Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00062-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00062-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00062-00
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
28 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00062-00
Accionante: Clara Elena Jaramillo Saldarriaga y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado número: 11001-03-15-000-2025-00062-00
Accionantes: Clara Elena Jaramillo Saldarriaga y otros
Accionado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
Referencia: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial. Legitimación en la causa por activa de quienes en sede
de tutela invocan la calidad de herederos del demandante del proceso ordinario. Relevancia
constitucional.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide, en primera instancia, la acción de tutela formulada por Clara Elena
Jaramillo Saldarriaga y otros en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Clara Elena Jaramillo Saldarriaga, Luz María Jaramillo Saldarriaga, Fernando Alonso
Jaramillo Saldarriaga, Juan Felipe Jaramillo Hurtado, Juan Esteban Martínez Jaramillo
y María José Martínez Jaramillo, por conducto de apoderado judicial, manifestaron
actuar como herederos del señor José Antonio Jaramillo Mesa. En consecuencia,
solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia, al debido proceso y a la denominada “justicia material”, los cuales
consideraron vulnerados por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado en virtud del auto del 11 de julio de 2024, que confirmó la decisión del 13 de
septiembre de 2023 del Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual se
negaron las pretensiones del incidente de liquidación de perjuicios dentro del proceso
de reparación directa identificado con el radicado núm. 05001-23-31-000-2012-00438-
02.
2. Hechos probados
El 14 de marzo de 2012 el señor José Antonio Jaramillo Mesa1 promovió demanda de
reparación directa en la que pretendió la declaratoria de responsabilidad del ahora
Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, y la correspondiente
reparación de los perjuicios ocasionados por la ocupación temporal de una franja de
terreno de su predio ubicado en el km 7.5 de la vía Las Palmas, ocurrida en el mes de
noviembre de 2010.
1 A través de su curadora legítima Inés Eugenia Jaramillo Saldarriaga.
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El 16 de agosto de 2013 la Sala Cuarta de Descongestión del Tribunal Administrativo
de Antioquia dictó sentencia en la que negó las pretensiones de la demanda, decisión
que fue apelada por la parte actora.
En providencia del 16 de agosto de 2022 la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal tras encontrar probada la
responsabilidad del Distrito y considerar procedente la indemnización del daño
emergente. No obstante, al analizar el avalúo presentado para la tasación, advirtió que
este carecía de una valoración específica de la zona afectada, no precisaba el área
intervenida, omitía el hecho de que las obras civiles quedaron inconclusas y no
contemplaba que la ocupación fue temporal, razón por la cual no se ajustaba a la
realidad procesal.
Con fundamento en lo anterior, la Corporación impuso condena en abstracto por
concepto de daño emergente, de la siguiente manera:
“4°) En consecuencia condénase en abstracto al municipio de Medellín
(Antioquia) a pagar por concepto de daño emergente al señor José Antonio
Jaramillo Mesa un monto equivalente a la depreciación económica, real y
efectiva que sufrió única y exclusivamente el predio afectado con las obras
provisionales de mitigación que realizó la administración sobre una franja del
mismo y que hace parte de los terrenos que conforman la Finca El Reposo,
valor que se establecerá en forma razonada, fundamentada y técnica según
el parámetro establecido en esta providencia y mediante el incidente
señalado en el artículo 172 del CCA”
El 17 de febrero de 2023 se radicó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia el
memorial de inicio del incidente de liquidación de la condena, acompañado del
dictamen pericial, en cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de segunda
instancia.
Mediante proveído del 17 de septiembre de ese año el Tribunal negó lo solicitado al
considerar que la prueba no cumplía con los criterios establecidos por el Consejo de
Estado. Esta decisión fue apelada por la parte actora.
La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado dictó auto del 11 de julio de
2024, a través del cual confirmó la decisión bajo las siguientes razones:
• El dictamen pericial no respetó los parámetros de la sentencia del 16 de agosto
de 2022, dado que i) calculó únicamente los perjuicios en la modalidad de lucro
cesante, pese a que la decisión ordenó la reparación del daño emergente; ii) se
fundamentó en el supuesto de que se trató de una ocupación permanente, sin
tener en cuenta que la declaratoria de responsabilidad se derivó de una
ocupación temporal; y iii) no incluyó las sumas que el demandante hubiese
tenido que pagar en caso de pretender “usar y gozar” un área de terreno similar
a la ocupada, sino la desvalorización del predio la cual no se probó.
• El recurso que se interpuso en contra de la providencia del 17 de septiembre de
2023 cuestionó aspectos que fueron abordados en la sentencia del 16 de agosto
de 2022 tales como los extremos temporales de la ocupación y los parámetros
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para liquidar la condena en abstracto, que no son susceptibles de ser
analizados en el trámite incidental en atención a la naturaleza del asunto.
• Aunque en los motivos que sustentaron la elaboración de la prueba pericial se
afirmó haber empleado el “método de investigación o comparación de
mercado”2 para establecer la depreciación real que sufrió el predio por la
ocupación temporal, concluyó que la indemnización por concepto de daño
emergente correspondía al valor de la renta probable de distintos predios de un
área similar e incluyó la “afectación permanente”; aspectos que distan de los
parámetros que se establecieron para la liquidación de la condena en abstracto.
Agregó que el mencionado método no fue desarrollado con sujeción a los
elementos y factores que lo componen, pues no se aportaron los soportes
idóneos y suficientes para constatar con certeza que los bienes comparados
tenían características iguales o semejantes a los que se pretendieron analizar
“como lo son ofertas de compra o de arrendamiento, contratos de
arrendamiento o escrituras públicas de compraventa de los predios objeto de
comparación y, en general, los demás documentos que dan cuenta, entre otros
aspectos, de características tales como área, extensión, ubicación, destino y
uso actual (residencial, comercial, institucional, etc), tipo de terreno y/o
construcciones, vías de acceso, zona y área de ubicación (urbana, rural, etc),
estratificación socioeconómica, a partir de cuya comparación y ponderación
definir el avalúo de los bienes objeto de examen”.
