República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00066-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
21 de agosto de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00066-01
Demandante: Eliana Patricia Fuentes Zúñiga
Demandado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Temas: Impugnación. Tutela contra providencia judicial. Proceso
ejecutivo. Medidas cautelares. Auto interlocutorio que niega el
decreto de una medida cautelar.
Decisión: Revoca improcedencia y niega la solicitud de amparo
La Sala decide la impugnación formulada por la parte actora contra la Sentencia
proferida el 12 de junio de 2025 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado,
mediante la cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
Solicitud de amparo
1. El 14 de enero de 2025, Eliana Patricia Fuentes Zúñiga, a través de
apoderado, presentó una acción de tutela en la que alegó la vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso y mínimo vital. Según su solicitud de
amparo, dichas garantías fueron transgredidas con ocasión del Auto de 4 de
septiembre de 2024 del Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante el cual
confirmó la decisión de primera instancia que negó una medida provisional de
embargo dentro del proceso ejecutivo No. 47001-33-33-005-2014-00293-02.
2. A título de amparo, la parte actora solicitó que se dejara sin efectos el Auto
de 4 de septiembre de 2024 y que, en su lugar, se ordenara proferir una decisión
sustitutiva en la que se concedieran las medidas cautelares negadas por el Juzgado
5 Administrativo del Magdalena mediante Auto de 14 de febrero de 2024.
3. Como fundamentos fácticos de la solicitud de amparo, la accionante relató
que, el 28 de agosto de 2009, el Juzgado 2 Administrativo de Santa Marta profirió
sentencia en contra de la ESE Hospital La Candelaria del municipio de El Banco
(Magdalena) y declaró la nulidad de la Resolución No. A.115 de 30 de diciembre de
2003. Adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, ordenó el reintegro
al cargo que la actora ocupaba a la fecha de su retiro, siempre y cuando no hubiera
sido ocupado en propiedad, y ordenó el pago de los salarios y prestaciones sociales
desde la fecha del retiro hasta aquella en la que fuera reintegrada al cargo que
desempeñaba.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00066-01
Demandante: Eliana Patricia Fuentes Zúñiga
4. El 29 de agosto de 2014, la parte actora presentó demanda ejecutiva1 contra
la ESE Hospital La Candelaria, con el fin de obtener el pago de la sentencia y solicitó
el embargo de los dineros consignados en las cuentas bancarias de la entidad
ejecutada.
5. El 19 de febrero de 2015, el Juzgado 5 Administrativo de Santa Marta libró
mandamiento de pago contra la entidad ejecutada por valor de $108.521.370, más
los intereses que correspondían desde que la obligación respectiva se había hecho
exigible.
6. El 29 de enero de 2016, el Juzgado 5 Administrativo de Santa Marta declaró
probada la excepción de pago de lo no debido que propuso la ESE Hospital La
Candelaria, pues consideró que no debía cancelar intereses moratorios por
encontrarse incursa en una causal de fuerza mayor o caso fortuito que la autorizaba
a no reconocerlos debido a circunstancias ajenas a su actuación.
7. El 6 de febrero de 2019, el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó la
Sentencia de 29 de enero de 2016 y, en su lugar, ordenó que se continuara con la
ejecución en los términos del auto que libró mandamiento de pago a favor de la
señora Eliana Fuentes Zúñiga.
8. El 15 de julio de 2022, el Juzgado 5 Administrativo de Santa Marta decretó,
a favor de la hoy accionante, el embargo y secuestro de los dineros depositados o
que se llegaran consignaran a nombre de la ESE Hospital La Candelaria, en los
productos de los que fuera titular en las siguientes entidades bancarias: Banco de
Occidente, GNB Sudameris, Bancolombia, Banco BBVA, Banco de Bogotá, Banco
Agrario, Banco Colpatria, Banco AV Villas, Bancoomeva, Banco Caja Social, Banco
Popular, Banco Cafetero, Sudameric, Davivienda y Banco HSBC, incluso sobre
aquellos que estuvieran cobijados con el principio de inembargabilidad.
9. El 30 de marzo de 2023, el Juzgado 5 Administrativo de Santa Marta
resolvió el incidente de desembargo promovido contra el Auto de 15 de julio de 2022.
