Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00065-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2025-00065-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2025-00065-01
Consejero ponente: María Adriana Marín
1 de septiembre de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00065-01
Demandantes: Ana Vicenta Jiménez Martínez y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., primero (1º) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00065-01
Demandantes: ANA VICENTA JIMÉNEZ MARTÍNEZ Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL – Se desconoció la
sentencia T-044 de 2022 de la Corte Constitucional, al aplicar automáticamente la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, sin
considerar la incidencia del momento de presentación de la demanda en la posibilidad de cumplir
nuevas cargas procesales y argumentativas – Se desconocieron las sentencias de unificación
312 de 2020 y 167 de 2023 de la Corte Constitucional, al no analizar cuándo se tuvo la posibilidad
material de imputar el daño alegado al Estado, ni la existencia de barreras de acceso a la
administración de justicia / DEFECTO FÁCTICO – Se omitió el decreto y práctica de las pruebas
solicitadas para demostrar por qué no se presentó la demanda previamente.
La Sala1 resuelve la impugnación presentada por la parte demandante contra la
sentencia del 19 de junio de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, mediante la cual se denegó la solicitud de amparo constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela
1. El 13 de enero 20252, Ana Vicenta Jiménez Martínez y otros3 presentaron demanda
de tutela contra el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado Cuarto Administrativo
de Sincelejo, a fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, a la verdad, a la justicia y a la reparación
integral. En consecuencia, solicitaron lo siguiente:
(i) Que se dejara sin efectos la sentencia del 23 de noviembre de 2021, proferida
por el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo y confirmada por el Tribunal
Administrativo de Sucre el 9 de mayo de 2024, mediante la cual se declaró la
1
Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 30 de julio de 2025, para
elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2 Samai, expediente de primera instancia, índice 2.
3 Manuel Antonio Jiménez Martínez, María Josefa Jiménez Martínez, Lilibeth Jiménez Martínez, Sixta
Antonia Moreno Jiménez, Marisela Jiménez Martínez, Yisela Patricia Jiménez Martínez, Georgina María
Moreno Jiménez, Alonso Enrique Moreno Jiménez, Doris María Moreno Jiménez, Sirley del Carmen
Moreno Jiménez y Damián David Sierra Moreno.
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Demandantes: Ana Vicenta Jiménez Martínez y otros
caducidad de las pretensiones formuladas en la demanda que dio origen al
proceso 70-001-33-33-004-2019-00017-01.
(ii) Que se ordenara al juzgado y al tribunal demandados continuar con el trámite y
el estudio de la demanda en la cual se originó el mencionado proceso.
(iii) Que se exhortara a las autoridades judiciales demandadas a estudiar
pormenorizadamente los hechos y las pruebas en futuros procesos.
2. De la demanda del tutela y de los medios probatorios obrantes en el expediente, se
extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:
3. El 29 de enero de 2019, los aquí accionantes instauraron demanda de reparación
directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional, a fin de que esta fuera
declarada responsable de la ejecución extrajudicial de Carlos Alberto Valeta Jiménez,
con quien tenían una relación de parentesco 4 o de amistad. Para sustentar esa
pretensión, en síntesis, expusieron lo siguiente:
4. El 9 de julio de 2007, el señor Valeta Jiménez partió de Toluviejo, Sucre, en compañía
de miembros de la fuerza pública, bajo la promesa de un empleo en una finca ubicada
en San Marcos, Sucre.
5. De acuerdo con un «informe policial» del 6 de septiembre de 2007, aquel desapareció
tras enfrentamientos entre el Ejército Nacional y desmovilizados de las Autodefensas
Unidas de Colombia, ocurridos el 13 de julio y el 6 de agosto de 2007 en Chinú, Córdoba.
Además, según una nota de prensa del 4 de septiembre del mismo año, su cuerpo fue
hallado junto con los de otras cinco personas. Sin embargo, solo fue entregado «al año
y medio».
6. Por los anteriores hechos, el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Sincelejo
declaró responsable de los delitos de desaparición forzada y de homicidio en persona
protegida al coronel (r) Luis Fernando Borja Aristizábal, excomandante de la Fuerza de
Tarea Conjunta del Ejército en Sucre, mediante sentencia del 27 de diciembre de 2011.
Igualmente, declaró responsable de esos delitos al mayor (r) Orlando Arturo Céspedes
Escalona, ex subcomandante de la mencionada fuerza, a través de sentencia del 31 de
marzo de 2016 —confirmada el 1.° de noviembre de ese año por la Sala Penal del
Tribunal Superior de Sucre—.
7. Durante la búsqueda del cadáver del señor Valeta Jiménez, sus familiares sufrieron
amenazas, motivo por el cual Ana Vicenta Jiménez Martínez y los demás actores se
abstuvieron de demandar al Estado con anterioridad.
8. Mediante sentencia anticipada del 23 de noviembre de 2021, el Juzgado Cuarto
Administrativo de Sincelejo negó las pretensiones de los demandantes, por encontrarlas
caducadas. Estos apelaron tal decisión y, el 9 de mayo de 2024, el Tribunal
Administrativo de Sucre la confirmó.
