Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00076-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2025-00076-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2025-00076-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
24 de febrero de 2025
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00076-00
Accionante: Luisa María González Londoño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda, Juzgado Séptimo
Administrativo de Pereira y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2025-00076-00
Accionante: Luisa María González Londoño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda, Juzgado Séptimo
Administrativo de Pereira y otros
Tema: derechos fundamentales a la vida y a la seguridad. Subtema 1: acción
popular. Subtema 2: incidente de desacato. Subtema 3: carencia actual de objeto
por sustracción de materia.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve la solicitud
de tutela que presentaron los señores Luisa María González Londoño, Jorge Mario
Villada, Diana Carolina Gómez Lozada, Nohemy Morales de Bedoya y Claudia
Patricia Soto Serna, en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda, el Juzgado
Séptimo Administrativo de Pereira, el municipio de Dosquebradas, y los señores
Julián Quintero López y Juan Carlos Gaviria Trujillo.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Luisa María González Londoño y otros presentaron acción de tutela1 con
el fin de que se amparen sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad,
que consideraron vulnerados por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el Juzgado
Séptimo Administrativo de Pereira, el municipio de Dosquebradas y los señores
Julián Quintero López y Juan Carlos Gaviria Trujillo al retirar las puertas del acceso
peatonal y del parqueadero ubicadas en la unidad residencial Bosques de la
Acuarela etapa III.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos probados
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
1 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00076-00, índice 2, certificado FAFB3ED315B69161
05D07FFFCC838254 0BF1DFA4A87A2618 A9F3E8EFB039E76A.
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Accionante: Luisa María González Londoño y otros
Accionado: Tribunal Administrativo de Risaralda, Juzgado Séptimo
Administrativo de Pereira y otros
2. La señora Gladys Perdomo Quintero y otros presentaron acción popular contra
el municipio de Dosquebradas y los constructores Julián Quintero y Juan Carlos
Gaviria Trujillo, al tener ocupadas varias zonas de uso público, entregadas al
municipio mediante escritura pública n.° 1432 del 7 de mayo de 1992, muchas de
ellas por la urbanización Bosques de la Acuarela etapa III.
3. El Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira emitió sentencia de primera
instancia el 23 de marzo de 2017, en la cual concedió el amparo a los derechos
colectivos al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso
público y le ordenó al municipio de Dosquebradas que realizara todas las
actuaciones pertinentes para adecuar los cerramientos existentes en los conjuntos
residenciales.
4. El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia de segunda instancia del
15 de marzo de 2019, confirmó la decisión del a quo, modificó los numerales 1, 2 ,3
y 4 de la parte resolutiva de esta decisión frente al término para dar cumplimiento a
lo dispuesto por el juez.
5. Posteriormente, se dio apertura al incidente de desacato el 15 de noviembre de
2024, contra los señores Julián Quintero López, Juan Carlos Gaviria Trujillo y el
señor Roberto Jiménez alcalde del municipio de Dosquebradas, al no dar respuesta
a los requerimientos del despacho judicial frente al retiro de puertas peatonales y
vehiculares.
2.2. Pretensiones
6. En el escrito de tutela, la parte actora solicitó que, como consecuencia del
amparo de los derechos que afirmó fueron vulnerados, se ordene a la accionada
que suspenda el trámite de retiro de las puertas de acceso a las vías peatonales y
del parqueadero que se realizaría el 14 de enero de 2025, mientras se analiza y
autoriza el uso de puertas corredizas y los cierres temporales de 9:00 p.m. a 6:00
a.m.
2.3. Fundamentos de la solicitud
7. Los tutelantes, en el escrito de tutela, consideraron que su seguridad personal
se ve afectada con las decisiones tomadas por el tribunal y juzgado accionados al
encontrarse alrededor de barrios de alto conflicto y de venta de sustancias
prohibidas, por lo cual solicitaron la instalación de cámaras de seguridad con
reconocimiento facial, así como no retirar las puertas, sino administrarlas bajo unos
horarios y más acompañamiento por parte de la Policía Nacional.
2.4. Trámite procesal
8. El despacho ponente, mediante auto del 17 de enero de 2025, admitió la
solicitud de tutela, ordenó la notificación del Tribunal Administrativo de Risaralda, el
Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira, el municipio de Dosquebradas, y los
señores Julián Quintero López y Juan Carlos Gaviria Trujillo, y dispuso la
vinculación de la señora Gladys Perdomo Quintero.
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2.5. Intervenciones
9. El municipio de Dosquebradas se pronunció sobre los hechos de la acción de
tutela, indicó que el amparo no cumple con los requisitos para atacar una
providencia judicial, por lo que solicitó que se declare improcedente el amparo
solicitado o se nieguen las pretensiones de la parte actora2.
