Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00065-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00065-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00065-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00065-00
Accionante: Ana Vicenta Jiménez Martínez y otros
Accionados: Tribunal Administrativo de Sucre y otro
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial. Caducidad del medio
de control de reparación directa. NIEGA AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por Ana Vicenta Jiménez
Martínez, Manuel Antonio Jiménez Martínez, María Josefa Jiménez Martínez,
Lilibeth Jiménez Martínez, Sixta Antonia Moreno Jiménez, Marisela Jiménez
Martínez, Yisela Patricia Jiménez Martínez, Georgina María Moreno Jiménez,
Alonso Enrique Moreno Jiménez, Doris María Moreno Jiménez y Sirley del Carmen
Moreno Jiménez contra el Tribunal Administrativo de Sucre y del Juzgado Cuarto
Administrativo de Sincelejo.
ANTECEDENTES
La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, acceso a la administración de justicia y verdad, justicia y reparación
integral, los cuales considera vulnerados con la sentencia 23 de noviembre de 2020
y el 9 de mayo de 2024, proferidas en el medio de control de reparación directa con
radicado 70001-33-33-004-2019-00017-00/01.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que los accionantes instauraron demanda de reparación directa en contra de la
Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional, con el fin de que se le declarara
responsable por los perjuicios causados con la ejecución extrajudicial de Carlos
Alberto Valeta Jiménez.
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Que mediante sentencia de 23 de noviembre de 2020 el Juzgado Cuarto
Administrativo de Sincelejo declaró la caducidad del medio de control y apelada la
decisión, el 9 de mayo de 2024 el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la
providencia.
Que la CIDH ha proferido abundantes sentencias de obligatorio cumplimiento para
el Estado colombiano, en las que se prohíbe adoptar normas de derecho interno
que vayan en contravía de las disposiciones de ese órgano jurisdiccional en relación
con la caducidad de las acciones. Para fundamentar esa posición, citaron los casos
Órdenes Guerra y otros vs Chile, Bulacio vs Argentina, Manuel Cepeda Vargas vs
Colombia, Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs Guatemala, La Cantuta vs Perú
y Almonacid Arellano vs Chile.
Que el Consejo de Estado protegió el derecho de acceso a la administración de
justicia, en casos de crímenes de lesa humanidad en los que se determinó que
había operado la caducidad, al considerar que se vulneró el derecho de acceso a la
administración de justicia. Concretamente, mencionó las Sentencias de (i) 17 de
septiembre 2013, Rad. 25000-23-26-000-2012-00537-01(45092); (ii) 5 de
septiembre de 2016, Rad. 05001-23-33-000-2016-00587-01(57625); (iii) 29 de
septiembre de 2016, Rad. 11001-03-15-000-2015-03339-01; (iv) 12 de marzo de
2021, Rad. 11001-03-15-000-2020-00688-01; (v) 4 de junio de 2021, Rad. 11001-
03- 15-000-2021-00186-01; (vi) 30 de agosto de 2021, Rad. 11001-03-15-000-2021-
00097-01; (vii) 29 de septiembre de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-01814-01;
(viii) 7 de julio de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-01694-01; (ix) 10 de noviembre
de 2022, Rad. 11001-03-15-000-2022-01347-01; (x) 30 de marzo de 2023, Rad.
11001-03-15-000-2022-06423-01; y (xi)15 de febrero de 2024, Rad. 11001-03-15-
000-2023-04978-00.
Aludió a los salvamentos de voto de los consejeros María Adriana Marín, Ramiro
Pazos Guerrero y Alberto Montaña Plata frente a la Sentencia de Unificación del 29
de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Expresó que la demanda fue presentada antes de la expedición del pronunciamiento
de unificación mencionado, momento en el que el Consejo de Estado tenía fijada
una línea Jurisprudencial más favorable, ya que las demandas por graves
violaciones a los derechos humanos podían presentarse en cualquier tiempo.