4 Algunos demandantes eran tíos del señor Valeta Jiménez y otros, primos.
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9. Para sustentar su decisión, el tribunal invocó la sentencia de unificación del 29 de
enero de 2020, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, así como la
sentencia de unificación 312 de 2020 y la sentencia T-044 de 2022, expedidas por la
Corte Constitucional.
10. Además, argumentó que el término de caducidad debía computarse desde el 9 de
julio de 2007, fecha en la cual murió el señor Valeta Jiménez, y que no podía concluirse
que los demandantes solo hubieran podido acudir a la administración de justicia hasta
2019, por lo siguiente:
11. Primero, en la demanda afirmaron que, gracias a una nota de prensa del 4 de
septiembre de 2007 y a un informe policial del 6 de septiembre siguiente, se enteraron
de que el deceso tuvo lugar durante un enfrentamiento armado.
12. Segundo, desde el momento en que el señor Valeta Jiménez partió de su hogar por
una falsa promesa de trabajo, «muy probablemente» supieron que murió a manos de
agentes estatales.
13. Tercero, no fueron ajenos al proceso penal adelantado por la muerte del señor Valeta
Jiménez, lo cual les permitió identificar a los agentes estatales involucrados.
14. Cuarto, no explicaron por qué no presentaron la demanda de reparación directa con
anterioridad, y se limitaron a señalar que se abstuvieron de hacerlo por temor, lo cual no
era suficiente para considerar que les resultara imposible acudir a la administración de
justicia oportunamente.
15. Según los aquí demandantes, el Tribunal Administrativo de Sucre y el Juzgado
Cuarto Administrativo de Sincelejo incurrieron en un defecto sustantivo, debido a lo
siguiente:
16. En primer lugar, aplicaron «con severidad» el literal i del numeral 2 del artículo 164
del CPACA, relativo a la oportunidad para presentar demandas de reparación directa,
obviando que este no podía ser aplicado porque el asunto versaba sobre una grave
violación de derechos humanos, lo cual implicaba la inoperancia de la caducidad, de
conformidad con varias disposiciones imperativas de derecho internacional público, en
especial, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
17. En segundo lugar, aplicaron erradamente el artículo 182A del mismo código,
profiriendo sentencia anticipada por considerar que no era necesario practicar pruebas
y, consecuentemente, privando a los actores de la posibilidad de acreditar, mediante
testimonios y declaraciones de parte, por qué no acudieron a la administración de justicia
con anterioridad.
18. Por otro lado, los accionantes reprocharon que el tribunal y el juzgado demandados
hubieran aplicado retroactivamente la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020,
proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, sin valorar los medios
probatorios aportados con la demanda ni los hechos expuestos en esta.
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19. Añadieron que dicha sentencia no podía ser aplicada, en virtud de disposiciones
imperativas de derecho internacional público relativas a la imprescriptibilidad de la acción
ante casos que involucren delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como del
deber de ejercer el control de convencionalidad y de varias sentencias de tutela de la
Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación, en las cuales se ha indicado
que los cambios jurisprudenciales no pueden tener efectos retroactivos cuando atentan
contra las garantías procesales de los usuarios de la administración de justicia.
20. También expusieron que, cuando presentaron su demanda, el Consejo de Estado
sostenía que las reclamaciones de reparación directa por graves violaciones de derechos
humanos podían presentarse en cualquier tiempo. Agregaron que tal posición, más
favorable, debió ser acogida por el juzgado y el tribunal, en garantía del principio de
seguridad jurídica y en virtud de las disposiciones imperativas de derecho internacional
público mencionadas.
21. En línea con todo lo anterior, acusaron a las autoridades judiciales demandadas de
contravenir el principio de interpretación de las normas conforme a los tratados
internacionales, así como de desconocer el precedente de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la cual ha establecido que, si el poder legislativo de un Estado parte
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no suprime las disposiciones
contrarias a esta, el poder judicial debe abstenerse de aplicarlas, es decir, debe ejercer
el control de convencionalidad.
22. Por último, adujeron que se desconocieron varias sentencias de tutela de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado, en las cuales se ha explicado que las
autoridades judiciales vulneran el derecho de acceso a la administración de justicia al
declarar la caducidad sin practicar las pruebas pertinentes, o sin analizar las
circunstancias particulares del caso.
B. Trámite impartido e intervenciones
23. Mediante auto del 25 de abril de 20255, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo Sucre y el
Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo. Además, vinculó —sin especificar en qué
calidad— a la Nación, Ministerio de Defensa, Armada Nacional.
24. El Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de
Sucre guardaron silencio, pese a que se les notificó el auto admisorio de la demanda6.
25. La Armada Nacional7 calificó la solicitud de amparo constitucional como
improcedente, con sustento en que no se cumplió el requisito de inmediatez. Argumentó
que el plazo para presentar la demanda de tutela feneció el 17 de diciembre de 2024, es
decir, a los seis meses del envío del mensaje por el cual se notificó la sentencia del
Tribunal Administrativo de Sucre.
5 Samai, expediente de primera instancia, índice 28.
6 Samai, expediente de primera instancia, índice 31.
7 Samai, expediente de primera instancia, índice 36.
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26. Igualmente, sostuvo que no se causó ninguna vulneración de derechos
fundamentales que justificara la intervención del juez constitucional, pues, a su juicio, las
autoridades judiciales demandadas no incurrieron en ningún defecto al valorar los medios
probatorios obrantes en el expediente, y sustentaron sus decisiones en una
«interpretación razonada» del artículo 164 del CPACA, así como en la sentencia de
unificación del 29 de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera de esta
corporación.
