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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00067-01

Fecha
13 de mayo de 2025
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2025-00067-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 12 de febrero de 2025, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela por cosa juzgada constitucional y, en su lugar, RECHAZAR POR TEMERIDAD la acción de tutela presentada por James Perea Peña, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: EXHORTAR al demandante para que se abstenga de continuar presentando acciones de tutelas por los mimos hechos y argumentos, so pena de las sanciones pecuniarias a las que haya lugar. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier solicitud contra esta, deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10. 10 secgeneral@consejodeestado.gov.co. 8 de 9 Radicación: 11001-03-15-000-2025-00067-01 Accionante: James Perea Peña Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Revocar ______________________________________________________________________________________________________________ CUARTO: Por Secretaría General REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2025-00067-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

13 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 13 de mayo de 2025

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00067-01
Accionante: James Perea Peña
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera
– Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Revoca- rechaza por
temeridad

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la negativa de la autoridad judicial demandada
a dar apertura de un incidente de desacato, en el marco de una acción de cumplimiento.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación interpuesta por la parte actora contra la Sentencia de 12 de
febrero de 2025, mediante la cual la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Sentencia de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 14 de enero de 2025, James Perea Peña, en nombre propio,
presentó una acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
administración de justicia. Alegó que la autoridad judicial accionada se
negó a abrir el incidente de desacato y, con ello, no aplicó lo dispuesto en
el artículo 25 de la Ley 393 de 1997 y, así, permitió que la Contraloría General
de la República no cumpliera la orden contenida en la Sentencia de 14 de
marzo de 2019 de la Sección Quinta del Consejo de Estado, proferida en el

1 El artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y

Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “Primero. Declarar improcedente la solicitud de tutela presentada por James Perea Peña contra el Tribunal

Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, de conformidad con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2025-00067-01
Accionante: James Perea Peña
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar
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marco de la acción de cumplimiento No. 25000-23-41-000-2018-01135-
00/013, por lo que pidió la nulidad de todo lo actuado.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“Primero: DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de lo actuado dentro de este
proceso de acción de cumplimiento incoado contra la Contraloría General de
la Nación a partir del acto por medio del cual el Magistrado Ponente soslayó la
aplicación del artículo 25 de la ley 393 de 1.997, permitiendo indebidamente la
dilatación del proceso haciendo aparecer como cumplida la orden contenida
en la sentencia.

Segundo: Una vez declarada la NULIDAD ordenar al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca Sección Primera Subsección A, enviar de manera inmediata el
proceso de la referencia al Superior del Contralor General de la Nación para
que sea este quien conmine al Director de la entidad a cumplir con la
sentencia, abra la correspondiente investigación y sancione al incumplido de
acuerdo a lo preceptuado en el artículo 25 de la ley 393 de 1.997.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) James Perea Peña presentó una acción de cumplimiento contra la
Contraloría General de la República, en la que solicitó que se acatara el
artículo 6 del Decreto 3102 de 19974.

5. 2) Mediante Sentencia de 4 de febrero de 2019, la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las
pretensiones, tras considerar que la Contraloría General de la República sí
acató la referida disposición, al contar con un sistema de ahorro eficiente
de agua y recolección de aguas lluvias en sus instalaciones, y utilizar sistemas
sanitarios de la marca Corona que cumplen con la norma Icontec NTC-920-
1 y válvulas ahorradoras en los lavamanos. Dicha decisión fue apelada por
el demandante5.

6. 3) En Sentencia de 14 de marzo de 2019, la Sección Quinta del Consejo
de Estado revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, ordenó a la
Contraloría General de la República el cumplimiento del artículo 6 del
Decreto 3102 de 1997, dado que, a pesar de haber trascurrido 19 años
desde la expedición de la norma, no había implementado en su totalidad
los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua en sus
instalaciones en todo el país, ya que las pruebas aportadas al expediente

3 Si bien, en el escrito de tutela no se invocó ni especificó una providencia judicial, el despacho advierte que dicho

reparo se formuló con ocasión del Auto de 9 de diciembre de 2021, mediante el cual la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la apertura de un incidente de desacato en la referida
acción de cumplimiento.
4 “Artículo 6. Todos los usuarios pertenecientes al sector oficial están obligados a remplazar, antes del 1 de julio

de 1999, los equipos, sistemas e implementos de alto consumo de agua, por los de bajo consumo.”
5 Sostuvo que la Contraloría General de la República no demostró el reemplazo de los sistemas e implementos de

bajo consumo de agua en todas sus dependencias a nivel nacional. Por ello, insistió en el cumplimiento del artículo
6 del Decreto 3102 de 1997.

