Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00066-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00066-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00066-00
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
12 de junio de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00066-00
Demandante: Eliana Patricia Fuentes Zúñiga
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00066-00
Demandante: ELIANA PATRICIA FUENTES ZÚÑIGA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Tema: Contra providencia que negó embargo de dineros del Sistema General
de Seguridad Social en Salud. Improcedente. Proceso ejecutivo en
trámite
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela1 interpuesta por Eliana Patricia Fuentes Zúñiga contra
el Tribunal Administrativo del Magdalena.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 14 de enero de 20252, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de apoderado,
la demandante pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al
mínimo vital.
A juicio de la tutelante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva del auto
del 4 de septiembre de 2024, dictado por el Tribunal Administrativo del Magdalena que
confirmó la decisión de denegar una medida provisional de embargo, dentro del proceso
ejecutivo 47001-33-33-005-2014-00293-00/01/02.
2. Pretensiones
La demandante formuló las siguientes pretensiones:
1. Solicito al Honorable CONSEJO DE ESTADO proteja usted los derechos fundamentales de la
señora ELIANA PATRICIA FUENTES ZUÑIGA, CC#. 36.722.321 de Santa Marta (Magdalena) como
el debido proceso, legalidad, vía de hecho, defensa, mínimo vital y cualquier otro que su señoría
encuentre le son violado (sic) a mi mandante.
2. Proceda usted dejar sin efecto el auto del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA con
fecha del cuatro (4) de septiembre del dos mil veinticuatro (2024) y en su lugar conceda las medidas
cautelares negadas por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA con fecha del
catorce (14) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
3. Se vincule a la E.S.E HOSPITAL LA CANDELARIA DE EL BANCO, BANCO DE BOGOTÁ, BANCO
GNB SUDAMERIS.
4. Se vincule al JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
1 Cabe advertir que la acción de tutela fue asignada inicialmente al despacho a cargo de la consejera de Estado Miryam
Stella Gutiérrez Argüello, pero como la ponencia presentada por ella no alcanzó el número de votos requeridos para
ser aprobada en Sala, el expediente pasó al despacho a cargo del ponente de la presente providencia para elaborar
un nuevo proyecto de sentencia.
2 Índice 1 de Samai.
1
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00066-00
Demandante: Eliana Patricia Fuentes Zúñiga
5. Se vincule al E.S.E HOSPITAL LA CANDELARIA DE EL BANCO
6. Se vincule al BANCO GNB SUDAMERIS
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
3.1. Actuación administrativa
Por medio de Resolución 48 del 22 de enero de 2003, la gerencia de la ESE Hospital La
Candelaria de El Banco (Magdalena) nombró en provisionalidad a la demandante como
profesional universitaria.
Luego de un trámite de reestructuración administrativa de la ESE Hospital La Candelaria
de El Banco, a través de Resolución A1-115 del 30 de diciembre de 2003 el gerente del
organismo declaró insubsistente el nombramiento de la actora, con los argumentos de que
el cargo que ocupaba había sido suprimido y no contaba con la posibilidad de reubicarla.
3.2. Proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
La tutelante promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la ESE
Hospital La Candelaria de El Banco (Magdalena) [a la que se le asignó el número de
radicación 47001-33-31-002-2007-00275-00/013], para que se anulara la Resolución
A115 del 30 de diciembre de 2003 y se ordenara su reintegro y el pago de los
emolumentos que dejó de recibir, toda vez que la supuesta reestructuración
administrativa solo eliminó el cargo que ella ocupaba y existían empleos equivalentes en
los cuales pudo ser reubicada.
Del asunto conoció el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta, que el 28 de
agosto de 2009 accedió a pretensiones, al considerar que el procedimiento de
reestructuración administrativa de la entidad allí demandada no se surtió conforme a la
Ley 443 de 1998, pues no contó con la autorización del Concejo Municipal de El Banco,
su finalidad solo fue eliminar el cargo que ocupaba la demandante y no fue reubicada a
pesar de que existían empleos disponibles para ello, de ahí que el acto administrativo
adoleciera de falsa motivación.