27. Además, indicó que dichas decisiones se ajustaron a los «estándares de
convencionalidad» y simplemente generaron una inconformidad en los demandantes,
quienes, en su criterio, utilizaron la acción de tutela para acceder a una instancia
adicional.
C. Fallo impugnado
28. Mediante sentencia del 19 de junio de 20258, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado negó la solicitud de amparo constitucional.
29. Antes de exponer los fundamentos de su decisión, dicha subsección advirtió que su
análisis sólo recaería sobre la sentencia del 9 de mayo de 2024, proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, en tanto esta fue la decisión por la cual se finalizó el proceso
contencioso administrativo.
30. Advertido lo anterior, la Subsección A de la Sección Segunda argumentó que dicho
tribunal no incurrió en los defectos alegados por los accionantes, en tanto su análisis se
fundamentó en el precedente de unificación de la Corte Constitucional y de esta
corporación, y tuvo en cuenta que la demanda de reparación directa se presentó con
anterioridad a ese precedente.
31. Además, advirtió que los demandantes nunca expusieron ninguna circunstancia que
les hubiera impedido acudir a la administración de justicia oportunamente. Aclaró que no
lo hicieron en los alegatos de conclusión en primera instancia, ni en el recurso de
reposición contra el auto por el cual se dispuso proferir sentencia anticipada, ni en la
apelación de esa sentencia.
D. Impugnación
32. Los demandantes solicitaron que se revoque la anterior decisión9, insistiendo en que
se desconoció el precedente aplicable, por cuanto se profirió sentencia «sin valorar las
pruebas», sin evaluar «los obstáculos que enfrentaron» y sin aplicar la jurisprudencia
anterior a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, como correspondía, en
tanto la demanda fue presentada con anterioridad a esta, y en virtud del principio de
interpretación conforme a los tratados internacionales.
II. CONSIDERACIONES
E. Competencia
33. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
8 Samai, expediente de primera instancia, índice 46.
9 Samai, expediente de primera instancia, índice 52.
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el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).
F. Problema jurídico
34. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia del 19 de junio de
2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
35. Para ello, de conformidad con lo expuesto en la impugnación, establecerá si el
Tribunal Administrativo de Sucre desconoció el precedente aplicable al confirmar la
sentencia del 23 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo
de Sincelejo, mediante la cual se negaron las pretensiones de los aquí accionantes por
encontrarlas caducadas10.
G. Análisis de la Sala
36. Antes de abordar el problema jurídico planteado, la Sala advierte que comparte los
fundamentos de la Subsección A de la Sección Segunda de esta corporación para
considerar cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencia judicial11.
37. Ahora, como se indicó en el acápite de antecedentes, los demandantes e
impugnantes sostuvieron que se desconoció el precedente aplicable, por cuanto se
profirió fallo12: (i) sin aplicar la jurisprudencia anterior a la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020, como correspondía, en tanto la demanda fue presentada con
anterioridad a esta, y en virtud del principio de interpretación conforme a los tratados
internacionales; (ii) «sin valorar las pruebas»; y (iii) sin evaluar «los obstáculos que
enfrentaron».
10 Se advierte que, en tanto los impugnantes no cuestionaron que la Subsección A de la Sección Segunda
excluyera de su análisis la sentencia del Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo, y por cuanto el
mecanismo judicial para controvertir esa providencia era el recurso de apelación, esta Sala, al igual que
dicha subsección, limitará su análisis al fallo del Tribunal Administrativo de Sucre.
11 En cuanto al requisito de inmediatez, se resalta que la sentencia del Tribunal Administrativo de Sucre
fue enviada a las partes el 17 de junio de 2024, por correo electrónico, de modo que se entiende notificada
el 19 de junio siguiente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 205 del CPACA y
con lo establecido en el auto de unificación del 29 de noviembre de 2022, proferido por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Como consecuencia, dicha sentencia adquirió firmeza
el 25 de junio de 2024, por lo que el término de seis meses para presentar la demanda de tutela —definido
como razonable por la Corte Constitucional (sentencia T-495 de 2024)— feneció el 25 de diciembre de ese
año, fecha en la que ya había iniciado el período de vacancia judicial. Este finalizó el 10 de enero de 2025,
y la solicitud de amparo constitucional objeto de decisión se presentó al día hábil siguiente, es decir, el 13
de enero, motivo por el cual fue oportuna. Además, con respecto al requisito de relevancia constitucional,
se advierte que, si bien la demanda de tutela contiene una reiteración de los argumentos expuestos en el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo, no
puede considerarse que la pretensión de los accionantes sea simplemente acceder a una instancia
adicional, pues los argumentos del Tribunal Administrativo de Sucre para confirmar dicha sentencia, de
entrada, evidencian una ausencia de análisis probatorio y de las circunstancias particulares del caso, lo
cual da cuenta de un defecto fáctico y de un desconocimiento del precedente constitucional, por las
razones que serán expuestas más adelante.
12 Los argumentos de los impugnantes se reordenan para favorecer la coherencia en la exposición de los
fundamentos de la decisión de la Sala.
