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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00071-00

Fecha
13 de febrero de 2025
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2025-00071-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Negar la solicitud de desvinculación invocada por la Fiduprevisora S.A., de conformidad a lo expuesto. 2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Rosalba Vergara de Romero, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, acorde con lo expuesto en la parte considerativa. 3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible. 5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha. (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA Presidente (Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente) MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2025-00071-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

13 de febrero de 2025

Radicado: 11001-03-15-000-2025-00071-00
Demandante: Rosalba Vergara de Romero

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00071-00
Demandante: ROSALBA VERGARA DE ROMERO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA Y
OTROS

Temas: Tutela contra providencia judicial. Mesada catorce docente.
Falta de cumplimiento de requisitos generales.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Rosalba Vergara de
Romero contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F y el Juzgado Primero Administrativo de Facatativá de conformidad
con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 14 de enero de 2025, la parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F y el Juzgado
Primero Administrativo de Facatativá por estimar vulnerados los derechos
fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, al trabajo, al mínimo vital
y móvil y a la seguridad social. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:

«SEGUNDA: Solicito se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que deje sin
efecto la sentencia de segunda instancia emitida el 29 de octubre de 2024, bajo el proceso
de radicado No. 252693333001-2020-00010-01, mediante la cual se decidió confirmar la
sentencia dictada por el Juzgado 1 Administrativo de oralidad del circuito de Facatativá, el
15 de diciembre de 2023, mediante la cual se negó el derecho reclamado de la mesada
14; y en su lugar,

TERCERA: Solicito se le ordene a Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferir una
nueva sentencia de segunda instancia, que se ajuste a derecho conforme a las
consideraciones del fallo de la acción constitucional y de esa forma proceda a
revocar la sentencia de primera instancia, con el fin de que se reconozca el derecho
reclamado.

CUARTA: Solicito se le ordene a los accionados que, una vez se emita la nueva sentencia
de segunda instancia se procedan a emitir las ordenes pertinentes para lograr la ejecución
de la providencia.»

2. Hechos

De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00071-00
Demandante: Rosalba Vergara de Romero

La señora Rosalba Vergara de Romero nació el 25 de julio de 1950; se vinculó por
primera vez al servicio docente oficial el 9 de marzo de 1970 y, el 25 de julio de
2005, adquirió el estatus de pensionada, porque cumplió 50 años de edad y más
de 20 años de servicio.

Mediante Resolución nro. 1266 del 17 de noviembre de 2005, la Secretaría de
Educación de Cundinamarca, en nombre y representación del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, reconoció y ordenó el pago de la pensión de
jubilación a favor de la señora Vergara de Romero.

El Juzgado Cuarto Administrativo en Descongestión de Bogotá, en sentencia del
18 de mayo de 2009, declaró la nulidad parcial del acto administrativo de
reconocimiento pensional y ordenó el reajuste de la prestación. Mediante
Resolución nro. 1959 del 17 de noviembre de 2010, el ente territorial dio
cumplimiento al fallo.

El 5 de junio de 2018, la tutelante solicitó el reconocimiento y pago de la mesada
pensional adicional del mes de junio (mesada 14). Sin embargo, el ente territorial
no dio respuesta a la petición.

La señora Vergara de Romero promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Cundinamarca –
Secretaría de Educación, con el fin de que se declarara la nulidad del acto ficto o
presunto negativo derivado de la petición presentada el 5 de junio de 2018 y, a título
de restablecimiento del derecho, se ordenara el pago de la mesada adicional del
mes de junio (mesada 14), desde la fecha de reconocimiento de la pensión de
jubilación.

El Juzgado Primero Administrativo de Facatativá, mediante sentencia del 15 de
diciembre de 2023, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, la
actora causó su derecho a la pensión de jubilación el 25 de julio de 2005, por lo que
los efectos fiscales de su reconocimiento se empezaron a dar a partir del día
siguiente (26 de julio). Que, la fecha en que adquirió el estatus pensional coincide
con la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo tanto, no le asiste
derecho a devengar la prestación pedida, pues a partir del 25 de julio de 2005 se
aplica la prohibición prevista en el inciso 8° del artículo 1°, esto es que las pensiones
no podrán recibir más de 13 mesadas.

Además, en la sentencia se precisó que, no era aplicable la excepción prevista en
el parágrafo transitorio del referido acto legislativo, porque, si bien, el derecho a la
pensión se consolidó antes del 31 de julio de 2011, la prestación se reliquidó en
Resolución nro. 1959 de 2010, por lo que la mesada se ajustó a la suma de
$1´984.678, monto que superó los 3 smlmv1.