10. El Tribunal Administrativo de Risaralda pidió ser desvinculado al carecer de
legitimación en la causa por pasiva o se declare improcedente el amparo, pues la
inconformidad es respecto al trámite surtido al interior del incidente de desacato el
cual se encuentra en cabeza del Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira3.
11. El Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira narró las actuaciones que se han
llevado a cabo dentro del proceso con radicado núm. 66001-33-31-003-2010-
00483-00, solicitó negar por improcedente la acción de tutela, ya que la parte actora
no demostró cumplir con los requisitos específicos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial4.
12. Los señores Juan Carlos Gaviria Trujillo y Julián Quintero López manifestaron
que la solicitud de tutela no se cumplió con los requisitos generales y excepcionales
de procedencia5.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y
el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala tiene competencia para conocer
la presente solicitud de amparo interpuesta en contra del Tribunal Administrativo de
Risaralda, el Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira y otros.
3.2. Legitimación en la causa
14. La legitimación en la causa por activa de Luisa María González Londoño, Jorge
Mario Villada, Diana Carolina Gómez Lozada, Nohemy Morales de Bedoya y
Claudia Patricia Soto Serna está acreditada, por cuanto son residentes del conjunto
Bosques de Acuarela, y, por lo tanto, son los titulares de los derechos
fundamentales cuyo amparo pretenden.
15.También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Risaralda, Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira, el
municipio de Dosquebradas, y los señores Julián Quintero López y Juan Carlos
2 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00076-00, índice 9, certificado 6B2B8ADB2380FD6E
25078218C9142C1B 0D5CA5D8806626CF 71BC26792EBD6DF0.
3
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00076-00, índice 10, certificado AF829F7CAF157CC9
7CE03C276B31531E 2379BAAE1B7C4618 DEE3731F69BFDA6E.
4 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00076-00, índice 12, certificado 412905C8727B2C73
79C471E521180D61 B5E5F50115FDEAA9 3FEF6C1F96B01E82.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00076-00, índice 14, certificado 1F432AB17C4AEE67
651FDF5F9BE3790E 8FD5F931C182CE1E ED2A42C8132C0459.
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Gaviria Trujillo en la medida en que los primeros fueron las autoridades que
emitieron la decisión de la cual se solicita la suspensión y los demás al ser la parte
accionada dentro de la acción popular y a quienes se les impartieron las órdenes
correspondientes.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, toda
persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección
inmediata de sus derechos fundamentales cuando sean violados o amenazados por
la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala
la ley. Este mecanismo constitucional tiene dos requisitos de procedencia: la
subsidiariedad y la inmediatez6.
17. El primero exige que el perjudicado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que busque evitar un perjuicio irremediable7; y el segundo consiste en
que se acuda ante el juez constitucional dentro de un plazo razonable, pues de lo
contrario, «[…] la necesidad de la protección constitucional por vía de tutela queda
en entredicho, […]»8.
3.4. Problema jurídico
18. De acuerdo con los argumentos y pretensiones expuestos por la parte actora
en el escrito de tutela, le correspondería a la Sala decidir si el Tribunal Administrativo
de Risaralda, el Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira y otros vulneraron los
derechos fundamentales a la vida y a la seguridad de Luisa María González
Londoño, Jorge Mario Villada, Diana Carolina Gómez Lozada, Nohemy Morales de
Bedoya y Claudia Patricia Soto Serna al retirar las puertas peatonales y vehiculares
de la unidad residencial Bosques de la Acuarela etapa III.
19. Sin embargo, en atención a los memoriales aportados al expediente de tutela,
así como las actuaciones surtidas dentro del incidente de desacato con radicado
núm. 66001-33-31-002-2010-00483-00, la Sala debe determinar en primer término
si se configuró la carencia actual de objeto por sustracción de materia.
3.5. Caso concreto
20. En el presente asunto, la señora Luisa María González Londoño, Jorge Mario
Villada, Diana Carolina Gómez Lozada, Nohemy Morales de Bedoya y Claudia
Patricia Soto Serna acudieron al juez de tutela con el fin de obtener el amparo de
sus derechos fundamentales a la vida y a la seguridad, que consideraron vulnerados
por el Tribunal Administrativo de Risaralda, el Juzgado Séptimo Administrativo de
Pereira y otros al ordenar el retiro de las puertas de acceso peatonal y del
parqueadero ubicadas en la unidad residencial Bosques de la Acuarela etapa III.
6 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2024.
