley, en el ámbito de sus
competencias, y cualquier desconocimiento que a tales atribuciones
hiciera el juez constitucional constituiría claramente un pronunciamiento
por fuera de las competencias que le corresponden, utilizando además el
trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese propósito, como
lo es la tutela.
En un escenario de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional
el que vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin
competencia, entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para
modificar una decisión del juez competente para conocer del caso, en el
escaso término legal que le da la ley para pronunciarse, y siguiendo un
procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con el evidente riesgo
de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga decirlo, no
tiene la formación requerida.
Bajo tales condiciones, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse
sobre las cuestiones fácticas y de derecho que fueron objeto del debate,
porque así le fueron planteadas por las partes en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha
sido sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales, y no
es el juez de constitucionalidad el llamado a decirle cómo debe decidir el
caso en particular, rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que
precisamente se garantiza con el proceso diseñado para dirimir la
controversia.
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Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha
atendido el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que
se toma, cuando ella está por fuera de los planteamientos que en los
hechos y en derecho han formulado demandante y demandado, pues en
este caso, la decisión puede comprometer el núcleo fundamental del
debido proceso, en su faceta del derecho a la defensa, en la medida en
que tal decisión no haya podido ser controvertida.
Pero es evidente que ese no es el supuesto en la decisión que aquí se
examina, pues la parte actora no alega que el juez se haya desviado de
los hechos o el derecho propuesto en el proceso, sino que se limita a
controvertir la valoración efectuada por las autoridades de la jurisdicción,
como si este mecanismo pudiera emplearse como una instancia adicional.
Siendo así, es evidente que la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional en relación con el tercero de los presupuestos
estudiados, razón por la cual resulta completamente innecesario el
estudio sobre el posible cumplimiento de los restantes requisitos
generales de procedibilidad de la tutela contra decisiones judiciales.
5.3.4. Conclusión
Como consecuencia de lo expuesto, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia, en cuanto declaró improcedente la presente acción de
tutela, al constatar la ausencia del requisito de relevancia constitucional
respecto de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
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Demandante: Silvio Hernández Güecha y otros
PRIMERO: ACEPTAR el impedimento manifestado por la consejera de
Estado Nubia Margoth Peña Garzón, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 24 de abril de 2025, dictada
por el Consejo de Estado, Sección Quinta, por las razones expuestas en
este proveído.
TERCERO: NOTIFICAR esta decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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