La anterior decisión no fue apelada y aunque el expediente fue remitido al Tribunal
Administrativo del Magdalena para que surtiera el grado de consulta, porque la
determinación fue condenatoria, el 8 de marzo de 2010 esa Corporación desestimó ese
trámite, por no cumplir con las exigencias del artículo 184 del Código Contencioso
Administrativo (CCA), y declaró ejecutoriado el fallo del 28 de agosto de 2009.
3.3. Proceso ejecutivo
En razón a que la ESE Hospital La Candelaria de El Banco no cumplió la sentencia que
decidió la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 47001-33-31-002-2007-
00275-00/01, pese a que el 15 de junio de 2010 la demandante presentó la respectiva
petición de pago, ella promovió acción ejecutiva contra el ente estatal (a la que se le
asignó el número de radicación 47001-33-31-002-2010-00888-00).
El asunto le fue repartido al Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta, que el 30
de noviembre de 2010 se abstuvo de librar mandamiento de pago, al estimar que no
habían trascurrido los 18 meses previstos en el artículo 177 del CCA.
3 Número que se le otorgó cuando entraron en funcionamiento los juzgados administrativos.
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Demandante: Eliana Patricia Fuentes Zúñiga
El 29 de agosto de 2014 la demandante volvió a presentar la demanda ejecutiva contra la
ESE Hospital La Candelaria de El Banco (a la que se le asignó el radicado 47001-33-33-
005-2014-00293), en la que pidió el embargo de los dineros consignados en las cuentas
bancarias de la ejecutada, asunto del que conoció el Juzgado Quinto Administrativo de
Santa Marta, que el 19 de febrero de 2015 libró mandamiento de pago por $108.521.370.
El 19 de octubre de 2015 se celebró la audiencia de que tratan los artículos 372 y 373 del
Código General del Proceso (CGP), en la que la ejecutante manifestó que el organismo
demandado le pagó $273.000.000 por concepto de la condena impuesta en el expediente
47001-33-31-002-2007-00275-00/01, diligencia que fue suspendida para que las partes
certificaran cuándo se realizó el reintegro de la tutelante, ante lo cual se allegó la
Resolución de nombramiento 274 del 21 de septiembre de 2011 y el acta de posesión
del 27 del mismo mes y año.
Mediante sentencia del 29 de enero de 2016, el Juzgado Quinto Administrativo de Santa
Marta declaró probada la excepción de pago y terminó el proceso ejecutivo, porque la
respectiva condena fue cancelada en su totalidad por la entidad ejecutada y no había
lugar al reconocimiento de intereses moratorios ya que aquella estuvo intervenida por la
Superintendencia Nacional de Salud entre el 3 de junio de 2009 y el 6 de junio de 2014,
y en esos eventos no se causaban, conforme al artículo 1616 del Código Civil.
Contra la anterior decisión la ejecutante interpuso recurso de apelación, inadmitido por
extemporáneo el 29 de junio de 2016 por el Tribunal Administrativo del Magdalena,
determinación contra la cual la demandante formuló recurso de súplica, desatado el 22
de marzo de 2017, en el sentido de revocar el auto recurrido, por lo que la alzada se
admitió el 26 de octubre de 2018.
El 6 de febrero de 2019 el ad quem decidió el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia del 29 de enero de 2016 y la revocó para ordenar que se siguiera adelante con
la ejecución de la obligación, toda vez que la intervención de la ESE Hospital La
Candelaria de El Banco por parte de la Superintendencia Nacional de Salud no la relevaba
del deber de reconocer intereses moratorios, de ahí que hubiere acaecido un pago parcial
del crédito reclamado.
El Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta dio cumplimiento a lo decidido por su
superior funcional el 17 de junio de 2019 y el 15 de julio de 2022 que denegó una solicitud
de aclaración de aquella providencia. Ese mismo día, el despacho judicial decretó la
medida cautelar de embargo presentada por la demandante el 11 de enero de 2022, hasta
por $162.782.055, de los dineros de la ESE Hospital La Candelaria de El Banco
depositados en las entidades bancarias: Banco de Occidente, Bancolombia, Banco BBVA,
Banco de Bogotá, Banco Agrario de Colombia, Banco Colpatria, Banco AV Villas,
Bancoomeva, Banco Caja Social, Banco Popular, Banco Davivienda y Banco HSBC, toda
vez que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado señalaban
que era dable embargar los dineros de las entidades públicas cuando se exigía el pago de
condenas judiciales de connotación laboral.