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Accionante: James Perea Peña
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar
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sobre los mecanismos puestos en marcha se referían únicamente a la sede
central en Bogotá.

7. 4) En enero de 2021, la parte actora presentó incidente de desacato
al considerar que no se había cumplido la orden del Consejo de Estado, y
mediante el Auto de 9 de diciembre de 2021, la Subsección A de la Sección
Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se abstuvo de abrirlo,
tras comprobar que la Contraloría General de la República acreditó que
había realizado diferentes acciones para finalizar el proceso de remplazo de
los equipos de alto consumo de agua por los de bajo consumo.

8. El fundamento de la vulneración radicó en que, a juicio de la parte
actora, la autoridad judicial accionada, al no dar apertura al trámite de
desacato, pretermitió lo establecido en el artículo 25 de la Ley 393 de 1997,
según el cual debía requerirse al superior jerárquico del Contralor General
de la República para que hiciera cumplir la sentencia del Consejo de Estado
y abriera el correspondiente proceso disciplinario. Sostuvo que, por lo
anterior, se debía declarar la nulidad absoluta del proceso, de conformidad
con el artículo 133 del CGP.

1.2. Sentencia de primera instancia e impugnación

9. Mediante Sentencia de 12 de febrero de 2025, la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción
de tutela. Tras analizar la presente acción y la identificada con el radicado
No. 11001-03-15-000-2022-01776-00, concluyó que existía cosa juzgada por la
identidad de partes, causa petendi y objeto - al pretenderse dejar sin
efectos el Auto de 9 de diciembre de 2021-, pero no temeridad porque no
hubo una actuación dolosa o de mala fe contra la administración de justicia
por parte del señor Perea Peña y, por ello, no impuso sanción alguna. Sin
perjuicio de lo anterior, determinó que tampoco se cumplía con el requisito
de inmediatez, toda vez que habían pasado más de 3 años desde que se
profirió la providencia cuestionada de 9 de diciembre de 2021, lo cual reñía
con los elementos de urgencia y necesidad del amparo pretendido.

10. Inconforme con la sentencia de tutela de primera instancia, la parte
actora presentó escrito de impugnación, en el que sostuvo que no existía
ninguna disposición legal que habilitara a los jueces a declarar, de manera
directa, el cumplimiento de una sentencia, y mucho menos a ordenar el
archivo del proceso con base únicamente en la manifestación de la entidad
demandada de que ya acató lo ordenado. Señaló que dicha actuación
constituía una extralimitación de sus funciones. Reiteró los argumentos sobre
la falta de aplicación del artículo 25 de la Ley 393 de 1997 y la vulneración
de su derecho al debido proceso por parte de la autoridad judicial

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Radicación: 11001-03-15-000-2025-00067-01
Accionante: James Perea Peña
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar
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accionada, para favorecer a la Contraloría General de la República y su
incumplimiento de la Sentencia de 14 de marzo de 2019. Manifestó que lo
anterior daba lugar a que se declarará la nulidad de la decisión de la
accionada.

