Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00060-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00060-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00060-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00060-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
30 de abril de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00060-01
Demandante: James Perea Peña
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., treinta (30) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00060-01
Demandante: JAMES PEREA PEÑA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Temas: Contra providencia judicial dictada en acción de cumplimiento. Falta
de relevancia constitucional. Reiteración de argumentos
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 27
de febrero de 2025, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró
improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 14 de enero de 20251, en ejercicio de la acción de tutela y en nombre propio, el señor
James Perea Peña pidió la protección de su derecho fundamental al debido proceso.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la sentencia del 19
de noviembre de 2024 dictada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que
confirmó la improcedencia de la acción de cumplimiento con radicado 76001-33-33-003-
2024-00209-00/01.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
a) REVOCAR y dejar sin efecto la Sentencia promulgada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca de fecha diecinueve (19) de noviembre de 2024 por medio de la cual se CONFIRMÓ la sentencia
emitida por el Juzgado Tercero Administrativo oral del Circuito de Cali en el proceso incoado en contra
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá por el incumplimiento de las normas
establecidas en los artículos 5º y 6º del Decreto 3102 de 1.997.
b) ORDENAR a la Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto de Bogotá EAAB, cumplir con los
literales a), c), e), f), g), i) consagrados en el Decreto 3102 de 1.997 en su artículo 5º que no fueron
incluidos en la renuencia presentada en la acción de cumplimiento del 2.009 y, por lo tanto, no fueron
considerados ni resueltos de fondo por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia de
segunda instancia de agosto de 2.009.
c) ORDENAR al Gerente de la Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto de Bogotá reemplazar
en todas las baterías sanitarias de las edificaciones a su cargo los sistemas e implementos de alto
consumo de agua por los de bajo consumo ADOPTADOS por los laboratorios de la EAAB, para dar
cabal cumplimiento de lo ordenado en el artículo 6º del Decreto 3102 de 1.997.
d) ADVERTIR conforme a la sentencia de segunda instancia promulgada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca en el 2.009 que deberá proceder de conformidad con lo dispuesto en la normatividad
que regula la materia, especialmente en lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto 3102 de 1.997, sobre
cuáles son los equipos sistemas e implementos de bajo consumo de agua que deben utilizarse.
1 Índice 1 samai
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00060-01
Demandante: James Perea Peña
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 17 de septiembre de 20242, el señor James Perea Peña promovió acción de
cumplimiento en contra de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para que
cumpliera con los artículos 5 y 6 del Decreto 3102 de 1997, sobre el deber de la empresa
en la implementación de sistemas de agua de bajo consumo.
El actor señaló las siguientes pretensiones en la acción de cumplimiento 76001-33-33-
003-2024-00209-00/01 «PRIMERO: ORDENAR a la Empresa Prestadora del Servicio de Bogotá,
reemplazar los sistemas de alto consumo de agua por los de bajo consumo reglamentados en el Decreto
3102 de 1.997 en todos los establecimientos donde opere la entidad y que estén a su cargo para dar
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 6º del Decreto en mención. SEGUNDO. ORDENAR a la
Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto de Bogotá cumplir con lo preceptuado en el artículo 5º del
Decreto 3102 de 1.997 en todas sus partes, desarrollando y aplicando las normas contenidas en la ley para
que todos los usuarios puedan dar cumplimiento de las obligaciones que le corresponde a cada uno según
lo ordenado en el Decreto 3102 de 1.997.»
El asunto fue conocido por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Cali, que,
mediante providencia del 21 de octubre de 2024, declaró improcedente la acción de
cumplimiento. Explicó que la parte accionante desplegó otras acciones de cumplimiento
en las que se pretendía el cumplimiento de las disposiciones de los artículos 5 y 6 del
Decreto 3102 de 1997, y que los mismos, fueron adelantados por el mismo actor contra
la misma entidad.