El 27 de septiembre de 2022 la ejecutada pidió la cancelación de la medida cautelar, dado
que impedía el normal desarrollo de sus actividades y contrariaba la prohibición de
embargar dineros «destinados a la seguridad social», por lo que el 30 de marzo de 2023 el
Juzgado de conocimiento levantó la medida respecto de las cuentas «destinadas para el
financiamiento del régimen subsidiado», esto es, la 97010002860 del Banco GNB
SUDAMERIS.
La demandante solicitó, nuevamente, el embargo de las cuentas que la ejecutada tuviera
en el Banco GNB SUDAMERIS, lo que fue desestimado por el Juzgado Quinto
Administrativo de Santa Marta, con auto del 14 de febrero de 2024, al considerar que el
Tribunal Administrativo del Magdalena había indicado en casos semejantes que los
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recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud no eran susceptibles de esa
medida, por cuanto estaban dirigidos a «financiar la salud de los colombianos» y embargarlos
afectaba «la prestación del servicio».
Contra la anterior decisión la accionante interpuso recurso de apelación, con el argumento
de que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado señalaban que
era procedente el embargo de dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud,
cuando se pretendía el pago de condenas judiciales de tipo laboral, como la que se exigía
en ese proceso ejecutivo, de ahí que debiera ordenarse el embargo de las cuentas que
tenía la ESE Hospital La Candelaria de El Banco en la entidad bancaria GNB SUDAMERIS.
Mediante providencia del 4 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del
Magdalena desató la apelación, en el sentido de confirmar el auto del 14 de febrero de
2024, al considerar que la Corte Constitucional había indicado que los recursos públicos
eran inembargables, salvo cuando se reclamara el pago de obligaciones laborales, sin
embargo, los dineros del sistema subsidiado de salud no estaban sujetos a esa medida,
en razón a que no eran propiedad de las entidades públicas de salud que los reciben sino
de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, quienes se verían
afectados en la prestación del servicio público si se congelaran esos recursos.
4. Fundamentos de la tutela
La parte demandante adujo en el escrito de tutela y en su subsanación que la providencia
cuestionada incurre en desconocimiento del precedente, porque inobservaron que la
Corte Constitucional4 y el Consejo de Estado5 precisaron que los dineros del Sistema
General de Seguridad Social en Salud eran pasibles de embargo cuando se pretendía el
pago de condenas judiciales de naturaleza laboral, como la que se exigía en el proceso
ejecutivo 47001-33-33-005-2014-00293-00/01/02, de ahí que debiera decretarse la medida
frente a las cuentas que tenía la ESE Hospital La Candelaria de El Banco en el Banco GNB
SUDAMERIS.
Que no advirtieron que la mencionada entidad pública no le había pagado la condena
judicial, pese a que fue impuesta en el 2010, es decir, hace 15 años, situación que
ameritaba decretar el correspondiente embargo.
5. Trámite procesal
Por auto del 17 de enero de 2025, el despacho a cargo de la consejera Myriam Stella
Gutiérrez Argüello inadmitió la acción de tutela y le ordenó a la demandante que indicara
«cómo se configuran en el caso en estudio uno o varios de los requisitos o defectos especiales
de la acción de tutela contra providencia judicial establecidos».
En cumplimiento del anterior proveído, la tutelante allegó escrito de subsanación, en el
que indicó que la providencia cuestionada adolecía de desconocimiento del precedente,
por lo que el 30 de enero de 2025 se admitió la acción de tutela de la referencia y se
ordenó, entre otras cosas, notificar como terceros con interés a la ESE Hospital la
Candelaria de El Banco Magdalena y a las entidades bancarias: «Banco de Occidente,
SGNB Sudameris, Bancolombia, Banco BBVA, Banco de Bogotá, Banco Agrario, Banco
Colpatria, Banco AV Villas, Bancoomeva, Banco Caja Social, Banco Popular, Banco Cafetero,
Sudameric, Davivienda, Banco HSBC».
En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría General del Consejo de Estado
practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 3 y el
11 de febrero de 2025 y el 6 de marzo siguiente.