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38. Para determinar si efectivamente hubo un desconocimiento de precedente, la Sala
expondrá las reglas fijadas en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020,
proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, así como en algunos fallos de la
Corte Constitucional, expedidos con posterioridad a la emisión de aquella.
39. En la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, la Sección Tercera del
Consejo de Estado estableció lo siguiente: primero, que el término para demandar
establecido por el legislador resulta exigible, incluso, cuando se pretenda la declaración
de responsabilidad del Estado con ocasión de delitos de lesa humanidad o de crímenes
de guerra; segundo, salvo en casos de desaparición forzada, regulados expresamente
en la ley, dicho término debe computarse desde el momento en que los afectados
conocieron o debieron conocer la participación del Estado y advirtieron la posibilidad de
imputarle responsabilidad; y tercero, el término en cuestión no se aplica «cuando se
observ[e]n situaciones que hubiesen impedido materialmente el ejercicio del derecho de
acción» y, una vez estas sean superadas, aquel empezará a correr.
40. En la sentencia de unificación 312 de 2020, la Corte Constitucional calificó el
entendimiento del término de caducidad por parte del Consejo de Estado como
«razonable y proporcional desde una perspectiva constitucional y convencional». Para
sustentar esta posición, la Corte expuso, entre otros argumentos, los siguientes:
(…) [L]a reparación patrimonial de los daños causados por el Estado es una obligación
contemplada en el artículo 90 de la Carta Política, la cual, cuando tiene su origen en una
violación a los derechos humanos, se ve reforzada por disposiciones de instrumentos
internacionales incluidas en el bloque de constitucionalidad, como los artículos 8° y 25 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2.3 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que le imponen al Estado colombiano el deber de garantizar
el acceso a la administración de justicia para proteger de forma efectiva dichas
prerrogativas.
Al respecto, este Tribunal evidencia que el establecimiento del término de caducidad para
pretender por vía judicial la reparación de los menoscabos patrimoniales causados por el
Estado con ocasión de un delito de lesa humanidad, un crimen de guerra o genocidio, no
representa una afectación del derecho al acceso a la justicia de las víctimas de
violaciones a los derechos humanos con el fin de obtener una compensación por el daño
padecido, porque:
(i) Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un plazo razonable
de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y satisfacer sus pretensiones, el
cual no se cuenta necesariamente desde el momento del daño que origina el
perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando el afectado tenga
conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y se
encuentre en la capacidad material de imputarle el mismo ante el aparato
jurisdiccional;
(ii) La procedencia de la demanda de reparación debe ser analizada por el juez
contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de
cada asunto en concreto; y
(iii) La desestimación del medio de control de reparación directa por caducidad, no
le impide al perjudicado obtener la compensación económica del daño causado
por otras vías, como el incidente de reparación integral en el marco del proceso
penal que se adelante en contra del responsable material del delito de lesa
humanidad o el trámite de indemnización administrativa. (…)
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(…) [C]omo lo puso de presente el Pleno de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
en su condición de órgano de cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo,
en la Sentencia del 29 de enero de 2020, la Corte considera que no es necesario
extender la figura de imprescriptibilidad que se predica de acción penal frente a los
delitos de lesa humanidad al estudio de la caducidad del medio de control de
reparación directa para asegurar los derechos de las víctimas, puesto que, además
de tratarse de instituciones jurídicas con características y lógicas diferentes, el término
legal establecido para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo integra un
criterio asimilable al que lleva inmerso dicha figura aplicable a la persecución penal, el
cual busca ponderar los principios en tensión, estos son, la seguridad jurídica y el
mandato de justicia. (…)
(…) [E]ste Tribunal considera que, además de las razones expuestas por el Consejo de
Estado en el fallo de unificación, la aplicación del término legal de caducidad frente al
medio de control de reparación directa cuando el hecho dañoso es constitutivo de un
delito de lesa humanidad resulta acorde con el criterio interpretativo que puede
extraerse de lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso Órdenes Guerra contra Chile. (…)
(…) [D]icho Tribunal Internacional reconoció que la imprescriptibilidad de la acción penal
frente a delitos de lesa humanidad no opera per se, sino en razón de la existencia de
circunstancias que obstaculizan la investigación y juzgamiento de los responsables de
delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. En consecuencia, para esta Corporación
ante, desaparece la justificación de acudir a dicha figura debido a la afectación que la
misma implica para otros principios superiores y, por consiguiente, lo propio ocurre con el
medio de control de reparación directa cuando el afectado tiene el conocimiento de la
participación del Estado en el hecho dañoso y las condiciones materiales para demandar
a la administración. (Énfasis añadido).
41. Posteriormente, en la sentencia T-044 de 2022, la Corte Constitucional se pronunció
sobre una demanda de tutela similar a la del presente caso13 y explicó que, si bien la
Sección Tercera de esta corporación guardó silencio frente a los efectos de la sentencia
de unificación del 29 de enero de 2020, debía entenderse que estos fueron
retrospectivos, por cuatro razones:
Primero, porque darle efectos retroactivos a las sentencias de unificación es una práctica
que está prima facie proscrita; segundo, porque, de acuerdo con la jurisprudencia
constitucional, la regla general es que los cambios en el precedente judicial tienen efectos
generales e inmediatos; tercero, debido a que, según la práctica jurisprudencial del
Consejo de Estado, los efectos prospectivos del cambio en el precedente judicial deben
ser declarados explícitamente en la respectiva providencia judicial; y, cuarto, porque, esa
fue la intención de la mayoría de los miembros de la Sala Plena de la Sección Tercera14.