3. Pretensiones y argumentos de tutela
Los accionantes solicitaron que: i) se declare que la Sección Tercera, Subsección B,
del Consejo de Estado incurrió en vía de hecho; ii) se deje sin efectos el proveído del
11 de julio de 2024, y; iii) se ordene a la autoridad accionada proferir una nueva
decisión “que garantice la tutela judicial efectiva de mis poderdantes y se les liquide el
valor de los perjuicios causados por la falla del servicio del Estado”.
Como fundamento de sus pretensiones la parte actora indicó, en síntesis, que el auto
cuestionado incurrió en defecto sustantivo, violación directa de la Constitución Política
y defecto fáctico, para lo cual expuso los siguientes argumentos:
Defecto sustantivo y violación directa de la Constitución Política. Señalaron que,
en la sentencia del 16 de agosto de 2022, el Consejo de Estado precisó que el valor
de la condena en abstracto se establecería con fundamento en el dictamen que de
forma razonada y técnica realizara el Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre el
área efectivamente afectada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del
Decreto 1428 de 1998 y que, a falta de esta prueba, la parte demandante podría acudir
a otros medios de convicción que permitieran tener certeza sobre el valor de la
indemnización.
Que, por lo anterior, el juez del incidente de liquidación debía desplegar todos los
mecanismos jurídico-procesales a su alcance para materializar al derecho establecido
en la sentencia condenatoria, máxime cuando en el trámite incidental “el rol del juez
2 Que conforme a lo preceptuado en el artículo 10 de la Resolución 620 de 2008 del IGAC, es la técnica
valuatoria que busca obtener el valor comercial del bien a partir del estudio de las ofertas o
transacciones recientes de bienes semejantes y comparables a los del objeto del avalúo.
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debe cambiar de actitud pues adquiere la obligación de poder materializar la sentencia,
en otras palabras, materializar la tutela judicial efectiva y el artículo 90 de la
Constitución Política. De lo contrario, estaríamos en presencia de simples
declaraciones de buenas intenciones”.
Agregaron que, al considerar que existían imprecisiones en la prueba asociadas a una
discrepancia sobre el criterio para establecer la suma a la que ascendía la condena, la
autoridad judicial debió hacer uso de la facultad oficiosa en materia probatoria y
ordenar la práctica de un dictamen pericial a instancias del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi para efectivizar la reparación de los derechos de los actores, pues los artículos
3, 103 y 243 de la Ley 1437 de 2011, así como los artículos 42 y 170 del Código
General Proceso, prevén no solo la facultad sino el deber de decretar pruebas de oficio
con fin el de hallar la verdad material.
Defecto fáctico. Indicaron que la sentencia condenatoria del proceso ordinario no
estableció el área afectada ni el tiempo en el que se presentó la ocupación, situación
que los habilitaba para precisar estos conceptos en el incidente de liquidación de
condena en abstracto con el fin de determinar el real valor a indemnizar. Explicaron
que el expediente se entiende como una comunidad y, por tanto, es posible que las
pruebas practicadas tanto en el proceso ordinario como en el trámite incidental sirvan
como fundamento para establecer la suma que corresponde a la indemnización, por lo
que, en su criterio, la autoridad judicial accionada contaba con elementos probatorios
suficientes para efectivizar la reparación e, incluso, tenía las “facultades y deberes
constitucionales” para ordenar la práctica de las pruebas que estimara pertinentes con
el fin de garantizar el pago.
4. Trámite de tutela e intervenciones
4.1. Mediante auto del 16 de enero de 2025 se admitió la demanda de tutela3 y se
dispuso la vinculación del Tribunal Administrativo de Antioquia, del Distrito Especial de
Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y de quienes hubiesen participado en el
proceso de reparación directa identificado con el radicado núm. 05001-23-31-000-
2012-00438-00/01/02.
En dicha providencia también se requirió a la parte actora para que: i) informara el
nombre, la dirección de notificación y demás datos de contacto de las personas que
estén llamadas a suceder los derechos de José Antonio Jaramillo Mesa4; ii) allegara
el registro civil de defunción del señor Jaramillo Mesa y los documentos que acrediten
que Clara Elena Jaramillo Saldarriaga, Luz María Jaramillo Saldarriaga, Fernando
Alonso Jaramillo Saldarriaga, Juan Felipe Jaramillo Hurtado, Juan Esteban Martínez
Jaramillo y María José Martínez Jaramillo, ostentan la calidad de herederos5.
4.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia remitió el enlace web del expediente
de reparación directa y del incidente de liquidación de condena6, sin embargo, guardó
silencio frente a las pretensiones de la acción de tutela.
3 Índice 0011 del aplicativo Samai.
4 Numeral tercero de la parte resolutiva.
5 Numeral octavo de la parte resolutiva.
6 Índice 0012 del aplicativo Samai.
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4.3. El Distrito de Medellín7 solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo bajo
el argumento de que no existió ninguna irregularidad procesal en el trámite del
incidente de liquidación, pues, en su criterio, la providencia desfavorable a los
intereses de los accionantes advirtió que la prueba pericial que aportaron se alejó de
los parámetros que trazó la sentencia condenatoria. Consideró, finalmente, que con
este mecanismo constitucional se pretende crear una instancia adicional para corregir
los errores que se presentaron en el desarrollo del trámite incidental.