En dicha providencia, decidió abstenerse de dar trámite al incidente y mantuvo la
medida excepcional de embargo y secuestro a favor de la parte ejecutante, respecto
de los dineros depositados o que se consignaran a nombre de la ESE, aun cuando
estuvieran cobijados con el principio de inembargabilidad. No obstante, exceptuó de
la medida las cuentas destinadas al financiamiento del régimen subsidiado, motivo
por el cual la orden no cobijó la cuenta de ahorros No. XX-XX-XXX2860 del Banco
GNB Sudameris, que estaba habilitada para dicho fin.
10. El 23 de enero de 2024, la parte actora solicitó que se ordenara el embargo
de los dineros que la ESE tuviera o llegara a tener en las cuentas corrientes y/o de
ahorros del GNB Sudameris.
1
Rad: 47-001-33-33-005-2014-00293-00.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 2
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00066-01
Demandante: Eliana Patricia Fuentes Zúñiga
11. El 14 de febrero de 2024, el Juzgado 5 Administrativo de Santa Marta negó
la medida cautelar solicitada. Para ello, señaló que si bien la jurisprudencia
reconocía que el carácter de inembargabilidad de los recursos del Sistema General
de Participaciones cedía frente a créditos relacionados con la actividad para la cual
estaban destinados, lo cierto era que el Tribunal Administrativo del Magdalena, en
Sentencia de 12 de julio de 2023, había señalado que se debía excluir tales recursos
al tratarse de dineros destinados a financiar la salud de los colombianos, de modo
que una medida de embargo sobre los mismos afectaría la prestación del servicio
de salud y la garantía del derecho.
12. El 19 de febrero de 2024, la parte actora interpuso recurso de apelación
contra el Auto de 14 de febrero de 2024. En su escrito, resaltó el tiempo que había
transcurrido en el proceso sin que se hubiera cumplido en su totalidad el pago
correspondiente a la condena, razón por la cual insistió en que se concediera la
medida solicitada.
13. El 4 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo del Magdalena
confirmó el Auto de 14 de febrero de 2024 que negó la medida cautelar. Consideró
que, aunque el crédito que se ejecutaba tenía origen en una obligación clara,
expresa y exigible contenida en un título, debía primar el interés general de la
población beneficiaria de los servicios de salud de dicha ESE, por tratarse de
recursos destinados a financiar la salud de los colombianos. Una medida de
embargo sobre los mismos afectaría la prestación del servicio y la garantía del
derecho, razón por la cual no resultaba aplicable la excepción invocada por la parte
accionante.
14. Como fundamentos de la vulneración, manifestó que el Tribunal
Administrativo del Magdalena incurrió en desconocimiento del precedente, al no
tener en cuenta lo establecido por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
respecto de las excepciones aplicables a los recursos públicos inembargables.
15. Sostuvo que, en el caso concreto, se cumplían los requisitos para decretar
la medida cautelar, toda vez que se trataba del pago de un crédito u obligación de
origen laboral, derivado de una sentencia judicial y respaldado por un título
emanado del Estado que reconocía una obligación clara, expresa y exigible.
16. Finalmente, indicó que, independientemente de la destinación de los
recursos de la salud, el Estado debía garantizar la prestación del servicio sin que se
afectara el derecho de quien ya contaba con un título que reconocía una obligación
clara, expresa y exigible.
Intervenciones2
2
Mediante Auto de 30 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Tribunal Administrativo del
Magdalena, y vinculó a la ESE Hospital La Candelaria del municipio de El Banco, Banco de Occidente, SGNB Sudameris,
Bancolombia, Banco BBVA, Banco de Bogotá, Banco Agrario, Banco Colpatria, Banco AV Villas, Bancoomeva, Banco Caja
Social, Banco Popular, Banco Cafetero, Sudameric, Davivienda, Banco HSBC; y al Juzgado 5 Administrativo de Santa Marta,
en calidad de terceros.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 3
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00066-01
Demandante: Eliana Patricia Fuentes Zúñiga
17. Scotiabank Colpatria SA solicitó que se declarara improcedente el
amparo, por cuanto no había vulnerado derecho fundamental alguno. En
consecuencia, pidió su desvinculación del trámite de la acción de tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues consideró que le correspondía al Tribunal
Administrativo del Magdalena dirimir la controversia y solicitó ser eximido de
cualquier efecto adverso que pudiera derivarse del fallo de tutela.
