RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2025-00070-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00070-00

Fecha
27 de febrero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00070-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Negar la desvinculación de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, por cuanto su vinculación se efectuó en calidad de tercero por presentar interés en las resultas del presente trámite. SEGUNDO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado dentro de la acción de tutela de la referencia. TERCERO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00070-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

27 de febrero de 2025

Demandante: Salwa Camila Rendón Mendoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00070-00

Sala CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00070-00
Demandante: SALWA CAMILA RENDÓN MENDOZA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D
Tema: Derecho de Petición – declara carencia actual de objeto
por hecho superado

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a decidir la acción de tutela de la referencia consagrada en
la Constitución Política, artículo 86 y desarrollada por el Decreto 2591 de
1991, en consonancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición de amparo

Mediante escrito radicado el 14 de enero de 2025, ante la Secretaría
General del Consejo de Estado, la señora Salwa Camila Rendón Mendoza
mediante apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, con el fin
de que le sea protegido su derecho fundamental de petición.

La parte accionante consideró vulnerada dicha garantía por cuanto a la
fecha de presentación de esta tutela y pese haber enviado memoriales el 16
de septiembre y 7 de octubre de 2024 solicitando unos documentos de
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salwa Camila Rendón Mendoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00070-00

prueba al interior del proceso con radicado 25000-23-42-000-2017-05363-
00, correspondiente al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho en la modalidad de lesividad instaurado por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social - UGPP contra la señora Andrea María Gómez Nicholls, no
se ha recibido respuesta alguna. Dichos documentos son requeridos como
elementos de prueba dentro de un proceso penal instaurado contra la
accionante y otra persona.

1.2. Pretensión

«1. Se TUTELE el DERECHO DE PETICIÓN vulnerado por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
SEGUNDA – SUBSECCIÓN D por la ausencia de respuesta de la
petición de fecha 07 de octubre de 2024.

2. Que se dé respuesta SATISFACTORIA, CLARA y COMPLETA
conforme a los parámetros jurisprudenciales, respecto a la petición
hecha a el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA –
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN D, el día 07 de octubre de
2024, toda vez que como se consagra en el artículo 14 de la Ley
1437 de 2011, toda petición de información y documentos que NO
hubiese sido respondida dentro del término establecido se entenderá
aceptada, por lo que se solicita respetuosamente a su despacho
ORDENE entregar la información requerida dentro de los 03 días
siguientes a la emisión de su fallo»1.

1.3 . Hechos

Manifestó la accionante que mediante Resolución 04917 de 27 de noviembre
de 2007 la Caja Agraria reconoció pensión de sobreviviente a la señora
Andrea María Gómez Nicholls ante el fallecimiento de su compañero
permanente el señor Gabriel Roberto Rendón Gutiérrez.

Expresó que el 11 de enero de 2017 la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – en
adelante UGPP instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en la modalidad de lesividad contra la señora Andrea María Gómez Nicholls
por considerar que no había acreditado el requisito de convivencia.

1 Transcripción del original con posibles errores

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salwa Camila Rendón Mendoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00070-00

En dicho proceso administrativo la señora Salwa Camila Rendón Mendoza 2
aportó elementos documentales de convicción que confirmaron la
convivencia entre la señora Gómez Nicholls y el señor Rendón Gutiérrez
durante los 5 años anteriores al fallecimiento de este. El 14 de julio de 2021
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
D profirió fallo en el cual negó las pretensiones de la demanda.

Paralelo a este proceso administrativo, se instauró denuncia penal contra las
señoras María Andrea Gómez Nicholls y Salwa Camila Rendón Mendoza por
considerar que incurrieron en el delito de fraude procesal al haber logrado
que se le otorgara la pensión sustitutiva a la primera de las mencionadas.

Como el precitado proceso penal está próximo a iniciar su etapa de juicio, se
requirieron como elementos de prueba los aportados al proceso contencioso
administrativo a fin de que obren en el expediente como parte de la teoría
del caso de la defensa, los cuales a la fecha no han sido aportados por la
autoridad judicial demandada.

1.4. Sustento de la petición

La accionante fundamentó esta acción de acuerdo con lo establecido en los
artículos 86 y 23 de la Constitución Política que disponen «Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por
quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, (…)».

En el caso concreto la legitimación por activa recae exclusivamente en
cabeza de la señora Salwa Camila Rendón Mendoza por ser la principal
afectada con la omisión en la entrega de la información solicitada, toda vez
que esta resulta ser necesaria para ser aportada como elemento probatorio
al interior del proceso penal identificado con el radicado 11001-60-00-000-
2021-02076

1.5. Trámite en primera instancia

Mediante auto del 20 de enero de 2025, se admitió la acción de tutela y se
ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D en calidad de autoridad
demandada, así como a la Unidad Administrativa Especial de Gestión

2 De acuerdo a lo narrado por la parte actora la señora Rendón Mendoza es hija del

Fallecido del señor Gabriel Roberto Rendón Gutiérrez

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salwa Camila Rendón Mendoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00070-00

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP y, a
la señora Andrea María Gómez Nicholls como terceros con interés en las
resultas del proceso.