4.4. La Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado presentó informe8
en el que advirtió que la acción de tutela resulta improcedente por no superar el
requisito de relevancia constitucional “debido a que pretende crear, indebida e
injustificadamente, una tercera instancia frente a una providencia que hizo un correcto
análisis fáctico, probatorio y jurídico, ya que fue sustentada en derecho y con base en
los medios de prueba valorados de manera conjunta y racional”.
En cuanto al defecto sustantivo y el cargo de violación directa a la Constitución por no
haberse decretado pruebas de oficio en el marco del incidente de liquidación de
condena, indicó que, aunque el juez administrativo cuenta con tal facultad, esta no
puede entenderse como un medio para sustituir a las partes en el incumplimiento
injustificado de la carga que les asiste. Destacó que, en todo caso, la solicitud de
amparo no hizo precisión sobre los elementos de convicción que en criterio de los
accionantes se dejaron de valorar, y que lo que se pretende con la acción es
controvertir el análisis que de las pruebas se hizo en la providencia cuestionada.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.
2. Procedibilidad de la acción
La acción de tutela, dispuesta en el artículo 86 de la Constitución Política, es un
procedimiento preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar
la protección inmediata de los derechos constitucionales vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los
casos que establece la ley.
3. Legitimación en la causa
3.1. Legitimación en la causa por activa
El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela podrá ser
interpuesta directamente por la persona que se considera vulnerada, o a través de
apoderado judicial. Al respecto, la Corte Constitucional9 ha indicado que se encuentra
7 Índice 0015 del aplicativo Samai, certificado 66BDDE6EA016E343 3E89169BC41B5D14
F4F6F6EDA4608138 89ED9718F769F5A0.
8 Índice 0016 del aplicativo Samai.
9 Sentencias T-435 de 2016, T-511 de 2017 y T-165 de 2020
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legitimado por activa quien promueva la solicitud de amparo siempre que se presenten
las siguientes condiciones: i) que la persona actúe a nombre propio, a través de
representante legal, por medio de apoderado judicial o mediante agente oficioso; y ii)
procure la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales.
3.1.1. El análisis de las actuaciones en el proceso de reparación directa evidencia que
el señor José Antonio Jaramillo Mesa actuó como demandante a través de Inés
Eugenia Jaramillo Saldarriaga, designada como su curadora legítima mediante
sentencia del 25 de junio de 2004 proferida por el Juzgado Octavo de Familia del
Circuito de Medellín. Esta calidad fue reconocida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en su condición de juez de primera instancia.
Ahora bien, en sede de tutela acudieron como accionantes las siguientes personas,
que afirmaron ser los herederos del señor José Antonio Jaramillo Mesa: i) Clara Elena
Jaramillo Saldarriaga, Luz María Jaramillo Saldarriaga, Fernando Alonso Jaramillo
Saldarriaga, en calidad de hijos; ii) Juan Esteban Martínez Jaramillo y María José
Martínez Jaramillo, en calidad de hijos de Inés Eugenia Jaramillo Saldarriaga, quien a
su vez es hija del causante; y iii) Luis Felipe Jaramillo Hurtado, como nieto.
Conviene señalar que en las incidencias del proceso ordinario no consta que se haya
solicitado la sucesión procesal tras el fallecimiento del señor José Antonio Jaramillo
Mesa. Además, con la solicitud de amparo no se aportó copia de la escritura pública
de sucesión, ni se indicó que quienes afirman ser herederos hayan agotado dicho
trámite.
A partir de este contexto, es preciso indicar que conforme a la jurisprudencia
constitucional, cuando la tutela se formula contra providencias judiciales, están
legitimados por activa no solo quienes hayan sido parte en el proceso en el que se
profirió la decisión, sino también quienes demuestren un interés directo y particular en
él10, así como aquellos que no fueron parte, pero acrediten que la decisión cuestionada
puede tener efectos lesivos en sus derechos fundamentales11.
A su turno, el Consejo de Estado ha señalado que “en los casos en los que se ataque
por vía de tutela una providencia judicial, el accionante debe ser parte del proceso o,
de no serlo, acreditar que se podrían ver transgredidos sus derechos fundamentales
por las órdenes o determinaciones adoptadas en la providencia que se controvierte”12.
En punto a lo anterior, la Subsección estima relevante acudir al contenido del artículo
1155 del Código Civil que prevé la figura de herederos a título universal en los
siguientes términos:
“Los asignatarios a título universal, con cualesquiera palabras que se les llame,
y aunque en el testamento se les califique de legatarios, son herederos;
representan la persona del testador para sucederle en todos sus derechos y
obligaciones transmisibles.
10 Sentencias T-019 de 2023 y T-034 de 2014.
11 Sentencia T-256 de 2023.
12 Sección Cuarta, en sentencia de tutela de 18 de junio de 2015, expediente No. 2015-0758-00. Sección
Quinta, en sentencia del 21 de abril de 2016. Radicación número: 11001-03-15-000-2015-03250-
01(AC).
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Los herederos son también obligados a las cargas testamentarias, esto es, a
las que se constituyen por el testamento mismo, y que no se imponen a
determinadas personas”
En relación con la prueba de la calidad de heredero, la Corte Constitucional13 indicó
que, “si bien, el estado civil y la calidad de heredero son dos cuestiones diferentes, en
el ordenamiento sucesoral, la vocación legal hereditaria se fundamenta en el
estado civil, es decir, los nexos de parentesco son los que ligan a los herederos
con el causante” (resalta la Sala).