18. Banco Agrario de Colombia manifestó que carecía de legitimación en la
causa por pasiva dentro del trámite de la acción de tutela, ya que no evidenció
vulneración alguna de los derechos fundamentales. Por tal motivo, solicitó su
desvinculación del proceso.
19. El Tribunal Administrativo del Magdalena señaló que no había vulnerado
derechos constitucionales del accionante. Precisó que había concluido que no era
aplicable la excepción invocada, dado que los recursos objeto de la medida
correspondían a dineros destinados a financiar el sistema de salud colombiano, por
lo que su embargo afectaría la prestación del servicio y las garantías propias de
dicho derecho.
20. Bancolombia SA pidió que se declarara su falta de legitimación en la causa
por pasiva y, en consecuencia, se le desvinculara del trámite, ya que no era la
entidad competente para resolver los requerimientos formulados por el accionante
en su escrito de tutela. Señaló que no podía atribuírsele vulneración alguna de
derechos fundamentales, pues todos los reparos se dirigían al Tribunal
Administrativo del Magdalena.
21. Banco GNB Sudameris solicitó que se negara la acción de tutela e indicó
que había cumplido con las disposiciones vigentes en materia de embargos, de
conformidad con las órdenes emitidas por la autoridad judicial. Sostuvo que no
había vulnerado ningún derecho fundamental, razón por la cual carecía de interés y
legitimación en la causa por pasiva, lo que impedía un pronunciamiento de fondo.
22. El Juzgado 5 Administrativo de Santa Marta remitió el expediente digital
del proceso ejecutivo.
23. Banco Caja Social solicitó que se declarara improcedente la acción de
tutela y adujo la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante. De igual forma, pidió su desvinculación del
trámite, toda vez que carecía de legitimación pasiva en la causa, dado que no era
la entidad llamada a dirimir la controversia y no existía conducta u omisión de su
parte que generara una transgresión de derechos fundamentales.
24. La ESE Hospital la Candelaria, el Banco de Occidente, Banco de
Bogotá, Banco AV Villas, Bancoomeva, Banco Popular, Banco Davivienda,
Banco Cafetero, Banco BBVA y Banco HSBC guardaron silencio, a pesar de que
fueron debidamente notificados.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 4
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00066-01
Demandante: Eliana Patricia Fuentes Zúñiga
Sentencia impugnada
25. El 12 de junio de 2025, la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela, pues consideró que se cuestionaba una
providencia dentro de un proceso ejecutivo en curso, en el cual no se había proferido
decisión definitiva, por lo que no era dable al juez constitucional entrometerse en la
órbita propia del juez natural que conocía del asunto.
26. Asimismo, indicó que no se advertía causación de un perjuicio irremediable
que comprometiera los derechos fundamentales de la parte actora y que justificara
la intervención urgente del juez de tutela, pues el embargo únicamente se había
levantado respecto de la cuenta de ahorros No. XX-XX-XXX2860 del Banco GNB
Sudameris. En consecuencia, la medida cautelar continuaba vigente sobre las
demás cuentas del Hospital La Candelaria, con las cuales era posible que se
exigiera el cumplimiento de la condena impuesta en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
27. Finalmente, resaltó que la señora Fuentes Zúñiga había sido reintegrada a
la entidad en el año 2011 y que se le había reconocido la suma de $273.000.000
por concepto de indemnización. Por lo tanto, no se evidenciaba una situación de
urgencia, inminencia, impostergabilidad o gravedad que demostrara la existencia de
un perjuicio irremediable que hiciera necesaria la intervención del juez de tutela.
Impugnación
28. La accionante impugnó el fallo de primera instancia y sostuvo que tanto el
Tribunal Administrativo del Magdalena como la Sección Cuarta del Consejo de
Estado incurrieron en desconocimiento del precedente, al no considerar que el
proceso contaba con una sentencia ejecutoriada y con medidas cautelares
decretadas hacía varios años, las cuales no habían resultado efectivas. Argumentó
que ello constituía razón suficiente para acudir a la protección de los derechos
fundamentales que estaban siendo vulnerados, pues había transcurrido más de 10
años intentando obtener el pago de la condena, sin que la ESE cumpliera
voluntariamente la sentencia o depositara recursos en las demás cuentas
embargadas para sufragar la obligación.