Contra la anterior decisión interpuso recurso de apelación, con el argumento que la
Corte Constitucional en sentencias C-986 de 2006, C-740 de 2006, C-530 de 2013,
SU-555 de 2014 y T- 370 de 2016 determinó que Acto Legislativo 01 de 2005 entró
a regir el 29 de julio de ese año. Que, incluso en el caso de considerarse la vigencia
del Acto legislativo a partir del 25 de julio de 2005, se le debe reconocer la mesada
adicional del mes de junio (mesada 14), teniendo en cuenta que se deben proteger
sus derechos adquiridos y expectativas legítimas.

1 Teniendo en cuenta que para el año 2005, el salario mínimo legal mensual vigente ascendía a $381.500.

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Demandante: Rosalba Vergara de Romero

Mediante sentencia del 29 de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca confirmó el fallo de primera instancia, por considerar que el Acto
Legislativo 01 de 2005 dispuso que, a partir de su vigencia, no sería posible recibir
más de 13 mesadas pensionales al año, excepto a quienes percibieran una pensión
igual o inferior a tres salarios mínimos mensuales legales vigentes, siempre que
dicha pensión se hubiera causado antes del 31 de julio de 2011. El tribunal señaló
que la demandante cumplió con el requisito de edad para acceder a la pensión en
la fecha en que entró en vigor dicho acto legislativo, sin embargo, afirmó que no
tenía una expectativa legítima de devengar la mesada 14, ya que la disposición
estableció un límite temporal para su pago, y para acceder a este beneficio se
definió un régimen de transición dirigido a los trabajadores que, antes del 31 de julio
de 2011, percibieron menos de tres smlmv, requisito que la demandante no
demostró haber cumplido.

3. Argumentos de la acción de tutela

La parte demandante sostiene que la providencia de segunda instancia en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incurrió en defecto por
violación directa de la Constitución, al desconocer el artículo 4, que establece la
supremacía de la Constitución. En este sentido, considera que se vulneran los
principios fundamentales que reconocen al trabajo como un derecho y una
obligación social, el cual, en todas sus modalidades, debe gozar de la especial
protección del estado.

Que, además, en defecto sustantivo porque hay una interpretación errónea de la
Constitución y la Ley. Para el efecto, afirmó que, existen dos criterios de
interpretación sobre la fecha de entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005,
el 25 de julio de 2005, fecha de publicación inicial, o el 29 de julio de 2005, cuando
se publicó con la corrección mecanográfica de suprimir la expresión “proyecto de”
que contenía el referido acto legislativo. Que, en atención a la disparidad de
criterios, en esta acción de tutela se debe unificar la jurisprudencia al respecto.

Precisó que, la jurisprudencia de las altas cortes ha reconocido que la vigencia del
acto legislativo 01 de 2005, depende de su fecha de publicación, esto es, 29 de julio
de 2005, afirmación que como consecuencia inmediata se debe ordenar que se
reconozca y ordene el pago de la mesada adicional del mes de junio (mesada 14).
Para el efecto, citó las sentencias C - 986 de 2006, C - 740 de 2006, C - 530 de
2013, SU - 555 de 2014 y T – 370 de 2016m, proferidas por la Corte Constitucional
y el proveído del 14 de febrero de 2019, proferido por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, dentro del proceso radicado con nro. 24001-23-33-003-2016-00278-01
(59886).

Que, en todo caso, si se toma como fecha de vigencia del acto legislativo, el 25 de
julio de 2005, tiene derecho a que se le reconozca la referida prestación, «toda vez
que se deben proteger sus derechos adquiridos y expectativas legitimas, ya que
simplemente el día de su cumpleaños se despertó sin un derecho menos, algo bastante
injusto para retribuir más de 30 años de trabajo al estado colombiano» .

4. Trámite previo

El 17 de enero de 2025, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela,
ordenó notificar al demandante, a los magistrados que conforman la Subsección F
de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y al Juez
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Demandante: Rosalba Vergara de Romero

Primero Administrativo de Facatativá, en calidad de accionados. Adicionalmente, a
la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y al departamento de Cundinamarca – Secretaría de
Educación, como terceros interesados.

5. Oposiciones

El Juez Primero Administrativo de Facatativá pidió que se declarara
improcedente la acción de tutela porque no cumple el requisito general de
relevancia constitucional, pues no se acreditó la vulneración de algún derecho
fundamental y la pretensión de la actora es constituir una instancia adicional del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, para reabrir un debate jurídico
que ya se dio ante los jueces competentes.

Afirmó que los argumentos expuestos por la actora son propios de una demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho o un recurso de apelación, los cuales se
debieron exponer en la oportunidad respectiva, pero no en el presente recurso de
amparo donde no se demostró con suficiencia los yerros en que presuntamente
incurrieron las decisiones cuestionadas.

6. Intervención de los terceros con interés

La Nación – Ministerio de Educación solicitó que se declarara improcedente la
acción de tutela, al considerar que no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, ya que no se acreditó la vulneración de ningún derecho fundamental.