Que las autoridades accionadas también incurrieron en defecto sustantivo, al aplicar
con severidad el numeral 2 del artículo 164, literal i, del CPACA que no se adecuaba
a la situación fáctica de los hechos de la demanda, desconocía la condición de juez
convencional y las obligaciones internacionales contraídas por el Estado
colombiano y, que empleó de forma errada el artículo 182A del referido estatuto,
adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021.
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Agregó que no se decretaron las pruebas testimoniales con las que pretendían
demostrar las razones por las que no les fue posible demandar dentro de los 2 años
siguientes al conocimiento del daño.
PRETENSIONES
Que se dejen sin efectos las sentencias proferidas el 23 de noviembre de 2020 y el
9 de mayo de 2024 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo y del Tribunal
Administrativo de Sucre, respectivamente, en el proceso de reparación directa con
radicado No. 70001-33-33-004-2019-00017-00/01, para que, en su lugar, se les
«ordene continuar con el trámite y estudio de la demanda por los hechos
relacionados a la tortura, desplazamiento, desaparición forzada y homicidio en
persona protegida de la que fue víctima el señor Carlos Alberto Valeta Jiménez»
ACTUACIÓN PROCESAL
La tutela fue admitida por el doctor Juan Camilo Morales Trujillo quien en el auto
admisorio dispuso la vinculación de la Nación – Ministerio de Defensa – Armada
Nacional como tercero con interés; además, requirió al señor Adil José Meléndez
Márquez para que «acredite la figura de la agencia oficiosa1 o, en su defecto, allegue
poder especial debidamente conferido por los accionantes para interponer la
presente acción de tutela» El abogado en el término concedido aportó los
respectivos poderes con los que se ratificó la actuación.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Cuarto Administrativo de
Sincelejo, debidamente notificados, optaron por guardar silencio; sin embargo, este
último, aportó el expediente de la reparación directa.
POSICIÓN DEL VINCULADO
El Ministerio de Defensa Nacional, por intermedio de apoderado judicial,
manifestó que las sentencias proferidas por las autoridades judiciales accionadas
se encuentran dentro de su campo de interpretación legal y autonomía judicial y no
se configuró vía de hecho alguna; por lo que el hecho de que la parte accionante no
estuviera de acuerdo con la decisión, no la habilitaba para interponer la acción de
tutela.
Adicionalmente, manifestó que no se cumplió con el requisito general de inmediatez,
comoquiera que la sentencia de segunda instancia fue notificada el 17 de junio de
2024; sin embargo, la solicitud de amparo se presentó hasta el 14 de enero de 2025,
1
Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-382 de 2021, afirmó que para la constitución de esta
figura es indispensable que se acrediten los siguientes requisitos: «(i) la manifestación del agente oficioso de
estar actuando en tal calidad y (ii) la imposibilidad del agenciado de defender directamente sus derechos».
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es decir, «por fuera del término previsto jurisprudencialmente»; por lo que solicitó
declarar improcedente la acción de la referencia o, en su defecto, negar las
pretensiones formuladas.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver el presente asunto, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.
(...).
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. (...)
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. (...)
2
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3
M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. (...)»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. (…)
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. (…)
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»4
4
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada5.
(…) “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”6.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, (…). Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela7»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedencia cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Caso concreto
Se pretende la invalidez de las sentencias proferidas el 23 de noviembre de 20208
y el 9 de mayo de 2024 por el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo y del
Tribunal Administrativo de Sucre, respectivamente, en el proceso de reparación
directa con radicado No. 70001-33-33-004-2019-00017-00/01 que según los
accionantes incurren en defectos sustantivo y de desconocimiento del precedente
judicial constituido por las disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos al declarar la caducidad de la acción.
A esta Subsección le corresponde, en primer lugar, verificar los requisitos generales
de procedencia que habilitan el estudio de las providencias controvertidas,
aclarando que el estudio se hará en relación con la sentencia del Tribunal
Administrativo de Sucre, que fue la que puso fin al proceso. Solo de superarse la
totalidad de las exigencias es posible entrar a analizar si se configuran los defectos
endilgados a la decisión.
5
Sentencia SU-074 de 2022.
6
Sentencia SU-074 de 2022.
7
Sentencia SU-072 de 2018.