Por su parte, y sobre el tema en comento, la Corte Suprema de Justicia14, precisó que
“debe, pues, quien invoca el título de heredero, aportar copia del testamento,
debidamente registrada, en que se le instituyo asignatario, o copia de las actas del
estado civil que demuestran su parentesco con el difunto, vínculo que se deriva
su derecho sucesorio, pues como lo estatuye el artículo 1298 del Código Civil, la
herencia queda aceptada expresamente por quien toma el título de heredero. También
puede demostrarse esta calidad, con copia del auto dictado dentro del respectivo
proceso sucesorio, en que se haya declarado que se le reconoce esta calidad a la
persona que la invoca” (destaca la Sala).
En la misma línea, la Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado indicó
que “una de las formas para acreditar la condición de heredero es la aportación de
la copia del registro civil de nacimiento de quien alegue tal condición, con lo cual
queda establecido el parentesco alegado y, claro está, copia del registro civil de
defunción del causante, pues a partir del mismo se acredita el hecho de la muerte”15.
Al analizar la legitimación en la causa por activa en un caso similar al que ahora estudia
la Sala16, en sede de tutela, la Sección Quinta de esta Corporación expuso las
siguientes consideraciones que resultan relevantes para el caso en concreto17 :
“En el asunto sometido al análisis de la Sala, se tiene que si bien es cierto la
señora Carmen Diana Arzuaga Rodríguez no fue la demandante dentro de la
acción de reparación directa donde fue proferida la sentencia ahora censurada,
también lo es que acreditó ser la hermana del señor Jairo León Arzuaga
Rodríguez18, quien en vida fuera la demandante dentro del proceso ordinario, a lo
que se suma que invocó la calidad de heredera y manifestó “…bajo la gravedad
de juramento que desconoce a otras personas ascendientes o descendientes con
igual derecho…”. Así las cosas, estima este juez de tutela que cualquier decisión
judicial que se adopte en relación con la sentencia censurada, puede afectar de
manera directa sus derechos patrimoniales.
La jurisprudencia constitucional ha aceptado la intervención de personas distintas
al titular originario de los derechos fundamentales que se invocan como
13 Sentencia T-917-2011
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss, Sentencia
de mayo 13 de 1998, Exp 4841; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, M.P. Carlos Ignacio
Jaramillo Jaramillo, Sentencia de octubre 13 de 2004, Exp 7470.
15 Sentencia del 11 de octubre de 2021, Radicación número: 76001-23-31-000-2004-03467-01(49758)
16 La allí accionante promovió acción de tutela contra una providencia judicial, e invocó la calidad de
heredero de quien fungió como demandante en el proceso ordinario.
17 Sentencia del 21 de abril de 2016, radicación número: 11001-03-15-000-2015-03250-01(AC).
18 Al expediente se allegaron los registros civiles de nacimiento correspondientes visibles entre folios 11
y 13.
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vulnerados o amenazados con la expedición de una providencia judicial. En
sentencia T – 550 de 1995, se explicó:
“…existe la figura de la sucesión procesal, donde, fallecido un litigante, el
proceso continuará con determinadas personas o el correspondiente curador,
señalando que el adquiriente a cualquier título de la cosa o del derecho litigioso,
podrá intervenir o sustituirlo en el proceso. Esta sucesión, ha dicho la doctrina,
es a título universal en el evento de fallecimiento de la parte a quien se sucede.
Podemos afirmar que esta interrupción y sucesión procesal, contempladas en
las normas adjetivas civiles, protegen derechos litigiosos, donde bajo ciertos
presupuestos es posible suceder al causante, verbi gratia, el cesionario de un
crédito que ocupa el puesto del cedente, quien lo cobra en proceso ejecutivo y
el de los herederos que representan al de cujus en sus derechos y obligaciones
transmisibles.
(…)”
La anterior tesis fue reiterada por la Corte Constitucional en la Sentencia SU–691
de 2011, en la que se sostuvo:
“…si bien la Acción de Tutela es de carácter unipersonal, esta corporación
mediante sentencia T-550 de 1995 ha dicho que tratándose de derechos
litigiosos ‘bajo ciertos presupuestos es posible suceder al causante, verbi
gratia, el cesionario de un crédito que ocupa el puesto del cedente, quien lo
cobra en proceso ejecutivo y el de los herederos que representan al de cujus
en sus derechos y obligaciones transmisibles...’. […]19.
Visto lo anterior, puede concluir la Sala que la Carmen Diana Arzuaga Rodríguez,
como hermana y heredera del señor Jairo León Arzuaga Rodríguez, está
legitimada en la causa por activa para interponer la presente acción de tutela, pues
sus derechos fundamentales están presuntamente amenazados por la acción de
la autoridad judicial demandada”.
3.1.2. Con fundamento en el marco jurídico y jurisprudencial expuesto, la Sala
analizará los documentos aportados al expediente con el fin de determinar la
legitimación en la causa por activa en este asunto.
Como anexos del escrito de tutela se aportaron los siguientes documentos20: poderes
otorgados por cada uno de los accionantes al abogado Fredy Alonso Peláez Gómez;
ii) registro civil de defunción de Inés Eugenia Jaramillo Saldarriaga 21 y; iii) registros
civiles de nacimiento de María José Martínez Jaramillo y Juan Esteban Martínez
Jaramillo, que acreditan su filiación materna con la señora Jaramillo Saldarriaga.