Que con las sentencias del 27 de agosto de 20093 dictada por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Primera; del 15 de septiembre de 2015 dictada por el Juzgado
31 Administrativo de Bogotá, Sección Tercera, y del 12 de junio de 2019 4 dictada por el
Juzgado 11 Administrativo de Bogotá, se resolvieron de fondo las pretensiones de la
acción constitucional y que, por ello, no era posible emitir pronunciamiento alguno, toda
vez que las pretensiones ya habían sido objeto de estudio.
Explicó que el cumplimiento de lo pretendido por el actor en virtud de los artículos 5 y 6
del Decreto 3102 de 1997 y la sustitución de los sistemas de alto consumo por otros de
bajo consumo, requiere un gasto presupuestal que debe gestionarse dentro del marco
legal del sistema presupuestal de cada entidad y que el juez no tiene facultad de ordenar
la asignación de recursos específicos al presupuesto de la entidad, ya que la acción de
cumplimiento no es el mecanismo idóneo para tal fin, y lo pretendido excede el alcance
de la acción.
Inconforme, el señor James Perea Peña impugnó la decisión, manifestó que la Ley 393
de 1997, artículo 7, le otorga la facultad al actor a presentar una nueva acción de
cumplimiento, siempre y cuando las pretensiones no versen sobre los mismos hechos ya
resueltos, que en el caso concreto solicitó el cumplimiento del artículo 5 y 6 del Decreto
3102 de 1997, y que la solicitud de aplicación de dichas normas no fueron invocadas en
la demanda presentada en el 2009.
Reiteró las pretensiones de la demanda y solicitó revocar la sentencia proferida en
primera instancia por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cali y ordenar a la
entidad demandada cumplir con las normas establecidas en los artículos 5 y 6 del Decreto
3102 de 1997.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante providencia del 19 de noviembre
de 2024, confirmó la decisión del a quo.
2 Radicado: 76001-33-33-003-2024-00209-00, índice 1 samai
3 Con radicado 1001-33-31-0443-2009-00122-00/01
4 Con radicado 11001-33-35-011-2019-00173-00/01
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00060-01
Demandante: James Perea Peña
4. Fundamentos de la acción de tutela
El demandante no expuso las razones por las que la acción de tutela cumple los requisitos
generales de procedibilidad contra providencia judicial. En cuanto al fondo del asunto,
manifestó que:
«a) Existe un defecto procedimental, teniendo en cuenta que la autoridad judicial actúa al margen
del procedimiento establecido. b) Defecto Fáctico por cuanto el juez no tuvo en cuenta el material
probatorio obrante en el expediente para proferir decisión, existiendo una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión. c) Error inducido que se presenta cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión
que afecta derechos fundamentales. d) Desconocimiento del precedente judicial. Corte
Constitucional, Sentencia T. 518 de 1.995.» (sic a toda la cita)
A su juicio, esos defectos se configuran porque el tribunal se pronunció respecto a los
literales b), d) y h) contenidos en el artículo 5 del Decreto 3102 de 1997, solicitados para
hacer cumplir por el actor en la renuencia presentada en ese instante para tal fin, dejando
por fuera la reclamación de los literales a) c), e), f), g), i), del artículo en mención, y sin
tener en cuenta el perjuicio irremediable, que, dice, se presentó en el trámite.
5. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, ponente de la decisión
cuestionada, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela por falta de
relevancia constitucional dado que la solicitud de amparo se limitó a plantear una
inconformidad con los argumentos expuestos en la providencia.
El juez Tercero Administrativo de Cali solicitó que se declarara improcedente la acción
constitucional por cuanto no existió vulneración de los derechos fundamentales del actor.
La apoderada general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá pidió
que se denegaran las pretensiones de la demanda, enfatizó que no se encontró
acreditada la transgresión de los derechos fundamentales del demandante.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 27 de febrero de 2024,
declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con el requisito general de
relevancia constitucional. Explicó que el actor se limitó a volver a traer a colación los
argumentos de la acción de cumplimiento, los antecedentes del proceso, una síntesis de
las sentencias de primera y segunda instancia, y la enunciación de defecto fáctico,
desconocimiento del precedente, y defecto procedimental absoluto, sin ahondar sobre
sus configuraciones al interior de la demanda.
