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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00050-01

Fecha
24 de abril de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00050-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmase la sentencia de 20 de febrero de 2025, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de tutela. 11 Sentencia T-594 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño, reiterada en las Sentencias T- 410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras. 10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Ramiro Varela Molina Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y otros Radicado: 11001-03-15-000-2025-00050-01 SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00050-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

24 de abril de 2025

Demandante: Ramiro Varela Molina
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00050-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00050-01
Demandante: RAMIRO VARELA MOLINA
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A Y OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial – Inmediatez y
relevancia constitucional

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación presentada por la parte actora contra la
sentencia del 20 de febrero de 2025 proferida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

El señor Ramiro Varela Molina por intermedio de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, la Sala Plena de la Corte Constitucional, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y las Empresas Municipales de Cali –
(en adelante EMCALI E.I.C.E ESP), por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la asociación sindical, a la
seguridad social y al trabajo.

Lo anterior, con ocasión del auto 355 de 16 de marzo de 2022, proferido
por la Corte Constitucional, mediante el cual decidió el conflicto de
jurisdicción suscitado entre el Juzgado 17 Laboral del Circuito Judicial de
Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para conocer de la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió el actor
contra EMCALI l E.I.C.E ESP, y las sentencias de 26 de octubre de 2022
y 5 de junio de 2024 emitidas por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
respectivamente, que denegaron las pretensiones de la demanda antes
mencionada identificada con radicado 76001-23-33-000-2019-00384-
00/01/02.

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Demandante: Ramiro Varela Molina
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00050-01

1.2 Pretensiones

«1.- Respetuosamente solicito se sirva dejar sin efectos el auto No. 355
de fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil veintidós (2022), proferido
por la Sala Plena de la Corte Constitucional dentro del expediente CJU-
859 mediante el cual resolvió el conflicto de jurisdicciones entre el
Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali y el Tribunal Contencioso
Administrativo del Valle del Cauca.

2.- Como consecuencia de lo anterior se sirva dejar sin efectos la
sentencia de segunda instancia de fecha cinco (5) de junio del año dos
mil veinticuatro (2024), proferida por la Sección Segunda del Consejo
de Estado dentro del proceso con radicación No. 76001-23-33- 000-
2019-00384-02 con ponencia del H. magistrado Jorge Iván Duque
Gutiérrez.

3.- Como consecuencia de lo anterior se sirva dejar sin efectos la
sentencia de primera instancia No. 2017 de fecha veintiséis (26) de
octubre del año dos mil veintidós proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca.

4.- Como consecuencia de lo anterior se sirva declarar que el Juez
Diecisiete Laboral del Circuito de Cali, es el competente para resolver la
demanda laboral ordinaria impetrada por RAMIRO VARELA MOLINA,
en contra de EMCALI, cuya pretensión es el reconocimiento y pago de
su pensión vitalicia de jubilación convencional».

1.3. Hechos

La solicitud se sustentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

El accionante manifestó que interpuso demanda laboral ordinaria el 13 de
junio de 2017 contra EMCALI E.I.C.E ESP, a fin de que se le reconociera
y pagara su pensión vitalicia de jubilación convencional conforme a los
artículos 98 y 104 de la convención colectiva de trabajo 1999-2000,
suscrita entre EMCALI E.I.C.E ESP y SINTRAEMCALI.

Señaló que la demanda correspondió por reparto al Juzgado 17 Laboral
del Circuito Judicial de Cali; sin embargo, dicho juzgado declaró la falta de
jurisdicción y remitió su conocimiento a los Jueces Administrativos del
Circuito Judicial de Cali para que fuera tramitado a través del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Indicó que, por reparto, le tocó al Juzgado 2° Administrativo del Circuito
Judicial de Cali, que a su vez lo envió por competencia al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca siéndole asignado el radicado 76001-
23-33-000-2019-00384-00.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca celebró audiencia inicial el
26 de agosto de 2019 y por auto de 12 de febrero de 2020 declaró la falta
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de jurisdicción, por lo que planteó el conflicto respectivo.