4 Sentencia T-053 de 2022.
5 Sentencias del (i) 25 de marzo de 2021, expediente 20001-23-33-000-2020-00484-01, M. P. Rocío Araújo Oñate; y
(ii) 6 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-02297-00, M. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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6. Intervenciones
El Tribunal Administrativo del Magdalena indicó que no había vulnerado derecho
fundamental alguno, toda vez que la providencia cuestionada fue dictada de conformidad
con el ordenamiento jurídico, lo que le impedía atribuirle vulneración de los derechos
fundamentales de la demandante, máxime cuando esa determinación garantizó la
prestación del servicio de salud para las personas que acudían a la ESE Hospital La
Candelaria de El Banco.
El Banco Scotiabank Colpatria pidió su desvinculación del trámite constitucional de la
referencia, dijo no tener relación con los hechos expuestos en la tutela y tampoco mediaba
un vínculo con la demandante.
Bancolombia SA señaló que carecía de legitimación en la causa por pasiva, pues las
pretensiones de la tutelante concernían al Tribunal Administrativo del Magdalena y, que,
de los hechos planteados por aquella, no se evidenciaba que tuvieren relación con esa
entidad bancaria.
El Banco Agrario de Colombia adujo que no había vulnerado derecho fundamental alguno
y que las actuaciones surtidas en relación con embargos se realizaron en cumplimiento de
órdenes emanadas de autoridades judiciales, recursos que estaban en depósitos judiciales
a disposición del Consejo Superior de la Judicatura6. Además, la «E.S.E HOSPITAL LA
CANDELARIA DE EL BANCO […] no registra medidas de embargo vigentes en el sistema», de ahí
que se impusiera declarar su falta de legitimación en la causa por pasiva.
El Banco GNB SUDAMERIS S.A. afirmó que una vez verificada la información que reposa
en sus dependencias evidenció que con oficio 052 del 11 de agosto de 2022 se ordenó el
embargo de la cuenta de la ESE Hospital La Candelaria de El Banco, medida que fue
levantada en cumplimiento de una comunicación del Juzgado Quinto Administrativo de Santa
Marta. Que se ha limitado a dar cumplimiento a las órdenes judiciales correspondientes, por
tanto, no era dable atribuirle vulneración de los derechos fundamentales de la accionante y
debía declararse su falta de legitimación en la causa por pasiva.
El Banco Caja Social informó que no tenía ningún vínculo comercial con la demandante,
en consecuencia, no era necesaria su participación en la acción de tutela de la referencia,
lo que imponía desvincularlo de ella, cuanto más si no «era parte del proceso coactivo [que]
adelanta la Secretaría de HACIENDA DISTRITAL ALCALDÍA DE SANTA MARTA».
La ESE Hospital la Candelaria de El Banco Magdalena, el Banco de Occidente, el
Banco de Bogotá, el Banco AV Villas, Bancoomeva, el Banco Popular, el Banco
Davivienda y el Banco HSBC guardaron silencio, a pesar de que se les notificó del auto
admisorio de la acción de tutela de la referencia.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuestiones preliminares.
1.1 Legitimación en la causa por pasiva
De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).
La Corte Constitucional4 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
6 No los identifica.
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de tutela, y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.
En el presente asunto, los bancos Scotiabank Colpatria, Bancolombia SA, Agrario de
Colombia y Caja Social afirmaron en las contestaciones de la tutela que carecían de
legitimación en la causa por pasiva, dado que no tenían injerencia en la discusión
planteada por la demandante, por lo que debían ser desvinculadas de este trámite
constitucional.
En atención al recuento fáctico realizado en precedencia, la Sala evidencia que la
controversia en ese asunto constitucional atañe al auto del 4 de septiembre de 2024,
mediante el cual el Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó el de 14 de febrero
de ese año, con el que el Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta negó una medida
provisional de embargo de la cuenta de la ESE Hospital La Candelaria de El Banco
97010002860 del Banco GNB SUDAMERIS.
En ese orden de ideas, la demandante no le atribuye vulneración de sus derechos
fundamentales a los bancos Scotiabank Colpatria, Bancolombia SA, Agrario de Colombia
y Caja Social y de los hechos expuestos en la solicitud de amparo no se constata que
esas entidades bancarias tengan incidencia en este asunto constitucional, motivo por el
cual serán desvinculadas.