Argumentó que el defecto señalado por la actora se limita a la decisión tomada por
el tribunal accionado al resolver de fondo la cuestión planteada respecto a las
pretensiones de la parte demandante. Añadió que la pretensión del recurso de
amparo es impugnar una decisión legítimamente adoptada dentro del ámbito
procesal.

Asimismo, señaló que en el presente caso no se evidencia la vulneración de
derechos fundamentales, ya que la parte actora presenta como irregularidad
procesal una controversia estrictamente económica que involucra intereses
privados, lo cual excede la competencia del juez de tutela.

La Fiduprevisora S.A. solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa
por pasiva, toda vez que la acción de tutela se promovió contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Primero Administrativo de Facatativá.
Que, además, no se advierte que, en su calidad de vocera y administradora del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) se encuentre
vulnerando los derechos fundamentales deprecados por la actora.

Señaló que la entidad fiduciaria no tiene dentro de sus competencias el
reconocimiento, modificación, corrección adición u otros de prestaciones, ni puede
realizar pago alguno mientras no exista el acto administrativo que así lo determine,
teniendo en cuenta que se trata del respaldo contable de la erogación de los dineros
del erario.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
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persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional2, para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de
procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F vulneró los derechos fundamentales invocados,
por incurrir en violación directa de la Constitución Política e interpretación errónea
de la Constitución y la ley.

La actora argumentó que, al emitir la sentencia del 29 de octubre de 2024, el tribunal
demandado vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad social, al trabajo,
al mínimo vital y móvil, y al debido proceso, lo que constituyó un desconocimiento
de la Constitución Política. En su opinión, se violaron sus derechos adquiridos y
expectativas legítimas de recibir la mesada adicional correspondiente al mes de
2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después

del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia

judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
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junio (mesada 14). Señaló que el día en que cumplió el requisito de edad para el
reconocimiento de la pensión de jubilación coincidió con la publicación del Acto
Legislativo 01 de 2005, que determinó que, «…las pensiones no podrán recibir más de
13 mesadas». Sin embargo, para la accionante, conforme al precedente desarrollado
por las altas cortes, la fecha de vigencia de dicho acto legislativo sería el 29 de julio
de 2005, cuando se publicó el Decreto 2576 que lo corrigió. Añadió que, en caso
de que se considerara que el acto legislativo entró en vigor el 25 de julio de 2005,
aun así le asistiría el derecho al reconocimiento de la prestación, como garantía de
los derechos adquiridos y expectativas legítimas, habiendo trabajado más de 30
años.

De acuerdo con lo anterior, la Sala analizará sí la presente solicitud de amparo
cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.

En caso de ser afirmativa la respuesta, se analizará si el Tribunal incurrió en
violación directa de la Constitución y en interpretación errónea de la Constitución y
la ley.

Falta de legitimación en la causa por pasiva

En relación con la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva
planteada por Fiduprevisora S.A., se aclara que dicha entidad está vinculada al
presente trámite constitucional en calidad de tercero con interés, dado que actúa
como vocera y administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG). Este fondo fue parte demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el cual se emitió la sentencia cuestionada, lo que
justifica su vinculación en condición de tercero interesado. Por lo tanto, se negarán
la solicitud.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de
derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para

5
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000
2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de
mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 6.
Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera
que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la
decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse
a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio
decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en
el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso
ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un
mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que
dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la
tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de
controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en
el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(se destaca)

Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, se emplea el presente mecanismo como una instancia
adicional al proceso ordinario, tal como se pasa a explicar.

La señora Rosalba Vergara de Romero promovió proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de
Cundinamarca – Secretaría de Educación, con el fin de que se ordenara el
reconocimiento y pago de la mesada adicional de junio (mesada 14).

El conocimiento del proceso correspondió al Juzgado Primero Administrativo de
Facatativá, que, en providencia del 15 de diciembre de 2023, negó las pretensiones
de la demanda, con el argumento que la actora adquirió su derecho a la pensión de
jubilación el 25 de julio de 2005, lo que generó efectos fiscales a partir del día
siguiente (26 de julio). Señaló que la fecha en que la actora alcanzó el estatus
pensional coincide con la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo
que no le asiste derecho a percibir la prestación solicitada. Esto se debe a que, a
partir del 25 de julio de 2005, se aplica la prohibición establecida en el inciso 8° del
artículo 1°, según la cual las pensiones no podrán recibir más de 13 mesadas. Que,
no puede darse aplicación a la transición prevista en la referida disposición, porque
la pensión reconocida supera los 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

6 Ibidem.

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Radicado: 11001-03-15-000-2025-00071-00
Demandante: Rosalba Vergara de Romero