(Énfasis añadido).
42. En relación con la segunda de las razones citadas, la Corte Constitucional expuso
que, según su sentencia de unificación 406 de 2016, los cambios de precedente deben
aplicarse de forma inmediata, es decir, retrospectivamente, lo cual impone a los jueces
el deber de valorar las circunstancias particulares de cada caso en el que
13 En dicha demanda, se reclamó la protección de los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, a la igualdad, al debido proceso, a la integridad personal y a la reparación
integral. Estos se consideraron vulnerados a causa de la declaración de caducidad de las pretensiones de
reparación directa por la tortura y ejecución extrajudicial de varias personas en Hato de Corozal, Casanare,
con fundamento en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, dentro de un proceso iniciado en
2014.
14 Frente a ese cuarto argumento, la Corte Constitucional explicó que, aunque en la parte resolutiva de la
sentencia de unificación aludida no se establecieron sus efectos temporales, uno de los salvamentos de
voto respectivos permitía inferir que, para la mayoría de consejeros de la Sección Tercera, tales efectos
debían ser retrospectivos.
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pretendan aplicar la modificación jurisprudencial, «sobre todo cuando esta
suponga imponer nuevas cargas procesales, argumentativas o probatorias».
43. En línea con lo anterior, la Corte consideró que, en el caso concreto, la autoridad
judicial demandada incurrió en un desconocimiento del precedente constitucional, pues
aplicó automáticamente la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, cuyas reglas
supusieron nuevas cargas procesales y argumentativas, sin evaluar si ello podía poner
en riesgo las garantías procesales y, consecuentemente, los derechos fundamentales de
los actores.
44. Lo expuesto en las providencias citadas fue recogido por la Corte Constitucional en
la sentencia de unificación 167 de 2023, de la siguiente manera:
(i) [E]l plazo razonable de dos años para acudir a la jurisdicción no se cuenta
necesariamente desde el momento en que se produce el daño que origina el perjuicio,
sino desde cuando los afectados conocieron o debieron conocer la participación por
acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad
patrimonial; (ii) la caducidad de la demanda de reparación directa o la existencia de
barreras en el acceso a la justicia debe ser analizada por el juez contencioso
administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en
concreto; y (iii) la aplicación del fallo de unificación de la Sección Tercera del Consejo de
Estado debe realizarse teniendo en cuenta la necesidad de readecuar el trámite para
brindar oportunidad a las partes de ajustarse a las nuevas cargas y posibilidades
procesales que este contiene. (Énfasis añadido).
45. Por otro lado, en la sentencia de unificación 035 de 2018, la Corte Constitucional
estableció lo siguiente:
(…) [E]n materia de graves violaciones de los derechos humanos, es imperativo
aplicar de manera flexible los estándares probatorios y es deber de los jueces el ejercer
las facultades oficiosas a fin de garantizar la justicia material, respetando los
derechos fundamentales de las partes. (Destacado de la Sala).
46. Es importante indicar que, aun cuando dicha providencia unificadora fue anterior a la
expedición de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 por parte de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, la regla fijada en ella —citada anteriormente— continúa
vigente en la jurisprudencia constitucional, pues la Corte ha venido reiterándola, entre
otras providencias, en la sentencia de unificación 484 de 202415.
47. Ahora, mediante fallo del 9 de mayo de 2024, el Tribunal Administrativo de Sucre
confirmó la sentencia del 23 de noviembre de 2021, proferida por el Juzgado Cuarto
Administrativo de Sincelejo, mediante la cual se negaron las pretensiones de reparación
directa de los aquí accionantes por considerarlas caducadas.
48. Para sustentar su decisión, dicho tribunal invocó la sentencia de unificación del 29
de enero de 2020, proferida por la Sección Tercera de esta corporación, así como la
15 En esta sentencia, la Corte Constitucional citó, entre otras providencias, la sentencia de unificación 035 de 2018 y
expuso que, en eventos de ejecuciones extrajudiciales, se ha establecido que el juez tiene un deber reforzado de
ejercer sus facultades oficiosas, «a fin de garantizar la justicia material, respetando los derechos fundamentales de las
partes».
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sentencia de unificación 312 de 2020 y la sentencia T-044 de 2022 de la Corte
Constitucional, citadas anteriormente. Además, expuso lo siguiente16:
[S]i el insuceso de la muerte del señor CARLOS ALBERTO VALETA JIMÉNEZ
(q.e.p.d.) se fija, conforme el registro civil de defunción, el 9 de julio de 2007, la
consecuencia lógica es que la fecha en mención se constituya en punto de partida
de la reparación perseguida y el hito que fija la acción o la omisión que incidió en el daño
(…), de ahí que sea a partir de tales fechas (sic) que se deb[a] contar el término de
caducidad en el presente asunto. Esto por cuanto:
La demanda es un acto de primordial importancia, pues es el escrito mediante el cual se
ejerce el derecho subjetivo público de acción (…).
(…) [L]a relación de hechos o manifestaciones que ahí se hagan debe responder a la
verdad[,] so pena de entenderse fraude que afecta la administración de justicia (…).