7 Corte Constitucional, sentencia T-400 de 2017.
8 Corte Constitucional, sentencia T-879 de 2012, criterio reiterado en sentencia SU-084 de 2019.
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21. Los tutelantes solicitaron se suspendieran «la diligencia de retiro de las puertas
de acceso peatonal y del parqueadero programada para el día martes 14 de enero
de 2025» hasta tanto el juzgado accionado se pronunciara sobre la propuesta del
uso de puertas corredizas y los cierres temporales en los horarios de 9:00 p.m., y
6:00 a.m. y que el municipio de Dosquebradas y los señores Julián Quintero y Juan
Carlos Gaviria Trujillo instalen de manera completa el sistema de seguridad que
incluye las cámaras de reconocimiento facial.
22. Por su parte, el juzgado accionado aportó copia del expediente digital de todo
lo actuado hasta el 21 de enero de 2025 en el que se visualiza que, en la acción
popular con radicado núm. 66001-33-31-002-2010-00483-00, se dio apertura al
incidente de desacato con auto del 15 de noviembre de 2024.
23. Ahora, como no se adjuntaron la totalidad de las piezas procesales que contiene
el trámite del incidente, esta Sala procedió a revisar el expediente radicado al núm.
66001-33-31-002-2010-00483-00 en el Sistema de Gestión Judicial, SAMAI y advirtió
que se incorporó, el 10 de febrero de 2025, un «auto de sustanciación» en el cual,
frente a la orden de retiro de las puertas, se afirmó lo siguiente9:
Siendo claro que, los retiros realizados corresponden a los tres puntos de
accesos que en otrora fueron identificados en el presente trámite incidental,
acciones que permiten evidenciar además el cumplimiento de lo dispuesto en
la decisión de la administración de aprobar el PACEP de la Etapa III conforme
quedó plasmado en la Resolución 576 del 3 de mayo de 2024, lo que, de
contera, hasta ahora, permite decir que respecto de la referida etapa se dio
cumplimiento a las órdenes de la sentencia10.
24. Dicha providencia hizo un recuento de las actuaciones surtidas por el municipio
de Dosquebradas y en los antecedentes se mencionó que esta autoridad, mediante
Resolución n.° 576 del 3 de mayo de 2024, dio cumplimiento a lo que se le ordenara
en las sentencias de primera y segunda instancia, pues dispuso el retiro de las
puertas de acceso a la etapa III de Bosques de Acuarela, lo cual, según el registro
fotográfico, se materializó el 14 de enero de 2025.
25. Una vez cotejadas las pruebas aportadas al incidente de desacato, el Juzgado
accionado lo archivó al verificar que se estaba dando cumplimiento a las decisiones
judiciales.
26. En este orden, se observa que los señores Julián Quintero López, Juan Carlos
Gaviria Trujillo y el alcalde del municipio de Dosquebradas Roberto Jiménez, con
ocasión al incidente de desacato abierto en su contra dieron cumplimiento a los
fallos de primera y segunda instancia proferidos el 23 de marzo de 2017 y el 15 de
marzo de 2019, y retiraron las puertas de acceso a la etapa III de Bosques de
Acuarela, el 14 de enero de 2025.
9 Samai, exp. 66001-33-31-002-2010-00483-00, índice 47,
certificado D25FA777079B03F7
0077A70244BEE6A9 953B00849EE8E210 87912F1CADE4862B
10 Se transcribe aún con errores de texto.
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27. En este punto, es importante precisar que la demanda de tutela fue remitida por
competencia por parte del Tribunal Administrativo de Risaralda a esta corporación
el mismo día de la diligencia de retiro de las puertas11, que el ingreso al despacho
ocurrió hasta el 15 de enero del presente año12 y que, si bien se solicitó como
medida provisional la suspensión de la diligencia de retiro, al momento de admitir la
acción de tutela esta ya se había realizado.
28. Así las cosas, la Sala considera que la pretensión de la tutela no tenía vocación
de prosperar en la medida que buscaba detener la ejecución de una orden judicial
emitida el 15 de marzo de 2019 que se había aplazado durante varios años y que,
por lo tanto, al darse apertura al incidente de desacato era de cumplimiento
inmediato, lo que en efecto ocurrió. Por ende, dicha situación implica que cualquier
orden que pudiera impartirse sobre lo pedido sería ineficaz, en esta etapa procesal.
29. Sobre el particular, se debe mencionar que el objeto de la acción de tutela es la
protección de derechos fundamentales que se han puesto en peligro o que se
vulneraron; sin embargo, en aquellos casos en que deja de existir el objeto jurídico
respecto del cual el juez constitucional debe tomar una decisión, se configura el
fenómeno que se conoce como carencia actual de objeto por sustracción de
materia13.