Contra la referida decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación con
fundamento en que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional determinó que el
Acto Legislativo 01 de 2005 entró a regir el 29 de julio de ese año. Que, incluso en
el caso de considerarse la vigencia del Acto legislativo a partir del 25 de julio de
2005, se le debe reconocer la mesada adicional del mes de junio (mesada 14),
teniendo en cuenta que se deben proteger sus derechos adquiridos y expectativas
legitimas. En dicha oportunidad la parte actora puntualmente manifestó:
«El despacho de primera instancia al tratar de explicar sus consideraciones define que para los docentes existen
dos cuerpos normativos uno derivado de la ley 91 de 1989 y el otro derivado de las leyes 100 de 1993, 797 de
2003 y siguientes para afirmar de forma errada que es relevante determinar la fecha de ingreso o vinculación del
docente al servicio educativo oficial, cuando realmente dicha fecha no tiene relevancia alguna en el presente
proceso. Es decir se realizó un desgaste al estudiar a fondo cuerpos normativos que no influyen en el fondo de
la resolución del proceso solo se hizo mención en acápite de la mesada 14 artículo 142 de la ley 100 de 1993,
donde realiza un recuento normativo para la aplicabilidad de la ley de la mesada 14 para los docentes del servicio
educativo oficial, para concluir que dicha mesada fue suprimida desde el 25 de julio del 2005, fecha en la cual
para el despacho entró en vigencia el acto legislativo 01 del 2005. Pero el juez a quo no tuvo en cuenta que
realmente el acto legislativo entró en vigencia el 29 de junio de 2005, toda vez que su verdadera publicación en
el diario oficial es la número 45 984 y no la que se realizó de forma errada el 25 de julio del 2005, publicada en
el diario oficial con número 45 980, pero de forma más sorprendente aún no se debatió y se desconoció lo
concerniente a los derechos adquiridos y a las expectativas creadas a la docente y cómo ni siquiera se estudió
o se tuvo en cuenta que el máximo tribunal constitucional de Colombia en sentencias c986 de 2006, c740 de
2006, c530 de 2013, su55 de 2014 y sentencia t370 de 2016, determinó que la entrada en vigencia del publicitado
acto legislativo es el 29 de julio de 2005, por lo mismo desde dicha fecha contabilizan incluso el término de
caducidad para estudiar las demandas que a dicha corporación llegan.

Es decir que, si el despacho en realidad hubiese estudiado los tres aspectos relevantes que se mencionaron
como lo es primero la fecha de estatus de pensión que es el 25 de junio de 2005 y la fecha de entrada en vigencia
del acto legislativo 01 del 2005, y si por lo menos se hubiese estudiado los argumentos y citas jurisprudenciales
como normativas plasmadas en la demanda de seguro la tesis y conclusión del despacho hubiese sido otra para
proceder a reconocer el derecho reclamado.

Conforme a lo anterior, es claro que la tesis y decisión adoptada en primera instancia debe ser revocada por el
honorable Tribunal Administrativo de Cundinamarca, toda vez que se ha demostrado como la docente cumplió
el estatus de pensionada antes de la entrada en vigencia del acto legislativo del 2005, situación que debe ser
decantada de forma precisa en segunda instancia, ya que no puede ser posible de que la Corte Constitucional
aplique la fecha de vigencia como 29 de junio de 2005 y en los despachos judiciales se aplique la fecha de
vigencia del 25 de julio de 2005, la cual se basa en una publicación de diario oficial que fue corregida y por tanto
vuelta a publicar donde incluso ni siquiera se publica en debida forma lo ordenado por el acto legislativo.

Por último se debe decir que fue tan confuso el alegato de las demandadas como la tesis del despacho, al llegar
a firmar que los docentes que tienen derecho a la mesada adicional son los docentes vinculados antes de 1981
y los que hayan cumplido sus requisitos antes del 25 de julio de 2005 o hasta antes del 2011, si ganan de menos
de tres salarios mínimos, ya que sobre los dos escenarios normativos la hoy demandante tendría derecho a
acceder a las dos mesadas mencionadas y en ese debate es donde se determinarán otros asuntos relevantes,
pero es claro que a lo largo del proceso, las partes arrimaron las pruebas que consideraban pertinentes para
resolver el debate planteado y así lo dispuso el despacho, litigio que al ser de puro derecho se puede resolver
de fondo al contar con el material probatorio útil y pertinente, como lo son las respectivas resoluciones donde se
prueba la vinculación como docente oficial, el periodo laborado, la fecha de estatus de pensión y reconocimiento
de pensión de la demandante y una relación de pagos, por lo que resta es revisar las normas que regulan el
asunto y su aplicabilidad.