Mediante auto 355 del 16 de marzo de 2022 , la Corte Constitucional, en
virtud del artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015, desató el conflicto
negativo de jurisdicciones, en el sentido de declarar que el competente
para conocer del proceso surtido por el tutelante contra EMCALI era el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, pues las funciones que
ejercía el demandante en ese ente estatal eran, en principio, de dirección
y confianza, por tanto, propias de los empleados públicos, de ahí que
fuera la jurisdicción contencioso- administrativa la encargada de decidir la
controversia.

Por lo tanto, el proceso volvió al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, autoridad que mediante sentencia del 26 de octubre de 2022
denegó las pretensiones de la demanda al considerar que el actor tuvo la
condición de empleado público en el período en que laboró en EMCALI,
pues ejercía actividades de dirección y confianza, y los beneficios
convencionales reclamados solo aplicaban para los trabajadores oficiales.

Allí se aclaró que, si bien había empleados públicos territoriales que
recibían esos auxilios y ello contrariaba el ordenamiento jurídico, se
respetarían para quienes a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
o dentro de los dos años siguientes (30 de junio de 1997), adquirieran el
status pensional, presupuesto que no satisfizo el actor, ya que cumplió los
requisitos para acceder a la pensión en el 2001.

Contra esta decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación,
el cual correspondió a la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de
Estado, que, mediante sentencia del 5 de junio de 2024, confirmó el fallo
de primera instancia.

Allí explicó que el Congreso de la República era el encargado de fijar el
régimen prestacional de los servidores públicos, por ende, los beneficios
para ellos fijados por los entes territoriales eran contrarios al
ordenamiento jurídico, salvo que el derecho a recibirlos se hubiere
consolidado antes del 30 de junio de 1995 y dentro de los 2 años
siguientes, pues en ese evento debía garantizarse las situaciones
consolidadas, tal como lo establecía el artículo 146 de la Ley 100 de 1993
y la Corte Constitucional.

1.4. Sustento de la vulneración

El demandante alegó que la tutela cumplía con los requisitos generales de
procedibilidad contra decisiones judiciales y las providencias censuradas
incurrían en los siguientes defectos:

Respecto al auto 355 del 16 de marzo de 2022, en el cual la Corte
Constitucional decidió el conflicto de jurisdicciones presentado entre el
Juzgado 17 Laboral del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal
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Administrativo del Valle del Cauca, alegó que incurrió en defecto fáctico,
por cuanto no advirtió que las pruebas daban cuenta que en el momento
en que se retiró de EMCALI tenía la condición de trabajador oficial, por
tanto, era la jurisdicción ordinaria laboral la encargada de conocer la
controversia.

Así mismo, consideró que se dio un defecto sustantivo, ya que inobservó
el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, que prevé que los servidores de
las empresas industriales y comerciales del Estado (como EMCALI) son
trabajadores oficiales.

En cuanto a las sentencias del 26 de octubre de 2022 y del 5 de junio de
2024, proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho por parte del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado, respectivamente,
aseguró que incurrieron en defecto sustantivo porque desconocieron los
artículos 467, 468 y 471 del Código Sustantivo del Trabajo, que protegen
la prerrogativa de los trabajadores oficiales de acceder a los beneficios
convencionales, condición que tenía porque el cargo que ocupó no estaba
enlistado como de libre nombramiento y remoción, por ende, no fue
empleado público.

De igual manera, sostuvo que se presentó un defecto fáctico, ya que no
advirtieron que las pruebas que reposaban en el expediente, en especial,
el Acuerdo 4 del 26 de diciembre de 1996, emitido por el Concejo de Cali,
daban cuenta que los cargos que desempeñó en EMCALI eran propios de
un trabajador oficial, por ser una empresa industrial y comercial del
Estado, y no de un empleado público.

1.5. Trámite de primera instancia

Mediante auto del 21 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados de la Corte Constitucional, de la
Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado y del Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca como autoridades accionadas y como
terceros con interés al Juzgado 17 Laboral del Circuito de Cali y al gerente
general de EMCALI.