Ahora bien, el Banco GNB SUDAMERIS también pidió su desvinculación de la acción de
tutela de la referencia, pero no es dable acceder a esa solicitud porque tiene injerencia en
los hechos aquí debatidos por ser la administradora de la cuenta bancaria sobre la cual se
discute la procedencia del embargo que pretende la demandante, por tanto, la llamada a
hacerlo efectivo en caso de que sea ordenado.
1.2 Sorteo de conjueces
En razón a que el proyecto de sentencia presentado por la consejera de Estado Myriam
Stella Gutiérrez Arguello no alcanzó el número de votos necesarios para ser aprobado, el
asunto constitucional pasó al despacho del ponente de la presente providencia, quien el
22 de abril de 2025 ordenó la designación de dos conjueces, con el fin de integrar el cuórum
requerido para discutir la nueva ponencia, dado que el exmagistrado Milton Chaves García
culminó su período constitucional el 21 de abril del año en curso.
En cumplimiento del auto del 22 de abril de 2025, la Secretaría General del Consejo de
Estado realizó el sortero de los conjueces, en el cual resultaron designados Héctor Alfonso
Carvajal Londoño y Adriana María del Niño Jesús de Praga Guillén Arango.
Sin embargo, en Sala no 18 del 22 de mayo de 2025, fue aceptada la renuncia del Conjuez
Carvajal Londoño.
2. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por Eliana
Patricia Fuentes Zúñiga para dejar sin efecto el auto del 4 de septiembre de 2024,
mediante el cual el Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó el de 14 de febrero
de ese año, con el que el Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta negó una medida
provisional de embargo de la cuenta de la ESE Hospital La Candelaria de El Banco de la
entidad bancaria GNB SUDAMERIS, dentro del proceso ejecutivo 47001-33-33-005-2014-
00293-00/01/02.
La Sala anticipa que declarará improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito
de subsidiariedad, pues se cuestionan asuntos relacionados con un proceso judicial que
se encuentra en trámite.
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Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la improcedencia general de la acción de tutela
cuando el proceso judicial se encuentra en curso y, finalmente, (iii) analizará el caso
concreto.
3. De la acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales7 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos8 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
4. La improcedencia general de la acción de tutela cuando el proceso judicial se
encuentra en curso
En sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso se encuentra
en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la
acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para
evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales».
Asimismo, en sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que «no es dable la intromisión de
la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la justicia ordinaria sino cuando se presentan
unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo».
Adicionalmente, en sentencia T-511 de 2020, la Corte Constitucional manifestó que la
acción de tutela no podía ser utilizada en el marco de un proceso judicial en el cual «no
se ha proferido ningún fallo definitivo» y en el que, por tanto, la parte interesada tenía a su
disposición otros medios de defensa judicial.
5. Análisis del caso concreto
A juicio de la parte actora, la autoridad judicial demandada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, por confirmar el auto del 14 de febrero
de 2024, con el que el Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta denegó el embargo
de la cuenta que tenía la ESE Hospital La Candelaria de El Banco en la entidad bancaria
GNB SUDAMERIS.
De la revisión de las pruebas allegadas a este trámite constitucional, la Sala evidencia
que la señora Eliana Patricia Fuentes Zúñiga promovió la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho 47001-33-31-002-2007-00275-00/01 contra la ESE Hospital
La Candelaria de El Banco, con el fin de obtener la anulación de la Resolución A115 del
30 de diciembre de 2003, mediante la cual se declaró insubsistente su nombramiento en
provisionalidad como profesional universitaria del ente estatal, y las órdenes de reintegroy
pago de los emolumentos dejados de recibir, pretensiones a las que accedió el 28 de
agosto de 2009 el Juzgado Segundo Administrativo de Santa Marta.