Entonces, se encuentra probado que la demandante adquirió el estatus de pensionada el 25 de julio de 2005,
fecha en la cual también aparentemente se publicó en el Diario Oficial con No. 45980 y entro en vigor el acto
legislativo 01 de 2005, norma que fue publicada con un yerro, que consistía en que se incluía la palabra
“PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO – SEGUNDA VUELTA”, motivo por el cual, se expidió el Decreto No.
2576 De 2005, por medio del cual se corrige dicho yerro y se ORDENA publicar el decreto en mención, norma
que a su vez ordenaba la publicación en el diario oficial del acto legislativo, situación que se materializo el 29 de
julio de 2005 con número de publicación de diario oficial 45984; es decir la vigencia del acto legislativo 01 de
2005 inicia desde el 29 de julio de 2005, situación que conlleva obligatoriamente al reconocimiento de la mesada
14 de la demandante, tal cual lo contemplaba la normatividad anterior como lo es la ley 33 de 1985, ley 100 de
1993, etc.

Pero de igual forma, si se tuviese en cuenta como fecha de vigencia del mencionado acto legislativo el 25 de julio
de 2005, también se le debe reconocer la mesada 14 a la demandante, toda vez que se deben proteger sus
derechos adquiridos y expectativas legitimas, ya que simplemente el día de su cumpleaños se despertó sin un
derecho menos, algo bastante injusto para retribuir más de 30 años de trabajo al estado colombiano.»
(Subraya de la Sala).

Por su parte, en el escrito de tutela, la parte actora manifestó que la autoridad
judicial demandada vulneró los derechos fundamentales invocados al incurrir en
violación directa de la Constitución y en defecto sustantivo, porque a su juicio, el
Acto Legislativo 01 de 2005, entró a regir el 29 de julio de 2005, cuando se
comunicó el Decreto 2576 que lo corrigió y, en todo caso, si se tomara como fecha
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Demandante: Rosalba Vergara de Romero

de entrada en vigencia el 25 de julio de 2005, igualmente se le debería reconocer
la prestación reclamada, en atención a los derechos adquiridos y expectativas
legitimas, por haber trabajado durante más de 30 años. En lo pertinente, la parte
actora manifestó:
«Entonces, se encuentra probado que adquirí el estatus de pensionada el 25 de julio de 2005, fecha en la
cual también aparentemente se publicó en el Diario Oficial con No. 45980 el acto legislativo 01 de 2005, norma
que fue publicada con un yerro, que consistía en que se incluía la palabra “PROYECTO DE ACTO
LEGISLATIVO - SEGUNDA VUELTA”, motivo por el cual, se expidió el Decreto No. 2576 De 2005, por medio
del cual se corrige dicho yerro y se ORDENA publicar el decreto en mención, norma que a su vez ordenaba la
publicación en el diario oficial del acto legislativo, situación que se materializo el 29 de julio de 2005, con número
de publicación de diario oficial 45984; es decir la vigencia del acto legislativo 01 de 2005 inicia desde el 29 de
julio de 2005, situación que conlleva obligatoriamente al reconocimiento de la mesada 14.

Pero de igual forma, si se tuviese en cuenta como fecha de vigencia del mencionado acto legislativo el 25 de
julio de 2005, también se le debe reconocer la mesada 14 a la demandante, toda vez que se deben proteger
sus derechos adquiridos y expectativas legitimas, ya que simplemente el día de su cumpleaños se despertó
sin un derecho menos, algo bastante injusto para retribuir más de 30 años de trabajo al estado colombiano.

Es claro que, cause el derecho a la pensión y por ende a la mesada 14, desde el 25 de julio de 2005, fecha en
la cual cumplió el requisito de tiempo de servicios y de la edad, esto es 55 años; obteniendo así que, se causó
el derecho antes de la entrada en vigencia del mencionado acto legislativo, el cual también de forma expresa
dispuso que se respetaban los derechos adquiridos.

Con el ánimo de no ser repetitivos, se tiene claro para todas las partes en litigio que la interpretación
constitucional que se debe tener con la fecha de vigencia del acto legislativo de 2005, determina y muestra la
solución del caso concreto, por dicha razón el Juez Constitucional deberá definir en que fecha inicio a surtir
efectos el acto legislativo 01 de 2005, si es el 25 de julio de 2005 o el 29 de julio de 2005, y de la postura que
se adopte definir si es procedente el amparo constitucional alegado.

JURISPRUDENCIA

Como jurisprudencia aplicable al caso concreto se deben tener en cuenta las sentencias:

JURISPRUDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO

La jurisprudencia del Consejo de Estado, Mediante el auto de radicado 54001-23-33-003-2016-00278-01-
59886, SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A, M.P. MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO, en cuanto a la
vigencia y aplicabilidad del acto legislativo, ha expuesto lo siguiente:
“Acto Legislativo 01 de 2005, Promulgación y vigencia. Diferencias TRANSICIÓN LEGISLATIVA - Por lo
expuesto, la Sala concluye que si bien El acto legislativo 01 de 2005 se publicó el 29 de julio de 2005 -;” (…).

JURISPRUDENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL.

Por su parte, el máximo Tribunal Constitucional del país, en diferentes
Sentencias ha sido clara en definir que la vigencia del acto legislativo 01 de
2005, para de que se publicó el 20 de julio del mismo año, como las que se
mencionaran a continuación,

SENTENCIA C- 986 DE 2006

Desde el 2006, la Corte Constitucional, empezó a pregonar que la vigencia
del acto legislativo 1 de 2005, se tiene en cuenta su fecha de publicación del
29 de julio del mismo año, y así decidió lo siguiente,

“2. Ausencia de caducidad de la acción pública de inconstitucionalidad

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 379 superior, la acción pública contra los actos reformatorios de la
Constitución sólo procederá dentro del año siguiente a su promulgación.

En el presente caso el Acto Legislativo 01 de 2005 fue publicado en el Diario Oficial No. 45980 de 25 de Julio
de 2005 y fue corregido mediante el Decreto 2576 de 2005, publicado en el Diario Oficial No. 45.984 de 29 de
julio de 2005, "Por el cual se corrige un yerro en el título del Acto Legislativo número 01 de 2005, “por el cual
se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política” eliminando las palabras “PROYECTO DE” y “Segunda
Vuelta”.

La demanda D-6295 fue instaurada el 18 de abril de 2006, es decir dentro del término de caducidad establecido
en el artículo 379 de la Carta.”

El anterior aspecto, se confirmó en la SENTENCIA C – 740 DE 2006, dentro
de la cual se sostuvo lo que a continuación se reproduce,

“2. Consideración preliminar. Ausencia de caducidad de la acción pública de inconstitucionalidad

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 379 superior, la acción pública contra los actos reformatorios de la
Constitución sólo procederá dentro del año siguiente a su promulgación.
En el presente caso el Acto Legislativo 01 de 2005 fue publicado en el Diario Oficial No. 45980 de 25 de Julio
de 2005 y fue corregido mediante el Decreto 2576 de 2005, publicado en el Diario Oficial No. 45.984 de 29 de

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Demandante: Rosalba Vergara de Romero

julio de 2005, "Por el cual se corrige un yerro en el título del Acto Legislativo número 01 de 2005, “por el cual
se adiciona el artículo 48 de la Constitución Política” eliminando las palabras “PROYECTO DE” y “Segunda
Vuelta”.
La demanda D-6187 fue instaurada el 26 de Enero de 2006.
Por tanto, no ha caducado la acción pública de inconstitucionalidad.”

SENTENCIA C- 530 DE 2013.

Este fallo, es importante para llegar a una solución del caso concreto, ya que de forma fija acaro y concluyó lo
siguiente,

“Conclusión.

El “año siguiente” a una fecha determinada comienza el día inmediatamente consecutivo a dicha fecha, esto
es, a partir de la medianoche del día de “su publicación o inserción en el Diario Oficial.”[2] Esta regla, reconocida
en el artículo 8 de la ley 57 de 1985 al señalar que los actos legislativos, las leyes que expida el Congreso
Nacional y los decretos del Gobierno, entre otros, sólo regirán después de la fecha de su publicación, es
aceptada a efectos de contabilizar el término del que se dispone para cuestionar judicialmente diferentes actos
jurídicos.

3.3.4. En el caso de la acción formulada en contra del inciso octavo del acto legislativo 1 de 2005, éste
fue publicado en el Diario Oficial 45.980 de fecha 25 de julio de 2005, corregido posteriormente por un
yerro en su nominación, por el Diario Oficial 45.984 del 29 de julio de 2005, lo que implica que el término
de caducidad empezó a correr el día 30 de julio de 2005 y venció el día 29 de julio de 2006, la presente
demanda fue radicada ante la Corte el 05 de diciembre de 2012.

A través de la sentencia SU555/14, se obtiene como conclusión que,
(…) Como se expuso en líneas precedentes, el artículo 48 Superior, modificado por el Acto Legislativo en
mención, establece, como regla general, que a partir de su entrada en vigencia (29 de julio de 2005) no
existirán más regímenes especiales ni exceptuados.