1.6. Intervenciones

1.6.1 Corte Constitucional

El presidente de la Corte expresó que la decisión tomada mediante el
auto 355 de 2022 que dirimió el conflicto jurisdiccional suscitado entre el
Juzgado 17 Laboral del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, se fundamentó en un análisis jurídico
sólido, ponderado y juicioso, con base en el marco normativo y
jurisprudencial que regula la materia.

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Señaló que en la providencia se tuvo en cuenta que “por la naturaleza
jurídica de EMCALI, esta corporación y el Consejo de Estado han
entendido en sus pronunciamientos que, por regla general, sus servidores
son trabajadores oficiales, con excepción de aquellos que ejerzan cargos
de dirección o confianza quienes ostentarían la calidad de empleados
públicos”.

Concluyó que el demandante, prima facie, “desempeñó un cargo de
dirección y, por lo tanto, podía ser considerado un empleado público,
activando así la competencia de la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para conocer la controversia relativa a su seguridad social,
en los términos del numeral 4 del artículo 104 de CPACA”.

Por lo tanto, consideró que la providencia acusada estuvo debidamente
motivada y lo que se advierte es una discrepancia del accionante con los
argumentos utilizados por la Corte Constitucional para sustentar el auto
que dirimió el conflicto entre jurisdicciones.

Resaltó que dicha inconformidad no implica, de manera alguna, que la
decisión sea contraria al ordenamiento jurídico y mucho menos que
vulnere los derechos fundamentales del actor.

1.6.2 EMCALI E.I.C.E ESP.

Mediante escrito remitido por conducto de su coordinadora de defensa
jurídica, sostuvo que carece de legitimación en la causa por pasiva,
comoquiera que no tuvo injerencia en las providencias censuradas por el
tutelante, ni vulneró los derechos fundamentales invocados y tampoco
tenía competencia para atender sus pretensiones, dado que ello le
correspondía a las autoridades judiciales accionadas, motivos por los
cuales debía ser desvinculada de este trámite constitucional.

1.6.3 Juzgado 17 Laboral del Circuito Judicial de Cali

Se limitó a relacionar las actuaciones que surtió en la demanda promovida
por el tutelante contra EMCALI, pero no se pronunció sobre las
pretensiones formuladas en este trámite constitucional.

Tanto el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, como el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a pesar de ser notificados en
debida forma guardaron silencio.

1.7. Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 20 de febrero de 2025 la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, declaró improcedente la acción de tutela al considerar
que no cumple con el requisito de procedibilidad de inmediatez frente al
Auto 355 de 2022, emitido por la Corte Constitucional y no satisfacer la
exigencia de relevancia constitucional en relación con la sentencia que
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decidió en segunda instancia la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 76001-23-33-000-2019-00384-00/01/02.

1.8 Impugnación

Mediante escrito del 3 de marzo de 2025, el abogado Gustavo Adolfo
Prado Cardona presentó impugnación contra el fallo de primera instancia
en el que se limitó a expresar lo siguiente: “interpongo ante su Despacho
dentro del término de ley IMPUGNACIÓN contra el fallo de tutela de
veinte (20) de febrero de dos mil veinticinco (2025), mediante el cual negó
las pretensiones de la acción de tutela referenciada”.

Mediante auto de 24 de abril de 2025 se declaró infundado el
impedimento manifestado por la magistrada Gloria María Gómez
Montoya.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada
por la parte actora contra la providencia del 20 de febrero de 2025, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el Decreto
1069 de 2015 modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y,
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si hay lugar a confirmar, revocar o
modificar el fallo emitido en primera instancia por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado, con base en el escrito de impugnación presentado.

Para el efecto, se analizarán los siguientes aspectos: i) procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial; ii) requisitos de procedibilidad
adjetiva de relevancia constitucional e inmediatez y, iii) estudio del caso
concreto.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
20121, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas
diversas sobre el tema2.