De ahí que nada obsta para que[,] en este caso, a partir del contenido de la demanda
se traten consecuencias jurídicas como la caducidad, ya que:
Tal y como lo señalan los demandantes, desde el 4 de septiembre de 2007, por notas
periodísticas de conocimiento generalizado y los informes del Gaula fechados a 6
de septiembre de 2007, era sabido que el señor CARLOS ALBERTO VALETA
JIMÉNEZ (q.e.p.d.) falleció en enfrentamiento sostenido con agentes del Estado
Colombiano. (…)
Desde el mismo momento en que CARLOS ALBERTO VALETA JIMÉNEZ (q.e.p.d.)
dejó su hogar atraído falsamente por promesas de trabajo, los accionantes sabían
que el mismo muy probablemente falleció mientras se encontraba en contacto con
agentes del Estado [c]olombiano, constituyendo indicio de posible responsabilidad del
ente aquí demandado.
Los accionantes no fueron ajenos a los procesos penales que se adelantaron por la
muerte de CARLOS ALBERTO VALETA JIMÉNEZ (q.e.p.d.), conociendo de esta manera
que agentes estatales se encontraban involucrados en su muerte (…).
(…) [E]l occiso, como se acepta en la misma demanda, era una persona que no
integraba ningún grupo al margen de la Ley y que por el contrario se caracterizaba por
ser una persona hogareña y responsable, [lo que] fácilmente [da] a entender que los
demandantes tenían conocimiento del daño antijurídico y a quien eventualmente
podía imputarse. (…)
Si bien es cierto [que] las condiciones en que ocurre la muerte del señor CARLOS
ALBERTO VALETA JIMÉNEZ conlleva[n] una situación de zozobra, temor y miedo por lo
que podría ocurrir, dada la intervención directa del Estado en la misma, también lo es que
dichas circunstancias no enervaron la posibilidad de acudir a la administración de
justicia a demandar la indemnización de perjuicios, al menos en un plazo prudente,
pues, como se dijo en el marco normativo[,] deben existir situaciones objetivas,
claras y concretas que impidan hacerlo, resultando que en este caso, dichas
circunstancias que hubieran excepcionado el fenómeno de la caducidad no fueron
demostradas, ni los propios demandantes lo señalaron.
En tal sentido[,] no puede aceptarse como cierto que solo hasta el año 2019 los
demandantes conocían la posibilidad de presentar la demanda ahora tratada, pues la
sana lógica indica que[,] desde el mismo momento de ocurrencia del hecho, podía
hacerse y de no ser así, los interesados debían indicar en el contenido de la
demanda [por qué] no lo hicieron, sin que sea argumento plausible el hecho del temor.
(…) [C]uando se trata de pretender indemnización por acción u omisión del Estado en
actividades propias de la protección a la vida, la integridad personal o a los bienes, su
16 Samai, expediente 70-001-33-33-004-2019-00017-01, índice 9, páginas 24 a 28.
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sola actuación en el mismo sitio de ocurrencia del hecho implica un indicio muy
serio de su posible responsabilidad, por ende, el reclamante tiene la obligación de
adelantar lo más pronto posible (plazo razonable, que el ordenamiento interno ha fijado
en dos años) el ejercicio de los mecanismos judiciales respectivos.
Si tal posibilidad es truncada, a su vez, el interesado debe informar tales
circunstancias, especificando y probando las razones por las cuales le fue
imposible hacerlo, como criterio de valoración para el servidor judicial. Y en este caso,
en la demanda, nada se dice frente a tal imposibilidad, por ende, entiende la Sala que[,]
desde el siguiente día a la causación de la lamentable muerte, podía la parte accionante
demandar al Estado Colombiano.
Se itera que[,] afirmar que la zozobra devenida del hecho dio al traste con la posibilidad
de acudir a los mecanismos judiciales estatales, per se, no constituye argumento
suficiente como para desacreditar la regla general de la caducidad, pues, si bien se puede
reconocer la situación de zozobra, también debe aceptarse que la administración de
justicia seguía funcionando y el acceso a la misma podía hacerse válidamente y de
no ser así, debía demostrarse en concreto qué hechos lo impedían. (…) (Énfasis
añadido).
49. Lo anterior, por un lado, demuestra que el Tribunal Administrativo de Sucre partió de
las reglas establecidas en la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, lo cual no
merece reproche alguno, debido a lo siguiente:
50. En primer lugar, como se expuso en precedencia, la Corte Constitucional explicó que
dicha sentencia tuvo efectos retrospectivos, motivo por el cual resulta aplicable a los
procesos que ya se encontraban en curso cuando fue proferida, como aquel promovido
por los aquí demandantes.
51. En segundo lugar, como también se expuso en precedencia, la Corte calificó lo
dispuesto en la mencionada sentencia como «razonable y proporcional desde una
perspectiva constitucional y convencional», entre otras razones, porque no implicó una
afectación del derecho de acceso a la administración de justicia —tomando en
consideración varias condiciones— y fue coherente con lo establecido por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Órdenes Guerra contra Chile, en el
cual se explicó que la imprescriptibilidad de la acción penal frente a delitos de lesa
humanidad solo se encuentra justificada por la existencia de circunstancias que
obstaculicen la investigación y juzgamiento, de conformidad con lo cual no hay
justificación para no contabilizar el término de caducidad frente a pretensiones de
reparación directa cuando el afectado tiene el conocimiento de la participación del Estado
y cuenta con las condiciones materiales para presentar la demanda respectiva.