8
De la numeración de la sentencia y del historial del proceso en SAMAI, se observa que la sentencia es del
23 de noviembre de 2021
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La Sala encuentra reunidas las exigencias generales, ya que: i) el asunto a resolver
es de marcada relevancia constitucional, en la medida en que se centra en
establecer si en la decisión judicial controvertida se vulneraron los derechos
fundamentales reclamados en protección, por la incursión de los defectos
enunciados; ii) la acción cumple con el requisito de inmediatez, ya que la sentencia
fue notificada el 17 de junio de 2024 y la solicitud de amparo se presentó 13 de
enero de 2025, es decir, dentro de los seis meses siguientes a la ejecutoria iii) se
agotaron los mecanismos judiciales con los que se contaba; iv) se está invocando
una irregularidad procesal que podría tener un efecto decisivo en la determinación
adoptada; v) se identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración
y los derechos estimados como transgredidos; y v) no se trata de una sentencia de
tutela.
Sobre los argumentos expuestos por la parte actora en relación con el
desconocimiento de las disposiciones de la CIDH se debe tener en cuenta la
Sentencia SU 312 de 2020 en la cual, la Corte Constitucional trata extensamente el
tema de la caducidad del medio de control de reparación directa frente a daños
originados por la comisión de delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de
guerra por parte de agentes del Estado.
En dicha providencia, la Corte señaló que esa Corporación ha sostenido que es
imperioso que exista un término de caducidad de las acciones judiciales y ha
explicado que la caducidad “es una institución jurídico procesal a través de la cual,
el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener
pronta y cumplida justicia”. Igualmente, este Tribunal ha indicado que el fundamento
de la figura “se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica.
Se refirió al literal i) del numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y al alcance dado a dicha norma
por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia del 29 de enero de
2020 y con base en este y ante la inexistencia de una posición uniforme al interior
del Máximo Tribunal Constitucional sobre el tema; procedió a unificar el criterio
señalando que el término de caducidad del medio de control de reparación directa
es razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional y convencional,
incluso en casos en los que el daño que se pretenda reparar sea causado por un
delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio:
«6.31. En este sentido, esta Corte observa que la seguridad jurídica se
protege con el establecimiento de la caducidad del medio de control de
reparación directa, en tanto que la misma “se ha entendido, por regla
general, como la extinción del derecho a la acción judicial por el
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transcurso del tiempo. De manera que si el sujeto procesal deja, por su
inactividad o negligencia, transcurrir los plazos fijados por la Ley en
forma objetiva sin presentar la demanda correspondiente o impulsar el
litigio, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda
alegar excusa alguna para revivirlos”9.
[---]
6.33. Por otro lado, esta Corte toma nota de que la reparación patrimonial
de los daños causados por el Estado es una obligación contemplada en
el artículo 90 de la Carta Política, la cual, cuando tiene su origen en una
violación a los derechos humanos, se ve reforzada por disposiciones de
instrumentos internacionales incluidas en el bloque de
10
constitucionalidad , como los artículos 8° y 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos11, y 2.3 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos12, que le imponen al Estado colombiano el
deber de garantizar el acceso a la administración de justicia para
proteger de forma efectiva dichas prerrogativas13.
6.34. Al respecto, este Tribunal evidencia que el establecimiento del
término de caducidad para pretender por vía judicial la reparación de los
menoscabos patrimoniales causados por el Estado con ocasión de un
delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio, no
representa una afectación del derecho al acceso a la justicia de las
víctimas de violaciones a los derechos humanos con el fin de obtener
una compensación por el daño padecido, porque:
(i) Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un plazo
razonable de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y satisfacer
sus pretensiones, el cual no se cuenta necesariamente desde el
momento del daño que origina el perjuicio, sino que sólo se inicia a
contabilizar cuando el afectado tenga conocimiento de que el
menoscabo fue causado por el Estado y se encuentre en la capacidad
material de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional;
(ii) La procedencia de la demanda de reparación debe ser analizada por
el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a las
particularidades de cada asunto en concreto; y
9
Sentencia T-301 de 2019 (M.P. Diana Fajardo Rivera).