29. Finalmente, insistió en que debía decretarse la medida cautelar solicitada,
por encontrarse dentro de las excepciones que la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado han reconocido para este tipo de situaciones.
II. CONSIDERACIONES
Competencia
30. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 5
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00066-01
Demandante: Eliana Patricia Fuentes Zúñiga
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.
Problema jurídico
31. Determinar, una vez verificados los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela, si el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en un
desconocimiento del precedente al proferir el Auto de 4 de septiembre de 20243 y,
en consecuencia, si vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y
mínimo vital de la hoy accionante.
Procedibilidad de la acción de tutela
32. La presente acción de tutela cumplió con todos los requisitos generales de
procedencia, toda vez que (1) la controversia goza de relevancia constitucional,
comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso y mínimo vital, no se trata de una discusión de
raigambre eminentemente legal ni una reiteración de los argumentos planteados en
el trámite ordinario y, en todo caso, el reparo (desconocimiento del precedente) fue
dirigido concretamente contra la decisión del juez de segunda instancia; (2) se
encuentra satisfecha la legitimación en la causa por activa y por pasiva, debido a
que, por un lado, la parte actora tenía la calidad de demandante en el proceso de
ejecutivo y, por el otro, el Tribunal Administrativo del Magdalena profirió la decisión
que se cuestiona; (3) la acción de tutela se presentó el 14 de enero de 2025, es
decir, dentro de los 6 meses siguientes a la notificación del Auto de 4 de septiembre
de 2024; (4) no se cuestionó una irregularidad procesal, sino el hecho de tomar una
decisión judicial sin un adecuado análisis de los hechos y el acervo probatorio, de
cara a la jurisprudencia aplicable al caso; (5) se identificaron razonablemente los
hechos y argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de
derechos fundamentales; y (6) la tutela no se interpone contra una providencia de
igual naturaleza.
33. Contrario a lo que sostuvo el juez de tutela de primera instancia, (7) no
existe otro mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de
sus derechos constitucionales, comoquiera que lo reclamado tiene que ver con un
auto que confirmó negar una medida cautelar solicitada por la parte actora.
34. Al respecto, es preciso resaltar que sobre la procedencia de la acción de
tutela contra autos interlocutorios, la Corte Constitucional ha sostenido:
«En lo que respecta a la tutela contra autos, de cara a determinar la procedencia del
amparo, es necesario diferenciar si se trata de autos de trámite o interlocutorios. Según
la jurisprudencia constitucional4, en relación con estos últimos, la acción de tutela
procede en los siguientes eventos: i) cuando “se evidencie una vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales de las partes que no puede ser reprochada mediante
3
Que confirmó el Auto de 14 de febrero de 2024, mediante el cual el Juzgado 5 Administrativo de Santa Marta negó una
medida cautelar en contra de la ESE Hospital La Candelaria de El Banco.
4
Sentencias SU-695 de 2015 y T-343 de 2012.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 6
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00066-01
Demandante: Eliana Patricia Fuentes Zúñiga
otros medios de defensa judicial”; ii) si “a pesar de que existen otros medios, éstos no
resultan idóneos para proteger los derechos afectados o amenazados”; o iii) si “la
protección constitucional es urgente para evitar un perjuicio irremediable”. En cualquier
caso, el juez debe verificar el cumplimiento de “los requisitos generales de procedencia
y presentarse al menos una de las causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales que han sido fijados por esta [Corte]”5.»
35. Con fundamento en lo anterior, de cara a los hechos materiales del caso,
se advierte que, en efecto, ya fueron agotados los mecanismos judiciales
disponibles en el marco del proceso ejecutivo, concretamente el recurso de
apelación contra la decisión de negar la solicitud de decreto de la medida cautelar.
36. Con fundamento en lo anterior, se revocará la decisión de primera instancia
que declaró la improcedencia de la acción de tutela y se procederá a estudiar el
fondo del asunto.
Análisis de la vulneración
37. La Sala negará el amparo solicitado, decisión que se adoptará con
fundamento en las consideraciones que se exponen a continuación.