52. Así las cosas, a los demandantes no les asiste razón al afirmar que debía aplicarse
la jurisprudencia anterior a la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020, ni,
consecuentemente, al sostener que hubo un desconocimiento de precedente por haberla
aplicado.
53. Empero, sí les asiste razón al señalar que ese desconocimiento se dio por la falta de
valoración de pruebas y de «los obstáculos que enfrentaron», debido a las razones
expuestas a continuación:
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54. El fallo del 9 de mayo de 2024 —ya citado— demuestra que el Tribunal Administrativo
de Sucre estudió el caso concreto únicamente con sustento en lo afirmado en la
demanda, reprochando que en esta no se hubiera descrito ninguna circunstancia
concreta que evidenciara la imposibilidad de acudir previamente a la administración de
justicia.
55. Tras la revisión del expediente, la Sala identificó que, en efecto, la demanda de
reparación directa no incluyó la descripción de ninguna situación que diera cuenta de la
imposibilidad de acudir a la administración de justicia con anterioridad17. Sin embargo,
es lógico que esto sucediera, pues tal demanda fue presentada el 29 de enero de 2019,
es decir, antes de la expedición de la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020,
en virtud de la cual surgió la carga de explicar y probar las circunstancias que hubieran
impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción.
56. Lo anterior, precisamente, no hizo parte del análisis expuesto en el fallo del 9 de
mayo de 2024, lo cual lleva a concluir que el Tribunal Administrativo de Sucre no tuvo en
consideración el momento en el cual se presentó la demanda, ni la incidencia de ello en
la posibilidad de que los demandantes cumplieran las cargas procesales y
argumentativas introducidas por la sentencia de unificación aludida, ni, mucho menos, si
la exigencia automática de esas cargas podía afectar el derecho de acceso a la
administración de justicia de estos. Así, dicho tribunal aplicó un cambio de precedente
sin valorar las circunstancias particulares del caso concreto, desconociendo lo
establecido en la sentencia T-044 de 2022 de la Corte Constitucional, invocada por
él mismo.
57. Por otro lado, el fallo del 9 de mayo de 2024 evidencia que el tribunal no tuvo en
cuenta ningún medio de prueba para concluir que los demandantes se enteraron de la
participación del Estado en la muerte del señor Valeta Jiménez desde el momento en
que partió de su hogar, o desde el día en que se publicó la nota de prensa relativa al
hallazgo de su cuerpo.
58. Igualmente, demuestra que no se efectuó ninguna valoración probatoria para deducir
que aquellos no fueron ajenos a los procesos penales relacionados con el deceso del
señor Valeta Jiménez.
59. Al respecto, cabe señalar que las sentencias por las cuales se declaró la
responsabilidad del coronel (r) Luis Fernando Borja Aristizábal y del mayor (r) Orlando
Arturo Céspedes Escalona por los delitos de desaparición forzada y de homicidio en
persona protegida, aportadas con la demanda de reparación directa 18 , no se
acompañaron de ningún documento que evidenciara en qué momento fueron notificadas
o comunicadas a los demandantes, ni que diera cuenta del trámite del proceso penal
respectivo y, por ende, permitiera determinar si aquellos intervinieron en este y en qué
momento.
17 Sobre el particular, solamente se afirmó lo siguiente: «(…) por temor, los ahora demandantes nunca se
atrevieron a iniciar acciones [para] la reparación del daño antijurídico, por las emociones encontradas y el
miedo que les daba demandar al Estado» (Samai, expediente de primera instancia, índice 33, carpeta tipo
ZIP «26(…)01PrimeraInstancia(…)», archivo «01Demanda», página 7).
18 Samai, expediente de primera instancia, índice 33, carpeta tipo ZIP «26(…)01PrimeraInstancia(…)»,
archivos «01Demanda» (páginas 185 a 269 y 270 a 328) y «02AnexosDemanda» (páginas 1 a 46).
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60. Por otro lado, en el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia,
proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo, los demandantes alegaron,
entre otras cuestiones, lo siguiente19:
(…) [S]e solicitaron sendas pruebas que no fueron valoradas, amén de su conducencia,
pertinencia y utilidad, incurriendo la sede judicial en la pretermisión de términos
procesales al decidir proferir sentencia anticipada (…)
(…) [E]ntre las pruebas pedidas y no practicadas[,] se destaca[n] las testimoniales,
declaraciones de parte, oficios y certificaciones, que eran necesarias a fin de valorar la
situación particular por la cual los actores no demandaron oportunamente. (Énfasis
añadido).
61. Además, solicitaron el decreto y práctica de pruebas en segunda instancia, como se
expone a continuación20:
De manera especial y teniendo en cuenta, que el despacho omitió decretar las pruebas
testimoniales, declaraciones de parte, oficios y certificaciones, a usted comedidamente le
solicito que antes de proferir sentencia de segunda instancia, se sirva decretar todas las
pruebas que fueron pedidas con la demanda, la reforma de la demanda y que no fueron
decretadas por el despacho sin culpa de la parte que las pidió.