10
Cfr. Artículo 93 de la Constitución.
11
Incorporada al ordenamiento interno mediante la Ley 16 de 1972.
12
Incorporado al ordenamiento interno mediante la Ley 74 de 1968.
13
Cfr. Sentencia C-674 de 2017 (M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez). En este sentido, en el fallo T-362 de
2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido) se indicó que “las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y
el derecho internacional humanitario tienen el derecho fundamental a obtener una reparación adecuada,
efectiva y rápida de los daños que les fueron ocasionados. Uno de los componentes de ese derecho, entre
muchos otros, tiene ver con el reconocimiento y pago de una justa indemnización pecuniaria, encaminada a
compensar los daños tanto materiales (daño emergente y lucro cesante), como aquellos de carácter moral,
sufridos por la víctima”.
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(iii) La desestimación del medio de control de reparación directa por
caducidad, no le impide al perjudicado obtener la compensación
económica del daño causado por otras vías, como el incidente de
reparación integral en el marco del proceso penal que se adelante en
contra del responsable material del delito de lesa humanidad o el trámite
de indemnización administrativa14.
[---]
6.43. Por último, este Tribunal considera que, además de las razones
expuestas por el Consejo de Estado en el fallo de unificación 15, la
aplicación del término legal de caducidad frente al medio de control de
reparación directa cuando el hecho dañoso es constitutivo de un delito de
lesa humanidad resulta acorde con el criterio interpretativo que puede
extraerse de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Órdenes Guerra contra Chile.
[---]
6.45. En este sentido, esta Sala advierte que la decisión de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos está orientada a evitar que el
desamparo de una víctima de un delito de lesa humanidad o un crimen de
guerra que no ha tenido la oportunidad jurídica de acudir a la justicia y lo
hace mucho tiempo después de ocurrida la conducta, no derive en la
frustración de la garantía de su derecho a la reparación. Empero, la
finalidad que subyace a dicha decisión no es crear una previsión
orientada a amparar la incuria o la negligencia del interesado en una
indemnización o afectar sin justificación la seguridad jurídica, a
través de la extensión de la imprescriptibilidad que se predica de la
acción penal frente a ciertas conductas criminales a las demandas
de reparación en contra del Estado.
6.46. En efecto, dicho Tribunal Internacional reconoció que la
imprescriptibilidad de la acción penal frente a delitos de lesa humanidad
no opera per se, sino en razón de la existencia de circunstancias que
obstaculizan la investigación y juzgamiento de los responsables de delitos
de lesa humanidad o crímenes de guerra16…»
De acuerdo con lo expuesto, no le asiste razón a la parte actora al argumentar que
las normas que establecen la caducidad en tratándose de la reparación por delitos
de lesa humanidad son contrarias a las disposiciones de la CIDH, pues es claro que
con ella se realiza el principio de la seguridad jurídica y que los casos invocados
como precedentes no imponen a Colombia la derogación de las normas relativas a
14
Cfr. Sentencia T-362 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
15
Supra II, 6.16.
16
Cfr. Fundamentos 77 y siguientes de la Sentencia del 29 de noviembre de 2018 de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
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dicha institución. Esto incluye el caso Manuel Cepeda Vargas vs Colombia, del que
tampoco se deduce tal obligación.
La sentencia de primera instancia tiene como fecha 23 de noviembre de 2020, se
rotula igualmente como «SENTENCIA Nº 131 DE 2021» y el historial del proceso
en SAMAI da cuenta de las actuaciones surtidas en el proceso en el año 2021, entre
los que se encuentra la presentación de alegatos de conclusión, previa disposición
del juzgado para ello con anuncio de sentencia anticipada, en auto del 14 de mayo
de 2021.
Esto es relevante si se tiene en cuenta que para la declaratoria de caducidad
tratándose de una demanda presentada con anterioridad al pronunciamiento de
unificación por parte del Consejo de Estado, debía darse a los demandantes la
oportunidad de presentar alegatos en los que pudieran justificar la tardanza en el
ejercicio del medio de control y acreditar la imposibilidad de acudir a tiempo a la
jurisdicción y con ello, la improcedencia de dicha declaratoria.