38. La Sala no evidencia, en el presente caso, que el Tribunal Administrativo
del Magdalena hubiese incurrido en el reparo invocado al proferir el Auto de 4 de
septiembre de 2024, mediante el cual confirmó la negativa de la medida cautelar
solicitada por la hoy accionante, toda vez que las excepciones a la inembargabilidad
de los recursos del Estado no podían flexibilizarse al caso, pues los dineros objeto
de medida cautelar pertenecían al Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS).
39. Del análisis del expediente se advierte que, durante el proceso ejecutivo, la
hoy accionante solicitó el decreto de medidas cautelares sobre varias cuentas
bancarias de la ESE Hospital La Candelaria, las cuales fueron concedidas y
decretadas, con excepción de la cuenta No. XX-XX-XXX2860 del Banco GNB
Sudameris, respecto de la cual se negó aquella por tratarse de recursos del
SGSSS, con carácter de inembargables. Lo anterior, pese a que la parte actora
invocó las excepciones fijadas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-053 de
2022 como precedente aplicable, sosteniendo que dichas excepciones permitían el
embargo también de esa cuenta para garantizar el pago pretendido.
40. No obstante, el Tribunal Administrativo del Magdalena fundamentó su
decisión justamente en la misma providencia citada por la accionante, precisando
que los recursos del SGSSS que tienen como fuente las cotizaciones de los
afiliados al sistema son públicos, poseen destinación específica y ostentan la
calidad de inembargables, sin que respecto de ellos resulte predicables las
5
Sentencia SU-695 de 2015. Además, ha sostenido que, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra este
tipo de autos, resulta “necesario que el juez constitucional indague si se han agotado la totalidad de los mecanismos ordinarios
estatuidos dentro del proceso” en el cual se profiere el auto objeto de cuestionamiento (cfr., la sentencia T-1274 de 2005).
Esto, habida consideración de que “el trámite judicial no ha concluido aún y, [por lo tanto], el accionante cuenta con la
posibilidad de ejercer su derecho de defensa al interior del mismo” (ibid).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00066-01
Demandante: Eliana Patricia Fuentes Zúñiga
excepciones a la inembargabilidad reconocidas por la jurisprudencia.
41. Ello por cuanto la Corte Constitucional ha establecido que únicamente en
supuestos excepcionales, de interpretación restrictiva y debidamente acreditados,
tales recursos pueden perder su destinación exclusiva a la financiación del servicio
de salud, dada la protección constitucional reforzada que ostentan. En el presente
caso, dicha circunstancia no se configuró.
42. En consecuencia, el tribunal realizó una interpretación y aplicación de la
jurisprudencia constitucional ajustada a las particularidades del caso.
Adicionalmente, la señora Fuentes Zúñiga no acreditó elementos suficientes para
que, pese a tratarse de recursos del SGSSS, estos pudieran ser objeto de medida
cautelar como las demás cuentas que sí fueron embargadas.
43. Así las cosas, y en virtud del principio de autonomía e independencia
judicial, se concluye que la autoridad judicial efectuó un examen individualizado de
los recursos públicos respecto de los cuales la cautela fue solicitada, determinando
que la cuenta No. XX-XX-XXX2860 del Banco GNB Sudameris no podía ser
embargada por estar compuesta por recursos provenientes de las cotizaciones de
los afiliados al sistema de salud, los cuales tenían destinación específica y no eran
susceptibles de las excepciones de inembargabilidad, por cuanto su afectación
comprometería la financiación y garantía del derecho fundamental a la salud de la
población.
Conclusión
44. En virtud de lo expuesto, la Sala negará la acción de tutela interpuesta, al
no acreditarse que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Magdalena haya desconocido precedente judicial aplicable o vulnerado los
derechos fundamentales de la accionante, toda vez que su decisión se sustentó en
una interpretación razonada, acorde con el ordenamiento jurídico y los criterios
fijados por la jurisprudencia constitucional para la protección reforzada de los
recursos del SGSSS.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. RESULEVE
PRIMERO. REVOCAR la Sentencia de 12 de junio de 2025 proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción
de tutela.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00066-01
Demandante: Eliana Patricia Fuentes Zúñiga
SEGUNDO. NEGAR la acción de tutela presentada por Eliana Patricia Fuentes
Zúñiga, por las razones expuestas en esta providencia.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 9
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
Lee la providencia completa en RuleX
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.