En cumplimiento del requerimiento formulado en el auto admisorio de la demanda de
tutela de fecha 16 de enero de 2025, el apoderado de la parte actora informó que no
tiene conocimiento de la existencia de otros herederos y allegó los siguientes
documentos: i) registros civiles de nacimiento de Clara Elena Jaramillo Saldarriaga,
Luz María Jaramillo Saldarriaga, Fernando Alonso Jaramillo Saldarriaga e Inés
Eugenia Jaramillo Saldarriaga, que acreditan su filiación paterna con José Antonio
19 Corte Constitucional Sentencia SU-691 de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
20 Índice 0003 del aplicativo Samai, certificado
90752E362272A6A1 D6470C3E0C9896FC 5C37C012D9FBEBF1 01C473AB70B55EC9
21 Quien fue la curadora legítima de José Antonio Jaramillo Mesa, demandante en el proceso ordinario.
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Accionantes: Clara Elena Jaramillo Saldarriaga y otros
Jaramillo Mesa; ii) registro civil de nacimiento de Juan Felipe Jaramillo Hurtado, en el
que consta que su padre es Juan José Jaramillo Saldarriaga; y iii) registro civil de
defunción de José Antonio Jaramillo Mesa, que certifica su fallecimiento el 23 de
febrero de 201522.
De conformidad las consideraciones precedentes, la Sala concluye lo siguiente:
1. José Antonio Jaramillo Mesa actuó como demandante en el proceso de
reparación directa y fue beneficiario de la condena impuesta por la Sección
Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado en la sentencia de 16 de agosto
de 2022. Posteriormente, se tramitó el incidente de liquidación, en el que se
profirió la providencia cuestionada.
2. El señor Jaramillo Mesa falleció el 23 de febrero de 2015.
3. Se encuentra demostrada la calidad de herederos del causante en favor de
Clara Elena Jaramillo Saldarriaga, Luz María Jaramillo Saldarriaga y Fernando
Alonso Jaramillo Saldarriaga, en su condición de hijos; así como de Juan
Esteban Martínez Jaramillo y María José Martínez Jaramillo, en calidad de hijos
de Inés Eugenia Jaramillo Saldarriaga, quien también era hija del causante y
falleció.
Dicha calidad se demuestra con los registros civiles de nacimiento previamente
relacionados, los cuales, conforme a la jurisprudencia citada, son suficientes para
demostrar la condición invocada. En consecuencia, su legitimación en la causa por
activa en la presente acción de tutela se encuentra debidamente acreditada.
No ocurre lo mismo con Juan Felipe Jaramillo Hurtado, teniendo en cuenta que, si bien
aportó registro civil de nacimiento en el que consta que su padre es Juan José
Jaramillo Saldarriaga, no allegó el documento correspondiente que acredite que este
último es hijo del causante. En consecuencia, respecto de él la solicitud no satisface
el requisito de legitimación en la causa por activa.
3.2. Legitimación en la causa por pasiva
La Subsección encuentra que la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado tiene legitimación para comparecer a este trámite constitucional y pronunciarse
sobre los fundamentos expuestos por la parte actora, en el entendido de que es la
autoridad judicial que dictó el proveído del 11 de julio de 2024 que, en criterio de la
parte accionante, lesionó para sus garantías fundamentales.
4. Relevancia constitucional
El cargo que se formule contra una decisión judicial tendrá relevancia constitucional
si presenta un problema constitucional y no se limita a revivir una controversia estricta
y exclusivamente legal23.
22 Índice 0013 del aplicativo Samai, certificado
7D32AED6226A4050 303F6293CCA56BEF 1070829C316E42F4 1EAC37D58B25223B.
23 “[L]os fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con
transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar
esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional
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De ese modo, en esta sede se ponderará entre la finalidad de la acción de tutela como
garantía iusfundamental y los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que
gobiernan las decisiones judiciales24. Así las cosas, el juez de tutela debe resolver
asuntos de dimensión constitucional, con respeto de las competencias legales y del
principio de autonomía de los jueces25.
En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar la
competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad26; (ii) restringir el ejercicio
del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las personas, e
(iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones judiciales27.
Definir lo que es o no relevante en el plano constitucional depende de verificar que, a
primera vista, el cuestionamiento esté dirigido contra una posible afectación o
vulneración de las garantías relacionadas con el núcleo de los derechos
fundamentales. En especial, debe hacerse énfasis en el derecho al debido proceso 28.
Para ello, la jurisprudencia constitucional29 ha definido cuáles son los requisitos
específicos de procedencia que pueden ser invocados como únicas causales que
habilitan el control constitucional concreto.
El requisito de relevancia constitucional, por tanto, exige que el cuestionamiento en la
solicitud de amparo esté dirigido a exponer una valoración en sentido negativo de la
actuación jurisdiccional en clave de los defectos, como han sido definidos por la
jurisprudencia. Así, son improcedentes los argumentos destinados a proponer
fórmulas que habrían podido ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario o reiterar
las ya expuestas en este. En efecto, como lo ha establecido la Corte Constitucional,
“la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del
procedimiento judicial que se cuestiona30, pues ello desconocería la competencia y
ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de
interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo
excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien […] se encuentra
en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente – es decir segura y en
condiciones de igualdad – de los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. Corte
Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
24 “No se trata de convertir la tutela en un mecanismo ritualista, sino de exigir una actuación razonable
para conciliar la protección eficaz de los derechos fundamentales, con los principios y valores en juego,
al controvertir una providencia judicial”. Corte Constitucional. Sentencia T-066 de 2019.
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C.
Sentencias del 21 de febrero de 2020, expediente n.° 2019-5066-00; 4 de mayo de 2020, expediente
n.° 2020-836-00.
26 Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009,
T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061
de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
27 “[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia,
ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de
la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental” Corte Constitucional. Sentencia T-
422 de 2018.
28 Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido: T-075-18, T-451-
18, T-422-18 y T-248-18.
29 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
30 Cita original: “Ver sentencia T-336/04”.
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finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su
autonomía funcional”31.
En particular, cabe denotar que la Corte Constitucional, en la decisión SU-215 de 2022,
indicó que “el examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas
cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales. Así,
la tutela contra providencias judiciales no debe representar una instancia adicional de
los litigios ordinarios, ni es un escenario para definir controversias doctrinarias o
interpretativas de corrección legal”. Además, precisó que “[…] Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente
legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o
privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a
derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales”.