62. El Tribunal Administrativo de Sucre no se pronunció sobre esa solicitud, ni en la
sentencia de segunda instancia, ni en ninguna providencia anterior a esta. Así, es claro
que omitió decretar y practicar pruebas que fueron solicitadas por la parte actora,
específicamente, para demostrar por qué no presentó la demanda de reparación directa
con anterioridad.
63. En suma, el tribunal demandado adoptó su decisión sin sustento probatorio alguno,
pues no decretó ni practicó las pruebas que le fueron solicitadas para acreditar el motivo
por el cual no se acudió a la jurisdicción de lo contencioso administrativo previamente, lo
que era determinante para establecer si operó la caducidad.
64. Ahora, aunque en la impugnación no se alegó un defecto fáctico, lo cierto es que lo
descrito anteriormente implicó su configuración, en su dimensión negativa, la cual se
materializa, entre otros eventos, cuando se resuelve un caso «sin tener las
pruebas suficientes que sustentan la decisión»21.
65. Adicionalmente, la falta de decreto y práctica de las pruebas solicitadas en el recurso
de apelación impidió que el tribunal contara con elementos de juicio suficientes para
determinar en qué momento los demandantes tuvieron la posibilidad material de imputar
el daño alegado al Estado, así como para establecer si enfrentaron barreras de acceso
a la administración de justicia. La ausencia de uno y otro análisis, a su vez, implicó un
desconocimiento de lo establecido en las sentencias de unificación 312 de 2020 y
167 de 2023.
19 Samai, expediente de primera instancia, índice 33, carpeta tipo ZIP «26(…)01PrimeraInstancia(…)»,
archivo «34EscritoRecurso», página 2.
20 Samai, expediente de primera instancia, índice 33, carpeta tipo ZIP «26(…)01PrimeraInstancia(…)»,
archivo «34EscritoRecurso», página 35.
21 Sentencias de unificación 167 de 2024 y 259 de 2021.
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66. Por otro lado, la Sala no encuentra que, en relación con la caducidad del derecho de
acción, el tribunal haya efectuado análisis alguno para determinar si las condiciones
particulares del caso demandaban el decreto oficioso de algún medio probatorio, a fin de
garantizar la justicia material. En consecuencia, también desconoció lo establecido en
la sentencia de unificación 035 de 2018.
67. Debido a lo expuesto, se concluye que el Tribunal Administrativo de Sucre incurrió
en un desconocimiento del precedente constitucional y en un defecto fáctico,
vulnerando así los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al
debido proceso de los demandantes. Por consiguiente, se revocará la sentencia del 19
de junio de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, y, en su lugar, se concederá el amparo constitucional solicitado. Como
consecuencia, además de dejar sin efectos el fallo del 9 de mayo de 2024, dictado por el
Tribunal Administrativo de Sucre, se le ordenará a esa corporación judicial lo siguiente:
68. Primero, que, previo examen de los requisitos legales, decrete y practique las
pruebas solicitadas en el recurso de apelación y, de ser el caso, aquellas que, de oficio,
estime necesarias para garantizar la justicia material. En la adopción de esa decisión,
además, deberá tomarse en consideración la necesidad de contar con elementos de
juicio suficientes para efectuar un análisis acorde con lo establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia T-044 de 2024, así como en las sentencias de unificación
312 de 2020 y 167 de 2023.
69. Segundo, que profiera una nueva providencia, sustentada en lo que resulte probado
y en el mencionado análisis —es decir, en aquel acorde con lo establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia T-044 de 2024, así como en las sentencias de unificación
312 de 2020 y 167 de 2023—.
70. En virtud de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Revocar la sentencia del 19 de junio de 2025, proferida por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado. En su lugar, amparar los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los
demandantes. Como consecuencia, se deja sin efectos el fallo proferido por el Tribunal
Administrativo de Sucre el 9 de mayo de 2024.
SEGUNDO. Ordenar al Tribunal Administrativo de Sucre lo siguiente:
(i) Decretar, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta
sentencia, y previo examen de los requisitos exigidos para su admisión, las pruebas
solicitadas en el recurso de apelación interpuesto contra el fallo del 23 de noviembre
de 2021, proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Sincelejo en el proceso
70-001-33-33-004-2019-00017-01, y, de ser el caso, aquellas que, de oficio, estime
necesarias para garantizar la justicia material. En la adopción de esa decisión, deberá
tomar en consideración la necesidad de contar con elementos de juicio suficientes
para efectuar un análisis acorde con lo establecido por la Corte Constitucional en la
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sentencia T-044 de 2024, así como en las sentencias de unificación 312 de 2020 y
167 de 2023.
(ii) Iniciar la práctica de las mencionadas pruebas dentro de los quince (15) días
siguientes a la ejecutoria del auto por el cual se decreten, y culminarla con la mayor
celeridad posible.
(iii) Proferir una nueva sentencia dentro de los treinta (30) días siguientes al
vencimiento del término para alegar de conclusión, teniendo en cuenta lo que resulte
acreditado y efectuando un análisis acorde con lo establecido por la Corte
Constitucional en la sentencia T-044 de 2024, así como en las sentencias de
unificación 312 de 2020 y 167 de 2023.
TERCERO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto
VF
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