1 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
ACCIÓN DE TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ
BELLO. Magistrada Ponente: María Elizabeth García González.
2 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala

Plena antes reseñada.
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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección,
decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción contra
providencias judiciales3.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese
estudio, pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los
«fijados hasta el momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de
20144, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los
criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
2005 para determinar la procedencia de la acción constitucional contra
providencia judicial.

2.4. Requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1 Relevancia constitucional

En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe precisar que
la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 reiteró que este
presupuesto «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que
la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir
debates meramente legales» y explicó en detalle los criterios que se
deben tener en cuenta para verificar si se supera esta exigencia, los
cuales son:

(...) (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o
de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente,
cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una
alta corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria
de derechos fundamentales. (Destacado por la Sala)

En concordancia con lo anterior, dicha Corte indicó en la sentencia SU-
573 de 27 de noviembre de 2019 que «la controversia debe versar sobre
un asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico» y que
según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, es

3 Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de
esta providencia.
4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de

agosto de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia
jurídica. actor: Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio
Ramírez Ramírez.
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decir, las relativas a un derecho de índole económico5 deben ser resueltas
mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite6,
comoquiera que «le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma
imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario»7, so
pena de involucrarse en cuestiones que le corresponden definir a otras
jurisdicciones.

2.4.2 Inmediatez

Frente al requisito de inmediatez se ha insistido en que la acción de tutela
debe incoarse en un plazo razonable8, el cual debe ser ponderado por el
juez en cada caso, pues de lo contrario se burlaría el alcance jurídico
establecido por el constituyente y se desvirtuaría su finalidad de medio de
protección actual, inmediato y efectivo.

De acuerdo con lo anterior, esta Sección ha declarado la improcedencia
de las acciones de tutela contra providencias judiciales, después de haber
transcurrido un lapso considerable desde la ocurrencia del hecho
generador que da lugar a la solicitud de protección y la presentación de la
misma, sin que medien razones suficientes que justifiquen el retardo.

De igual manera, la Corte Constitucional en la sentencia SU-439 del 13 de
julio de 2017, manifestó sobre las reglas de este requisito de
procedibilidad adjetiva lo siguiente:

48. Como es bien sabido, este Tribunal ha puntualizado que de
conformidad con el presupuesto de inmediatez, la acción de tutela debe
ser utilizada en un término prudencial, esto es, con cierta proximidad y
consecuencia a la ocurrencia de los hechos que se dicen violatorios y/o
amenazantes de derechos fundamentales, pues es claro que la
solicitud de amparo pierde su sentido y su razón de ser como
mecanismo excepcional y expedito de protección, si el paso del tiempo,
lejos de ser razonable, desvirtúa la inminencia y necesidad de
protección constitucional9.

49. En esa medida, para constatar el cumplimiento de dicho requisito
de procedibilidad, el juez de tutela simplemente debe comprobar si
resulta razonable el tiempo comprendido entre el día en que ocurrió o
se conoció el hecho vulnerador y/o constitutivo de la amenaza de un
derecho fundamental y, el día en que el derecho de acción se ejerció
mediante la formulación de la acción de tutela10.

5 “No en todos los eventos en que se denuncie el desconocimiento de los derechos al

acceso a la administración de justicia y debido proceso se está ante un asunto relevante
constitucionalmente, pues si el reclamo se vincula de manera irrestricta a la satisfacción
de una pretensión de contenido económico, la discusión carecerá de tal relevancia.”
6 “Sentencia T-606 de 2000.”
7 “Ibid.2”
8 Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, Rad. 11001-03-15-000-

2008-01018-01(AC), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
9 Al respecto, consultar, entre otras, la Providencia SU-961 de 1999.
10 «Fallo T-135 de 2015».

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Por consiguiente, la finalidad de la acción de tutela como vía judicial es la
protección inmediata de los derechos fundamentales, por lo tanto, la
autoridad judicial está obligada a tomar en cuenta el tiempo que
transcurre entre el hecho generador de la violación de los derechos
presuntamente transgredidos y la solicitud de amparo, lo anterior en virtud
a que un lapso irrazonable puede llegar a demostrar que la medida que se
reclama no se requiere con prontitud.