11. Indicó que presentó esta acción de tutela con el título de (se trascribe)
“tutela de nulidad, debido proceso y acceso a la justicia”, pero no se resolvió
el fondo de esa solicitud y ni siquiera fue mencionada la nulidad en la
Sentencia de 12 de febrero de 2025, sino que, en su lugar, la reformuló y
tramitó como si se tratara de una tutela contra providencia judicial.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Verificación de la cosa juzgada y/o
temeridad procesal. 2.3. Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

12. Determinar si hubo, o no, cosa juzgada y/o temeridad procesal6, por
parte de James Perea Peña, en relación con los reparos presentados contra
la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por haber negado la apertura de un incidente de
desacato, con el Auto de 9 de diciembre de 2021, dentro de la acción de
cumplimiento No. 2018-01135-00/01, de cara a una acción de tutela anterior
[Rad. 2022-01776-00]. En el evento en el que este interrogante sea resuelto
de forma negativa, deberá establecerse, una vez verificados los demás
requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, si la autoridad judicial demandada, con el Auto de 9 de diciembre
de 2021, incurrió en un defecto sustantivo por presuntamente inaplicar el
artículo 25 de la Ley 393 de 1997. En ese orden, la Sala procederá a
confirmar, modificar o revocar la decisión de tutela de primera instancia.

2.2. Verificación de la cosa juzgada constitucional7 y/o temeridad8

6 El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 contempla (se trascribe) “ACTUACION TEMERARIA. Cuando, sin motivo

expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”.
7 La Corte Constitucional ha sostenido que (se trascribe) “se predica la existencia de cosa juzgada constitucional

cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo
proceso y el anterior, se presenta identidad jurídica de partes, objeto y causa”. Sentencias SU-027 de 2021, T-380
de 2013 y C-774 de 2001. La triple identidad se define de la siguiente manera: “(i) la identidad de partes consiste
en que al nuevo proceso deben concurrir las mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y obligadas
por la decisión que constituye cosa juzgada; (ii) la identidad de objeto se refiere a que ambas demandas deben
versar sobre las mismas pretensiones; y (iii) la identidad de causa consiste en que ambos procesos tengan los
mismos fundamentos fácticos, por lo tanto, cuando se presenten nuevos hechos o elementos el juez solamente
podrá pronunciarse sobre estos últimos”.
8 La Corte Constitucional estableció los siguientes requisitos que se deben examinar en cada caso para determinar

la existencia o no de temeridad: “(1) identidad de partes; (2) identidad de hechos; (3) identidad de pretensiones;
y (4) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de
mala fe por parte del libelista. A contrario sensu, la actuación no es temeraria cuando aun existiendo dicha
multiplicidad de solicitudes de protección constitucional, la acción de tutela se funda en: (1) la ignorancia del
accionante; (2) el asesoramiento errado de profesionales del derecho; o (3) el sometimiento del actor a un estado
de indefensión, propio de aquellas situaciones en que los individuos obran por miedo insuperable o por la

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Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar
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13. De conformidad con la información proporcionada por la Contraloría
General de la República, demandada en la acción de cumplimiento No.
25000-23-41-000-2018-01135-00/01, en su informe de contestación a la
acción de tutela de la referencia, se tiene que se han presentado 2
solicitudes de amparo identificadas con los radicados: 1) 11001-03-15-000-
2022-01776-00 y 2) 11001-03-15-000-2025-00067-00. En ese orden, la Sala logró
advertir:

14. (1) Identidad de partes: Ambas acciones constitucionales fueron
presentadas por James Perea Peña en contra de la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

15. (2) Identidad de hechos: Tanto en la acción de tutela No. 2022-01776-
00 como en la No. 2025-00067-00, el sustento fáctico radicó en la presunta
vulneración del derecho al debido proceso, con ocasión del Auto de 9 de
diciembre de 2021 de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, por medio del cual dicha autoridad
judicial se abstuvo de abrir un incidente de desacato por el presunto
incumplimiento de la Contraloría General de la República a lo ordenado en
la Sentencia de segunda instancia de 14 de marzo de 2019, proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado en el marco de la acción de
cumplimiento No. 25000-23-41-000-2018-01135-01.

16. Sin perjuicio de lo anterior, en el proceso No. 2025-00067-00, el señor
Perea Peña, adicionalmente, invocó como vulnerado su derecho al acceso
a la administración de justicia.

17. En esa medida, la Sala concluye que como las dos las acciones de
tutela giran en torno a la presunta vulneración de derechos con ocasión de
la decisión de no dar apertura a un incidente de desacato, existe identidad
de hechos.