La parte actora presentó memorial de alegatos el 08/06/2021 (índice 12 SAMAI
proceso ordinario de primera instancia) y tanto en este memorial como en el recurso
que interpuso contra el auto del 14 de mayo de 2021 insistió en que esta actuación
vulneraba su debido proceso al no decretarle las pruebas para acreditar los hechos
de la demanda. En ningún momento el apoderado expuso alguna circunstancia que
hubiera impedido a los actores presentar en tiempo la demanda ni solicitó pruebas
tendientes a demostrar tal situación.
Pese a ello, en el recurso de apelación alegó que no se habían decretado las
pruebas tendientes a demostrar las razones por las que no les fue posible demandar
dentro de los 2 años siguientes al conocimiento del daño, sin exponer en momento
alguno cuáles fueron esas razones y finalmente pidió que se decretaran las pruebas
solicitadas en la demanda y la reforma, porque no se decretaron ni practicaron en
primera instancia sin su culpa. En esta oportunidad tampoco expuso motivos que le
hubieran impedido accionar en tiempo ni cuáles eran las pruebas con que
pretendían acreditarlos.
El Tribunal Administrativo de Sucre realizó un análisis del asunto con base en la
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional y estudió
lo relativo a la aplicación del precedente de unificación al caso, teniendo en cuenta
que la demanda fue presentada con anterioridad a los pronunciamientos vigentes al
momento de proferir sentencia y expresó que:
«…el reclamante tiene la obligación de adelantar lo más pronto posible
(plazo razonable, que el ordenamiento interno ha fijado en dos años) el
ejercicio de los mecanismos judiciales respectivos.
Si tal posibilidad es truncada, a su vez, el interesado debe informar tales
circunstancias, especificando y probando las razones por las cuales le
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fue imposible hacerlo, como criterio de valoración para el servidor
judicial. Y en este caso, en la demanda, nada se dice frente a tal
imposibilidad, por ende, entiende la Sala, que desde el siguiente día a
la causación de la lamentable muerte, podía la parte accionante
demandar al Estado Colombiano.
g. Se itera, que afirmar que la zozobra devenida del hecho dio al traste
con la posibilidad de acudir a los mecanismos judiciales estatales, per
se, no constituye argumento suficiente como para desacreditar la regla
general de la caducidad, pues, si bien se puede reconocer la situación
de zozobra, también debe aceptarse que la administración de justicia
seguía funcionando y el acceso a la misma podía hacerse válidamente
y de no ser así, debía demostrarse en concreto qué hechos lo
impedían.»
De lo expresado no se encuentra que la providencia del 9 de mayo de 2024 haya
incurrido en el defecto por desconocimiento de las Disposiciones de la CIDH, ni en
defecto sustantivo por aplicación del numeral 2 del artículo 164, literal i, del CPACA,
conforme a la sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 29 de
enero de 2020.
En relación con la invocación de los salvamentos de voto al pronunciamiento
mencionado, no constituyen precedente, pues este está constituido por la postura
mayoritaria expresada en la sentencia. Tampoco constituyen precedente para el
caso las sentencias de tutela invocadas, dadas las especificidades del caso que no
corresponde supuestos de hecho allí resueltos y a sus efectos inter-partes.
La conclusión final a la que se llega en este caso es que no se acreditaron los
defectos alegados frente a la sentencia de 9 de mayo de 2024 y con ello la
vulneración de los derechos invocados; razón por la cual se negará la tutela
solicitada.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: NEGAR el amparo deprecado por Ana Vicenta Jiménez Martínez, Manuel
Antonio Jiménez Martínez, María Josefa Jiménez Martínez, Lilibeth Jiménez
Martínez, Sixta Antonia Moreno Jiménez, Marisela Jiménez Martínez, Yisela Patricia
Jiménez Martínez, Georgina María Moreno Jiménez, Alonso Enrique Moreno
Jiménez, Doris María Moreno Jiménez y Sirley del Carmen Moreno Jiménez; de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
Con salvamento de voto
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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