2.5. Caso concreto

La parte actora cuestiona el auto 355 del 16 de marzo de 2022 proferido
por la Corte Constitucional, en el que resolvió el conflicto de jurisdicciones
entre el Juzgado 17 Laboral del Circuito Judicial de Cali y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca para conocer de la demanda
promovida contra EMCALI E.I.C.E ESP.

Así mismo las sentencias del 26 de octubre de 2022 y 5 de junio de 2024
dictadas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Sección
Segunda, Subsección A del Consejo de Estado respectivamente, que
negaron las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado 76001-23-33-000-
2019-00384-00/01/02.

En primera instancia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante
providencia de 20 de febrero de 2025, declaró improcedente la acción de
tutela por no cumplir con el requisito adjetivo de inmediatez frente al auto
355 del 16 de marzo de 2022 proferido por la Corte Constitucional y no
satisfacer el requisito de relevancia constitucional frente a la sentencia de
segunda instancia que resolvió la demanda de nulidad y restablecimiento
interpuesta por el actor contra EMCALI E.I.C.E ESP.

La Sala observa que, como lo concluyó el a quo, la presente solicitud de
amparo no supera el requisito de procedibilidad adjetiva de la inmediatez,
frente al auto 355, por cuanto dicha providencia fue proferida el 16 de
marzo de 2022 y notificada el 22 de agosto de la misma anualidad, y la
acción de tutela se presentó el 13 de enero de 2025, es decir, después de
más de 2 años de ejecutoriada la providencia, tiempo que supera el plazo
razonable para reclamar la protección de los derechos fundamentales.

Además, no se advierte, que el actor en el escrito de tutela haya
manifestado argumento alguno que justificara la tardanza en la
interposición de la tutela y tampoco se evidencian circunstancias que le
hubiesen impedido hacerlo dentro del plazo prudencial de los 6 meses
siguientes.

Se recuerda que la inmediatez es un requisito que busca que esta
solicitud de amparo se presente desde el mismo momento en que se tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales,

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lo anterior en consideración a que la tutela es un medio excepcional para
la protección pronta y eficaz de tales derechos.

Cabe señalar que la Corte Constitucional ha considerado que, en los
asuntos referentes a acciones de tutela contra providencias judiciales, el
análisis de inmediatez debe ser más estricto, con el fin de no trastocar
principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues «la firmeza de las
decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre
indefinidamente»11.

De otra parte en lo que concierne a las sentencias de 26 de octubre de
2022 y 5 de junio de 2024 proferidas por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca y el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
respectivamente, que denegaron las pretensiones del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y que son cuestionadas por el
actor, la Sala comparte la posición asumida por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado en cuanto a que los presupuestos esbozados dentro
de la demanda ordinaria como en la acción de tutela están encaminados a
reiterar el derecho que, según su criterio, le asiste a recibir los beneficios
de la convención colectiva de EMCALI por considerar que tenía en dicha
empresa la condición de trabajador oficial y no como empleado público.

La Sala advierte, que el debate propuesto en esta instancia, ya fue
dirimido en segunda instancia por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, por tanto, el asunto en estudio gira en torno a una
interpretación de tipo legal que no impacta la garantía de derechos
fundamentales, pues la inconformidad de la parte accionante se limita a la
exégesis que le resultó desfavorable a sus pretensiones.

En consideración a lo anterior, esta colegiatura comparte la posición
asumida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, en virtud de la cual
la acción de tutela no cumple con los requisitos de procedibilidad adjetiva
de inmediatez y relevancia constitucional y, por tanto, hace improcedente
la solicitud de amparo.

Así las cosas, la Sala confirmará la decisión proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado por las razones antes expuestas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

III. FALLA

PRIMERO: Confirmase la sentencia de 20 de febrero de 2025, proferida
por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, que declaró improcedente
la acción de tutela.

11 Sentencia T-594 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño, reiterada en las Sentencias T-

410 de 2013 y T-206 de 2014, entre otras.
10

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www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Ramiro Varela Molina
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00050-01

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

11

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