30. La jurisprudencia Constitucional ha precisado que «la carencia actual de objeto
comprende aquellas situaciones en las cuales las órdenes que en principio debía
adoptar el juez de tutela, respecto a lo solicitado en el amparo, caen en el vacío o
no surten ningún efecto. Como modalidades de tal circunstancia se encuentra: (i) el
hecho superado que hace innecesario el pronunciamiento del juez constitucional;
(ii) el daño consumado que exige la adopción de una serie de medidas de fondo; y
(iii) la sustracción de materia»14.
31. Respecto a la figura de la sustracción de materia, la Corte Constitucional ha
precisado que dicha modalidad de carencia actual de objeto se presenta «[…]
cuando concurren circunstancias posteriores a la solicitud de tutela que, aunque no
estén relacionadas con el objeto de la solicitud, hacen que el titular pierda interés
en el pronunciamiento del juez por sustracción de materia15. Lo mismo puede ocurrir
cuando, por vía de ejemplo, una tercera parte asumió la carga solicitada, se perdió
el objeto jurídico respecto del cual el juez debía adoptar una decisión16 o existe una
situación, distinta al hecho superado o daño consumado, que hace inocua la orden
de satisfacer la pretensión del amparo17. En este último supuesto, tal circunstancia
11 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00076-00, índice 2, certificado 441BFA962A88F15D
C4EAC8F408E97FC8 7FE3615C19E1716A C2DE171AAE637E94.
12 Samai, exp. 11001-03-15-000-2025-00076-00, índice 2, certificado 784FA68D6C4DDC2C
D1849FE743A9A088 D041D971D3666311 4D90D2302B2DAB5F.
13 Corte Constitucional, sentencia T-204 de 2013, reiterada en las sentencias T-607 de 2016, T-419 de 2017 y
T-349 de 2018.
14 Corte Constitucional, sentencia T-349 de 2018.
15 Sentencia T-484/16. Al respecto es posible consultar también la sentencia T-419/17 en donde se concluyó,
en el caso objeto de estudio, que debía optarse por esta categoría, pues, «[…] si bien la pretensión de la
accionante no fue satisfecha, en términos de un hecho superado; tampoco, se produjo una afectación a sus
derechos fundamentales, que configure un daño consumado».
16 Corte Constitucional, sentencia T-203 de 2013 y T-714 de 2016.
17 Corte Constitucional, sentencia T-585 de 2010.
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“(…) no impide emitir un pronunciamiento de fondo sobre la existencia o no de la
vulneración alegada”18»19.[Subrayado fuera del texto]
32. En efecto, la figura de la sustracción de materia, no le permite al juez de tutela
pronunciarse sobre los hechos que dieron lugar a la acción constitucional, teniendo
en cuenta la ocurrencia de sucesos sobrevinientes que hicieron desaparecer el
objeto de esta, por lo que cualquier orden que se profiera resulta irrelevante al caso
en concreto.
33. En síntesis, la Corte Constitucional ha reiterado que la carencia actual de objeto
implica una ausencia de amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, que le resulta imposible al juez proferir orden alguna
dirigida a protegerlos20.
34. En este punto es importante resaltar que, aunque no se hubiera dado
cumplimiento a la orden del trámite incidental, la tutela no hubiera superado el
requisito de subsidiariedad comoquiera que cuando los accionantes interpusieron la
acción de amparo el incidente de desacato estaba en curso y es allí donde debían
hacer las solicitudes pertinentes.
IV. CONCLUSIÓN
35.En ese contexto, la Sala declarará la carencia actual de objeto por sustracción
de materia respecto de la solicitud de amparo promovida por la señora Luisa María
González Londoño y otros en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda, el
Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira y otros.
V. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por sustracción de materia en
la solicitud de tutela interpuesta por los señores Luisa María González Londoño,
Jorge Mario Villada, Diana Carolina Gómez Lozada, Nohemy Morales de Bedoya y
Claudia Patricia Soto Serna en contra del Tribunal Administrativo de Risaralda, el
Juzgado Séptimo Administrativo de Pereira, el municipio de Dosquebradas, y los
señores Julián Quintero López y Juan Carlos Gaviria Trujillo, por las razones
expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
18 Ibídem.
19 Corte Constitucional, sentencia T-349 de 2018
20 Corte Constitucional, sentencias SU-677 de 2017, SU-453 de 2020, entre otras.
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Accionante: Luisa María González Londoño y otros
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Administrativo de Pereira y otros
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de no ser impugnada.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
AC/SEJV.
8
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