Esta Corporación ha precisado que, para realizar el examen del requisito de relevancia
constitucional, se requiere en primera medida establecer que quien actúe como
accionante motivó con suficiencia argumentativa las razones por las cuales considera
que la decisión judicial que reprocha se erige como una afectación de derechos
fundamentales, a efectos de evitar una instancia adicional32.
5. Caso concreto
La Subsección anticipa que el presente asunto no superó el requisito de relevancia
constitucional, conforme a las razones que pasan a exponerse:
5.1. La revisión de las actuaciones del expediente del proceso de reparación directa y
del incidente de liquidación de condena identificado con el radicado núm. 05001-23-31-
000-2012-00438-0233, da cuenta de los siguientes hechos:
• El señor José Antonio Jaramillo Mesa, por conducto de su curadora legítima,
Inés Eugenia Jaramillo Saldarriaga, promovió una demanda de reparación
directa en la que solicitó la declaratoria de responsabilidad del actual Distrito de
Medellín por la ocupación de su predio, ubicado en el kilómetro 7.5 de la vía Las
Palmas.
• La Sala Cuarta de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia dictó
sentencia de primera instancia el 16 de agosto de 2013, en la que negó las
pretensiones de la demanda. Esta decisión fue apelada por la parte demandante.
31 Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
32 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
33 Cuyo enlace web, con las actuaciones en medio digital, se encuentran en el Índice 0012 del
expediente digital de tutela de primera instancia en Samai.
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• En providencia del 16 de agosto de 2022 la Sección Tercera, Subsección B, del
Consejo de Estado revocó el fallo del tribunal y resolvió:
“[…] 3º) Declárase patrimonial y extracontractualmente responsable al
municipio de Medellín (Antioquia) por la ocupación temporal en noviembre
de 2010 de una franja de terreno de la Finca el Reposo de propiedad del
demandante ubicada en el kilómetro 7.5 de la vía Las Palmas de esa ciudad.
4°) En consecuencia condénase en abstracto al municipio de Medellín
(Antioquia) a pagar por concepto de daño emergente al señor José Antonio
Jaramillo Mesa un monto equivalente a la depreciación económica, real y
efectiva que sufrió única y exclusivamente el predio afectado con las obras
provisionales de mitigación que realizó la administración sobre una franja del
mismo y que hace parte de los los terrenos que conforman la Finca El
Reposo, valor que se establecerá en forma razonada, fundamentada y
técnica según el parámetro establecido en esta providencia y mediante el
incidente señalado en el artículo 172 del CCA.
5°) Niegánse las demás suplicas de la demanda […]”.
Como fundamentos de su decisión, la Corporación argumentó lo siguiente:
“[…] 4) Con relación al perjuicio reclamado por daño emergente, obra en el
expediente el avalúo comercial de la finca El Reposo aportado por la parte
actora y realizado por Francisco Ochoa Avalúos SAS, el cual concluyó que
en razón de la urgencia manifiesta decretada en noviembre de 2010 por los
deslizamientos presentados en el sector, la expedición del Decreto 1980 de
11 de noviembre de 2010 que limitó el uso de los predios del sector de la
avalancha y las obras de mitigación inconclusas efectuadas sobre los
mismos, el precio real de los cuatro lotes asciende a $1.371.949.500 y su
valor ideal a $6.977.471.595.
Si bien esa pericia da cuenta de la ocupación de un sector del predio del
demandante con las obras de mitigación que realizó el municipio
demandado, el cálculo efectuado hizo una tasación por la afectación total de
los predios, pero, no hizo una valoración especifica de la zona afectada, no
determinó el área intervenida, tampoco tuvo en cuenta que las obras civiles
no se terminaron y que la ocupación fue temporal, por lo cual no resulta
atendible el avalúo aportado debido a que no se ajusta a la realidad procesal
ni material.
Por consiguiente, la Sala condenará en abstracto al municipio demandado a
pagar el daño emergente, por lo tanto, su monto se establecerá de acuerdo
con la depreciación económica real y efectiva que sufrió única y
exclusivamente el predio intervenido con las obras provisionales de
mitigación realizadas en una franja del mismo por el Municipio de Medellín
(Antioquia) en diciembre de 2010, sobre la base de que la ocupación fue
temporal y no permanente. Por tanto, ese valor se determinará con
fundamento en el dictamen que en forma razonada, técnica y fundamentada
realice el Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre el área efectivamente
afectada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1420
de 1998; a falta de esta prueba, la parte demandante podrá acudir a otros
medios probatorios que permitan tener certeza de ese valor en forma técnica
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y fundamentada. El valor obtenido se deberá actualizar al momento de la
condena”
• El 17 de febrero de 2023 la parte demandante radicó ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia escrito de incidente de liquidación de condena en
abstracto, con el propósito de determinar el valor del daño emergente, estimado
en $5.745.324.274,00.
Para ello, aportó una prueba pericial de avalúo que versó sobre “la depreciación
económica real y efectiva que sufrió el predio del demandante intervenido con
las obras de mitigación realizadas en una franja del mismo por el Municipio de
Medellín en el año 2010”.
• Mediante auto del 29 de marzo de 2023 el Tribunal admitió el incidente y ordenó
correr traslado a la contraparte. Posteriormente, en providencia del 9 de mayo
del mismo año, decretó como prueba el avalúo aportado por la parte actora y
dispuso su traslado conforme a lo dispuesto en el artículo 228 del Código
General del Proceso.
• El 1 de agosto de 2023 se celebró la audiencia de inicial en la que se llevó a
cabo la contradicción de la prueba pericial.