SENTNECIA T – 370 DE 2016

La anterior conclusión, también se adoptó en esta sentencia, al decantar la situación de la siguiente forma,

“En este orden de ideas, la persona que cumple los requisitos para ser beneficiaria del régimen de
transición, de conformidad con el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, guarda la expectativa de
pensionarse bajo el régimen al cual se encontraba afiliada, siempre y cuando acredite el
cumplimiento de 750 semanas cotizadas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, -
29 de julio de 2005-, beneficio que conserva hasta el año 2014.” (…)»
(Subraya de la Sala)

En efecto, de lo expuesto hasta aquí se evidencia que la discusión planteada en el
marco del proceso ordinario ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en providencia del 29 de octubre
de 2024, que, en lo que interesa, consideró:
«En el caso de autos la Sala encuentra demostrado que la demandante se vinculó por primera vez al servicio
docente oficial el 9 de marzo de 1970 (f. 14 archivo 1 expediente digital), esto es, con anterioridad al 1° de enero
de 1981; además se acreditó que mediante la Resolución No. 1266 del 17 de noviembre de 2005, la Secretaría
de Educación de Cundinamarca, en nombre y representación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio reconoció una pensión de jubilación a la señora Rosalba Vergara De Romero, acto administrativo en
el que se estableció como fecha de estatus de pensionada el 25 de julio de 2005 (f. 14 archivo 1 expediente
digital), data en que entró a regir el Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez que, en esa fecha, se publicó la norma
en el Diario Oficial No. 45980.

En el recurso de apelación se, afirma que, el Acto Legislativo entró a regir el 29 de julio de 2005, “toda vez que
su verdadera publicación en el diario oficial es la número 45984 y no la que se realizó de forma errada el 25 de
julio del 2005, publicada en el diario oficial con número 45980”. La parte demandante solicita se tenga en cuenta
las sentencias de la Corte Constitucional C-740 de 2006, C-986 de 2006, C-530 de 2013, SU-555 de 2014 y T-
370 de 2016.
La Sala advierte que, no es procedente restar eficacia jurídica al Acto Legislativo desde la fecha en que se publicó
en el Diario Oficial No. 45980 del 25 de julio de 2005, toda vez que la corrección mecanográfica que se realizó
a través del Decreto No. 2576 de 2005, se circunscribió a eliminar la frase “PROYECTO DE”, de forma que no
modificó el sentido de la norma, tal como lo determinó la Corte Constitucional en sentencia C-178 de 2007, en la
cual se precisó que el yerro caligráfico en su título “respeta la voluntad expresa del Congreso y apunta a
asegurar que dicha voluntad, definitiva en razón de la conclusión de la formación del Acto Legislativo,
no sea calificada con palabras que le darían un carácter provisional, contraevidente y adverso a lo
efectivamente decidido por el reformador de la Constitución” (negrilla fuera de texto).

En este caso, no resultan vinculantes la sentencias que cita la parte demandante, toda vez que distan del objeto
de debate. La Corte Constitucional en sentencias C-740 de 2006, C-986 de 2006, C-530 de 2013, se declaró
inhibida para conocer de la acción pública de inconstitucionalidad promovida contra apartes del Acto Legislativo
01 de 2005, por lo que, a efectos de estudiar la caducidad de la acción conforme a lo previsto en el artículo 379
de la Constitución Política, tomó la fecha de publicación del Decreto No. 2576 de 2005; sin embargo, se trató de
un aspecto procedimental y no sustancial frente a los efectos de la norma.

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Demandante: Rosalba Vergara de Romero

Respecto a la sentencia SU-555 de 20144 y T- 370 de 20165, cabe destacar que si bien la Corporación tomó
como referencia el 29 de julio de 2005, como fecha vigencia del Acto legislativo en temas relacionados con
pensiones convencionales y régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cierto es que, en
sentencia SU-023 de 2018, que estableció las reglas jurisprudenciales en torno al IBL, determinó que “[e]l
régimen de transición tenía como fecha final el 31 de julio de 2010, excepto para quienes hubiesen cotizado, al
menos, 750 semanas al 25 de julio de 2005, momento en el cual entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de
2005…”.

(…)

Así las cosas, el Decreto No. 2576 de 2005 no afectó la vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, por lo que
desde el 25 de julio de 2005 empezó a regir sus efectos jurídicos, de forma que, los docentes que consolidaron
el derecho a la pensión con anterioridad a dicha fecha ostenta un derecho adquirido a devengar la mesada 14 y
los trabajadores que logren el estatus con anterioridad al 31 de julio de 2011, tienen una expectativa legítima a
percibirla si la mesada pensional es inferior a 3 SMLMV.

La Sala advierte que no le asiste razón a la parte actora al sostener que la demandante consolidó el derecho a
la pensión con anterioridad a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, toda vez que los requisitos
de edad y tiempo de servicios que exige la Ley 33 de 1985 los cumplió el 25 de julio de 2005, como se desprende
del acto de reconocimiento.