Manifestó que el objeto de la acción de tutela allegada por el señor James Perea Peña
era insistir en argumentos ya expuestos en la acción de cumplimiento y usar la tutela
como una tercera instancia.
7. Impugnación
El demandante allegó una primera impugnación el 6 de marzo de 2025, en la que
manifestó su desacuerdo con la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela.
El 25 de marzo de 2025, allegó otra impugnación, en la que hizo una síntesis de lo
ocurrido en todas las instancias procesales e insistió en que su derecho al debido proceso
y el acceso a la administración de justicia fue violado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00060-01
Demandante: James Perea Peña
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si en los términos de la impugnación presentada por la
parte actora, resulta procedente revocar o modificar la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la solicitud de amparo.
La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada, puesto que la acción de tutela no
cumple el requisito de relevancia constitucional. La parte actora la utiliza para insistir en
que se debió acceder a las pretensiones de la acción de cumplimiento 76001-33-33-003-
2024-00209-00/01.
Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a (i) la acción de tutela contra
providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, (iii) el análisis del caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales5 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos6 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-007, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
Frente al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una instancia
adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento
de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
5 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
6 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
7 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00060-01
Demandante: James Perea Peña
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de la acción de cumplimiento.
Básicamente, en ese proceso y ahora la acción de tutela, insiste en que se debió ordenar
a la Empresa de Alcantarillado y Acueducto de Bogotá que cumpliera con las medidas de
bajo consumo de agua señaladas en los artículos 5 y 6 del Decreto 3102 de 1997.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia
del 21 de octubre de 2024, dictada por el Juzgado Tercero Administrativo de Cali, se leen
los siguientes apartes extraídos de la sentencia de segunda instancia:
La parte accionante apeló la sentencia por considerar que el juez de primera instancia emitió un fallo
errado, no realizó unas adecuadas apreciaciones, desconoció el debido proceso de tal forma que emitió
una sentencia contraria a la ley.
Aunado a lo anterior, precisó que el artículo 7 de la Ley 393 de 1997, faculta al accionante a presentar
una nueva acción de cumplimiento, siempre y cuando las pretensiones no versen sobre los mismos
hechos ya resueltos. En este sentido, resaltó que, para el caso en concreto, la renuencia se solicitó
sobre el cumplimiento del artículo 5 y 6 del Decreto 3102 de 1997, norma que no fue invocada en la
demanda presentada en el año 2009.
Finalmente, reiteró las pretensiones de la demanda y solicitó revocar la sentencia proferida en primera
instancia por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cali y ordenar a la entidad demandada cumplir
con las normas establecidas en los artículos 5 y 6 del Decreto 3102 de 1997.
Por su parte, en la acción de tutela (y ahora en la impugnación) la parte actora insiste en
que la autoridad judicial demandada debió resolver de fondo la acción de cumplimiento,
pues en las presentadas con anterioridad no se había resuelto sobre las mismas
pretensiones.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca con la sentencia del 19 de noviembre de 2024, en la que consideró:
(…)
No obstante, conforme a los procesos citados por el juez en primera instancia, los cuales fueron
referidos por la entidad accionada en la contestación de la demanda, se observa que esta misma
normativa ha sido objeto de otras acciones de cumplimiento de parte del actor en contra de la misma
entidad accionada, como se observa a continuación:
1. Proceso con radicado 100133310443200900122-00/01 en el que fungió como accionante el señor
James Perea Peña y como entidad accionada la Empresa de Acueducto Y Alcantarillado Bogotá
(EAAB); el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante Sentencia del 27 de agosto de 2009, el
magistrado Freddy Ibarra Martínez se pronunció de fondo respecto al Decreto 3102 de 1997, artículo 1.
Parágrafo 4 y su artículo 5 literales b), d) y h. Información corroborada por el mismo accionante en el
escrito de apelación:
(…)
2. Proceso con radicado 11001333501120190017300/01 en el que el accionante fue el señor James
Perea Peña y la entidad accionada fue Empresa de Acueducto Y Alcantarillado Bogotá (EAAB).