18. (3) Identidad de pretensiones: Comparativamente, la Sala encontró
que, aunque en la acción de tutela No. 2022-01776-00 se enjuició,
expresamente, el Auto de 9 de abril de 2021, y en la acción de tutela No.
2025-00065-00 no, ello no significa que lo pretendido por el accionante sea
diferente, a saber que la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca dé trámite y apertura del incidente de
desacato por el incumplimiento de la Sentencia de 14 de marzo de 2019,
máxime cuando en ambos procesos solicitó nulidad tal como puede verse
a continuación:

necesidad extrema de defender un derecho. En estos casos, si bien la tutela debe ser declarada improcedente,
la actuación no se considera “temeraria” y, por ende, no conduce a la imposición de una sanción en contra del
demandante. Sentencias SU-168/17, T-272/19, T-162/18, T-185 de 2013 T-084/12 y T-727/11, entre otras,

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Accionante: James Perea Peña
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar
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Acción de tutela No. 2022-01776-00 Acción de tutela No. 2025-00067-00
• Pretensiones - - Pretensiones -
“Así las cosas y teniendo en cuenta las “A través de la presente acción de tutela
consideraciones anteriormente citadas me Primero: DECLARAR LA NULIDAD
permito muy respetuosamente solicitar al ABSOLUTA de lo actuado dentro de este
Magistrado sustanciador, REVOCAR O proceso de acción de cumplimiento
NULITAR de acuerdo a lo establecido en la incoado contra la Contraloría General de
ley el auto de fecha 9 de diciembre de 2.021 la Nación a partir del acto por medio del
dentro del proceso de acción de cual el Magistrado Ponente soslayó la
cumplimiento radicado No aplicación del artículo 25 de la ley 393 de
250002341000201801135001 incoado en 1.997, permitiendo indebidamente la
contra de la Contraloría General de la dilatación del proceso haciendo
República por las razones jurídicas aparecer como cumplida la orden
siguientes: contenida en la sentencia.
Segundo: Una vez declarada la NULIDAD
1. Porque el Magistrado FELIPE ALIRIO ordenar al Tribunal Administrativo de
SOLARTE pretermitió lo establecido en el Cundinamarca Sección Primera
artículo 25 de la ley 393 de 1997 que dice: Subsección A, enviar de manera
Articulo 25 ley 393 de 1.997 inmediata el proceso de la referencia al
2. Es claro que, según el artículo Superior del Contralor General de la
anteriormente citado, que el Magistrado Nación para que sea este quien conmine
debió conminar al superior del Contralor al Director de la entidad a cumplir con la
General de la Nación, que en este caso es sentencia, abra la correspondiente
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA para que investigación y sancione al incumplido de
este le hiciera cumplir la sentencia y abriera acuerdo a lo preceptuado en el artículo
el correspondiente procedimiento 25 de la ley 393 de 1.997.”
disciplinario contra este.
3. Porque la norma invocada por el
Magistrado “ABSTENERSE DE ABRIR EL
INCIDENTE DE DESACATO” no existe en el
ordenamiento jurídico, ni hay ley alguna
que le autorice para hacerlo, ni esta
articulada en la Ley 393 de 1.997 que regula
la acción de cumplimiento.”

19. En ese orden, y más allá del planteamiento literal de las pretensiones
formuladas, es evidente, tal como lo indicó el juez de tutela de primera
instancia, que el objeto de ambas acciones fue dejar sin efectos jurídicos el
Auto de 9 de diciembre de 2021, mediante el cual se negó la apertura del
incidente de desacato en contra de la Contraloría General de la República.
En su lugar, se buscaba que dicho incidente se inicie y se impartan órdenes
al superior jerárquico del Contralor General de la República para garantizar
el cumplimiento del fallo del Consejo de Estado.

20. De lo expuesto, la Sala evidencia, tal y como lo hizo en su momento el
juez de tutela de primera instancia, que el demandante presentó 2 tutelas
que versaban sobre lo mismo.