1.6. Contestaciones

Realizadas las notificaciones ordenadas3, de conformidad con las
constancias visibles en el expediente, se presentó el siguiente informe:

1.6.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

El subdirector de Defensa Jurídica Pensional (E) solicitó que se declare la
improcedencia de la presente acción de tutela por cuanto considera que esta
se utiliza como una instancia adicional dentro de un proceso administrativo
para que se dé impulso a una supuesta mora judicial por parte del
accionado.

Solicita que dicha unidad sea desvinculada de la presente acción de tutela
por cuanto no tiene competencia para tramitar o gestionar los impulsos
procesales pretendidos por la parte actora de tal manera que la UGPP no ha
vulnerado derecho fundamental alguno encontrándose ante una evidente
ausencia de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D

A través de la Secretaría de la Sección Segunda, se limitó a remitir el
expediente con radicado 25000-23-42-000-2017-05363-00.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la
referencia, en atención a lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080

3
Pese a que se intentó notificar a la señora Andrea María Gómez Nicholls del auto
admisorio de esta tutela a la dirección calle 135ª NO. 23-35 interior 25 (dirección tomada del
expediente ordinario) la empresa de correos 4-72 certificó que no pudo ser entregada por
«desconocido- dev» razón por la cual la Secretaría del Consejo de Estado, procedió a fijar
aviso en la página Web de la Corporación.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salwa Camila Rendón Mendoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00070-00

de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación

2.2. Cuestión previa

La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, solicitó su desvinculación al
considerar que no les es atribuible la vulneración de los derechos invocados
por el accionante y carecer de legitimación en la causa por pasiva. Al
respecto, la Sala anuncia que denegará dicha petición por cuanto su
vinculación se efectuó en calidad de tercero por presentar interés en las
resultas del presente trámite.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la autoridad accionada transgredió el
derecho fundamental de petición de la Señora Salwa Camila Rendón
Mendoza ante la presunta falta de respuesta respecto al requerimiento de
unos documentos de prueba que se encuentran al interior del expediente
contencioso administrativo con radicado 25000-23-42-000-2017-05363-00
llevado por dicho tribunal dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad instaurado por la
UGPP contra la señora Andrea María Gómez Nicholls.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i)
Generalidades de la acción de tutela; (ii) del derecho de petición, y (iii)
análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución consagra el precepto según el cual, toda
persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la
protección inmediata de sus derechos fundamentales, siempre que sean
violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o
de los particulares en los casos que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 4, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa

4Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salwa Camila Rendón Mendoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00070-00

judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado.

2.5. Del derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución consagra que toda persona tiene derecho a
presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales.

La Corte Constitucional ha desarrollado tal garantía a partir de un núcleo
esencial5, el cual presupone lo siguiente:

i) La posibilidad de formular peticiones respetuosas, por motivos de interés
general o particular.

ii) La obtención de una pronta y material resolución del asunto puesto en
consideración, independientemente de si resulta favorable o no a lo
pretendido.

iii) Es necesario que la respuesta se dé a conocer al interesado. Al respecto,
el Tribunal Constitucional ha señalado:

«Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden
reservarse su sentido, para la efectividad del derecho de petición es
necesario que la respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la
adopta y sea puesta en conocimiento del peticionario; si el
interesado ignora el contenido de lo resuelto no podrá afirmarse que
el derecho ha sido observado cabalmente»6

Mediante la Ley Estatutaria 1755 del 30 de junio del 2015, se reguló el
derecho fundamental de petición y, se sustituyó un título del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues con
este se había desconocido la reserva de ley estatutaria para desarrollar un
asunto restringido constitucionalmente en el artículo 152 Superior.

Concretamente, se estableció como regla general un plazo de 15 días para
resolver la solicitud y precisó, además, que antes de que se cumpla el
término dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho

5 Corte Constitucional. Sentencias T-495 de 1992, T-010 de 1993, T-392 de 1994, T-392

de 1995 y T-291 de 1996.
6 Corte Constitucional. Sentencia T - 529 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salwa Camila Rendón Mendoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00070-00

lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el
plazo en el cual se realizará la contestación.

2.6 Caso concreto

La parte actora consideró vulnerado su derecho fundamental de petición por
cuanto, manifiesto que, a la fecha de radicación de esta tutela, no se le ha
dado respuesta respecto al requerimiento de unos documentos solicitados
desde el 7 de octubre de 2024 que se encuentran al interior del expediente
identificado con el radicado 25000-23-42-000-2017-05363-00 adelantado por
dicho tribunal y que la accionante requiere como elementos probatorios
dentro de un proceso penal instaurado en su contra.