Conforme a lo anterior, la Sala encuentra que, en cuanto al reclamo del artículo 5 del Decreto 3102 DE
1997, no procede pronunciamiento de fondo, toda vez que fue tratado por el magistrado Fredy Ibarra en
la referida sentencia.
Frente al artículo 6 del Decreto 3102 de 1997 y lo solicitado por parte del actor en el escrito de apelación,
respecto a ordenar al representante legal de la Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto de
Bogotá, reemplazar en las baterías sanitarias de todos los establecimientos a su cargo, es importante
recordar al accionante que este tipo de decisiones tiene implicaciones a nivel presupuestal por
corresponder a erogaciones que se efectúan con cargo al tesoro público, las cuales se escapan del
alcance de la presente acción de cumplimiento.
Aunado, la parte actora, tampoco acreditó la ocurrencia de un perjuicio grave o inminente que justifique
interponer la acción de cumplimiento.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00060-01
Demandante: James Perea Peña
Como se ve, la discusión que propone la parte actora ya fue resuelta por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, que explicó que, en el caso concreto, todas las
pretensiones del actor en el mecanismo de acción de cumplimiento fueron resueltas de
fondo por diferentes autoridades judiciales que conocieron las acciones de cumplimiento
precedentes.
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por las autoridades judiciales demandadas en
la acción de cumplimiento, finalidad para la que no está previsto este mecanismo
constitucional.
La acción de tutela es un valioso instrumento para proteger derechos fundamentales, que
no puede utilizarse como una instancia adicional para obtener una opinión jurídica diversa
o tratar de imponer una decisión distinta a la adoptada por las autoridades jurisdiccionales
de instancia.
Finalmente, con relación al precedente fijado en la sentencia T-518-95, la Sala debe
señalar que no resulta aplicable al caso concreto porque se trata de supuestos fácticos
distintos a lo estudiado en esta acción de tutela, comoquiera, que en aquella oportunidad
el objeto de discusión no trató sobre la procedencia de una acción de cumplimiento.
En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para confirmar la
decisión impugnada de declarar improcedente la solicitud de amparo por no cumplir el
requisito de relevancia constitucional.
Por último, la Sala no pasa por alto que el artículo 78 numeral 4 del Código General del
Proceso, establece que son deberes de las partes y sus apoderados, entre otros «4.
Abstenerse de usar expresiones injuriosas en sus escritos y exposiciones orales, y guardar el
debido respeto al juez, a los empleados de este, a las partes y a los auxiliares de la justicia»
Lo anterior, en razón a que en la demanda de tutela se pueden ver las siguientes
expresiones por parte del señor Perea Peña: «Lo único que debe quedar lo suficientemente
claro en este asunto, es que la sentencia de primera instancia promulgada por el Juez Tercero
Administrativo Oral del Circuito de Cali, debería CONFIRMARLE a la Magistrada Ponente de
segunda instancia KATIA ALEXANDRA DOMINGUEZ GARCES, la carencia absoluta de
objetividad y legitimidad, la ineptitud, ignorancia Crasa de las normas procedimentales y la
inobservancia del ordenamiento jurídico, el desconocimiento total del derecho Constitucional y
administrativo y la penuria intelectual demostrada en este asunto por el Juez Tercero
Administrativo Oral de Cali» y «se trata de un Tribunal PREVARICADOR que promueve fallos
selectivos, y amañados por fuera de la ley, y donde la justicia esta puesta al servicio de los
dirigentes políticos de turno con el propósito de favorecer a los demandados que formen parte de
esa Administración».
Por lo tanto, se hace un llamado de atención al accionante a usar un leguaje respetuoso
al acudir a las acciones constitucionales. Es indispensable mantener un lenguaje
respetuoso y apropiado en sus escritos y comunicaciones dirigidas a esta Sala, con el fin
de preservar el decoro y la solemnidad del trámite judicial, así como el respeto mutuo
entre las partes e instituciones.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00060-01
Demandante: James Perea Peña
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO
Este documento fue firmado electrónicamente. La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.