21. (4) Ausencia de justificación de la nueva demanda: De lo anterior, la
Sala observa que no existió justificación para la presentación de una
segunda tutela. Igualmente, no se evidenció un estado de indefensión o
ignorancia por parte del accionante, un asesoramiento errado, miedo
insuperable o necesidad extrema de defender un derecho.

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Accionante: James Perea Peña
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera – Subsección A
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar
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22. Debe señalarse que en el escrito de tutela el accionante no manifestó
que previamente había presentado otra acción de tutela con identidad de
partes, hechos y pretensiones con la de la referencia, sino que guardó
silencio al respecto, lo que no demuestra una conducta de buena fe ni de
lealtad procesal.

23. Asimismo, no es de recibo el argumento del actor según el cual, el juez
de primera instancia no se pronunció de fondo en la acción de referencia
por no haber resuelto la solicitud de nulidad respecto de la acción de
cumplimiento No. 2018-01135-00/01, pues, primero, dicha pretensión resulta
improcedente, en vista de que es, precisamente, en la acción de
cumplimiento, y no en la de tutela, en donde se debe alegar dicha nulidad,
(subsidiariedad). En todo caso, una falta de pronunciamiento al respecto,
por parte de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
pudo obedecer a la existencia de la cosa juzgada constitucional, lo cual
impide que se entre a valorar nuevamente los hechos y pretensiones que
fueron estudiados en el proceso No. 2022-01776-00.

24. La Sala considera que existen motivos suficientes para revocar la
decisión de primer grado y, en su lugar, rechazar por temeridad la solicitud
de amparo de la referencia contra la Subsección A de la Sección Primera
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ya que, aunque el juez de
tutela de primera instancia declaró improcedente por cosa juzgada
constitucional, tras encontrar acreditada la triple identidad (partes, causa y
objeto) entre la tutela N. 2022-01776-00 y la de la referencia, lo cierto es que
descartó una actuación temeraria, bajo el argumento de que (se trascribe)
“para ello, se requiere que haya una actuación dolosa o de mala fe contra
la administración de justicia por parte de quien invoca varios recursos de
amparo, máxime cuando actúa con el convencimiento de que, al agregar
algunos hechos adicionales, esto habilita una nueva orden de amparo”; sin
embargo, no lo evidenció en el caso concreto.

25. Para la Sala, el argumento del juez de tutela de primera instancia
resulta general y abstracto y desconoce que, como se indicó anteriormente,
el accionante en esta nueva acción de tutela no justificó su presentación y,
además, guardó silencio frente a la primera (2022-01776-00). Dicha
conducta no resulta acorde con los postulados de lealtad procesal o buena
fe, ni atiende lo previsto en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 9, en
relación con la manifestación que debe hacerse bajo la gravedad del
juramento, al interponer una acción de tutela.

9 ARTICULO 37.- (…) El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que

no ha presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre las
consecuencias penales del falso testimonio.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar
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26. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala se abstendrá de imponerle una
sanción al demandante, comoquiera que en este proceso de tutela ha
actuado por sí mismo, es decir, sin apoderado judicial ni alguien que actuara
en su nombre. No obstante, ante el escenario descrito de multiplicidad de
tutelas, la Sala lo exhortará para que se abstenga de continuar presentando
más sobre los mismos hechos y argumentos.

2.3. Conclusión

27. Existen motivos suficientes para revocar la decisión de primer grado
que declaró improcedente la acción de tutela por la existencia de cosa
juzgada, para, en su lugar, rechazarla por temeridad, dada la
comprobación de la doble identidad entre las acciones de tutela
promovidas por el señor Perea Peña y la ausencia de justificación de la
presentación de la segunda tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 12 de febrero de 2025, proferida por
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que declaró
improcedente la acción de tutela por cosa juzgada constitucional y, en su
lugar, RECHAZAR POR TEMERIDAD la acción de tutela presentada por James
Perea Peña, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: EXHORTAR al demandante para que se abstenga de continuar
presentando acciones de tutelas por los mimos hechos y argumentos, so
pena de las sanciones pecuniarias a las que haya lugar.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier
solicitud contra esta, deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo
electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10.

10 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Revocar
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CUARTO: Por Secretaría General REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA

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