• El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, resolvió negar
las pretensiones del incidente de liquidación de condena mediante providencia
del 13 de septiembre de 2023, al considerar que la prueba pericial se basó en
parámetros diferentes a los establecidos por el Consejo de Estado en sentencia
del 16 de agosto de 2022.
Lo anterior, conforme a los siguientes motivos: i) se estableció como área
afectada 11.672.989 m2 sin analizar la zona de los retiros o las limitaciones
establecidos en el POT; ii) el procedimiento utilizado para determinar el monto
de daño emergente no observó la aplicación de ningún método para determinar
la deprecación en la forma indicada en la sentencia; iii) una vez determinado el
valor del daño emergente, la suma debía ser actualizada a valor presente con
fundamento en la variación porcentual del IPC, y no acudir a la capitalización
de rentas con valores del año 2023 y menos extenderlos en forma permanente,
ya que la ocupación fue temporal.
• La parte demandante formuló recurso de apelación y expuso los siguientes
argumentos: i) en el predio existen canales provisionales de evacuación de
agua, por lo que actualmente, el demandante continúa privado del uso y goce
del área de terreno que fue ocupada, además, con esta obra el distrito
demandado “obliga al propietario a respetar un retiro de 30 metros a lado y lado
de los canales artificiales, al considerarlo un curso de agua objeto de
protección”. Agregó que el perito definió que el límite temporal de la ocupación
sería la fecha en que se pague la indemnización, o el día en que estos
elementos se retiren, motivo por el cual elaboró la experticia sobre el periodo
noviembre de 2010 a enero de 2023; además, sostuvo que si la apoderada del
ente demandado estaba en desacuerdo, debió manifestar que el cálculo se
debió realizar sobre 146 meses de ocupación temporal; ii) la depreciación para
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determinar el daño emergente es el valor de los arrendamientos, puesto que se
calcula un valor que corresponde al uso y goce de un área de terreno igual. Así,
explicó, la pérdida de valor efectiva que sufrió el demandante es el valor del
arrendamiento de las porciones de tierra que están ocupadas con ocasión de
las obras realizadas; iii) la diferencia de criterio en cuanto a la actualización de
la suma no puede ser una razón para desestimar el incidente, puesto que el
perito determinó el valor de la indemnización en razón la renta probable que
tendría el área afectada, y esto, “debe hacerse a precios de hoy” debido a la
actualización.
• El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B resolvió el recurso de
apelación mediante proveído del 11 de julio de 2024, en el que confirmó el auto
del Tribunal con fundamento en las siguientes razones:
“[…] 4) De conformidad con lo establecido por la jurisprudencia de esta
Corporación, el objeto del incidente de liquidación de la condena en
abstracto es determinar el valor de los perjuicios reconocidos y ordenados
en una providencia que hizo tránsito a cosa juzgada con base en los
específicos parámetros en ella definidos para tal efecto, sin que haya lugar,
de forma alguna, a controvertir su causa o fundamento.
5) Sin embargo, en este caso concreto, el recurso de apelación está
encaminado a que se reconozca que el demandante continúa privado del
uso y goce de la porción de terreno ocupada, lo cual no es atendible porque
ello difiere sustancialmente de lo ordenado en la sentencia de condena, en
la cual se dispuso reparar, únicamente y exclusivamente, el daño emergente
derivado de la desvalorización del inmueble (integrado por cuatro predios)
por obras realizadas en un período específico de tiempo y en áreas
determinadas y parciales del terreno.
6) Por ende, el reparo del recurso de alzada según el cual la indemnización
debe liquidarse hasta el día en el cual se restituyan las condiciones iniciales
del terreno o se pague la indemnización no resulta atendible porque
desconoce los parámetros de liquidación de la sentencia condenatoria
proferida por esta Corporación, la cual no es susceptible de ser modificada
o reformada. En efecto, se verifica que el recurso de apelación contra el auto
que negó el incidente de liquidación de perjuicios se dirigió a cuestionar
aspectos que fueron objeto de estudio y decisión en la sentencia de 16 de
agosto de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, como lo son los extremos temporales de la ocupación
de los inmuebles objeto del litigio y los parámetros para liquidar la condena
en abstracto, los cuales no son susceptibles de ser analizados en este
trámite incidental en atención a su precisa naturaleza jurídica.
7) De otro lado, no es cierto que el auto apelado hubiera sido producto de
un error del a quo inducido por la parte demandada; contrario a ello, es cierto
que i) el dictamen calculó únicamente perjuicios en la modalidad de lucro
cesante (pérdida de la renta) pese a que se condenó por daño emergente
(por la desvalorización del terreno) y, ii) se fundamentó en el supuesto de
que se trató de una ocupación permanente del inmueble pese a que la
demandada solo fue condenada por la ocupación temporal; además iii) la
condena no incluyó las sumas que el demandante hubiese tenido que pagar
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en caso de pretender “usar y gozar” de un área de terreno similar a la
ocupada, sino la desvalorización del predio la cual no se probó.
8) Examinado el expediente de la referencia, el despacho advierte que el
dictamen pericial aportado por la parte actora del incidente no satisface los
parámetros fijados en la sentencia que condenó in genere a la entidad
demandada, pues, aunque se dijo haber empleado el “método de
investigación o comparación de mercado” para establecer la depreciación
económica real y efectiva que sufrieron los predios intervenidos con las
obras provisionales de mitigación causantes de la ocupación temporal
durante el mes de noviembre de 2010, se concluyó que la indemnización por
concepto de daño emergente corresponde al valor de la renta probable de
distintos predios con un área similar a la de los inmuebles ocupados y,
además, se señaló la existencia de una indemnización por concepto de
“afectación permanente”, aspectos que no corresponden a los parámetros
establecidos para liquidar la condena en abstracto.