La Sala observa que, al revisar el proceso ordinario 25000-23-42-000-2017-
05363-00, la Sección Segunda, Subsección D del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca mediante auto de 22 de enero de 2025, negó el desglose de
los documentos solicitados por el Abogado Miguel Ángel del Rio Malo
apoderado de la parte demandante en este proceso y, ordenó que por
Secretaría de la misma, se expidieran a costa de dicho abogado copia
autenticada de las pruebas aportadas y recaudadas dentro del proceso
administrativo que obran a folios 43 a 125, 208 al 270, 316 a 325, 331 a 338
y 340ª a 350 con los reversos y CD de las audiencias de pruebas del
cuaderno principal físico, incluido el cuaderno de antecedentes
administrativos como el acta de inspección levantada por esa Secretaría de
fecha 20 de octubre de 2023. (se anexa imagen)

De igual manera, mediante oficio 016-2025WOMR de fecha 24 de enero de
2025, se le informó que las copias requeridas se encuentran disponibles en
la Secretaría de dicha Sección y, que para ello debe consignar en la cuenta
(…) se anexa imagen
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salwa Camila Rendón Mendoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00070-00

La Corte Constitucional sostuvo que la terminación del proceso de tutela por
carencia actual de objeto se presenta cuando la vulneración del derecho
fundamental desaparece o se materializa en el trascurso de la solicitud, por
lo que resulta inane la intervención del juez constitucional tendiente a
impartir alguna orden en aras de salvaguardar las garantías constitucionales
transgredidas. Además, ha dicho que esta figura jurídica puede proceder en
tres supuestos: (i) por hecho superado; (ii) por daño consumado; y, (iii) por
una situación sobreviniente.

Al respecto, ha señalado:

“(…) La acción de tutela fue concebida como un mecanismo para la
protección efectiva de los derechos fundamentales que son objeto de una
amenaza o afectación actual. Por lo tanto, se ha sostenido en reiterada
jurisprudencia que, ante la alteración o el desaparecimiento de las
circunstancias que dieron origen a la vulneración de los derechos
fundamentales objeto de estudio, la solicitud de amparo pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y
expedito de protección judicial. Lo antedicho, pues, al desaparecer el
objeto jurídico sobre el que recaería la eventual decisión del juez
constitucional, cualquier determinación que se pueda tomar para
salvaguardar las garantías que se encontraban en peligro, se tornaría

8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salwa Camila Rendón Mendoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00070-00

inocua y contradiría el objetivo que fue especialmente previsto para esta
acción (…)7” (Destacado por la Sala)

En relación con los referidos tres supuestos la Sala ha precisado:8

(i) El hecho superado obedece a lo regulado en el artículo 26 del Decreto
Ley 2591 de 1991, atinente a la cesación de la actuación impugnada, la cual
se materializa cuando en el trámite de tutela se demuestra que la autoridad
demandada ha realizado las acciones necesarias para eliminar la
vulneración de los derechos fundamentales.

(ii) El daño consumado se produce cuando la vulneración del derecho
fundamental que se pretendía evitar se materializa con posterioridad a la
interposición de la acción. Sobre el particular, ha señalado el Tribunal
Constitucional: “[l]a segunda de las figuras referenciadas [daño consumado],
consiste en que a partir de la vulneración ius-fundamental que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de
tutela se pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar
la vulneración o impedir que se concrete el peligro, no es factible que el juez
de tutela dé una orden al respecto”.9

(iii) La situación sobreviniente, caso en el cual la vulneración de los
derechos fundamentales cesa luego de la interposición de la tutela, con
ocasión del obrar del actor o de un tercero distinto a la autoridad
demandada.

En este orden, para esta Sección es claro que cuando se satisface lo
solicitado en la acción, se está ante un hecho superado y lo que el juez debe
hacer es declarar la carencia actual de objeto en el asunto que se le
presente a su conocimiento.

En tal virtud, es claro que el presente trámite procesal carece actualmente
de objeto, comoquiera que el hecho que motivó al accionante para la
interposición de la tutela fue superado al brindarle una respuesta de fondo,
clara y concreta a su petición.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

7 Sentencia SU-225 de 2013 y T-317 de 2005.
8 Ver sentencia de 13 de diciembre de 2018, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, rad.

11001-03-15-000-2018-04225-00.
9 Corte Constitucional, sentencia T-030/2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Salwa Camila Rendón Mendoza
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D
Radicación: 11001-03-15-000-2025-00070-00

III. FALLA:

PRIMERO: Negar la desvinculación de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –
UGPP, por cuanto su vinculación se efectuó en calidad de tercero por
presentar interés en las resultas del presente trámite.

SEGUNDO: Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado
dentro de la acción de tutela de la referencia.

TERCERO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, dentro de los
tres (3) días siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.