Igualmente, se evidencia que aunque la demandante obtuvo su estatus de pensionada con anterioridad al 31 de
julio de 2011, la mesada le fue reconocida en un monto superior al que fijó el Acto Legislativo, toda vez que en
la Resolución No. 1266 del 17 de noviembre de 2005, se determinó que, a partir del 26 de julio de 2005,
devengaría la suma de $1.353.416, valor que supera los 3 SMLMV, como quiera que para el año 2005, el salario
mínimo legal mensual vigente ascendía a la suma de $381.500 y 3 salarios correspondían al monto de
$1.144.500.

Según extracto de pagos expedido por la Fiduciaria la Previsora S.A., la demandante percibió la mesada 14 en
los años 2006, 2014 y 2015 (f. 24 archivo 1 expediente digital), la cual se dejó de pagar en los años siguientes,
por lo que no se puede establecer que tenga un derecho adquirido a continuar devengándola, toda vez que
la mesada pensional que percibe supera el tope establecido por la ley.

Al respecto, es menester destacar que la prestación se reliquidó por medio de la Resolución No. 1959 de 2010
(f. 17 archivo 1 expediente digital), en “cumplimiento a un fallo proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Bogotá Sección Segunda de fecha 18 de mayo de 2009, que ordena
declarar la nulidad parcial de la Resolución No. 1266 del 17 de noviembre de 2005 y a título de restablecimiento
del derecho ordenó ajustar la pensión de jubilación de la docente… equivalente al 75% del promedio de todos
los salarios devengados, teniendo en cuenta en forma proporcional los factores salariales que se acreditaron en
el proceso, y no incluyeron en su momento, como son el sobresueldo del 25%, la prima de vacaciones, la prima
de alimentación, la prima de navidad y horas extras percibidas entre el 25 de julio de 2004 y el 25 de julio de
2005 a partir del 26 de julio de 2005, aplicando los reajustes legales anuales conforme a la ley, según lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.”. En la parte resolutiva, se determinó que, a partir del 26 de julio de 2005,
la mesada pensional corresponde a la suma de $1.984.678.

Cabe destacar que, si bien la demandante acreditó la edad para la pensión el día en que entró a regir el Acto
Legislativo No. 01 de 2005, lo cierto es que no ostentó una expectativa legítima a devengar la mesada 14,
comoquiera que dicha disposición impuso límite temporal para percibirla y para obtener el derecho se estableció
un régimen de transición para los trabajadores que con anterioridad al 31 de julio de 2011 devengaran menos de
3 SMLMV, requisito que la demandante no demostró. (…)».
(Subraya de la Sala)

A partir de lo anterior, la Sala advierte que la parte actora propone la misma
discusión jurídica que se presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, porque insiste en que, el Acto Legislativo 01 de 2005, en el cual se
determinó que las pensiones no podrán recibir más de 13 mesadas, entró a regir el
29 de julio de 2005, fecha en que se comunicó el decreto que lo corrigió y, que aún
en el entendido de que el referido acto legislativo, entró en vigor el 25 de julio de
2005, que además coincidió con el día en que cumplió 50 años de edad
(adquiriendo su estatus pensional), tiene derecho al reconocimiento de la mesada
adicional de junio (mesada 14), como garantía de sus derechos adquiridos y
expectativas legitimas.

Siendo así, como se expuso, aunque en la presente solicitud de amparo se alega
que la providencia objeto de tutela vulneró los derechos fundamentales invocados
por violación directa de la Constitución e interpretación equivoca de la Constitución
y la ley, lo cierto es que la parte demandante pretende hacer uso de la acción de
tutela de la referencia para insistir en los mismos argumentos expuestos en el
trámite ordinario, los cuales, como se vio, ya fueron resueltos por el juez natural,
quien además explicó porque no tenía derecho al reconocimiento de la mesada
adicional de junio (mesada 14) y las sentencias de la Corte Constitucional que se
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Demandante: Rosalba Vergara de Romero

invocaron como desconocidas, para efectos de determinar la fecha en que entró en
rigor el Acto Legislativo 01 de 2005, no eran aplicables porque distan del objeto de
debate, que el precedente de la Corte Constitucional que se ha pronunciado sobre
la vigencia de la norma, señalan que la misma entró en rigor el 25 de julio de ese
año.

Así, queda demostrado que la acción de tutela de la referencia no cumple el
requisito de relevancia constitucional, por cuanto la parte actora reiteró los
argumentos que expuso en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho y lo que realmente se evidencia es su inconformidad con las conclusiones
a las que llegó el juez natural.

Lo anterior, es suficiente para confirmar la sentencia de primera instancia proferida
declarar improcedente el amparo invocado por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Negar la solicitud de desvinculación invocada por la Fiduprevisora S.A., de
conformidad a lo expuesto.
2. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Rosalba
Vergara de Romero, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, acorde con lo expuesto en la parte considerativa.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
5. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO JOSÉ ANTONIO RODRIGUEZ MONTAÑO

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

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