[…]
10) En atención a las normas transcritas, se advierte que el método de
comparación o de mercado es la técnica valuatoria que busca obtener el
valor comercial del bien a partir del estudio de las ofertas o transacciones
recientes de bienes semejantes y comparables a los del objeto del avalúo;
para este caso concreto, el despacho advierte que, aunque nominalmente
se dijo aplicar el método ya referido para la elaboración del dictamen pericial
aportado este no fue desarrollado con sujeción a los elementos y factores
que lo componen, pues, no se aportaron con aquel los soportes idóneos,
necesarios y suficientes para constatar con certeza que los bienes
comparados tienen características iguales o semejantes a los inmuebles que
se pretenden analizar, como lo son ofertas de compra o de arrendamiento,
contratos de arrendamiento o escrituras públicas de compraventa de los
predios objeto de comparación y, en general, los demás documentos que
dan cuenta, entre otros aspectos, de características tales como área,
extensión, ubicación, destino y uso actual (residencial, comercial,
institucional, etc), tipo de terreno y/o construcciones, vías de acceso, zona y
área de ubicación (urbana, rural, etc), estratificación socioeconómica6, a
partir de cuya comparación y ponderación definir el avalúo de los bienes
objeto de examen”.
11) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 del CGP7, incumbe
a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el
efecto jurídico que ellas persiguen, por manera que, si la parte actora
pretendía que en este trámite incidental se fijara el monto de la
indemnización a cargo de la entidad demandada a título de daño emergente
debió acreditar, con idoneidad y suficiencia, la cuantía de los perjuicios
mediante las pruebas conducentes, pertinentes y útiles para tal propósito de
conformidad con los parámetros expuestos en la sentencia de 16 de agosto
de 2022, empero, en el expediente no obra ningún elemento de convicción
a partir del cual sea posible determinar el monto a indemnizar en los precisos
términos de la sentencia ya referida.”
5.2. A partir del recuento fáctico expuesto, para la Subsección queda claro que la parte
actora intentó utilizar la acción de tutela con el fin de reabrir el debate probatorio que la
autoridad judicial accionada llevó a cabo en la sentencia del 11 de julio de 2024.
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En efecto, en la actuación quedó demostrado que la Sección Tercera, Subsección B,
del Consejo de Estado confirmó la decisión que negó las pretensiones del incidente de
liquidación de la condena en abstracto, al considerar que la parte demandante no
cumplió con la carga que le asistía en los términos del artículo 167 del Código General
del Proceso por tres (3) razones: i) los argumentos del recurso de apelación y los
fundamentos de la prueba pericial estuvieron dirigidos a cuestionar los términos de la
condena impuesta en la sentencia del 16 de agosto de 2022, pese a que no es propio
del trámite incidental entrar a modificar el contenido y alcance de la decisión; ii) la
prueba pericial no atendió los parámetros fijados en la sentencia en comento, lo que no
permitió calcular el daño emergente y afectó el cumplimiento de la carga de demostrar
la cuantía del perjuicio; y iii) no resultaba jurídicamente viable condenar al distrito
demandado al pago de un perjuicio que no está debidamente estimado en el proceso,
ni tasar la indemnización con base en razones de equidad o presunción.
En consecuencia, la Sala considera que el escrito de amparo no cumplió con el requisito
de relevancia constitucional, ya que la parte actora no expuso las razones por las que
consideraba que la decisión cuestionada vulneró sus derechos fundamentales. En su
lugar, se centró exclusivamente en debatir el análisis realizado por el Consejo de Estado
sobre la prueba pericial, bajo el argumento de que dicha prueba no se ajustó a los
parámetros establecidos en la sentencia del 16 de agosto de 2022 y, por tanto, debía
ser desestimada. La parte actora, en esencia, buscaba que se emitiera una nueva
decisión que liquidara el valor de los perjuicios en la que se acogiera su propia
interpretación de la prueba pericial como válida para fijar el monto de la indemnización.
Lo anterior, pese a que la Corte Constitucional ha indicado con claridad que “la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del
fallo cuestionado”34.
Es importante recordar que, respecto a la carga argumentativa y explicativa que recae
sobre quien solicita la protección a través de la acción de tutela, la Corte Constitucional
ha establecido que no es suficiente con mencionar simplemente la vulneración del
derecho al debido proceso. Para que se considere acreditado el requisito general de
procedencia de la relevancia constitucional, es necesario demostrar: i) su existencia; ii)
su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. En este sentido, quien
interpone la tutela debe aportar los elementos necesarios que permitan al juez
constitucional identificar dicha vulneración35. Como en el presente asunto estos
requisitos no fueron acreditados, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo formulada por Juan
Felipe Jaramillo Hurtado por FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR
ACTIVA, conforme a las razones consignadas en la parte motiva de esta providencia.
34 Ibidem
35 Sentencia SU215/22
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SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por Clara
Elena Jaramillo Saldarriaga, Luz María Jaramillo Saldarriaga, Fernando Alonso
Jaramillo Saldarriaga, Juan Esteban Martínez Jaramillo y María José Martínez
Jaramillo en contra del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en
atención a lo expuesto en esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados, por el
medio más expedito.
CUARTO: RECONOCER PERSONERÍA para actuar a la abogada Claudia María
Jaramillo Muñoz, identificada con C.C. 43.469.399 y portadora de la Tarjeta
Profesional 80.062 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada del Distrito
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, en los términos y para los
efectos del poder allegado con la contestación a la acción de tutela36
QUINTO: REMITIR la presente providencia, si no fuere impugnada, a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES
Magistrada Magistrado
SFGS
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