En razón a que no se le pagaba la condena judicial, el 29 de agosto de 2014 la tutelante
promovió la acción ejecutiva 47001-33-33-005-2014-00293-00/01/02 contra ESE Hospital
La Candelaria de El Banco, en la que el 19 de febrero de 2015 el Juzgado Quinto
Administrativo de Santa Marta libró mandamiento de pago por $108.521.370, despacho
que el 29 de enero de 2016 terminó el trámite judicial, al estimar que la obligación ya había
7 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
8 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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Demandante: Eliana Patricia Fuentes Zúñiga
sido cancelada, decisión que revocó el 6 de febrero de 2019 el Tribunal Administrativo del
Magdalena, porque se le debía a aquella los respectivos intereses, motivo por el que el a
quo ordenó seguir adelante con la ejecución.
El 15 de julio de 2022 el Juzgado Quinto Administrativo de Santa Marta decretó el embargo
de los dineros de la ESE Hospital La Candelaria de El Banco depositados en diversas
entidades bancarias, toda vez que era procedente esa medida cautelar sobre los recursos
públicos cuando se exigía el pago de condenas de naturaleza laboral.
El 27 de septiembre de 2022 la ejecutada pidió el levantamiento del embargo de los dineros
«destinados a la seguridad social», a lo que el 30 de marzo de 2023 el Juzgado de
conocimiento accedió, pero solo en relación con la cuenta 97010002860 del Banco GNB
SUDAMERIS, ante lo cual la actora pidió decretar nuevamente la medida cautelar frente a
esa corporación bancaria, lo que desestimó el 14 de febrero de 2024 el aludido despacho
judicial, decisión que la ejecutante apeló y que confirmó el 4 de septiembre de 2024 el
Tribunal Administrativo del Magdalena.
Así las cosas, la Sala encuentra que mediante la acción de tutela de la referencia se
cuestiona una providencia emitida dentro de un proceso ejecutivo en curso, en el cual no
se ha proferido una decisión definitiva, por lo que no le es dable al juez constitucional
entrometerse en la órbita propia del juez que conoce de ese asunto.
Sin perjuicio de lo anterior, la Sala no advierte la causación de un perjuicio irremediable
que comprometa la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora y que
amerite la intervención urgente del juez de tutela, pues el embargo solo se levantó frente
a la cuenta 97010002860 del Banco GNB SUDAMERIS, en consecuencia, la medida
cautelar sigue vigente respecto de las demás cuentas del ESE Hospital La Candelaria de
El Banco, con las que es dable exigir el cumplimiento de la condena impuesta en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho 47001-33-31-002-2007-00275-00/01.
Además, la actora fue reintegrada a la mencionada entidad mediante la Resolución 274
del 21 de septiembre de 2011 (por lo que se posesionó el 27 de ese mes y año) y le
fueron reconocidos $273.000.000 por concepto de indemnización, como ella misma lo
indicó en la audiencia celebrada el 19 de octubre de 2015, de manera que no se evidencia
una situación de urgencia que haga imperiosa la intervención del juez de tutela.
La Corte Constitucional, con relación al perjuicio irremediable, ha dicho9:
En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Éste exige un considerable
grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta,
además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga
un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que
sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para
superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada
frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las-particularidades del
caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a
criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico
irreparable.
Para la Sala, en el sub lite, se reitera, no está probada ninguna circunstancia de urgencia,
inminencia, impostergabilidad o gravedad que demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la necesidad de la intervención del juez de tutela. Máxime si
en el proceso ejecutivo 47001-33-33-005-2014-00293-00/01/02 aún se encuentra en
trámite y no se ha proferido una decisión definitiva.
Las anteriores razones son suficientes para declarar improcedente la solicitud de amparo.
9 Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001.
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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00066-00
Demandante: Eliana Patricia Fuentes Zúñiga
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Desvincular de este trámite constitucional, por carecer de legitimación en la causa por
pasiva, a los bancos Scotiabank Colpatria, Bancolombia SA, Agrario de Colombia y
Caja Social.
2. Denegar la solicitud de desvinculación formulada por el Banco GNB SUDAMERIS,
conforme a la motivación.
3. Declarar improcedente la acción de tutela promovida por Eliana Patricia Fuentes
Zúñiga, conforme a lo indicado en la motivación.
4. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
6. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente Salvo voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO ADRIANA GUILLÉN ARANGO
Conjuez
La validez e integridad de este documento puede comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx
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